El contexto: 20 años del régimen de Putin

El régimen ruso se apoya cada vez más en la figura de Vladimir Putin y oscila entre diferentes formas de autoritarismo (competitivo/cerrado), razón por la cual hoy en día se le considera como una autocracia electoral consolidada.¹ A diferencia de los regímenes no democráticos que se implementaron después de una revolución en la que el Estado y sus instituciones políticas se construyeron de manera simultánea, el autoritarismo híbrido moderno se ha configurado lentamente en un marco de instituciones democráticas que, en el caso de Rusia tras el colapso de la Unión Soviética, fueron importadas casi en su totalidad de Occidente.² Si hurgamos debajo de las capas de las prácticas autoritarias, aún es posible encontrar estas instituciones democráticas y las personas que las utilizan con fines democráticos.

Lo anterior se ha visto favorecido por el hecho de que el ascenso de Putin al poder, hace 20 años, coincidió con una recuperación económica impulsada por el aumento en el precio de los hidrocarburos, pues de un precio bajo (10 dólares estadounidenses por barril), el precio del petróleo aumentó de manera considerable en la siguiente década y llegó a costar hasta 150 dólares por barril. Irremediablemente, este efecto aumentó la inversión extranjera y la privada, consolidó las reservas nacionales y duplicó el producto interno bruto (PIB) per cápita de 1998 a 2008. Si consideramos que, luego del colapso de la Unión Soviética, el gobierno se había estancado en una permanente crisis presupuestaria y la esperanza de vida se había reducido, el ingreso y el consumo de la población registraron un aumento notable en el periodo siguiente.³

Las raíces del “poder superpresidencial”⁴ en Rusia tienen una naturaleza mixta, porque combina motivos históricos, institucionales y culturales. En primer lugar, el impacto traumático de la liberalización de los años noventa, que empobreció a la clase media y dislocó la economía nacional. En segundo lugar, la precaria -verdadera pero débil- reconstrucción del Estado de derecho y de la democracia liberal -y no meramente electoral-, especialmente luego de la crisis de 1993 entre la Duma y el presidente Yeltsin. En tercer lugar, la tradición del consenso popular en relación con el gobierno personalista -desde el imperio zarista hasta la época soviética-, tradición arraigada en la cultura política nacional, lo cual no equivale a postular que el pueblo ruso carece de compromisos y valores democráticos.

En este contexto, Vladimir Putin logró convertirse en superpresidente, pues al tratar de restaurar el control y la capacidad estatales, mediante la reconstrucción de los vínculos tradicionales entre un centro poderoso y autoridades regionales y locales subordinadas, reinventó -bajo la nueva condición de sociedad poscomunista- el contrato social del poder con la ciudadanía. Sus promesas -y resultados- se integraron en un programa de “mano firme”, orgullo nacional, estabilidad económica para las clases empresariales y creativas, y protección paternalista para los pobres y las personas mayores. Entonces, los factores clave en los que se sustenta el poder superpresidencial descansan en el diseño y el mecanismo de la vertical de poder: el control institucional del sistema de partidos -con un “partido de poder”⁵ y aliados menores-, la neutralización de la oposición -mediante una mezcla de cooptación, represión e ilegalización⁶- y un comercio reforzado con los grupos capitalistas -incluidos los oligarcas- y los trabajadores bajo un modelo de capitalismo de Estado. Algunos analistas sostienen que la única rama del poder que queda en Rusia es la presidencial, la cual se relaciona más con la persona misma -es decir, Putin- que con los ámbitos institucionales.⁷ Todos los otros poderes -ejecutivo, legislativo y judicial- son meros simulacros o imitaciones de cuerpos gubernamentales, cuyas actividades no tienen nada que ver con lo que se establece en la Constitución. Esencialmente, se trata de cuerpos seudorrepublicanos que sirven para disimular la realidad, pues crean un mito republicano para cubrir la naturaleza monárquica del Estado.⁸

Para ilustrar las maneras en las que se despliega la autocratización en Rusia -un caso notable dentro de la “tercera ola autocrática”⁹-, hemos trazado gráficas a partir de indicadores que miden la libertad e imparcialidad de las elecciones, la libertad de los medios de comunicación y la libertad de la expresión académica y cultural, durante los últimos veinte años (véase gráfica 1 ).

Fuente: V-Dem, Varieties of Democracy, Country Graph, https://www.v-dem.net/en/analysis/CountryGraph/

Gráfica 1 Libertad de expresión y elección en la Rusia de Putin  

Políticamente, el Estado ha recuperado su centralidad tradicional en la vida colectiva, pero -al menos durante el primer mandato de Putin- se abstuvo de imponer cualquier ideología oficial y de interferir en la vida e iniciativa de sus ciudadanos. Durante ese periodo, Putin parecía ser un burócrata eficaz con antecedentes en los servicios de seguridad, un estadista orientado al mercado y un hombre pragmático sin pretensiones ideológicas. En este sentido, su equipo del Kremlin ha sido extremadamente hábil en la movilización de los recursos económicos nacionales pero, por otra parte, ha recorrido un complicado camino para la privatización de la política rusa. Especialmente durante las protestas de 2012 y la anexión de Crimea en 2014 en tanto momento decisivo, el sistema se volvió cada vez más autoritario, personalista y dirigido por un nacionalismo chauvinista en el discurso oficial. Putin pasó de ser el gestor pragmático, centrado en la modernización interna y la cooperación selectiva con Occidente (2000-2009), a convertirse en un luchador antiliberal, revisionista, expansionista y estatista (2009-2019), dentro y fuera de las fronteras rusas. Kirill Rogov explica los propósitos de este tipo de liderazgo de “hombre fuerte” de la siguiente manera:

[U]n sermón desnudo de antiliberalismo y antioccidentalismo, una reevaluación de las “fronteras del mundo ruso” -a través de la formación de una banda de confrontación y desconfianza alrededor de Rusia, y la construcción de una “elite de orientación nacional”- en la supremacía absoluta de las fuerzas de seguridad y las poderosas oligarquías que constantemente exigen beneficios, preferencias e inyecciones de dinero.¹⁰

