nueva página del texto (beta)
Español (pdf)
Artículo en XML
Referencias del artículo
Traducción automática
Enviar artículo por email
Citado por SciELO 
Similares en
SciELO 
Permalink
Introducción
A lo largo de su historia, el Estado ha conformado gradualmente una monopolización de los medios legítimos de movimiento, lo que implica que las personas dependen de su autorización para que su desplazamiento sea considerado legítimo (Torpey, 2006). Pero la “salida” y la “entrada”, como componentes instituidos de la libertad de movimiento, no son simétricos (Kalm, 2008). El acceso a la movilidad global es un factor de estratificación1 que evidencia la asimetría global (Bauman, 2006: 115). La libertad de movimiento se supedita al estrato político que ocupan los inmigrantes, de acuerdo con la jerarquía en el sistema internacional que tiene el Estado del que son parte, lo que interviene en la capacidad de negociación de esa movilidad. En esta dirección,
[…] ya no es suficiente […] examinar el papel del Estado en el diseño e implementación de políticas de migración, sino que también es necesario examinar la transformación del propio Estado y lo que esto puede suponer para la política migratoria y la regulación de los flujos migratorios y de asentamiento (Sassen, 1996: 14).
El caso de la biometría humana aplicada por el Estado con fines de control social es un ejemplo de esta transformación. Actualmente, tanto organismos públicos como privados han comenzado a incluir distintos rasgos corporales como método de identificación. Esto ha impactado en el control de los movimientos de personas y el Estado las ha instituido como herramientas específicas para el control migratorio. Un ejemplo de ello es el surgimiento de los pasaportes electrónicos que, adicionados con los avances técnicos, ahora incluyen datos biométricos y biográficos de sus portadores, los cuales son verificados y colectados cada vez que cruzan fronteras internacionales. El Estado y las fronteras son dos instituciones fundamentales para la consolidación utilitaria del control biométrico.
La inclusión de señas de identidad física en los documentos de viaje, como las huellas digitales y luego las fotografías, han llevado a Salter (2015) a afirmar que los pasaportes constituyen una tecnología, en términos foucaultianos, que tiene implicaciones tanto para sus portadores como para quienes se encargan de interpretarlos, ya que, como objeto, el pasaporte circula físicamente atravesando distintas políticas y posicionamientos subjetivos. Entonces, la aplicación de la biometría con fines de control emerge como un ejemplo de los poderes, en plural, a los que refiere Foucault (2014) como algo heterogéneo, por lo que advierte que para analizar el poder debemos hablar de los poderes. En este sentido, en la relación entre biometría y control migratorio no sólo existe el poder del Estado como actor (al que Foucault no pone en el centro de su análisis de poder),2 sino que hay que ampliar la atención hacia múltiples direcciones. Por ejemplo, hacia los funcionarios encargados del control en frontera, que son quienes poseen el micropoder definitorio para habilitar o impedir los desplazamientos, y también hacia los propios individuos que interiorizan el requerimiento de la biometría al punto de no cuestionar o no rechazar el brindar información sobre su propio cuerpo. Desde la perspectiva de Foucault, hay que traspasar el umbral del poder político, en sentido clásico, para ampliar su horizonte. Como sintetiza Sandra Gil Araujo, “el poder es el efecto que se produce a partir de la movilidad, disparidad y multiplicidad de las relaciones sociales, entendidas como relaciones de fuerza, que se verifican en todos los puntos del entramado social”, sentenciando que “el poder se verifica en su ejercicio” (Gil, 2006: 39).
Con estas líneas como antesala, este trabajo se propone indagar cómo la biometría aplicada por el Estado al control migratorio puede ser concebida como una forma de biopoder, en sentido foucaultiano. El biopoder del que habla Foucault es “el conjunto de mecanismos por medio de los cuales aquello que, en la especie humana, constituye sus rasgos biológicos fundamentales podrá ser parte de una política, una estrategia política, una estrategia general de poder” (Foucault, 2006: 15). Está referido a la “administración de los cuerpos y la gestión calculadora de la vida” y hasta el siglo XVIII se encontraba escindido, por un lado, en el desarrollo de diversas disciplinas -instituidas a través de las escuelas, los cuarteles, talleres, las oficinas, etc.- dirigidas a los individuos y, por otro, en las técnicas para obtener la sujeción de los cuerpos y el control de las poblaciones (Foucault, 1998: 84). Entonces, la organización del poder sobre la vida pivotaba alrededor de dos polos, el de las disciplinas del cuerpo y el de las regulaciones de la población, que como tecnología de doble faz procuraba invadir la vida enteramente (Foucault, 1998). Actualmente podría decirse que estos caminos bifurcados, los de la disciplina y las técnicas de control, han confluido en la aplicación biométrica al control migratorio. En aras de enfocarnos en la biometría como funcional al biopoder se analizará la transformación reciente del Estado argentino, desde 2003 hasta 2015, utilizando la técnica de análisis documental a través de las disposiciones y los discursos de funcionarios públicos al respecto.
