Metodología

La base metodológica de este estudio se encuentra basada en la aplicación del método de la economía del sector público, ya que se procuró garantizar un enfoque consistente y fundamentado en evidencia verificable. El objetivo principal de la investigación fue explorar minuciosamente la relación existente entre la eficiencia del presupuesto público y la participación del Estado en la economía de México. Para llevar a cabo el proyecto de investigación, se desarrollaron una serie de etapas fundamentales. En primer lugar, se efectuó una exhaustiva búsqueda de datos secundarios provenientes de fuentes gubernamentales confiables, ya que los datos utilizados, como los valores del presupuesto público, no podían obtenerse a través de métodos de recolección primaria, como cuestionarios o encuestas, sino que se encontraban disponibles en publicaciones o registros públicos. Estos datos fueron seleccionados meticulosamente y validados con el fin de garantizar su integridad y coherencia con el objetivo del trabajo.

Una vez recopilados los datos pertinentes, se procedió a realizar un análisis que involucró el cálculo de tasas de crecimiento y el análisis de modelos gráficos para evaluar la relación existente entre la participación del Estado en la economía y la eficiente asignación del presupuesto público en México. Este enfoque permitió profundizar en los patrones subyacentes y las tendencias emergentes, lo que permitió arrojar luz sobre cómo la intervención estatal impacta directamente en el crecimiento económico y en la reducción de las desigualdades en México.

Es importante destacar que, en este estudio, se evitó la inclusión de temas tangenciales o no directamente relacionados con la investigación principal. En lugar de ello, se centraron en el análisis riguroso de la interacción entre la participación estatal en la economía y la eficiencia presupuestaria con el propósito de asegurar que el trabajo se mantuviera enfocado y coherente en todo momento.

Evolución de la participación del Estado en la economía

La participación del Estado en la economía ha sido un tema en constante debate en los ámbitos político, económico y social. Históricamente, los gobiernos han intervenido en la economía de diferentes formas. En el siglo XIX, muchos países comenzaron a mostrar atributos democráticos, lo cual coincidió con el crecimiento de los mercados y su alejamiento del control gubernamental (^{Afonso et al., 2020}). Esto ocasionó que se replanteara el comportamiento de los individuos ante el establecimiento de reglas que protegieran sus derechos, de modo que surgieron dos escuelas de pensamiento económico que establecen diferentes posturas en torno a la participación del Estado en la economía y su relación con el impacto en el crecimiento económico.

Una de las corrientes de pensamiento económico de la época, conocida como el enfoque del laissez-faire, abogaba por ser adoptada como la práctica estándar en todas las economías de mercado (^{Kahan, 2022}). Esta perspectiva, que se originó a partir de las ideas pioneras de Adam Smith en 1776, se vio profundamente influenciada en etapas posteriores por el darwinismo social, junto con otros economistas destacados de la época.

Dentro de esta corriente de pensamiento se sostenía la idea de que el gobierno debía tener un papel limitado y evitar cualquier interferencia en el desarrollo natural de las sociedades. Se consideraba que el libre mercado era la filosofía más adecuada para lograr un desarrollo óptimo, que gradualmente se extendería a toda la población. Además, se hacía hincapié en la importancia de garantizar el derecho a la propiedad privada y el derecho de los ciudadanos a participar en actividades económicas sin la necesidad de aprobación gubernamental (^{Chandra, 2021}; ^{Kahan, 2022}).

En este paradigma, se postulaba que aquellos individuos que ostentaban la propiedad disfrutaban inevitablemente de un poder político y económico superior en comparación con los trabajadores desposeídos. A medida que las economías se volvían cada vez más sofisticadas, surgían preocupaciones adicionales acerca de la necesidad de regular y garantizar la seguridad social. Este proceso impulsó, en ciertos países, la creación de sindicatos, la promulgación de legislaciones laborales y la implementación de regulaciones gubernamentales destinadas a salvaguardar los derechos de los trabajadores y la protección de los consumidores (^{Chandra, 2021}).

Al margen de lo anterior, surge la escuela de pensamiento socialista. Esta corriente pone en el centro de atención la distribución del ingreso y la situación de los trabajadores, buscando una mayor intervención del estado en la economía y un mayor gasto público para satisfacer las necesidades básicas de la población. Algunas versiones del socialismo procuraban incluso la expropiación de la propiedad privada y la creación de gobiernos que, mediante una economía planificada, dirigieran la producción y distribución de recursos hacia el bienestar general de la población (^{Toro, 2019}).

^{Toro (2019)} señala que, a lo largo del siglo XX, las ideas socialistas y liberales siguieron evolucionando y adaptándose a las nuevas realidades económicas y políticas. Mientras que el socialismo continuó promoviendo una mayor intervención del Estado en la economía para garantizar el bienestar de la población, el liberalismo fue objeto de críticas por sus problemas inherentes, como los monopolios. Por ello, algunos economistas comenzaron a buscar soluciones para estos problemas, se empezó a reconocer algunos de los derechos laborales de los trabajadores y mejoraron las medidas de seguridad.

