I. Introducción

Los sufrimientos intensos producidos por condiciones médicas incurables o intratables, agravados a veces por intervenciones médicas largas y debilitantes, motivan a muchas personas a solicitar ayuda para morir. En la mayoría de los países, sin embargo, la eutanasia y el suicidio asistido -como alternativas a los cuidados paliativos, la muerte dolorosa o el “suicidio crudo”- aún son prácticas prohibidas y criminalizadas. La imposición de penas sigue estando respaldada por creencias tradicionales sobre la santidad de la vida y la protección de personas vulnerables, en contraste con creencias basadas en la autonomía personal, la privacidad, la solidaridad y la prohibición de tratos inhumanos, que abogan por la despenalización. Hasta junio de 2022 solo trece países han decidido, pese a las controversias, legalizar formas más o menos amplias de eutanasia y suicidio asistido, en una tendencia que se ha consolidado en años recientes: seis países a han aprobado en los últimos cinco años y otros proyectan hacerlo a mediano plazo¹ (véase tabla 1).

La normativa que legaliza la eutanasia o el suicidio asistido suele regular, entre otros, los criterios de elegibilidad de los pacientes, el procedimiento de asistencia para morir y la responsabilidad de quien asiste la muerte. Sin embargo, el lenguaje suele variar significativamente en cada país. Rótulos generales como “suicidio médicamente asistido (PAS)” o “muerte digna (DWD)” en Estados Unidos, “muerte médicamente asistida (PAD)” en Europa, “asistencia médica para morir (MAiD)” en Canadá, “muerte asistida voluntaria (VAD)” en Australia, “ayuda activa para morir” en Alemania, “elección del final de la vida” en Nueva Zelanda y “muerte digna” en Colombia, son usados para aludir a prácticas con naturaleza y alcances éticos y jurídicos muy distintos (^{Sarah Mroz et al. 2021, p. 3541}). En particular, las exigencias sobre la naturaleza de las condiciones médicas, la edad y la nacionalidad de los pacientes hacen que la eutanasia y el suicidio asistido sean mucho más accesibles en algunos países que en otros. Además, la forma como la eutanasia o el suicidio asistido son legalizados, mediante leyes o decisiones judiciales, hace que su naturaleza jurídica sea distinta: algunas ocasiones son concebidos como derechos de rango legal o constitucional, y en otras como simples excepciones a la responsabilidad penal.

Este trabajo pretende contrastar los desarrollos legislativos y jurisprudenciales que han conducido a la legalización y regulación de la eutanasia y el suicidio asistido en trece países. Inicialmente, explica las diferencias entre eutanasia y suicidio asistido, así como su desarrollo legal o jurisprudencial en cada país. Luego, analiza los criterios de elegibilidad vigentes, relacionados con la naturaleza de la enfermedad, la edad y la nacionalidad de los pacientes. Finalmente, estudia la naturaleza constitucional o legal del derecho a la eutanasia y al suicidio asistido. Para el análisis han sido seleccionados los países que, hasta junio de 2022, han aprobado la eutanasia o el suicidio asistido a través de decisiones legislativas o judiciales, a nivel nacional o regional (véase tabla 1). Dado que en once estados de Estados Unidos² y seis de Australia³ han sido aprobados el suicidio asistido o la eutanasia, se han incluido, por razones de espacio, solo algunos de sus territorios.

El análisis toma como fuentes principales de información la legislación y la jurisprudencia sobre la muerte asistida en cada país. Con base en estas fuentes, busca identificar diferencias y similitudes entre las normas e instituciones jurídicas relevantes, con base en criterios comunes, como la naturaleza de la enfermedad o la edad de los pacientes. Para evitar las distorsiones o vacíos de un enfoque centrado únicamente en el texto normativo (law in the book), el artículo también acude a fuentes doctrinarias, relacionadas con cada país, que permiten clarificar el alcance real de las normas e instituciones sujetas a comparación (law in the action) (Lucio Pegoraro et al., 2005, p. 52).