Dentro de la región sudamericana, el caso argentino reviste importancia por los cambios suscitados recientemente, aunque existen pocos estudios sobre la temática biométrica actual.3 La política migratoria argentina ha sufrido un viraje discursivo desde la sanción de la Ley 25.871 de 2003, que reemplaza a la ley de migraciones de la última dictadura militar y sustituye la visión de la seguridad nacional por la de los derechos humanos, con las complejidades que ello implica (Domenech, 2009). No obstante, este cambio de paradigma no ha supuesto que las políticas migratorias se encuentren desmarcadas de las esferas de seguridad y control estatal, sino que se han erigido en las así denominadas “políticas de control con rostro humano”,4 en las que “el pensamiento tecnocrático parece haber encontrado […] la fórmula largamente buscada para conciliar la lógica estatocéntrica de la soberanía nacional con el imperativo universalista abstracto de los derechos humanos” (Domenech 2013: 2). La noción de la biometría aplicada al control migratorio se apoya en diversas nociones sobre seguridad y por ello en este escrito se interroga: ¿Qué papel juega la biometría dentro de las políticas públicas recientes de Argentina? ¿Cómo llega a posicionarse? Y, ¿de qué modo la biometría se adopta como opción política para el control migratorio?
Breve historización de los desarrollos biométricos
La biometría humana actual se basa en un sistema de identificación que se nutre de indicadores estáticos, principalmente de datos biológicos estables (tales como características faciales, del iris, huellas digitales, mapeo vascular, etc.) y/o de patrones dinámicos, como ciertos datos del comportamiento de las personas (regularidades en la escritura y firma, la forma de caminar, etc.), autentificados por medio de procesos digitales. Sin embargo, los ejemplos de usos biométricos datan de varios siglos atrás. Haciendo un recorte reciente, desde el siglo xvii se reconocen más científicamente las diferencias entre las señas que proporcionan las huellas dactilares, como parámetro de más larga data dentro de la biometría. Hacia finales del siglo XIX se valora su recolección y uso con fines criminalísticos. En 1891, el argentino Juan Vucetich marca un hito al crear el primer método para clasificar las huellas dactilares, aplicándolo a la resolución de un crimen. Así, Argentina reemplaza la antropometría por el método creado por Vucetich (Biometría, s/fa). Esto abre el interés por las huellas dactilares como método de identificación de los individuos. En esta misma época, el inglés Sir Francis Galton da precisión a algunas características de las huellas dactilares, base sobre la que se apoya Sir Richard Edward Henry para introducirlas en el sistema de la policía londinense (Scotland Yard), que lo disemina por toda Europa.
Debido a las limitaciones técnicas, la fotografía como seña de “identidad” no se contempla en los pasaportes cuando los estados los adoptan como documento, tras la Primera Guerra Mundial, sino que se incorpora años después, entrada la década de 1920 al ponerse en circulación los pasaportes estandarizados5 obligatorios para los desplazamientos internacionales (Salter, 2015). Hay otros “avances” biométricos que parecen más contemporáneos, como el reconocimiento a través del escaneo del iris. Sin embargo, Ortega (2010) apunta que ya en 1936, por ejemplo, se sugiere que se considere al iris como rasgo biométrico.
Estos hechos han servido como punta de lanza para sentar los cimientos sobre los que se ha construido la biometría como herramienta que, ligada al Estado al menos desde fines del siglo XIX, pasa de tener aplicación en el plano criminal-policial a ocupar un lugar privilegiado para la individualización de las personas.
Recientemente en la historia, desde la década de 1970, los avances técnicos de la mano de la computación impactan tanto en la recolección de huellas digitales (volviéndola automatizada), como en procesos como los descritos por Ortega (2010) relativos al empleo semiautomático de rasgos faciales y al uso del habla para los registros de patrones. La Oficina Federal de Investigación de Estados Unidos (FBI, por su nombre en inglés), interesada en lograr avances en el campo biométrico, deriva trabajos en esa órbita al Buró Nacional de Estándares (NBS), actual Instituto Nacional de Estándares y Tecnología (NIST) (Biometría, s/fb). Apoyado en la matemática y la estadística, en 1975 ya se han desarrollado métodos de digitalización y un prototipo de lector de huellas dactilares. Sin prever sus compatibilidades, se crean distintos sistemas para el intercambio de información, lo que impulsa a futuro el establecimiento de estándares integrales. Aparece el proyecto de sistemas automatizados de identificación de huellas dactilares del FBI, el sistema Automated Fingerprint Identification Segment (AFIS), encargado por el gobierno de Estados Unidos a la compañía privada estadounidense Lockheed Martin,6 que es sustituido en 1999 por el Integrated Automated Fingerprint Identification System (IAFIS) y luego reemplazado, en 2011, por el Advanced Fingerprint Identification Technology (AFIT).7
En resumen, es entre las décadas de 1970 y 1980 cuando se dan pasos consecutivos a la automatización de procesos, nacimiento de estándares y de patentes, mientras que desde los años noventa el uso de la biometría humana irrumpe en los sistemas comerciales (Ortega, 2010). Hacia el nuevo milenio, los desarrollos biométricos dactilares comienzan a incluirse en el campo privado para el control de accesos, de asistencia laboral y, posteriormente, en el sector bancario. Esto es posible por la proliferación de compañías privadas en el negocio de ofrecer “seguridad” como un servicio, lo que ha llevado a socializar y normalizar el compartir datos y la existencia de dispositivos de rastreo.8 La posibilidad de cruzar datos impacta en la estructura social, en las legislaciones e incluso en las conductas individuales y colectivas (Siri y Ford, 1999).