De acuerdo con Karine Clément, quien mediante encuestas confirma un aumento en la conciencia en torno a la división y la desigualdad social, la confluencia de estos factores se ha traducido en las prácticas cotidianas del nacionalismo en Rusia. La autora sostiene que la personas “entienden mejor la sociedad en la que viven e identifican profundas divisiones sociales, más que de tipo nacional o étnico”.¹¹ El estudio también señala que este grupo representa una elevada proporción de aquellos que denuncian la creciente desigualdad social.¹² Sobre este tema, Inglehart y Welzel indican que existe una relación causal entre el desarrollo socioeconómico y la democracia en la que la secuencia funciona principalmente desde el desarrollo económico hacia la democratización.¹³

Durante las primeras etapas, los Estados autoritarios tienen tantas probabilidades como los democráticos de alcanzar altas tasas de crecimiento. Hasta cierto punto, los partidos gobernantes rusos han demostrado una resiliencia y una capacidad sólidas para “monopolizar el apoyo de las masas incluso en condiciones en las que la economía nacional se deteriora”.¹⁴ Esto es posible gracias a que la democracia se inhibe para favorecer el poder económico concentrado en las elites, lo que impide que las reformas amplíen los derechos y las libertades.¹⁵ El resentimiento y la frustración han configurado la mentalidad de la mayoría de los ciudadanos, por lo que, si bien le dan prioridad a la seguridad económica, de manera gradual también han ido considerando cuestiones de derechos y libertades democráticas.¹⁶

Las protestas de 2019: antecedentes y desarrollo

Tengo veinte años y en toda mi vida no he tenido un solo día de libertad.

Manifestante, Moscú, 10 de agosto de 2019

En la década de los noventa, el segmento más amplio del pueblo postsoviético, que públicamente necesitaba o exigía seguridad social del entonces nuevo mercado democrático y de orientación capitalista, fue considerado como responsable de su propia “desgracia”, ya que supuestamente carecía de las cualidades para adaptarse a la nueva era. El tono de los medios de comunicación al informar sobre las protestas describía a los manifestantes como “locos”, “perezosos”, “reaccionarios”, “irresponsables” o “extremistas”. Esta estigmatización también fue adoptada por los funcionarios del gobierno y los intelectuales liberales.¹⁷ Sin embargo, la narrativa parece haberse revertido en el nuevo discurso populista y patriótico desarrollado por el Kremlin durante los últimos acontecimientos conflictivos en el país -en 2005 contra la reforma “antipopular” de la asistencia social, en 2011-2012 como reacción al movimiento “Por unas Elecciones Justas”, en 2014 contra la anexión de Crimea y, en fechas más recientes, los conflictos relacionados con la dinámica electoral-. El discurso actual de la administración de Putin puede considerarse como un mensaje neoliberal combinado con valores populistas y nacionalistas, en marcado contraste con las reformas económicas de dos décadas atrás. En consecuencia, la retórica de Putin se dirige a los “ciudadanos comunes”, “trabajadores” y “conscientes”.¹⁸

Independientemente del parecido con los aspectos instrumentales de la semántica populista, tanto el reconocimiento social y político como la conciencia y el sentido de la desigualdad social son más elevados que antes. En lugar de crear un consenso nacional, el discurso de la elite gobernante ha producido profundas divisiones y conciencia social, lo que demuestra que, en última instancia, el patriotismo es insuficiente para evitar la crítica y, menos aún, para evitar que el desacuerdo se traduzca en iniciativas comunitarias, protestas laborales o movilizaciones contra la corrupción. En este sentido, puede proponerse la lógica de Ernesto Laclau en On populist reason, siempre y cuando surja un nuevo discurso. En el discurso tradicional, el pueblo, como significante vacío, finalmente ha logrado entenderse de otra manera, pues ahora sirve para generar un sentido de pertenencia colectiva y solidaridad entre muchos ciudadanos de abajo y, al final, ha propiciado la recuperación de cierto grado de reconocimiento y esbozos de autoestima “desde abajo”.

La recepción desigual quizás se observa más claramente si atendemos la forma en la que el discurso oficial transmite politización y subjetivación. En este sentido, Leah Gilbert explica la fragmentación de las instancias sociales “desde arriba” utilizando las palabras rusas nashi (nuestro), contra chuzhi (otros).¹⁹ Las políticas y la retórica del gobierno ruso pretenden señalar esta dicotomía, en la que los primeros mantienen una posición leal o neutral o ejercen una crítica orgánica y, por lo tanto, tienen vínculos con el gobierno que les facilitan el acceso a beneficios como financiamiento, influencia y escaños en la cámara pública. Los segundos, no obstante, están bajo una mayor supervisión gubernamental, se les margina sistemáticamente o son objeto de métodos de desmovilización que incluyen acusaciones públicas -ya sea como coalición antipatriótica o como herramientas de gobiernos extranjeros-, procedimientos judiciales y represión del poder Ejecutivo. En este contexto, las condiciones para un activismo cívico oxigenado, en lo que respecta a derechos internacionales de ciudadanía, se han ido deteriorando gradualmente en Rusia. Como lo demuestran los indicadores del proyecto V-Dem, los niveles decrecientes de participación de la población en las organizaciones y movilizaciones sociales, así como el creciente control y represión estatales en unas y otras, dan cuenta de una autocratización gradual pero sostenida del país (véase gráfica 2).

