INTRODUCCIÓN

Durante más de una década, Bolivia ha sido una fuente de inspiración y esperanza para los pueblos indígenas de todo el mundo. Evo Morales, el primer presi den te indígena de Bolivia y su partido MAS (Movimiento al Socialismo) supervisaron un “proceso de cambio” que reescribió la Constitución para reconocer a la población indígena mayoritaria de Bolivia y sus valores. Sin embargo, tras casi 14 años en el cargo, Morales perdió la presidencia. Después de dos semanas de tensas protestas públicas por las acusaciones de fraude electoral en las elecciones presidenciales de octubre de 2019, dimitió a instancias de los militares bolivianos. En el vacío político que produjo su renuncia, la política conservadora Jeanine Áñez asumió como presidenta interina, dando paso a un periodo de discurso racista y represión violenta. En 2020, fue electo el sucesor de Morales, Luis Arce, y el MAS volvió al poder.

Los acontecimientos políticos de 2019 siguen siendo fuente de enorme debate. Muchos en Bolivia celebraron el fin de la era Morales, argumentando que su gobierno se había vuelto autoritario. Otros, incluidas muchas personas de la izquierda de todo el mundo, afirmaron que se vio obligado a dimitir como resultado de un “golpe de Estado” destinado a derribar un gobierno progresista. Argumentan que es importante condenar este ataque a la revolución indígena de Bolivia. Aunque condenamos la violencia del gobierno de Áñez, consideramos que la narrativa del golpe borra los desacuerdos que muchos tenían con Morales, creando un “triunfalismo”¹ retrospectivo que oscurece la política contenciosa sobre el terreno que condujo a la crisis en primer lugar. Morales supervisó un proyecto “plurinacional”, inspirador y radical, pero en el momento de las elecciones de 2019 había abandonado sus promesas, para concentrar el poder en el Estado central y promover la expansión de un modelo de desarrollo extractivista. Las protestas que provocaron su renuncia fueron mo vilizaciones populares desordenadas y confusas cuya lucha era de oposición al debilitamiento gradual de su democracia; ésta culminó con acusaciones de fraude en las elecciones del 20 de octubre. Hubo indígenas en todos los bandos de los acontecimientos, algunos apoyando a Morales y otros agotados y decepcionados por los fracasos de su gobierno.

Para entender la dinámica de las elecciones de 2020 y sus consecuencias, sugerimos que es vital mirar más allá del debate sobre el fraude/golpe, que puede tender a centrar la atención en demostrar si “lo que pasó” fue o no un golpe. Nuestro objetivo en este artículo es diferente. Examinamos las complejas posiciones de las organizaciones sociales en los años previos a la crisis política de octubre-noviembre de 2019 para entender sus esfuerzos en aquel momento para construir una sociedad plurinacional. Muchas de las organizaciones de trabajadores indígenas y campesinos que llevaron a Morales al poder habían desertado del MAS, argumentando que sus opiniones sobre cómo promulgar el plurinacionalismo habían sido dejadas de lado. Al centrarnos en las voces de los activistas indígenas bolivianos, esperamos poner de relieve estos desacuerdos, que consideramos que ofrecen diferentes perspectivas sobre las tensiones que subyacen a las divisiones políticas en el país. ¿Qué pueden decirnos las protestas de 2019 sobre las condiciones de posibilidad del resucitado partido MAS que ahora gobierna Bolivia? Nos centramos en tres focos de discordia: la fragmentación del movimiento social, el debilitamiento de las instituciones democráticas y la polarización.