En síntesis, la biometría se ha insertado en el siglo xx en el control migratorio por medio de los documentos de viaje. La inclusión de las huellas dactilares, la fotografía, y otros datos biográficos, además de la existencia de computadoras y teléfonos móviles,9 ayudan a cercar la vigilancia sobre el portador. Organismos internacionales, como la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) (Domenech, 2013) y la Organización de la Aviación Civil Internacional (OACI), lo mismo que esquemas de integración regional, como la Unión Europea (UE) y países específicos (Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, y Australia, entre otros) han propiciado una particular visión de seguridad vehiculizada a través de la inserción de la biometría en los documentos de viaje y procesos de control migratorio.
Sudamérica
La biometría actualmente se encuentra en boga a nivel global en lo que a controles migratorios se refiere. En América Latina, desde la primera década del siglo XXI se han adoptado medidas en este sentido, introduciendo ciertas nociones sobre seguridad en una amplia gama de políticas públicas. Hay espacios, como el Consejo Latinoamericano y del Caribe de Registro Civil, Identidad y Estadísticas Vitales (CLARCIEV)10 o la Conferencia Iberoamericana de Ministros y Ministras de Administración Pública y Reforma del Estado, que alientan la incorporación de la biometría en diversas áreas, propiciando su inclusión en las agendas políticas de las instituciones de gobierno de la región.
En la tabla 1 se presenta de manera esquemática un panorama no exhaustivo de algunas de las implementaciones recientes en esta materia en los distintos países de la región sudamericana (salvo las Guayanas y Surinam):
Tabla 1. Biometrías en Sudamérica
| Argentina | 2009: Sanción del nuevo Documento Nacional de Identidad (DNI) con la inclusión de un código de barras que contiene datos biográficos y biométricos. |
| 2011: Se lanza la inscripción biométrica para el DNI y pasaportes dirigidos a argentinos/as que vivan en el exterior y también para personas extranjeras que viajen a la Argentina.* | |
| 2011: Se crea el Sistema Federal de Identificación Biométrica para la Seguridad (SIBIOS). | |
| 2012: Se pone en funcionamiento el Sistema Integral de Captura Migratoria (SICAM). | |
| 2012: Se renuevan los pasaportes para incluirles un chip biométrico. | |
| 2012: Se anuncia la creación del Sistema de Acceso Biométrico a Espectáculos Deportivos (SABED), aunque hasta 2015 no logra concretarse en todas sus etapas. | |
| Bolivia | 2000: En los primeros años de la década el país intenta poner en marcha un proyecto para dotar de cédulas de identidad biométricas a sus ciudadanos, pero finalmente queda trunco (Peñaranda y Candia, 2009). |
| 2009: Se realiza la inscripción biométrica de ciudadanos en Bolivia y en el exterior y se crea una base de datos biométricos utilizando la Lista de Votación Electoral con miras a las elecciones presidenciales.* | |
| 2011 y 2015: Se insta a la inscripción en el padrón biométrico electoral para poder votar. Se registran las huellas dactilares, una fotografía digital y la firma de los/las ciudadanos/as, al igual que en 2009. | |
| Brasil | 2007: Se comienza a expedir el pasaporte biométrico. |
| 2007: Se renuevan las identificaciones reemplazándolas por la Tarjeta de Identidad Nacional, que contiene datos biométricos.* | |
| 2010: Se usa la base de datos biométricos para las elecciones como fuente de identificación principal de los/las votantes.* | |
| 2011: Se implementan cédulas inteligentes de nueva generación -con base en el proyecto del Registro de Identidad Civil (Registro de Identidad Civil, RIC)- que poseen datos biométricos, como las huellas dactilares y datos faciales, y se planeaba haber reemplazado todas las cédulas existentes para el año 2019.* Sin embargo, a los pocos meses de iniciado, el proyecto fue suspendido. | |
| 2014: En las elecciones presidenciales se utilizan urnas biométricas, las cuales requieren la confirmación del sufragio mediante la imposición de la huella dactilar del elector. | |
| Chile | 2007-2008: Se implementa el Laboratorio de Investigación Biométrica para validar la base de datos de identificación Facial/Iris.* |
| 2013: Se comienza a emitir documentos de identidad y pasaportes electrónicos con chip en el marco de la puesta en marcha del Sistema de Identificación Multibiométrico, que incorpora la captura de huellas dactilares y de rasgos faciales. | |
| Colombia | 1995: Se reforman las identificaciones para introducir información biométrica en formato digital, que sirve para la inscripción Civil Nacional y la emisión de nuevas tarjetas de identidad con fines electorales y para transacciones civiles.* |
| 2008: Se renuevan las cédulas masivamente para incorporar el sistema AFIS. | |
| 2009: Comienzan a implementarse los sistemas biométricos aplicados a los procesos electorales, instalando lectores de huellas digitales en los recintos electorales para cotejar la identidad de los votantes, con miras a las elecciones presidenciales de 2010. | |
| 2015: Se comienza a expedir el pasaporte electrónico biométrico con chip. | |
