1. Marco conceptual y revisión de literatura

Existen numerosas definiciones sobre inseguridad alimentaria debido a la complejidad y amplia cantidad de factores que explican a la misma. Por ejemplo, la FAO considera que la seguridad alimentaria existe cuando todas las personas tienen, en todo momento, acceso físico, social y económico a alimentos suficientes, inocuos y nutritivos que satisfacen las necesidades energéticas diarias y preferencias alimentarias para llevar una vida activa y sana (^{FAO, 2011}). A su vez, el organismo establece que existe inseguridad alimentaria cuando las personas no tienen acceso físico, social o económico suficiente a los alimentos.

Por otra parte, la inseguridad alimentaria de acuerdo a la Escala Latinoamericana y Caribeña de Seguridad Alimentaria (ELCSA) se clasifica en los siguientes niveles: inseguridad alimentaria leve que se presenta cuando se ha experimentado una disminución en la calidad de la alimentación; inseguridad alimentaria moderada cuando hay una disminución de la cantidad de alimentos y, finalmente, la inseguridad alimentaria severa cuando un adulto o niño no ingiere alimento en todo un día.

En esencia se pueden observar dos posturas en torno al tema de la inseguridad alimentaria. La primera se centra en la disponibilidad de los alimentos, es decir, la oferta; se toma a esta variable como la más importante para explicar la inseguridad alimentaria. La segunda postura hace referencia al ingreso como la variable sustancial en la explicación de la inseguridad alimentaria.

Respecto al primer planteamiento Malthus escribió en su primer ensayo sobre el principio de la población (¹⁷⁹⁸), que la población crecía geométricamente y la producción de alimentos aritméticamente, es decir, que la población crecía más rápido, por consecuencia, la humanidad estaría condenada a sufrir sobrepoblación y escasez. La solución que propuso consistió en adoptar medidas de control de la población. Al respecto, ^{Nikos y Bruinsma (2012)} han establecido que a nivel mundial la producción agrícola puede incrementarse lo suficiente para satisfacer la demanda adicional proyectada a 2050; así, se espera que el producto agrícola global se incremente 60% por arriba de los niveles de 2005/2007, teniendo en cuenta tanto la producción de alimentos como la no alimentaria.

Sin embargo, puesto que la disponibilidad de recursos, del ingreso y el crecimiento poblacional presentan una marcada distribución desigual, la seguridad alimentaria continuaría representando un serio desafío en el mundo. De esta manera, algunos países tendrían que aumentar su demanda efectiva de alimentos más rápidamente que en el pasado, fundamentalmente a partir de un crecimiento económico sostenible. Tales países son aquellos que se caracterizan por registrar altos niveles de pobreza y un elevado crecimiento de su población.

En este sentido, ^{Camberos (2000)} evalúa el grado de seguridad alimentaria que ha tenido México de 1950 a 1990 centrando su estudio en cambios de la estructura de la población, cambios en la demanda de alimentos, la producción y disponibilidad de los mismos. Dicho autor encuentra que sólo en 1980 se consigue la seguridad alimentaria y que el nivel de importación de granos fue un factor determinante para garantizar dicha seguridad alimentaria en ese año, al presentarse un volumen de importación de 29% del total de la oferta de granos.

Por su parte, ^{Torres (2002)} trató de medir la dimensión de la seguridad alimentaria con base en mapas regionales de alimentación a una escala subestatal e incluso municipal para los 32 estados de la república. La primera condición que tomó para definir un mapa de seguridad alimentaria fue la producción de alimentos, siendo el PIB de la agricultura dividido entre el número de habitantes de cada estado el factor que explica mejor la seguridad alimentaria de las entidades en términos de su oferta, ya que muestra la producción promedio de cada habitante.

Sin embargo, el autor también menciona que aquellas regiones que cuentan con potencial agropecuario importante no necesariamente se encuentran en una situación de consumo alimenticio privilegiado. De igual forma, argumenta que la situación de vulnerabilidad alimentaria de las regiones de México tiende a ubicarse más en las posibilidades de acceso real, toda vez que el nivel de ingreso de la población lo condiciona y éste presenta un grave deterioro acumulado que impide aumentar y diversificar el consumo alimentario.

