La postura del gobierno uruguayo frente al conflicto

El gobierno uruguayo de Luis Lacalle Pou reaccionó a los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023 emitiendo una firme condena, acorde con la tradición de política externa uruguaya de crítica de la violencia como herramienta de política internacional y de solidaridad con el Estado de Israel.¹ Sin embargo, el posterior respaldo uruguayo a la exacerbada respuesta militar israelí² y la elusión a criticar a este país por las violaciones a los derechos humanos que dicha respuesta generó³ pueden ser consideradas como sendas muestras de alejamiento de algunos principios rectores que han regido los posicionamientos internacionales de Uruguay con respecto a conflictos de este tipo, como el apoyo a la solución pacífica de controversias y la defensa de los derechos humanos.⁴ Esta situación es particularmente evidente en relación con la negativa de apoyar el reclamo internacional de un cese al fuego, que se evidenció con las abstenciones de Uruguay en las dos votaciones de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que aprobaron el llamado a una tregua humanitaria, en octubre y diciembre de 2023.⁵

Eventualmente, integrantes del gobierno expresaron posiciones más matizadas, pero resulta interesante observar que fueron emitidas en el exterior y en ámbitos regionales. Un primer ejemplo de ello fue la afirmación del diputado oficialista Mario Colman (Partido Nacional), quien dijo que Uruguay debería tener una posición más firme en el pedido de cese al fuego, al participar como representante del Parlasur en la Asamblea Parlamentaria Europeo-Latinoamericana (EuroLat) celebrada en noviembre en Santo Domingo, en la cual justamente se emitió un comunicado pidiendo un cese al fuego.⁶ Otro ejemplo fue que el posicionamiento más firme del canciller Omar Paganini respecto a solicitar una pausa humanitaria también fue expresado en el exterior, concretamente en Brasil, durante la cumbre del G20,⁷ aunque insistiendo igualmente en el derecho de Israel a la autodefensa.

El cambio de la histórica postura uruguaya contraria al uso unilateral de la fuerza para la solución de conflictos internacionales y, en especial, las abstenciones en el llamado de la Asamblea General de la ONU a una tregua humanitaria han sido cuestionadas por la embajadora de Palestina en Uruguay, Nadya Rasheed;⁸ por académicos;⁹ y por el principal partido de oposición, el izquierdista Frente Amplio, que tildó de “irresponsable” la actuación del gobierno, que supone un “cambio en el posicionamiento histórico de nuestro país”,¹⁰ y que por tal motivo convocó al Parlamento al ministro de Relaciones Exteriores, Omar Paganini.¹¹ Además, esto ha repercutido en movilizaciones masivas en reclamo contra la agresión israelí y contra la actuación del gobierno uruguayo, la última de las cuales, convocada por la central única sindical Pit-CNT y la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay (entre otras organizaciones), contó con la participación de varios miles de personas y finalizó con una oratoria de Rasheed frente a la casa de gobierno.

Desde el gobierno se ha respondido a estos cuestionamientos, afirmando que lo que se está haciendo es apoyar a Israel en su legítimo derecho a defenderse y que no se acompañaron los pedidos de tregua humanitaria de la Asamblea General de la ONU porque éstos no eran equilibrados, al no incluir una condena al terrorismo. La vicepresidente Beatriz Argimón explicó: “Lo que hizo Uruguay fue abstenerse y, por lo tanto, no es que se rompa una tradición, sino que se pondera siempre, lo que para nosotros es fundamental, la lucha contra el terrorismo, en este caso contra Hamás”.¹²

En este contexto, se agrega que, a inicios de 2024, Uruguay se vio beneficiado con una habilitación para el ingreso de cortes ovinos y bovinos con hueso al exigente mercado cárnico israelí,¹³ un hecho que por lo menos puede calificarse de inesperado. La prensa argentina especializada en temas agropecuarios reaccionó con sorpresa: “Se trata de un acontecimiento histórico en el mercado de la carne vacuna. Israel, un país muy severo a la hora de controlar la sanidad de los alimentos que importa, aceptará por primera vez carne ovina y vacuna con hueso desde el vecino Uruguay”.¹⁴ El anuncio dio lugar a comentarios suspicaces en redes sociales de parte de la embajadora Nasheed,¹⁵ las cuales, a su vez, provocaron una citación a la diplomática por parte de la Cancillería.¹⁶

Consideraciones sobre el cambio en la postura uruguaya sobre el conflicto palestino-israelí

Un análisis de los acontecimientos a la luz de los antecedentes y la literatura sobre política exterior uruguaya (PEU) permite plantear tres consideraciones principales para una mejor comprensión de la postura del gobierno uruguayo.

