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Introducción
México ocupa el primer lugar en América Latina en exploración minera y el sexto como destino de inversión de todo el continente, para colocarse en la posición 34 a nivel mundial (SE, 2022). La superficie concesionada abarca 21,982,339.76 hectáreas equivalentes al 11% del territorio nacional, siendo Sonora, Chihuahua y Durango los estados con mayor número de proyectos (Galicia et al., 2021).
El avance de la minería ha puesto a las comunidades indígenas en alerta, dado que buena parte de las áreas concesionadas se encuentra en sus territorios. Boege (2020) reporta que para mediados de 2012 el gobierno mexicano había concesionado 2,173,141 hectáreas equivalentes al 17% de su espacio vital; los pueblos más afectados son los rarámuris, zapotecos, chatinos, mixtecos, coras y tepehuanes. Las estrategias utilizadas para detener el avance han sido la confrontación directa (véase Tlamanca, Puebla, donde la gente tomó por asalto las instalaciones de JDC Minerals) (Diego, 2014); la construcción de redes, tales como el Colectivo Oaxaqueño en Defensa de los Territorios, el Consejo en Defensa del Territorio Tiyat Tlalli, o la Red Mexicana de Afectados por la Minería (Lugo, 2022); y los recursos jurídicos ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y otras instancias (Villarreal y Echart, 2018), destacando el amparo logrado en 2018 por el pueblo masehual de la Sierra Nororiental de Puebla contra tres concesiones mineras (CEMDA, 2018).
El objetivo de este artículo es analizar las prácticas de Responsabilidad Social Corporativa (RSC) del Proyecto Ixtaca en el municipio de Ixtacamatitlán, Puebla, así como las estrategias de defensa del territorio desarrolladas por las comunidades para detener su avance. El proyecto está a cargo de Minera Gorrión S.A. de C.V., subsidiaria de la canadiense Almaden Minerals Ltd. La RSC de la empresa se estudia con conceptos propuestos por Garibay et al. (2014), Neyra (2018; 2020) y Aldana (2020) para argumentar que el verdadero objetivo de estas prácticas es apropiarse del territorio a cambio de la menor retribución posible, utilizando formas sutiles de violencia que buscan desconectar a la gente del territorio. Para analizar las estrategias de defensa se recurre a Ule y Rosset (2022), Concheiro y Rodríguez (2018) y Argento (2020) quienes destacan la capacidad de los movimientos socioterritoriales para reivindicar la herencia indígena y la agricultura campesina con la finalidad de permanecer en el territorio y conservar su integridad como base material, patrimonio biocultural, y entidad política y geográfica.
1. Propuesta conceptual
La minería es una práctica extractiva que representa la continuidad del proyecto colonizador europeo (Peña, 2018); durante la primera década del siglo XXI se extrajo el doble de oro y la mitad de plata que la corona española sacó de la Nueva España en 300 años de dominación (Cortés et al., 2019). Actualmente, Estados Unidos, la Unión Europea, China e India constituyen los principales países receptores de los recursos mineros que se extraen de América Latina a cambio de escasos o nulos beneficios para la población (Rodríguez, 2013; Camba, 2015).
Gudynas (2009, 2015) identifica cuatro generaciones del extractivismo minero, las cuales se distinguen por el volumen y la intensidad de extracción. Desde finales de los años noventa del siglo XX se ha expandido la tercera generación caracterizada por el uso intensivo de tecnología y sustancias altamente contaminantes que aumentan el consumo de energía. Entre los impactos más frecuentes de esta forma de extractivismo se encuentran la fragmentación del territorio, el desplazamiento poblacional forzado, el despojo de tierras, la afectación de fuentes de agua, la privatización de recursos naturales (Guevara y Silva, 2020; Uribe et al., 2021; Uribe y Toscana, 2022), y la violación de derechos colectivos, patrimoniales, civiles, y “aquellos que la población local considera adquiridos por la costumbre” (Garibay et al. 2014, p. 114).
Tres minas latinoamericanas (El Teniente y Chuquicamata en Chile; Carajás en Brasil) se encuentran entre las 10 más grandes del mundo, y en el continente existen 259 conflictos socioambientales por minería (Villarreal y Echart, 2018). México ocupa el segundo lugar (después de Perú) con mayor número de conflictos, destacando el despojo del agua desde finales de los años noventa por parte de la mina Peñasquito en Zacatecas, el asesinato de Mariano Abarca Roblero en Chiapas en 2009, y el derrame de lixiviados de cobre en las aguas del Río Sonora en agosto de 2014. El estado de Puebla concentra un buen número de conflictos con empresas mineras e hidroeléctricas cuyo destino es precisamente asegurar el abastecimiento de agua y energía para la extracción de mineral (Diego, 2014; Beaucage et al. 2017; Bastidas-Orrego et al., 2018).
Los conflictos socioambientales se presentan cuando los recursos son escasos y las decisiones sobre el medio ambiente ponen en riesgo los espacios de vida (Paz, 2012). Tetreault et al. (2012) resaltan la diferencia entre problema ambiental y conflicto socioambiental, siendo un distintivo para este último la voz de la población afectada. Las principales causas que dan origen a un conflicto socioambiental son el daño al medio ambiente, la pérdida de control del territorio, la falta de consulta previa e informada, la violación de derechos humanos y la lucha por incrementar los beneficios (principalmente económicos) por parte de alguno de los actores involucrados (Bastidas-Orrego et al., 2019).
Los conflictos socioambientales por minería conducen a lo que Ule y Rosset (2022, p. 183-184) denominan movimientos socioterritoriales, entendidos como un grupo de personas que se organizan para defender sus intereses, concibiendo al territorio “no solo como algo a tener o alcanzar, sino como algo fundamental para su existencia”. Además del espacio geográfico, el territorio es visto como un andamiaje de relaciones sociales que dan sentido a elementos materiales (viviendas, caminos, cultivos) e inmateriales (vivencias y sentires). Los actores que se involucran en un movimiento socioterritorial buscan fortalecer la construcción del bien común y la identidad colectiva al tiempo que cuestionan la lógica extractiva y la mercantilización de la naturaleza (Argento, 2020).
Los conflictos socioambientales ocasionados por minería expresan dinámicas de oposición entre la población local, las empresas y el gobierno en torno al acceso y aprovechamiento de los recursos naturales (Uribe et al., 2021; Uribe et al., 2022). La alternativa para evitarlos ha sido la Responsabilidad Social Corporativa (RSC), modelo de gestión diseñado para mitigar los impactos negativos de la iniciativa privada en la sociedad y el ambiente. Su rango de acciones puede variar, pero todas giran en torno a la atención de necesidades de distintos grupos de interés, y al cuidado del entorno (Vintró y Comajuncosa, 2009).
