Condiciones de vida de los adultos mayores de 60 años o más con seguridad social en el Estado de México

 

The living standards of elderly people over 60s with social security in the State of Mexico

 

Kenya Gabriela Villegas-Vázquez y Bernardino Jaciel Montoya-Arce

 

Universidad Autónoma del Estado de México.

 

Artículo recibido el 5 de junio de 2013.
Aprobado el 23 de julio de 2013.

 

Resumen

En este artículo se analizan las condiciones de vida de la población envejecida mexiquense con seguridad social, de acuerdo con el derecho o prestación que recibe el adulto mayor, ya sea por pensión o jubilación, derechohabiencia o programas de apoyo de gobierno. Para realizar este estudio se utilizaron los datos de la Encuesta Sobre Envejecimiento Demográfico en el Estado de México (ESEDEM) 2008, realizada por el Centro de Investigación y Estudios Avanzados de la Población perteneciente a la Universidad Autónoma del Estado de México (CIEAP-UAEM). Los resultados muestran que las condiciones en las que viven los adultos mayores se distinguen de acuerdo con el perfil sociodemográfico desarrollado en la investigación y se observa que según la trayectoria laboral y escolar, la población masculina recibe una retribución económica más favorable que la femenina, por lo que las mujeres mayores recurren más a los programas de apoyo de gobierno y acuden más frecuentemente que los hombres a las instituciones de salud de las cuales son derechohabientes.

Palabras clave: Estado de México, población envejecida, seguridad social, pensión, derechohabiencia, programas de gobierno.

 

Abstract

The living standards of elderly people with social security in the State of Mexico are analyzed in this paper, according to the welfare that the person receives, which can be through pensions, retirement funds, affiliated workers or governmental programs. In order to carry out this study, the Demographic Ageing Survey for the State of Mexico 2008 (ESEDEM, for its name in Spanish) was used. This survey is provided by the Research and Advanced Population Studies Centre from the Autonomous University of the State of Mexico (CIEAP-UAEM for its name in Spanish). The results show that the living conditions of the elderly people depend on the socio-demographic profile developed in this research, observing that according to the educational and working trajectory, the male population receives a more favorable economic retribution than the female counterpart. Consequently, female elderly people call upon in a greater extent the programs offered by the government, likewise they attend more often than the elderly males to the Health Institutions of which they are affiliated to.

Key Words: State of Mexico, elderly population, social security, pension system, affiliations, governmental programs.

 

Introducción

La transición demográfica en el Estado de México ha estado acompañada de cambios sociales y económicos ocurridos a lo largo del siglo XX y principios del siglo XXI. Las transformaciones demográficas más significativas de acuerdo con Wong (2001) se encuentran la disminución de las tasas de mortalidad general, pero sobre todo la infantil, así como el control y la disminución de la fecundidad a partir de 1970, lo que da como resultado el acelerado proceso de envejecimiento que presenta actualmente la entidad mexiquense, que ocasiona dificultades para contar con una amplia cobertura de protección social en los ámbitos de derechohabiencia y pensiones, pues al contrario esta cobertura es limitada y no permite a la población cubrir todas las necesidades básicas en edades avanzadas.

La población envejecida que se estudia dentro de este artículo son los individuos con 60 años o más, que cuentan con algún tipo de seguridad social, nacidos antes y durante la década de 1950 en la entidad mexiquense. Se comienza con la percepción de una jubilación o pensión de una pequeña parte de adultos mayores que a lo largo de su vida se desempeñaron en un trabajo formal que les proporcionara la prestación, asimismo la asistencia en salud con la que cuentan los adultos mayores que tienen derechohabiencia. Tambien se hace referencia a quienes reciben algún apoyo por parte de los programas de gobierno, observando las características que presenta cada grupo de beneficiarios.

Para la realización del análisis se utilizan los datos de la Encuesta sobre Envejecimiento Demográfico en el Estado de México (ESEDEM 2008) realizada por el Centro de Investigación y Estudios Avanzados de la Población (CIEAP) perteneciente a la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM). Dicha encuesta permite obtener información sobre características demográficas, económicas, laborales y de salud que reflejan la situación social de la población envejecida.

En la primera parte del artículo se expone lo que es la transición demográfica que presentan el país y el Estado de México. Además se dan a conocer las características del envejecimiento demográfico de la entidad mexiquense, abordando la situación de los adultos mayores de 60 años o más en el ámbito de seguridad social. En el siguiente apartado se presenta el perfil sociodemográfico de la población envejecida de acuerdo con el beneficio de seguridad social que recibe, ya sea por pensión o jubilación, por derechohabiencia o por programas de apoyo del gobierno. En el tercer apartado se analiza la importancia de la trayectoria laboral para la recepción de pensiones, sus características y las fuentes de ingreso adicionales a éstas. Más adelante, se identifican las transferencias que los programas de apoyo de gobierno otorgan a la población envejecida. Para finalizar, se presenta el análisis de las condiciones de salud en las que se encuentran y la asistencia a instituciones de las que son derechohabientes.

 

Antecedentes

A mediados del siglo XX los países de América Latina comenzaron a presentar una profunda transformación en su dinámica demográfica. En el caso de México los cambios se pueden ver reflejados en la pirámide de edad, que tiene como principal efecto un gradual envejecimiento demográfico en su cúspide. Al respecto, Ham (2003: 32) menciona que la transición demográfica es el proceso que experimenta la población al pasar de tasas de fecundidad y mortalidad elevadas a niveles bajos y controlados, lo que causa cambios en la estructura por edad de la población y con ello el envejecimiento poblacional.

En las primeras décadas del siglo XX la dinámica demográfica del país mantuvo una tasa de crecimiento baja de uno por ciento (Gráfica 1). Ya para mediados del siglo rebasaba tres por ciento. Es decir, se dio un rápido crecimiento de la población, de acuerdo con la incidencia de tasas de mortalidad en rápido descenso y mantuvo tasas de natalidad ascendentes, trayendo consigo consecuencias sociales, lo que llevó al gobierno a modificar la política de población. En 1974 se creó la nueva Ley de Población con la finalidad de contener el crecimiento demográfico y enfrentar los nuevos retos, entre ellos el advenimiento del envejecimiento de la población. La convergencia hacia el envejecimiento demográfico se puede ver reflejada a partir del año 2000. La pirámide poblacional (Gráfica 2) muestra la inercia del rápido crecimiento de la población, que evidencia el envejecimiento tanto del país como del Estado de México, que es una de las entidades que concentra gran parte de la población envejecida.

