Vivimos tiempos de incertidumbre y transformación. Hace tres años, ningún académico podría haber tenido una imagen clara de las complejas implicaciones que una pandemia global trazaría sobre la sociedad internacional. Sabemos que hubo avisos previos de su posible llegada y la realidad demostró múltiples aristas y dimensiones que estuvieron más allá de cualquier especulación. Vivimos una coyuntura de cambios inesperados que las ciencias sociales deben de afrontar tanto con claridad metodológica como con una visión de totalidad.

En este contexto, el futuro de las nuevas expresiones de la participación política se abre como una de las incertidumbres más notorias para la Ciencia Política contemporánea. El agotamiento y la transformación de las configuraciones e instituciones “tradicionales” a las que los sujetos o los colectivos se acogen para hacer presencia dentro del escenario público se encuentra en el centro de nuestras preocupaciones. Desde las propuestas analíticas de ^{Barnes y Kaase (1979)} hace ya más de veinte años, hemos apreciado cómo diferentes mecanismos de agregación, de intermediación y de representación de intereses han demostrado una enorme capacidad de mutación y adaptabilidad, lo cual ha permitido tanto la permanencia de viejos actores e instituciones, inscritos al Estado, como la emergencia de nuevas manifestaciones (^{Oñate, 2005}). Muchas de estas últimas despliegan su dinamismo en la tecnología y en la comunicación en red, lo que nos permite acercarnos a un panorama mucho más complejo de la participación política en el siglo XXI.

Ello requiere que nuestra atención se dirija al complejo entramado del espacio público y a tendencias no pocas veces contradictorias.

Veamos.

La creciente fuerza expansiva de la democracia radica tanto en su propuesta para legitimar el ejercicio de la autoridad política como en la aspiración de construcción ciudadana, ya que, por un parte, sostiene como núcleo fundamental que el criterio no sólo para distribuir sino también para ejercer el poder político en las comunidades políticas contemporáneas pasa por la elección periódica y libre de sus ciudadanos y, por la otra, se perfila en la aspiración y la demanda de participación ciudadana como ámbito igualmente esencial de construcción de la esfera pública. Por ello, la noción de ciudadanía constituye el núcleo prometedor, aunque al mismo tiempo problemático, de la renovación del discurso democrático. La oportunidad y la capacidad de participación en la definición de la vida pública de la comunidad a la que se pertenece están esencialmente ligadas a los derechos y a las formas de actualizarlos, en cuyo centro la cuestión de la representatividad cobra una renovada atención.

Así, la construcción democrática del espacio público refiere a su instrumentalidad para la libertad, ya que elecciones libres requieren ciertas libertades de expresión, organización y oposición, y es muy improbable que éstas no estén asociadas a otras libertades cívicas. A su vez, maximiza las oportunidades de autodeterminación de vivir bajo condiciones de ley elegidas, y fomenta la autonomía moral como la habilidad ciudadana de escoger entre opciones normativas (^{Dahl, 1993}). Pensada desde la ciudadanía, se suman sucesivas dimensiones que incorporan la cuestión de la representatividad, la rendición de cuentas, los nexos de responsabilidad gobernantes-gobernados, las condiciones para la formulación de demandas y las respuestas a las demandas ciudadanas, entre otras.

La democracia cobró fuerza y ha tendido a afirmarse a escala global, de modo tal que como idea-proyecto ha abierto la puerta a un marco de procesos no continuos, multidimensionales y contradictorios. Su oscilación entre nuevas oportunidades y riesgos se vuelve más pronunciada en el contexto de la globalización, porque la emergencia y reforzamiento de viejos y nuevos universos identitarios, la pluralización de actores y las interacciones más allá de delimitaciones espaciales fomentan la formación de redes que atraviesan grupos, etnias, naciones y regiones y ofrecen novedosos referentes de identificación (y, por el contrario, también se reafirman los impulsos excluyentes). Así, los procesos de globalización, al configurar al mundo como un espacio a la vez único y diferenciado, permiten construir identidades y comunidades independientemente de sentimientos, espacios y fronteras nacionales. Las posibilidades que este nuevo tipo de aproximaciones abren también nos orientan a pensar la ciudadanía a partir de la libertad para crear comunidades, para incorporarse a las existentes o bien rechazarlas.