Fuente: V-Dem, Varieties of Democracy, Country Graph, https://www.v-dem.net/en/analysis/CountryGraph/

Gráfica 2 Contexto e incidencia de la sociedad civil en la Rusia de Putin  

A diferencia del anterior sistema político soviético o de la China contemporánea -ambos de naturaleza postotalitaria- el actual régimen político autoritario suave de Rusia (electoral y competitivo) ofrece algunas oportunidades para la existencia de instituciones inclusivas y una participación ciudadana limitada. Algunos de los factores que han generado dichas oportunidades son:

Hay dos tipos principales de ejemplos de compromiso cívico. El primero incluye la participación ciudadana en estrategias gubernamentales (Cámara Cívica, participación en redes sociales, audiencias públicas), en los casos en los que la iniciativa ciudadana es real pero limitada. En algunos de estos espacios, el desarrollo de temas políticos (derechos humanos, transparencia, rendición de cuentas) se sustituyen por un programa de apoyo a la administración política y a los procesos de elaboración de políticas que se deciden desde las autoridades estatales. Es frecuente que la pertenencia a la Cámara Cívica, la cual se designa desde la administración presidencial, y la participación en redes sociales (iniciativa pública rusa, gobierno abierto, ciudadano activo) no permitan la implementación de que tienen el apoyo de otros ciudadanos. Hay razones por las que algunos académicos consideran que, en estos espacios gubernamentales para la participación, existe más imitación que inclusión y deliberación.²⁰

Por otra parte, hay diferentes estrategias de participación autónoma y compromiso cívico que surgen de la sociedad. Las diferentes organizaciones no gubernamentales y las iniciativas cívicas (Memorial, GOLOS, Observadores de San Petersburgo, Centro Levada, Fundación Navalny de Lucha Contra la Corrupción) han mejorado la información y la capacidad de incidencia política de los ciudadanos rusos, pero están más vinculadas a la clase media y se concentran en las grandes ciudades como Moscú, San Petersburgo, Kazán o Ekaterimburgo. Podemos ver que, en la Rusia contemporánea, en estos espacios se desarrolla una deliberación más amplia y real. Por lo que respecta a las protestas masivas, los antecedentes de la situación actual muestran una evolución en el contexto, en las características y en los ejemplos particulares de acciones ciudadanas (véase cuadro 1).

La politización y la movilización de nuevos grupos sociales (jóvenes, clase media) ha aumentado después del ciclo electoral de 2011-2012. En relación con esto, también se incrementó el uso de las redes sociales para la movilización política, sobre todo para difundir información sobre el fraude electoral. Los funcionarios públicos y algunos sectores también se han movilizado para apoyar al gobierno. Ambos grupos (estadistas vinculados con el Kremlin, manifestantes con la oposición) comparten técnicas de movilización para la comunicación y participación políticas: maximización de los vínculos con otros grupos y públicos; actualización de contenidos para estimular el activismo de los participantes y para que el grupo funcione como una fuente valiosa de información; articulación entre las actividades online y offline, etcétera. Aunque la mayoría de los ciudadanos rusos no participó de manera activa en las manifestaciones, las encuestas del prestigioso Centro Levada muestran que la percepción en cuanto al potencial de las movilizaciones y la voluntad de compromiso se mantienen en un nivel aceptable, incluso en el contexto de un gobierno cada vez más autoritario (véase la gráfica 3).

Fuente: Levada Center, Yuri Levada Analytical Center, https://www.levada.ru/indikatory/polozhenie-del-v-strane/

Gráfica 3 Percepción ciudadana de la protesta en Rusia  

Con todo, a nivel de calle, el activismo comunitario en Rusia goza de buena salud y toma muchas formas y significados que van más allá de la aparente dicotomía a favor de Putin, en contra de Putin, o disensión versus posiciones de lealtad. El activismo ha demostrado tener una orientación práctica y ser de oposición, de apoyo y también de resistencia, según las posiciones que se adopten en la experiencia de la vida cotidiana. Por lo tanto, el activismo en forma de “resistencia cotidiana”,²¹ “ciudadanía cultural”²² o “política pragmática”²³ implica un ámbito más amplio de formas variables de “multivocalismo”,²⁴ que va desde las declaraciones escépticas o convenientes dentro de la esfera pública oficial, hasta la disidencia abierta apoyada por movimientos sociales consolidados. Esto puede manifestarse de manera pública, encubierta o en la confianza de pequeños ámbitos colectivos, pero el activismo siempre se está “aprendiendo” al mismo tiempo que se enfrenta al poder de forma crítica y humorística.²⁵

Asimismo, y a pesar de una mayor regulación estatal de internet y de sus usos como instrumento de control social, la sociedad civil rusa ha ganado eficacia en el empleo de las nuevas tecnologías de comunicación, información y movilización. La innovación ciudadana en especialidades como la coordinación de protestas, la cobertura de medios alternativos, las redes de ayuda mutua, la vigilancia de las acciones del Estado y la cobertura de las elecciones estatales le ha permitido a la sociedad civil organizada prepararse mejor para el clima del actual ciclo de protestas; y a la oposición le ha facilitado encontrar modos creativos para subvertir las reglas del poder ejecutivo.

De 2012 a 2017, la oposición no-sistémica fue excluida del sistema político y perdió impulso social y presencia institucional ante la doble estrategia del régimen que consiste en movilizar y desmovilizar a los grupos cívicos y las coaliciones políticas nashi/chuzhi.²⁶ Desde esta perspectiva, las políticas de Putin han respaldado organizaciones apolíticas o que han apoyado el programa del régimen; por otra parte, han socavado las organizaciones que han demostrado ser abiertamente críticas, financiadas por patrocinadores extranjeros o con programas liberales.

Desde los primeros días de Putin en el poder, el gobierno había promulgado una variedad de iniciativas para asegurar el control de la sociedad. Es pertinente recordar que el establecimiento y fortalecimiento de las llamadas ONGOG (organizaciones no gubernamentales organizadas por el gobierno) se ha dado de manera paralela al endurecimiento de la retórica oficial hacia las ONG financiadas desde el extranjero. Más aún, la promulgación en 2006 de la controvertida ley a propósito de las ONG, “Sobre la introducción de enmiendas a ciertos actos legislativos de la Federación Rusa”, aumentó el poder de supervisión del Estado sobre las organizaciones. A fin de que las cosas fueran menos transparentes, en 2012 el Estado aprobó una nueva ley que les exigía a las ONG que reciben financiamiento del exterior de Rusia y que se considera que realizan actividades políticas, registrarse como agentes extranjeros. Esto redujo las actividades de las ONG que tenían un programa crítico, por un lado, y, por el otro, aumentó la regulación de las actividades de las ONG restantes por organizaciones financiadas y controladas por el Estado, estrategia que fue percibida por órganos internacionales -por ejemplo, el Consejo Europeo- como una represión de las actividades de la sociedad civil en el país.²⁷

En este esquema de “democracia gestionada”,²⁸ se ha permitido la existencia de algunas otras fuerzas políticas como “oposición sistémica”: una coalición inofensiva que se considera una pieza necesaria de la fachada democrática. Entre estas fuerzas, el Partido Comunista ha tenido la organización más sólida en el terreno; sin embargo, su papel no ha sido funcionalmente distinto al de otros partidos sistémicos: absorber el descontento y producir una estabilidad adicional para el régimen. Además, mediante una serie de purgas, la dirección del partido despidió a todos los disidentes de izquierda, lo que si bien les permitió desempeñar su papel de falsa oposición, esencialmente significó la traición reiterada a su electorado base integrado por ancianos patriotas soviéticos.