FRAGMENTACIÓN DE LOS MOVIMIENTOS SOCIALES

Los movimientos sociales que protestaron en las elecciones de 2019 fueron muy diferentes de los que llevaron a Morales al poder por primera vez en 2005. Líder del sindicato de cocaleros, Morales articuló inicialmente una agenda antiimperialista y antineoliberal, reuniendo una amplia coalición de indígenas, campesinos y trabajadores, y mujeres, que se formó en la ola de levantamientos populares entre 2000-2005. Estos levantamientos fueron similares a las campañas de protesta que Paul Almeida analizó en Centroamérica, donde los movimientos de oposición se movilizaron colectivamente contra las dañinas políticas económicas neoliberales.² Las protestas bolivianas también estuvieron marcadas por las demandas de los pueblos indígenas de una mayor participación en la toma de decisiones siguiendo sus propias normas y procedimientos y la autonomía indígena.³ Bajo el mandato de Morales, surgió una alianza de organizaciones sociales llamada Pacto de Unidad, que desempeñó un papel histórico en la Asamblea Constituyente de 2006-2009, a cargo de redactar una nueva constitución “plurinacional” aprobada por referéndum en 2009. La elección de Morales dio a estos actores sociales un sentimiento de orgullo por su etnia y por su ciudadanía. Sintieron por primera vez que el Estado y sus recursos naturales les pertenecían a ellos y no a la clase política blanca-mestiza que había gobernado Bolivia durante siglos.

El Pacto de Unidad fue un bloque importante para contrarrestar la oposición de la derecha. Especialmente durante el primer mandato de Morales, el MAS se enfrentó a una fuerte contestación por parte de la clase dirigente blanca-mestiza conservadora de las tierras bajas del este. Encabezadas por comités cívicos no elegidos, estas elites se han opuesto durante mucho tiempo a Morales, temiendo que su gobierno disminuyera su control regional y limitara su capacidad para participar en el agronegocio capitalista global.⁴ Ésta es la región de la que surgió la oposición más ruidosa a Morales durante la crisis de 2019, liderada por el presidente del Comité Cívico evangélico Luis Fernando Camacho. Sin embargo, esta oposición había disminuido sustancialmente para el segundo mandato de Morales (2010-2015), ya que muchos de los opositores más estridentes fueron exiliados después de que un intento fallido de asesinar a Morales en 2009 los implicara. Y lo que es más importante, en los últimos años, las elites tradicionales vieron ganancias financieras con las políticas económicas de Morales que apoyaban la expansión de la frontera agrícola.⁵ Durante el mismo periodo, los líderes indígenas y de izquierda desertaron cada vez con más frecuencia del MAS, criticándolo por exponer un discurso de derechos y valores indígenas en ámbitos internacionales, mientras violaba sus derechos al territorio y al autogobierno en casa.

La ruptura decisiva con el gobierno de Morales se dio en 2011, a raíz de los planes del gobierno de construir una carretera a través del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure, TIPNIS, sin consultar a los grupos indígenas de las tierras bajas que habitaban el territorio.⁶ La Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB) de las tierras bajas organizó una marcha en respuesta, a la que se unió el Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyo (Conamaq) de las tierras altas, que recibió una importante atención de los medios de comunicación internacionales. Cuando los manifestantes llegaron a La Paz, se encontraron con la violencia policial y la represión gubernamental, y poco después ambas organizaciones rompieron formalmente con el gobierno de Morales. En pocos años, ambas organizaciones se dividieron tras la toma de sus sedes por líderes de facciones progubernamentales.⁷ Al final del último mandato de Morales, casi todas las organizaciones del Pacto habían sido cooptadas o divididas, incluidos muchos de los sindicatos de trabajadores campesinos que estaban más estrechamente alineados con el partido. Estas organizaciones tienen ahora dos o tres organizaciones paralelas: una facción progubernamental y, a veces, múltiples organizaciones “orgánicas” paralelas, todas las cuales dicen representar a las bases legítimas. Este confuso panorama social es una de las razones por las que la ruptura de Morales con los grupos indígenas puede resultar sorprendente para muchos observadores internacionales.