En dicha investigación, las entidades en las que más de 80% de su población tiene ingresos menores a tres salarios mínimos y se encuentran en la situación más crítica de seguridad alimentaria son Oaxaca y Chiapas. ^{Torres (2002)} llega a tal conclusión tomando en cuenta el valor de la llamada “canasta normativa alimentaria” (CNA²) que para 1990 fue equivalente a 3,2 salarios mínimos.

De esta forma, ^{Torres (2002)} establece que la oferta alimentaria desempeña un papel importante, ya que mediante esta variable identifica geográficamente a las regiones con suficiente o insuficiente producción agrícola, aunque este factor no sea el único determinante en el grado de seguridad alimentaria que se presenta en las regiones. Es así que la relevancia de este estudio radica en la inclusión de la variable ingreso en la explicación de la problemática analizada.

Por otra parte, la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (Ensanut), que aborda tanto el estudio nutricional de la población como la situación de salud desde 2006, mide el estado de inseguridad alimentaria usando la versión adaptada para México de la ELCSA, la cual consta de 15 preguntas dirigidas al jefe de familia o a la persona encargada de preparar los alimentos en el hogar. Asimismo, la escala clasifica a los hogares en cuatro categorías dependiendo del número de respuestas positivas y si cuentan, o no, con integrantes menores de 18 años (^{Secretaría de Salud, 2012}).

Los hogares que se clasifican en la categoría de inseguridad alimentaria leve informan, en primera instancia, preocupación por el acceso a los alimentos, sacrificando la calidad de la dieta. Cuando los hogares se encuentran en inseguridad alimentaria moderada, además del sacrificio en calidad, refieren restricciones en la cantidad de alimentos consumidos. Los hogares en inseguridad alimentaria severa, además de las percepciones anteriores, relatan experiencias de hambre en adultos y finalmente en niños.

La importancia de la Ensanut 2012 en la evaluación de la inseguridad alimentaria en el país radica en la evidencia arrojada por sus resultados. Esta indica que una proporción de 30% de hogares se ubicó en seguridad alimentaria; mientras que 70% se clasificaron en alguna de las tres cate-gorías de inseguridad alimentaria: 41,6% en inseguridad leve, 17,7% en inseguridad moderada y, 10,5% en inseguridad severa.

La aportación de la Ensanut 2012 en el estudio y medición de la inseguridad alimentaria en México se da en la escala de preguntas utilizada, la cual además de categorizar a dicha problemática, también deja entrever las posibles causas por las que una persona calificada dentro de inseguridad alimentaria moderada y severa, disminuye la cantidad en el consumo de alimentos o, en el peor de los casos, deje de ingerir alimentos un día entero.

Entre los múltiples estudios que se han realizado para el análisis de la seguridad alimentaria en México, se encuentra también el informe elaborado en 2010 por el Coneval, dentro del cual se da paso a un elemento adicional, la estabilidad temporal, ya que la permanencia de la problemática es un factor adicional de la seguridad alimentaria en México.

Por lo anterior, el organismo elabora una clasificación de inseguridad alimentaria que permite conocer la temporalidad del fenómeno en los hogares mexicanos (^{Coneval, 2010}).

Las personas en inseguridad alimentaria crónica son aquellas cuyo consumo alimentario está por debajo de los requerimientos necesarios o que padecen hambre de forma persistente durante periodos largos, ocasionados por reducciones estacionales en la producción o abasto de alimentos, o del empleo.

En cambio, aquellos en inseguridad alimentaria estacional y transitoria son los que se enfrentan a niveles de consumo inferiores a los adecuados por periodos definidos, como resultado de choques económicos y naturales, variaciones en los precios internacionales, sequías y cualquier tipo de desastre natural, e incluso por periodos de enfermedad o desempleo temporal que ocasione disminución en su ingreso.

