La corrupción en México: “mordida” y desconfianza en la Policía

La corrupción es un fenómeno difícil de definir y operacionalizar. Si bien en el debate actual es común utilizar la definición de ^{Transparencia Internacional (2017)}, que entiende a la corrupción como “el uso de un poder público para fines privados”, ésta es poco operable y excluye elementos importantes de su definición (^{Del Castillo, 2003}).

Como ha señalado ^{Friedrich (2002)}, existen muy diversas connotaciones del concepto de corrupción en todos los idiomas, pero, además, las definiciones son distintas dependiendo de la perspectiva que se adopte. Así, pueden existir importantes diferencias en lo que se entiende por corrupción según la definan las leyes o la opinión pública o las autoridades (^{Gardiner, 2002}).

La corrupción es un fenómeno social multidimensional, que presenta variaciones locales específicas. De hecho, tanto la corrupción como la percepción de corrupción son fenómenos netamente culturales, que dependen de la forma en que la propia sociedad entiende las reglas y define lo que es una desviación (^{Melgar, Rossi y Smith, 2010}). En consecuencia, para realizar un análisis más adecuado es necesario considerar las particularidades del contexto en el que se presenta.

Teniendo en cuenta lo anterior, en este trabajo se adoptó una perspectiva más cultural y antropológica para definir dicho concepto. Concretamente, se realizó una revisión de la literatura y, en particular, aquellos trabajos que se han ocupado de delimitar qué es corrupción para la opinión pública, con la intención de conocer qué entienden los mexicanos por corrupción y a quién identifican con ella.

En México, la corrupción es un hecho endémico que afecta enormemente tanto lo público como lo privado. En el primer caso, muchos estudios han mostrado que el soborno o lo que popularmente se conoce como “mordida” es el acto que la mayoría de los mexicanos identifica con corrupción. Además, su práctica es asociada principalmente con la Policía cuyos integrantes son percibidos como altamente corruptos y muy vinculados con el crimen (^{Del Castillo y Guerrero, 2003}; ^{Bailey y Parás, 2006}; ^{Naval y Salgado, 2006}). De hecho, en México la corrupción se ha convertido en parte integral de las reglas informales que rigen las interacciones entre policías y ciudadanos (^{Sabet, 2013}). En suma, parece que en la opinión pública en México, la corrupción es entendida principalmente como soborno y vinculada sobre todo a la institución policial.

Por otro lado, en relación con las consecuencias de la misma, si bien gran parte de la investigación sobre corrupción se ha centrado en los efectos económicos de este fenómeno, también existe suficiente evidencia de que tiene consecuencias sociales negativas. Por ejemplo, se ha vinculado con la penetración de grupos relacionados con el crimen organizado en la estructura estatal (^{Shelley, 2001}), con la baja denuncia ciudadana de delitos (^{Azfar y Gurgur, 2008}), con un menor capital social (^{Prats, 2008}), con la insatisfacción ciudadana con la democracia (^{Morales, 2009}), etc.

Pero, quizá una de la consecuencias negativas más importantes sea el impacto de la corrupción en la confianza; tan es así que incluso algunos han señalado que estos dos fenómenos, corrupción y confianza, mantienen una relación endógena (^{Uslaner, 2002}; ^{Morris y Klesner, 2010}). Específicamente, se ha reportado evidencia de los efectos de la corrupción en la confianza interpersonal (^{Prats, 2008}), la confianza en el sistema de gobierno (^{Morales, 2009}) y la confianza en las instituciones (^{Morris y Klesner, 2010}).

Centrándonos en este último punto, la confianza en las instituciones, existe amplia evidencia del impacto concreto de la corrupción sobre la confianza en la Policía (^{Goldsmith, 2005}; ^{Naval y Salgado, 2006}; ^{Kääriäinen, 2007}), lo cual constituye uno de los puntos de partida de este trabajo.

Analizar el efecto concreto de la corrupción sobre la confianza en la Policía es relevante en el contexto mexicano, pues, como ya se mencionaba, es la institución más identificada con las prácticas corruptas por una gran parte de la población. Sin embargo, existe poca evidencia empírica de los efectos que la corrupción tiene sobre la confianza en la Policía en este contexto.

En consecuencia, la primera hipótesis se refiere a la relación entre corrupción percibida y confianza en la Policía. Concretamente especulamos que: (H ₁ ) La corrupción percibida está asociada negativamente con la confianza en la Policía. Cabe aclarar que en este trabajo se ha utilizado únicamente como medida de corrupción la percepción y no se ha tenido en cuenta la corrupción experimentada, por dos razones fundamentalmente. Primero, por la dificultad de medir con rigor y objetividad la corrupción experimentada y la real (^{Morris, 2008}) y, segundo, porque lo que se busca es explorar posibles aspectos relacionados con un miedo expresivo y conectado con otras ansiedades sociales. Por ello, parece más importante conocer su posible conexión con variables vinculadas con la interpretación del mundo social y del contexto en el que viven los ciudadanos.

Confianza en la Policía, base de la seguridad ciudadana

La confianza es un aspecto fundamental para la vida social y la democracia. Por un lado, es un elemento clave para la existencia de cohesión y capital social (^{Putnam, 2000}) y, por el otro, es necesaria para sostener las relaciones que surgen entre los individuos y las instituciones (^{Uslaner, 2002}). Más aún, la confianza es muy importante para el adecuado funcionamiento del sistema de justicia criminal. En este sentido, no sólo se ha identificado como un antecedente de la cooperación de los ciudadanos con el sistema, sino que también se ha reconocido como un elemento esencial para que las personas tengan un comportamiento apegado a las leyes y estén dispuestas a obedecer las decisiones de la autoridad (^{Jackson et al., 2011a}).

Desde esta perspectiva, existen dos modelos que intentan explicar el comportamiento ciudadano de apego a la ley y de satisfacción con sus operadores. El primero es el modelo instrumental, en el que se considera que la satisfacción con el sistema de justicia deriva de su adecuado funcionamiento y de la habilidad para controlar el crimen. El segundo es el modelo normativo, que considera que las buenas evaluaciones del sistema de justicia derivan, sobre todo, de la percepción de los ciudadanos de que han sido tratados con respeto y que las decisiones de la autoridad son justas (^{Tyler, 2006}; ²⁰¹¹).

En particular, la confianza en la Policía es fundamental para el adecuado funcionamiento de un sistema de justicia por varias razones. Por un lado, la Policía es una de las instituciones más visibles de dicho sistema (^{Bridenball y Jesilow, 2008}); por otro lado, esta institución simboliza la fuerza coercitiva del Estado en la relación con los ciudadanos (^{Bottoms y Tankebe, 2012}) y, por último, la Policía representa la protección que la ciudadanía espera recibir a cambio del poder que otorga al gobierno (^{Jackson et al., 2011b}). Por ello, no es de extrañar que la confianza en la Policía sea un elemento crítico para la seguridad ciudadana.