En el año previo a las elecciones presidenciales de octubre de 2019, Morales siguió recibiendo el apoyo de muchos indígenas, en especial de la región andina, que consideraron que les había “abierto las puertas” del Estado y que había impulsado la economía.⁸ Para estos simpatizantes, el paso de la pobreza a la clase media y el orgullo de tener un presidente indígena prevalecían sobre sus preocupaciones por la corrupción y los daños medioambientales asociados al proyecto de desarrollo extractivista. Por su parte, altos cargos del gobierno del MAS reconocieron que fue un error que Morales se presentara a la reelección, lamentando asimismo que no haya formado antes a nuevos dirigentes.⁹ Sin embargo, esta postura ignora una razón importante por la que no había alternativas viables: la mayoría de los potenciales líderes habían sido cooptados o expulsados del partido hacía tiempo.

DEBILITAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DEMOCRÁTICAS

La política de partidos consolidada bajo el gobierno de Morales evolucionó hacia algo muy diferente de las formas de democracia directa y participativa ejercidas por las organizaciones de base que originalmente formaban el MAS. En su creación, el MAS fue visto como un “instrumento político” para que las organizaciones sociales accedieran al poder del Estado, más que como un partido político. La lealtad a esta visión continúa entre muchos activistas. Por ejemplo, a raíz de las críticas al gobierno dentro de las organizaciones sociales, algunos dirigentes pidieron que éstas se mantuvieran unidas detrás de Morales. Recuerdan a las bases que su responsabilidad como movimientos sociales es “orientar” o “corregir” al gobierno cuando comete errores.¹⁰ Esta visión de la toma de decisiones de las bases refleja lo que Donna Lee Van Cott denominó “democracia radical” entre los gobiernos municipales indígenas andinos, según la cual, las comunidades indígenas de base impulsan la planificación y el diseño de políticas a través de sus propias normas para la toma de deci sio nes deliberativas y participativas.¹¹ De hecho, la visión del Pacto Unidad sobre el plurinacionalismo incluía la toma de decisiones compartida entre el Estado y los movimientos sociales. En Bolivia, la llegada al poder del MAS en 2005 también fue entendida por sus miembros como la obtención de poder y un instrumento para lograr el cambio.

Sin embargo, estas organizaciones se han distanciado cada vez más de los líderes del MAS, especialmente de los funcionarios de alto rango. Los líderes indígenas han advertido contra las narrativas excesivamente simplificadas que vinculan sus luchas a las del intento de Morales de mantenerse en el poder; lo han criticado repetidamente por apropiarse de sus símbolos sagrados con fines políticos, por institucionalizar sus agendas y por poner sus cuerpos en la línea de fuego en defensa de su partido político. Esto no fue sólo el resultado de la política partidista clientelista consolidada bajo el gobierno de Morales. También se debió a que los dirigentes del partido perdieron de vista diferentes principios de la democracia que sirven como principios organizativos para la toma de decisiones en la vida cotidiana de muchos bolivianos, a través de asambleas en asociaciones de vecinos y comerciantes, sindicatos de estudiantes y trabajadores, comunidades indígenas, etcétera. Argumentan que restaurar las instituciones democráticas debilitadas en Bolivia también implica defender visiones radicalmente diferentes de la democracia que van más allá de la política partidista.

Además, los líderes indígenas también denunciaron al gobierno por su aplicación selectiva de la ley para el clientelismo político. El Estado del MAS aprobó miles de leyes y decretos que disminuyen o violan los derechos constitucionales de las comunidades indígenas. Especialmente polémicas han sido varias leyes que crean importantes barreras para acceder a las autonomías indígenas formales o que restringen los derechos jurisdiccionales indígenas. También son problemáticos los cientos de decretos que otorgan al gobierno poderes para disolver organizaciones sociales y ONG (mediante la revocación de permisos). En el caso de la nación Qhara, por ejemplo, los funcionarios del MAS se negaron a reconocer la autoidentificación y las reivindicaciones ancestrales de los representantes indígenas, mientras que otorgaron representación legal (y posteriormente títulos individuales de propiedad de la tierra) a los sindicalistas afiliados al MAS que vivían en su territorio.¹²