De esta manera, el envejecimiento demográfico será sin duda un evento demográfico que prevalecerá en la dinámica poblacional de la entidad mexiquense. Montoya y Montes de Oca (2006) lo definen como el proceso de cambio de la estructura por edad de la población, caracterizado por el aumento en el número y porcentaje de las personas en edades avanzadas (60 años o más) que se expresa claramente en el estrechamiento de la base y la ampliación de la cúspide de la pirámide poblacional.

El envejecimiento de la población y la inversión de la pirámide de población son las características más comunes que acarrean notables incertidumbres respecto a la capacidad de los sistemas públicos de previsión social para seguir manteniendo los niveles de cobertura prestados en la actualidad (De la Peña, 2003) puesto que en la entidad, así como en el país, los beneficios de la seguridad social resultan insuficientes para sufragar necesidades y permitir una vida independiente al beneficiario, como pago justo a toda una trayectoria laboral.

La población envejecida en el Estado de México seguirá aumentando en las próximas décadas, pues para el año 2000 constituyó cerca de seis por ciento de la población total, cifra que se ubicó por arriba del promedio nacional (Montoya y Montes de Oca, 2006) y dentro de la primera década del siglo XXI se concentró aproximadamente 7.5 por ciento de adultos mayores de 60 años o más en la entidad (INEGI, 2010¹).

Ante este escenario es menester conocer las condiciones de vida de los adultos mayores de 60 años o más, pues el aumento de población envejecida traerá consigo demandas específicas de seguridad social, en servicios de salud y atención médica, así como económicas, de trabajo e ingreso, entre otras que el Estado deberá atender.

La seguridad social, según la Organización Internacional del Trabajo (OIT, 2001) es la protección que la sociedad proporciona a sus miembros mediante una serie de medidas públicas. Bonilla y Gruat (2003) indican que el objetivo primordial de la protección social es garantizar una calidad de vida² digna, por lo que el enfoque de la seguridad social radica en propiciar un envejecimiento activo que permita conservar la independencia, mantener y ampliar la participación social y prevenir la discapacidad. De igual forma, requiere garantizar el acceso a bienes y servicios esenciales, incluyendo alimentos, vivienda y atención de la salud; esto último es crucial en la vejez, sobre todo para las mujeres, teniendo en cuenta que su esperanza de vida es más alta que la de los hombres.

El planteamiento y la provisión de servicios adecuados para las personas de 60 años o más requiere el conocimiento de sus necesidades, principalmente cuando el financiamiento y los servicios de salud son limitados (Kinsella, 1997). De esta forma, es preciso prever los posibles escenarios o situaciones a las que se enfrentará este sector envejecido de la población debido a la magnitud que alcanzará en la composición de la sociedad. Entre otros factores, aquí radica la importancia de estudios como el que aquí se expone.

 

Seguridad social

La seguridad social es un mecanismo con antecedentes históricos que constituye un pacto social con fundamentos legales, cuyo propósito es la redistribución de la riqueza para que parte de los recursos vayan de quienes pueden generarlos hacia quienes no pueden hacerlo (Ham, 2003). Ahora bien, el objetivo de la seguridad social de la Organización Internacional del Trabajo (OIT, 1991) indica que ésta deberá velar porque las personas que están en la imposibilidad de obtener un ingreso puedan seguir satisfaciendo sus necesidades, proporcionando, a tal efecto, recursos financieros o determinados bienes o servicios al trabajador. De esta forma, la seguridad social es el elemento con el que se busca proteger el bienestar del trabajador y su familia.

Ante la necesidad de protección de los trabajadores, a inicios del siglo XX en México se crearon instituciones de seguridad social, las cuales administran la transferencia de servicios y recursos para la población trabajadora, sus familias y para quienes han cumplido su vida laboral, como la población con más de 60 años que tuvo la posibilidad de desempeñar algún trabajo formal. Es así que en México, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) las principales instituciones que otorgan pensiones son: el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS³), el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), el Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (ISSEMYM) y el Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas (ISSFAM).

En el caso del Estado de México, las instituciones que proporcionan seguridad social son: IMSS, que es para los trabajadores de empresas o dependencias privadas; el ISSSTE y el ISSEMYM para los servidores públicos, Petróleos Mexicanos (PEMEX), Defensa o Marina e instituciones privadas. Dichas instituciones tienen como finalidad proteger socialmente a la población envejecida de su nueva situación de vida, en la que con frecuencia se presentan enfermedades crónicas degenerativas y por lo tanto debe cubrir gastos necesarios, considerando que la mayoría de los adultos mayores ha dejado su vida económicamente activa debido a la edad alcanzada, por lo que es de importante indagar las condiciones que presenta este grupo de población en la entidad.

 

Adultos mayores de 60 años o más

Al estudiar a la población envejecida existen algunas diferencias al definir la edad en la que se inicia esta etapa, dependiendo de los intereses de cada investigador. De acuerdo con Ronzón (2011) la vejez se puede definir como la edad con que se cuenta al momento en que disminuyen las capacidades físicas y se incrementan las enfermedades, lo cual va generando dependencia hacia la familia y a la sociedad conforme pasa el tiempo.

Garrocho y Campos (2005) plantean que el año de inicio de la vejez puede fijarse por la vía legal mediante las legislaciones de cada país, así como mediante las instituciones que se ocupan de dicha población y la que se genera en el medio académico. En México, mediante el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM, 2011) se considera a los adultos mayores a partir de los 60 años de edad. La forma más frecuente de definir a la población envejecida es a través de una edad alcanzada y para el caso de este estudio, se considera a la población envejecida de 60 años o más de la entidad mexiquense, haciendo referencia a esta población con uso indistinto en los siguientes conceptos: envejecimiento, población envejecida, edad avanzada y adulto mayor.⁴

 

Descripción de la fuente de Información

Para la realización del análisis se utilizaron los datos obtenidos de la Encuesta Sobre Envejecimiento Demográfico en el Estado de México (ESEDEM 2008) realizada entre los meses de junio y agosto de 2008, por el CIEAP, perteneciente a la UAEM. El objetivo de la encuesta fue conocer las características del hogar y de los individuos con 60 años o más que radican en el Estado de México, en materia de participación económica, seguridad social, salud y recepción de apoyos familiares, de las instituciones y programas gubernamentales con los que cuentan.

La población objetivo de la encuesta son los residentes del hogar con los que vive la persona de 60 años o más y el propio adulto mayor. El tamaño de la muestra fue de 1 998 entrevistas completas de hogares y 2 434 cuestionarios individuales de adultos mayores residentes en ellos (Montoya y Montes de Oca, 2011).

