La Declaración Universal de los Derechos Humanos, proclamada por las Naciones Unidas en 1948, reconoce que todo ser humano tiene el derecho fundamental a la alimentación (artículo 25).1 Posteriormente, en 1976, con el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (artículo 11), el derecho a la alimentación se convierte en una obligación legal.2 Asimismo, en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se adiciona un párrafo tercero al artículo 4° y un segundo párrafo a la fracción XX del artículo 27 (DOF 13-10-2011).3 Con esta reforma se elevó a rango constitucional el derecho humano a la alimentación adecuada y se responsabiliza al Estado de la seguridad alimentaria.
La seguridad alimentaria se puede definir como aquellas condiciones en las que las personas tienen acceso físico a alimentos asequibles y los medios económicos para obtenerla. Los alimentos deben estar disponibles en cantidad y calidad para satisfacer las necesidades nutricionales y para permitir una vida suficientemente saludable y productiva. Las prácticas culturales, la variedad de alimentos y la diversidad en la dieta contribuyen a la seguridad alimentaria.4 Por el contrario, existe inseguridad alimentaria cuando la disponibilidad y el acceso a alimentos nutricionalmente adecuados y socialmente aceptables es limitada o incierta.5 Así pues, la disponibilidad y el acceso a alimentos son aspectos clave para la medición de la inseguridad alimentaria (IA).
Últimamente se han desarrollado indicadores de acceso que miden la experiencia de seguridad alimentaria a nivel hogar como es la Escala Latinoamericana y Caribeña de Seguridad Alimentaria (ELCSA). Esta escala se aplicó en varios países,6 y se validó y declaró como instrumento estadísticamente robusto para medir seguridad alimentaria.7,8 La ELCSA se ha utilizado para documentar la distribución de IA en México y para relacionar la condición de IA con factores socioeconómicos así como con algunos indicadores del estado de nutrición como sobrepeso, obesidad y talla baja; asimismo, se ha relacionado la magnitud de IA con indicadores de la calidad y diversidad de la dieta.9-19
La ELCSA documenta la distribución geográfica de la IA; también captura aspectos claves como insuficiencia alimentaria (en cantidad y calidad), aceptación o rechazo cultural y comportamiento de los individuos frente a la incertidumbre.20
Un indicador relacionado con la inseguridad alimentaria es la pobreza alimentaria, la cual refleja la incapacidad para obtener una canasta básica alimentaria, aun si se hiciera uso de todo el ingreso disponible en el hogar para comprar sólo los bienes que la conforman. Particularmente en México se reporta que la pobreza alimentaria por ingreso fue de 23.7% en el año 1990, 24.1% en 2000 y 18.8% en 2010.21 Concretamente, en Nayarit se ha transitado de 19.6% (1990) a 23.4% (2000), hasta lograr 15.4% (2010) de la población con pobreza alimentaria por ingreso, según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval). Los municipios del estado de Nayarit que detecta el Coneval con porcentajes de pobreza alimentaria menor son Bahía de Banderas, Xalisco, San Pedro Lagunillas, Tepic, Ahuacatlán, Compostela, Amatlán de Cañas, San Blas, Tecuala, Santiago Ixcuintla, Tuxpan, Santa María del Oro e Ixtlán del Río, que van de 6 a 19% de pobreza alimentaria. Por otra parte, los municipios que registran porcentajes de pobreza alimentaria entre 20 y 60% son Rosamorada, Acaponeta, Jala, Ruíz, La Yesca y Huajicori. En el lado extremo se identifica Del Nayar con 75% de la población en pobreza alimentaria.
A pesar de los esfuerzos por asegurar la disponibilidad de alimentos a nivel nacional, no se ha podido asegurar el acceso continuo y suficiente de alimentos para todos. En Nayarit, en el año 2012 la prevalencia de IA fue de 70.5%, de los cuales 44.9% estaba en inseguridad leve, 16.2% en inseguridad moderada y 9.3% en inseguridad severa. Además, había mayor prevalencia de IA en áreas rurales (76.1%) que en áreas urbanas (68.1%).22 Los tomadores de decisiones involucrados en la formulación de políticas o intervenciones para reducir la inseguridad alimentaria a nivel local se enfrentan con la escasez de información relevante que permita focalizar los grupos más vulnerables al menor nivel de detalle posible.
El objetivo de este trabajo es estimar la proporción de hogares rurales y urbanos con inseguridad alimentaria (IA) en los veinte municipios del estado de Nayarit, México, e identificar los factores que la determinan.