En otro caso, en 2017 la legislatura liderada por el MAS aprobó una ley que ampliaba los campos de producción legal de coca en Cochabamba (donde Morales era formalmente dirigente sindical) e imponía nuevas restricciones a la producción del mercado tradicional. La Asociación Departamental de Productores de Coca (Adepcoca), que es un sindicato de cocaleros tradicionales con sede en la región de los Yungas, se opuso firmemente a la ley y fue recibida con represión estatal. Su líder, Franklin Gutiérrez, estuvo detenido bajo cargos falsos durante más de un año. El uso extensivo de cargos arbitrarios y de la detención preventiva, que con frecuencia duraba años sin juicio, está muy presente en Bolivia. Esta persecución política contribuye directamente a la desconfianza en los tribunales del país. Tras la crisis política, el debilitado poder judicial se convirtió en un instrumento de “política de venganza” para perseguir a la oposición y conceder inmunidad a sus partidarios.¹³

Un momento clave de desilusión con las instituciones gubernamentales para la mayoría de los bolivianos fue cuando Morales hizo caso omiso de los votos populares contra su candidatura a la reelección. En el referéndum del 21 de febrero de 2016, el 51% de los bolivianos votó “NO” a la petición de Morales de que se le permitiera presentarse a la presidencia para un cuarto mandato. Sin embargo, a finales de septiembre de 2017, el Tribunal Constitucional, ampliamente considerado como carente de independencia política, dictaminó que Evo podía ser candidato después de todo. El dictamen se dio pocos días antes de las elecciones judiciales populares para elegir a los jueces de todo el país, incluido el Tribunal Constitucional. Con casi la mitad de los votos en cada departamento registrados como “votos nulos” el día de las elecciones, quedó claro que el proceso de selección independiente de jueces carecía de legitimidad pública.¹⁴ Los votos nulos se oponían directamente a la candidatura de Morales a la reelección, y las imágenes de las papeletas que criticaban al gobierno se compartieron ampliamente en las redes sociales (véase la imagen 1). Así que, incluso antes de las elecciones presidenciales de 2019, había una desconfianza masiva en los tribunales.

Fuente: La Izquierda Diario, 5 de diciembre de 2017.

IMAGEN 1 Boletas de las elecciones judiciales de diciembre de 2017 

Fueron los acontecimientos del día de las elecciones los que desequilibraron la balanza. El sistema estatal de recuento rápido de votos se detuvo repentinamente cuando mostró que Carlos Mesa, el rival más cercano a Morales, tenía suficientes votos para forzar una segunda vuelta; cuando volvió a funcionar 20 horas después, mostró que Morales tenía suficientes votos para ganar directamente. El resultado fue una oleada de protestas populares en todo el país pidiendo un recuento y una segunda vuelta. Cuando los bolivianos salieron a la calle para defender su democracia, muchos rechazaron la idea de que Morales o la derecha estuvieran tomando las decisiones, e insistieron en que se trataba de una desobediencia civil generalizada y que era el “pueblo boliviano” el que pedía su renuncia.¹⁵

POLARIZACIÓN

En el periodo previo a las elecciones, la polarización se intensificó. La mayoría de los bolivianos que salieron a la calle tras salir a la luz las acusaciones de fraude apoyaron al candidato progresista moderado, Carlos Mesa, que asumió la presidencia por primera vez tras la renuncia de Gonzalo Sánchez de Lozada en 2003. Mesa era un recién llegado a la política cuando fue elegido vicepresidente y no tuvo la capacidad de mitigar las tensiones entre la agenda neoliberal de su partido y las demandas del movimiento social de la época. Su dimisión tras sólo 20 meses en el cargo abrió la puerta a la victoria electoral de Morales en 2005. Esto supuso un marcado contraste con la postura progresista promovida por Mesa en la campaña electoral de 2019, como señalaron los observadores.¹⁶