Durante la Gran Depresión de los años 30, la intervención estatal en la economía se expandió aún más con la implementación de políticas keynesianas destinadas a estimular la demanda y el empleo. Estas políticas incluyeron la inversión pública en infraestructura, la regulación de los mercados financieros y la implementación de políticas monetarias y fiscales. Además, se establece que el papel del Estado en la economía continuó creciendo en las décadas posteriores a la Segunda Guerra Mundial debido a una creciente desconfianza sobre la supuesta eficiencia de un mercado sin regulaciones, así como un disgusto sobre la distribución de recursos que se generaba dentro del libre mercado. Después de la década de 1960, se observó un aumento en el gasto público y la recaudación de impuestos en los países desarrollados, junto con una mayor regulación de los mercados, con el objetivo de asegurar un estado de bienestar para la población (^{Afonso et al., 2020}).

En las últimas décadas, muchos países han seguido una tendencia hacia la liberación económica y la privatización. Sin embargo, la crisis financiera de 2008 y la pandemia por covid-19 provocaron una mayor intervención estatal en la economía con el fin de proteger a los ciudadanos y estimular la recuperación económica, lo cual ha reavivado el debate sobre el papel que el Estado debe de desempeñar en la economía.

Intervención estatal en la economía

Uno de los principales argumentos a favor de la participación del Estado en la economía es que puede proporcionar estabilidad y seguridad a largo plazo. Esto se logra a través de políticas públicas que regulan la actividad económica, crean incentivos para la inversión privada y establecen redes de protección social para aquellos que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad. Por ejemplo, un gobierno puede implementar políticas fiscales y monetarias que incentiven el crecimiento económico y la creación de empleo, así como programas de asistencia social para apoyar a los ciudadanos que enfrentan dificultades económicas (^{Toro, 2019}).

Una de las formas más comunes de intervención del Estado en la economía es a través de la implementación de estos programas sociales, como lo son la seguridad social, la salud pública y la educación gratuita. Estos programas buscan proporcionar a los ciudadanos una red de seguridad que les permita acceder a servicios básicos sin importar su nivel socioeconómico, lo que a su vez puede reducir la brecha entre ricos y pobres.

Además, como lo menciona ^{Toro (2019)}, la participación del Estado en la economía puede ayudar a corregir las fallas del mercado debido a que, en algunos casos, estos no son capaces de asignar eficientemente los recursos por la falta de competencia, información asimétrica o externalidades negativas. En tales situaciones, se señala que la intervención del Estado puede ser necesaria para garantizar que se produzcan los resultados deseados y corregir las inequidades presentes en la sociedad. Por ejemplo, el gobierno puede regular los precios de los servicios públicos para garantizar que sean accesibles para todos los ciudadanos o imponer impuestos y regulaciones para reducir la contaminación ambiental y destinar recursos a atender necesidades prioritarias de la población.

Por otro lado, existen posturas en contra de la intervención estatal en la economía. Uno de los principales argumentos lo destaca ^{Tello (2019)}, quien señala que la participación gubernamental puede limitar la libertad económica, así como reducir la innovación y la creatividad. Además, plantea que la presencia del Estado puede generar ineficiencias y corrupción, ya que los funcionarios públicos pueden no tener los mismos incentivos que los actores privados para maximizar la eficiencia y minimizar los costos. Sumado a lo anterior, se plantea cómo algunos críticos argumentan que la intervención estatal en la economía puede resultar en la formación de monopolios controlados por el Estado, los cuales podrían tener menos incentivos para mejorar la calidad y reducir los precios de los bienes y servicios que ofrecen.

A pesar de los argumentos en contra, es importante destacar que en la mayoría de las economías del mundo existe algún grado de participación gubernamental. Por ejemplo, en Asia, distintos gobiernos han tenido un papel fundamental al intervenir en el desarrollo de infraestructura y al promover industrias estratégicas como la tecnología y la energía renovable. Por otro lado, en la Unión Europea, los gobiernos han colaborado para establecer políticas y regulaciones que impulsen la estabilidad financiera y el bienestar social en la región.

A partir de lo anterior, se puede observar que la participación activa del Estado en la economía es esencial para garantizar el bienestar de la población y el crecimiento económico. En este sentido, ^{Mazzucato (2021)} menciona que es responsabilidad de los gobiernos asegurar el bienestar social para sus ciudadanos. Con respecto a lo anterior, considera que es necesario un Estado fuerte y capaz para asegurar que la economía funcione de manera eficiente y equitativa. Esto implica que el Estado debe tener la capacidad de regular los mercados, supervisar las empresas y evitar prácticas monopolísticas. Asimismo, se considera que el Estado tiene la responsabilidad de promover la inversión en sectores estratégicos como la infraestructura y la tecnología con el objetivo de generar empleo y promover un aumento en la productividad. También es crucial que asegure la provisión de servicios públicos de calidad que son fundamentales para el desarrollo de la sociedad.

En este contexto, es relevante considerar que los recursos públicos deben ser usados de manera eficiente y efectiva para lograr los objetivos planteados. Para ello, se requiere de una buena planificación, supervisión y evaluación de los programas y proyectos que se llevan a cabo. La eficiencia del gasto público es importante por varias razones: permite maximizar el impacto de los recursos públicos y lograr un mayor beneficio para la población, y ayuda a prevenir la corrupción y el mal uso de los recursos públicos, lo que a su vez fortalece la confianza de la ciudadanía en las instituciones públicas y otorga mejoras en la gobernabilidad (^{ENAID, 2019}; ^{Flores et al., 2020}).

En conjunto, las ideas anteriores sugieren que el gasto público es un tema clave para cualquier gobierno. La administración eficiente y efectiva de los recursos públicos es fundamental para garantizar la satisfacción de la población con los servicios que se ofrecen y para mantener la confianza de la ciudadanía en las instituciones públicas. Así, la maximización del impacto de los recursos públicos sirve para mejorar la calidad de vida de la ciudadanía.