II. Concepto general de eutanasia y suicidio asistido

En el debate ético, médico y jurídico contemporáneo existe un relativo consenso sobre las características básicas de los procedimientos de muerte asistida.⁴ Son, en general, procedimientos indoloros que causan la muerte a una persona, a petición suya, para evitar intensos sufrimientos causados por enfermedades o lesiones incurables o intratables (^{Cancino-Merentes, 2022, p. 17}). Para que un procedimiento sea eutanásico es necesario, por tanto, que cumpla al menos cinco condiciones: 1) muerte del paciente, 2) consentimiento informado, 3) móvil altruista, 4) enfermedad o lesión que produzca un sufrimiento insoportable y 5) técnica indolora. A su vez, dependiendo de los elementos causal e intencional involucrados en la producción de la muerte, la literatura ha distinguido la eutanasia pasiva, la eutanasia activa y el suicidio asistido.⁵ En la eutanasia pasiva, el médico omite deliberadamente, por solicitud del paciente, los tratamientos para curar o aliviar la enfermedad o la lesión terminal. Así, la muerte es causada directamente por la enfermedad y no por el médico, quien tampoco busca la muerte, aunque sabe que se producirá. En la eutanasia activa, la muerte es producida deliberadamente por un tercero, usualmente el médico, mediante el suministro de sustancias letales. En el suicidio asistido la muerte es producida directa y autónomamente por el paciente, mediante la ingestión de sustancias letales, con la ayuda deliberada de un tercero.

La forma como se produce la muerte y la intención de quien la asiste, en cada caso, hacen que la eutanasia activa, la eutanasia pasiva y el suicidio asistido tengan un grado de reproche ético distinto (^{González de la Vega, 2018, p. 105}). Por lo general, el reproche es menor para la eutanasia pasiva, dado que la muerte no es causada ni querida por el médico. En cambio, es mayor para el suicidio asistido, dado que la acción del médico, aunque no produce directamente la muerte, incide deliberadamente en ella. Y es aún mayor para la eutanasia activa, dado que el médico produce directa y deliberadamente la muerte. En varios países las normas que penalizan, legalizan o regulan la eutanasia y el suicidio asistido terminan reflejando las creencias sobre su grado de reproche ético. Mientras que la eutanasia pasiva es legal en casi todos los países del mundo, el suicidio asistido lo es únicamente en trece y la eutanasia activa en ocho (véase tabla 1). Incluso, las razones esgrimidas por jueces y legisladores⁶ para permitir la eutanasia pasiva, pero no el suicidio asistido (o para permitir el suicidio asistido, pero no la eutanasia activa), están basadas en su similitud con el homicidio, que las hace -se dice- éticamente reprochables.

III. Eutanasia activa, eutanasia pasiva y suicidio asistido en el derecho comparado

La eutanasia pasiva es aceptada actualmente a nivel global. En la mayoría de los países ha sido adoptada sin mayores sobresaltos como parte del derecho de los pacientes a decidir de forma libre e informada a cuáles tratamientos médicos someterse. En Suiza, por ejemplo, el derecho a rechazar los tratamientos médicos forma parte de los derechos a la libertad personal y la integridad física, previstos en la Constitución Federal (artículo 10.2). En España, la ley señala que “todo paciente o usuario tiene derecho a negarse al tratamiento” (Ley 41/2002, artículo 2.4). En Colombia, igualmente, la eutanasia pasiva forma parte del derecho del paciente a rechazar los tratamientos médicos (Ley 23/1981, artículos 1o. y 15). En Austria, el Código Civil señala que “un adulto capaz de tomar decisiones autónomas puede dar su consentimiento para recibir tratamiento médico” (artículo 252). En Canadá, la Corte Suprema ha sostenido que, “según el common law, el médico no tiene más remedio que aceptar las instrucciones del paciente para suspender el tratamiento” (Rodríguez v. British Columbia). En Bélgica la ley señala que, “excepto en caso de emergencia, se requiere el consentimiento libre e informado del paciente para todos los exámenes o tratamientos” (Loi relative aux soins palliatifs, artículo 7o.). En Montana, la ley sobre los derechos de los enfermos terminales señala que una persona puede “ejecutar en cualquier momento una declaración que rija la retención o retiro del tratamiento de soporte vital” (Montana Rights of the Terminally Ill Act, 50-9-103). Disposiciones similares existen en los demás países analizados (véase tabla 1).