En este artículo se utilizan los datos de los adultos mayores que tienen seguridad social, entre ellos jubilados o pensionados, derechohabientes y beneficiarios de algún programa de apoyo gubernamental. La información fue tomada del cuestionario individual, para conocer las condiciones en que viven los adultos mayores con seguridad social.

 

Perfil sociodemográfico de la población envejecida con seguridad social

En las próximas tres décadas el aumento de la población envejecida en el Estado de México será muy significativo, por lo que deben ser tomados en cuenta el incremento y atención de demandas de esta población, entre ellas las de protección y asistencia social, económica y de salud, ya que de acuerdo con las condiciones en las que se llega a los 60 años, se presenta una serie de limitaciones de índole física, mental, emocional, social y económica, que los coloca en situación de dependencia, pues al llegar al retiro de su actividad laboral formal, la población de 60 años o más necesita contar con algún tipo de apoyo económico que sustituya el ingreso proveniente del trabajo.

De acuerdo con Rico y Pamplona (2003) al momento en que los adultos mayores dejan de participar en alguna actividad del sector formal,⁵ se vuelven dependientes en nuestra sociedad, por lo que se les brinda un mecanismo de seguridad social, ya sea jubilación o pensión, derechohabiencia o servicios de salud. Según datos de la ESEDEM (2008) del total de la muestra de 2 431 personas envejecidas, la recepción de pensiones se encuentra limitada a cubrir sólo 15.9 por ciento de adultos mayores. Otro tipo de seguridad para el adulto mayor es la derechohabiencia, que garantiza atención médica y acceso a medicamentos, que cubre a 57.5 por ciento de personas de edad avanzada de la muestra total (ESEDEM 2008). Cabe mencionar que la derechohabiencia en la población envejecida tiene mayor cobertura, por el hecho de que algún familiar tenga registrados a sus padres como derechohabientes.

Una opción para atender a la población, en este caso a los adultos mayores de 60 años o más, son los programas de gobierno que se instituyeron para darles apoyo, lo cuales de acuerdo con la ESEDEM (2008) cubren a 36.5 por ciento de los individuos mayores de 60 años, de una muestra total de 2 427 personas envejecidas, por lo que se observa que en la práctica estos programas no son satisfactorios en cuanto a su cobertura, pues sólo apoyan a una tercera parte de los ancianos.

Respecto a la diferenciación por sexo, en el Cuadro 1 se muestra el porcentaje de población de adultos mayores de acuerdo con el tipo de seguridad social percibida. Se observa que la recepción de pensión o jubilación se encuentra representada principalmente por hombres, con 65.4 por ciento sobre 34.6 por ciento de mujeres. Esto se debe a que no toda la población femenina pudo insertarse durante su juventud a desarrollar alguna actividad económica. En lo que respecta a la diferencia en la cobertura de derechohabiencia, predominan las mujeres con 57.4 por ciento y sólo 42.6 por ciento de los hombres son derechohabientes. La diferencia es favorable para las mujeres al permitirles afiliación a instituciones que reconocen su vulnerabilidad en materia de salud,⁶ además de que las mujeres tienden a atenderse más que los hombres. Asimismo, los programas de apoyo de gobierno cubren en gran parte a las mujeres con un 62.2 por ciento, mientras que 37.8 por ciento de hombres mayores de 60 años o más no cuenta con algún ingreso que permita costear sus necesidades.

Analizando la población envejecida con seguridad social por grupos decenales de edad, dentro del Cuadro 2, se observa que la mayor concentración de personas envejecidas de la entidad que reciben pensión o jubilación se encuentran entre los 60 y 69 años, 44.3 por ciento son hombres, mientras que en el grupo de 70 a 79 años, 43.1 por ciento. En el grupo de 80 años y más, únicamente 12.6 por ciento son varones. Respecto a las mujeres que reciben jubilación o pensión, 51.5 por ciento representa al grupo de 60 a 69 años. En el siguiente grupo de 70 a 79 años, 31.3 por ciento recibe pensión y por lo que respecta a mujeres de 80 años o más, goza del beneficio 17.2 por ciento.

Al respecto, de acuerdo con Solís (1997) se asume que las generaciones más recientes han experimentado una mayor institucionalización de las relaciones laborales que sus antecesoras, por lo que en su momento tuvieron la oportunidad de adquirir un trabajo que les proporcionó alguna pensión.

Respecto a la distribución de la población que cuenta con derechohabiencia, se observa que se tiende a cubrir principalmente a la población femenina de 60 a 69 años, con 51.9 por ciento; en cambio sólo 45.3 por ciento de los hombres es derechohabiente. En este grupo de edad se concentra la mayoría de población envejecida con acceso a servicios de salud, ya que en el grupo de edad de 70 a 79 años hay menor cantidad de población masculina y femenina con derechohabiencia, 39.3 y 33.3 por ciento, respectivamente. Se puede notar que la cobertura en servicios de salud es baja, considerando que la vejez se caracteriza por el aumento de problemas de salud (Salgado y Bojorquez, 2006) y no tener seguridad en materia de salud implica un gasto para ser atendido.

En cuanto a los apoyos gubernamentales que el Estado brinda a la población envejecida, de los adultos mayores de entre 60 y 69 años que declararon estar inscritos en algún programa, 20.3 por ciento son hombres y 35.3 por ciento mujeres. Se muestra que la cobertura se incrementa con la edad, ya que en el grupo de 70 a 79 años hay más adultos mayores beneficiarios: 52.2 por ciento de población masculina y 44.9 por ciento de mujeres. A medida que avanza la edad, las condiciones para acceder al mercado laboral ya no se cumplen, por tanto, los apoyos que se brindan a la población envejecida toman mayor importancia como soporte económico, dependiendo de las oportunidades y condiciones que se presenten en la localidad a la que pertenecen.

 

Localidad de residencia

Es importante analizar los datos correspondientes a la localidad de residencia de los adultos mayores, ya que influyen en sus condiciones de vida debido a que los servicios, así como las oportunidades, distan entre el ámbito rural y el urbano. De acuerdo con la ESEDEM 2008, se muestra en el Cuadro 3 que la distribución de pensionados o jubilados tiene una variación significativa entre localidades, ya que 84.2 por ciento de hombres y 88.1 por ciento de mujeres de población envejecida con este tipo de seguridad vive en zona urbana. Esto se asocia con la historia laboral que presentaron a lo largo de su vida y deja en desventaja a la población que reside en zonas rurales, en virtud de que las actividades económicas calificadas como formales en el ámbito rural tienen menor presencia, ya que sólo 15.8 por ciento de varones y 11.9 por ciento de mujeres tienen derecho a las prestaciones laborales.