Esto indica que un hogar se considera en seguridad alimentaria si tiene protección contra ambos tipos de inseguridad. Como se observa, el estudio puntualiza la importancia de dos de las variables más relevantes que definen el índice de inseguridad alimentaria: oferta e ingreso.

De igual manera, se establece que para medir la situación de riesgo de seguridad alimentaria de un país, además de los indicadores de disponibilidad de alimentos y de desnutrición, también se deben incorporar indicadores de crecimiento económico, pobreza, salud, entre otros (^{Coneval, 2010 3}). Adicionalmente, dentro de los indicadores para la dimensión de acceso o capacidad para adquirir alimentos, el organismo refiere que el acceso económico se relaciona con el precio de un alimento en particular o el precio relativo de alimentos alternativos o sustitutos, así como con las restricciones presupuestarias de los consumidores.⁴

Por su parte, ^{Torres (2003)} establece que existe una amplia gama de factores explicativos de la inseguridad alimentaria, los cuales identifica como coyunturales y estructurales: En el primer caso ubica a los i) fenómenos climáticos adversos, ii) fluctuaciones en los ingresos en divisas o en la capacidad para importar, iii) malas cosechas no compensadas por mejores precios, iv) caídas estacionales de los precios del producto, v) desempleo estacional, vi) declinación temporal en los salarios reales y, vii) la transición hacia otras opciones productivas. En tanto que entre los factores estructurales se encuentra el i) deterioro del potencial productivo (salinización, erosión, desertificación, etc.), ii) sustitución de cultivos alimentarios, iii) deterioro de los términos de intercambio, iv) falta o insuficiencia de tierra laboral, v) salarios menores al costo de la canasta básica, vi) desempleo crónico sin seguro social compensatorio, vii) aislamiento geográfico, viii) analfabetismo, ix) problemas de salud y edad, entre otros.

Es claro que ^{Torres (2003)} destaca como factores explicativos del fenómeno de la inseguridad alimentaria, principalmente, a las diversas problemáticas que enfrenta la producción del sector agropecuario, sobre todo en el mundo en desarrollo tanto de tipo coyuntural como estructural, a las fluctuaciones del tipo de cambio de los términos de intercambio y a los salarios reales.

Los diversos estudios tanto de carácter teórico como aplicado sugieren que el tema de la inseguridad alimentaria debe ser abordado y explicado a la luz de una gran cantidad de factores determinantes: insuficiente oferta de alimentos que no logra cubrir una demanda creciente, crecimiento económico y del empleo formal insuficientes, niveles de ingreso reducidos, aumentos elevados en los precios de los alimentos, pobreza y salud, entre otros.

En esta investigación se destaca el carácter multifactorial del fenómeno de la inseguridad alimentaria, por lo que además de reconocer que dicha problemática está asociada a los indicadores económicos antes referidos se incorpora a la educación como una variable explicativa fundamental de la inseguridad alimentaria de acuerdo al enfoque de capabilities o “capabilidades”⁵ expuesto por ^{Sen (1981}, ¹⁹⁸³⁾. Dicho enfoque considera que las personas tienen el potencial o “capabilidad” para existir o actuar, o bien, que los seres humanos poseemos un gran número de potencialidades que las situaciones adversas nos impiden desarrollar; por lo que cualquier principio de distribución debe centrarse en la mejora de las circunstancias que permiten desarrollar las “capabilidades” (^{Nebel et al., 2014}).