Material y métodos
Se obtuvo información de algunas características sociodemográficas y de la situación de IA de 7 187 hogares distribuidos en los veinte municipios del estado de Nayarit, tanto en localidades urbanas como en rurales. Puesto que el diseño de la muestra fue probabilístico, los resultados obtenidos se generalizaron a todos los hogares de Nayarit que, para el año 2010, eran 921 163. La muestra de localidades urbanas (n=3 963) representó un total de (N) 204 521 hogares, y la de rurales (n=3 224), (N) 86 642. Como marco de muestreo se tomaron los datos poblacionales del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) publicados en el Censo de Población y Vivienda de 2010. La unidad de muestreo fue la vivienda y la unidad de observación fueron los hogares. La selección del tamaño de muestra se basó en el total de viviendas particulares y colectivas habitadas. El muestreo fue completamente al azar.
El estado de IA de los individuos se estimó usando la versión armonizada para México de la ELCSA, la cual aporta información tanto de seguridad como de inseguridad alimentaria a partir de la experiencia de los integrantes del hogar. La ELCSA consta de 15 preguntas; las primeras ocho se refieren a diversas situaciones que conllevan a la inseguridad alimentaria, experimentada por los adultos de esos hogares; las restantes siete preguntas se refieren a condiciones que afectan a los menores de 18 años en el hogar. Las preguntas que componen la escala están organizadas de forma continua, de menor a mayor gravedad, iniciando con escenarios en los que se percibe preocupación por la seguridad alimentaria (SA), continuando con pérdida en la variedad de la dieta, hasta llegar a reportar experiencias de hambre. El periodo de referencia para las preguntas son los tres meses previos a la aplicación de la encuesta. La encuesta se dirigió al jefe o jefa de familia o a la persona encargada de preparar los alimentos en el hogar; las opciones de respuesta fueron "sí" o "no". A toda respuesta afirmativa se le asignó un punto; la sumatoria de estos puntos estableció el nivel de inseguridad (Cuadro I). A las respuestas negativas se les asigna un 0, de tal manera que un hogar con "cero" puntos se considera con seguridad alimentaria.
El diseño muestral consistió en la estimación de una proporción considerando máxima diversidad de la población, con nivel de confianza de 95% y precisión de 5%. Las unidades primarias de muestreo fueron los municipios y las unidades secundarias fueron las localidades rurales (<2 500 habitantes) y las localidades urbanas (≥2 500 habitantes).
La encuesta se aplicó en el año 2013 entre los meses de enero a mayo. En el caso del municipio de La Yesca no fue posible encuestar la cabecera municipal, que es la única considerada como urbana, debido al difícil acceso en el periodo programado para la obtención de la información.
Se aplicó un cuestionario con las siguientes características sociodemográficas de los hogares: número de personas que habitan en el hogar, personas menores de cinco años y mayores de 64 años, máximo número de personas que duermen en la misma habitación, y sexo y escolaridad de la jefatura del hogar.
La variable de escolaridad de la jefatura de hogar se clasificó como "ninguna" a las personas que no sabían leer ni escribir y no habían tenido instrucción formal; "alfabeta" a aquéllas que sabían leer y escribir pero no habían concluido su educación primaria; "primaria y más" cuando la persona refirió concluir la educación primaria o un mayor nivel de escolaridad.
Análisis estadístico
Se realizó un análisis descriptivo por nivel de inseguridad alimentaria (IA) con las características sociodemográficas de la muestra y sus intervalos de confianza al 95%. Las características sociodemográficas fueron descritas en proporciones. Para determinar la independencia entre la IA y las características sociodemográficas (personas que habitan en el hogar, personas menores de cinco años, personas mayores de 64 años, máximo número de personas que duermen en la misma habitación, jefatura del hogar y escolaridad de jefe de familia) se utilizó ji cuadrada. El procesamiento de datos junto con el análisis estadístico se realizó con el Statistical Package Social Science (SPSS) para Windows versión 20.
Resultados
En el Cuadro II se muestra la distribución de la inseguridad alimentaria de acuerdo con algunas variables sociodemográficas. Los resultados muestran que la seguridad alimentaria en los hogares de Nayarit, México, según la experiencia, para el año 2013 fue de 23.8% y la inseguridad alimentaria (IA) de 76.2%. De éstos últimos, 50.7% presentan IA leve, 16.4% IA moderada y 9.1% IA severa (Cuadro II). En localidades rurales la prevalencia de la IA fue mayor (81.0%) que en localidades urbanas (72.3%). Al analizar la distribución de la IA según número de integrantes en el hogar, se observó que IA leve fue menor en los hogares integrados por menos miembros e IA severa se comportó de manera inversa (Cuadro II).
Los hogares en los que vivían personas menores de cinco años eran 2 244 (31.2% del total); en pocos hogares vivían más de tres niños menores de cinco años (0.7%). Se identificó que la IA moderada y severa era mayor en hogares con 4 a 6 niños menores de cinco años que en hogares con uno a tres niños menores de cinco años.
En hogares donde el hombre era el jefe de familia, la proporción de hogares en IA fue menor (76.8%) que en los hogares con jefatura femenina (78.5%), sin embargo, la proporción de IA disminuyó en hogares donde se compartía la jefatura (70.9%). Con respecto a la escolaridad del jefe de familia (hombre o mujer), cuando menor es la instrucción mayor es la proporción de hogares en IA.