En esta línea, las instituciones, los mecanismos y las normas de la democracia se amplían para incorporar en su seno las transformaciones de la realidad contemporánea.

La concepción de la democracia incluye, junto a los procesos electorales y las garantías de que las decisiones públicas descansan en funcionarios electos, la vigencia constitucional del poder ejecutivo, la autonomía de otras instituciones gubernamentales, el ropaje de los derechos de expresión ciudadana -que sean sujetos de igualdad política ante la ley, aunque sean desiguales sus recursos políticos y que las minorías encuentren tierra fértil y legítima de expresión-. ^{Diamond (1999)} explicitaría la protección de las libertades individuales y grupales por un poder judicial autónomo y no discriminatorio; que la ley proteja a los ciudadanos de detenciones injustificadas, terror, tortura o persecución, no sólo por parte del Estado sino también de fuerzas antiestatales o no estatales organizadas; y que para atender tanto el ejercicio de la autoridad como los derechos individuales y colectivos la democracia requiere de un Estado de Derecho. De esta manera, representación y participación exigen estructuras y procesos de mediación y organización, puentes de configuración de las necesidades en demandas, confianza en sus logros.

Sin embargo, en nuestros tiempos existe también una clara tendencia hacia el debilitamiento de la política y, con él, la erosión y desconsolidación de la democracia. En toda suerte, ambigüedades y divergencias caracterizan los procesos de democratización y consolidación de esferas públicas incluyentes (^{Harari, 2018}; ^{Levitsky y Ziblatt, 2018}; ^{James, 2016}; ^{Nussbaum, 2018}; ^{Runciman, 2018}; ^{Snyder, 2017}; ^{Mounk, 2018}). Observamos una auténtica crisis de credibilidad y de voluntad por parte de los ciudadanos para la participación en los diversos niveles del sistema político, lo cual limita su influencia, directa o indirecta, sobre la toma de decisiones.

Los partidos políticos, como vehículos tradicionales de la participación política, se encuentran insertos en ambas tendencias disociadas. Por un lado, elementos como el ausentismo, el abstencionismo y la traición política entre partidos y coaliciones son percibidos por el ciudadano como elementos constitutivos de la experiencia partidaria, encarnados en la figura del “político profesional” como fuente de desconfianza. A pesar de ello, observamos el fortalecimiento del voto partidista y el debilitamiento del voto cruzado, lo cual indica la consolidación de estas agrupaciones como estructuras de representación frente a un contexto de polarización e incertidumbre, más allá de las prácticas objetivas de sus miembros electos (^{Graham y Svolik, 2020}).

Así, el desafío y dilema de la representación a partir de dichas organizaciones entra en cuestionamiento. El debilitamiento de la política recoge hoy varios nutrientes: en parte, la inconformidad ciudadana con el desempeño de los actores gubernamentales y las instituciones públicas; la incertidumbre de una ciudadanía que no se reconoce en los actores políticos tradicionales; la pérdida de confianza y credibilidad en la eficacia de los mismos y en un minimalismo de la política, expresado en el desplazamiento de las demandas ciudadanas hacia el espacio social, mismo que se correspondería con una visión de la creciente “privatización” de la ciudadanía anclada ya no tanto en representaciones comunes normativamente universales e incluyentes sino en diferencias, particularidades y fracturas (^{Lechner, 1997}; ^{Bokser Liwerant, 2002}; 2006).

