I. Introducción

El objetivo general del presente trabajo es analizar los factores que determinan que un ciudadano participe (o no) en al menos uno de los siguientes tres mecanismos (MC):¹ la contraloría social, el presupuesto participativo o la consulta ciudadana. Metodológicamente, se estimó un modelo logístico que toma como variables independientes: la confianza hacia las burocracias públicas; la participación comunitaria y en las elecciones; la simpatía con gobiernos participativos; el grado de satisfacción con la democracia, y la opinión respecto al tipo de gobierno que se prefiere. A partir de la evidencia empírica se puede concluir que dichas determinantes incrementan las probabilidades de que un ciudadano participe en alguno de esos tres dispositivos democráticos. Los resultados también exhiben que en México prevalece una baja participación social y endeble confianza hacia las burocracias.

El resto del estudio se desarrolla de la siguiente forma: en la posterior sección se presenta la revisión de la literatura respecto a los antecedentes de la participación ciudadana y los MC; así como las determinantes que explican por qué los gobernados participan. Posteriormente, se plantea la metodología utilizada, se presentan las variables y su operacionalización; los datos provienen de la Encuesta Nacional de Cultura Cívica (^{ENCUCI, 2020}). Finalmente, se discuten los resultados del análisis econométrico, las conclusiones y los pendientes que deja esta investigación.

II. Antecedentes

El presente trabajo se incrusta en los estudios de cultura política, término polisémico que puede ser analizado desde distintos enfoques teóricos. Definitivamente no existe un consenso respecto a cómo abordarla, sin embargo, la definición canónica planteada por Almond Gabriel sigue vigente:

[La cultura política es] una serie de concepciones subjetivas de la política que prevalecen en una población nacional. [Es] poseedora de componentes cognoscitivos, afectivos, valorativos; incluye conocimientos y creencias relacionadas con la realidad política, sentimientos con respecto a la política y compromisos con valores políticos. (^{Almond, 2001, p. 203})

Es clásica también la tipología de cultura política: parroquial, súbdita y participativa (^{Almond y Verba, 1963}). Para fines de este trabajo es importante esta última, en la que los ciudadanos tienen conciencia del sistema político nacional y están interesados en contribuir e influir en las políticas públicas en aras de mejorar la realidad social.

En ese tenor, la cultura política participativa se asocia bastante con la participación ciudadana, término que alude al involucramiento de los ciudadanos en los procesos y decisiones públicas e incluye procesos mediante los cuales son incluidos en la formulación, implementación o evaluación de políticas (^{Wang y Van, 2007}). Para tales actividades, el gobierno, tanto nacional, supranacional o local, puede diseñar, emplear y regular una amplia gama de instrumentos innovadores de intervención (^{Welp y Ordoñez, 2017}); dentro de ellos, se encuentran precisamente los MC.

La contraloría social busca que un cuerpo de beneficiados vigile de forma colegiada la acción gubernamental, y supervise el correcto uso de los recursos públicos, así como el apego a derecho de los procedimientos desarrollados por la función pública. Lo anterior es útil para fomentar la transparencia y rendición de cuentas (^{Llerenas, 2007}).

Por su parte, en la consulta ciudadana o popular “la ciudadanía aprueba o rechaza una o varias propuestas planteadas con anterioridad sobre temas de interés público” (^{Instituto Nacional Electoral, 2021}). Con este instrumento se puede influir en el sistema político al movilizar habitantes para presionar sobre cierto asunto (^{Garcés y Rapalino, 2015}) o colocar un problema social en la agenda de gobierno (^{Dietz, 2018}). Este mecanismo representa una forma de extender los derechos políticos ciudadanos y dar nuevos bríos a las democracias (^{Hincapié, 2017}), pero también corre el riesgo de sesgar los resultados: puede ocurrir que “los ciudadanos voten en función de sus identidades políticas […] más que por sus verdaderas convicciones sobre el tema en cuestión” (^{Lissidini, 2007, p. 22}).