| Ecuador | 2009: Se lanza el Sistema de Escaneo Biométrico para Extranjeros en varios puntos de entrada al territorio ecuatoriano.* |
| 2013: Se adopta el pasaporte de lectura mecánica, gracias a un convenio conjunto con Canadá y la OIM. | |
| Paraguay | 2010: Se inicia la emisión de pasaportes de lectura mecánica. |
| 2017: Se implementa el pasaporte electrónico con chip y el registro de datos biométricos; además comienza a funcionar el sistema midas, desarrollado por la OIM para el control biométrico del ingreso y salida del país. | |
| Perú | 2009: Se pone en funcionamiento el Servicio de Verificación Biométrica (SVB), con base en el sistema AFIS de procesamiento de huellas digitales. El SVB es diseñado por el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC) de Perú. |
| 2016: Empiezan a procesarse los primeros pasaportes biométricos que cuentan con un chip electrónico que incluye el registro de las huellas dactilares y reconocimiento facial. | |
| Uruguay | 2010: Se empieza a considerar la implementación de un nuevo sistema de identificación biométrica para las cédulas y pasaportes. |
| 2014: El principal aeropuerto internacional de Uruguay incorpora controles migratorios con tecnología biométrica. La puesta en funcionamiento se da en dos etapas: la primera de control automatizado de huellas dactilares y documentos de viaje y la segunda incluye procesos de reconocimiento facial. | |
| 2015: Comienzan a procesarse el pasaporte electrónico con chip y la cédula electrónica con doble chip, uno de los cuales almacena los datos biométricos. | |
| Venezuela | 2007: Se lanza la Tarjeta de Identidad Nacional, que contiene los datos faciales y las huellas dactilares para usos tanto del sistema electoral como en transacciones civiles.* |
| 2009: Se implementa el pasaporte biométrico. | |
| 2014: El gobierno comienza a utilizar un sistema biométrico para garantizar a los ciudadanos la posibilidad de compra de alimentos básicos como medida frente a la escasez de productos. |
Fuente: elaboración propia a excepción de los extractos marcados (*), que están basados en Al-Khoury (2011), quien al momento de escribir este artículo era Director General Autoridad de Identidad de los Emiratos Árabes Unidos.
Como se observa, los usos de la biometría humana en Sudamérica han girado siempre en torno del control social. En los países mencionados su implementación se ha dado con frecuencias distintas. Algunos estados, como Argentina o Colombia, han sido más receptivos a la biometría; mientras que otros, como Paraguay, apenas han empezado a adoptar esta perspectiva. Sin embargo, se evidencian lazos de colaboración biométrica entre países puntuales, como detallaremos más adelante.
El uso de la biometría se ha enfocado principalmente para fines documentarios, previsionales, impositivos, de control migratorio, de control electoral y de control de beneficios sociales, entre otros. Agilidad, eficacia, veracidad y seguridad han sido los calificados que han utilizado los países para avalar a la biometría como mecanismo, estampándole una carga de verdad. La biometría es enarbolada como un saber que produce verdad,11 cuando, de acuerdo con Foucault (2009: 49), “los discursos de verdad”12 a lo largo de la historia son “discursos que se rectifican, se corrigen, y que ejercen sobre sí mismos todo un trabajo de elaboración orientado por la tarea de ‘decir la verdad’”. Es decir, lo que se considera la verdad no se encuentra fuera del poder ni sin poder (Foucault, 2000).
Argentina
Históricamente, Argentina ha sido pionera en el desarrollo y uso de herramientas biométricas vinculadas al control del crimen. Tal es el caso de los mencionados parámetros dactiloscópicos impulsados por Vucetich ya en 1891, que luego fueron globalizados por la Interpol. Esto dio paso a que, en 1905, se incluyeran las huellas digitales, junto con los aspectos morfológicos y las fotografías, además de los antecedentes de los individuos detenidos, al momento de crearse el prontuario policial (Anitua, 2005).
La aplicación de la biometría inició en el ámbito criminalístico y luego se amplió a otras esferas del campo social. La cédula de identidad, instaurada en 1906, incorpora datos biométricos tales como huella dactilar, estatura, color de cutis, tipo de barba, nariz, boca, orejas y señas particulares visibles. La libreta de enrolamiento masculina, de 1911, también incluye la precisión de descripciones físicas, como color de piel (blanca, trigueña, negra), forma y color de ojos, tipo de nariz, estatura, y la indicación de alguna seña particular. En 1948 se crea el Registro Nacional de las Personas (Renaper), organismo encargado de resguardar las bases de datos para la identificación de los individuos en el país. En él se almacenaban los ficheros patronímicos y dactiloscópicos existentes. Desde 1968, Argentina posee el Documento Nacional de Identidad (DNI) como principal identificación estatal. Desde su inicio, esta libreta incluye la fotografía, la impresión del pulgar derecho y las señas personales y defectos físicos visibles. Estos requerimientos se mantuvieron en líneas generales hasta su modificación a inicios del presente milenio.