Derivado de esta relación estrecha entre la confianza en la Policía y la seguridad ciudadana, es posible inferir que la confianza en la Policía se relaciona con el miedo al delito en una población. En efecto, la idea de que la relación entre Policía y ciudadanos puede mejorar la sensación de seguridad en las personas no es nueva; ya ^{Wilson y Kelling (1982)}, en su célebre estudio, proporcionaban evidencia de que las medidas que promovieran el estrechamiento de la relación entre policías y ciudadanos (por ejemplo, a través del patrullaje a pie) podían mejorar la percepción de estos últimos, incluso cuando ello no implicara una disminución real del delito. Por otro lado, algunos estudios más recientes han establecido que la confianza en la Policía puede ser una variable sumamente importante en la explicación del miedo al delito a un nivel agregado, especialmente en aquellos países considerados en vía de desarrollo (^{Alda, Bennett y Morabito, 2017}).

Específicamente en México, la relación entre estas variables a nivel individual ha sido ya reportada en algunos estudios empíricos previos,³ pero existe poca profundidad en torno a esta relación, y tampoco existe consenso en relación con la dirección causal en la que se presenta este vínculo. En este sentido, existen dos modelos identificados por ^{Skogan (2009)} para analizar empíricamente esta relación. El primero es el modelo de rendición de cuentas, en el que se considera que el miedo al delito es el que influye en la evaluación que los ciudadanos hacen sobre la Policía (^{Xu, Fiedler y Flaming, 2005}; ^{Sabet, 2013}). El segundo modelo es el de tranquilidad, en el que, por el contrario, se considera que es la confianza en la Policía la que afecta el miedo al delito en la población (^{Box, Hale y Andrews, 1988}; ^{Alvazzi y Van Kesteren, 2004}; ^{Skogan, 2009}).

No encontramos evidencia sólida de que alguno de estos dos modelos haya sido probado empíricamente en México. Sin embargo, en este trabajo consideramos que el modelo de tranquilidad podía ser más adecuado para explicar la relación entre confianza en la Policía y miedo al delito en el contexto mexicano, por tres razones principalmente.

En primer lugar, ^{Sabet (2013)} ha evidenciado que en este país las evaluaciones ciudadanas de la Policía se explican mejor por las solicitudes de “mordida” que por los resultados de seguridad, es decir, sus resultados parecen en cierta forma ser contrarios al modelo de rendición de cuentas. En segundo lugar, en las grandes urbes, como es Ciudad de México, suele existir lo que ^{Robert (2003)} ha denominado un “desajuste de seguridad”, es decir, una situación en la que el control informal es muy débil dadas las condiciones de anonimato y de baja cohesión social, por lo que el control formal adquiere más relevancia en el sentimiento de seguridad ciudadana. Finalmente, se consideró que el modelo de tranquilidad explica mejor la relación entre estas variables porque la confianza es uno de los pilares en los que se sostienen las relaciones interpersonales, especialmente en las sociedades contemporáneas construidas prácticamente de extraños (^{Torche y Valenzuela, 2011}).

Pero, ¿qué es y cómo surge la confianza en la Policía? En relación con su origen, existe evidencia de que la confianza puede derivar de los contactos que tienen las personas con dicho cuerpo (^{Bridenball y Jesilow, 2008}), de la interpretación de las experiencias vividas a raíz de esos contactos (^{Goldsmith, 2005}), del tipo de contacto experimentado (^{Ren et al., 2005}) e, incluso, las personas pueden formarse una imagen y tener una cierta actitud hacia la Policía incluso sin haber estado en contacto con sus oficiales (^{Bridenball y Jesilow, 2008}).

Asimismo, la confianza en la Policía se ha identificado con diversos conceptos, como la legitimidad, la eficiencia, la rendición de cuentas, la justicia, etc. Sin embargo, si partimos de la definición propuesta por ^{Jackson et al. (2013: 63)}, según la cual la confianza en la Policía es: “la creencia entre los miembros del público de que la Policía tiene intenciones correctas y que son competentes en las tareas que les han sido asignadas”, podemos decir que hay dos elementos mínimos para evaluar si en una población existe confianza en la Policía: la percepción de eficiencia y la percepción de compromiso con la comunidad.

Sobre la percepción de eficiencia, se le ha señalado como un antecedente de la confianza no sólo en la Policía, sino en las instituciones del sistema de justicia, en general (^{Goldsmith, 2005}; ^{Kääriäinen, 2007}; ^{Jackson y Bradford, 2010}; ^{Bergman y Flom, 2012}), y se refiere al hecho de que los ciudadanos consideren que la institución -en este caso, la Policía- tiene la habilidad y la competencia necesarias para proteger y servir al público, sobre todo en situaciones de riesgo. Esto puede identificarse con el modelo instrumental mencionado con anterioridad.

Sin embargo, la creencia de que los elementos policiales son eficientes y competentes para realizar sus tareas es insuficiente para que esta institución goce de la confianza de la población (^{Jackson y Bradford, 2010}). La definición de confianza en la Policía antes referida hacía alusión a las “intenciones correctas” de la Policía. Así, para que una persona considere que las intenciones del depositario de su confianza son apropiadas es necesario que perciba que existen valores compartidos. Entonces, además de la percepción de eficiencia, la confianza implica la existencia de una conexión social entre las partes involucradas (^{Jackson et al., 2013}), que en este caso surge del sentimiento de que la Policía entiende las necesidades de la comunidad y comparte una interpretación de lo que está bien y lo que está mal con la ciudadanía (^{Jackson y Bradford, 2010}; ^{Jackson et al., 2013}).

Más aún, consideramos que la idea de compromiso de la Policía con la comunidad se relaciona ampliamente con el alineamiento moral entre aquélla con los ciudadanos, que algunos autores han identificado como el elemento moral, ideológico o normativo de la legitimidad (^{Tyler, 2006} y ²⁰¹¹; ^{Jackson et al., 2011a}; ^{Jackson et al., 2013}). Si se parte de que la legitimidad también tiene sus raíces en las conexiones sociales y la identificación de las partes involucradas (^{Jackson et al., 2013}), entonces la percepción de compromiso con la comunidad es un elemento de la confianza en la Policía, pero también es una parte importante de la legitimidad de esta institución, por lo que puede identificarse con el modelo normativo antes mencionado.