En tal sentido, para lograr una gestión eficiente del gasto público, los gobiernos deben desarrollar planes y programas de acción que contemplen una adecuada planificación y evaluación de los proyectos y programas a llevar a cabo. Por eso, es importante establecer mecanismos de control y monitoreo que permitan detectar cualquier desviación de recursos y corregir las deficiencias en la gestión de manera oportuna. Asimismo, la implementación de mecanismos de transparencia y rendición de cuentas es fundamental para prevenir la corrupción y el mal uso de los recursos públicos, y para mejorar su eficiencia.

Teniendo en cuenta lo mencionado, resulta importante considerar que la sociedad civil tiene un papel clave en la correcta asignación y ejecución del presupuesto público, ya que los ciudadanos tienen una perspectiva única sobre las necesidades de su comunidad y pueden proporcionar información valiosa sobre cómo se deben asignar los recursos públicos para satisfacer esas necesidades. En un sistema democrático, los ciudadanos tienen el derecho y la responsabilidad de participar activamente en el proceso de toma de decisiones y en la supervisión de la gestión de los recursos públicos. Por ende, la sociedad civil puede y debe participar en la elaboración del presupuesto, expresando sus necesidades y demandas, y monitorear la ejecución de este para asegurarse de que los recursos se estén utilizando de manera eficiente y efectiva.

En pocas palabras, la transparencia y rendición de cuentas son fundamentales para garantizar el uso efectivo de los recursos y mejorar la calidad de los servicios públicos. Para lograrlo, es necesario que los órganos de control interno y externo funcionen plenamente y se implementen políticas que fomenten la transparencia en el uso de los recursos públicos. La implementación de estas políticas requiere el compromiso firme del Estado y la sociedad civil, la colaboración de los órganos de control interno y externo, y la participación activa de los ciudadanos. Solo así se logrará una gestión eficiente y efectiva de los recursos públicos en beneficio de la sociedad en su conjunto.

Por eso, se resalta el derecho que tiene la sociedad civil de exigir esta información y de participar activamente en la supervisión y control de los procesos de contratación y adjudicación de obras y servicios públicos. En consecuencia, es importante que la sociedad civil esté capacitada e informada para desempeñar un papel crítico y constructivo en el monitoreo de la gestión de los recursos públicos y la denuncia de cualquier irregularidad que se presente.

En relación con esto, resulta vital tener en cuenta las estadísticas que existen sobre transparencia en la gestión de los recursos públicos, ya que permiten entender mejor la situación actual y plantear estrategias para mejorarla. Sin embargo, en el contexto mexicano, según la Encuesta Nacional de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (^ENAID) 2019, realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), se ha demostrado que el 56.6 % de la población mexicana desconoce las obligaciones de transparencia de las autoridades. Además, únicamente el 3.6 % de la población ha solicitado información a una institución gubernamental, lo que indica una disminución respecto al dato de 2015, cuando esta cifra fue de 5.6 %. Además, resulta relevante destacar que el número de personas que solicitaron información a una institución pública y la recibieron disminuyó ligeramente, pues pasó del 73.1 % en 2015 al 72.4 % en 2019.

Estas cifras revelan que aún queda un largo camino por recorrer para fomentar la cultura de la transparencia y el acceso a la información pública en México. Es necesario trabajar en la promoción de la transparencia y en la mejora de los procesos para la gestión de la información pública a fin de fortalecer la confianza y participación ciudadana en la toma de decisiones gubernamentales.

El papel del estado en la economía mexicana

Desde 1982 el crecimiento promedio del producto interno bruto (PIB) per cápita en México ha sido del 2 % anual, lo que se sitúa por debajo del promedio registrado del 3 % anual durante el periodo comprendido entre 1934 y 1982 como se puede observar en la figura 1.

Fuente: Elaboración propia con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía

Figura 1 Variación del PIB porcentual anual en México de 1982 a 2022 

En la década de 1980, se llevaron a cabo una serie de reformas económicas con el objetivo de cambiar el rumbo del desarrollo en México, las cuales promovieron la participación del libre mercado y la competencia con el exterior, al mismo tiempo que redujeron la intervención del Estado en la economía. Como resultado, el programa económico y social de los gobiernos mexicanos se enfocó en tres ejes centrales: a) la redefinición del papel del Estado en la economía, b) la apertura de la economía nacional a la competencia exterior y c) la liberación financiera (^{Tello, 2019}).

Sin embargo, esta situación, en lugar de acelerar el ritmo de crecimiento de la economía del país, provocó que se estancara, lo que se tradujo en una reducción del gasto público, privatización de empresas estatales y desregulación de los procesos de producción. La reducción del gasto público y el abandono del Estado hacia actividades de regulación en el mercado provocó el incremento en la desigualdad social y el reducido crecimiento económico encontrado actualmente en México, lo que ha tenido como consecuencias altos niveles de desempleo, reducción de inversión, aumento en los niveles de pobreza y desigualdad (^{Jiménez, 2010}).

Para analizar de manera más precisa la desigualdad en México, resulta importante examinar algunas cifras respecto a este tema, como las encontradas dentro de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 2020, llevada a cabo por el INEGI como se puede ver en la tabla 1.

La tabla anterior revela una marcada desigualdad en la distribución de ingresos en México. Los datos muestran que casi el 50 % de los ingresos corrientes nacionales se concentra en el decil X y IX que representan solo el 20 % de los hogares. Esto indica una alta concentración de ingresos en los deciles más altos de la población.