El enfoque teórico de capabilities establece que el bienestar de las personas no depende fundamentalmente de sus niveles de ingreso sino del grado de desarrollo de sus “capabilidades”. ^{Nussbaum (2000}, ²⁰⁰³⁾ propuso una lista concreta de capabilities la cual se compone de las siguientes 10 categorías: i) vida (no morir de forma prematura, vivir una vida de duración normal), ii) salud física (mantener una buena salud en general y recibir una alimentación adecuada), iii) integridad física (vivir sin peligros), iv) sentido, imaginación y pensamiento (tener acceso a la educación y formación científica), v) emociones (sentir emociones por cosas y personas externas o por uno mismo), vi) razón práctica (reflexionar acerca de la planificación de la propia vida), vii) afiliación (poder vivir por y para los demás), viii) otras especies (vivir con el resto de los seres vivos en un entorno natural y de respeto), ix) juego (dedicar tiempo a actividades recreativas), x) control del entorno (participar de forma efectiva en las decisiones políticas que afectan directamente nuestra vida (^{Robeyns, 2005}; ^{Alarcón y Guirao, 2013}). En este sentido, Alarcón y Guirao (2013) destacan que en su gran mayoría estas capabilities sólo pueden ser alcanzadas a través de la educación. De esta manera, en este estudio se considera a la educación o “escolaridad promedio” de los individuos como una variable proxy de las capabilities referidas con anterioridad.

2. Metodología

Este apartado tiene la finalidad de describir la metodología estadística y econométrica que facilitó la elaboración del modelo de la inseguridad alimentaria severa (IAS) en los estados de México. Se comentan también los conceptos empleados en el análisis de los modelos de regresión lineal (MRL) y del método de mínimos cuadrados ordinarios (MCO).

El MRL empleado en esta investigación se puede representar a partir de la siguiente ecuación.

Donde Y es el vector de observaciones relativas al porcentaje de los hogares en condición de IAS en los distintos estados de México durante 2012, en tanto que X₁, X₂,…,X₁₁ son vectores referentes a las variables explicativas del modelo que son descritas más adelante; el término ε se refiere a la perturbación estocástica del modelo.

La inflación en alimentos (X₁) es la tasa de crecimiento del índice nacional de precios al consumidor (INPC) de los alimentos, comprende el periodo 2000-2012⁶ para cada uno de los estados de México y es publicado por el ^{Inegi (2013a)}.

La escolaridad (X₂) es el número promedio de años de escolaridad durante 2012 de cada estado de la república mexicana y la información fue obtenida del ^{Inegi (2012)}.

El salario real (X₃) es el salario mínimo nominal que publica la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (^{Conasami, 2013}) dividido por el INPC general, tomando en cuenta el periodo 2000-2012 para cada uno de los estados del país mexicano.

La tasa de desocupación (X₄) es el porcentaje de desocupación respecto a la población económicamente activa (PEA) durante el periodo 2000-2012 para cada uno de los 32 estados mexicanos. Las tasas de desocupación utilizadas en este estudio fueron obtenidas del ^{Inegi (2013b)}.

La tasa de ocupación en el sector informal (X₅) es el porcentaje de ocupación en el sector informal respecto a la PEA en 2012 para cada uno de los estados de México y fue publicada por el ^{Inegi (2013b)}.

El crecimiento del PIB estatal (X₆) es la tasa de crecimiento del pro-ducto interno bruto (PIB) durante el periodo 2000-2011 para cada uno de los estados mexicanos y representa el comportamiento de la actividad económica estatal en dicho periodo (^{Inegi, 2013c}).

La producción del sector primario per cápita (X₇) es la tasa de crecimiento del PIB del sector primario per cápita durante 2005-2010 de cada uno de los estados. Dicho indicador representa el crecimiento de las actividades económicas primarias por habitante en el periodo establecido (^{Inegi, 2013c}).

Los deciles de ingreso de la población I, II, III y IV (X₈, X₉, X₁₀ y X₁₁) representan las tasas de crecimiento durante 2005-2010 para dichas variables de cada uno de los estados. Estos indicadores muestran los niveles de ingreso más bajos de la población. De hecho los deciles I, II y III corresponden a un nivel de ingreso menor que un salario mínimo; en tanto que los deciles IV, V y VI representan un ingreso de más de un salario mínimo pero menor a dos salarios mínimos (^{Inegi, 2013d}).

La información acerca de las variables descritas se resume en el Cuadro 1.

Cuadro 1 Variables dependientes e independientes del modelo econométrico de inseguridad alimentaria. 