También el espectro tradicional izquierda-derecha se encuentra tanto en disputa por sus contornos como en un proceso de desvanecimiento de estos. La dicotomía entre una agenda de iniciativas a favor de políticas regulatorias que faciliten la libre competencia y otra que se centre en políticas expansivas impulsadas por el igualitarismo y la solidaridad ya no se percibe como un componente central para discernir la actuación política en dicho espectro (^{Algan, Beasley, Cohen y Foucault, 2018}). Ahí donde las bases electorales se muestran volátiles, la consolidación de una fuerza política con la capacidad para imponerse parece depender más del carisma y el manejo mediático de los candidatos que de una ideología bien definida (^{Bouillaud, 2021}). Atendemos la actual tendencia a reafirmar la centralidad del Estado como mediador político, pero éste se muestra debilitado, atenido a un quehacer pragmático anclado en un presente perpetuo más que a un compromiso definido que lleve como hoja de ruta nuevos planteamientos que el momento requiere. Esto ha sido cuestionado desde su propia sociedad civil y sus organizaciones, así como desde el exterior, por los nuevos focos de organización y poder transnacionales.

Vistos estos procesos desde América Latina, históricamente sus sociedades civiles -en lo común y en sus singularidades- han tenido la necesidad de reforzarse, entre otros factores, por las limitaciones de racionalidad, institucionalidad y gobernabilidad de los poderes políticos y un serio déficit democrático en los procesos de reflexión y deliberación colectiva y la debilidad y no conexión de las dos funciones básicas de la acción política: la representación y la participación (^{Alarcón, 1999}). Se ha planteado así la posibilidad de construir nexos reparadores de las carencias y rupturas desde el ámbito de la institucionalidad política para recuperar el carácter público de la vida y de la acción colectiva a partir de la necesidad de conjuntar el ejercicio del poder público con la construcción de consensos y la anuencia ciudadana. Ello exige sustentar la creación de dichos consensos en las decisiones de poder que deben ser tomadas dentro de instancias públicas reconocidas como los gobiernos, al tiempo que la actuación de los gobiernos debe también ir correspondida con la aceptación que credibilidad y legitimidad.

Hoy, la ampliación social de la ciudadanía y, simultáneamente, los riesgos de fragmentación o feudalización de la vida pública emergen como desafíos a la vez diferenciales y compartidos. El despliegue de nuevas aspiraciones de reestructuración de las esferas pública y privada, así como un cambio en la lógica de la acción colectiva e individual en el marco de sociedades que han asumido nuevas formas de auto-movilización y de ordenamientos político-institucionales que buscan revigorizarse, alienta la reflexión. La expansión del poder de la ciudadanía se ve alentada por procesos que, definidos en clave de los prerrequisitos de dichos ordenamientos, dan cuenta de que la democracia depende no sólo de la justicia de sus estructuras básicas sino también de las cualidades y actitudes de sus ciudadanos. Ello resulta tanto más relevante a la luz del binomio de inclusión y exclusión ciudadana en los marcos de las identidades colectivas y del pluralismo institucional, de ámbitos que rebasan las fronteras tradicionales hacia el exterior e, internamente, rebasan la visión homogénea y totalizante de la sociedad (^{Bokser Liwerant, 2015}).

Los nuevos movimientos sociales han tenido un impacto importante en la apertura de la visión tradicional de la ciudadanía, que se reconfigura en términos de contestación y de lucha por redistribución y reconocimiento, así como en la definición de nuevas identidades colectivas y actores políticos que se afirman en la diferencia y la especificidad. Sin duda, parte de la complejidad misma de estas transformaciones radica en que muchos de estos nuevos movimientos se enuncian en su negativa a posicionarse dentro del andamiaje institucional del Estado democrático, cuestionando su legitimidad. En este sentido, su transformación hacia sujetos colectivos que cuestionan y actúan fuera de los patrones establecidos, evidenciando y ampliando la brecha entre el ordenamiento político y la sociedad civil, conlleva en su seno propuestas tanto progresivas como regresivas en lo que refiere a las posibilidades y potencialidades de la convivencia social.

Una multiplicidad de factores incide en estas transformaciones. Debemos considerar la revolución en la sociabilidad que han traído consigo las redes sociales, “lugar” en donde las organizaciones políticas han encontrado tanto un terreno fértil para el cultivo de propuestas y de comunidades dispuestas a apoyarlas como también un espacio inmenso que hace de la información política un elemento más del tránsito de imágenes, ideas, música y un alud de material sensible, que compite de manera simultánea por la atención de los usuarios. Así, los partidos políticos ajustan sus mensajes a esta nueva realidad en que la campaña electoral se redefine mediante sus perfiles en dichas redes.