El suicidio asistido, por su parte, ha sido legalizado en un menor número de países. El primero fue Suiza, cuyo Código Penal sanciona solo la ayuda o inducción al suicidio cuando se comete “por motivos egoístas” y no por motivos altruistas (artículo 115).⁸ En el estado de Oregón, los pacientes pueden “obtener una receta de medicamentos para poner fin a su vida de una manera humana y digna” (Oregon Death with Dignity Act, artículo §1.٠1.11). En Países Bajos está permitido “ayudar intencionalmente en el suicidio de otra persona” (Wet toetsing levensbeëindiging, artículo 1.b). En Bélgica la ley no consagró expresamente el suicidio asistido, pero hoy es ampliamente practicado.⁹ En Luxemburgo está permitido que el “médico ayude intencionadamente a otra persona a suicidarse o facilite a otra persona los medios para hacerlo” (Loi relative à l’euthanasie, artículo 1.2). En Canadá está permitida “la prescripción o suministro por parte de un médico o enfermero practicante de una sustancia a una persona, a petición de ésta, para que pueda autoadministrarse la sustancia y, al hacerlo, causar su propia muerte” (Criminal Code, sección 241.1(b)). De forma similar, en España la ley permite el “suministro al paciente por parte del profesional sanitario de una sustancia, de manera que ésta se la pueda auto administrar” (Ley Orgánica 3/2021, artículo 3.g.2). En el estado de Victoria, la ley permite “prescribir y suministrar a la persona la sustancia para la muerte voluntaria” (Voluntary Assisted Dying Act 2017, parte 4, sección 45). Y en Nueva Zelanda, la ley permite suministrar “medicamentos para aliviar su sufrimiento, acelerando la muerte” (End of Life Choice Act 2019, parte 1, sección 4(b)).

Por su parte, en Alemania, Italia, Montana y Colombia, los jueces han decidido recientemente legalizar el suicidio asistido. El Tribunal Constitucional alemán, por ejemplo, sostiene que está permitido “acercarse a los demás, buscando su ayuda y aceptando la ayuda que le ofrecen en el ejercicio de su propia libertad... #91;incluso para#93; quitarse la vida” (BVerfG, Urteil vom 26. Februar 2020 - 2 BvR 2347). A su vez, el Tribunal Constitucional italiano sostiene que, en ciertos casos, está permitido “facilitar la ejecución de la intención suicida, de forma autónoma y libre” (sentenza 242/ 2019). Por su parte, la Corte Suprema de Montana, aludiendo la responsabilidad penal, sostuvo que “el consentimiento del paciente con una enfermedad terminal a la ayuda del médico para morir constituye una defensa legal contra un cargo de homicidio” (Baxter v. Montana, 2009). La Corte Constitucional colombiana sostuvo recientemente que las personas pueden “dar por terminada su vida con pleno consentimiento y libre de presiones de terceros, sin que el Estado pueda afirmar un deber de preservación de la vida a toda costa” (sentencia C-164/2022).

La eutanasia activa, finalmente, también ha sido aceptada por un puñado de países. La Corte Constitucional colombiana la despenalizó en 1997, restringiendo el tipo penal de homicidio por piedad (sentencia C-239/1997). En Países Bajos la ley permite realizar al médico “una declaración escrita que contiene una solicitud de terminación de la vida” (Wet toetsing levensbeëindiging, 2002 (artículo 2.1.f)). En Bélgica la ley permite “poner fin intencionalmente a la vida por alguien que no sea el interesado, a petición de este último”. En Luxemburgo la ley permite “poner intencionalmente fin a la vida de una persona a petición expresa y voluntaria de ésta” (Loi du sur l’euthanasie, artículo 1. 2). En Canadá el Bill C-14 estableció como una de las modalidades de la asistencia en la muerte “la administración por un médico o enfermero practicante de una sustancia a una persona, a petición suya, que causa su muerte” (Sección 241.1(a)). En España la Ley Orgánica 3/2021 establece que la ayuda para morir puede prestarse mediante “la administración directa al paciente de una sustancia por parte del profesional sanitario competente” (artículo 3.g.2). En Victoria y Nueva Zelanda existen disposiciones similares (Voluntary Assisted Dying Act, parte 4, sección 46; End of Life Choice Act, parte 1, Sección 4(a)).

En los próximos apartados, el artículo se enfocará exclusivamente en la eutanasia activa y el suicidio asistido.

IV. Condiciones para acceder a la eutanasia activa o al suicidio asistido

V. Existe un derecho a la eutanasia y al suicidio asistido?

La normativa que regula la eutanasia o el suicidio asistido tiene estructuras muy distintas en todos los países analizados. A grandes rasgos, es posible hacer al menos dos clasificaciones. Por una parte, algunos países regulan la eutanasia o el suicidio asistido a través de estatutos exhaustivos sobre las condiciones del paciente y los procedimientos de asistencia médica, mientras que otros los despenalizan restringiendo algunos tipos penales. Por otra parte, algunos países reconocen el acceso a la eutanasia o el suicidio asistido como un derecho constitucional o legal, mientras que otros los conciben como conductas no punibles.