Fuente: elaboración propia con datos de la ^{Conasami (2013)}, ^{Enoe (2013)}, ^{Ensanut (2012)} e ^{Inegi (2013a)}.

El Cuadro 1 muestra que los estados con mayor grado de IAS en México son Tabasco, Campeche, Guerrero, Michoacán y Chiapas; mientras que los estados que presentan un grado menor de inseguridad alimentaria son Querétaro, Jalisco, Yucatán y Nuevo León. Un primer análisis con base en la información del Cuadro 1 permite observar que aquellos estados con mayores niveles de inseguridad alimentaria severa no son precisamente los que han mostrado mayores niveles inflacionarios en el rubro de alimentos en el pasado reciente. Este es el caso de Tamaulipas, Colima y Nayarit, quienes presentaron los mayores aumentos del índice referido durante el periodo 2000-2012, y que sin embargo, sus niveles de IAS se ubican por debajo de la media nacional.

En este mismo sentido llama la atención el caso de los estados de Tabasco, Campeche y Guerrero que por un lado presentan los porcentajes de IAS más elevados, no obstante, se acompañan de niveles inflacionarios en alimentos cercanos a los de la media nacional. Lo que de antemano sugeriría una débil relación entre ambas variables, o bien, que los fuertes incrementos en los precios de alimentos no sería uno de los principales factores explicativos de la inseguridad alimentaria severa en los estados de México.

Por otra parte, respecto a la variable de escolaridad, que representa una aproximación al grado de capacitación de las personas para realizar sus actividades, se encontró en términos medios que dicha variable presenta una relación inversa con la variable IAS, lo cual puede ejemplificarse con entidades como el Distrito Federal y Nuevo León, quienes muestran los niveles de escolaridad más elevados (10.6 y 9.9 años, respectivamente) entre los 32 estados; a su vez, se ubican entre las entidades con índices de IAS por debajo del promedio nacional (11,7%), lo cual es consistente con el hecho de que un nivel de instrucción más alto se asocia positivamente con niveles de IAS más bajos; o bien, que una mayor capacitación contribuye con niveles de IAS menores. Se puede observar que estados como Chiapas, Oaxaca, Guerrero y Michoacán, que presentan los niveles de escolaridad más reducidos, por debajo de los ocho años en promedio, muestran niveles de IAS por arriba de la media nacional.

En lo relativo a la variable del salario real, donde se esperaría una relación inversa de éste con el indicador de la IAS, resulta que estados como Veracruz, Distrito Federal, Hidalgo y Baja California Sur experimentaron una caída significativa de sus salarios reales, en términos promedio, durante el periodo 2000-2012, sin embargo, sus niveles de IAS se ubicaron por debajo del promedio nacional (11,7%), lo que da una primera evidencia de que el crecimiento del salario real en las entidades federativas de México no contribuye de manera significativa al combate de la IAS como se podría suponer.

Por otro lado, al analizar la variable de la tasa de desocupación general y la de ocupación en el sector informal, se aprecia que éstas no tienen un impacto significativo en el nivel de la IAS, esto es, existen entidades federativas que por una parte presentan tasas de desempleo y de ocupación en el sector informal elevadas, y por otra, muestran niveles de IAS cercanos a la media nacional, tal es el caso de Tlaxcala, Estado de México y Guanajuato, que registraron tasas de ocupación en el sector informal de 39,5; 35,0 y 32,6%, respectivamente, lo que sugiere que el dinámico proceso de absorción de mano de obra por parte del sector informal de la economía no ha sido determinante en el aumento promedio de la población que se encuentra en situación de IAS de los diferentes estados de México.

Otro indicador relevante en el estudio de la IAS en esta investigación es el del crecimiento de la actividad económica de los estados. Al respecto se tiene que durante el periodo de 2000-2012 las entidades que registraron los mayores crecimientos porcentuales promedio de su producto interno bruto (PIB) fueron los de Baja California Sur (4,6), Aguascalientes (4,3), Quintana Roo (4,2), Zacatecas (4,1) y Querétaro (4,0). No obstante, este comportamiento favorable de sus economías no se ve claramente reflejado en los niveles de IAS, los cuales fueron similares al promedio nacional, excepto Querétaro, donde sí se observaría una relación directa entre crecimiento económico y bajo nivel de IAS.