Los medios digitales han sido incorporados como herramientas de comunicación política por su velocidad, su versatilidad, y la pretensión de un tránsito más horizontal hacia el intercambio de información (^{D’Adamo, García y Kievsky, 2015}). Sin embargo, nos es posible percibir cómo dicha horizontalidad tiene sus límites al marginar la posibilidad de interacción con los usuarios pese a las amplias posibilidades de comunicación bidireccional, demostrando cómo las estructuras tradicionales imperan aún en la comunicación, donde ésta es en su mayor parte autorreferencial. La operación del discurso político en las redes sociales ha mantenido una tendencia a banalizar el debate y el intercambio, lo que ha resultado también en una polarización y radicalización de la ciudadanía y una deslegitimación de las vías tradicionales e institucionales para la acción política. Quizá el caso más paradigmático de las consecuencias de esta condición se muestra en los ahora llamados “Facebook papers”, en los que se evidencia cómo dicha red social permitió que personajes públicos, principalmente de extrema derecha, esparcieran desinformación e incitaran a la violencia a sus seguidores, como sucedió en el Capitolio de Washington el año pasado, en el periodo anterior y posterior al golpe de Estado de Myanmar y actualmente en India (^{El País, 2021}).

Ello nos lleva a reflexionar en torno a las nuevas subjetividades políticas que se enmarcan en el agotamiento de la tradición y la revolución tecnológica que lo acelera. La subjetividad es una producción simbólico-emocional que se construye a partir de las experiencias, canalizándolas en diferentes sentidos (^{González, 2012}). Si bien se ha hablado de los altos niveles de individualización dentro de la reproducción social en los últimos cuarenta años, así como de la estratificación real y el aumento de la desigualdad, también nos encontramos con nuevas demandas que vuelven al carácter colaborativo y solidario para la participación política. Enarboladas por las nuevas generaciones, para quienes la tecnología y las nuevas formas de colaboración digital tienen un rol central para facilitar el encuentro, generan, a su vez, nuevas expresiones de resistencia. Quizá la agenda política que sintetiza el sentir y el actuar de estas nuevas generaciones es la creciente demanda por la justicia de género.

Las nuevas subjetividades políticas parecen construir su camino en un horizonte donde la diversidad se reconoce como acto positivo, con una cultura política participativa efervescente, pero con la antes mencionada desconfianza hacia las instituciones tradicionales de participación y representación. La falta de confianza en lo construido y el deseo de cimentar caminos para una sociedad más justa dejan a estas nuevas generaciones en una encrucijada muy compleja de andar. A la luz de los estragos de un mundo incierto, con economías debilitadas y expresiones de violencia -tanto simbólica como directa- en franco aumento, los nuevos espectros de la participación política deberán desarrollarse como expresiones de creación e imaginación para dar cabal respuesta a las dificultades que les envuelven.

Los desafíos, entonces, vehiculan agotamientos y nuevas expresiones, procesos regresivos y de búsqueda de nuevas constelaciones que den cuenta de las amenazas de la sociedad del riesgo, de la privatización de las respuestas y de la necesidad de construir consensos que convoquen lo social y lo público. Por ello, en la Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales presentamos el dossier “Nuevas expresiones de la participación política: esferas institucionales y formación de nuevas subjetividades políticas”, en el cual se articulan análisis que refieren a estas transformaciones contemporáneas.

El primer artículo de dicho dossier se titula “La cultura política de los universitarios antes y después de las elecciones de 2018”. Sus autores, Agustín Morales Mena y Khemvirg Puente Martínez, presentan los resultados de la Encuesta de Cultura Política de los Universitarios, que se llevó a cabo a estudiantes del sistema escolarizado en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México tanto en 2018 como en 2019. En el entendido de que uno de los sectores en los que el desencanto por la democracia y la desconfianza ante las instituciones democráticas más profundo es el de los jóvenes, el texto explora cómo impactó en los universitarios el cambio de partido en el gobierno, así como su percepción respecto del rendimiento de la democracia a partir de las elecciones y del surgimiento de una nueva élite política. También destaca una alta capacidad de movilización, agencia y reconocimiento de las fuerzas de socialización que se traducen en participación política, en muchos casos no convencional.