Por otro lado, los deciles I a V, que representan el 50 % de los hogares restantes, tienen un acceso limitado a los ingresos, ya que sus valores son significativamente más bajos en comparación con el decil X. Esto resalta la existencia de una brecha significativa entre los ingresos de los hogares más ricos y los hogares de bajos ingresos en el país. Además, constituye un desafío importante para México, ya que conlleva implicaciones en términos de bienestar social, movilidad económica y oportunidades de desarrollo económico y social. De hecho, esta brecha genera disparidades en el acceso a servicios básicos, educación, salud y calidad de vida.

Ante la situación actual, se hace imperativo que los gobiernos enfoquen sus esfuerzos en garantizar la eficiencia y la rigurosidad en el manejo del presupuesto público. Para lograrlo, es necesario eliminar gastos innecesarios y destinar recursos a áreas prioritarias que contribuyan al desarrollo social y económico. Entre estas áreas destacan la lucha contra la pobreza, la educación, la ciencia y la tecnología, la infraestructura y la salud (^{Salgado y Lauchy, 2019}).

Asimismo, el Estado debe asumir nuevamente su rol en la regulación de los mercados con el objetivo de promover una mayor participación económica y alcanzar un crecimiento sostenido que permita disminuir las desigualdades sociales y económicas. Para lograr una distribución más equitativa de la riqueza y los ingresos, es necesario implementar políticas y programas que aborden la desigualdad existente (^{Salgado y Lauchy, 2019}).

Una medida fundamental en este sentido es la implementación de políticas fiscales progresivas que contribuyan a reducir la brecha de ingresos entre los diferentes estratos sociales. Asimismo, es crucial fortalecer el sistema educativo y garantizar el acceso igualitario a oportunidades económicas, de manera que todas las personas tengan la posibilidad de desarrollar su potencial y mejorar su calidad de vida. Adicionalmente, se requiere mejorar los sistemas de protección social, asegurando que sean eficaces y lleguen a quienes más lo necesitan. Estos programas deben ser diseñados de manera inclusiva para brindar apoyo a los sectores más vulnerables y fomentar la equidad en la sociedad.

Relación presupuesto público y participación del Estado en la economía

El presupuesto público desempeña un papel fundamental en la administración y dirección de la economía por parte del Estado, y su relación con la participación del gobierno en ella. A través de este instrumento, el Estado puede llevar a cabo diversas estrategias y políticas para lograr sus objetivos económicos y sociales.

El gasto público, como se ha mencionado, es la herramienta principal que el Estado utiliza para intervenir en la economía. Mediante el gasto público, el gobierno puede financiar una amplia gama de bienes y servicios públicos que son esenciales para el bienestar de la sociedad. La inversión en áreas como la educación y la salud contribuye al desarrollo humano y al aumento de la productividad de la fuerza laboral, lo que a su vez puede impulsar el crecimiento económico a largo plazo. La inversión en infraestructura, por otro lado, mejora las condiciones para la actividad económica y la competitividad del país (^{Pinilla et al., 2013}; ^{Tacuba, 2016}).

Además de proporcionar servicios públicos esenciales, el gasto público también puede utilizarse estratégicamente para estimular el crecimiento económico y la innovación. La inversión en investigación, así como en tecnología, desarrollo de habilidades, impulso a la competitividad de una nación en la economía global. Estos fondos gubernamentales pueden respaldar la creación de un entorno propicio para la inversión privada y la creación de empleo (^{Pinilla et al., 2013}; ^{Tacuba, 2016}).

La comprensión de esta estrecha relación entre el presupuesto público y la participación del Estado en la economía es esencial para una gestión efectiva de los recursos gubernamentales en el logro de objetivos económicos y sociales. El presupuesto público no es solo una herramienta de asignación de recursos, sino también un reflejo de las políticas económicas y sociales del gobierno. Una asignación adecuada de fondos en áreas clave puede impulsar el crecimiento económico, mejorar la competitividad y elevar el nivel de vida de la población. Por otro lado, un presupuesto erróneamente diseñado o ejecutado puede tener efectos negativos en la economía, como el desequilibrio fiscal o la ineficiencia en el gasto público. En última instancia, la relación entre el presupuesto público y la participación del Estado en la economía requiere un enfoque estratégico, así como una comprensión profunda de cómo las decisiones presupuestarias afectan a la sociedad en su conjunto, lo que subraya la importancia de una gestión pública competente con responsabilidad.

Instrumentos para analizar la eficiencia del presupuesto

La eficiencia en el uso del presupuesto público es un objetivo fundamental de las políticas públicas. Los gobiernos tienen la responsabilidad de utilizar los recursos de manera responsable y eficaz para garantizar que se alcancen los objetivos sociales y económicos establecidos (^{Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos [OCDE], 2022}).

Para analizar la eficiencia del gasto público, se utilizan una variedad de instrumentos que pueden clasificarse en dos categorías principales (^{Fondo Monetario Internacional, 2021}):

Algunos de los instrumentos más comunes para analizar la eficiencia en el uso del presupuesto público son los siguientes (^{Fondo Monetario Internacional, 2021}; ^{Banco Mundial, 2020}):

La selección de los instrumentos para analizar la eficiencia en el uso del presupuesto público depende de una serie de factores, como los objetivos de la evaluación, los recursos disponibles y la disponibilidad de datos. Es importante que los instrumentos empleados sean adecuados para el propósito de la evaluación y que se utilicen de manera consistente (^{Banco Mundial, 2020}).