El acceso a instituciones de salud es más frecuente en zonas urbanas, puesto que 56.4 por ciento de hombres y 56.5 por ciento de mujeres son derechohabientes, a diferencia de la zona rural, donde el acceso se brinda a 43.6 por ciento de varones y 43.5 por ciento de mujeres, pues las instituciones de salud se encuentran con mayor frecuencia en zonas urbanas. En cambio, los programas de gobierno tienen mayor peso en el ámbito rural, donde se otorga apoyo a 76.1 por ciento de hombres y 72.8 por ciento de mujeres, debido a que se presentan más situaciones de pobreza en edades avanzadas, pues los adultos mayores no reciben algún ingreso por prestaciones laborales y por lo tanto las instituciones les ofrecen apoyo mediante programas específicos, sobre todo a la población de zonas rurales con 70 años o más.

 

Estado civil

El bienestar de las personas envejecidas se puede ver favorecido si se cuenta con el apoyo y atención de su pareja. En el Cuadro 4 se analiza la situación conyugal de la población de 60 años o más que cuenta con seguridad social. Se muestra que del total de los adultos mayores con pensión o jubilación, sólo 1.2 por ciento de hombres y 7.5 por ciento de mujeres son solteros, mientras que más de la mitad de los varones, es decir 79.8 por ciento están casados o unidos. Se observa que la vida en pareja es menos frecuente entre las mujeres, ya que a diferencia de los hombres, únicamente 11.2 por ciento de mujeres se encuentran casadas o unidas. Respecto a la situación de viudez, se observa que 73.1 por ciento de mujeres son quienes principalmente tienen pensión o jubilación.

De acuerdo con lo anterior, se percibe que la situación de seguridad social en cuanto a pensión o jubilación está ligada con los roles sociales y la unión conyugal, mostrando a los hombres casados como proveedores de ingresos. Solís (1997) señala que la situación de pareja de acuerdo con el género descubre otra dimensión de los papeles sociales asociados a uno: para los hombres mayores la vida en unión representaría la permanencia en su papel de proveedores económicos, para las mujeres mayores representaría la persistencia de su papel de madre-ama de casa.

Respecto a la derechohabiencia según la situación conyugal de los adultos mayores, se muestra que en su mayoría son casados o unidos, con 80.9 por ciento hombres y 48.9 por ciento mujeres. Sin embargo, los porcentajes de los solteros son menores, pues 1.3 por ciento son varones y 4.2 por ciento son población femenina. Se destaca una diferencia significativa de género en cuanto a situación de viudez, puesto que los varones ocupan únicamente 14.9 por ciento y la población femenina 40.3 por ciento del total de este grupo de derechohabientes.

Tal como menciona Ham (2003: 210) “es conocido que la mayor supervivencia femenina da lugar a más viudas, a lo que debe agregarse el hecho de que los hombres generalmente hacen pareja con mujeres de menor edad.” Por lo tanto, se observa que conforme aumenta la edad, estas diferencias tienen un mayor impacto en las mujeres envejecidas y por ende los porcentajes de viudez se incrementan.

De igual forma se observan tendencias similares en los porcentajes de los adultos mayores pertenecientes a algún programa de gobierno, puesto que la mayoría de la población masculina se encuentra casada o unida, es decir, 72.5 por ciento, a diferencia de 44 por ciento de las mujeres. En ambos géneros se presentan pocos casos de situación de soltería o divorcio.

Las principales beneficiarias de los apoyos de gobierno son las mujeres viudas —48.6 por ciento— que aseguran parte de su supervivencia, ya que a lo largo de su vida no tuvieron un empleo que les proporcionara prestaciones de seguridad social como una pensión que les garantizara recursos económicos para la última etapa de la vida.

 

Nivel de instrucción

Otro aspecto que incide en las condiciones de vida de las personas mayores es el nivel de instrucción, puesto que la educación es un factor que influye para tener una mejor condición económica y para la mayoría de la población constituye el principal determinante de bienestar en edades avanzadas. El Cuadro 5 muestra la distribución porcentual del nivel de instrucción —desde no saber leer ni escribir o nivel primaria hasta secundaria o más— de la población envejecida con algún tipo de seguridad social. Se observa que el nivel de instrucción alcanzado es el factor que genera diferencias en cuanto al ingreso y por lo tanto afecta en las condiciones de vida.

La mayoría de los pensionados saben leer y escribir, lo que demuestra que la instrucción es un factor importante para obtener una pensión, pues 62.5 por ciento de hombres y 52.7 por ciento de mujeres tienen nivel de primaria, lo que deja ver que a pesar de las limitadas oportunidades de estudio con las que contaban, consiguieron insertarse en el ámbito laboral. Respecto a los derechohabientes, son 57.9 por ciento de hombres y 48.1 por ciento de mujeres quienes tuvieron educación primaria, mientras que 19.7 por ciento de varones y 40.7 por ciento de población femenina cuentan con derechohabiencia pero no saben leer ni escribir. En el caso de las personas que reciben apoyo por parte de programas de gobierno, se observa que 33.5 por ciento de población masculina y 61.1 por ciento de las mujeres no saben leer ni escribir.

Los adultos mayores que reciben apoyos de gobierno tienen un bajo nivel de educación respecto a los pensionados, pues de niños tuvieron que trabajar para aportar al propio sustento y el de su familia, o quizá la causa fue la escasez de escuelas en su localidad de residencia, lo que les orilló a dejar a un lado la oportunidad de estudiar y por ende no encontraron un empleo que les otorgara seguridad social y no obtuvieron la pensión, lo que demuestra que la participación de los adultos mayores en la actividad económica se presentaba para aquellos con mayor nivel educativo.

 

Jefatura de hogar

La posición de la persona que ocupa la jefatura de una unidad doméstica, según Ham (2003) puede considerarse en el sentido de que es el principal sostén económico del hogar y quien toma las decisiones más importantes, o por influencia de tradiciones sociales y culturales. Las entradas económicas producto del trabajo de sus miembros son la principal fuente de ingreso de la mayoría de los hogares, por lo que el monto afecta en las condiciones de los adultos mayores y los miembros del hogar.

En este sentido, el Cuadro 6 muestra la distribución porcentual de la relación de la población envejecida con el jefe de hogar,⁷ según sexo y se observa que 94.1 por ciento del total de adultos mayores pensionados o jubilados hombres son jefes de hogar y de igual forma lo son 66.4 por ciento de mujeres, por lo que se muestra que el ingreso que reciben se vuelve un factor importante dentro de sus hogares, pues tan sólo 5.9 de hombres y 33.6 por ciento de población femenina tienen algún otro parentesco con el jefe de hogar. Por lo que respecta a los adultos mayores con derechohabiencia, se observa que 62.1 por ciento de mujeres y 7.4 por ciento de hombres presentan otro rol familiar, a diferencia de 92.6 por ciento de varones y 37.9 por ciento de población femenina que declararon ser jefes de hogar.