Una primera consideración, relativa a los antecedentes recientes, es que antes de comenzada la guerra, el gobierno de Luis Lacalle Pou ya había cambiado los lineamientos de la PEU en relación con el conflicto palestino-israelí con respecto a sus predecesores. Por ejemplo, en 2021, Uruguay cambió su posicionamiento en las votaciones en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Este cambio se inició a partir de un reclamo de la embajada de Israel y de organizaciones de la comunidad judía por el voto afirmativo uruguayo a una resolución sobre “Situación de la mujer palestina y asistencia en su apoyo”, el cual llevó a la remoción del director de Asuntos Políticos de la Cancillería, el embajador Pablo Sader (quien en realidad se limitó a mantener la posición histórica, al ser, de hecho, un diplomático políticamente afín al gobierno de Lacalle Pou). Investigaciones de prensa han vinculado dicho cambio con la recepción de cooperación israelí en medicina, en especial valiosa en el contexto de la crisis pandémica de la COVID-19.¹⁷ Otro antecedente previo a la guerra fue la negativa de Uruguay a participar de la Conferencia Durban+20 en 2021, por oponerse a considerar la situación palestina como un caso de colonialismo y apartheid.¹⁸ Y un tercer caso fue el anuncio de la apertura de una oficina comercial y de innovación en Jerusalén, tras la visita a Montevideo del ministro de Exteriores de Israel, Eli Cohen, en agosto de 2023.¹⁹

Una segunda consideración, relacionada con la anterior, aunque de carácter más teórico, apunta al peso que los cambios de partido de gobierno tiene en la redefinición de lineamientos de la PEU. En este marco, era previsible que el enfoque sobre el tema se modificara a partir del cambio de partido de gobierno acontecido en 2020: el retorno de una coalición de derecha y centroderecha, cuyos principales integrantes son los partidos Nacional y Colorado (que gobernaron el país durante los siglos XIX y XX), tras 15 años de hegemonía del izquierdista Frente Amplio (2005-2020). La literatura insiste sobre el rol central de los partidos políticos como factor explicativo fundamental de los lineamientos de la PEU (predominando por sobre otros actores como las burocracias estatales o los liderazgos personales), tanto en general como para el caso de Medio Oriente en particular.²⁰

Las diferentes visiones de los partidos políticos sobre el conflicto se asocian con elementos ideológicos. Los principales partidos de derecha y centroderecha, que históricamente integran la coalición de gobierno, han sostenido posiciones proisraelíes.²¹ En el caso del Partido Colorado, éstas son parte del alineamiento con Estados Unidos y la visión de Uruguay e Israel como integrantes de la “civilización occidental”,²² mientras que para el Partido Nacional se pueden asociar también a una visión pragmática, que asocia los posicionamientos internacionales con la búsqueda de una mejor inserción internacional del país en el mundo y de un mayor apoyo electoral en el ámbito doméstico.²³ Por su parte, en el Frente Amplio hay una simpatía hacia la causa palestina, que se inscribe en un visión internacionalista y tercermundista de solidaridad con los pueblos oprimidos, lo que ha llevado a que, durante sus gobiernos, Uruguay reconociera al Estado de Palestina, en 2011, y abriera una embajada en Ramallah en 2014.²⁴

Sin embargo, la tercera consideración que surge del análisis, y que, como fue mencionado, ya ha sido planteada por actores políticos, académicos y diplomáticos, es que el actual giro en la PEU en relación con el conflicto palestino-israelí tal vez vaya allende de los previsibles ajustes que operan en el marco de un cambio de partido de gobierno, implicando también un distanciamiento de los principios rectores de la PEU, que históricamente se han mantenido a pesar de dicha alternancia, como son la apuesta por la paz y el respeto al derecho internacional. Al respecto, la literatura señala que, desde inicios del siglo XX, la PEU reivindica la no injerencia en asuntos internos de otros Estados, la solución pacífica de controversias y el respeto al derecho internacional, principios a los que posteriormente es posible agregar la promoción del multilateralismo y la defensa de los derechos humanos.²⁵ La adhesión a estos principios responde a condiciones geopolíticas e históricas del Uruguay, que llevaron al país a apoyarse en éstos para salvaguardar su interés nacional, esto es, su supervivencia como un Estado pequeño rodeado de dos potencias regionales por las cuales periódicamente se percibe amenazado.²⁶ No obstante, la defensa y promoción de tales principios se ha extendido más allá de los intereses más inmediatos, proyectándose hacia el accionar del país en el sistema internacional y tornándose su defensa una fuente de prestigio internacional.

En el caso que nos compete, el gobierno ha sostenido que continúa con el apego a estos principios, en particular el respeto al derecho internacional y al multilateralismo, al mantener la defensa de la solución de dos Estados adoptada por la Asamblea General de la ONU en 1947. Sin embargo, la renuencia a adherirse a la exigencia internacional de un cese al fuego y, en particular, las dos abstenciones en la Asamblea General de la ONU tienden un manto de dudas respecto a si se mantiene la tradición pacifista y el compromiso con la protección de los derechos humanos. El mencionado anuncio de la apertura de una oficina diplomática en Jerusalén, en claro irrespeto al derecho internacional y a las decisiones previas de las que Uruguay participó en ámbitos multilaterales, muestran que el distanciamiento hacia los principios rectores de la PEU se venía gestando con anterioridad al conflicto. Sin embargo, la dramática situación en Gaza agrava y visibiliza tal ruptura, la cual es posible prever que tendrá impactos negativos sobre el prestigio internacional del país que tantos gobiernos han forjado a través de la defensa de los Estados pequeños y los pueblos oprimidos.