En los últimos años, se ha producido un creciente interés en el uso de instrumentos de eficiencia para analizar el gasto público, lo cual se debe a la creciente preocupación por la sostenibilidad fiscal y la necesidad de mejorar la calidad del gasto público (^{Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos [OCDE], 2022}).

Presupuesto y contexto económico y social

La asignación de presupuesto en la administración pública está estrechamente relacionada con indicadores como la población, el porcentaje de aportación al PIB y el ingreso corriente promedio (ICP). El presupuesto se basa en la estimación de las necesidades financieras del gobierno para cubrir sus gastos y compromisos, así como en las prioridades políticas y sociales establecidas por el gobierno. Estas prioridades pueden estar relacionadas con la atención a las necesidades básicas de la población, como salud, educación y seguridad, así como con el impulso al crecimiento económico (^{Rodríguez et al., 2020}).

La asignación del presupuesto se ve influenciada por el tamaño y las necesidades específicas de la población, así como por las políticas gubernamentales para abordar problemas sociales y económicos (^{Salgado y Lauchy, 2019}; ^{Rocha y Delgado, 2021}). Por ejemplo, un gobierno puede asignar más recursos a la educación si tiene una población joven y en crecimiento.

El ingreso corriente promedio de la población también puede influir en la asignación del presupuesto estatal. Si el ingreso promedio es bajo, el gobierno puede tener que asignar más recursos para apoyar a los sectores más vulnerables de la población, como los programas de asistencia social y la educación pública. En cambio, si el ingreso promedio es alto, el gobierno puede tener más recursos para invertir en áreas como la infraestructura y la investigación y el desarrollo (^{Salgado y Lauchy, 2019}; ^{Rocha y Delgado, 2021}).

Por otro lado, el porcentaje de aportación al PIB también es un factor crucial en la asignación del presupuesto (^{Salgado y Lauchy, 2019}). Los Estados que tienen una mayor contribución pueden recibir más inversiones y transferencias, mientras que los que tienen una menor contribución pueden contar con menos recursos por parte del gobierno federal. En este sentido, es importante que el gobierno federal garantice una distribución justa y equitativa de los recursos para promover el desarrollo sostenible en todo el país. En vista de lo expuesto, resulta relevante llevar a cabo una revisión del efecto que el presupuesto tiene sobre ciertos indicadores, tal como se muestra en la tabla 2. En esta se consideraron las cuatro entidades que más contribuyen al PIB y las dos entidades que menos lo hacen con el fin de realizar una comparativa del impacto que tienen distintas variables en la asignación presupuestaría.

En la tabla 2 se observa que los estados con una población mayor, como el Estado de México, reciben un presupuesto mayor en comparación con los estados con una población más pequeña, como Colima y Tlaxcala. Asimismo, es importante destacar que los estados con menores ICP reciben un presupuesto significativamente menor en comparación con estados con poblaciones mayores y un ICP más alto, como Nuevo León y el Estado de México.

La asignación del presupuesto en México es un proceso complejo que involucra una serie de factores y consideraciones. El proceso comienza con la elaboración de la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos de la Federación, los cuales son propuestos por el Poder Ejecutivo Federal y posteriormente aprobados por el Congreso de la Unión. Estos documentos detallan cómo se asignarán los recursos a nivel nacional y establecen los montos destinados a cada entidad federativa.

Para distribuir equitativamente los recursos, se utilizan fórmulas que consideran múltiples variables, incluyendo el tamaño de población, el porcentaje de aportación al PIB y el ingreso corriente promedio. Una parte significativa del presupuesto asignado a las entidades federativas proviene de las participaciones federales, que son transferencias de recursos del gobierno federal a los estados y municipios, las cuales se basan en una fórmula que toma en cuenta factores como el tamaño de población.

No obstante, la asignación presupuestaria no se limita a criterios técnicos, ya que la negociación política desempeña un papel fundamental. Los legisladores y funcionarios de cada entidad federativa suelen entablar negociaciones con el gobierno federal para obtener recursos adicionales o lograr ajustes en la asignación.

A lo largo del año, se lleva a cabo un seguimiento constante de la ejecución del presupuesto, lo que permite realizar ajustes cuando sea necesario. Las entidades federativas están obligadas a rendir cuentas sobre cómo utilizan los recursos asignados para garantizar una gestión transparente y eficiente de los fondos públicos.

Calidad en el gasto público

La importancia de la calidad en el gasto público radica en que permite determinar si las inversiones realizadas por los gobiernos están cumpliendo los objetivos establecidos dentro de las políticas públicas y, por consiguiente, generando mejoras en las condiciones de vida de la población. Además, la evaluación de la calidad del gasto público es fundamental para garantizar la eficiencia, eficacia e impacto de las políticas públicas y el control a las administraciones municipales.

En este sentido, ^{Patiño (2017)} menciona que la calidad del gasto público se puede medir a través de indicadores de eficiencia, eficacia y efectividad. Estos indicadores sirven para medir y evaluar el desempeño y los resultados de las políticas públicas y la gestión gubernamental, lo que sirve para determinar si se están cumpliendo los objetivos y metas establecidos y para identificar las fortalezas y debilidades de la gestión pública.