Desagregando la información de la población envejecida que recibe algún apoyo de los programas de gobierno, se muestra que 90.1 por ciento de hombres y 44.7 por ciento de mujeres son jefes de hogar, a diferencia de la mayoría de mujeres, 55.3 por ciento y 9.9 por ciento de hombres tienen algún parentesco con el jefe de su hogar.

Se observa que los porcentajes de hombres que son jefes de hogar no son muy distintos entre los tres tipos de seguridad social, ya que la mayoría de la población masculina envejecida con seguridad social es el sustento económico o la cabeza de la familia, lo que muestra que el hombre sigue siendo visto como el principal proveedor y por lo tanto su actividad es el trabajo remunerado, a diferencia de la distribución de las mujeres, a quienes se vincula con el cuidado de los hijos y la casa, con porcentajes sustancialmente menores en la parte de derechohabiencia y en la de programas de gobierno ocupando otro rol en la familia, en comparación con las pensionadas o jubiladas que como se vio anteriormente en su mayoría son viudas, por lo tanto toman el cuidado y funcionamiento del hogar.

 

Trayectoria laboral y recepción de pensiones

Analizar a la población económicamente activa envejecida en el Estado de México abre la posibilidad de generar medidas en materia de pensiones, para ayudar a cubrir las necesidades básicas de los adultos mayores y con esto evitar el deterioro de sus condiciones de vida.

La problemática como mencionan Solís (1997) y Madrigal (2010) es que los adultos mayores que reciben pensiones no satisfacen sus necesidades básicas, por lo que buscan obtener ingresos a través del empleo. Es así que a la población de 60 años o más en la entidad mexiquense que cuenta con pensión o no, los ingresos le resultan insuficientes, lo que provoca la inserción de adultos mayores en el mercado laboral, como se observa en el Cuadro 7, que muestra la distribución de adultos mayores que cuentan con pensión y se encuentran laborando, pues 24.9 por ciento de hombres y 13.5 por ciento de mujeres son económicamente activos, es decir, 21 por ciento del total de personas envejecidas aunque reciben pensión continúan trabajando para generar ingresos. Esto se relaciona con la jefatura de hogar, pues como se mencionó anteriormente la mayoría de los pensionados son jefes de hogar y al resultarles insuficiente la pensión buscan, mediante el trabajo, aportar ingresos a su hogar.

En el Cuadro 8 se muestra la proporción de adultos mayores con pensión que laboran, en relación a grupos de edad decenal. Se observa que el grupo de 60 a 69 años es el que en mayor proporción trabaja, es decir, 50.8 por ciento de hombres y 77.8 por ciento de mujeres, ya que en el siguiente grupo etario, de 70 a 79 años, los porcentajes disminuyen, pues 46 por ciento de varones y 22.2 por ciento de mujeres se encuentran laborando, mientras que a partir de los 80 años sólo 3.2 por ciento de los hombres trabaja, debido a que conforme aumenta la edad, las capacidades físicas de los adultos mayores van disminuyendo.

Las ocupaciones y actividades del ámbito laboral entre hombres y mujeres son diferentes a cualquier edad, pues sus condiciones son indistintas, tal como muestra el Cuadro 9, donde se presentan las actividades que realizan los adultos mayores y en el que se observa que en el sector agropecuario se encuentra el mayor porcentaje de hombres, pues 30.2 por ciento de ellos está inserto en las actividades agrícolas, ganaderas o silvícolas, ya que las oportunidades de empleo formal para los adultos mayores son limitadas, por lo que recurren al sector informal⁸ como el comercio, actividad en la que está inserta 61.1 por ciento de mujeres y 28.6 por ciento de hombres. Esto muestra que aún después de salir del sector formal, los adultos mayores siguen dentro del mercado laboral informal. De acuerdo con Pedrero (1999) las personas en edad avanzada se hallan en sectores donde sus propios recursos les permiten hacer frente a sus necesidades ejerciendo actividades que pertenecen al trabajo informal, pues los empleos formales requieren de mayor preparación profesional. De acuerdo con datos antes mencionados, la mayoría de adultos mayores con pensión cuenta con educación hasta nivel primaria.

Ahora bien, las posibilidades de empleo para la población envejecida que se encuentran principalmente en el sector informal, debido a sus condiciones de envejecimiento, entorno a adaptación y capacidades físicas, se ven reflejadas en los ingresos que obtienen, puesto que del total de adultos mayores que aún continúan ocupados en alguna actividad laboral (Cuadro 10) 32.1 por ciento recibe menos de un salario mínimo⁹ por la realización de su trabajo, situación que empeora al diferenciar por sexo, pues 66.7 por ciento corresponde a mujeres y 21.7 por ciento a hombres. Se identifica que 17.9 por ciento de la población económicamente activa —20 por ciento hombres y 11.1 por ciento mujeres— llega a obtener el equivalente de hasta dos salarios mínimos. Se observa que los porcentajes de población van disminuyendo conforme aumentan los ingresos, ya que los adultos mayores realizan actividades informales en establecimientos precarios o propios.

Como se dijo anteriormente, en el Estado de México 84.1 por ciento de las personas con 60 años o más no cuenta con pensión, pues sólo 15.9 por ciento de adultos mayores recibe este beneficio (Cuadro 11). La situación de esta baja cobertura es aún más grave al hacer una diferenciación de la recepción por sexo, ya que del total de hombres sólo 24.7 por ciento la recibe, mientras que del total de mujeres únicamente 9.5 por ciento cuenta con este tipo de seguridad social. De acuerdo con Márquez (2006) la remuneración por trabajo es mayor para los varones que para las mujeres, porque en ellas predomina dedicarse al hogar, debido a los roles tradicionales, los cuales tienen repercusiones en las condiciones de vida de este sector, pues en los hombres se centraba la función de ser proveedores y en las mujeres el cuidado de la casa y los hijos, limitando las oportunidades de las mujeres para participar en otras actividades, situación que afecta negativamente las condiciones de vida especialmente de aquellas que residen en zonas rurales.

Según la ESEDEM 2008, el tipo de pensión puede ser identificado de la siguiente manera: por retiro, vejez, cesantía, viudez, invalidez, accidente, ascendencia o jubilación. Se observa en la Gráfica 3 que el tipo de pensión que más resalta en el caso de los hombres es por jubilación, con 29.5 por ciento, seguido por cesantía y vejez, 19.1 por ciento, a diferencia de las mujeres que en su mayoría reciben la pensión por viudez, 57.9 por ciento, mostrando así el beneficio de los años laborados de sus cónyuges, pues ellas principalmente se dedicaban a realizar actividades no remuneradas que comprendían las tareas domésticas, generando dependencia económica en su pareja.