Son muchos los autores que cuestionan las prácticas de RSC en zonas mineras. Garibay et al. (2014) argumentan que dichas prácticas constituyen estrategias de despojo mediante las cuales las empresas se apropian del territorio a cambio de la menor retribución posible, privatizando la riqueza y socializando los daños ocasionados por la destrucción del paisaje. Las diversas formas de violencia ocasionadas por el extractivismo se pueden clasificar en dos grupos: sutiles (aparición de gente extraña en la comunidad, desvalorización de la mano de obra local, cambios en la alimentación) y directas (violencia física, psicológica e institucional, incluyendo la criminalización). Ambos tipos de violencia producen la desconexión gradual de la gente del territorio y su eventual desplazamiento forzado (Neyra 2018; 2020). Por su parte, Aldana (2020) utiliza el término de “zonas de sacrificio minero” para describir sitios donde los supuestos beneficios económicos nunca llegan y a cambio se producen sentimientos de desolación y abandono. En el caso del Proyecto Ixtaca, la RSC ha conducido al control político por parte de la empresa con la complicidad silenciosa de autoridades gubernamentales, contribuyendo así al despojo de los recursos naturales y a la acumulación de capital en manos privadas (Manriquez-Bucio y Urquijo, 2019).
Los principales actores de los conflictos socioambientales suelen ser las comunidades, algunas entidades estatales y las empresas. Stephen (2005) ilustra cómo la interacción entre todas estas instancias conduce a la redefinición permanente de la identidad indígena, mostrando su flexibilidad y dinamismo. Según la autora, la identidad zapoteca de Teotitlán del Valle, Oaxaca, se expresa a través de redes de colaboración e instituciones comunitarias a nivel local, al tiempo que en el ámbito político se adopta el discurso oficial de “tradición indígena” y “arte popular” para acceder a recursos provenientes del Estado. En el ámbito externo, en concreto, el mercado internacional, se adopta el mismo discurso para posicionar los tejidos zapotecas como “auténticos” y diferenciarlos de otros que supuestamente no lo son (comillas de la autora).
Los discursos en defensa del territorio tienden a resaltar tres componentes: base material o ambiente biofísico; patrimonio biocultural; derechos políticos y geográficos (De la Torre, 2020). Parte importante de esta defensa ha sido la reivindicación del “ser campesino” como “un modo de ser, vivir y producir” distinto del resto de la sociedad (Da Silva citado en Ule y Rosset, 2022, p. 182). En México estos discursos se han articulado en torno al ejido, institución agraria de gran arraigo que ha contribuido a conservar la integridad del territorio y a promover la defensa de derechos colectivos ante la amenaza del extractivismo (Concheiro y Rodríguez, 2018).
La experiencia de las comunidades con la defensa del territorio está marcada por las diferencias de género porque los impactos de los proyectos y la manera de luchar contra ellos es distinta para mujeres y hombres. Los derechos agrarios están concentrados en manos masculinas (solo 20% de los titulares de la tierra en México son mujeres), por lo que la defensa de la integridad del ejido no necesariamente protege el acceso de las mujeres a la tierra (Salazar, 2017). Cuando las minas logran instalarse, las mujeres enfrentan mayores dificultades para abastecerse de alimentos al tiempo que son excluidas de los magros beneficios económicos que ofrecen las empresas (Guevara y Silva, 2020; Vázquez et al., 2020). Esta situación incrementa su dependencia financiera para con los varones, afectando su posición y poder de negociación al interior de la familia y la comunidad (Castro et al., 2015). La asignación de las labores de cuidado a las mujeres las hace más vulnerables ante la escasez y contaminación del agua; a pesar de ello, sus posibilidades de participar en la gestión del riesgo ambiental son prácticamente nulas (Catalán y Riojas, 2015), como también lo es su poder de decisión en los espacios comunitarios donde se toman las decisiones relacionadas con la distribución y calidad del agua (Gutiérrez et al., 2013; Carrasco, 2015).
Las empresas mineras rara vez toman en cuenta los impactos de género de sus actividades. Las más de las veces, tienden a ampliar las brechas de género en el empleo y a reproducir el modelo tradicional de familia donde el hombre es concebido como único proveedor económico (Hill y Newell, 2009; Salazar y Rodríguez, 2015; Castro et al., 2015; Stefanovic y Saavedra, 2016). Asimismo, las organizaciones que encabezan la defensa del territorio no siempre incorporan demandas que reivindiquen los derechos de las mujeres a pesar de los altos costos sociales que ellas pagan por salir del espacio doméstico (Cortés et al., 2019; Vázquez y Peña, 2022).
2. Metodología
El trabajo fue realizado en tres comunidades pertenecientes al municipio de Ixtacamaxtitlán afectadas por el Proyecto Ixtaca: Santa María Zotoltepec (en adelante, Zotoltepec) Tuligtic y Tecoltémic (Figura 1). La primera fue elegida porque ahí se encuentra el centro de operaciones de la empresa, la segunda por haber protagonizado un evento de negociación relacionado con el agua, y la tercera por ser la principal figura opositora al extractivismo.
El municipio de Ixtacamaxtitlán se localiza al norte del estado, en la subcuenca del Río Apulco. Su población total es de 25,319 habitantes (51% mujeres y 49% hombres) repartida en más de cien comunidades; 10.2% de su población habla alguna lengua indígena, siendo el náhuatl la más importante (INEGI, 2021b). Su historia se remonta a la era pre-hispánica, época en la que el altépetl o señorío de Ixtacamaxtitlán fue clave para sostener el poderío de la Triple Alianza (Tenochtitlan-Texcoco-Tlacopan) con el aprovisionamiento de guerreros, material de uso militar y alimentos. Fiel al imperio mexica, el señorío se negó a colaborar con Hernán Cortés en tiempos de la conquista; con la caída de Tenochtitlán, su estructura social comenzó a debilitarse (Gómez, 2011).
Durante la colonia, Ixtacamaxtitlán se administró como república de indios, dejando a un lado la línea hereditaria para la elección de cargos, hasta erigirse como municipio libre en 1895 (Bonilla, 2013). La actividad agrícola continuó y se combinó con la cría de ganado menor (cabras y ovejas) a cargo de la población de origen español (Gómez, 2011). Las comunidades que alguna vez integraron este antiguo señorío conservan hasta el día de hoy su tradición agrícola, organización social, e intereses colectivos. Según Bastidas-Orrego et al. (2019), 90% de las familias de Zotoltepec y Tuligtic tienen predios de cultivo, y la mayor parte de la población (65.5% y 94.7% respectivamente) se opone al Proyecto Ixtaca.
El primer acercamiento al municipio se dio en julio de 2020, fecha en la que se hicieron recorridos y entrevistas exploratorias para tener un panorama general del conflicto. En una segunda etapa, realizada en mayo de 2022, se realizó una encuesta con ayuda de un cuestionario conformado por 100 preguntas cerradas organizadas en cinco secciones (datos socioeconómicos, empleo en la minería, agua para consumo doméstico, movilización social y desplazamiento poblacional). En todos los casos, las preguntas fueron respondidas por mujeres adultas a cargo de una familia, con o sin pareja. Los datos se analizan a la luz de los resultados de Bastidas-Orrego et al. (2018, 2019) que hicieron trabajo de campo aproximadamente en 2016 en el mismo municipio.
La muestra para el cuestionario estuvo compuesta por 46 mujeres de Zotoltepec, número que se obtuvo a partir del total de viviendas reportado en el censo de 2020 (INEGI, 2021b). Se consideró un margen de error del 10% utilizando la siguiente fórmula:
Donde, n= muestra; N= población (143 viviendas totales); Z= proporcional al 90% de confianza (valor 1.645); p= variabilidad positiva (0.5); q= variabilidad negativa (0.5); d= error esperado (0.1).