Es importante destacar que la plataforma del partido de Mesa, Comunidad Ciudadanía (CC), captó el descontento de un amplio abanico de grupos, incluido el de los líderes indígenas de la oposición, los ecologistas y los defensores de los derechos humanos. Éstos fueron los bolivianos que participaron en diversas formas de desobediencia civil antes de las elecciones, tales como los movimientos del F21 y ¡Bolivia Dijo No! (véase la imagen 2). Aunque muchos líderes indígenas de la oposición apoyaron a Mesa, su plataforma progresista era fundamentalmente liberal y, por tanto, carecía de la visión plural para la toma de decisiones y la participación de las organizaciones sociales que originalmente planteaban aquellas que formaban el MAS. De hecho, eso fue quizá lo más destacable de las concentraciones a favor del MAS y de la oposición que impugnaban la cuarta candidatura de Morales a la reelección: prácticamente no había wiphalas, la bandera multicolor que representa a los pueblos indígenas bolivianos, en ninguna de ellas.

Fuente: fotos tomadas por Kennemore, 21 de febrero de 2018.

IMAGEN 2 “F21”” cierres de calles en La Paz por el segundo aniversario del referéndum 

Evo se mofó de los manifestantes del F21 por utilizar pititas (finas cuerdas de nylon que solían usar para unir sus cuerpos) para bloquear las calles y bromeando con que enviaría a sus partidarios del sindicato campesino para enseñarles a protestar. Una nueva identidad social y política nació cuando estos jóvenes manifestantes, en su mayoría mestizos, se reapropiaron de los comentarios bajo la bandera de la “revolución de las pititas”. Las pititas eran un grupo diverso pero dividido, a grandes rasgos, entre los que adoptaban una postura más progresista y apoyaban a Mesa y los que se alineaban con la política de derecha del estilo caudillista de Camacho.¹⁷ La derecha se aprovechó de la desconfianza generalizada, así como de la indignación popular por los incendios que habían arrasado el Amazonas el verano anterior.¹⁸ Celebrando mítines masivos antes de las elecciones, los comités cívicos se comprometieron a estar vigilantes en caso de fraude electoral.

Cuando salieron a la luz las acusaciones de fraude, la polarización ya existente estalló en todo el país, provocando conflictos violentos directos entre los partidarios del MAS y los grupos de la oposición. Los enfrentamientos directos dejaron varios muertos y heridos y también comportaron la quema de oficinas y casas, tribunales electorales y comisarías, así como saqueo de negocios. Los líderes de los partidos políticos de todas las partes del conflicto contribuyeron a la polarización en torno a la narrativa del fraude/golpe. Poco después de la convocatoria a un paro cívico nacional, se formaron grupos de “resistencia” juvenil racista en Santa Cruz y Cochabamba con el pretexto de proteger los bloqueos. Casi de inmediato, estos grupos empezaron a patrullar las ciudades en motocicletas, persiguiendo a todo aquel que pareciera ser “masista” (es decir, cualquier persona con rasgos físicos o vestimenta que lo marcaran como indígena).¹⁹ Hubo una considerable violencia racializada pública, incluido un ataque ampliamente difundido contra una alcaldesa indígena del MAS, que se hizo eco de los ataques racistas de 2008 en Sucre durante la Asamblea Constituyente. Después, tras un motín policial y la “sugerencia” de los militares, Morales renunció junto con varios funcionarios de alto rango. Jeanine Áñez y Camacho asaltaron el palacio de gobierno con enormes biblias en la mano, emitiendo declaraciones racistas y prometiendo librar al gobierno de la Pachamama. La policía y los manifestantes quemaron la wiphala, la bandera andina utilizada por el partido de Morales en las ciudades de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz.

Los informes procedentes de la ciudad de El Alto, de mayoría aimara, atribuyeron la violencia a diversos culpables, desde militantes del MAS hasta maleantes “contratados” por la derecha. La gente se puso a la defensiva, organizando grupos de vigilancia vecinal para proteger sus hogares y mantenerse en alerta máxima. Los forasteros fueron señalados como una amenaza inmediata, y muchos fueron detenidos y torturados.²⁰ La escasa cobertura de los medios de comunicación, combinada con los rumores, permitió que la desinformación y el miedo abrieran una brecha de odio entre grupos situados en extremos opuestos del conflicto. Cuando la narrativa golpista empezó a ganar tracción internacional entre la izquierda, el grupo F21 inundó plataformas como Twitter con hashtags como #pitita #NoFueGolpe #EvoFraude. Con el pretexto de “restablecer el orden” (y actuando al amparo de un decreto de impunidad temporal), las fuerzas armadas actuaron con mano dura contra cualquier sospechoso de “terrorismo” o “sedición”, asesinando y deteniendo a decenas de manifestantes, incluidas dos masacres en Sacaba y Senkata de manifestantes indígenas, que dejaron 37 muertos y decenas de heridos.

