Introducción

A lo largo de la mayor parte de la centenaria historia de la migración indocumentada mexicana a Estados Unidos, la deportación desde ese país representó hasta hace algunos años un tropiezo temporal en el cruce fronterizo, ya que los migrantes podían intentar cruzar y volver a ser capturados sin el temor de que esto tuviera mayores consecuencias. En parte, este proceso generalizó la idea de que la intensificación en los métodos de control y vigilancia estadounidenses tenían poco o nulo impacto en la variación del volumen del flujo migratorio indocumentado y que éste era principalmente explicado por el efecto de los cambios del mercado laboral y de la redes migratorias. Como la mayor parte de los migrantes lograba ingresar en Estados Unidos, aunque fuera después de varios intentos, la deportación no implicaba cambiar sus planes. Sin embargo, a partir del fin de 1993, de manera progresiva, el gobierno de Estados Unidos ha convertido el cruce indocumentado en un proceso peligroso, azaroso y caro que puede tener consecuencias legales, como condenas en prisión. Por esta razón, los migrantes mexicanos al ser deportados se han visto obligados a reevaluar sus planes para el futuro a corto plazo.

El surgimiento de una frontera fortificada ha ocasionado que quienes la cruzan de manera indocumentada se vean forzados a internarse por regiones más peligrosas. La consecuencia más grave de este cambio ha sido la muerte de miles de migrantes indocumentados (^{Cornelius, 2001}). Se estima que entre 1998 y 2015 murieron 6 571 personas en este proceso (^{Soto y Martínez, 2018: 71-73}; ^{Alonso, 2013}). El reforzamiento de la vigilancia fronteriza también ha ocasionado una disminución fundamental en el patrón migratorio indocumentado circular que había caracterizado la migración mexicana a Estados Unidos desde sus inicios, dado que ambos países comparten una larga frontera común de tres mil kilómetros y que antes de 1993 era considerada “porosa”, porque era escasamente vigilada.

Además del reforzamiento de la vigilancia fronteriza, en 1996 el Congreso de Estados Unidos aprobó la Illegal Immigration Reform and Immigrant Responsibility Act (IIRIRA), que con el paso de los años se convertiría en el fundamento legal más importante para hacer posible la deportación formal masiva de no ciudadanos, muchos de los cuales serían acusados de ser criminales. En correspondencia con esto, además de las expulsiones de los migrantes detenidos en el cruce fronterizo indocumentado, las deportaciones formales de migrantes mexicanos, especialmente desde el interior de Estados Unidos, comenzaron a incrementarse luego del 11 de septiembre de 2001, cuando la Patriot Act se convirtió en ley y la inmigración indocumentada se convirtió en un asunto de seguridad nacional. En 2002 se empezó a aplicar la sección 287(g) de la IIRIRA, que permite al Department of Homeland Security establecer acuerdos con agencias policiales de ciudades y condados para entrenar a sus oficiales como agentes de inmigración. Posteriormente surgieron otras medidas, como el Programa de Comunidades Seguras y el Programa de Fugitivos, que empezaron a incrementar el número de los removidos mexicanos (^{Meissner et al., 2013}; ^{Alarcón, 2016}). Datos del Department of Homeland Security (2016 y otros años) revelan que la elevadísima cantidad de 3.5 millones de mexicanos fueron formalmente deportados o removidos desde Estados Unidos, entre 1998 y 2014.

Estos cambios fundamentales en la vigilancia fronteriza y la expulsión de migrantes mexicanos en grandes números, a partir de mediados de la década de 2000, se vio acompañada con la disminución del flujo migratorio de México a Estados Unidos. En 2012, se empezó a argumentar que el saldo neto migratorio entre ambos países era cercano a cero y que desde 2003 se empezó a dar un descenso en la inmigración anual de mexicanos a Estados Unidos. El escenario de la migración cero surge de dos procesos que convergieron como una tormenta perfecta. Por una parte, entre 2005 y 2010, el número de mexicanos que inmigró a Estados Unidos (1.4 millones) representó menos de la mitad de los tres millones que inmigraron entre 1995 y 2000. Por otra parte, el número de los mexicanos y sus hijos que se movieron de Estados Unidos a México entre 2005 y 2010 llegó a 1.4 millones, casi doblando el número de los que habían regresado en el periodo entre 1995 y 2000 (^{Passel, Cohn y González, 2012}).