Por otro lado, la calidad en el gasto público también tiene un impacto en las finanzas públicas, ya que su gestión eficiente y efectiva da paso a una mejor asignación de los recursos y, por ende, una reducción de los costos innecesarios. Esto implica una mayor eficiencia en el uso de los recursos públicos y una mejora en la calidad de los servicios y bienes ofrecidos a la población (^{Patiño, 2017}; ^{Moncayo y Salinas, 2019}).

La eficiencia en el gasto público tiene una gran importancia en un contexto de escasez de recursos al permitir a los administradores utilizar la menor cantidad de recursos para obtener los mejores resultados posibles. Asimismo, la asignación eficiente y equitativa de los recursos públicos es esencial para garantizar que los servicios públicos lleguen a todos los ciudadanos de manera justa y equitativa, de manera que se fomente el bienestar social (^{Moncayo y Salinas, 2019}).

^{Moncayo y Salinas (2019)} mencionan que para lograr la calidad en el gasto público es necesario optimizar la relación calidad precio en la prestación de los servicios públicos, lo que implica una gestión eficiente y efectiva de los recursos públicos. Además, se debe trabajar en la regulación y el control de las prácticas recurrentes en la administración pública, como la de gastar cerca del cierre de cada año fiscal lo que durante el periodo mismo no se ejecutó o los subejercicios, así como fomentar acciones que permitan un ejercicio transparente de los recursos.

Por su parte, ^{Patiño (2017)}, citando a la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y al Banco Interamericano de Desarrollo (BID), comenta que para alcanzar la calidad en el gasto público es necesario llevar a cabo un proceso que consista en la planeación, ejecución, control, seguimiento y evaluación de manera coherente y articulada del presupuesto público para garantizar la transparencia y rendición de cuentas, de modo que se pueda evitar la corrupción y promover la confianza entre los ciudadanos. Además, señala que este proceso debe ser apoyado por el uso de indicadores que permitan obtener información relevante sobre los programas y políticas públicas con el fin de facilitar la evaluación de la calidad del gasto y determinar los impactos de este en el desarrollo económico, político y social, así como servir como herramienta de apoyo para la toma de decisiones.

Ambos trabajos coinciden en la importancia que tiene una gestión eficiente y efectiva del presupuesto público con el fin de lograr la calidad en la prestación de servicios públicos y asegurar la rendición de cuentas y transparencia. Para lograr esto es importante el uso de indicadores que permitan medir y evaluar los resultados obtenidos con la finalidad de mejorar o cambiar las políticas públicas.

Costo de la corrupción

La corrupción es un fenómeno global, pero en México tiene una presencia particularmente arraigada. De acuerdo con la organización ^{Transparency International}, durante el año 2021 México ocupó el puesto 124 entre 180 naciones en el Índice de Percepción de la Corrupción, lo que lo situó como uno de los más corruptos de América Latina.

En tal sentido, los costos de la corrupción en México se hacen evidentes desde diversas perspectivas. Desde un enfoque económico, uno de los más visibles es el financiero. La Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (^ENCIG) 2021, realizada por el INEGI, calcula que la corrupción cuesta en promedio 3044 pesos per cápita, lo que suma un total de casi 9500 millones de pesos o alrededor de 475 millones de dólares. Esta cifra ilustra la carga financiera a la que está sujeta la población debido a esta situación y demuestra cómo la corrupción no solo afecta a nivel institucional, sino que también tiene un impacto directo en la calidad de vida de los ciudadanos.

La corrupción no solo socava la economía y el bienestar de la población, sino que también tiene un impacto directo en la eficiencia en el uso del presupuesto público. Cuando los recursos se desvían hacia actividades corruptas o se asignan incorrectamente, se desperdician fondos que podrían utilizarse de manera más eficiente para abordar problemas sociales y mejorar la infraestructura (^{Mariani, 2023}).

Asimismo, el impacto económico de la corrupción trasciende los costos directos, pues crea un ambiente de incertidumbre y desconfianza que afecta negativamente la inversión, el crecimiento y la productividad, lo que desalienta a inversores nacionales y extranjeros de participar en la economía mexicana. Según ^{Noveck et al. (2018)}, para el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) la corrupción podría reducir el PIB mexicano en hasta el 10 %. Esto se debe a que la corrupción mina la confianza de los inversores y distorsiona la competencia. Además, fomenta la evasión fiscal y aleja a inversores responsables, lo que limita aún más el crecimiento económico y la capacidad del gobierno para financiar servicios públicos esenciales de calidad (^{Nieto y Samuano, 2022}).

Por otra parte, desde una perspectiva social, la corrupción conlleva un costo significativo. Según los resultados de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2022, llevada a cabo por el ^INEGI, se revela que el 38.9 % de la población mexicana experimentó algún tipo de acto de corrupción. Esta problemática impacta de manera transversal en todos los estratos de la sociedad, pero quienes resultan más afectados son los grupos más vulnerables. Esto se debe a que la corrupción obstaculiza su acceso a los servicios públicos, la educación y la justicia, lo que, a su vez, agrava la desigualdad y la pobreza en el país (^{Nieto y Samuano, 2022}).

En línea con lo expuesto anteriormente se puede apreciar como la corrupción es un problema grave que afecta todos los aspectos de la vida en México y cuyos costos se manifiestan en ámbitos económicos, sociales y políticos. Por lo que abordar esta problemática requiere un esfuerzo conjunto de la sociedad en su totalidad.

Para combatir la corrupción en México, es imperativo implementar políticas públicas que fortalezcan la transparencia, la rendición de cuentas y la participación ciudadana. Esto puede realizarse mediante acciones como las siguientes:

La corrupción es un problema multifacético que exige una solución integral que involucre a todos los sectores de la sociedad en su lucha para lograr un cambio real.