En esta comunidad también se convocó a un taller con la finalidad de recuperar la perspectiva local en torno a la minería. Las dinámicas originalmente planteadas fueron “la ruta del agua” (fuentes de abastecimiento, vías de distribución, puntos de descarga) y “el tendedero de las emociones” (opiniones sobre el conflicto). Lamentablemente, las diferencias de opinión al interior de la comunidad dificultaron su ejecución. La ágil y pertinente participación de la autoridad local como mediadora evitó que el problema pasara a mayores.
En Tuligtic y Tecoltémic también estaban previstos la aplicación del cuestionario y la facilitación de talleres. Sin embargo, ahí no fue posible trabajar de acuerdo con lo planeado debido a lo tenso del conflicto. En ambas comunidades se hicieron entrevistas con gente que accedió a participar respetando lo solicitado por las autoridades locales:
Nosotros para dar algún testimonio o algo, se requiere siempre estar reunidos… Nunca es directamente con nuestras autoridades… Así siempre hemos estado haciendo las cosas… Gracias a Dios hemos sobresalido porque algunos opinamos de una manera y otros de otra, y, al final, hacemos una sola (Entrevista grupal, Tecoltémic, 19 de mayo de 2022).
A pesar de las dificultades fue posible obtener datos cuantitativos y cualitativos para fortalecer el análisis mediante el cruce, la confirmación y la validación de datos (Creswell y Hirose, 2019). La información cuantitativa fue procesada en Excel® y SPSS® para generar estadística descriptiva, mientras que la parte cualitativa se trabajó con el programa Atlas.Ti® que ayudó a identificar los significados que la gente atribuye a las acciones propias y de la empresa. Los aportes testimoniales se presentan bajo pseudónimos para resguardar la identidad de los y las informantes. El cuadro 1 resume el número de participantes en el estudio.
3. Proyecto Ixtaca: breve historia del conflicto
En el estado de Puebla hay 320 títulos de concesión sobre una superficie de 192,308.41 hectáreas, equivalentes al 5.65% del territorio estatal (SGM, 2021). El Proyecto Ixtaca es uno de los más importantes por su influencia en cinco comunidades del municipio de Ixtacamaxtitlán (Zotoltepec, Zacatepec, Tuligtic, Tecoltémic y Vista Hermosa) con una reserva estimada de 1.79 millones de onzas de oro y 134.3 millones de plata (Almaden Minerals, 2023). Las dos concesiones otorgadas en 2003 y 2009 abarcan 14,229.55 hectáreas (Raffle et al., 2013) (Figura 1). Las actividades de exploración iniciaron en 2001, la primera Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) se presentó en 2018, y las concesiones fueron canceladas en 2023. El proyecto llegó a ejecutarse solo en la fase de exploración, sin embargo, por varios años las muestras extraídas fueron procesadas en Zotoltepec, causando molestias entre la población porque los residuos eran lanzados sin tratamiento alguno a la barranca más cercana.
El Cuadro 2 resume los principales eventos relacionados con el conflicto ocasionado por el Proyecto Ixtaca a lo largo de dos décadas. Los principales actores son la empresa, las comunidades, el Estado a través de ciertas instancias (la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales —SEMARNAT—, la Secretaría de Economía —SE— y la SCJN), y las organizaciones que colaboraron con asesoría legal, entre ellas el Grupo Acolhua; el Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER); el Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario (IMDEC); el Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Promoción y Desarrollo Social (CESDER); el Centro de Análisis e Investigación FUNDAR; el Consejo en Defensa de la Vida y el Territorio Tiyat Tlalli; la Red Mexicana de Afectados por la Minería; y la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales (Castro, 2021; Bastidas-Orrego et al., 2019). El acompañamiento de estas organizaciones apoyó el litigio de Tecoltémic basado en el Convenio 169 que protege las formas de vida, instituciones y economías de pueblos originarios, estipulando su derecho a la consulta anticipada y de buena fe, previa a cualquier proyecto de desarrollo (OIT, 2016). El convenio ha sido ratificado por 22 naciones, la mayoría (15) de América Latina y el Caribe, figurando México como uno de los primeros firmantes (Casado, 2020). En 2015, la comunidad de Tecoltémic interpuso su primer recurso legal buscando justamente el respeto a su territorio como pueblo indígena. La iniciativa llegó hasta la SCJN, que en 2022 ordenó cancelar las concesiones, sentencia que fue cumplida hasta 2023.
Cuadro 2 Cronología del conflicto (2001-2022)
| Año | Evento |
|---|---|
| 2001 | Inician actividades de prospección del Proyecto Ixtaca. |
| 2003 | La minera logra la concesión del predio Cerro Grande I (11,201.55 hectáreas). |
| 2009 | La minera logra la concesión del predio Cerro Grande II (3,028 hectáreas). |
| 2011 | La minera aumenta su presencia en el municipio mediante inversión en infraestructura y desarrollo social. |
| 2013 | Se crea la Unión de Comunidades y Ejidos en Defensa de la Tierra, del Agua y de la Vida Acolhua. Se inician labores informativas. |
| 2014 | SEMARNAT aprueba el informe preventivo de Almaden para iniciar exploración. Primera movilización (1,500 personas). La resistencia se fortalece con el apoyo de PODER, IMDEC, CESDER, FUNDAR y Consejo Tiyat Tlali. |
| 2015 | Tecoltémic interpone su primer recurso legal (Amparo 445/2015) buscando la suspensión de las exploraciones y el respeto a su territorio como pueblo indígena. |
| 2017 | Se amplían las exploraciones. Pobladores bloquean accesos para detener su avance. Algunos protestan en el parlamento canadiense y ante las oficinas de Almaden Minerals en Vancouver, logrando impactar los medios de comunicación de ese país. |
| 2018 | La minera presenta su primera Manifestación de Impacto Ambiental (MIA). |
| 2019 | La minera presenta una segunda MIA que niega la existencia de población indígena en el municipio. El Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa, de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, resuelve el amparo 445/2015 a favor de Tecoltémic, reconociendo su derecho a la consulta. |
| 2021 | Tecoltémic busca mediante el Amparo 134/2021 en la SCJN, la cancelación de dos concesiones que afectan su territorio. |
| 2022 | La SCJN resuelve a favor de Tecoltémic; ordena la cancelación de las concesiones Cerro Grande I y Cerro Grande II. La empresa intenta negociar con la SE para conservar parte del área concesionada que supuestamente no afectaba a Tecoltémic. |
| 2023 | La SE cumple con el mandato de la SCJN. El Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa, de Trabajo y de Juicios Federales del Estado de Puebla declara cumplida la sentencia de la SCJN. Tecoltémic celebra el triunfo y exige la salida de la empresa. |
Fuentes: Bastidas-Orrego et al. (2019); Manriquez-Bucio et al. (2019); SE (2019); Beaucage y Marreros (2020); Castro (2021); SCJN (2022); Tritlla et al. (2001); FUNDAR (2023); Hernández (2023).