En 2017, las fracciones no parlamentarias participaron en las elecciones municipales. Esta participación fue posible gracias a la certeza oficial de la hegemonía indiscutible del Krem lin que, hasta cierto punto, hacía previsible la contienda y relajaba parcialmente el control político del Estado. Dicho esto, algunos expertos como Cameron Ross advirtieron sobre las formas de prácticas electorales deficientes que seguían vigentes, como “la coacción o el soborno de los votantes para que acudan a votar por el partido Rusia Unida (RU), la promoción del “voto en carrusel” (voto múltiple por grupos de ciudadanos movilizados) o el llenado de las papeletas”.²⁹ Sin embargo, en esta oportunidad se prestó más atención a la manipulación del proceso de registro a favor de RU. La imagen deteriorada del partido oficial y la certeza de que los métodos fraudulentos podrían revivir las protestas contra el régimen, llevó a las autoridades a concentrar sus esfuerzos en implementar obstáculos masivos a las elecciones competitivas, como la “barrera de la participación”.³⁰

En las primeras etapas del proceso se hicieron varias modificaciones jurídicas para garantizar que se impidiera a los partidos y candidatos de la oposición competir en las elecciones para la asamblea regional y para gobernador. Los analistas han informado de tácticas como la aplicación selectiva de leyes sobre la designación de candidatos para descalificar a los opositores indeseables, llenar la papeleta con candidatos de la oposición para generar la apariencia de competencia, o presionar a los empleados estatales y otros votantes vulnerables para que apoyen a los candidatos preferidos por el régimen.³¹ Sin embargo, tal vez la estrategia más aguda fue la concurrencia de candidatos oficiales de RU como samovydvizhentsy, (que significa independiente o autodesignado) para manipular las postulaciones ante las críticas de los votantes. Este esfuerzo por alterar la información y la representación tenía el potencial de descubrir las afiliaciones reales de candidatos que, si bien eran miembros influyentes de la comunidad, en realidad representaban a RU.³²

Además, la representación anterior de los candidatos oficiales en los parlamentos locales, al menos de los que recibieron el 3% de los votos en las elecciones a la Duma del Estado, les eximió de la recopilación de firmas como requisito legal para su candidatura y, por tanto, les permitió calificar por default.³³ Mientras tanto, los auténticos grupos independientes que provenían de la sociedad civil y los partidos emergentes necesitaban recoger unas 6000 firmas por candidato en un mes. Asimismo, se impidió que numerosos candidatos se presentaran a las elecciones señalando errores que impidieron o descalificaron su registro, como la invalidación de firmas, errores en los formularios de candidatura o en la información personal proporcionada. La tendencia de estas exclusiones ha seguido un escrutinio muy escrupuloso que invalida incluso los errores tipográficos y muestra un terreno de juego desigual entre el partido del poder (RU), las demás fuerzas sistémicas (Partido Comunista de la Federación Rusa, Rusia Justa y el Partido Liberal-Demócrata de Rusia) y la oposición no sistémica.³⁴

En 2019, el partido dominante, RU, con su acuerdo equilibrado entre el centro federal y otros actores políticos y económicos, repitió, a una mayor escala, la fórmula para encubrir a sus candidatos con un mecanismo no transparente y redes legales: en total se aceptaron 233 candidatos concurrentes, mientras que 57 fueron rechazados, la mayoría de ellos independientes. Tal sesgo y déficit en la representación ciudadana se explica si tomamos en cuenta que 38 de los 45 escaños en el Consejo de la ciudad de Moscú pertenecen a la fracción de los independientes cercana a RU, partido que incluso en las encuestas conservadoras no superó el 37% de apoyo en la capital. A esto se debe agregar el 30% de aceptación que tienen los otros partidos representados en el gobierno de la capital, lo cual deja a un tercio de los moscovitas sin opción política en el formato actual. En su estudio de regímenes autoritarios, Golosov explica esto último al afirmar que “los regímenes autoritarios que duran mucho tiempo tienden a establecer entornos políticos en los que todos los actores, incluidos los partidos políticos que son casi oposición, procuran ocupar nichos estables y semipermanentes”.³⁵

Como lo señalan Kaya y Bernhard, hay dos perspectivas opuestas en el impacto que tienen las elecciones en la estabilidad y longevidad de los regímenes autoritarios, la primera de las cuales llaman “autoritarismo electoral” y la segunda “democratización por elecciones”.³⁶ Con base en la primera perspectiva, las elecciones desempeñan un papel positivo muy importante en la estabilización y el fortalecimiento de los regímenes autoritarios. En contraste, de acuerdo con académicos que apoyan la segunda perspectiva, las elecciones son riesgosas para los gobiernos autoritarios, pues una vez que se han puesto en marcha, pueden “abrir el camino hacia la democratización gradual”. Ross y Panov también han identificado patrones electorales estables que pueden situarse en uno de cuatro grupos a lo largo de las regiones rusas: “autoritario hegemónico”, “semihegemónico autoritario”, “claramen te competitivo autoritario” y “moderadamente competitivo autoritario”.³⁷ Los autores traen esto a colación para afirmar que, a pesar del altamente centralizado poder del Estado, los territorios y las políticas locales todavía inciden en los resultados electorales, tanto en los contextos en los que se observan altos niveles de pluralismo político e impugnación, como en aquellos en los que el partido tiene menos competencia y control del panorama político. Incluso cuando el régimen ha podido mitigar los riesgos asociados con las elecciones al manipular las instituciones políticas, repartir los recursos del Estado, controlar los medios de comunicación y politizar las estructuras legales y administrativas, su permanencia en el poder no ha estado exenta de costos políticos.³⁸ Tal parece ser el caso del alcalde moscovita Sergei Sobyanin, quien, con su veto a los candidatos independientes -y la subsecuente represión de las protestas-, perdió su apariencia modernizadora y pragmática.