Asignación eficiente del presupuesto en México durante el periodo de la 4T

La asignación eficiente del presupuesto representa un objetivo primordial para cualquier gobierno, ya que su propósito es asegurar que los recursos públicos se utilicen de manera efectiva para alcanzar los objetivos de la administración pública (^{Mesías-Tamayo et al., 2020}). En el caso de México, la asignación presupuestaria ha sido un tema recurrente de debate. Durante el periodo de la llamada Cuarta Transformación (4T), el gobierno federal ha implementado una serie de iniciativas destinadas a mejorar la eficiencia en la distribución de los recursos, como la reducción del gasto en la burocracia, que ha llevado a la eliminación de dependencias y puestos innecesarios, lo cual ha significado un ahorro significativo de recursos (^{Martínez, 2023}).

Un aspecto igualmente importante es la descentralización del gasto mediante la cual el gobierno ha transferido recursos a los estados y municipios, lo que les ha permitido tomar decisiones sobre su utilización de acuerdo con las necesidades locales específicas (^{Martínez, 2023}).

Además, se ha implementado un sistema de austeridad con el objetivo de reducir el gasto superfluo y fomentar un uso más eficiente de los recursos públicos. A pesar de la llamada “austeridad republicana” en los últimos años, es relevante señalar que el gasto público ha continuado aumentando de forma constante tanto en términos absolutos como en relación con el producto interno bruto (PIB), tal como se evidencia en la figura 2. Sin embargo, este incremento no siempre se ha traducido en una mejora palpable en la eficiencia del gasto.

Fuente: Elaboración propia con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía y el ^{Banco Mundial}

Figura 2 Gasto público como porcentaje del PIB vs. variación del PIB 

En los datos de la figura 2 se puede observar que el crecimiento del PIB en México ha sido variable en los últimos años. En 2021, se destacó un crecimiento notable del 4.70 %, mientras que en 2020 hubo una contracción del -8 %, principalmente debido a la pandemia de covid-19. Esta variabilidad está relacionada con eventos económicos y situaciones excepcionales.

A su vez, el gasto público como porcentaje del PIB ha ido en aumento. Desde 2018 hasta 2022, pasó del 25.66 % al 30.23 %. Este incremento puede explicarse por políticas gubernamentales diseñadas para estimular la economía, lo cual se encuentra relacionado, en parte, con el desarrollo de proyectos como el Tren Maya (^{Rosas et al., 2023}).

Sin embargo, a pesar de estos incrementos, es importante señalar que el gasto público en México aún se encuentra por debajo del promedio de la OCDE, que es del 41.5 % (^{OCDE, 2022}). Por otra parte, es interesante observar una posible correlación entre el crecimiento del PIB y el gasto público. En 2020, cuando el PIB cayó significativamente, el gasto público como porcentaje del PIB se mantuvo alto, lo que sugiere un aumento del gasto para enfrentar la crisis económica. Ho obstante, en 2021, con el crecimiento del PIB, el gasto público también aumentó, en este caso posiblemente para mantener la recuperación económica.

Estos datos resaltan la necesidad urgente de tomar medidas encaminadas a mejorar el manejo del gasto público en México, lo que demuestra la fundamental relación entre el crecimiento del PIB y el gasto público eficiente. Sin embargo, en la comparación con datos recientes, es evidente que, a pesar del incremento en el gasto público, esto no se ha visto reflejado en un crecimiento proporcional del PIB, lo que podría ser un indicador de algunas deficiencias en la gestión y asignación de estos recursos. Un gasto público estratégico y bien gestionado puede desempeñar un papel fundamental como motor del crecimiento económico, al impulsar la inversión en infraestructura, educación, salud y otros sectores vitales.

Cuando se utiliza de manera efectiva, este gasto público puede generar empleo, aumentar la productividad y fomentar la innovación que contribuye al crecimiento sostenible del PIB. En el actual contexto económico de México, caracterizado por fluctuaciones significativas, es esencial optimizar la asignación de recursos públicos para maximizar su impacto en el desarrollo económico y asegurar la estabilidad económica y social a largo plazo.

En este sentido, es relevante resaltar que la asignación eficiente del presupuesto no solo se limita a la dimensión cuantitativa del gasto, sino que es esencial garantizar que los recursos se empleen de manera efectiva para alcanzar los objetivos de la administración pública de forma óptima.

En el transcurso del actual sexenio, el gobierno mexicano ha destinado una parte sustancial del presupuesto público a megaproyectos como el Tren Maya, el aeropuerto internacional Felipe Ángeles y la refinería de Dos Bocas. Estas inversiones han suscitado críticas debido a su elevado costo, impacto ambiental y cuestionamientos sobre su eficiencia, ya que se argumenta que podrían haberse ejecutado con menor gasto y en un plazo más breve.

Un ejemplo concreto que ilustra esta situación es el Tren Maya. Según ^{De La Rosa (2023)}, basándose en datos proporcionados por el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) y la Cámara de Diputados, se estima que, para fines de 2023, el gobierno federal habrá desembolsado 362 020 millones de pesos, lo que representa el 132 % más de la cifra establecida en 2020, aumento que no ha sido transparentado ni justificado adecuadamente por las autoridades.