4. Responsabilidad social corporativa del Proyecto Ixtaca
En esta sección se describen las acciones de RSC del Proyecto Ixtaca, mostrando las coincidencias con otros contextos en lo que se refiere a la oferta de empleos, construcción de infraestructura y apoyo para la realización de eventos sociales. Se argumenta que dichas prácticas forman parte de la violencia sutil que paulatinamente desconecta a las personas del territorio (Neyra, 2018; 2020). Tarde o temprano esta violencia da origen a la movilización social para proteger al territorio y los recursos que en este se encuentran (Rodríguez, 2013).
4.1 Oferta de empleos
La oferta de empleo suele ser utilizada como herramienta de convencimiento para que las comunidades acepten actividades extractivas (Salazar y Rodríguez, 2015; Neyra, 2018). El proyecto Ixtaca no fue la excepción:
Ahorita aquí están haciendo tácticas muy gachas. Porque si no has trabajado con ellos, vienen y te buscan. Los que ya trabajaron con ellos, saben que están seguros, pero los que no, [los] están buscando. Ahorita los buscaron para brigadas de incendios. Lo que a ellos les interesa es jalar gente (E. Lozano, comunicación personal, 16 de mayo de 2022).
El 75.6% de la población de Ixtacamaxtitlán tuvo la esperanza de que el proyecto les diera empleo (Bastida-Orrego et al. 2018, 2019). Años después la expectativa no ha sido cumplida: solo 21.7% de las mujeres encuestadas en el presente estudio reportó tener a algún familiar que trabaja o ha trabajado para la minera, predominando sus esposos, sobrinos, hijos o hermanos, en ese orden de importancia.
Los contratos que las empresas mineras ofrecen a la gente de las comunidades son escasos, cortos, mal pagados, y sin ningún tipo de prestación (Azamar, 2018; Aldana, 2020). En Ixtacamaxtitlán sucedió justamente eso. “Yo trabajé un mes, no voy a decir que no, me dieron de velador... después fueron cambiando muchas cosas, y dijimos que esto no es para nosotros... nada más trabajé 30 días” (E. Lozano, comunicación personal, 16 de mayo de 2022). “Tres meses es lo que he trabajado más. De ahí trabaja uno, le pagan a uno lo que trabaja, y al mismo tiempo como si renunciara, como si lo liquidaran a uno” (E. Huerta, comunicación personal, 17 de mayo de 2022). “Ahorita tienen jóvenes… para los incendios... contrataron pura juventud, les están pagando poco... Ya recibieron capacitaciones, eso tengo entendido. Pero son contaditos, y son jóvenes” (J. Mosqueda, comunicación personal, 17 de mayo de 2022).
La minería es uno de los sectores con mayor desigualdad de género en el acceso al empleo (Hill y Newell, 2009; Stefanovic y Saavedra, 2019). Solo una de las 46 mujeres encuestadas en Zotoltepec mencionó haber trabajado para el proyecto Ixtaca, situación que coincide con la masculinización del sector identificada en estos dos estudios. En el raro caso que sean contratadas, las mujeres participan en actividades que reproducen los roles tradicionales de género (Salazar, 2017):
Para los cursos de verano las contratan. No contrataron a mujeres en el área de exploración porque es pesado, pero sí contrataron en el área del módulo… Después de que hacen la extracción, pasan las piedras a una bodega y ahí las cortan, las miden y les hacen algunas cosas, ahí contratan mujeres (M. Galicia, comunicación personal, 17 de mayo de 2022).
4.2 Infraestructura comunitaria
Es común que las empresas “apoyen” a las comunidades con obras que en realidad deberían ser ejecutadas por autoridades gubernamentales, cooptándolas y suplantándolas poco a poco (Garibay y Balzaretti, 2009; Roblero y Hernández, 2012). En Zotoltepec, la empresa ha colaborado con “el techo de la primaria, el techado de la iglesia, en el bachillerato apoyó con un salón de cómputo, en la clínica dio un tanque de oxígeno” (E. Huerta, comunicación personal, 17 de mayo de 2022). Se trata de acciones mínimas (infraestructura y equipo) fácilmente ubicables dentro del marco de reciprocidad negativa propuesto por Garibay et al. (2014). Según Bastida-Orrego et al. (2018), 85.7% y 94.7% de la población de Zotoltepec y Tuligtic, respectivamente, consideran que “la minería va a traer enfermedades” al municipio; un tanque de oxígeno resulta claramente insuficiente para atenderlas.
La mayoría (71.7%) de las mujeres encuestadas en el presente estudio indicaron que la minera ha colaborado con infraestructura comunitaria. La empresa ha logrado ganarse al gobierno local rentando el primer piso del edificio donde atienden las autoridades comunitarias y mezclándose con ellas. En el inmueble existe un auditorio que debería ser utilizado para congregar a toda la población. Lamentablemente, desde que está la minera, éste debe ser rentado, ya no prestado, si la ocasión lo justifica. En los muchos años de trabajo de campo realizado por el autor y la autora del presente documento (al menos tres décadas), Zotoltepec es el primer sitio donde se nos pide dinero a cambio de reunir a la gente y exponer los motivos que nos llevaron a su comunidad. El taller tuvo que ser realizado en una cancha de básquetbol, contribuyendo aún más a su fracaso.
Las autoridades hacen caso omiso de la falsa reciprocidad que existe entre la comunidad y la empresa, aun sabiendo que los motivos de esta última no son genuinos, y que los montos invertidos son insignificantes:
En las fiestas patronales, a las autoridades los han apoyado, pero con muy poco efectivo, máximo cien mil pesos. Para ellos no es nada, ni un cuarto de la cooperación que se da aquí… Pero eso sí, en las premiaciones ellos se sacan fotos con la gente. Gente que ni los conoce. Ellos están en las premiaciones, pero nada de eso es cierto. A lo mejor [para] que digan que aquí en Santa María, todos están de acuerdo con ellos (E. Lozano, comunicación personal, 17 de mayo de 2022).
La necesidad de extraer y concentrar agua para procesar el mineral ha orillado a la empresa a ofrecer la construcción de presas de agua pluvial. La oferta ha sido motivo de polémica. Algunas personas afirman que la minera les va a resolver el problema de escasez3 que ya existe en el municipio: “en los módulos siempre nos han explicado sobre el recurso del agua… siempre nos han dicho que van a construir las represas con agua de lluvia y que… nos van a dar… agua potable” (E. Hernández, comunicación personal, 18 de mayo de 2022). Otras no están tan seguras de que suceda: “esos señores dicen que ellos no nos van a quitar el agua, porque van a hacer una presa para atrapar el agua llovediza para no quitarnos el agua de manantiales, cosa que sabemos que no es cierto” (Entrevista grupal, julio 2020). Diversos estudios han demostrado que el principal problema en zonas de sacrificio minero es justamente el despojo del agua por parte de las empresas, situación que a mediano y largo plazo dificulta la viabilidad vital territorio como espacio de vida (Aldana, 2020; Santacruz et al., 2022).
