Señor editor: Un problema de salud pública a nivel mundial es la utilización de dispositivos de vapeo como sustitutos de las terapias para dejar de fumar. Desde el punto de vista médico respiratorio, la preocupación deriva de la comercialización de dichos dispositivos como alternativa sin regulación dentro de políticas de reducción de daños y de su uso en jóvenes nunca fumadores, debido a que se promueve el hábito de fumar y, por consiguiente, la salud respiratoria incluso de quienes se exponen pasivamente al vapor resulta afectada.1,2
Los dispositivos de tanque abierto con potencial acceso a disposición de drogas como THC (tetrahidrocannabinol) y asociados con daño pulmonar agudo (EVALI) son los más utilizados actualmente.3,4,5 Probablemente la indecisión y duda de las iniciativas de grupos políticos se basa en la evidencia científica contrastante en relación con la eficacia y seguridad de los dispositivos, punto al que se le deberá buscar solución a corto plazo, ya que las normativas así dictaminadas por las iniciativas de ley podrían ser deletéreas a la salud de los usuarios y demeritar lo hasta ahora logrado en cuestión de política pública para el control del tabaco.
Estamos conscientes de la necesidad de regular los dispositivos, ya que a pesar del intento de dejar de fumar de todo fumador, motivado por un adecuado esquema de terapia farmacológica doble, más terapia cognitivo-conductual llamada trimodal (la más efectiva), cierto porcentaje de pacientes no logrará la abstinencia. El uso del cigarrillo electrónico en esos pacientes definitivamente resultaría mejor alternativa que seguir usando tabaco convencional, siempre y cuando lleven el seguimiento de un psiquiatra-adictólogo (terapia cognitivo-conductual) y de un neumólogo, debido a los efectos adversos potenciales a corto plazo en la función pulmonar demostrados por su uso.
Eventualmente, las pautas regulatorias nacionales deberán buscar la venta de los dispositivos de vapeo sólo a usuarios mayores de edad; evitar campañas publicitarias que los promuevan como dispositivos seguros; evitar su uso en lugares cerrados; prohibir la comercialización de dispositivos de tanque abierto; evitar comercializar los sabores dulces limitando sólo a mentol y tabaco; e incluir control en medidas de fabricación, leyes de licencia e impuestos selectivos.