Dado que la contienda electoral se desarrolló en un campo de juego más bien desigual, la oposición política se vio obligada a recurrir a estrategias innovadoras para superar estos obstáculos, y sacó ventaja de la vulnerabilidad de un régimen autoritario que todavía se apoya en elecciones para la legitimación política. Ante este reto, para las elecciones de Moscú sólo se presentaron 200 candidatos.³⁹ La recolección de firmas y la superación de barreras financieras y de organización se convirtieron en factores de movilización con base sólida y carácter autogestionado. Se eligieron numerosos oponentes en varios distritos metropolitanos e incluso llegaron a ocupar el cargo de varios consejos locales durante el periodo final. Esto se consiguió mediante estrategias electorales innovadoras, como el entrenamiento y el uso de nuevas tecnologías, lo cual hizo que los candidatos de oposición fueran más atractivos para los votantes. Estas estrategias les permitieron protegerse de descalificaciones arbitrarias, organizar actividades de financiamiento colectivo y monitorear las elecciones.⁴⁰ En este sentido, la modernización de las tácticas ha garantizado una mejor respuesta ante el poder.⁴¹

Un ejemplo prematuro de que la conciencia de estos procedimientos dio lugar a una respuesta masiva puede observarse en los 20 000 ciudadanos que salieron a las calles el 20 de julio de 2019.⁴² Las reuniones públicas celebradas con los candidatos excluidos el 27 de julio y el 3 de agosto se convirtieron en protestas. En cada una de ellas hubo más de 1000 personas arrestadas, así como docenas de activistas y candidatos detenidos y procesados.⁴³ El 10 de agosto tuvo lugar la mayor protesta desde 2012, con más de 50 000 manifestantes. Como se reconoce en varios análisis, las protestas habían catapultado el interés de los moscovitas por participar en las elecciones, con lo cual se dejó atrás la actitud política predominante: la apatía.

La nueva dinámica de la movilización y los arrestos masivos como su consecuencia requirieron la coordinación de asistencia social y legal para los participantes y los detenidos. Ante el bloqueo de información oficial, internet -por medio de blogs y servicios de mensajes- se convirtió en un mecanismo de coordinación antes y durante las manifestaciones, y también sirvió como medio para monitorear las reacciones del gobierno y sus fuerzas policiales. Aunque, desde una perspectiva sociológica, política y de los medios digitales, los medios alternativos y las redes sociales desempeñan un papel importante ante una libertad de prensa y de expresión más bien disfuncional, por sí solos no refuerzan el poder político en una sola dirección. Con todo, le dan visibilidad a las protestas públicas y, por tanto, son útiles para el gobierno y su aparato de censura, pues apoyan otras restricciones formales e informales.⁴⁴ Los gobiernos autoritarios y los híbridos tienen que lidiar con el “dilema del dictador” cuando tratan de controlar internet en los casos en los que la plataforma se vuelve problemática para el Estado, puesto que incrementa el acceso público a la información y promueve el debate y la movilización.⁴⁵

Anastasia Denisova afirma que, incluso si las redes sociales tienen un potencial considerable para generar y mantener una deliberación política que ha sido excluida del discurso offline, su traducción de las discusiones online a las acciones offline sigue siendo una tarea problemática. Esto debido a la falta de afiliación con una formación política específica, la comunicación política dispersa, la renuencia a explorar información alternativa, la creación del disenso político por los individuos y el peso de las prácticas autoritarias que llevan a que la gente sea precavida y cuidadosa en sus posicionamientos en lo que atañe a la movilización política y las campañas.⁴⁶ Sin embargo, a pesar de la tradicional apatía política, encuestas recientes confirman que la simpatía por los auténticos independientes se está incrementando: 37% de los encuestados mostró una actitud positiva hacia los manifestantes, otro 27% una actitud negativa y 9% declaró que apreciaba su participación directa en las protestas. Un consenso social surgió en torno a dos cuestiones: a) la gente -y no los vetos del poder- debe decidir quién debe ser nombrado o rechazado para los puestos locales; b) no puede ser que la violencia y el encarcelamiento sean los medios para lidiar con el derecho a protestar.⁴⁷

De vuelta a la politización de las estructuras legales y burocráticas, las reacciones del sistema llegaron rápidamente. Se identificó una estrategia basada en el empleo selectivo o combinado de varios mecanismos, como el uso de la fuerza policial, la Guardia Nacional y de los tribunales para amenazar y perseguir a los manifestantes y líderes, coerciones para reclutar gente joven en edad de servicio militar, amenazas de expulsión de las universidades a los estudiantes que participaran en las protestas, así como el retiro de la custodia de hijos a los padres que protestaran, entre otros. Por lo tanto, incluso desde las mismas cúpulas se ha criticado el manejo represivo de la crisis. Alexei Kudrin, consejero de Putin y miembro del ala liberal del régimen, y el senador Vyacheslav Markhayev condenaron la violencia policial registrada en los eventos. El hombre de negocios -y antiguo agente de la KGB- Sergei Chemezov advirtió sobre los riesgos de la radicalización de las protestas como resultado de hacer caso omiso de las reivindicaciones populares.⁴⁸ El Consejo de los Derechos Humanos dependiente del ejecutivo pidió que se abriera una investigación por el uso excesivo de la fuerza a partir del artículo 286 del Código Penal. En el ámbito universitario, varios académicos también han superado la tradicional lealtad de sus administradores hacia las autoridades del Estado al pedir solidaridad sindical con los estudiantes y colegas reprimidos por las protestas; también han señalado la necesidad de mantener un ambiente de pluralidad y libertad en los espacios científicos y culturales.