4.3 Eventos comunitarios y viajes a destinos mineros
Otro tipo de apoyos que la RSC postula como de “beneficio comunitario” son contribuciones a eventos sociales y viajes a destinos mineros. Los primeros (cursos de verano, celebraciones del día de la madre y del día del niño/a) están dirigidos principalmente a madres de familia, reproduciendo una vez más los roles de género que contribuyen a la subordinación de las mujeres (Salazar, 2017):
Y ahora del 10 de mayo, ahí estuvieron haciendo convivio, dando regalos a las señoras… Dijeron por ahí que dieron unas licuadoras, pero querían la copia de la credencial… Siempre han dado regalos y nunca habían pedido credencial. Nunca, nunca nos han pedido papeles. Y ahora el 10 de mayo estuvieron dando macetas también (A. Gómez, comunicación personal, 17 de mayo de 2022).
Los viajes son organizados periódicamente para visitar sitios mineros y mostrar la benignidad de la minería, cuando en realidad constituyen una estrategia para comprar a la gente: “[fuimos] a una mina subterránea. La verdad pues sí, yo quedé encantada. Y luego te hospedan en hotel de lujo, te atienden bien, te llevan a un buen restaurante y puedes pedir lo que quieras” (M. Bustamante, comunicación personal, 17 de mayo de 2022). En estos viajes, y también en la comunidad, se imparten pláticas sobre los beneficios de la minería:
De acá hay varios que han ido, un chingo de gente que han ido. A ver cómo están operando esas minas. [Acá] nos han puesto reportes, videos, cómo están trabajando… se ve que… está la mina cerca y el pueblito cerca y no pasa nada ahí... Eso lo han comentado ellos en las juntas, porque han hecho un chingo de asambleas (E. Huerta, comunicación personal, 17 de mayo de 2022).
4.4 Impactos de la RSC del Proyecto Ixtaca en las comunidades de estudio
La expansión de la minería en los territorios rurales e indígenas de América Latina ha contribuido a la destrucción de la cultural local (Munarriz, 2008; Cortés et al., 2019; Vázquez y Peña, 2022). En este ámbito Ixtacamaxtitlán tampoco ha sido la excepción. Las comunidades se encuentran confrontadas en torno al tema de la herencia indígena, principal bandera de Tecoltémic para lograr la suspensión de las concesiones. Según algunas personas, este argumento es “una trampa” porque en el municipio no hay hombres “con pantalón de manta, como andan los que hablan otro idioma” (E. Huerta, comunicación personal, 17 de mayo de 2022), ni tampoco mujeres que porten una “falda de naca” (C. Martínez, comunicación personal, 17 de mayo de 2022). Una de las consecuencias de estas disputas es justamente el debilitamiento de las formas que tradicionalmente se utilizaban para resolver problemas internos:
Otra cosa que yo veo grave es que anteriormente la gente tenía una necesidad, digamos una carretera dañada, que hay que pintar el palacio, que hay que cambiarle la teja a la iglesia, se convocaba a una reunión, se hablaba, se decía cuánto se iba a cooperar, se quedaba un acuerdo… ya sea por paga o por faena, o tal cosa. Ahora todo quieren que la mina haga (M. Bustamante, comunicación personal, 17 de mayo de 2022).
Incluso las personas a favor de la empresa lamentan estas divisiones, argumentando que es mejor mantenerse unidos y sacar ventaja de la llegada de la mina al territorio:
Si nosotros fuéramos unidos, podemos pedir más apoyo, porque ellos van a sacar lo que van a sacar y se lo van a llevar y nosotros vamos a estar cruzados de manos ¿Qué dejan al pueblo? Nada, pero es por lo mismo, porque hay división... Yo veo mal eso… Yo estoy de acuerdo con la mina, pero… yo debo tener respeto hacia las personas, o sea, no dividirse. Los de la empresa van a estar el tiempo que quieran, y nosotros, como comunidad, debemos estar unidos, no separados. Es un pleito ya muy feo (J. M. Lara, comunicación personal, 17 de mayo de 2022).
La mayoría de las mujeres encuestadas (80.4%) consideran que la presencia de la minera es un factor de conflicto en la comunidad, siendo los principales problemas: división familiar (89.2%), incremento de violencia (35.1%) y presencia de gente extraña (35.1%). Esto genera sentimientos de tristeza en 67.6% de ellas, tema rara vez considerado en el análisis (Navarro, 2021).
En resumen, las acciones que conforman la RSC del Proyecto Ixtaca son parecidas a las utilizadas en otros contextos. La oferta de empleos, la infraestructura comunitaria y los apoyos para eventos sociales constituyen estrategias de convencimiento más que verdaderos compromisos con el desarrollo del municipio, esto sin mencionar las divisiones que se generan porque dichos recursos no son distribuidos de manera equitativa. En la siguiente sección se analizan las estrategias utilizadas por las comunidades para contrarrestar estas iniciativas.
5. Estrategias comunitarias de defensa
5.1Tuligtic y la defensa del agua
Tuligtic es una comunidad de 193 habitantes (50.3% mujeres y 49.7% hombres) dedicada a la agricultura (INEGI, 2021b). Su nombre alude a la presencia de tules (Schoenoplectus sp.), una planta que prospera en presencia de agua. Desde 1977 existe un grupo de regantes que obtuvo la concesión para irrigar 60 hectáreas con los manantiales Atequiza y Amelteno (DOF, 1977). Un poco más abajo se ubica Zacatepec, pueblo que en 1978 obtuvo la concesión del manantial Hueyicalco para 20 regantes (DOF, 1978). En los campos de ambas localidades se cultiva haba, alfalfa, avena y frutales:
La mayoría [de las parcelas] tienen sistema de riego por aspersión… En tiempos de frío es el único pueblo que está verde. Se siembra forraje, se siembra ajo, haba, avena, lo que no se hiela. Todo para consumo propio. Algunos tienen su ganado, pero muy pocos… aquí todo el tiempo la gente está trabajando la tierra (A. Mosqueda, comunicación personal, julio 2020).
La empresa se acercó a Tuligtic desde la fase de prospección para tomar acuerdos relacionados con la compra de agua. “Lo que estos señores andaban buscando eran manantiales… de dónde sacar el agua” (Entrevista grupal, julio 2020). Según el testimonio de un migrante de retorno, fue necesario informarse sobre los beneficios y afectaciones de la minería para convencer a más personas y decidir en colectivo la cancelación de un acuerdo de venta de agua que había sido tomado cuando él se encontraba en Estados Unidos y del cual no se había recibido ningún pago. En asamblea se acordó adoptar el principio de “cero negociaciones y cero comunicaciones con la empresa”, es decir, romper todo trato (individual y colectivo) con sus representantes:
La alternativa utilizada por la empresa fue acudir con la comunidad vecina de Zacatepec para comprar agua a cambio de la construcción de una presa de 5,000m3 que ya se encuentra en funcionamiento: “después de que aquí ya no se les dio agua, acudieron con ese pueblo, con Zacatepec y, hasta donde sabemos, ellos les han estado dando agua. Todas las barrenaciones que han hecho, el agua que utilizaron es de Zacatepec” (A. Mosqueda, julio 2020).