2. Derecho vs. No derecho

La legalización o regulación de la eutanasia y el suicidio asistido no implica necesariamente un derecho legal o constitucional a practicarlos. En algunos países son simplemente conductas despenalizadas. En Suiza, por ejemplo, el suicidio asistido es una conducta atípica. La legislación penal no lo contempla, pero tampoco existe una pretensión para exigir del Estado la prestación médica. Algo similar ocurre en el estado de Oregón, que permite a los proveedores de servicios médicos negarse a asistir el suicidio (127.885 §4.٠1(4)).

En otros países, en cambio, se reconoce el derecho a la eutanasia o el suicidio asistido como parte del derecho a la muerte digna. Colombia fue sin duda el primer país en reconocer la eutanasia como un derecho fundamental. La Corte Constitucional señaló que la penalización es incompatible con los derechos a la dignidad humana, a la autonomía personal y a no ser sometido a tratos crueles, inhumanos y degradantes (integridad personal). La prohibición de la eutanasia, según la Corte, “equivale no sólo a un trato cruel e inhumano, prohibido por la Carta, sino a una anulación de su dignidad y de su autonomía como sujeto moral” (sentencia C-239/1997). Correlativamente, el Estado tiene la obligación de proporcionar todos los servicios médicos relacionados con la eutanasia, a través del sistema público de salud.²⁴ Recientemente, la Corte esgrimió argumentos similares sobre el suicidio asistido (sentencia C-164/2022).

Igualmente, durante los últimos años, en otros países, los jueces han señalado, con algunos matices, que el suicidio asistido está protegido por derechos fundamentales.

En 2015 la Corte Suprema de Canadá declaró parcialmente inconstitucional el artículo 241.2 del Código Penal, que establecía pena de prisión para quienes ayudaran “a una persona a morir por suicidio”, así como el artículo 14, según el cual “nadie tiene derecho a consentir que se le inflija la muerte” (Carter v. Canada). En particular, la Corte sostuvo que la norma violaba los derechos a la vida, la libertad y la seguridad de pacientes que manifestaban libremente su deseo de morir para poner fin a sufrimientos insoportables causados por condiciones médicas graves e incurables.²⁵ Según la Corte, la prohibición absoluta del suicidio asistido vulnera el derecho a la vida, porque incita a los enfermos terminales, en especial los que padecen enfermedades degenerativas, a suicidarse de manera prematura, antes de que físicamente les sea imposible. Aunque no existe un derecho a la muerte digna, implícito en el derecho a la vida, el Estado debe suprimir factores que ponen en riesgo la vida de las personas. Además, la Corte sostuvo que la prohibición absoluta del suicidio asistido vulnera los derechos a la libertad y la seguridad, dado que “interfiere con su capacidad para tomar decisiones sobre su integridad física y atención médica” (Carter v. Canada).

De forma similar, en 2019, la Corte Constitucional italiana declaró inaplicable parcialmente el artículo 580 del Código Penal, que sanciona la ayuda al suicidio. Según la Corte, el artículo no puede aplicarse a personas que facilitan el suicidio de pacientes que cumplen las condiciones fijadas en la misma sentencia. El artículo vulnera los derechos del paciente a la personalidad del paciente (artículo 2o.), a la autonomía para rechazar tratamientos médicos (artículo 32, inciso 2), y a la libertad personal de quien, asistiendo un suicidio, podría verse sujeto a una pena (artículo 13). Sin embargo, la Corte también negó que la penalización del suicidio asistido fuese contraria al derecho a la vida (artículo 2o.). Sostuvo que “del derecho a la vida, garantizado por el artículo 2o., no puede derivarse el derecho a renunciar a vivir” pues la vida “es un requisito indispensable para el ejercicio de todos los demás derechos”. También sostuvo que la penalización no es contraria a los derechos a la autodeterminación (artículos 2o. y 13, inc. 1) y a la privacidad (artículo 8o. CEDH), dado que cumple un fin legítimo: garantizar la vida de las personas “más débiles y vulnerables, que el sistema penal pretende proteger de una elección extrema e irreparable, como es la del suicidio”.