No obstante, a partir del 24 de julio, se emprendieron varias investigaciones en relación con las manifestaciones de ese mes. La lista de cargos criminales incluyó la presunta obstrucción del trabajo de la comisión electoral (artículo 141 del Código Penal), la organización de disturbios masivos (artículos 212 y 318 del Código Penal), así como el presunto lavado de dinero por activistas (artículo 174 del Código Penal). En un caso muy difundido, se abrió una investigación penal por recibir fondos en contra de la Fundación Anticorrupción, dirigida por el líder de la oposición Alexey Navalny. El funcionario del ejecutivo de la organización fue arrestado durante 30 días por convocar “protestas no autorizadas” y sufrió, en el curso de su arresto, un extraño ataque con un agente tóxico por el cual tuvo que ser hospitalizado.⁴⁹ Incluso varias empresas públicas -por ejemplo, el Metro- y privadas -restaurantes- presentaron demandas en contra de líderes de oposición por presuntas pérdidas y daños económicos, derivados de los días de protesta.⁵⁰

Los presentadores y conductores de los programas de radio y televisión más populares -la principal fuente de información para la población rusa nacional y los aliados del Kremlin en el extranjero- fueron incondicionales, pues condenaron las acciones de los manifestantes, alegando que se trataba de una provocación ilegal derivada de la propia intolerancia de los participantes para llegar a cualquier acuerdo con las autoridades pero, paralelamente, no informaron el uso excesivo de la fuerza por parte de estas últimas. En consonancia con la narrativa del Kremlin, el 19 de agosto, la Duma del Estado interrumpió su receso para discutir, en una sesión extraordinaria, la supuesta intervención extranjera en la crisis.⁵¹ Otro ejemplo de la manera en que los medios de comunicación informaron sobre la crisis mostró que, mientras la policía reprimía a los manifestantes en Moscú en julio, los canales de televisión transmitieron a Putin asistiendo a un desfile de la Marina. Tales ejercicios posmodernos de “alardear” con una narrativa de esplendor militar han sido usados por los gobiernos totalitarios como el de Corea del Norte, pero también por aquellos que experimentan crisis de legitimidad, como Rusia o Venezuela. A pesar de las tipologías políticas -los desfiles militares han servido en la democracia, la autocracia y el autoritarismo en Francia, China, Estados Unidos o Brasil- en el contexto ruso los desfiles militares representan más que un ritual patriótico, el despliegue público de los intereses políticos dominantes. Tales muestras de poder representan rituales formalizados, actividades prestigiosas y espectáculos impresionantes que ya no están destinados a conquistar a las mayorías, sino a mostrar los valores supremos de la nación como una comunidad política y, también de manera subliminal, a demostrar su fuerza militar y hasta dónde está dispuesta a llegar su elite como grupo dominante.⁵²

En Rusia el contrato social, construido gradualmente a lo largo de dos décadas del gobierno de Putin, mantuvo al Estado al margen de la vida económica de la gente común, pues sus operaciones dependían en gran medida de los ingresos de los recursos naturales. Al hacerlo de esa manera, el Kremlin pudo lograr el apoyo o la apatía de la mayoría de la población, lo cual le permitió volver a consolidar y centralizar el poder con el paso del tiempo. En general, el régimen ya no puede aspirar con legitimidad a la complicada maquinaria de la democracia gestionada, que tuvo su mejor época entre 2000 y 2012. Durante ese periodo de doce años, Putin todavía tuvo mucho poder y autoridad, y las decisiones se tomaban en la mera cúpula y se transmitían hacia abajo en un movimiento de poder vertical, que iba desde el nivel federal hasta los poderes locales y regionales. Las decisiones presidenciales o de jefatura de Estado eran garantías que tenían un beneficio cuantificable en una especie de “mercado ad mi nis trativo”.⁵³

Además, de 2005 en adelante, la administración presidencial de Putin ha tratado de presentarse como defensora de los asuntos relacionados con los derechos sociales. Su instrumento político más destacado fue el lanzamiento de una serie de “proyectos de prioridad nacional” dirigidos a elevar los estándares en cuatro sectores clave de la política: salud, vivienda, educación y agricultura.⁵⁴ Desde su reelección como presidente en febrero de 2012, la estrategia de Putin para dar a conocer sus intenciones de defender los derechos sociales para apaciguar las protestas públicas ha cobrado importancia; se ha referido a ellas al afirmar su compromiso con la “democracia genuina”. Sin embargo, el ambiente económico ha cambiado este constructo. Mientras que la situación durante los últimos años fue efectiva para la ciudadanía en el sentido de que “la vida no mejoró, pero tampoco empeoró”, en la primera mitad de 2019 el ingreso real de los rusos cayó 1.3%. Además, las políticas antisociales, como el incremento abrupto en los impuestos y las tarifas de servicios públicos, no mejoraron el entorno y le dieron rienda suelta a las manifestaciones debido a las razones más inesperadas, desde las económicas hasta las políticas, pero sin dejar de lado la defensa de los derechos civiles.

Después de seis años de empobrecimiento gradual y caída salarial de una buena parte de la población, el apoyo a Putin ha decrecido de 80 a 68%. En lo que se refiere a la estabilidad, precios e ingresos del consumidor, 62% de los encuestados por el Estado evaluó la futura situación del país como adversa.⁵⁵ El éxito en el manejo de la crisis de Crimea, que internamente consolidó a la elite y temporalmente fortaleció el apoyo de la población a Putin, no dio más frutos. Mientras tanto, el sistema depende de su viejo presidente quien, con su visible reelección más allá de 2024, recupera y en algunos sentidos supera el historial de la era soviética, sin la capacidad para convertir ventajas instrumentales en estatus político o para establecer un programa con una coalición motivada o de apoyo.⁵⁶ Por consiguiente, tanto el oficialismo como la oposición evalúan el conflicto actual con la mirada puesta en las elecciones parlamentarias y presidenciales que serán celebradas en 2021 y 2024, respectivamente. De manera paralela, entre los rusos emergen nuevas actitudes de crítica y demanda, las cuales toman distancia del discurso oficial. Para las nuevas generaciones -que sólo han conocido a Putin- las amenazas y los chantajes con un regreso a los “salvajes noventas” no han demostrado ser eficaces.⁵⁷