Aparentemente el agua de Zacatepec no ha sido suficiente, dado que existen registros de pozos perforados en otras partes del municipio: “hicieron pozos y anduvieron buscando… un área donde hacer más pozos” (F. Zambrano, comunicación personal, 16 de mayo de 2022). Los tratos han sido individuales en lugar de colectivos, estrategia común entre compañías extractivas que intentan debilitar la resistencia comunitaria (Lucio, 2016). Algunos terrenos fueron invadidos, otra táctica frecuentemente utilizada en contextos similares (Roblero y Hernández, 2012). “[El señor] no vive aquí, entonces, cuando él se dio cuenta pues no hizo nada... Supimos que pasaron a medir, porque se metieron al terreno, porque ponían sus listoncitos” (Entrevista grupal, julio 2020).
Bastidas-Orrego et al. (2018) identificaron dos afectaciones con relación al agua en el municipio de Ixtacamaxtitlán: la destrucción de un manantial y la muerte de animales por consumo de agua contaminada. Según los autores, el problema se debe a que Almaden Minerals hizo un mayor número de barrenaciones a las autorizadas por SEMARNAT, y a una profundidad mayor en relación con la ubicación de mantos acuíferos. Beaucage y Marreros (2020) afirman que las 500 barrenaciones realizadas por la empresa (en contraste con las 163 autorizadas) contaminaron el agua con sustancias que se utilizan para procesar el material pétreo:
Mi hermano… tenía una venita de agua, un manantialito donde regaba sus ajos y con eso subsistía… Fueron a meter un barreno y rompieron la venita… Y no nada más él, había otro señor que también de todos los escurrideritos hizo solo uno para regar sus tierras y también le quitaron su agua… Allá en la bodega donde hacen el análisis utilizan agua, y esa agua la echan a la barranca. Uno de mis compadres tiene ganado y cruza la barranca para ir al otro terreno. Un día le ganó su ganado, fue a tomar agua y se le murieron 14 cabras (F. Zambrano, comunicación personal, julio 2020).
Una de las principales preocupaciones en torno al proyecto minero fue el despojo y la contaminación del agua. La mayoría de la población de Zotoltepec y Tuligtic (79.3% y 94.7%, respectivamente) consideran que la actividad minera podría afectar el agua que consumen (Bastidas-Orrego et al., 2018). Cuando formulamos la misma interrogante en términos de los daños ya ocurridos, los porcentajes fueron menores. Solo 26% de las mujeres señalaron que la minera había afectado su disponibilidad de agua, y 13% dijeron que la había contaminado. Igual que en el trabajo de Bastdas-Orrego et al. (2019), los porcentajes se incrementan cuando se pregunta de manera hipotética por escenarios a futuro: 69.6% de las mujeres expresó preocupación por la posible destrucción del paisaje, 76.1% por la contaminación de cuerpos de agua, 67.4% por el despojo de esta, y 71.7% por afectaciones a la fauna silvestre y cambios culturales en la comunidad.
En resumen, la gente de Tuligtic logró revertir el acuerdo gracias a la inquietud de un migrante de retorno cuyos campos agrícolas están en plena prosperidad. La defensa del agua se convirtió en uno de los principales ejes articuladores de lucha; cuando la asamblea de Tuligtic se negó a entrar en transacciones económicas con la empresa, el sujeto colectivo resultó fortalecido. Como sucede en otros contextos mineros, la fuerte tradición campesina logró conformar una sola voz para enfrentar al extractivismo y proteger así la vocación agrícola del territorio (Argento, 2020).
5.2 Tecoltémic y la reivindicación de la herencia indígena
Tecoltémic tiene una población de 142 habitantes (48% mujeres y 52% hombres) que trabajan los terrenos de un ejido de 328.9 hectáreas de superficie repartidas entre 56 ejidatario/as (INEGI, 2021b; RAN, 2023). De acuerdo con la clasificación del gobierno federal, Tecoltémic es un poblado indígena y Tuligtic no lo es, quizás porque el primero es un ejido y el segundo es un colectivo de pequeños propietarios cuya forma de tenencia no es reconocida como social por la legislación agraria. Esto ha facilitado la toma de decisiones a través del comisariado ejidal de Tecoltémic, comunidad que de hecho se ha convertido en la representante de todo el movimiento:
Nosotros [Tuligtic], tristemente ya no estamos como un pueblo indígena. Pero en el mapita que usted me muestra está Tecoltémic y está Ocotla… Ahí sí son indígenas. Entonces se tomó el acuerdo de que esa comunidad... represente al movimiento, porque el gobierno siempre pone más interés en los pueblos nativos (A. Mosqueda, comunicación personal, julio 2020).
La caracterización como indígena impulsó a la asamblea de Tecoltémic a llevar su lucha a tribunales:
Platicamos con el CESDER y ellos ya conocían [el caso de] Guerrero… Nos dijeron, no se crean que trae beneficios, los que quieran ir a conocer, vayan, y van a ver los riesgos… Ya fuimos a ver la minería… Llegamos aquí y les dimos a conocer… se siguió viendo cómo pedir apoyo… El CESDER comenzó a enlazarse con las abogadas y a tramitar el amparo. Toda la gente comenzó a moverse para que se hiciera el amparo (Entrevista grupal, 19 de mayo de 2022).
Parte importante del proceso fue incrementar el apoyo a través de actividades de difusión.
Empezó por rumores de que la mina se haría ahí, de que la gente a lo mejor se viene a estar metiendo. Entonces empezamos a hacerlo más público, que se necesitaba apoyo para poder retirarlos, y así empezamos, hasta que por fin se metió el amparo (Entrevista grupal, 19 de mayo de 2022).
Como ya se dijo arriba (Cuadro 2), la demanda de Amparo 445/2015 solicitaba revisar “diversas disposiciones de la Ley Minera relacionadas con el otorgamiento de concesiones mineras y su impacto n los derechos de los pueblos indígenas al territorio; a la consulta previa, libre, informada, de buena fe, culturalmente adecuada y mediante los procedimientos apropiados; y al principio de pluriculturalidad” (PRODH, 2021, p. 1). En 2019 se logró la suspensión temporal de toda actividad minera en las áreas concesionadas, pero la empresa hizo caso omiso y los trabajos de exploración continuaron. El siguiente paso fue buscar la nulidad de las concesiones. Como sucede en muchos casos (CCRS y PODER, 2020; Martínez et al., 2019), la lucha pasó por diversas instancias hasta que en febrero de 2022 la SCJN reconoció el derecho a la consulta del pueblo de Tecoltémic y ordenó a la SE dejar insubsistentes los títulos de concesión aplicables a Cerro Grande I y Cerro Grande II (SCJN, 2022), mandato que fue cumplido en febrero de 2023 (FUNDAR, 2023; Hernández, 2023).
A diferencia de Zotoltepec, donde algunas personas ponen en duda el legado indígena del municipio (ver sección anterior), en Tecoltémic la resolución contribuyó a fortalecerlo, reafirmando lo documentado por Stephen (2005) para Oaxaca: la identidad es flexible, se redefine y vigoriza ante alguna situación de conflicto o la influencia de entidades externas. “Nosotros nos consideramos indígenas. [Y] pues hasta ahorita con esto, [finalmente] han comprendido que somos de sangre indígena” (E. Marroquín, comunicación personal, 19 de mayo de 2022). Argento (2020) reporta una situación similar en la lucha anti-minera de Salinas Grandes y Laguna Guayatayoc, Argentina, sitio donde la identidad indígena trascendió el lenguaje y la vestimenta (dos elementos tradicionalmente asociados a la cultura de pueblos originarios) para resignificar un proyecto colectivo y un futuro compartido en el territorio.