Finalmente, los presupuestos participativos permiten “a los ciudadanos/as de una colonia o barrio (territorio espacialmente delimitado) votar una opción entre varias propuestas seleccionadas […], para invertir el dinero público previamente etiquetado” (^{Alacio, 2017, p. 17}). En México, específicamente en la ciudad capital, la afluencia ciudadana en estos mecanismos es baja (^{Escamilla, 2019}), una falla institucional está en los comités ciudadanos que carecen de atribuciones importantes, poder y margen de maniobra debido a que las funciones más importantes del proceso se concentran en las Alcaldías (^{Abreu y Padilla, 2018}).

Estos instrumentos pueden ser implementados siguiendo un enfoque top down. Se ha pensado que, al seguir esta lógica, en especial cuando se llevan a cabo por el Ejecutivo Federal, los mecanismos pueden ser sistemáticamente favorables a la postura del gobierno en turno. Sin embargo, diversos trabajos revelan que los mecanismos no son tan manipulables como muchos creen (^{Altman, 2005}).

Independientemente de ello, el reto es convertir no solo a los MC sino al conjunto de mecanismos participativos en instrumentos evaluativos o de control, más que de consulta (^{García y Téllez, 2018}), y evitar que se traduzcan en rutinas poco significativas o cuestiones meramente técnicas que no aporten al logro de los objetivos trazados (^{Díaz, 2017}).

La importancia de los instrumentos participativos es que representan catalizadores importantes en la consolidación de la gobernanza; esta última acepta que, en la resolución de problemas, las instituciones gubernamentales no son tan eficientes si operan como únicos actores, por lo tanto, la inclusión de alianzas público-privadas, las organizaciones sociales, agencias de cooperación y los propios ciudadanos pueden ser una opción. Sin embargo, es preciso reconocer las lógicas históricas de las realidades latinoamericanas, de lo contrario, los mecanismos participativos pueden favorecer los clientelismos o corporativismos arraigados por lógicas jerárquicas de patronazgos políticos (^{Zurbriggen, 2011}), “o ser introducidos con fines meramente electorales o para responder a crisis institucionales en apariencia, sin producir cambios de fondo” (^{Welp, 2016, p.98}).

III. La participación y sus determinantes

Comenzando con Rivera y Serrano, los académicos han argumentado que la decisión de participar depende de la confianza institucional. Una mejor valoración de esta propiedad aumenta la percepción de que el régimen y sus instituciones son funcionales y responsivas, motivando al ciudadano a intervenir. De forma contraria, “la falta de confianza en las instituciones de la democracia puede provocar que los ciudadanos apuesten por un retorno hacia un régimen autoritario” (^{Gómez, 2018, p. 117}).

Otros elementos que se asocian con el involucramiento son los antecedentes participativos del ciudadano. Es muy probable que un individuo acostumbrado a involucrarse tanto en trabajo voluntario de su comunidad como en el ejercicio de su voto en las urnas, o que esté de acuerdo con gobiernos participativos decida usar los mecanismos formales. La razón es que está convencido de que la democracia participativa puede complementar la representativa.

A propósito de la costumbre de involucrarse, ^{Hevia y Vergara (2019)} encuentran que “la mayoría de los participantes [de cierto proyecto social] volvería a participar como voluntario” (p. 170), hay una tendencia de que quien ya ha participado lo haga nuevamente en un futuro, aunque, claro, el reto es que lo realice en distintas formas.

Otro factor es la afinidad individual hacia algún régimen político, llámese autoritario o democrático, incluso la apatía juega un papel importante en este sentido, pues los ciudadanos con preferencias democráticas tendrán más probabilidades de incorporarse al uso de mecanismos en comparación con aquellos que señalan al autoritarismo como mejor forma de gobernar o aquellos que sean indiferentes. La razón de ello estriba en que habitar en regímenes democráticos, a pesar de sus fallas y defectos, se considera “una forma justa y conveniente para vivir en armonía” (^{Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal [INAFED], 2018}).