Miedo al delito: multicausado, multidimensional y con un significado expresivo, social y cultural

A pesar de ser un tema que recientemente ha generado mucho interés académico y político, el miedo al delito es un concepto sobre cuya definición hay poco consenso. Además de que suele utilizarse de manera indistinta con otras nociones, como la de percepción de inseguridad,⁴ en su estudio se tiende a confundir el objeto del miedo con sus causas (^{Varela, 2005}). De hecho, estas últimas son las que han ido dando contenido a su conceptualización y quizá, por esto, se ha dificultado más aún precisar su definición.

Por lo anterior, para delimitar el objeto de estudio, más que buscar una definición, tuvimos en cuenta la principal evidencia empírica internacional que conforma el panorama actual de investigación sobre este fenómeno. En primer lugar, debe tenerse en cuenta que, al igual que sucede con la criminalidad en sus distintos niveles, el miedo al delito tiene múltiples causas, no una sola. En otras palabras, el miedo al delito surge de la acumulación de diversos factores, por lo cual, cuando se encuentra una relación de este fenómeno con alguna variable, no puede inferirse que ésta es su único determinante, sino que, en todo caso, es sólo un factor más que se relaciona con él. En este sentido, ^{Farrall, Jackson y Gray (2009)} han propuesto un marco de análisis integrador en el que el miedo al delito es entendido como un fenómeno multicausado y, por lo tanto, se consideran los distintos factores que han sido relacionados con este fenómeno empíricamente.

En segundo lugar, el miedo al delito es un fenómeno multifacético y complejo, es decir, tiene una naturaleza multidimensional (^{Jackson, 2005}; ^{Farrall, Jackson y Gray, 2009}). Este aspecto es especialmente importante de cara a su operacionalización, dado que existen muchos y muy variados indicadores de su existencia (^{Jackson, 2005}). En este estudio consideramos tres dimensiones del miedo al delito: el miedo abstracto, el aspecto cognitivo y la respuesta conductual.

En tercer lugar, los investigadores han establecido la necesidad de tener en cuenta el contexto social y cultural específico en el que el miedo al delito es analizado, por dos motivos fundamentales. Por una parte, porque la mayoría de los estudios que han profundizado sobre el miedo al delito han sido realizados en el contexto anglosajón y, dado que la evidencia obtenida no ha sido contrastada en otros lugares, es posible que la naturaleza del miedo cambie dependiendo del contexto en el que se analiza (^{Jackson, 2004}). Por otra parte, porque el miedo al delito es un fenómeno lleno de cargas sociales y culturales, que puede ser un indicador de la condición de una sociedad (^{Varela, 2005}; ^{Farrall, Jackson y Gray, 2009}). En general, desde diversas ciencias, pero particularmente desde la psicología, se ha demostrado que hay una gran influencia social y cultural en la forma de interpretar la realidad y responder a ella (^{Gaviria, López y Cuadrado, 2013}). Por ello, es lógico pensar que el miedo al delito, como una actitud y un fenómeno psicológico más, tenga una base social y cultural y que, como ha señalado ^{Jackson (2004)}, se relacione con la forma en que las personas dan sentido a su mundo social, otorgándole un significado dentro de un contexto de juicios, creencias y valores acerca de la ley y el orden y la composición moral y social de la comunidad.

Otros autores también han desarrollado esta idea. Así, por ejemplo ^{Dammert (2012)} ha señalado que al ser un constructo social, el miedo al delito tiene raíces sociales, culturales y hasta políticas en un espacio y tiempo determinados. De igual forma, ^{Ferraro (1995)} ha sostenido que el riesgo percibido es modificado tanto por el contexto como por la interacción social, mientras que ^{Girling, Loader y Sparks (2000)} han explorado la forma como opera el crimen, a saber, como un símbolo que condensa otras ansiedades y conflictos relacionados con el vecindario, la composición social, el estatus, el lugar en la sociedad, etc.

Finalmente, una cuestión muy relacionada con el punto anterior y que es fundamental en el análisis del miedo al delito es la distinción entre miedo experiencial y miedo expresivo. El primero se refiere al sentimiento de amenaza y vulnerabilidad frente al crimen en un momento específico, es decir, se relaciona con la percepción de la posibilidad de convertirse en víctima de un delito; el segundo es la canalización de diferentes preocupaciones a través del concepto simbólico de crimen (^{Lupton y Tulloch, 1999}; ^{Jackson, 2004}), por lo que, cuando las personas expresan que sienten miedo al delito, muy probablemente no se refieren sólo al miedo ni sólo al delito, sino que están manifestando otro tipo de ansiedades sociales que conectan de alguna forma con su miedo al delito. La sociedad actual, calificada como la sociedad del riesgo global (^{Beck, 2002}), ha generado una sociedad que se siente permanentemente amenazada por un sinfín de peligros, siendo la ansiedad y la incertidumbre sentimientos muy comunes entre los ciudadanos actuales. Este complicado síndrome de ansiedades asociados con la modernidad tardía, que ^{Giddens (1993)} denominó “inseguridad ontológica”, se ha identificado con una pérdida de confianza no sólo en uno mismo (como una crisis de identidad), sino también en los valores y las normas compartidas. De esta manera, aquellas personas o sociedades que presentan mayor ansiedad sobre el cambio social son las que, por lo general, tienden a desconfiar más y ser más temerosas (^{Van Marle y Maruna, 2010}).

Partiendo de este panorama contemporáneo, hemos considerado que sería interesante analizar el aspecto expresivo del miedo al delito en el contexto mexicano, prácticamente inexplorado a la fecha, bajo el supuesto de que es un fenómeno multicausado, multidimensional y de que es posible que, aun en este contexto, el crimen sea una metáfora que sirve para expresar otro tipo de inseguridades o preocupaciones más difusas, independientemente de los altos niveles de crimen y violencia y las experiencias de victimización. Como ya se decía en la introducción, aunque existen trabajos que han abordado específicamente los determinantes de la percepción de inseguridad (^{Vilalta, 2010} y ²⁰¹³; ^{Cortez, 2015}), no se encontraron trabajos que se hayan centrado en los determinantes del miedo al delito como un fenómeno multidimensional y expresivo.

El objetivo central de este trabajo, que es evaluar la existencia de una base cultural y social del miedo al delito en México, descansa en la idea de que el miedo, la percepción del riesgo de victimización y la percepción de inseguridad representan cosas que van más allá de la posibilidad de ser víctimas del crimen. En nuestro estudio, consideramos que es posible que la corrupción percibida y la confianza en la Policía sean aspectos importantes, cultural y socialmente hablando, en la explicación del miedo al delito en México.