En 2003, al tiempo que se adoptan los derechos humanos dentro de la perspectiva de las políticas estatales, la biometría se impone ese mismo año en la agenda política. El Ministerio del Interior retoma entonces la idea de renovar los documentos de identidad, tarea que el Estado impulsaba desde fines de la década de 1990, en los cuales se incluirían los datos biométricos de las personas. Como lo recapitulara el funcionario Eduardo Thill, 13 esto implicaba “el desarrollo de aplicaciones por el Estado y para el Estado,14 que permitieran emitir el documento con total garantía de seguridad” (Thill, 2011: 20). La introducción de esta visión de seguridad vinculada con el derecho humano a la identidad implicaba la recolección de los datos y el acceso a los mismos, para el cual era promisorio crear un sistema afín. Su importancia se trazaba horizontalmente en términos temporales:
Si bien el producto obtenido es un documento impreso, la generación de cada trámite y su documentación adjunta van constituyendo un legajo digital único para cada ciudadano, con su historial biográfico y biométrico (Ministerio del Interior de la Nación, 2011: 89).
Al pergeñar un sistema biométrico de este talante, que pueda generar un legajo por cada ciudadano, se ratifica la idea de Vaccaro (2005: 124) de que el orden disciplinar de la sociedad moderna imprime una mirada de soberanía sobre los cuerpos y espíritus que se encuentran dentro de las fronteras del Estado y aún más sobre quienes transitan esas fronteras. Esto se desprende del uso utilitario que posee el biopoder, que puede “distribuir lo viviente en un dominio de valor y de utilidad. Un poder semejante debe calificar, medir, apreciar y jerarquizar […]; realiza distribuciones en torno a la norma” (Foucault, 1998: 86).
Las intenciones del Estado argentino son aceleradas durante el viaje institucional que realiza a Israel, en 2005, el cual aceleró la adopción e importación de algunos de los controles biométricos actuales:
Ese viaje […] a Israel a nosotros nos dio una visión muy grande en todo lo que pudimos apreciar tanto de Shabak [agencia de seguridad israelí] como de los lugares en donde tenían análisis finísimos respecto del seguimiento de personas, de control de personas […] (Fernández, 2010).
Este parecer de un alto funcionario público argentino reafirma que el interés en la biometría se encadena a la vigilancia, propendiendo a operativizar un sistema de seguridad que contemple las esferas interiores y exteriores y que además pueda ser compartido desde y con otros países. La impronta de lo internacional se destaca como fuente de estándares biométricos de la que Argentina abreva:
[…] estamos atentos para escuchar, para ver, para… si es necesario copiarnos de otros. Es muy importante saber que hay mucha gente que sabe mucho del tema y que trabaja fuertemente para proponerle al mundo cosas nuevas y sobre ese marco nosotros queremos, con mucho respeto, sumarnos a este esquema para tratar de aprovecharnos del conocimiento del otro, aprehender el conocimiento del otro, y hacerlo valer para el beneficio de nuestro pueblo (Fernández, 2010).
A través de estos discursos, el gobierno argentino se muestra interesado en posicionar al país a la vanguardia en la región dentro del campo del saber biométrico. En consonancia con estas declaraciones institucionales, Argentina desarrolla en paralelo un cuerpo legal que respalda jurídicamente el avance del uso de la biometría aplicada a temáticas sociales. La aprobación del nuevo DNI (DMN, 2009) y el establecimiento de un Sistema Federal de Identificación Biométrica para la Seguridad (SIBIOS) (Ministerio de Seguridad, 2011), entre otros, dan cuenta de ello. Por ende, la ley funciona como norma en tanto que la institución judicial está integrada a un “continuum de aparatos” cuyas funciones son reguladoras (Foucault, 1998: 86). Estas leyes sancionadas, que tienen a la biometría en su centro, son funcionales a la normalización de la misma como mecanismo de regulación sobre el cuerpo social.
En las mencionadas leyes, los datos biométricos son compartidos por varios organismos estatales, como el Ministerio del Interior, la Policía Federal Argentina, el Registro Nacional de las Personas, la Administración Federal de Ingresos Públicos y la Administración Nacional de la Seguridad Social, entre otros, que están habilitados a suministrarlos en caso de requerirse a la Gendarmería Nacional, la Prefectura Naval Argentina, la Policía de Seguridad Aeroportuaria, además de a las fuerzas de seguridad provinciales. Con esto se pretende señalar que los individuos no sólo son vigilados cuando se encuentran físicamente en una instancia de control de alguna institución del Estado, sino que existen los medios para que puedan ser monitoreados fuera de estos espacios físicos de control tradicional.
La voluntariedad en la proporción de los datos biométricos es cuasi-obligatoria en tanto se trata una llave que habilita a realización de documentos o procesos que hacen al ejercicio de la ciudadanía en múltiples campos desde el momento del nacimiento de una persona. Por ende, la población atravesada por el fichaje de los datos biométricos es objeto de sujeción, es convertida en el actor basal de la propia reproducción estatal.