Esta falta de transparencia y justificación en el uso de fondos públicos plantea inquietudes significativas sobre la eficiencia en la administración pública. La opacidad en la gestión de los recursos gubernamentales a menudo se vincula con prácticas corruptas e ineficaces que dificultan la supervisión y el escrutinio público. En el caso del Tren Maya, el intento del gobierno por mantener bajo reserva información sobre los costos bajo el pretexto de seguridad nacional resulta problemático, ya que la información relacionada con el gasto público debe ser de conocimiento público (^{Astorga, 2023}; ^{Secretaría de Gobernación, 2023}).

Esta falta de rendición de cuentas y de transparencia en la administración pública puede fomentar la corrupción, dado que los involucrados pueden aprovecharse de la falta de supervisión para tomar decisiones en beneficio de intereses privados en lugar del bienestar público. En este sentido, es fundamental que las instituciones gubernamentales sean transparentes en la gestión de los recursos públicos y rindan cuentas a la sociedad para prevenir prácticas corruptas y garantizar la efectividad y eficiencia en la inversión de los fondos públicos.

En contraste con los gastos en los proyectos insignia del actual gobierno, en sectores como la educación, la salud y la seguridad, se ha observado una reducción o estancamiento en el presupuesto, lo que genera dudas sobre la capacidad del gobierno para cumplir con sus objetivos en estos ámbitos. Este fenómeno se manifiesta de manera más pronunciada en el ámbito de la salud, donde los resultados de los últimos años han sido insatisfactorios, lo cual está relacionado con los reducidos recursos asignados a este sector en los últimos años, como se puede apreciar en la figura 3.

Fuente: Elaboración propia con datos de ^{Expansión (2023)}

Figura 3 Gasto público en salud como porcentaje del PIB 

A partir de la figura 3 se puede observar que durante el periodo de 2018 a 2022, el gasto en salud como porcentaje del PIB experimentó una disminución gradual, pues pasó del 3.29 % en 2020 al 2.91 % en 2022. Esta tendencia plantea preocupaciones sobre la asignación de recursos relativos a la atención médica y su posible impacto en la calidad y accesibilidad de los servicios de salud.

Caso INSABI

Un caso de estudio que permite plantear la asignación ineficiente de recursos públicos es el Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI), creado en 2020, tenía como objetivo proporcionar servicios de salud y medicamentos gratuitos para la población que carecía de acceso a seguridad social. Sin embargo, este instituto no pudo cumplir su propósito y tres años después de extinguido transfirió sus funciones al IMSS-Bienestar. Este fracaso puede ser un ejemplo de las consecuencias de políticas públicas sin una estrategia definida y un presupuesto suficiente. Un estudio realizado por el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), citado por ^{Vega (2022)}, muestra que el presupuesto destinado para atender a la población sin seguridad social pasó del 31.8 % del gasto total en salud durante el año 2017 al 28.6 % durante el 2021, siendo esta la menor cantidad dedicada a este rubro desde el año 2016.

Otra cifra que permite visualizar de mejor manera esta situación es que durante el año 2019 el gasto per cápita destinado a atender esta población fue de 3656 pesos y para el año 2021 este gasto se redujo el 20.3 % al pasar a ser de 2911 pesos (^{Méndez y Llanos, 2021}). Lo anterior se explica debido a que el INSABI sí consiguió el objetivo de ampliar la cobertura de salud a una mayor población, pasando de 54.5 millones de personas en 2017 con el Seguro Popular a 68.1 millones de personas afiliadas al INSABI durante 2021. No obstante, como lo mencionan ^{Méndez y Llanos (2021)}, al presentarse este incremento sin aumentar los recursos económicos destinados a su atención, se produce un efecto opuesto al esperado, lo que dificulta aún más la atención de la población en riesgo.

La situación anterior se agrava al observar que no solamente el presupuesto para este rubro no solo ha disminuido, sino que también se han presentado grandes subejercicios. De acuerdo con datos de ^{México Evalúa (2023)}, durante el año 2022 el presupuesto asignado al INSABI fue de 6.6 mil millones de pesos. Sin embargo, se registró un subejercicio casi completo de los recursos. Esta situación se puede evidenciar al comparar las cifras de gastos de este año con las de años anteriores. Durante el mes de enero en 2022, el gasto total del INSABI alcanzó los 34 millones de pesos, lo cual representa únicamente el 6 % del gasto registrado en enero de 2021 (544 millones de pesos), y menos del 1 % del gasto en 2019, que ascendió a 3486 millones de pesos (^{México Evalúa, 2023}).

Lo antes señalado se relaciona con el hecho de que las consultas médicas durante enero de 2022 tuvieran una disminución del 30 % en comparación con el mismo mes en 2021 o una reducción del 83 % respecto al mismo mes en 2019 (^{México Evalúa, 2023} citado por ^{Vega, 2022}). Esta situación pone en evidencia cómo la falta de una estrategia clara en la aplicación de políticas públicas y un gasto público de calidad impide obtener buenos resultados, lo que compromete el bienestar de los ciudadanos al dificultar que la población en riesgo pueda acceder a servicios públicos de calidad para atender sus necesidades básicas y mejorar su calidad de vida (^{Campos y Cano, 2022}).

En este caso no parece haber indicios de que la situación cambie en el futuro próximo, pues la absorción de las funciones del INSABI por parte del IMSS-Bienestar solo transfiere sus problemáticas a otra institución, sin abordar cuestiones como la opacidad en el manejo de recursos públicos, la reducción de presupuestos y la falta de enfoque en los resultados es difícil la obtención de mejoras significativas.