Uno de los cuestionamientos que empezó a popularizarse en las ciudades fronterizas del norte de México fue el destino de los migrantes deportados: ¿van a reingresar a Estados Unidos como lo habían hecho antes, se quedarán en las ciudades de la frontera o viajaran a estados del sur de país? La deportación masiva de mexicanos hacia ciudades fronterizas, comentada de manera alarmista por los medios de comunicación, empezó a generar una actitud negativa entre algunos sectores de la población fronteriza que sienten que sus comunidades son invadidas por turbas de delincuentes expulsados de Estados Unidos y ponen en peligro su vida y sus propiedades. En 2009, el alcalde de Ciudad Juárez solicitó al gobierno estadounidense que no se deportaran migrantes por esa localidad para evitar que se unieran al crimen organizado (^{Castillo, 2009}). Por su parte, el alcalde de Tijuana manifestó en 2013: “Están vaciando las cárceles de California y enviándonos delincuentes, a quienes no podemos detener porque en México no han cometido delitos” (^{Pérez, 2013}). Más recientemente, una nota del diario Excélsior indica que “se queda en Tijuana el 90 por ciento de los deportados” (^{Hernández, 2015}). Si bien estas afirmaciones no tienen un fundamento sólido, reflejan la preocupación de sectores de la sociedad fronteriza respecto del impacto de las deportaciones en sus localidades y su uso político por parte de funcionarios gubernamentales.

Uno de los casos más emblemáticos y polémicos sobre el establecimiento de deportados en la frontera sucedió en Tijuana, en la zona llamada El Bordo, que es parte de la canalización del Río Tijuana, cerca de la línea fronteriza. Según se indica en el estudio de ^{Velasco y Coubès (2013)}, en septiembre de 2013, entre 700 y 1 000 personas habitaban en esa zona en viviendas hechas de material reciclado e incluso en hoyos y alcantarillas. Aunque este enclave de personas en situación de calle existía en Tijuana desde cuando menos la década de 1980, el incremento de las deportaciones desde Estados Unidos ocasionó el aumento de esta población, ya que, como se muestra en el estudio antes citado, 91% de los entrevistados en El Bordo expresó haber sido deportado de ese país y más de la mitad (55.4%) señaló que esto había sucedido en los últimos cuatro años. Se debe destacar que, aunque la mayor parte de quienes residían en aquel entonces en el Bordo eran deportados, su perfil era muy particular y no se debe generalizar al total de población deportada; destaca, por ejemplo, un tiempo de residencia prolongado en Estados Unidos (78% residió 6 años o más), además de que entre ellos era recurrente el consumo de drogas (69% era consumidor activo).

El suceso más reciente que ha reactivado las alarmas con respecto al tema de las deportaciones y su posible intensificación empezó con la campaña presidencial en Estados Unidos y se consolidó con la elección de Donald Trump, quien inició su mandato el 20 de enero de 2017. En su campaña, Trump fue muy claro al señalar que, además de la construcción de un “hermoso” muro entre los dos países, se enfocaría en deportar a los bad hombres. El blanco de esta deportación intensiva serían los migrantes de México, ya que en las propias palabras del Presidente, este país envía a sus “violadores y criminales a Estados Unidos”. Si se considera como indicador el monto de mexicanos deportados (o repatriados según la perspectiva del gobierno mexicano), parecería que a un año de gobierno esta amenaza no ha tenido efectos, ya que el número observado en el actual gobierno no supera al registrado en el mismo periodo del mandato de Obama. Sin embargo, como se muestra en este trabajo, ha cambiado el perfil de los deportados, aumentando en proporción y número absoluto los casos de migrantes que han pasado más tiempo en Estados Unidos y han decrecido aquellos que son capturados en la frontera. Además, el número de estos últimos ha disminuido porque cada vez son menos los mexicanos que buscan ingresar a Estados Unidos en forma indocumentada, y no porque las autoridades de ese país hayan cedido en sus esfuerzos por vigilar la frontera.

A partir de este escenario, el presente artículo tiene como objetivo central dimensionar y caracterizar las deportaciones de mexicanos desde Estados Unidos ocurridas en los últimos 17 años, enfatizando lo observado durante 2016 para tener un referente comparativo y analizar lo sucedido en el primer año del periodo presidencial de Donald Trump. Además, se analiza el impacto que ha tenido la reciente deportación de mexicanos a ciudades de la región fronteriza del norte de México y a la Ciudad de México, en relación con los planes de los deportados sobre su futuro inmediato. Los deportados tienen tres opciones: intentar reingresar a Estados Unidos, permanecer en ciudades de la frontera norte de México o abandonar la frontera para viajar al sur. Para este fin se examina la dinámica del monto anual de las deportaciones entre 2000 y 2017, su distribución entre las distintas localidades fronterizas mexicanas y el perfil sociodemográfico de los migrantes deportados en relación con sus planes de corto plazo.