Esta movilización no convencional, a pesar de que en muchas ocasiones se mantiene fuera de los límites institucionales, se puede convertir en un impulso para el desarrollo de instancias legales. Es el caso de los protocolos contra la violencia de género que se han creado en las universidades: no sólo como resultado de un fortalecimiento institucional, sino de luchas estudiantiles que demandan el cambio. Eso enfatizan Adriana Ortiz Ortega, Janette Góngora y Claudia Aguilar Barroso a través de su artículo “Dilemas constitucionales vigentes en la implementación de los protocolos para atender la violencia de género en las universidades”, en el cual buscan explorar la compatibilidad entre dichos protocolos con la convencionalidad y constitucionalidad, es decir, revisar desde esa óptica la reglamentación de las instituciones universitarias con los cuerpos jurídicos nacionales e internacionales en materia de violencia de género. A pesar de las importantes transformaciones que han tenido a nivel jurídico los protocolos, las autoras reiteran que es necesario fortalecer lo que concierne de manera particular a la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia de género, así como a la instauración de medidas de paridad y a la enseñanza sobre género a nivel licenciatura y posgrado.

Este último punto se incorpora a un debate amplio sobre la importancia de la educación cívica no sólo en el nivel superior, sino también en la educación básica. Las instituciones democráticas, como sabemos, no garantizan actores democráticos. Estos deben fomentarse a través de diversos esfuerzos, dentro de los cuales la educación proveída por el Estado es fundamental. Con el objetivo de generar un primer insumo que sirva de base para futuras investigaciones multidisciplinarias sobre los contenidos de los libros de texto, sus orígenes y significaciones y su influencia sobre los aprendizajes, Silvia Inclán Oseguera y Marco Antonio León Rojo presentan su trabajo “La importancia de la educación cívica y la democracia en los libros de texto gratuitos en México, 1959-2018”, en el que dan cuenta de la deficiente atención dada a la materia de Civismo o Educación Cívica en los programas educativos mexicanos desde la segunda mitad del siglo pasado y cómo, a pesar de sus transformaciones, enfrenta retos muy importantes para la construcción de una cultura del ciudadano.

La educación, sin embargo, no sólo se entiende en términos democráticos, sino también como un elemento sistémico que se ve inmerso en las lógicas características de su momento histórico. Manuel Canales, Víctor Orellana y Fabián Guajardo comparten su artículo “Sujeto y cotidiano en la era neoliberal: el caso de la educación chilena”, en el cual la mercantilización educativa, como un elemento clave del sistema neoliberal que se instaló en Chile durante la dictadura militar, da lugar a una configuración segregada que se concibe no sólo como estratificación de mercado sino también como adhesión de los sujetos a determinado estrato social; es decir, a partir de sus elecciones en materia de educación, los sujetos proyectan una posición de clase específica. Lo anterior conlleva la producción de determinados ethos que se caracterizan por hacer de esta estratificación el interés principal o hasta total de la selección en materia educativa.

Observamos, entonces, cómo una gran parte de la participación política se imbrica con procesos que no necesariamente requieren de una institucionalización formal, sino que pueden convertirse en fuerzas extrainstitucionales que demandan cambios sistémicos. Sin embargo, cuando hablamos de participación nos referimos a un concepto dinámico, contestable y polisémico, por lo que es necesario identificar sus sustantivos, sus definiciones, sus razones, sus objetivos y sus modalidades. Éste es el esfuerzo de Manuel Ignacio Martínez Espinoza en su artículo “La participación: sus trayectorias analíticas y una propuesta de modelo para su investigación en los estudios políticos”, en el cual realiza una exploración genérica del estado del arte y un análisis que pretende reducir la confusión terminológica e incrementar su validez analítica para los estudios especializados a través de un modelo que organiza el universo de las variables en cuatro tipos: estructurales, institucionales, contextuales e individuales.