La ESEDEM 2008 registra como instituciones de seguridad social al IMSS, ISSSTE, ISSEMYM, PEMEX, Instituciones privadas y otras. Se observa en el Cuadro 12 que en las principales instituciones los hombres tienen mayores beneficios respecto a las mujeres, pues el IMSS es la institución pública que registra más pensionados, cubriendo 79 por ciento de hombres y 76.1 de mujeres y tomando en cuenta que la institución es el primer logro de la seguridad social en México. Posteriormente, el ISSSTE cubre a 9.7 por ciento de hombres y 10.7 por ciento de mujeres de la población de pensionados, enseguida el ISSEMYM cubre a 4.7 por ciento de hombres y mujeres y es una de las principales instituciones encargadas de proporcionar asistencia de salud en la entidad.

Las pensiones de PEMEX son las de menor porcentaje: dos por ciento en varones y 1.4 por ciento en mujeres, sin embargo son trabajadores que recibieron un mayor salario y por la capacidad de ahorro son quienes ahora cobran mejores pensiones (Gomes, 1997) pero la cifra de beneficiarios en la entidad no resulta significativa.

Aunque el IMSS es una de las principales instituciones que benefician a la mayoría de los pensionados en la entidad, su cobertura resulta insuficiente, debido a que se han mantenido los montos bajos durante periodos inflacionarios y también por el cálculo con base en niveles bajos de salarios (Ham, 2003) que empeoran por el aumento de la población envejecida, creando desequilibrios en los sistemas de seguridad social.

A la limitada cobertura de los sistemas de pensiones se suma la deficiencia en el monto que reciben los adultos mayores en su pensión, pues con base en los datos reportados en la ESEDEM 2008, se observa en la Gráfica 4 a los beneficiarios por grupos de edad decenal en relación a la cantidad que reciben en su pensión y se muestra que del total de adultos mayores pensionados, la mayoría recibe hasta dos salarios mínimos, principalmente los adultos mayores de 60 a 69 años —26.3 por ciento— seguidos por los que reciben menos de un salario mínimo, que en su mayoría son ancianos de 70 a 79 años, 11.3 por ciento. Mientras, en los menores porcentajes de montos de más de cuatro salarios mínimos, de igual forma se presenta principalmente la población de 60 a 69 años. Dentro de la gráfica se ven reflejados los bajos montos y la poca cobertura en el sistema de pensiones para los adultos mayores, particularmente en edades de 80 años o más, pues ocupan los más bajos porcentajes dentro de las remuneraciones por el trabajo desarrollado a lo largo de su vida.

De acuerdo con lo anterior, se observa que la participación de los adultos mayores en el mercado de trabajo se debe a la necesidad de solventar sus gastos, ya que a algunos de los pocos adultos mayores que reciben pensión o jubilación, ésta les resulta insuficiente y se ven en la necesidad de continuar económicamente activos, principalmente en ocupaciones donde la paga por la realización de su trabajo es igualmente escasa.

Aparte de los ingresos que recibe la población envejecida que cuenta con seguridad social ya sea por remuneración a su trabajo, por pensión o jubilación, también se le brindan recursos de transferencias gubernamentales o familiares, que comprenden ayuda monetaria, en especie, en servicios o en cuidados, apoyando de estas diversas formas a la población en edades avanzadas.

 

Apoyos que recibe la población envejecida

Debido a la poca cobertura de los sistemas de pensiones, las transferencias económicas y sociales han tomado un papel importante en la vida de los adultos mayores de 60 años o más, pues conforme pasa el tiempo sus condiciones físicas se vuelven una limitante para realizar sus actividades cotidianas y solventar sus gastos, por lo que para ellos recibir apoyos resulta necesario. De acuerdo con Wong (1999) los apoyos se dividen en formales e informales; los formales son aquellos que reciben los individuos a través de instituciones y los informales son los que se otorgan entre individuos, en su mayoría dentro de la red familiar, ya sea en ayuda económica, en especie o en cuidado.

Según datos de la ESEDEM 2008, 36.5 por ciento de adultos mayores mexiquenses declararon recibir apoyo de algún programa de gobierno. En lo que respecta a la diferenciación por sexo, se muestra en el Cuadro 13 que 39.3 por ciento del total de población femenina recibe apoyo y 32.7 por ciento del total de la población masculina recibe apoyo ofrecido por instituciones gubernamentales.

En la Gráfica 5 se presentan los tipos de apoyos que recibe la población envejecida en el Estado de México de acuerdo con los grupos de edad decenal. Se observa que las personas de 70 a 79 años son las que en mayor proporción reciben apoyos formales, lo que significa menos de la mitad de la población beneficiada, con 49.1 por ciento, a sabiendas que la cobertura de pensiones para la población que pertenece a este decenio es poca, por lo que recurren a los apoyos formales que buscan contribuir en el ingreso de los adultos mayores.

Los programas de gobierno se constituyeron para dar apoyo a la población de 60 años o más. De acuerdo con datos de la ESEDEM 2008, 43 por ciento de adultos mayores son beneficiarios de al menos un programa, presentados en gran parte en áreas rurales, 74.5 por ciento y urbanas, 25.5 por ciento; esto se relaciona con las actividades cotidianas del ámbito rural: agropecuarias, comercio informal y domésticas, de las cuales se obtienen bajos ingresos (Gomes, 1997) por lo que las oportunidades de recibir prestaciones laborales dentro de estas zonas se presentan en menor grado, generando la necesidad de recibir ayuda por parte de instituciones gubernamentales.

En la Gráfica 6 se muestra a la población beneficiada con apoyos de programas gubernamentales, de acuerdo con la localidad de residencia y se observa que en su mayoría se presenta en zonas rurales, principalmente a través del apoyo que brinda la Secretaría de Desarrollo Agropecuario (SEDAGRO)¹⁰ dirigido en 93.8 por ciento a localidades rurales. Enseguida se observa el programa Oportunidades, que entrega apoyo monetario cada dos meses a 85.3 por ciento de adultos mayores de zonas rurales y 14.7 por ciento de zonas urbanas. De igual forma, la mayoría de las despensas con productos básicos del programa alimentario del Gobierno Federal es distribuida en 72.8 por ciento a adultos mayores de 70 años o más que residen en localidades rurales, a diferencia de las despensas del programa alimentario de la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de México a adultos mayores de 60 a 69 años, que reparte poco más de la mitad en zonas urbanas, 51.2 por ciento. Mientras, del total de descuentos que brinda el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México (DIFEM)¹¹ 65.5 por ciento corresponde a los que se encuentran en la zona rural.