El caso más ilustrativo que tiene Argentina es el Sistema Federal de Identificación Biométrica para la Seguridad (SIBIOS), a cargo del Ministerio de Seguridad, del que la Dirección Nacional de Migraciones (DMN) es uno de los usuarios habilitados. La finalidad de este sistema es:
[…] instrumentar un servicio informático para permitir la comprobación idónea y oportuna de identificación de personas y rastros para fines de seguridad pública y de investigación judicial, contribuyendo al desarrollo de políticas eficientes de prevención y conjuración de ilícitos en el ámbito de la seguridad ciudadana y al mejoramiento de las diligencias investigativas requeridas por autoridades judiciales (Ministerio de Seguridad, 2011).
La pretensión del Estado de establecer una correspondencia entre los patrones biométricos y la identidad de las personas a escala de un país revela la creencia en los atributos de verdad que aporta la biometría. No se objeta el margen de error que pueda reportar ni se cuestiona que ello pueda tener consecuencias reales para los individuos (Vaccaro, 2005). Esto es posible porque “la ‘verdad’ está ligada circularmente a sistemas de poder que la producen y la sostienen, y a efectos de poder que introduce y la prorrogan” (Foucault, 2000: 145). Siguiendo con Vaccaro (2005: 125), son estos nuevos dispositivos tecnológicos de control biométrico y de vigilancia digital los que ofrecen oportunidades jamás vistas para la “intensificación de las estrategias de individualización” cuya aparente “neutralidad e igualdad técnica” oculta una normalización de las relaciones sociales que explora constantemente las oportunidades de dominio. Un dominio del otro que en este caso pretende ser de todos en conjunto. Esta individualización con fines de vigilancia también opera sobre la figura del extranjero tanto en el SIBIOS como en relación con el derecho a la identidad encadenado a la identificación estatal:
[…] se propone la unificación de los requisitos necesarios para que los extranjeros obtengan su residencia y posteriormente el Documento Nacional de Identidad (D.N.I.), lo que significará una mayor cantidad de extranjeros residentes en el país documentados e individualizados.
[…]
Que en ese marco, resulta oportuno […] cuando las necesidades […] así lo justifiquen […] prever etapas para que la ciudadanía argentina y/o extranjera actualice en forma regular y ordenada su documentación y consecuentemente la información relacionada con los datos dinámicos, tales como su estado civil, estudios alcanzados, sus rasgos antropométricos, entre otros (DMN, 2009).
En términos foucaultianos, esta individualización es el resultado de la “disciplina”, es decir:
[…] el mecanismo del poder por el cual alcanzamos a controlar en el cuerpo social hasta los elementos más tenues por los cuales llegamos a tocar los propios átomos sociales, esto es, los individuos. Técnicas de individualización del poder. Cómo vigilar a alguien, cómo controlar su conducta, su compartimiento, sus aptitudes, cómo intensificar su rendimiento, cómo multiplicar sus capacidades, cómo colocarlo en el lugar donde será más útil (Foucault, 2014: 56-57).
Así, la biometría se ha convertido en una nueva herramienta funcional a la disciplina en clave foucaultiana. La relación entre la individualización, el control social y la biometría queda de manifiesto en el siguiente caso que atañe a las migraciones específicamente.
Caso SICAM
Del SIBIOS se desprende la confección, en abril de 2012, del Sistema Integral de Captura Migratoria (SICAM) de la DMN, con el fin de monitorear mediante patrones biométricos el control migratorio de ingresos/egresos de personas del territorio argentino. El antiguo relleno manual de la Tarjeta de Entrada y Salida (TES) es sustituido por una toma fotográfica digital, la recolección digital de las huellas dactilares y el escaneo del documento de viaje para registrar los datos patronímicos (sexo, edad, ocupación, nivel de instrucción, etc.). Aunque inicialmente el SICAM no se dispuso en todo el territorio fronterizo,15 sólo hasta julio de 2013 se recolectaron más de 15 millones de registros biométricos (DMN, 2013).
Foucault (2012) señala que las relaciones de poder necesariamente suscitan, o más bien, exigen y abren la posibilidad de una resistencia. Un dato sugerente incluido en la Disposición 843 de la DMN que reglamenta el SICAM es que la posibilidad de que una persona se niegue a brindar los datos biométricos al ingresar o egresar del territorio nacional, sobre lo cual se dice:
Establécese como incidente en el Control de Ingreso y Egreso la negativa de las personas que intentan ingresar o egresar al/del territorio nacional a cumplir con la identificación biométrica, no permitiendo tal circunstancia el perfeccionamiento del potencial tránsito (DMN, 2012: Art. 5).
Si bien no se aclara que ello pueda tornarse en una negativa para que el individuo continúe su circulación, ésta es la única referencia encontrada en todos los documentos consultados sobre la voluntariedad y posibilidad de que las personas ofrezcan resistencia ante la solicitud de entregar sus datos biométricos. Quizá sea el único instrumento que quiebra la lógica monopolizadora del Estado sobre los viajeros y que plantea la posibilidad de que los individuos tengan la propiedad de sus propios cuerpos en tránsito territorial y que puedan ejercer poder sobre sí mismos. El cuerpo ha sido ocupado por el poder y, a su vez, el poder produce saber (Foucault, 2003; 2008) y la biometría es un buen ejemplo de ello.