Podemos pensar, por lo tanto, en la forma en que la participación política se transforma y reconfigura a partir de elementos contextuales como el desarrollo tecnológico y el aumento de las redes sociales. Se presentan como nuevas formas de vinculación que impactan en la relación entre los ciudadanos y su acceso al espacio público, especialmente cuando éste se da a través de organizaciones como los partidos políticos. El artículo “Comunicación política en España: representación e impacto en redes sociales de los partidos en campaña”, de Ana Beriain Bañares, Raquel Crisóstomo Gálvez e Ismael-Pascual Chiva Molina, examina cómo los ciudadanos españoles perciben los mensajes que aquellos difunden a través de las redes sociales durante las campañas electorales, destacando que la participación se observa como unidireccional (a través de la autorreferencia y la propaganda) en lugar de como un espacio de diálogo entre los votantes y las estructuras partidistas.

Esta distancia entre los partidos y la ciudadanía es también analizada por Magda Catalina Jiménez Jiménez en su texto “‘Contigo o sin ti’. Relación movimientos sociales y partidos políticos durante las elecciones nacionales colombianas de 2018”, en el cual da cuenta de los ejercicios de participación a través de la movilización sociopolítica y electoral de distintos movimientos sociales y partidos en el inicio del proceso de transición. El cambio más significativo, argumenta la autora, fue la profundización de la configuración en el marco de competencia del sistema partidista de un clivaje político paz/conflicto y a favor del acuerdo/en contra del acuerdo, que se expresó en el plebiscito y en los resultados electorales. Todo esto en un marco de alianzas de una diversidad de actores de la sociedad civil con agrupaciones políticas a lo largo del espectro que transformó el panorama electoral colombiano para el periodo transicional.

A diferencia de los cambios en el caso colombiano, en el caso de la Ciudad de México las transformaciones derivaron de una fuerte fragmentación del sistema de partidos tradicional, particularmente del declive perredista y el auge de Morena como nueva fuerza hegemónica después de las elecciones locales de 2018. El artículo “El partidismo racional en la Ciudad de México: 2012 vs. 2018”, escrito por Carlos Luis Sánchez y Sánchez, argumenta que la instrumentación de la política social ha tenido como consecuencia la construcción de un partidismo racional. Particularmente, analiza cómo las características constitutivas del Partido de la Revolución Democrática (PRD) lo son ahora, en su mayoría, del morenismo, i.e. los programas sociales y la pobreza como principal preocupación, y focaliza en su singularidad la figura de Andrés Manuel López Obrador como candidato a la presidencia de la República. El trabajo describe el realineamiento electoral y partidista en el que el fundamento de la lealtad a un partido político se basa en la motivación instrumental.

Esta fragmentación ejemplificada en el caso de la Ciudad de México también puede observarse en otras latitudes, por ejemplo, en el estado de Morelos. Al respecto escribe Karen Ramírez González en su artículo “Volatilidad y fragmentación electoral en las elecciones del poder ejecutivo y legislativo en Morelos, México”, argumentando que centrar el análisis en el ámbito espacial nacional anula las inercias locales, las cuales podrían contribuir a formar explicaciones complejas sobre las preferencias electorales de determinadas zonas del país, así como los bastiones de los partidos políticos y las coyunturas que impactan en el movimiento del voto. La autora realiza un estudio sobre las transiciones del sistema partidista en Morelos a partir de los cálculos de la volatilidad electoral, la fragmentación electoral y parlamentaria y el número efectivo de organizaciones políticas, tanto en las elecciones del poder ejecutivo como en las elecciones intermedias del congreso estatal desde 1988 hasta 2018. Concluye que el sistema de partidos morelense ha tendido hacia el multipartidismo (particularmente un pluralismo moderado creado por ellos mismos) y que existe una volatilidad electoral mayor a nivel ejecutivo, dependiendo del candidato postulante y su capacidad de movilizar al electorado a partir de los abandonos de los líderes al interior de los partidos.