También en 2018, el Tribunal Constitucional austriaco declaró parcialmente inconstitucional el artículo 78 del Código Penal, que sancionaba a quien “ayudara a otro a suicidarse”. Según el Tribunal, el suicidio asistido está amparado por el derecho a la autodeterminación, que “incluye tanto el derecho a configurar la propia vida como el derecho a una muerte digna” (artículos 8o., CEDH (derecho a la privacidad), 2o., CEDH (derecho a la vida) y 13, CEDH (derecho a la igualdad)). Particularmente, el Tribunal sostuvo que el derecho a la vida no obliga a protegerla contra las decisiones autónomas e informadas que toman las personas sobre cuándo y cómo morir dignamente. Aunque el Estado sí tiene la obligación de proteger la vida de las personas vulnerables que pueden tomar decisiones viciadas sobre el fin de su propia vida, no puede prohibir completamente la asistencia al suicidio. De igual manera, el Tribunal Constitucional reconoció que, en una época de creciente complejidad médica y mayor esperanza de vida, no es coherente con el derecho a la privacidad obligar a las personas “en la vejez o en situaciones de debilidad física o psíquica avanzada” a seguir viviendo. Finalmente, sostuvo que el derecho a la autodeterminación implica no solo el derecho a decidir cuándo y cómo morir, en especial el derecho al suicidio, sino también el derecho a recibir ayuda o asistencia de terceros. En 2021 el Parlamento reguló el suicidio asistido, en desarrollo de la sentencia del Tribunal.

En Alemania el Tribunal Constitucional anuló en 2020 el artículo 217 del Código Penal, que sancionaba la prestación de servicios profesionales de asistencia al suicidio. Aunque el artículo permitía la asistencia al suicidio cuando era llevada a cabo por un pariente o una persona cercana, el tribunal concluyó que era inconstitucional prohibir la asistencia médica profesional. Sostuvo que las personas tienen derecho al suicidio y a recibir asistencia en el suicidio, como parte de los derechos fundamentales a la personalidad y a la dignidad humana (Ley Fundamental, artículos. 1o. (1) y 2o. (1)).²⁶ Más aún, señaló que los derechos a la dignidad y la personalidad facultan a cada individuo a poner fin a su vida “según sus propios deseos”, por lo que basta su voluntad libre e informada para hacer efectivo el derecho al suicidio, en general, y a obtener asistencia de un tercero en el suicidio, en particular. En este sentido, según el Tribunal, la misma Constitución prohíbe que la ley imponga requisitos que obstruyan el ejercicio de la autonomía, como los relacionados con la naturaleza y evolución de la enfermedad: “la permisibilidad de la asistencia para el suicidio no puede estar vinculado a criterios sustantivos, por ejemplo, al requerir un diagnóstico de enfermedad incurable o terminal”.²⁷

A diferencia de estos países, en Estados Unidos el reconocimiento de la eutanasia y el suicidio asistido como derechos constitucionales ha enfrentado hasta hoy barreras insuperables. La Corte Suprema ha reconocido que la eutanasia pasiva está amparada por la cláusula del debido proceso de la decimocuarta enmienda, en especial por el derecho a la “protección de la libertad” (protected liberty interest);²⁸ sin embargo, también ha sostenido que la Constitución no concede a las personas un derecho a la muerte asistida. En particular, la penalización del suicidio asistido no transgrede las cláusulas del debido proceso y la protección igualitaria de la décimo cuarta enmienda. Según la Corte, la tradición jurídica “angloamericana” ha “castigado o desaprobado” históricamente el suicidio asistido, por lo que nunca ha reconocido el derecho a la muerte asistida.²⁹ Además, las diferencias que existen entre la eutanasia pasiva y el suicidio asistido relacionadas con los mecanismos causales e intencionales hacen que el trato diferenciado que hacen las leyes a ambas prácticas sea “importante”, “lógico” y “racional”.³⁰ La Corte concluyó que la sanción al suicidio asistido puede justificarse sobre fines legítimos como la prevención del suicidio, el resguardo de la profesión médica y la protección de las “personas vulnerables contra la indiferencia, los prejuicios y la presión psicológica y financiera para acabar con sus vidas”.