Por ello, nuestra segunda hipótesis se refiere a la relación entre la confianza en la Policía y el miedo al delito: (H ₂ ) La confianza en la Policía está asociada negativamente con el miedo al delito.

Y la tercera hipótesis concierne a la relación entre corrupción y miedo al delito: (H ₃ ) La corrupción percibida está asociada positivamente con el miedo al delito y su efecto está mediado por la confianza en la Policía.

Además, dado que uno de los objetivos del estudio es evaluar la existencia del miedo expresivo en México, la cuarta hipótesis es: (H ₄ ) La corrupción percibida y la confianza en la Policía se asocian con el miedo al delito, aun controlando los efectos de la experiencia de victimización.

Participantes

En virtud de que este estudio es de tipo exploratorio, el análisis se realizó sobre los datos obtenidos mediante la aplicación de encuestas a estudiantes universitarios de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Si bien esto supone una limitación del estudio, puesto que los sujetos analizados representan sólo a una pequeña sección de la población mexicana, se eligió este universo poblacional porque supone un segmento más heterogéneo, si se compara con la muestra que se podía obtener, por ejemplo, de una universidad privada o de un solo barrio. Además, es muy probable que dentro del área de investigación de la criminología y la justicia criminal, los estudiantes universitarios no sean muy diferentes del resto de la sociedad (^{Wiecko, 2010}), con lo cual constituye un grupo adecuado para llevar a cabo estudios preliminares que puedan proporcionar una base sólida para futuras investigaciones.

El estudio fue realizado en una muestra de alumnos de licenciatura de la UNAM, en el campus de Ciudad Universitaria (CU), durante el año académico 2011-2012. Se obtuvieron 990 encuestas. Con la intención de obtener una muestra representativa de la población universitaria, la misma fue elegida mediante asignación proporcional en tres etapas: la unidad de la primera etapa fueron los 14 centros de CU, la unidad de la segunda etapa fueron las aulas seleccionadas aleatoriamente⁵ y, las unidades finales, los individuos que las componían. Su tamaño se planificó para un nivel de confianza de 98%, con un error de muestreo de 4% y bajo el supuesto de máxima indeterminación (p=q=0.5).

La muestra era muy diversa en términos de género (58.1% mujeres y 41.9% hombres) e ideología (17.4% izquierda, 68.4% centro y 14.2% derecha). Sin embargo, por tratarse de estudiantes, la muestra analizada fue menos diversa en términos de edad (mín= 17; máx= 48; M= 20.6; SD= 3) y nivel educativo.

Procedimiento

La encuesta fue realizada entre noviembre de 2011 y enero de 2012, como un cuestionario auto-informado, y fue completada durante el horario de clase, sin que existiera compensación alguna para los que participaron o sanción para los que decidieron no hacerlo, con lo cual se garantizó la voluntariedad en la participación. Antes de formar parte del estudio, los estudiantes fueron informados acerca de los objetivos del estudio y de que su participación era voluntaria y anónima. Además, el entrevistador se aseguró de que los participantes leyeran y comprendieran las instrucciones. El proceso completo tomó aproximadamente 20 minutos.

Datos

Uno de los principales objetivos del estudio era evaluar la existencia de una relación entre la corrupción percibida, la confianza en la Policía y el miedo al delito. De acuerdo con las hipótesis planteadas, la variable dependiente fue el miedo al delito; las variables independientes, la corrupción percibida y la confianza en la Policía, y la variable de control, la experiencia previa de victimización.

Si bien existen instrumentos que se han aplicado en México que contienen algunas preguntas relacionadas con nuestro objeto de estudio, como la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE), el Latinobarómetro o la Encuesta de Opinión Pública en Latinoamérica (LAPOP), estos instrumentos no han medido de una manera multidimensional el miedo al delito y, mucho menos, la confianza en la Policía, con lo cual los ítems empleados han sido insuficientes para obtener una visión más profunda del miedo al delito en México y de su base expresiva. En consecuencia, se diseñó un instrumento en el que se midieron estas variables con múltiples componentes y, en una fase preliminar, se realizó un procedimiento para confirmar su validez, fiabilidad y multidimensionalidad (^{Fernández y Grijalva, 2012}). Los ítems empleados se describen en el Cuadro 1.

Cuadro 1 Variables utilizadas en el estudio e ítems seleccionados 

* Los resultados de un AFC en un estudio previo indicaron que autopercepción de corrupción y percepción de corrupción en funcionarios no eran parte del mismo constructo, por lo que se consideraron como dimensiones separadas.

** En este caso, las opciones de respuesta fueron 1=nunca, 2=sólo ocasionalmente, 3= algunas veces, 4= siempre o casi siempre.

*** Las respuestas obtenidas fueron recodificadas en cuatro categorías para ser incluidas en la escala. Las actividades sobre las que se preguntó fueron: salir de noche, permitir a tus hijos salir a la calle, visitar parientes o amigos, llevar tarjetas bancarias, salir a caminar, tomar taxi, usar joyas, utilizar transporte público, llevar dinero en efectivo, ir al cine o teatro, salir a comer o cenar, y viajar por carretera. Las medidas de protección sobre las que se preguntó fueron: contratar seguridad para casa o negocio, colocar cerraduras, colocar rejas o bardas, poner alarmas en casa, medidas conjuntas con vecinos, vigilancia privada de calle o casa, aumentar la seguridad del vehículo, contar con perro guardián y adquirir armas.

**** En el modelo únicamente se contabilizó la victimización personal directa.

Fuente: elaboración propia.

Estrategia de análisis

Para cumplir con los objetivos de la investigación se utilizó como técnica un modelo de ecuaciones estructurales (SEM), utilizando el paquete estadístico AMOS versión 19. Este procedimiento permite avanzar desde un análisis puramente descriptivo a uno más complejo. Asimismo, a pesar de que los SEM no permiten establecer la causalidad en un sentido estricto, existe un mayor control por parte del investigador y se puede determinar tanto la magnitud de los efectos como la dirección de las relaciones entre las variables (^{Schumacker y Lomax, 2004}).

Teniendo en cuenta las sugerencias de ^{Batista y Coenders (2000)}, el SEM se llevó a cabo mediante la técnica de dos pasos. En el primero, se evaluó el modelo de medida a través de un Análisis Factorial Confirmatorio (AFC); este paso fue realizado en un estudio previo (^{Fernández y Grijalva, 2012}) y en él se valoró la existencia de la relación entre las variables observables y las variables latentes, y se confirmó la validez del instrumento empleado. En concreto, los resultados del AFC confirmaron que los nueve ítems descritos en el Cuadro 1 son adecuados para medir el constructo “Confianza en la Policía” y que los mismos conforman dos dimensiones: percepción de eficiencia y legitimidad social⁶ (GFI=0.97, AGFI=0.94, RMSEA=0.60, CFI=0.90). Asimismo, el AFC arrojó evidencia de que los ocho ítems que se emplearon para medir el constructo Miedo al Delito conforman tres dimensiones: miedo abstracto, aspecto cognitivo y respuesta conductual, que convergen para formar una variable latente de segundo orden (GFI=0.98, AGFI=0.96, RMSEA=0.64, CFI=0.90).