Además, existen excepciones a la regla de proporcionar una fotografía digital completa para quienes por motivos religiosos o de salud deseen fotografiarse con el cabello cubierto; también quienes no quieran mostrar su rostro en público al amparo de la libertad religiosa pueden realizar la imagen en un recinto reservado con asistencia de agentes del mismo sexo. Las excepciones al procedimiento de captura de imagen facial y de huella dactilar están previstas para quienes viajen en aviones sanitarios y para un amplio espectro de funcionarios de gobierno, argentinos y extranjeros.16 Esto se deriva de que los controles biométricos tienen una estrategia de individualización funcional al ejercicio del poder del segmento que es capaz de capturar ese lugar estatal de dominio (Vaccaro, 2005).
En este marco, la seguridad es utilizada como aval para el avance del control sobre los viajeros. La relación entre seguridad y migración no es inocente, es un nexo netamente político que se enarbola sin explicaciones con el fin de movilizar respuestas políticas (Bigo, 2002). Por ejemplo, en el instrumento conjunto de varios organismos estatales de control que rige los viajes desde 2014, se destaca:
[…] resulta necesario en esta etapa instrumentar un procedimiento que, aprovechando los avances tecnológicos en materia de sistemas y comunicaciones, permita efectuar el análisis de riesgo de los vuelos, evaluar la existencia de eventuales amenazas y/o conflictos.
[…]
Que el mecanismo previsto […] permitirá contar con información unívoca y actualizada en tiempo real para optimizar los procesos de control y fiscalización […] incrementando la eficiencia en la prevención de los delitos, el narcotráfico, el terrorismo internacional, la trata de personas y el tráfico ilegal de inmigrantes (DMN/AFIP/ANAC/PSA, 2014: 1).
Estas categorías susceptibles de ser englobadas en la esfera de la “seguridad” fueron retomadas de la Declaración de Panamá del Airports Council International-Latin America-Caribbean de 2008, que instaba a los estados a adoptar ese tipo de iniciativas y son en las que se basa en el texto de la Resolución Conjunta (DMN/AFIP/ANAC/PSA, 2014) del gobierno argentino y también el de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), organismo difusor a escala internacional del cambio de perspectiva en cuanto a la seguridad aeroportuaria. Este extracto reconfirma la hipótesis que plantea Domenech (2007) de que Argentina retoma para la construcción de sus propias políticas las tendencias presentes en las agendas políticas globales sobre migraciones. Como se aprecia, detrás de una declaración hay numerosos espacios de los que se nutre, a los que toma como referencia y en los que está involucrada una multiplicidad de personal “especializado”, en un campo cada vez más amplio de los saberes sobre “seguridad”. Estas conceptualizaciones están al amparo de lo que Bigo (2006) llama la propagación de una idea de (in)seguridad global, que se alimenta de amenazas potenciales y cuya tendencia ha sido exacerbada desde los atentados del 11 de septiembre, lo que ha contribuido a crear un campo de profesionales17 que “gestionan” el “malestar” y que están en el centro de las transformaciones relativas a la vigilancia global.
Se apela a la seguridad como parachoques de un vasto menú de “posibilidades” de amenazas. El instrumento de la Resolución Conjunta (DMN/AFIP/ANAC/PSA, 2014) obliga a que se les remitan con antelación18 todos los datos de los vuelos y el listado de pasajeros19 transportados, tanto desde como hacia Argentina. Entre los datos requeridos, dos llaman la atención porque bajo esta lógica de vigilancia fronteriza configuran indicadores de “sospecha” para las autoridades: el historial de incomparecencia del pasajero (no show), es decir, si el pasajero reservó y no se presentó a abordar el vuelo, y la figura del pasajero que compra su ticket de último momento, sin reservación previa (go show). En palabras del director de la DMN, Martín Arias Duval, durante una entrevista sobre el tema, los sospechosos, construidos de manera potencial, son identificados:
[…] con la finalidad de que el país tenga información respecto de las personas que están viniendo y pueden hacer un trabajo previo de chequeo de posibles impedimentos, riesgos o perfiles de personas que están pretendiendo ingresar a nuestro país antes de que lleguen […] va a permitir en determinados supuestos […] tomar algún tipo de medida previa para trabajar con ese pasajero en la oficina del supervisor y no interrumpir el movimiento normal del más del 90% de las personas que no tienen ningún problema para dejar el país (DMN, 2014).
La individualización opera como una diferenciación. Como parte de la promovida guerra contra el “terror”, luego del 11-S, se asume que codificar los perfiles de riesgo de los viajeros puede prevenir futuros peligros, pero basar la identidad de una persona en las variables de clasificación y enumeración del cuerpo es convertirlo en el portador de la frontera misma, inclusive la magnitud de los datos electrónicos que se usan para clasificar a los viajeros ya regula el movimiento mucho antes de llegar a la frontera física (Amoore, 2006). La lógica preventiva que subyace a todos estos intentos del Estado por cercar a los individuos ejerciendo el poder de su control requiere también de la normalización de este tipo de prácticas. Estos códigos disciplinares de conducta y de estilo de vida buscan ser introyectados en los individuos para que asimilen una “forma estatizada de vida” (Vaccaro, 2005: 138). Esto puede reflejarse en el reciente “adelanto” biométrico presentado por el Estado argentino en agosto de 2015: la primera “puerta biométrica” o E-Gate. Se trata de un control migratorio reservado a pasajeros argentinos. A través de un sistema de dos puertas mecánicas se deja avanzar individualmente a los viajeros a medida que, sin asistencia de un agente, pasan el control migratorio biométrico. En el tramo se leen de forma automática los documentos de viaje y se captan los registros multi-biométricos (huellas y datos faciales) en 30 segundos.20 No obstante, no hay que perder de vista que sigue siendo un mecanismo de rigurosa vigilancia selectiva. Como la Dirección Nacional de Migraciones (DMN, 2015) advierte, en estas pruebas piloto de las E-Gates21 se verifica la “elegibilidad del pasajero” para realizar este trámite autoasistido.