Campeche, Oaxaca, Michoacán, Tlaxcala y el Distrito Federal tuvieron las menores tasas de crecimiento de su PIB, por otra parte, su nivel de IAS no resulta tan alto como se podría esperar; al respecto llama la atención el caso de Tlaxcala con una IAS muy por debajo del promedio nacional y con un crecimiento económico promedio, en el periodo referido, de apenas 1,8 por ciento.

Por otra parte, considerando que el crecimiento de la actividad productiva per cápita del sector primario de las economías estatales influirá de manera positiva en la seguridad alimentaria de sus poblaciones, se observó que los estados de Zacatecas, Tlaxcala, Chihuahua, Sonora y Querétaro presentaron las tasas más altas de crecimiento durante el periodo 2005- 2010; en tanto que Tabasco, Baja California Sur, Colima, Quintana Roo y el Distrito Federal mostraron los crecimientos más bajos, por cierto negativos.

En este sentido, el contraste de ambos casos en relación a los niveles de IAS sugieren para la mayoría de los estados una relación inversa entre estas dos variables, es decir, a mayor crecimiento de la actividad productiva primaria per cápita se observaron menores niveles en la IAS y, viceversa, niveles de crecimiento reducidos, incluso negativos, están asociados con mayores índices de IAS.

Ahora, al considerar la evolución del nivel de ingreso de los estados, esto a partir de la variable del ingreso por deciles donde además se espera una relación inversa entre el crecimiento del ingreso y la proporción de familias en condición de IAS, se distingue que para el decil I,⁷ estados como Morelos, Veracruz, Chiapas, Tabasco y Michoacán han mostrado un mayor crecimiento en el mismo durante el periodo 2005-2010; en tanto que Jalisco, Sonora, Colima, Nayarit y Yucatán presentaron creci-mientos negativos para dicha variable. Así, en el primer grupo de estados se observaron niveles elevados de IAS y no en el segundo grupo, donde de hecho los estados de Jalisco, Colima, Nayarit y Yucatán se encontraron con niveles de IAS por debajo de la media nacional.

Un caso especial que llama la atención es el del estado de Tamaulipas que aunque por una parte presentó la tasa de inflación en alimentos más elevada entre los estados, durante el periodo de 2000-2012, por otra se ubicó en los primeros lugares en tasas de desocupación promedio para el mismo periodo, presentó un grado de IAS no tan elevado en términos relativos (11,5%).

Asimismo, se detectaron casos como el de Chiapas donde sus diversos indicadores económicos son consistentes con lo esperado, esto es, mientras Chiapas fue el estado con el menor nivel de escolaridad (6,8 años), elevada inflación en alimentos (101,8% durante 2000-2012), crecimiento promedio del PIB (2% en 2000-2011), y una fuerte reducción de la producción del sector primario per cápita (-4,7% en 2005-2010), su nivel de IAS durante 2012 resultó de los más elevados (15,4%), sólo por debajo de Tabasco (25,9%), Campeche (18,3%), Guerrero (18%) y Michoacán (16,3%).

3. Modelo econométrico y resultados

Es importante destacar que la finalidad de este análisis no es la predicción acerca del comportamiento de las variables en estudio sino únicamente conocer aquellos factores que, en términos medios, contribuyen a una mejor explicación del fenómeno de la inseguridad alimentaria severa en los estados de México.

El modelo de inseguridad alimentaria especificado⁸ y estimado en primera instancia es el siguiente:⁹

Donde las cifras entre paréntesis corresponden a los valores de probabilidad, o p-values,¹⁰ los cuales permiten evaluar la significancia de los parámetros estimados del modelo. Además, es importante recordar que el análisis de la estimación del modelo se realiza en términos promedio para los 32 estados de la república mexicana.