Es evidente que la complejidad del estudio electoral va más allá de la coyuntura de la votación, y debe tomar en cuenta la toma de decisiones y la aprobación de acuerdos. Es importante recalcar que la deliberación de las distintas fuerzas políticas es una característica fundamental de la democracia, en que los vaivenes de la negociación conforman alianzas que deben enriquecer el debate público. Éste es el centro del análisis de José Leonel Larios Ferrer. Su artículo, “Estabilidad e inestabilidad políticas en las LXII y LXIV Legislaturas mexicanas, desde la perspectiva de la teoría de juegos” se centra en el estudio de la estabilidad política dentro de dos de las recientes legislaturas mexicanas con un enfoque de teoría de juegos. Este nuevo acercamiento es un aporte metodológico para analizar la estabilidad política dentro de los congresos y de la complejidad e interdisciplinaridad que ello requiere.

A esta complejidad refiere también el artículo de José Said Sánchez Martínez, “Gobierno dividido y presupuesto de rendición de cuentas en los estados mexicanos, 2010-2019”, que se cuestiona cómo impacta la pluralidad partidista sobre el ejercicio del poder y, por lo tanto, el comportamiento del presupuesto de egresos en el tema de rendición de cuentas. A partir de un análisis cuantitativo de los 31 estados mexicanos en un período de 2010 a 2019, el autor se centra en tres instituciones con un papel central en la rendición de cuentas subnacional en México: los Órganos Garantes (OG), los Órganos Estatales de Control Interno (OECI) y las Entidades de Fiscalización Superior Locales (EFSL). El autor concluye que el efecto del gobierno dividido sobre las decisiones de gasto no es homogéneo, pues incluso en el tema de la rendición de cuentas, algunas instituciones son más beneficiadas que otras en términos de su presupuesto, particularmente las EFSL.

Para concluir con nuestro dossier, encontramos el artículo titulado “Ideología y fiscalidad: élites parlamentarias en América Latina, 1994-2019”, de Sonia Elizabeth Ramos-Medina y Manuel Antonio Piedra-Durán, en el cual exploran la relación entre los posicionamientos ideológicos de la élite en cuanto a la fiscalidad a través de un análisis de correspondencias. Hay un cuestionamiento directo al supuesto teórico según el cual la ideología de izquierda tenderá a adoptar políticas fiscales expansivas mientras que la ideología de derecha adoptará medidas fiscales de carácter restrictivo. El análisis se realizó con una base de datos de 18 países de Latinoamérica y 99 legislaturas durante el periodo 1994-2019, en donde se operacionalizaron las siguientes categorías: autoubicación ideológica de los legisladores y de su propio partido, regulación Estado-mercado y fiscalidad. A partir de dicho análisis se encontró que existen grandes similitudes en los posicionamientos frente al debate fiscal, a pesar de que los legisladores se ubiquen a sí mismos a lo largo de un espectro político amplio en esta gama de ideologías.

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Acompañando a nuestro dossier, presentamos una serie de artículos que nos ofrecen tanto temáticas como miradas analíticas diversas. El primero está titulado “China’s Assertiveness in the South and East China Sea: A Constructivist Approach”, en el cual Anna Llanos-Antczak y Pathummaly Phommachanh cuestionan la capacidad de los enfoques del liberalismo y el realismo político para dar cuenta de la complejidad de los conflictos marítimos de China. El artículo se engarza dentro de un marco explicativo constructivista, desde el cual analiza los discursos nacionales y los eventos históricos que han contribuido a la consolidación de la identidad nacional china y cómo ésta ha dado cuenta de la tensa relación con Japón y con el mundo occidental. Estas tensiones generaron una política de ataque inminente y así justificaron la visión asertiva de China sobre los territorios en disputa.

El artículo de Rosalba Casas, Óscar F. Contreras, Alfredo Hualde y Cristina Puga, “Ciencias sociales y pandemia en México: ¿respuestas convencionales frente a emergencias inéditas?” analiza un conjunto de iniciativas que los científicos sociales desarrollaron en México en el contexto de la pandemia por Covid-19 y su contribución a la sociedad y al desarrollo del conocimiento científico. Los resultados del estudio constataron que las iniciativas registradas permitieron visibilizar, tanto en la esfera académica como en la opinión pública, las complejidades regionales y sectoriales, así como las desigualdades y asimetrías estructurales prevalecientes en la sociedad mexicana. Esa visibilización contribuyó a los esfuerzos por entender los efectos que desencadenó la pandemia en el corto plazo y, por lo tanto, proponer estrategias por medio de las cuales hacerles frente.