En el presente trabajo realizamos el segundo paso, en el que utilizamos las variables latentes para crear un modelo de ecuaciones estructurales en estricto sentido. El método de estimación de parámetros fue el de distribución libre asintótica (ADF), que no asume la normalidad de los datos,⁷ pero se requiere de una muestra amplia (^{Schumacker y Lomax, 2004}), como la que analizamos en este trabajo.

Además de lo anterior, se realizaron algunos procedimientos previos para el manejo de los datos: los valores perdidos fueron remplazados a través de un método de interpolación y los valores atípicos, o outliers, identificados mediante la distancia de Mahalanobis, fueron eliminados siguiendo a ^{Hair et al. (1999)}, quienes sugieren como un nivel de conservación el valor de significancia p<0.001. Finalmente, después de la identificación del modelo, se procedió a su re-especificación, basándonos en los índices de modificación, pero sobre todo en su sentido teórico.

Estadística descriptiva

El Cuadro 2 presenta el resumen de los valores encontrados en las variables empleadas en el modelo. Como puede observarse, en la percepción de corrupción (CP), cuando se trata de funcionarios y policías es en general alta, ya que las categorías con mayor frecuencia son las 3 y 4; sin embargo, cuando se pregunta sobre la autopercepción de corrupción ésta es bastante menor; incluso en el ítem CP3 la categoría con mayor frecuencia fue la 1. En cuanto a la confianza en la Policía lo que se observa es que la dimensión de percepción de compromiso con la comunidad (PCC) es en general menor que la de percepción de eficiencia (PE), ya que en la primera de ellas las frecuencias se concentran más bien en las categorías 1 y 2. En las dimensiones relacionadas con el miedo al delito, los encuestados en general se agruparon con mayor frecuencia en las categorías medias 2 y 3, siendo el aspecto cognitivo (AC) en el que se observaron mayores porcentajes de encuestados ubicados en la categoría 4. Finalmente, en relación con la experiencia previa de victimización, la mayoría de los encuestados, 69.3%, manifestó no haber sido victimizado en los últimos cinco años de manera directa.

Cuadro 2 Estadística descriptiva 

Fuente: elaboración propia.

Modelo de ecuaciones estructurales

El SEM planteado se representa en la Figura 1. Como puede verse, los resultados obtenidos permiten aceptar, al menos parcialmente, las primeras tres hipótesis propuestas en este trabajo. El modelo permitió explicar una alta proporción de la varianza en la variable dependiente, a través de la combinación de los efectos directos de la confianza en la Policía y los efectos indirectos de la corrupción percibida. En el caso del miedo abstracto, se explicó 42% de la varianza; en el aspecto cognitivo, 56%, y en la respuesta conductual, 31%.

Fuente: elaboración propia. Los modelos de medida no se muestran para facilitar la visualización.

*significativo al 5%, **significativo al 1%, ***significativo al 0.1%

Figura 1 Modelo 1: Efectos de la corrupción percibida y la confianza en la Policía en el miedo al delito 

Además, los índices indicaron un buen ajuste del modelo a los datos (gl>0; GFI=0.95; AGFI=0.93; CFI=0.80; RMSEA=0.05, 90% CI [0.05, 0.06]). Los valores de los índices GFI, AGFI y RMSEA indican un buen ajuste, mientras que el valor del CFI señala lo contrario. Si bien en un sentido estricto, para considerar que existe un buen ajuste deben obtenerse valores superiores a 0.90 del CFI, éste se considera poco instructivo cuando en los modelos nulos o de independencia el valor del RMSEA es menor a 0.158 (^{Kenny, 2015}), como es el presente caso, en el que el valor del RMSEA del modelo independiente fue de 0.112. Este criterio se ha utilizado también en estudios recientes,⁸ por lo que en este estudio el análisis del ajuste del modelo se basó en el resto de indicadores.

En relación con la hipótesis H₁, los resultados del modelo mostraron el efecto de la corrupción percibida hacia la confianza en la Policía. Específicamente, el modelo permite explicar 48% de la varianza de la percepción de eficiencia, la cual recibe efectos negativos directos desde la corrupción percibida en funcionarios y policías (γ=-.68) y desde la autopercepción de corrupción (γ=-.12). Además de lo anterior, el modelo pudo predecir 64% de las diferencias encontradas en los sujetos, en relación con la percepción de compromiso con la comunidad, la cual recibió efectos negativos directos desde la corrupción percibida en funcionarios y policías (γ=-.79) y, en menor medida, desde la autopercepción de corrupción (γ=-.11).

En relación con la hipótesis H₂, el efecto de la confianza en la Policía sobre el miedo al delito se evidenció en el modelo, pero únicamente en el caso de la percepción de eficiencia. En efecto, se observó la existencia de efectos negativos directos hacia las tres dimensiones del miedo al delito: el miedo abstracto (β=-.70), el aspecto cognitivo (β=-.75) y la respuesta conductual (β=-.56).

Por el contrario, los efectos de la percepción de compromiso con la comunidad hacia el aspecto cognitivo y la respuesta conductual no resultaron estadísticamente significativos (representados en el diagrama con líneas punteadas). E incluso, el efecto de la percepción del compromiso de la comunidad hacia el miedo abstracto fue demasiado pequeño y no apareció en la dirección que se esperaba, indicando que una mayor percepción de compromiso con la comunidad se relaciona con un incremento en el miedo al crimen. Dado lo paradójico de este resultado, podría pensarse que existen problemas en el modelo de medida; sin embargo, los resultados del AFC revelaron lo contrario, por lo que nos inclinamos a pensar que este resultado puede deberse a que existe una variable o efecto que no se ha tenido en cuenta en el modelo y que puede haber afectado la relación entre las variables.