Mientras tanto, la represión ha incrementado la solidaridad entre los manifestantes y la población, lo cual ha generado un efecto opuesto al deseado por el aparato de Estado.⁵⁸ La expectativa oficial en Moscú, derivada de las protestas, incrementó la participación del votante local en aproximadamente 30%, comparada con un poco más del 21% de las elecciones de 2014.⁵⁹ Esto ha llevado a que se tomen medidas populistas, como el incremento moderado en las pensiones sólo unos días antes de las elecciones.⁶⁰ Al pensar de manera estratégica en las elecciones por venir, varios candidatos inhabilitados han llamado a respaldar el voto por aquellos que sí fueron aceptados.⁶¹ Además de su utilidad para la consolidación de victorias futuras, los líderes de oposición aspiran a conseguir unos 300 000 votos, que corresponden más o menos al 4% del registro electoral.⁶²

Por el momento, el Kremlin parece reaccionar ante la acción ciudadana. El partido RU, la maquinaria burocrática construida para el ascenso político y la coordinación electoral, carece de la disciplina y cohesión del antiguo Partido Comunista de la Unión Soviética.⁶³ Al mismo tiempo que Yuri Luzhkov, alcalde de Moscú entre 1992 y 2010, construyó una máquina política particularmente poderosa y verticalmente integrada, en la ciudad germinó un fuerte sentimiento liberal. Simultáneamente, se observa una división táctica dentro de la elite, sobre la manera en que hay que lidiar con el desafío de la oposición: ya sea que se trate de dejarlos competir y manifestarse o bloquear todas sus candidaturas y reprimir sus protestas. A medio camino entre el compromiso selectivo y la represión abierta, las autoridades le han dado más importancia al aparato de pensamiento cerrado en lugar de a las voces moderadas, como Ella Pamfilova y Mikhail Fedotov.⁶⁴

A pesar de las rivalidades y contradicciones entre los diversos organismos estatales sobre la manera en que hay que responder a las demandas ciudadanas, la posición del Krem lin sigue siendo fuerte. Dada su propia naturaleza -y la muy personal psicología política de Putin y sus familiares, forjada en la vieja escuela de la KGB- el régimen no está en condiciones de ser indulgente. Algunos han concluido que el problema es sencillamente autocrático, pues ya no hay una distinción entre el Kremlin y Putin. Como ha dicho públicamente Vyacheslav Volodin, un asesor político de alto nivel de Putin: “Mientras Putin esté ahí, también estará Rusia; una vez que Putin se haya ido, también se irá Rusia”.⁶⁵ Si cada descontento civil es considerado como un preludio a un cambio de régimen inducido desde el extranjero, la elite política rusa todavía tiene recursos administrativos y represivos para soportar más presión “desde abajo”.

El horizonte incierto

La elección de la Duma de Moscú tuvo lugar el 8 de septiembre de 2019. Los resultados de la elección mostraron el éxito de la estrategia de la oposición: ninguno de los candidatos de RU tuvo más de 50% de apoyo -en 2014 hubo 16 candidatos que sí lo tuvieron- y sólo uno tuvo más de 45%. Las elecciones no fueron justas ni libres: los candidatos a favor del Kremlin recibieron más recursos financieros y de organización que todos sus rivales juntos; sin embargo, a pesar de que la oposición recibió la mayor cantidad de escaños en el ayuntamiento de la ciudad desde 1993, los candidatos del “voto inteligente” reunieron 586 286 votos juntos, mientras que los candidatos a favor de RU reunieron 555 063 votos. Los candidatos a favor de Putin perdieron un tercio de los escaños después de un verano en el que se registraron las mayores protestas en casi una década.⁶⁶

La oposición no sistémica -pequeños partidos y movimientos que no hacen tratos con el Kremlin, incluido el grupo de Alexei Navalny- progresó en cuanto al reconocimiento público y ayudó a otros candidatos a lograr éxito político. Esto muestra pequeñas divisiones dentro de la sociedad rusa. Como lo explica el politólogo Kolesnikov, las protestas en Moscú muestran una lucha entre dos clases medias: una proveniente de la economía de mercado y otra dependiente del Estado.⁶⁷ De acuerdo con el sociólogo Denis Volkov, el verano de protestas de Moscú “ha dejado su huella en la actitud de la sociedad rusa en torno al gobierno”, ha catapultado a algunos nuevos políticos -como Ilya Yashin y Lyubov Sobol- al escenario nacional y ha puesto de relieve la “siempre creciente infraestructura” de la sociedad civil rusa, que continúa aprendiendo a usar “nuevas herramientas” para proteger sus derechos, lo cual resulta en el desarrollo y la proliferación de “estructuras civiles”.⁶⁸ Si bien el gobierno aún mantiene el control de los principales recursos políticos -incluidos los represivos y los monetarios-, los manifestantes consiguieron una especie de victoria en contra de la legitimidad y la propaganda gubernamental.⁶⁹

En opinión de Alexander Zamyatin -diputado local de la oposición-, estas elecciones han tenido tres resultados políticos fundamentales. Primero, constituyeron una victoria para la movilización de las bases sobre los recursos administrativos. Segundo, incluso con todo el control electoral y administrativo de los recursos, RU está en una crisis profunda que tiene consecuencias a largo plazo, lo cual puede observarse en los resultados de las encuestas, dado que ha estado perdiendo popularidad según el instituto independiente Centro Levada -apenas tuvo 28% de apoyo en agosto-⁷⁰ e incluso el encuestador del Estado, VTsIOM, lo estimó en 32.6%.⁷¹ Tercero, de acuerdo con Zamyatin, los partidos del sistema deberían solucionar una contradicción: asumir un verdadero papel de oposición y responder a los deseos de la gente, o permanecer bajo el control del Kremlin y mantenerse en el margen de lo permisible.⁷²