Se ha visto que al llegar a edades avanzadas las posibilidades de ser económicamente activo se reducen debido a la presencia de limitaciones físicas, que impiden realizar alguna actividad remunerada y obtener algún ingreso por ella. Por el contrario, se pueden estar generando gastos en salud, por lo tanto, los apoyos actúan con mayor impacto en el bienestar de los adultos mayores cuando su condición física no es óptima.

 

Condiciones de salud y derechohabiencia

Resulta innegable la importancia de observar que el envejecimiento trae consigo una transformación en los patrones epidemiológicos de las enfermedades, pues de acuerdo con Wong (2001) mientras se siguen presentando enfermedades agudas, las enfermedades crónicas van presentado mayor peso en la población. Esto quiere decir que en la vejez las personas presentan padecimientos de una o varias enfermedades crónicas y como mencionan Montoya y Montes de Oca (2006) la población envejecida con mayor frecuencia presenta enfermedades crónico-degenerativas que requieren tratamientos médicos prolongados y costosos.

Las instituciones médicas juegan un papel importante en las condiciones de vida de la población envejecida, puesto que deben estar al tanto de la situación para atender a los adultos mayores, ya que como menciona Huenchuan (2011) las enfermedades demandan cuidados e implican gastos y la población envejecida requiere de mayores ingresos y apoyos para ser atendida. En el Cuadro 14 se observa que poco más de la mitad de la población envejecida es derechohabiente de alguna institución: 57 por ciento del total de mujeres y 58.2 del total de hombres reciben atención médica. De acuerdo con Huenchuan (2011) es de suma importancia la vigilancia de la salud durante la vejez para prevenir y controlar enfermedades que disminuyen la calidad de vida, pues es en esta etapa cuando las personas de edad avanzada son susceptibles a presentar al menos una enfermedad crónica degenerativa, como pérdida de la vista, diabetes mellitus e hipertensión arterial.

En este sentido y con base en resultados obtenidos de la ESEDEM 2008, en el Cuadro 15 se observa a los adultos mayores de acuerdo con la institución de la cual son derechohabientes y se observa que la mayoría de los hombres y mujeres pertenecen al IMSS, con 77.1 y 75.8 por ciento, seguido en cobertura por el ISSSTE con 12 por ciento en varones y 13.3 en población femenina. Enseguida se muestra el ISSEMYM, que cubrió sólo siete por ciento de población masculina y 4.6 por ciento de mujeres derechohabientes.

El hecho de ser derechohabiente de alguna institución no garantiza la utilización de los servicios de salud que ésta proporciona, pues en contraste con los datos antes mencionados, en el Cuadro 16 se observan las instituciones donde acude la población envejecida y se muestra que del total de adultos mayores derechohabientes sólo 38.4 por ciento de hombres y 33.6 por ciento de mujeres acuden al IMSS y se incrementa el porcentaje de asistencia médica en instituciones privadas, ya que 47 por ciento de hombres y 51.8 por ciento de mujeres declararon acudir a éstas, lo que implica que no hacen uso de las instituciones públicas de salud, que no cuentan con los tratamientos y equipos adecuados para la atención de sus enfermedades.

De acuerdo con Puga (2002) las enfermedades crónico-degenerativas particularmente manifestadas en la vejez, se vuelven una limitante para el desarrollo de la vida autónoma y crean dependencia, ya que su tratamiento es complejo y tiene un alto costo. De acuerdo con la ESEDEM 2008, las principales enfermedades que padecen los adultos mayores con algún tipo de seguridad social son la hipertensión arterial, que representa casi 56.1 por ciento; la pérdida de la vista, con 44.5 por ciento y la diabetes mellitus con 28 por ciento. En el caso particular de la hipertensión arterial y la diabetes mellitus, Garrido (1999: 272) indica que “son dos de las patologías más prevalecientes en la población de ancianos” puesto que se van incrementando con la edad.

Debido a las condiciones en que se encuentran los adultos mayores, la presencia de las enfermedades y las limitaciones que van teniendo a lo largo de su vejez los hace aceptarlas como modo de vida, pues como se dijo anteriormente, hay una falta de atención médica especializada en cada una de sus enfermedades, por lo que se deberían implementar centros asistenciales que brinden servicios de salud adaptados a las necesidades de los adultos mayores, así como prevenir las enfermedades crónicas desde las generaciones jóvenes.

 

Conclusiones

A lo largo de la exposición de este artículo se han presentado indicadores que reflejan el impacto de la transición demográfica en el Estado de México, tal como se ve en la dinámica demográfica de la entidad, pues se han ido presentando cambios en la estructura por edad que implican un gradual aumento de población envejecida. Se observa que la población envejecida presenta limitaciones en sus condiciones físicas debido a la edad y requiere ayuda para cubrir sus necesidades tanto económicas como de salud.

La mayoría de las personas mayores no recibe una pensión, pues esta cobertura se encuentra limitada a sólo 15.9 por ciento de la población envejecida, en su mayoría a los hombres, mientras que en materia de salud la derechohabiencia cubre a poco más de la mitad de ancianos y permite a las mujeres una mayor afiliación a instituciones que a los varones. Pero el hecho de ser derechohabiente de alguna institución no implica la utilización de los servicios de salud que ésta les proporciona, pues la mayoría de adultos mayores acude a instituciones privadas, lo que implica un gasto extenuante para aquellos que requieren tratamientos de alto costo, pues sus ingresos no les permiten solventarlo.

En el caso de los programas de gobierno, éstos cubren a una tercera parte de la población envejecida y son los adultos mayores de las zonas rurales y en su mayoría mujeres viudas las principales beneficiarias de los apoyos de gobierno, ya que a lo largo de su vida no tuvieron un empleo formal que les otorgara prestaciones laborales y por lo tanto cuentan con menos recursos económicos.

De acuerdo con el análisis, se observó una variación significativa entre localidades, puesto que la cobertura de pensiones y el acceso a instituciones de salud se presentan en gran parte dentro de las zonas urbanas, lo que deja en desventaja a la población que reside en zona rural. Además, las actividades económicas calificadas como formales en este ámbito tienen menor presencia, mientras que los programas de gobierno son menos frecuentes en zonas urbanizadas. Las retribuciones para el grupo limitado de pensionados son pocas, ya que la mayoría del total de pensionados recibe entre uno y dos salarios mínimos al mes, por lo que aún con pensión, hay adultos mayores que continúan económicamente activos en labores agrícolas y en el comercio informal para poder cubrir sus necesidades.