En relación con la hipótesis H₃, aunque los efectos indirectos no suelen representarse en los diagramas estructurales, la salida de resultados del programa AMOS proporciona esta información. Como puede observarse en el Cuadro 3, los resultados confirman que existen efectos indirectos desde la corrupción percibida hasta el miedo al delito y que éstos se encuentran mediados por la confianza en la Policía. De acuerdo con las cifras obtenidas, la corrupción percibida en oficiales y policías ejerce efectos positivos indirectos hacia el miedo abstracto (γ=.40), el aspecto cognitivo (γ=.51) y la respuesta conductual (γ=.38). La autopercepción de corrupción también presentó efectos positivos indirectos, aunque muy pequeños, hacia las tres dimensiones del miedo al delito.

Cuadro 3 Efectos indirectos estandarizados (modelo 1)* 

*Únicamente se muestran los efectos indirectos de la corrupción percibida sobre el miedo al delito.

Fuente: elaboración propia

Finalmente, para probar la hipótesis H₄ propusimos un segundo modelo, en el que se mantenían las mismas relaciones del modelo 1, pero en esta ocasión se controlaron los efectos de la experiencia de victimización hacia el miedo al delito. Como muestra la Figura 2, se observaron efectos positivos directos de esta variable hacia el miedo abstracto (β=.12) y el aspecto cognitivo (β=.14), pero no se encontraron efectos con significación estadística hacia la respuesta conductual. De cualquier forma, los efectos de la experiencia previa de victimización hacia el miedo abstracto y el aspecto cognitivo eran pequeños en comparación con los efectos de la corrupción percibida y la confianza en la Policía, especialmente en el caso de la percepción de eficiencia. Además, al incluir la experiencia previa de victimización, los índices de bondad del ajuste permanecieron prácticamente inalterados (gl>0; GFI=0.95; AGFI=0.94; CFI=0.79; RMSEA=0.05, 90% CI [0.05, 0.06]).

Fuente: elaboración propia. No se muestran los modelos de medida para facilitar la visualización.

* significativo al 5%; **significativo al 1%; ***significativo al 0.1%.

Figura 2 Modelo 2: Efectos de la corrupción percibida, la confianza en la Policía y la experiencia previa 

De la corrupción percibida a la confianza en la Policía

Nuestros resultados son consistentes con lo reportado por estudios previos, como el de ^{Morris y Klesner (2010)}. Los datos mostraron que mientras mayor sea la corrupción percibida por los estudiantes, menor es la percepción de eficiencia y la percepción de compromiso con la comunidad en la Policía que reportan. En consecuencia, parece claro que la confianza reportada por los estudiantes no sólo se basa en contactos previos directos con los oficiales de Policía, como lo ha señalado ^{Sabet (2013)}. La confianza hacia esta institución puede derivar también de cuestiones sociales más amplias, que influyen la interpretación de la relación con la Policía (^{Goldsmith, 2005}; ^{Ren et al., 2005}; ^{Bridenball y Jesilow, 2008}); en este caso, los resultados sugieren que la influencia en parte proviene de la corrupción percibida.

La idea de que la corrupción tiene efectos negativos sobre el comportamiento normativo de los ciudadanos es corroborada por estos resultados. Como ya han establecido ^{Naval y Salgado (2006)}, la corrupción en el sistema de justicia desacredita el orden legal y los propósitos de las instituciones en una sociedad, lo que resulta en falta de certeza jurídica y reducción del sentido normativo. Pero si, además, tenemos en cuenta que, desde la perspectiva de la justicia procedimental, la confianza en la Policía se ha identificado como uno de los elementos que favorece el comportamiento apegado a las normas y la cooperación con los operadores del sistema de justicia (^{Jackson et al., 2012}), queda claro que no sólo la corrupción real, sino también la percepción de corrupción son aspectos que inhiben la eficiencia del sistema de justicia en el país.

Las sugerencias para una política en la materia son, en primer lugar, que si se quiere aumentar la confianza en la Policía, la imagen de la institución policial debe mejorarse. Para lograr esto, además de trabajar con medidas para reducir las prácticas reales de corrupción en las que los agentes policiales pueden incurrir, también es necesario enviar señales a la población de que los elementos policiales son confiables. Como la confianza es un aspecto sumamente relacionado con la percepción, una de las metas es que los ciudadanos sientan que ha existido un cambio positivo en la Policía y que es eficiente en las tareas que le son asignadas, pero además, como se veía en nuestros resultados, otro elemento trascendental es la percepción de compromiso con la comunidad. Por ello, también deben enviarse señales de que la institución policial tiene aspiraciones y valores que son consistentes con la sociedad a la que protegen.

En segundo lugar, nuestra sugerencia es que se reconozca que los controles de confianza que se han venido aplicando a los oficiales de Policía, consistentes en pruebas de polígrafo y estudios psicométricos, son insuficientes para lograr la confianza ciudadana, ya que éstos no necesariamente van diseñados a mejorar la percepción de corrupción o compromiso con la comunidad de la población. Crear confianza ciudadana en la Policía y más aún, mantenerla, es una cuestión social compleja y se necesitan acciones a medio y largo plazo. En este sentido, las reformas al sistema de justicia penal y de seguridad en el país que se han venido configurando en los últimos años deben tener en cuenta esta necesidad si lo que se busca es mejorar la relación entre ciudadanos e instituciones de justicia y proporcionar legitimidad a las mismas.

De la confianza en la Policía al miedo al delito

Otro aspecto importante que deriva de los resultados obtenidos en este estudio es el hecho de que una baja percepción de eficiencia en la Policía influye en el incremento del miedo al delito reportado por los estudiantes encuestados.

Estos resultados son relevantes por dos razones. La primera es que los datos sugieren que el miedo al delito de los participantes tiene una base más instrumental que normativa cuando se relaciona con la confianza en la Policía, lo que implica que una falta de percepción de compromiso con la comunidad no parece tan relevante para explicar el miedo al delito como la percepción de que esa institución no es capaz de llevar a cabo sus tareas. Los resultados aquí reportados, al igual que en la perspectiva instrumental, muestran la importancia de la habilidad para combatir el crimen y son consistentes con resultados reportados previamente en el contexto mexicano (^{Bergman y Flom, 2012}).

A pesar de lo anterior, consideramos que no debe desestimarse la posible influencia de la percepción de compromiso con la comunidad sobre el modelo, pues puede ocurrir, como han reportado ^{Jackson y Bradford (2010)}, que el efecto de la percepción de eficiencia sobre la confianza en la Policía esté mediado por el nivel de justicia procedimental utilizado por los oficiales en la realización de sus tareas, aspecto que no fue evaluado en este modelo. Asimismo, en un trabajo previo (^{Fernández y Grijalva, 2012}) mostramos cómo, con estos mismos datos, la percepción de compromiso con la comunidad se encuentra ampliamente relacionada con la percepción de eficiencia, por lo que es muy posible que estas dos variables operen de manera conjunta en la explicación del miedo al delito.