Existe una preocupación del Estado argentino por ser un referente regional en la implantación de la biometría, exportando sus “saberes” de control migratorio hacia otros países. La cooperación con Ecuador y Paraguay para instalar el software de la SICAM en las fronteras de esos estados son dos ejemplos. Con Ecuador, la DMN firma un acuerdo de cooperación y asistencia recíproca en 2013, mientras comienza a implementar un convenio con Paraguay en 2015.
Al amparo de esta lógica de vigilancia del SICAM, cada dato que aporta el cuerpo del viajero es un elemento potencial que puede ser apropiado bajo un “saber” biométrico y traducido en una variable de control migratorio. Con estos métodos se intenta extrapolar construcciones políticas, como la de “amenaza”, que bajo parámetros medibles de las ciencias duras se aplican a algo tan discutible como lo social, intentando proyectar así, con base en cálculos matemáticos, la construcción de ciertas personas como peligrosas. Peligrosidad que luego puede ser retraducida en el análisis cualitativo, subjetivo y expeditivo de un policía o funcionario de frontera.
Conclusión
¿Es la “(in)seguridad” (Bigo, 2006) una construcción necesaria para la introyección de la perspectiva biométrica en el control de los movimientos poblacionales? Como sostiene Bigo (2015), existe un proceso trasnacional de (in)seguridad que, invocando un enfoque preventivo, alimenta la propagación de herramientas tecnológicas destinadas a proveer seguridad. Esta lectura devela lo íntimamente relacionadas que están las lógicas de seguridad y de inseguridad, las cuales se construyen mutuamente.
El desarrollo de los estados ha ido aparejado de la aparición de documentos de viaje, de los cuales el pasaporte configura la norma estandarizada para moverse a través de fronteras internacionales. Bajo el manto de la seguridad y el tamiz de la biometría, el Estado hace de los cuerpos que cruzan sus fronteras los reproductores de su propia estatalidad, mientras no se opongan a otorgar información sobre sí mismos. La desigualdad en la movilidad fronteriza se replica más exhaustivamente con el uso de la biometría, que otorga privilegios a unos “perfiles” (Amoore, 2006) y cerca la vigilancia sobre otros, con lo que se construyen potenciales sospechosos que van cambiando de acuerdo con la coyuntura política del momento. Esto da por resultado una movilidad mucho más segmentada y vigilada. Una libertad controlada y monitoreada que debe ser cuestionada.
La introyección de la biometría como “saber” se despliega como un mecanismo de “verdad”. Se adueña de la “identidad” y la reconstruye en bases de datos hasta tornarla una categoría política intervenida por la disciplina. Enmarcado en la región sudamericana, el caso de la biometría humana aplicada por el Estado argentino con fines de control social es un ejemplo de su propia transformación como institución política. Ha habido un proceso de biometrización del Estado argentino, lo cual implica que los dispositivos de vigilancia han ocupado el centro de los desarrollos digitales del Estado. El ejemplo del SIBIOS y de la SICAM ilustran la pervivencia en Argentina de modos de concebir la migración siempre ligados a lógicas de seguridad, esta vez asentados en la dicotomía derechos humanos/control migratorio.
Si el biopoder ha sido funcional al desarrollo del capitalismo, la biometría aplicada al control social, de manera general, y al control migratorio, en particular, exige una mayor docilidad de los individuos. Éstos no sólo son vigilados cuando se encuentran físicamente en una instancia de control de alguna institución del Estado, sino que pueden ser monitoreados fuera de estos espacios físicos de control tradicional.
El progresivo avance de la biometría como instrumento de control en los países sudamericanos exige una agenda de estudio más amplia sobre sus implicaciones, no sólo en el ámbito migratorio, sino también en las esferas previsionales, impositivas, electorales y de beneficios sociales, entre otras posibles. Las escasas investigaciones existentes abren la posibilidad de explorar con detalle cada caso nacional, pudiendo establecer así trabajos comparativos entre países o regiones. Un interrogante que surge en relación con la exportación de la plataforma argentina del SICAM a Ecuador y Paraguay es: ¿Qué papel juega Argentina como país difusor de implementaciones biométricas en la región sudamericana? Esto abre futuros campos de indagación que abarcan incluso al sector privado, dado que el monitoreo tecnológico de los movimientos poblacionales avala el ingreso de nuevos actores para sustentar la biometría dentro de la cadena de la “industria migratoria”.22