Debido a la poca cobertura de los sistemas de pensiones, las transferencias económicas han tomado un papel importante en la vida de los adultos mayores de 60 años o más y un alto porcentaje de la población envejecida es receptora de algún tipo de apoyo. Los apoyos fungen un papel importante al llegar a edades avanzadas, porque al dejar de ser económicamente activos, gran parte de adultos mayores termina recibiendo ayuda de la familia, por lo que es recomendable que el gobierno extienda sus apoyos para permitir a la población envejecida cubrir sus gastos y necesidades, esto, mediante el mejoramiento de las políticas públicas destinando los recursos necesarios para instaurar medidas en los sistemas de seguridad social que apoyen a la población envejecida y al mismo tiempo permitan prevenir el acelerado envejecimiento demográfico.

Es necesario generar medidas de seguridad social para brindar una vida digna a los adultos mayores, analizando cada una de las diferentes condiciones en las que se encuentran, prestando atención a sus necesidades para brindarles el cuidado apropiado, así como apoyos y oportunidades, pues se observa que la cobertura ha sido muy baja, lo que resulta preocupante debido al gran aumento de la población envejecida.

Se deben considerar políticas en materia de salud adecuando a las instituciones para que tengan la capacidad de cobertura para mejorar la calidad de sus servicios, en cuidado, atención de enfermedades crónicas y desde luego se requiere un factor de cambio que es la prevención temprana de estas enfermedades.

 

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Notas

De los autores:

Este artículo se desprende del trabajo de investigación titulado: Seguridad Social de los Adultos Mayores en el Estado de México; financiado con recursos del Programa de Mejoramiento del Profesorado (PROMEP). Los autores reconocen a la Secretaría de Educación Pública (SEP) que a través del Programa PROMEP financió el proyecto y la beca de Kenya Gabriela Villegas Vázquez. Los autores expresamos nuestro reconocimiento a la SEP y al Centro de Investigación y Estudios Avanzados de la Población (CIEAP) de la Universidad Autónoma del Estado de México, institución donde se llevó a cabo este estudio y se elaboró el presente artículo.

¹ El Censo de Población y Vivienda de INEGI 2010 en este artículo se tomará únicamente como referencia y no en la metodología de la investigación.

² La definición de calidad de vida en el adulto mayor se caracteriza por ser multidimensional y, a juicio de los/as entrevistados/as, subjetiva. Dicha subjetividad debe ser entendida desde dos perspectivas: la evaluación de la situación actual (vejez) asumiendo las limitaciones y posibilidades y la satisfacción frente a dimensiones concretas de calidad de vida (objetivas) satisfacción que encuentra sus puntos de referencia en el contexto social y cultural en que el sujeto se desenvuelve. (Osorio et.al, 2008)

³ El 19 de enero de 1943 nació el Instituto Mexicano del Seguro Social, con una composición tripartita para su gobierno, integrado de manera igualitaria por representantes de los trabajadores, de los patrones y del Gobierno Federal. www.imss.gob.mx/instituto/historia/Pages/el_nacimiento.aspx

⁴ La Organización Mundial de la Salud define al envejecimiento como “los cambios biológicos universales que se producen con la edad y que no están afectados por la influencia de enfermedades o del entorno. No todos estos cambios relacionados con la edad tienen consecuencias clínicas negativas” (OMS, 1999). De igual forma considera a las personas de edad avanzada a aquellas de 60 a 74 años de edad. De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas (ONU, 1985) población envejecida “es la que del total de sus habitantes más de siete por ciento son personas mayores de 65 años y en los 60 años para los países en vías de desarrollo”. La ONU (1982) define como adulto mayor a todo individuo de 60 años o más.

⁵ De acuerdo con el glosario del INEGI, son todas aquellas actividades económicas que se desarrollan en empresas constituidas en sociedad, corporaciones, instituciones públicas o privadas, negocios no constituidos en sociedad, pero que reportan ingresos ante la autoridad hacendaria y en la agricultura y/o crianza de animales orientadas al mercado.

⁶ (DOF, 2004) Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Protección social en salud. Art. 99, Fracc. IV. Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 5 de abril del 2004, México, Secretaría de Gobernación, http://www.sinais.salud.gob.mx/descargas/pdf/RLGS-MPSS.pdf (consultado el 16 de octubre de 2012).

⁷ La designación del jefe de hogar en este trabajo es la respuesta a la pregunta de la base de datos de la ESEDEM 2008, de quién es considerado como tal entre los integrantes del hogar. La categoría de otro caso incluye cualquier otro parentesco que tenga el adulto mayor con el jefe de hogar.

⁸ El sector informal se entiende como la suma de trabajadores no profesionales que trabajan por cuenta propia, empleados domésticos, trabajadores familiares no remunerados y trabajadores de empresas de hasta cinco empleados (OIT, 2006).

⁹ Estas remuneraciones están ajustadas de acuerdo con el salario mínimo que según datos del Sistema de Administración Tributaria (SAT) es de 49.5 pesos para la zona geográfica C del año 2008, correspondiente al Estado de México.

¹⁰ El tipo de apoyo que ofrece SEDAGRO es en especie (fertilizantes, semillas, maquinaria) para beneficiar a los productores y favorecer las actividades agrícolas.

¹¹ El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México (DIFEM) busca dotar a los adultos mayores de una credencial que les permita el acceso a beneficios que abarcan descuentos en el pago de servicios públicos y la compra de diversos artículos de uso personal, hasta las facilidades para realizar actividades recreativas y culturales.

 

Información sobre los autores

Kenya Gabriela Villegas Vázquez. Es egresada de la Licenciatura en Relaciones Económicas Internacionales de la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma del Estado de México. Ha participado como becaria en proyectos de investigación relacionados con la población adulta mayor en el Estado de México. Sus intereses de investigación giran en torno a los temas de envejecimiento y seguridad social. Dirección electrónica: villegas.kenya@gmail.com

Bernardino Jaciel Montoya Arce. Es doctor en Sociología por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), donde también estudió la licenciatura y la maestría. Ha publicado varios libros, entre los que destacan: El proceso de metropolización en la ciudad de Toluca 1950-1990; Estado de México: población en movimiento. Un análisis demográfico del periodo 1950-1980 y Encuesta sobre prácticas de los sujetos sociales de la zona metropolitana de la ciudad de Toluca. Su área de interés son los grupos vulnerables. Actualmente es el coordinador del Centro de Investigación y Estudios Avanzados de la Población de la Universidad Autónoma del Estado de México. Dirección electrónica: bjmontoyaa@uaemex.mx