Las mujeres kichwas de Chimborazo revolucionaron los entendimientos existentes sobre los alcances de las agendas políticas globales indígenas y feministas durante la Asamblea Constituyente que creó la Constitución de Ecuador de 2008. Lograron, por primera vez en la historia, que una Carta Magna reconociera a las mujeres entre los derechos colectivos de las personas indígenas. También fueron las primeras en establecer una cuota de género en el contexto judicial. Su estrategia fue usar la legislación internacional existente (en particular, la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas) para obligar a los sistemas políticos indígenas a garantizar la representación sustantiva de las mujeres en sus órganos de justicia.

Para las Relaciones Internacionales, el accionar de las mujeres kichwas en el contexto ecuatoriano desafía las formas tradicionales de comprender la soberanía, uno de los principios más importantes para entender el sistema internacional. Ellas lograron convertir al Estado en un garante de sus derechos frente a los sistemas políticos autónomos indígenas que coexisten en su territorio. Cuando el Estado aceptó que es un garante del orden jurídico internacional frente a las autoridades indígenas, reconoció que no es el soberano único que puede decidir sobre el territorio, el gobierno y los cuerpos de las mujeres indígenas. Esta triangulación de autoridades entre lo internacional, lo estatal y lo indígena es a lo que la autora denominó soberanías vernáculas. Una implicación teórica internacionalista de este cambio conceptual de la soberanía es que el sistema internacional deja de entenderse como el campo de acción de Estados soberanos en un contexto de anarquía y se transforma en un ensamblaje de poder donde los sistemas políticos indígenas crean relaciones con los Estados, el derecho internacional y otros sistemas políticos también indígenas y autónomos.

De manera sorprendente, estos cambios monumentales en la distribución del poder entre naciones no fueron registrados en los libros de texto de Relaciones Internacionales, ni fueron parte del debate público sobre la Constitución ecuatoriana. Manuela Lavinas Picq, en Soberanías vernáculas. Las mujeres indígenas desafían la política global, argumenta que esta omisión no es casualidad, sino que es parte de las prácticas académicas y políticas que mantienen a las mujeres kiwcha como ciudadanas de segunda clase. Una de tales prácticas es suponer, erróneamente, que no tienen la agencia ni el poder necesario para crear política estatal y, entonces, que son incapaces de hacer o de impactar las relaciones internacionales.

Manuela Lavinas Picq combina en este libro diez años de investigación etnográfica en diferentes localidades del Ecuador con narrativas magistrales de los sucesos políticos claves para entender la participación política de las mujeres kiwchas en un contexto globalizado. Estas narrativas vuelven la lectura entretenida gracias a las entrevistas de la autora a las protagonistas del movimiento indígena, como la de Tránsito Amaguaña Alba, quien colideró el movimiento indígena bolivariano que logró la reforma agraria de 1964 con el cual se inició la redistribución de las tierras en el Ecuador, y Cristina Cucuri, una de las lideresas de la participación de las mujeres kichwas en la Asamblea de 2008. Estas historias dejan al descubierto la paradoja de la participación política de las mujeres indígenas en Latinoamérica: ellas han sido protagonistas de la resistencia indígena frente al Estado desde la invasión colonial, pero tanto los sistemas normativos propios como los estatales han fallado en brindarles las condiciones mínimas de vida digna.

Para ilustrar la compleja posición de las mujeres indígenas en la política internacional, hay que considerar cómo ellas son víctimas de violencia en el hogar y los protocolos de género fracasan en ayudarlas, porque las personas indígenas que las violentan logran apelar a la autodeterminación de sus pueblos y exigen que los casos se diriman en sus sistemas de justicia comunitarios. De esta forma, es difícil que se lleve un debido proceso en estos casos, porque las mujeres indígenas no suelen ser las impartidoras de justicia en estos sistemas políticos y las autoridades indígenas justifican su inacción con argumentos sobre la necesidad de mantener la cohesión comunitaria y la buena imagen de los compañeros. Cuando estas mujeres entran en la política de partidos o participan en asambleas y consejos indígenas, se les complica formar alianzas con las facciones políticas feministas e indígenas. Las primeras no consideran como un tema de género la participación de las mujeres en los sistemas judiciales y las segundas argumentan que las políticas feministas van en contra de su autodeterminación. Ante esta falta de alianzas, a estas mujeres les cuesta trabajo poner en las agendas estatales o en las indígenas sus demandas sobre la participación en los sistemas de justicia indígenas.

La investigación teórica multidisciplinaria de Manuela Lavinas Picq sobre el concepto de soberanías vernáculas es de utilidad para estudiantes y profesoras de Antropología, Ciencia Política, Estudios Indígenas, Estudios Latinoamericanos, Relaciones Internacionales y Sociología. Un ejemplo de esta contribución interdisciplinaria es el cuestionamiento a la crítica al sistema internacional de los derechos humanos que replica un modelo homogeneizador y colonial, que privilegia una noción única de sujeto de derechos. Se sostiene que este sujeto está pensado desde la perspectiva de hombres blancos en países del Norte Global. La presente investigación sobre las acciones de las mujeres kiwchas en la esfera internacional permite imaginar una narrativa diferente de los derechos humanos, en la que las mujeres indígenas también innovan y crean derechos en la esfera internacional. Así, los derechos humanos, leídos desde el accionar de las mujeres kiwchas, dejan de ser el veneno contra la autodeterminación de los pueblos para convertirse en una cura a la violencia de género que puede generar autonomías indígenas con rendición de cuentas a las mujeres.