Con respecto a la preferencia democrática, ^{Sebastián Rivera (2018)} propone que pueden surgir dos tendencias: los individuos que se sienten satisfechos se inclinarán a involucrarse a través de los mecanismos institucionales; mientras quienes perciban decepción buscarán instrumentos más informales y poco convencionales como las protestas o movilizaciones. A partir de lo anterior, las hipótesis de trabajo que indican explícitamente las relaciones que se esperan encontrar entre las variables y las probabilidades de participar en los MC son:

Aparte de los determinantes anteriores, consideramos como control al nivel educativo, los ingresos, el sexo y la edad. Los ciudadanos con mayor preparación académica cuentan con una fuerte sensibilidad y amplio compromiso social (^{Langton, 1978}), lo que potencializa su interés político, su participación y su proclividad al voto (^{Berelson y Steiner, 1964}). Asimismo, la participación no electoral requiere más insumos y habilidades cognitivas tales como la comprensión y la comunicación (^{Somuano, 2013}).

En lo referente al ingreso, las personas más activas en los asuntos públicos no son necesariamente las más representativas de sus comunidades sino los miembros de los grupos con estatus económicos dominantes (^{Heikkila, y Roussin, 2007}). En definitiva, “a mayor pobreza, menor capacidad participativa” (^{Urdánoz , 2013, p. 40}), por lo que la situación económica se convierte en un factor de desigualdad al momento de desplegarse el ejercicio popular.

Finalmente, “la edad es una variable muy relevante a la hora de hacer uso de un mecanismo de participación u otro; igualmente, el sexo […]” (^{Martín y Fernández, 2018, p. 225}). Tan pronto como pasa el tiempo y vida de toda persona, por lo regular, se adquiere mayor madurez y efectividad en la toma de decisiones.

IV. Metodología y datos

El enfoque metodológico de este artículo en netamente positivista. Para poder validar las hipótesis de trabajo se estimó un modelo logit² que toma como variable dependiente la participación o no del ciudadano i-ésimo en por lo menos uno de los MC.

La razón por la que se eligió a los MC es que representan los más recurrentes en la pregunta 7.6 de la ENCUCI: “En los últimos 12 meses, es decir, de agosto de 2019 a la fecha, ¿usted participó en…” cuyos subapartados eran: “1. Contraloría social, 2. Presupuesto participativo; y, 3. Consulta ciudadana”.³ Las posibles respuestas obedecían a un simple sí o no.

En México, 91.1% de ciudadanos no participa en ningún MC. Únicamente 7.7% ha recurrido a un solo instrumento de los tres aludidos; poco menos de 1% ha utilizado dos de forma conjunta y solo un porcentaje ínfimo (0.2%), los tres. Si se suman estos últimos porcentajes se obtiene que, por lo menos, 8.9% ha utilizado una vez las herramientas participativas.

Por otro lado, las variables independientes de la regresión se exhiben en el Cuadro 1:⁴ 82.24% sostiene que votó en las elecciones de 2018; 19.52% ha hecho trabajo voluntario en las últimas semanas antes de ser encuestado; 89.50% está muy o algo de acuerdo con tener gobiernos participativos; 40.13% se siente algo satisfecho con la democracia; y 67.79% opina que la democracia es preferible como forma de gobierno. Respecto a las variables de control, 49.98% ha estudiado el nivel básico; 48.78% recibe ingresos menos de tres mil pesos al mes, incluyendo los que no reciben; y 52.27% son mujeres. Finalmente, con respecto a las variables discretas, la confiabilidad hacia los servidores o funcionarios, su rango va de 0 a 10 donde el primer digito asume nula credibilidad y el segundo total, su media se ubica un poco arriba de 4; por otro lado, la edad de los encuestados oscila entre 18 y 96 años, el promedio es 44.2.