Por otra parte, para determinar si el modelo tiene una correcta especificación se recurrió a la prueba Reset de Ramsey, misma que arrojó un valor de probabilidad del estadístico F de 0.0081, el cual es menor a 0.05, y por tanto, sugiere que la hipótesis nula de correcta especificación debe ser rechazada considerando un nivel de significancia de 5 por ciento. Adicionalmente, la presencia de una gran cantidad de coeficientes no significativos (lo que se observa a partir de los p-values mayores a 0.05 en el modelo estimado) sugirió la incorporación de una especificación distinta del modelo. Es así que se consideró el planteamiento de un modelo log-lin¹¹, el cual implica que la relación en términos de las variables originales es la forma funcional:¹²

Donde β₀, β₁ y β₂ son los parámetros a estimar, X₁ y X_2, las variables explicativas del modelo, Y, la variable inseguridad alimentaria severa (IAS) de los estados de México y ε es el término de error aleatorio del modelo econométrico. A su vez, la estimación de este modelo por el método de mínimos cuadrados ordinarios (MCO) fue la siguiente.

Con base en esta especificación y estimación se encontró que la escolaridad (X₂) y la producción del sector primario per cápita (X₇) son los principales factores explicativos de la IAS para los 32 estados de México, los cuáles en conjunto determinarían alrededor de un 33% (R²=0.33)¹³ de dicha problemática, además de que ambas variables presentan signo negativo, es decir, que tendrían una relación inversa con la variable de la IAS, lo que es consistente con el planteamiento teórico correspondiente.

En este sentido, variables como el nivel de ingreso estatal, la inflación en alimentos, el crecimiento del producto interno bruto (PIB), la tasa de desempleo y del empleo en el sector informal de las economías estatales, en términos promedio, no constituyen factores determinantes en la explicación del problema de la IAS a nivel estatal para México de acuerdo con la estimación del modelo econométrico propuesto en esta investigación.

De esta manera, vale la pena remarcar que el panorama que se presenta en variables como escolaridad media y producción del sector primario per cápita en los estados mexicanos es poco alentador. En México, el grado promedio de escolaridad de la población es de 8,7 años, lo que es equivalente, en el mejor de los casos, a estudios de secundaria. Al respecto, en entidades como el Estado de México, Baja California, Sonora, Coahuila y Baja California Sur, que presentan grados de escolaridad que van de los 9,2 a los 9,6 años, cifras equivalentes a poco más de la secundaria concluida, no han podido resolver de forma adecuada el problema de la IAS que alcanza porcentajes entre el 10,7 y 13,5% de los hogares en dichas entidades.

Por su parte, estados como Chiapas, Guanajuato, Guerrero, Michoacán y Veracruz que tienen promedios de escolaridad de entre 6,8 y 7,9 años presentan niveles de IAS que alcanzan porcentajes entre 10,21 y 17,97% de sus poblaciones (ver Cuadro 1).

A su vez, en relación a la producción per cápita del sector primario de las economías estatales se puede observar que el crecimiento de esta variable durante el periodo 2005-2010 recurrentemente ha presentado cifras negativas, con excepciones como Zacatecas (16,9%), Tlaxcala (15,2%), Chihuahua (12,7%), Sonora (8,9%) y Querétaro (8,6%), lo que puede explicar en buena medida la creciente dependencia alimentaria que ha mostrado el país mexicano, principalmente respecto a Estados Unidos de Norteamérica; esta situación sin duda está asociada a la fuerte contracción del sector agropecuario mexicano en las últimas décadas.

Al respecto, ^{Antón (2013)} y ^{González y Orrantia (2006)} han establecido que la problemática del campo mexicano, más que ser resultado de la política subsidiaria hacia ese sector o de la mayor integración al comercio internacional, se debe principalmente a la insuficiente inversión pública y privada en servicios de apoyo que promuevan el avance técnico y capacitación, la ampliación de la infraestructura de riego y transporte, la organización para la compra de insumos y para la venta de la producción, seguro agrícola y crédito, así como la intensificación del proceso productivo y la productividad del sector.