Al igual que en Argentina, en Ixtacamaxtitlán se llegó a argumentar que solo 10% de la población conserva el idioma náhuatl; la gente que se opone a la mina respondía de esta manera:
Para empezar, ellos no son de aquí, no conocen las raíces de estos pueblos para decir que no somos pueblos originarios, indígenas… [Si] supieran un poquito de la historia… Para mí es una falta de respeto muy grande hacia nosotros, porque sabemos de dónde venimos (Entrevista grupal, 19 de mayo de 2022).
El discurso de defensa hace referencias a presentes, pasadas y futuras generaciones, mostrando así la construcción histórica del territorio a lo largo de los siglos: “nuestro sueño… es derrotar a la empresa minera, que se vaya de aquí para estar tranquilos, trabajar felices, vivir como hemos venido viviendo… Nuestros padres, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos… A nosotros nos toca defender aquella lucha que tuvieron ellos también” (Entrevista grupal, 19 de mayo de 2022).
Como en Tuligtic, la resistencia en Tecoltémic también tiene un rostro agrícola y de defensa de los recursos naturales. En sus terrenos puede verse maíz, frijol, frutales, y agaves de distinta variedad. Cerca de 160 hectáreas del ejido constituyen una reserva forestal de uso común que funciona como zona de recarga de manantiales (Suárez, 2022). El programa Sembrando Vida4 ha servido para mantener viva a la agricultura ante la histórica necesidad de migrar por temporadas para lograr el sustento:
Yo me fui a trabajar a Veracruz como en el [año] 60, trabajaba unos 30 días y venía a ver a mis papás, trabajé de jornalero. Ya después me fui a trabajar a una empresa de pavimento en Gutiérrez Zamora, como tres años. Me fui después de carpintero y herrero. Pero iba yo y venía. [Siembro] maíz, frijol y haba de temporal... Ahorita a una de mis muchachas le dieron [el programa] Sembrando Vida (E. Marroquín, Comunicación personal, 19 de mayo de 2022).
[Sembrando Vida] es una forma de trabajar sanamente, nosotros aquí hemos estado luchando contra los proyectos de muerte, nosotros trabajamos el campo, la naturaleza la tratamos de cuidar sembrando árboles, sembrando nuestros propios alimentos, por eso estamos en contra de las minas, porque trabajamos en grupo para sostener a nuestra familia (Entrevista grupal, 19 de mayo de 2022).
En resumen, el carácter de indígena de Tecoltémic, reconocido como tal por el Estado, lo convirtió en el representante del movimiento socioterritorial que logró la cancelación de las concesiones (Ule y Rosset, 2022). Esto ha contribuido a fortalecer la identidad indígena y la vocación agrícola de sus habitantes.
5.3 La recampesinización de Zotoltepec
Zotoltepec es un poblado de 478 habitantes (53% mujeres y 47% hombres), además de un ejido de 219.3 hectáreas repartidas entre 46 ejidatario/as (INEGI, 2021b; RAN, 2023). En sus terrenos predominan cultivos de maíz y frijol de temporal; algunas familias han experimentado con sistemas de riego por goteo o aspersión para ajo, fresa, hortalizas y frutales. Hay quienes consideran que la presencia de la mina en la región es una amenaza para esta actividad:
Lo que aquí nos preocupa, es que nosotros vivimos del campo. Esperemos que no se haga [la mina], pero si se llega a hacer, ¿de qué vamos a vivir los que estamos viejos, los que no tenemos nada? Nosotros en la tierrita tenemos esperanza. A lo mejor, uno ya no las puede trabajar por la edad, pero ya abriendo [las minas] se va a esterilizar todo. Aquí se va a poner feo, aquí no se va a dar nada (M. Lozano, Comunicación personal, 17 de mayo de 2022).
Él está muy en contra porque tiene unas fresas allá y es ejido, ¿se imagina al rato? Se va todo, lo que han hecho se va a ir a la basura. Es como ahorita, lo que estamos comentando de Sembrando Vida, si se llega a hacer [la mina], todo eso se derrumba (M. E. Lara, Comunicación personal, 17 de mayo de 2022).
Al igual que en Tecoltémic, en Zotoltepec el programa Sembrando Vida ha favorecido la diversificación de alimentos, ampliando el interés de la población en cultivos de valor comercial tales como frutales y maderables (manzana, durazno) asociados a cultivos básicos (maíz, frijol). Con ello se ha logrado un mayor aprovechamiento de las tierras y la obtención de ingresos en distintas épocas del año.
El programa también ha representado oportunidades de ingresos para sectores tradicionalmente desfavorecidos, por ejemplo, las mujeres. Así lo dijo una de ellas: “ahorita gano más en el campo… A lo mejor es trabajo más pesado, pero gano. Ahí es libre, me pagan MXN$200.00 al día” (M. E. Lara, Comunicación personal, 17 de mayo de 2022). Este dato es importante porque 61% de las encuestadas dijo dedicarse a la agricultura; existe mucho potencial para beneficiarlas con un programa que todavía no las favorece.5
Otro sector favorecido por Sembrando Vida son los jóvenes que están listos para asumir el relevo generacional en el trabajo agrícola:
Mi papá ya está grande y lo que me dejó, yo lo agradezco. Me dejó una herencia para que yo siga trabajando, y yo le quiero dejar igual a mis hijos, dejar una herencia para que ellos sigan trabajando y no se vayan a otro lado. Y ahorita, la verdad, estamos sembrando arbolitos frutales. El otro es intercalado con maderables agroindustriales y forestales... estamos sembrando maguey para el pulque, sembrando nopal, capulín y ocote (E. Lozano, Comunicación personal, 17 de mayo de 2022).
Sin embargo, al igual que en Tuligtic y Tecoltémic, en Zotoltepec no todo está ganado. La principal amenaza es la insistencia de parte de algunos ejidatarios/as de adoptar la figura de dominio pleno para vender sus terrenos. De adoptarlo, el ejido perdería su carácter colectivo, y la empresa estaría en posibilidades de hacer tratos individuales en lugar de dirigirse a las autoridades ejidales. La parte que se niega a vender se ha organizado para conformar al comisariado ejidal con personas ajenas a la mina, aguantando la presión de cerca de la mitad de los integrantes del ejido que quiere el dominio pleno; algunos de estos ya tienen contratos de compraventa con la empresa minera.
Ya llevamos año y medio, seguimos ganando, pero ellos siguen chingando; apenas después del citatorio, que nos mandan la invitación para ir a esa reunión, la querían para eso, para meter el dominio pleno. Pues ojalá ahorita no nos ganen la próxima elección de cambio de comisariado, porque si nos ganan ellos, ahí nos acabamos. Los señores que tienen el ejido de acá, ellos ya vendieron, tienen contrato de compraventa y por eso se empezó a trabajar para el dominio pleno (J. S. Márquez, Comunicación personal, 16 de mayo de 2022).