En algunos estados como Montana y Nuevo México, las cortes también han debatido ampliamente la naturaleza constitucional del suicidio asistido. En 2008 la Corte del Primer Distrito de Montana sostuvo que el suicidio médicamente asistido forma parte de los derechos a la privacidad individual (en especial la autonomía personal) y la dignidad humana, previstos en la constitución del Estado.³¹ Sin embargo, la Corte Suprema de Montana sostuvo posteriormente que el suicidio asistido de pacientes terminales está amparado no tanto por la constitución del Estado, sino por la legislación, en especial por la Terminally Ill Act (1987) y la sección 45-2-211 del constitución del estado (Baxter v. Montana ADV-07 781, 18 2008). Pocos años después, en el estado de Nuevo México, la Cuarta Corte de Distrito sostuvo que la penalización del médico que asiste la muerte de un enfermo terminal era contraria a los derechos a la vida, la libertad y la felicidad, previstos en la constitución del Estado (artículo 2o., par. 4).³² Paradójicamente, dos años más tarde, la Corte Suprema de Nuevo México decidió que la penalización del suicidio asistido no es contraria a la constitución del Estado.³³

Finalmente, la Corte Europea de Derechos Humanos también ha sostenido que la prohibición y penalización del suicidio asistido no vulnera necesariamente los derechos previstos en la Convención. En Pretty v. United Kingdom, la Corte sostuvo que el artículo 8o. CEDH, sobre el derecho a la vida, “no puede, sin una distorsión del lenguaje, interpretarse como que confiere el derecho diametralmente opuesto, a saber, el derecho a morir”. Además, la penalización del suicidio asistido no constituye un trato inhumano y degradante (artículo 3o.), ni atenta contra los derechos a la igualdad (artículo 14 CEDH) y a la libertad de pensamiento, conciencia y religión (artículo 9o. CEDH). Aunque el derecho a la autonomía personal, implícito en el derecho a la privacidad (artículo 8o. CEDH), implica respetar “la forma como #91;la demandante#93; elige pasar los momentos finales de su vida”, la Corte manifiesta no estar “preparada” para sostener que la prohibición del suicidio asistido “constituye una injerencia en su derecho al respeto de la vida privada”. Por el contrario, “la injerencia puede justificarse como “necesaria en una sociedad democrática” para la protección de los derechos de los demás”. Posteriormente, en Hass v. Switzerland, la Corte reconoció que “los Estados disfrutan de un considerable margen de apreciación en este ámbito”, por lo que pueden prohibir totalmente el suicidio asistido.

VI. Conclusiones

Este artículo ha analizado la normativa que regula la muerte asistida en trece países. Ha mostrado que la naturaleza y características de la eutanasia y el suicidio asistido, así como los grados de reproche ético y jurídico de los que son susceptibles, aún inciden en el enfoque punitivo de la legislación. Además, ha mostrado que las exigencias relacionadas con naturaleza de la enfermedad (terminal, incurable o curable), la edad (niños o adultos) y la nacionalidad (nacionales o extranjeros) son considerablemente distintas en cada jurisdicción, aunque se han flexibilizado durante los últimos años. Finalmente, ha mostrado que la normativa sobre la muerte asistida puede tener naturaleza y enfoques distintos. Mientras algunos países han adoptado estatutos más o menos exhaustivos, otros se han limitado -a causa de decisiones judiciales o actitudes adversas a la regulación- a la mera despenalización. También, mientras algunos países reconocen un derecho subjetivo (legal o constitucional) a la muerte asistida, otros simplemente se abstienen de sancionarla.

El análisis permite ver, al menos en parte, la complejidad jurídica de un fenómeno con profundas implicaciones éticas; sin embargo, también muestra un creciente consenso que parece conducir, por el camino correcto, a la despenalización de la muerte asistida en los países occidentales. Como han sostenido varios tribunales, no es posible respetar la integridad, autonomía y dignidad de una persona cuando la legislación castiga a quienes contribuyen a aliviar sus sufrimientos intratables, a través de una muerte consciente y deseada. Un Estado que honre la dignidad humana debe reconocer que las personas tienen derecho a decidir, al menos en algunos casos, cuándo y cómo morir. Por supuesto, las condiciones en las cuales surge este derecho y las prestaciones que exige del Estado o los particulares no pueden considerarse universales. Los derechos e intereses que involucra la muerte asistida (vida, dignidad, autonomía, integridad) solo pueden ser optimizados mediante diseños normativos e institucionales que tomen en cuenta las características del ordenamiento jurídico, la cultura, las capacidades del sistema de salud, la regulación de la profesión médica, entre otros. En este sentido, no parece adecuado defender a partir de experiencias locales un modelo ideal de derecho a la muerte asistida. Sin duda, las discusiones sobre la legalización de la muerte asistida a nivel global, en especial en América Latina, deberán tomar en cuenta, con criterios éticos y técnicos, las ventajas y desventajas de cada modelo.