Amy Kennemore visitó Bolivia un par de meses después de la crisis. Entre los residentes de las ciudades vecinas de La Paz y El Alto seguía habiendo confusión en torno a la autoría de los ataques. Escuchó múltiples versiones contradictorias de lo sucedido, no sólo entre distintos sectores de la sociedad, sino también entre familiares que no se hablaban. Aunque nadie tenía una idea clara de lo que había ocurrido realmente, estaba claro que la crisis había puesto en entredicho el futuro del proyecto plurinacional. La narrativa de un “golpe de Estado de la derecha” se impuso, en gran medida como resultado de que ambos bandos avivaron el miedo y la confusión para reclamar el poder. En las semanas que siguieron a la renuncia de Morales, la revista progresista en línea Toward Freedom (TF) fue uno de los únicos sitios que publicaron una cobertura en inglés de las voces autónomas de la izquierda boliviana. Dawn Marie Paley, que fue editora en jefe de TF, vio de primera mano cómo la izquierda internacional contribuyó a gran parte de la versión golpista al imponer las narrativas clásicas de izquierda y derecha sobre el caso boliviano, sin entender las complejidades.²¹ Como señaló la feminista boliviana María Galindo en su reflexión sobre la polarización, “se ha mutilado la capacidad de los pueblos para procesar lo que está pasando”.²²

Inmediatamente después de la crisis, diferentes grupos se unieron para crear espacios de deliberación autónomos. Reu nio nes como los “Parlamentos de Mujeres”, organizados en todo el país por la organización feminista Mujeres Creando, o los “charlamentos” a menor escala que empezaron a surgir en las esquinas de los barrios ofrecieron a los participantes una plataforma de diálogo para dar sentido a lo sucedido. Sólo entonces pudieron los ciudadanos empezar a buscar caminos para reparar y rechazar la polarización que la gente sentía que les habían impuesto los poderosos actores tanto de la derecha como de la izquierda.²³ En El Alto, muchos académicos y activistas indígenas reflexionaron sobre cómo los ataques violentos contra los indígenas, así como sus símbolos compartidos, como la wiphala, ayudaron a unir la ciudad en torno a una identidad compartida. Varios grupos indígenas, incluidos los familiares de las víctimas asesinadas en las masacres de Sencaba y Senkata, se mostraron molestos por los esfuerzos por politizar su dolor. Destacan que muchos de los manifestantes que salieron a las calles después de que Áñez tomara el poder no exigían el regreso de Morales. Más bien, los cánticos de los manifestantes exigían respeto para la wiphala y las mujeres indígenas (mujeres de pollera). Frente a una narrativa de fraude/golpe ya arraigado, los líderes indígenas se esforzaron por separar sus agendas políticas de la de Morales y el partido MAS.

CONCLUSIONES

La presidencia interina de Jeanine Áñez fue un periodo marcado por los discursos racistas y la represión violenta. Sin embargo, a pesar de las complejidades que describimos, argumentamos que el uso continuado de la narrativa del fraude actúa para aplanar toda la política indígena a la de Morales y su partido. Por ejemplo, en agosto de 2020, los sindicatos de trabajadores campesinos organizaron bloqueos en todo el país para protestar por la mala gestión de Áñez de la crisis sanitaria pandémica, sus declaraciones racistas y sus repetidos aplazamientos de las elecciones presidenciales. Pidieron el regreso de Morales a la presidencia. Sin embargo, estas protestas no pueden explicarse a través de la narrativa golpista: fueron dirigidas por el líder aimara Felipe Quispe, “El Mallku”, uno de los primeros y más acérrimos críticos de Morales. Así pues, sigue siendo un reto comprender mejor las complejidades de los desacuerdos dentro de los movimientos sociales, al margen de la política partidista.