En resumen, Sembrando Vida ha contribuido a la recampesinización de las familias de Zotoltepec que se oponen a la mina, constituyéndose como alternativa de empleo para las personas que no trabajan para la empresa. Sin embargo, algunos ejidatarios/as están presionando para adoptar el dominio pleno y hacer efectivos sus contratos de compraventa de tierras, situación que hace aún más el fuerte conflicto entre los y las habitantes de esta comunidad.
Conclusiones
El presente artículo tuvo un objetivo doble: por un lado, describir las principales acciones de RSC del Proyecto Ixtaca en el municipio de Ixtacamatitlán; por el otro, analizar las estrategias de defensa desarrolladas por las comunidades para detener su avance. Los conceptos que sustentaron el análisis de la información obtenida en el terreno son los siguientes: conflictos socioambientales; reciprocidad negativa; violencia sutil del extractivismo; zonas de sacrificio minero; defensa del territorio; movimiento socioterritorial. En esta última sección se resumen los principales hallazgos del análisis y se reflexiona sobre sus implicaciones.
Siguiendo a los autores que han analizado la política de RSC en contextos mineros, el artículo documenta las acciones y consecuencias de la RSC en Ixtacamaxtitlán, destacando la oferta de empleo, la construcción de obra comunitaria, y el apoyo a eventos sociales. Los resultados coinciden con otros estudios en señalar que el verdadero objetivo de estas acciones es apropiarse del territorio a cambio de la menor retribución posible. La violencia sutil implícita en la dinámica de RSC conduce a la desconexión gradual del territorio y a la conformación de zonas de sacrificio donde predominan los sentimientos de desolación y abandono. A esto hay que añadir la división que las acciones de RSC generan al interior de comunidades y municipios. En el caso de Ixtacamaxtitlán, la mayor parte de las acciones han sido destinadas a Zotoltepec, y es justamente en este lugar donde existen mayores niveles de confrontación entre vecinos.
Un aporte sustancial del artículo fue conceptualizar al conflicto socioambiental como algo que sucede no solo entre la empresa y las comunidades, sino también al interior de estas. Todos los elementos que componen la vida social de Ixtacamaxtitlán están en disputa a causa de la presencia de la mina: la capacidad de la empresa para crear (o no) fuentes de empleo; su contribución al desarrollo comunitario a través de acciones favorables a la educación, la salud y el acceso al agua, o más bien, el despojo de esta; la herencia indígena del municipio. Cada actor social se define no por su rol comunitario, sino por su relación con la empresa, al grado de que en Zotoltepec se dice que las faldas que portan las mujeres indígenas son de “nacas”. No es ocioso preguntarse si la gente utilizaría este término si el proyecto minero nunca hubiera llegado al municipio.
Otro eje de división importante es la desigualdad de género. Las estrategias de RSC reproducen dicha desigualdad al crear empleos acordes con estereotipos, o al concentrar las ofertas en hombres que además tienen que ser ideológicamente leales a la empresa. Las iniciativas de desarrollo social abonan a la naturalización del papel de madres y esposas de las mujeres, desempoderándolas tanto a nivel familiar como comunitario. El programa Sembrando Vida, que ha servido de contrapeso por su capacidad de apoyar la agricultura campesina y generar empleos, también ha fallado en este sentido porque el porcentaje de beneficiarias no es equivalente al número de mujeres que dijeron dedicarse a la agricultura. Tanto la empresa, como las instancias de gobierno, están en deuda histórica con las mujeres de este municipio.
El movimiento de defensa ha sido efectivo al obtener dos importantes logros: la cancelación de las concesiones y la recampesinización de algunas familias. Esto último ha sido posible gracias a dos cosas: la vocación agrícola del municipio registrada desde tiempos prehispánicos; la política del gobierno actual, totalmente coyuntural, que por suerte ha optado por apoyar la producción de alimentos. Lamentablemente, esta política puede revertirse con un cambio de gobierno, y sus resultados a largo plazo todavía deben ser analizados, no solo en términos de avances en la recampesinización, sino también, y más importante, en la capacidad del país para alimentarse, es decir, en el fortalecimiento de su soberanía alimentaria.
Algunas comunidades han sido más efectivas que otras en las iniciativas de defensa del territorio. Zotoltepec es la más confrontada internamente por tener en su edificio principal al personal de la mina instalado de forma permanente. Sin embargo, algunas de sus instancias comunitarias, por ejemplo, la asamblea y el comisariado ejidal, han podido resistir el embate del extractivismo al poner en los principales cargos de dirección a personas ajenas a la mina que quieren evitar que el ejido desaparezca y su territorio se privatice.
Tuligtic y Tecoltémic tienen las cosas un poco más fáciles porque el personal de la mina llega con menos frecuencia a las partes altas del municipio. Ambas localidades tienen zonas forestales y de recarga de acuíferos que quieren conservar. Una diferencia importante entre ambas es que el Estado considera a Tecoltémic indígena, no así a Tuligtic, a pesar del vocablo que le da su nombre. Esta diferencia, constituida por instancias ajenas a las localidades, ha convertido a Tecoltémic en la comunidad líder del movimiento. La resolución de la SCJN ha contribuido a fortalecer la identidad, procedimientos y prácticas culturales de esta localidad, dejando fuera a otras que también tienen un fuerte arraigo campesino.
A pesar de las diferencias impuestas por instancias del Estado, que divide a la población indígena del mismo territorio a partir de etiquetas que solo ellas pueden otorgar o retirar, conviene destacar que tanto en Tecoltémic como en Tuligtic se ha logrado construir una defensa colectiva de los recursos naturales desde el principal órgano de toma de decisiones en comunidades campesinas de México, que es la asamblea. Independientemente de las etiquetas gubernamentales, en ambas localidades se adoptó la fórmula de “cero negociaciones y cero comunicaciones con la empresa” para evitar los tratos individuales que fracturan el tejido social de las comunidades.
El análisis detallado de cada caso ayudó a mostrar las distintas estrategias de defensa de cada lugar, construidas precisamente a partir de esas diferencias. En Tuligtic un acuerdo comunitario impidió la venta de agua; en Tecoltémic las etiquetas gubernamentales favorecieron la defensa del legado indígena de todo el municipio en la SCJN; en Zotoltepec es la vitalidad y actualidad del ejido la que sigue impidiendo la privatización y venta de tierras de propiedad social. En los tres casos destaca el poder colectivo de la asamblea, ya sea comunitaria o ejidal, para impedir la expansión del proyecto minero. Los resultados coindicen con lo encontrado en otros estudios que señalan el poder del colectivo para proteger la herencia de cada lugar a través de una sola voz.
El final de la historia aún está por escribirse. A pesar de los logros obtenidos, algunas personas siguen temiendo el despojo del agua y la tierra. Es a nivel comunitario donde todos los días se expresan las contradicciones de la política gubernamental, que por un lado permite el despojo y por el otro fomenta la producción de alimentos. Algunos actores salen más victoriosos que otros de estas querellas. En el caso de Ixtacamaxtitlán, nos atrevemos a decir que el liderazgo de una comunidad indígena es fortuito, dada la historia de discriminación que existe en México para con este sector de la población. La recampesinización también es coyuntural, y sus resultados a largo plazo están por verse. Por último, destacan las mujeres como uno de los sectores más invisibilizados a nivel comunitario, tanto en las acciones de responsabilidad social corporativa, como en las acciones de defensa.