Los municipios con mayor proporción de hogares con IA moderada y severa fueron Del Nayar (45.2%), Jala (38.5%), Tuxpan (33.9%), Rosamorada (29.4%), Acaponeta (29.4%) y Ruiz (28.5%). En contraste, los municipios con menor proporción de IA moderada y severa fueron Ixtlán del Río (13.2%), Amatlán de Cañas (14.6%), Xalisco (19.5%) y Bahía de Banderas (21.4%). En la Figura 1 se muestra la distribución de la IA moderada y severa en localidades urbanas y rurales en los municipios de Nayarit. Se observa que los municipios con mayor proporción de IA moderada y severa en las localidades rurales fueron Del Nayar, Tuxpan, Ruiz, Jala y Acaponeta; asimismo, se observa que los municipios de Del Nayar, Jala, Tuxpan, Tepic y San Blas presentaron la mayor proporción de IA moderada y severa en las localidades urbanas.
Discusión
En este trabajo se describe la magnitud y distribución de la IA en el estado de Nayarit, México, y su relación con algunas características sociodemográficas de los hogares.
La prevalencia estatal de inseguridad alimentaria en el estado de Nayarit reportada en este trabajo fue de 76.2%. Esta cifra es congruente con la reportada por la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (Ensanut 2012). Según estos resultados, la inseguridad alimentaria moderada y la inseguridad severa tuvieron un incremento de 0.2% cada una, mientras que la inseguridad leve incrementó 5.8%. Esto sugiere un aumento de la inseguridad alimentaria entre los años 2012 y 2013.
Asimismo, tal como se reportó en la Ensanut 2012, se observó que la prevalencia de la IA en Nayarit es mayor en localidades rurales que en urbanas (76.1 y 68.1%, respectivamente). Estos resultados coinciden con los reportados por otros autores.10,13,23,24 Al respecto, la FAO ha encontrado que habitar en zonas rurales es un factor de riesgo que amenaza la seguridad alimentaria. Se ha identificado que las poblaciones de las zonas rurales comprenden un porcentaje alto de personas que padecen hambre en los países en desarrollo, como es México.25 Esta situación de vulnerabilidad se debe a la condición de aislamiento de dichas localidades, con accesos carreteros insuficientes que hacen difícil la disponibilidad y el acceso a los alimentos, así como el acceso limitado a servicios de salud y educación, baja oportunidad de inserción al mercado laboral y, con ello, ingresos bajos con la consecuente pobreza alimentaria.
Adicionalmente, la situación de inseguridad alimentaria se concentra en hogares con mayor número de menores de cinco años, mayor número de mayores de 64 años, mayor número de integrantes, jefatura femenina y menor escolaridad del (la) jefe(a) de familia. Por otra parte, la prevalencia de IA severa (9.1%) fue menor que la leve (50.7%) y moderada (16.4%) lo cual concuerda con lo reportado por otros autores.12,26,27
El incremento en la proporción de situación de inseguridad alimentaria en hogares con menores (79%) frente a los hogares en los que no viven menores (73%) sugiere que la presencia de éstos puede incrementar la inseguridad alimentaria en el hogar al presentarse un mayor número de personas que dependen del acceso a los alimentos.
En hogares donde el jefe de familia era mujer, la IA fue 2.2% mayor que cuando el jefe era hombre. Sin embargo, en hogares donde se compartía la jefatura, la IA fue 7.7% menor que en jefatura masculina. Esto puede deberse a que cuando incrementa el número de personas que proveen en un hogar, incrementa el ingreso y eso reduce la IA. La prevalencia de inseguridad alimentaria mayor en jefaturas femeninas coindice con hallazgos de estudios recientes.15,23
Un resultado importante de este trabajo fue detectar que la mayor prevalencia de inseguridad alimentaria tiene una alta correlación con bajo nivel de escolaridad del jefe de familia, aspecto consistente con reportes de varios autores15,26,28-30 que muestran que la baja escolaridad limita a los individuos para acceder a mayores ingresos y adquirir alimentos. Así pues, el nivel de escolaridad aparece como un elemento crucial para reducir la inseguridad alimentaria.
Los resultados de este trabajo identifican, a nivel municipal en áreas urbanas y rurales, los grupos sociales vulnerables que han sido excluidos del derecho a la alimentación. Esto puede servir de instrumento a los tomadores de decisiones de los programas y políticas públicas destinados a garantizar a la población el acceso seguro a la alimentación. Se sugiere priorizar en el tema de seguridad alimentaria la atención a aquellos hogares que tienen condición de vulnerabilidad, que son aquéllos de localidades rurales, que tienen mayor número de menores de cinco años, mayor número de mayores de 64 años, mayor número de integrantes, así como jefatura femenina. Asimismo, se enfatiza la necesidad de promover y asegurar el incremento del nivel educativo de la población.