Por otro lado, los resultados dan soporte al modelo de tranquilidad para explicar la relación entre la confianza en la Policía y el miedo al delito reportado por la muestra estudiada. Los resultados sugieren que es la confianza en la Policía la que ejerce una influencia sobre el miedo al delito y no al contrario, como se propone en el modelo de rendición de cuentas. Estos resultados son consistentes con los trabajos de ^{Box, Hale y Andrews (1988)}, ^{Alvazzi y Van Kesteren (2004)} y ^{Skogan (2009)}, quienes han establecido que una buena evaluación de la Policía es un aspecto crítico para proporcionar un sentimiento de seguridad a la población. En consecuencia, la institución policial tiene amplios poderes para brindar seguridad, pero también puede convertirse en un elemento que incremente el miedo al delito.

En este punto, nuestra sugerencia es que, para reducir el miedo al delito, la Policía debe ser vista como más preparada que los criminales. Para lograr esto evidentemente son necesarios aspectos como el entrenamiento y la capacitación, así como una mayor presencia policial tanto en patrullas como a pie y la habilidad para responder prontamente a los llamados, entre otras cosas; pero todos estos esfuerzos serán inútiles si la Policía sigue siendo vista como una amenaza en lugar de una protección. Por ello, dado que la percepción de eficiencia se encontró altamente relacionada con el elemento normativo de la legitimidad, parece necesario trabajar también para que los elementos ofrezcan un trato digno, justo y respetuoso, que vaya generando la sensación de que la Policía y la población están del mismo lado, es decir, que existe un alineamiento moral entre ellos. En las últimas gestiones de gobierno, ha existido una tendencia a utilizar a las fuerzas militares en tareas de seguridad ciudadana. Esta estrategia, además de ser cuestionable en cuanto a su eficacia para proporcionar seguridad, debe examinarse con mayor profundidad, pues es muy posible que, lejos de generar el alineamiento necesario entre ciudadanos y cuerpos de seguridad, provoque un alejamiento mayor.

En este sentido, la implementación de un modelo de Policía comunitaria que priorice las necesidades del vecindario debería ser analizada. En este trabajo sugerimos que las preocupaciones de la comunidad y la meta del cumplimiento de la ley y del control social sean combinadas, con el fin de que los oficiales sean vistos como coordinadores del bien público, pero dando un papel más activo a los ciudadanos en el combate al crimen (como sugieren ^{Bayley y Shearing, 1996}; y ^{Hawdon, 2008}). En otras palabras, sugerimos, en línea con ^{Sabet (2013)}, una coproducción de la seguridad ciudadana que involucre a ciudadanos y a policías y fortalezca las relaciones entre ambas partes.

Efectos de la corrupción en el miedo al delito, mediados por la confianza en la Policía

El tercer resultado que vale la pena resaltar es que, cuando los estudiantes reportaban un alto nivel de corrupción percibida en funcionarios y policías y además manifestaban una baja percepción de eficiencia policial, existía un aumento en el miedo al delito reportado, confirmando así que el temor declarado por los estudiantes puede ser explicado en parte por los efectos recibidos de la corrupción percibida.

De acuerdo con los resultados, la corrupción percibida en funcionarios y policías tuvo efectos negativos directos sobre la confianza en la Policía y, aunque estos efectos fueron hacia las dos dimensiones de este constructo, únicamente la percepción de eficiencia mostró efectos negativos directos sobre las tres dimensiones del miedo al delito. Además, los resultados revelaron que existen efectos positivos indirectos entre la corrupción percibida y el miedo al delito y que los mismos están mediados por la confianza en la Policía.

Estos resultados confirman las consecuencias sociales negativas de la corrupción sobre la sociedad mexicana, pues sugieren que para reducir el miedo al delito en los ciudadanos es necesario cambiar las percepciones acerca de la extensión de la corrupción en la Policía. Como ha sugerido ^{Sabet (2013)}, la corrupción puede ofrecer a los ciudadanos una explicación convincente de la inseguridad, pero si la gente cree que el cumplimiento de la ley está garantizado en su comunidad, pueden considerar que la Policía está de su lado y sentirse protegida y, por tanto, con menos miedo al delito. Por supuesto, sería conveniente que en estudios posteriores no sólo se analicen los efectos de la percepción de corrupción, sino también las posibles repercusiones de las experiencias de corrupción. Sin embargo, esta variable es sumamente difícil de medir empíricamente, con rigor científico, por lo que se necesita trabajar en primer lugar en contar con medidas válidas y fiables que posibiliten su estudio.

Existencia de un miedo al delito expresivo en México, independiente de la victimización

Puede decirse que la principal contribución de este trabajo es en el campo de estudio del miedo al delito en México y, más específicamente, en su aspecto expresivo, ya que con el modelo propuesto pudo explicarse una parte relevante de su prevalencia en los estudiantes encuestados, aun después de controlar por la victimización previa.

Si bien no hay duda de que existe un aspecto experiencial del miedo al delito en el país, que tiene sentido dadas las condiciones actuales de violencia en la realidad mexicana, también es posible que se dé un miedo expresivo que sirve para canalizar otro tipo de ansiedades. En consecuencia, con base en los resultados de este estudio es posible afirmar que cuando en México la gente manifiesta que tiene miedo al delito está expresando su temor ante la posibilidad de ser víctima de un delito, pero también manifiesta la inseguridad generada por la “mordida” y la desconfianza en la institución que es supuestamente responsable de proporcionarle seguridad y protección. En otras palabras, es posible que en este contexto exista una conexión entre la ansiedad relacionada con el miedo al delito y otro tipo de ansiedades, tal como han evidenciado diversos estudios que han intentado explicar el miedo al delito (^{Lupton y Tulloch, 1999}; ^{Girling, Loader y Sparks, 2000}; ^{Jackson, 2004}; ^{Varela, 2005}; ^{Farrall, Jackson y Gray, 2009}).

En suma, los resultados de nuestro estudio confirman la existencia del miedo expresivo al que se han referido ^{Jackson (2004)} y ^{Varela (2005)}, quienes argumentan que las actitudes hacia el crimen son expresadas y entendidas en un contexto de juicios, creencias y valores en torno a la ley, el orden moral y la composición cultural de la sociedad. En este sentido, en el contexto analizado, la corrupción percibida puede estar afectando el sentido normativo y la percepción de justicia de los participantes, lo que lleva a mostrar una baja confianza en la Policía y se convierte en mayor miedo al delito.