De acuerdo con Stanislav Andreycguk, analista de la organización Golos, los tres principales rasgos de todas las elecciones rusas estuvieron presentes en el proceso local de Moscú: el control del registro de los candidatos y del espacio informativo, y la utilización del electorado dependiente. Sin embargo, hubo algunos cambios: los mítines en los que se buscaba el registro de candidatos de oposición ocasionaron una amplia reacción autoritaria desde el poder. Esta reacción incluyó firmas invalidadas en las que se daba respaldo a postulaciones políticas, la dispersión de protestas callejeras y el arresto de activistas, líderes y candidatos de la oposición. La represión llevó a muchos ciudadanos -incluidos académicos y periodistas- a las calles en contra de la arbitrariedad de las autoridades. Luego de la movilización política de los votantes en protesta, la nueva Duma de la ciudad de Moscú terminó luciendo un poco diferente. Como lo expresa Andreycguk, las protestas en contra de las reglas antidemocráticas continuarán siendo un síntoma crónico de los problemas sistémicos en la política de Rusia.⁷³

En Rusia, las responsabilidades de la autocratización están vinculadas a decisiones políticas clave de las elites de alto nivel y a coyunturas críticas relacionadas con ejercicios del poder del Estado. La sociedad civil rusa se ha debilitado considerablemente bajo el mandato de Putin, lo cual reduce la capacidad de movilización de los actores de la oposición. Si se usan los datos de V-Dem, el Presidentialism Index (índice de presidencialismo) -que mide el grado en el que el poder político de un país se concentra en manos de un solo individuo-, el resultado es que bajo Putin nos estamos aproximando al máximo teórico en ese índice. La autocratización del régimen se registra con el Electoral Democracy Index (índice de democracia electoral), que mide el alcance que caracteriza al régimen político en cuanto a elecciones libres y justas, el sufragio amplio y el respeto de las libertades civiles básicas. La democracia rusa decreció en 50% desde 1992. Si se usa el Core Civil Society Index (índice de sociedad civil de base) -que mide la solidez de la sociedad civil en un país dado-, puede apreciarse la disminución de la fuerza de la sociedad civil en Rusia, que va de un nivel alto (0.75) en 1992 a uno bajo (por encima de 0.25) en 2018. Desde que tomó el poder hace 20 años, Putin ha concentrado la influencia política en sus propias manos: la personalización del poder coincide con el incremento de la autocratización del régimen político ruso.

En el ámbito de la cultura política, la evidencia muestra que los rusos nunca han tenido valores no democráticos ni una población antidemocrática.⁷⁴ Esto puede atribuirse a varios factores. Primero, las complejidades del proceso transicional: los rusos están en una fase de transición -cambio de un sistema político a otro y de un patrón económico a otro- que van a tardar en desarrollarse. Segundo, el impacto de las tendencias históricas recientes. Sólo una parte de la sociedad (los oligarcas) se benefició de esta liberalización y, decepcionado, el pueblo ruso comenzó a referirse a dicho proceso como democracia oligárquica. Tercero, la correlación entre la capacidad del Estado y la democracia desarrollada. La demanda de las masas rusas en busca de orden y estabilidad no debe interpretarse como que están a favor de un régimen no democrático. Debe juzgarse a la luz de su situación y de las demandas actuales: incluso para un país europeo democrático, la construcción del Estado era una tarea primordial. Cuarto: varias investigaciones y encuestas mostraron que, en la cultura política del pueblo ruso, la democracia consistía en el respeto a los derechos individuales, las instituciones de representación política y la promoción del bienestar social y económico. Incluso politólogos (extranjeros) han concluido que la gente común ha asimilado los valores democráticos más rápido que la elite, que ha negociado y corrompido las instituciones democráticas.

Tendencias recientes, como el anuncio y realización de la reforma constitucional, muestran que la marcha hacia la autocracia se emprende de manera continua desde el Krem lin. En su discurso del Estado a la nación, Putin esbozó varios cambios a la constitución que serían sometidos a un referéndum,⁷⁵ destacando entre éstos la autorización de que los presidentes gobiernen más de dos mandatos en general -y no sólo dos mandatos consecutivos- lo que habilita a Putin para su eventual conversión en el autócrata más longevo en la historia rusa. También otorgar más poder al Consejo del Estado, órgano subrogado a Putin, consagrando su papel en la constitución. Adicionalmente, introducir restricciones adicionales para las candidaturas a presidente, vetando que pueda contender cualquiera que no haya vivido en Rusia en los últimos 25 años o que haya tenido un pasaporte o residencia extranjera.⁷⁶ Por último, la propuesta de dar a la constitución rusa prioridad sobre la ley internacional, reforzando el poder irrestricto del Estado eslavo. Realizada la consulta en medio de la pandemia, la maquinaria electoral y mediática del Kremlin, articulada con su base social conservadora, garantizó una aprobación mayoritaria a la reforma; si bien observadores independientes destacaron importantes irregularidades y niveles de desaprobación en Moscú y otras ciudades.⁷⁷

Las protestas y elecciones del verano pasado en Moscú mostraron el debilitamiento parcial y limitado del modelo de gobierno de Putin en el centro geográfico y social del poder ruso. Hoy en día, más sectores de la sociedad rusa están participando en las protestas civiles, principalmente en las grandes ciudades como Moscú, San Petersburgo y Ekaterimburgo, pero también en las otras y en regiones de la “Rusia profunda”, como ha sucedido recientemente en Khabarovsk, en el extremo oriente ruso a raíz de la destitución de su gobernador por orden del Kremlin. Sondeos recientes revelan que los niveles de popularidad de Putin y de apoyo a las protestas han, respectivamente, decrecido y aumentado.⁷⁸ Y aunque los temas que más movilizan siguen siendo de carácter individual y comunitario, la creciente conexión entre las demandas locales, la movilización social y las respuestas del régimen político sugieren que el compromiso político seguirá siendo importante en la política rusa. La oposición democrática en todas sus corrientes y plataformas ideológicas debe articular una nueva agenda nacional mínima y compartida. Una agenda capaz de movilizar un amplio apoyo popular, más allá del segmento de ciudadanos metropolitanos, informados y relativamente independientes del Estado autoritario, paternal y clientelista.