V. Resultados y conclusiones

Los resultados del análisis logístico se aprecian en el cuadro 2,⁵ con los cuales se validan las seis hipótesis planteadas anteriormente, pues se encontró que la confianza burocrática resultó significativa y con el signo esperado (+). A medida que se cataliza el nivel de confianza del ciudadano hacia los empleados y funcionarios públicos también incrementan sus expectativas de participación formal. Esto quiere decir de forma indirecta que el desempeño burocrático influirá en la participación ciudadana. Es importante subrayar que la opinión favorable que se tenga hacia los burócratas expresa de forma aproximada la confianza institucional; en ese sentido, nuestros resultados coinciden con la propuesta de Rivera, quien halla que “los individuos que más confían en sus instituciones tienden a participar en mayor medida en modalidades de participación convencionales” (^{Rivera, 2018, p. 555}). Las variables participativas también resultaron torales. La participación política y comunitaria se asocia con la participación institucional. El que un ciudadano haya votado en las elecciones de 2018 favorece las posibilidades de que participe en los mecanismos que las instituciones públicas diseñan para incluir su voz. También resultó significativo el tener antecedentes participativos comunitarios: personas acostumbradas a realizar trabajo voluntario (tequio, faenas, entre otras) en sus lugares de origen, barrios o colonias, seguramente intervendrán en los instrumentos de la democracia participativa. A eso hay que agregar que quienes están a favor de gobiernos participativos tienen mayores indicios de involucrarse en comparación de los que no.

La única categoría que presenta significancia con la democracia es la de muy satisfecho; pues si comparamos a dos ciudadanos, uno que se siente muy satisfecho y el otro nada satisfecho, el primero tendrá más posibilidades de participar; es decir, se trata de ciudadanos contentos y afines al actual sistema político, están muy complacientes con él.

Igualmente, trascendió la variable dummy que hace alusión a la preferencia del sistema político democrático. Esto indica que, comparando dos individuos, uno que prefiere la democracia como forma de gobierno y otro que es indiferente a cualquier régimen, el primero tendrá mayores probabilidades de participar.

Asimismo, el ingreso resultó significativo y con el signo esperado en todas las categorías. Esto implica que hay una asimetría importante en quienes participan, tomando en cuenta su clase social. Aquellos con condiciones económicas favorables son los que tienen mejores presagios de involucrarse en este tipo de ejercicios democráticos, lo que conlleva cierto sesgo o ventaja en las decisiones colectivas que se toman al interior de esos MC.

A diferencia de otros estudios, como los de ^{Ahmed-Mohamed (2017)}, nuestros resultados confirman que entre más joven sea el ciudadano mejores vaticinios hay de involucrarse en los asuntos públicos; es un hallazgo distinto al que se esperaba. En cambio, el sexo no tuvo efecto.

En cuanto al nivel educativo, solamente dos categorías resultaron significativas y con el signo esperado: contar con estudios de licenciatura o incluso posgrado, en comparación con los que su grado de estudios es “ninguno”, secunda a formar parte de los ejercicios participativos democráticos.

Como primera conclusión, en México tanto la confianza como la participación son áreas de oportunidad que es necesario atender en aras de mejorar la calidad democrática. La sugerencia es iniciar perfeccionando la primera, a través de respuestas gubernamentales más efectivas a las demandas y necesidades sociales. En esa tarea, servidores públicos y burócratas desempeñan un papel fundamental; de lo contrario florecerá el descontento social y habrá pocos alicientes por utilizar los mecanismos participativos, incluso, en el imaginario social estos serán sinónimos de simulación y manipulación gubernamental más que genuinos instrumentos de democracia participativa.

La segunda resolución es que la participación formal se vincula tanto con la participación comunitaria-voluntaria como con la política-electoral. La tercera es que valores democráticos (preferencia y satisfacción hacia ella) subyacen a la participación ciudadana.

Respecto a las variables socioeconómicas, el nivel de ingreso, la edad y el nivel educativo (licenciatura y posgrado) siguen siendo elementos importantes al momento de implicarse en los asuntos públicos.

Cualquier trabajo de investigación tiene limitantes y restricciones, el nuestro no queda exento: al utilizar bases de datos de tipo corte transversal, las inferencias aplican a un único punto del tiempo. Sería irresponsable hacerlas extensivas a más periodos. De ahí la importancia y el reto de generar investigaciones con datos paneles que estudien la evolución de variables asociadas con la participación y democracia en un periodo más allá de un año.

No menos importante es subrayar que existen otras variables explicativas que no se incluyen de forma explícita y directa en nuestro modelo, las hemos integrado en el término de perturbación estocástica. Sin embargo, en futuros estudios sería importante integrarlas explícitamente.