Los resultados sugieren que estos dos fenómenos -la corrupción percibida y la confianza en la Policía- pueden tener un significado social y cultural importante en la explicación del miedo al delito en la población mexicana. En consecuencia, al analizar e intentar combatir el miedo al delito en este contexto, es necesario tener en cuenta cuestiones que van más allá del crimen. Si las políticas públicas contra el miedo al delito siguen centrándose en medidas destinadas a combatir únicamente la delincuencia, es muy posible que esta percepción de inseguridad y el miedo en la población continúen, aun cuando se logre disminuir los niveles de criminalidad. Para atacar el problema de raíz también debe atenderse esta base social y cultural; por ello, parecen necesarias medidas más integrales, que abarquen otros aspectos y no sólo el delito. Nuestros resultados sugieren que mejorar la opinión pública relacionada con la institución policial permitiría dirigirse a una sociedad con una justicia menos punitiva, con mayor confianza en sus instituciones y con menos miedo.

Sin duda, existen otras variables que pueden tener relevancia social y cultural en la explicación del miedo al delito en México. En este trabajo no se pretende establecer que la corrupción y la confianza sean las únicas que lo explican; por ello, futuros estudios deberán abordar otros aspectos y variables que hagan posible establecer con más amplitud las cuestiones que específicamente en México contribuyen a que la población experimente un mayor miedo al delito. Este trabajo pretende servir como acicate para nuevas investigaciones.

Como la mayoría de los trabajos, el presente estudio presenta limitaciones. En primer lugar, en la muestra existen sesgos que pueden haber influido en los resultados. La edad es uno de los más importantes, pues los encuestados tenían en promedio 20.6 años, lo que obviamente excluye a grupos de población con visiones posiblemente muy distintas sobre las cuestiones analizadas. En relación con el miedo al delito, la evidencia no es del todo clara en torno al sesgo que puede implicar utilizar una muestra de jóvenes, ya que algunos han encontrado que son éstos los que perciben una mayor probabilidad de victimización (^{Bergman y Kessler, 2008}), mientras que otros, por el contrario, han encontrado que son los mayores de 50 años los que sienten más miedo al delito, especialmente cuando se trata de inseguridad callejera (^{Vázquez-Portomeñe, 2009}). Además, es muy posible que el miedo al delito reportado por los jóvenes pueda estar influido por aspectos que se relacionan con su manera de ver el mundo en esta etapa de su vida, como puede ser la preocupación por su futuro (^{Cops, Pleyser y Put, 2012}). En relación con la confianza en la Policía, el tipo de contacto que los jóvenes pueden tener con los oficiales es muy diferente al que quizá experimenten otros grupos poblacionales, como los ancianos. Este tipo de cuestiones deberán abordarse en estudios futuros.

Pero la edad no es el único problema de la muestra. Es muy probable que existan sesgos en relación con los niveles de ingreso, un factor importante dado que en México las diferencias económicas entre los diferentes sectores de la población son muy marcadas y hasta extremas, por lo que esas divisiones pueden no estar bien representadas en el presente estudio. Asimismo, los participantes se caracterizaban por tener un alto nivel escolar, al ser estudiantes universitarios, un estadístico obviamente sesgado, pues de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en Ciudad de México, en el año 2010, el nivel promedio escolar era de 10.5 años. De cualquier forma, cabe recordar que la intención del estudio no era la generalización de los resultados a toda la población mexicana, sino la exploración de una base cultural y social en la expresión del miedo al delito, y es muy posible que esa base sea distinta en función de la edad de las personas.

En segundo lugar, en relación con los resultados el modelo no es exhaustivo y existen variables o efectos que no fueron analizados en el modelo y que quizá sean importantes para la explicación de la variable dependiente. Asimismo, se pudieron haber propuesto otros modelos en los que las direcciones causales fueran diferentes o incluso un modelo no recursivo cuyas variables ejercieran una influencia recíproca. Sin embargo, si el miedo al delito es entendido como un fenómeno multicausado, es muy difícil proponer un modelo en el que se agoten todas las variables que se relacionen con el mismo. Evidentemente, éste estudio aborda sólo algunas de ellas.

Por último, debe considerarse el contexto al momento del estudio. Desde hace algunos años, México ha estado inmerso en una ola de violencia, lo que sin duda ha tenido un impacto en los medios y en la opinión pública, y a su vez es posible que haya influido en los resultados. Esperamos que éstas y otras cuestiones sean tenidas en cuenta en futuros estudios que aborden las cuestiones aquí planteadas.

A pesar de sus limitaciones, creemos que este estudio exploratorio representa una valiosa contribución al estudio del miedo al delito, en particular, en relación con su aspecto expresivo, que puede servir como plataforma para nuevas líneas de investigación en el estudio de este fenómeno en México, y esperamos que sirva como un primer paso para el desarrollo de herramientas que contribuyan a entender mejor este sentimiento en la población y, en consecuencia, a diseñar políticas públicas adecuadas para su control.

Sobre las autoras

Aurea Esther Grijalva Eternod es doctora en Criminología y Delincuencia Juvenil por la Universidad de Castilla-La Mancha, y catedrática Conacyt en el Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas (CUCEA) de la Universidad de Guadalajara. Sus líneas de investigación son: determinantes de la criminalidad, miedo al delito, instituciones del sistema de justicia, eficiencia del sistema de justicia y economía del crimen. Entre sus publicaciones recientes se encuentran: (con Esther Fernández) “La opinión de los reos sobre la justicia penal en México. Explorando los efectos de la justicia procedimental” (Revista Latinoamericana de Opinión Pública, en prensa); “La sobrepoblación penitenciaria en México. Un examen descriptivo de sus principales causas” (La ciencia criminológica en la prevención y sus campos de aplicación, 2017); “Cultura jurídica y política en los ciudadanos. En busca de sus determinantes en México” (Nuevas amenazas y desafíos permanentes. El Estado Islámico en el escenario internacional y la regionalización de la seguridad en América Latina, 2016).

Esther Fernández Molina es doctora en Criminología por la Universidad de Castilla-La Mancha. Se desempeña como profesora del Centro de Investigación en Criminología de la Universidad de Castilla La Mancha y la Facultad de Derecho de Albacete. Sus líneas de investigación son: justicia juvenil, tendencias delictivas, actitudes hacia la delincuencia y el sistema penal. Algunas de sus publicaciones más recientes son: (coautora) “Spain” (International Handbook of Juvenile Justice, 2017); (coautora) “Derechos procesales de los menores extranjeros: un estudio de su aplicación práctica en la justicia penal” (Indret Criminología y Sistema de Justicia Penal, 2017); (coautora) “Process-based model in adolescence. Analyzing police legitimacy and juvenile delinquency within a legal socialization framework” (European Journal on Criminal Policy and Research, aceptado para publicación).