El siguiente artículo lleva por título “Reconfiguraciones sociales e institucionales para el medio ambiente y la sustentabilidad: lecciones para México”, y ofrece una aproximación histórica a la formación del enfoque de desarrollo sustentable a nivel internacional y nacional, mediante lo cual se muestran algunos resultados y “lecciones” que surgieron del estudio de este fenómeno desde diferentes esferas de análisis. A partir de ello, sus autores, Pablo Armando González Ulloa Aguirre y Jorge Federico Márquez Muñoz, proponen algunos mecanismos para mejorar la aplicación y el funcionamiento de los marcos normativos ya existentes en materia ambiental.

Son también los marcos normativos y su implementación el objeto de estudio de Judith Mariscal Avilés en su artículo “El nuevo rol del Estado en el sector de las telecomunicaciones: el caso de la Red Compartida en México”, el cual se enfoca en la Reforma en Telecomunicaciones de 2013 en el país. La autora examina dicha reforma en México como un caso de cambio en el papel del Estado en el mercado, a través de un análisis comparativo entre la primera y la segunda reforma de telecomunicaciones y la revisión de las propuestas en la materia en los principales países de América Latina. Concluye, a partir de ello, que en realidad no existe un “retorno” del Estado en los términos de la posguerra, sino que la nueva ola de despliegue estatal de redes de próxima generación coexiste con una promoción de la competencia de las empresas privadas en el mercado.

A continuación, presentamos el artículo “Todo personal. Representaciones de los asesinatos de tres periodistas en la prensa estatal de Veracruz”, escrito por Celia del Palacio, en el que se cuestiona cuáles fueron las representaciones de los asesinatos de tres periodistas veracruzanos (Regina Martínez, Gregorio Jiménez y Moisés Sánchez Cerezo) en la prensa local. A través del análisis de 99 notas informativas y una metodología de marcos (frames), la autora indaga sobre la representación que hicieron los periódicos sobre la violencia contra los periodistas con el objetivo de entender qué versiones sobre dichos crímenes figuran en los periódicos veracruzanos, así como ver una pequeña muestra de cómo se informa en Veracruz sobre acontecimientos violentos clave que conciernen a los periodistas.

Para finalizar, Malena Silveyra realiza un ejercicio de historización de los modos de comprender el proceso genocida y su articulación con el sentido común a partir de identificar las cuatro principales estructuras de sentido a través de las cuales se representó el período de la dictadura argentina desde 1983 hasta 2015. Su artículo, “Presentes historizados. Sentidos sobre el genocidio argentino (1983-2014)”, presenta el modo en que las distintas estructuras de sentido se articulan con las disputas que se desarrollaron en la sociedad en cada momento particular. Lo que subyace en los modos de relación entre los distintos elementos es el tratamiento del conflicto y la capacidad/posibilidad de explicarlo y apropiárselo por parte de la sociedad que lo explica.

Este número de nuestra revista también incluye una nota de investigación escrita por Jorge Brower Beltramin, titulada “Análisis de la legislación migratoria chilena en su estatus de dispositivo discursivo”, en la que analiza el discurso jurídico/normativo que Chile ha generado en tres momentos históricamente situados en torno al tema migratorio. Del mismo modo, se incorporan dos reseñas de libros: la primera, “Fakecracia: la desinfodemia de las noticias falsas en América Latina”, escrita por Silvia Gutiérrez Vidrio sobre el libro de Ponce y Rincón (2020); y la segunda, “Corrupción, oligarquía y republicanismo plebeyo”, por Hugo Tavera Villegas, referente al libro de Vergara (2020).

Confiamos en que este número de la Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales aliente la reflexión y dé pistas sobre la reestructuración de la participación política que se ha dado en el marco de las sociedades contemporáneas.