Del mismo modo, la narrativa golpista nos impide entender las tensiones dentro del partido MAS tras las elecciones de 2020. Aunque el candidato presidencial del MAS, Luis Arce, se distanció de Morales durante la campaña, estaba claro que seguiría desempeñando un papel dentro del partido. Poco después de la victoria electoral del MAS, Morales regresó del exilio en Argentina y rápidamente comenzó a recorrer el país para asistir a las asambleas de selección de candidatos del partido para las elecciones subnacionales del año siguiente. Sin embargo, el regreso de Evo no fue celebrado de manera uniforme; en muchos lugares fue recibido con rechazo. En todo el país, las noticias mostraban a los asambleístas gritando “¡fuera!” a Morales, mientras coreaban “renovación”. Los asambleístas lanzaron sillas de plástico al expresidente en varias ocasiones; en un incidente en el departamento de Potosí, se vio obligado a esconderse bajo un escritorio durante varias horas por miedo a ser agredido por la multitud. Morales se dirigió a Twitter para culpar de los incidentes a la “derecha golpista”, denunciando que los golpistas de la derecha enviaban infiltrados para instigar la violencia y “tratar de destruir la unidad del MAS”.²⁴ Aquí vemos un claro uso de la narrativa golpista como discurso político para desviar las críticas y reivindicar el victimismo.

Un problema relacionado con el enfoque en la política electoral es que no da cuenta de las muy diferentes nociones de democracia que se disputan actualmente en Bolivia. Han surgido nuevos partidos indígenas, como Jallalla, formado originalmente por “El Mallku” y que ahora es el partido de la exsenadora del MAS, Eva Copa, quien revigorizó y unió a los alteños en torno a un sentimiento de orgullo y esperanza de un nuevo horizonte durante su exitosa campaña a la alcaldía en 2020. Esto no fue resultado de la toma de decisiones de arriba hacia abajo, sino de cientos de reuniones en toda la ciudad en las que confluyeron diversos sectores de la sociedad para generar propuestas para la agenda del partido. Como nos lo recuerda la abogada aimara, Magalí Vienca Copa-Pabón, es precisamente ahí donde surge el “poder popular”, desde “abajo”, a través de la “reflexión y deliberación en lugar de la confrontación”.²⁵ Centrarse en los esfuerzos por “renovar” el partido ofrece importantes lecciones para otros países de la región que apenas están incorporando partidos indígenas al Estado y con una representación marginal.

Sin embargo, incluso cuando los líderes indígenas critican la política de partidos, han sido los defensores más firmes de la constitución. En respuesta a la fragmentación y al debilitamiento de las instituciones democráticas, han recurrido a la constitución como su principal “arma” para reorientar la creación de instituciones desde las bases.²⁶ Al exigir el derecho a la representación directa como pueblos indígenas (y no como organizaciones sociales o partidos políticos), los líderes rechazan las políticas clientelistas y de patronazgo que plagan la mayoría de las democracias representativas. También generan instituciones democráticas dinámicas e innovadoras. En respuesta a la falta de independencia de los tribunales locales y nacionales, por ejemplo, los líderes han formado nuevos tribunales de justicia indígena autónomos y han presentado recursos populares ante el tribunal constitucional, impugnando con éxito algunas partes de las leyes que violan sus derechos de autonomía territorial y política.²⁷ Si bien estas acciones forman parte de una lucha continua por la autodeterminación indígena, los líderes indígenas también articulan sus luchas para recuperar sus agendas como parte de un proyecto plurinacional construido por y para todos los bolivianos. Esto ofrece un terreno común entre sectores de la sociedad que estaban profundamente divididos en la polarización en torno a las elecciones de 2019.