El estudio se basa principalmente en los registros administrativos publicados por el Department of Homeland Security (DHS) de Estados Unidos y la Unidad de Política Migratoria (UPM), perteneciente a la Secretaría de Gobernación de México. Para el análisis del perfil de los migrantes deportados se emplean datos correspondientes al flujo de devueltos por autoridades estadounidenses que capta la Encuesta sobre Migración en la Frontera Norte de México (^{EMIF Norte, 2017}).

Deportación y reconsideración de planes de los migrantes: antecedentes teóricos

En este artículo se emplean diversos conceptos e indicadores que debemos explicar. El primero es el concepto de “deportado”. Aunque pareciera que su definición no implica mayor problema, el uso de otros términos ha propiciado discrepancias importantes. Según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), una deportación se entiende como:

Acto del Estado en el ejercicio de su soberanía mediante el cual envía a un extranjero fuera de su territorio, a otro lugar, después de rechazar su admisión o de habérsele terminado el permiso de permanecer en dicho Estado (^{OIM, 2006: 16}).

Pero, el término deportación suele asociarse con otras expresiones, como la de “retorno forzado”, que según la misma OIM, se define como un regreso obligado fundado en una decisión administrativa o judicial, y “repatriación”, que se refiere al derecho individual de un refugiado o prisionero de guerra de regresar al país de su nacionalidad, en determinadas condiciones.

Así, se observan discrepancias y confusión cuando se emplean los términos anteriores y otros para referirse a los mexicanos expulsados por autoridades estadounidenses a México. En el contexto de la intensa migración circular que se desarrolló por muchas décadas, tanto las instituciones gubernamentales como la academia estadounidense utilizaban el término de “aprehensión” para referirse a la detención y posterior deportación de los migrantes mexicanos que, como ya indicábamos, en la mayor parte de los casos volvían a intentar el cruce fronterizo indocumentado. Estas aprehensiones llevadas a cabo por la Patrulla Fronteriza aumentaron drásticamente de un poco más de 200 mil, en 1970, a la cifra más alta jamás antes alcanzada de 1.7 millones, en 1986, a causa probablemente de la crisis económica en México y la perspectiva de legalización bajo la IRCA (Immigration Reform and Control Act). En 1994, cuando inició el reforzamiento fronterizo, las detenciones anuales estuvieron en alrededor de un millón y aumentaron de nuevo a casi 1.7 millones en el año 2000 para luego descender a menos de 600 mil, en 2009, y a un poco más de 400 mil en 2010 (^{U.S. DHS, 1996-2016}; ^{U.S. CBP, 2016}). En el año fiscal 2016, el número descendió a 193 mil, lo que representa tan solo 11.7% de lo observado a inicios de este siglo.

El cambio fundamental en la política de inmigración de Estados Unidos, que luego del 11 de septiembre de 2001 empezó a incrementar la deportación formal masiva de los no ciudadanos desde el interior de ese país, empezó a generar la necesidad de identificar distintos tipos de deportación. El Department of Homeland Security (DHS) distingue dos tipos de deportación que en su lenguaje administrativo denominan: remoción y retorno. La remoción (removal) es la expulsión de extranjeros con base en una orden de deportación formal, que tiene consecuencias administrativas o penales y que incluye el impedimento de reingresar a Estados Unidos por 5, 10, 20 años o de manera permanente. El retorno (return), el tipo de deportación que se conocía más ampliamente en México, es la expulsión de extranjeros que no se fundamenta en una orden formal de deportación y, por tanto, no tiene consecuencias administrativas o penales. Se tiene registro que las estadísticas sobre remociones existen desde 1892 y las de retornos desde 1927. Dado que Estados Unidos y México comparten una larguísima frontera y una gran brecha salarial, la mayor parte de estos retornos son de ciudadanos mexicanos que han sido aprehendidos en el cruce indocumentado por la frontera (U.S. DHS, 2011).

Las aprehensiones y retornos en la frontera sur de Estados Unidos habían estado íntimamente relacionados, ya que se trataba mayoritariamente de migrantes mexicanos; sin embargo, esto empezó a cambiar en 2012 cuando se inició un incremento en el número de migrantes aprehendidos en la frontera que procedían de otros países, especialmente de Centroamérica. Por otra parte, el DHS, bajo el esquema del Consequence Delivery System, empezó a aplicar sanciones muy severas al cruce fronterizo indocumentado de mexicanos, por lo que se les empezó a remover, en lugar de retornarlos (^{Siskin, 2015: 14}; ^{De León, 2013}; ^{López, 2016}).

Estos cambios en los procesos de deportación desde Estados Unidos han propiciado algunas confusiones entre los usuarios de las estadísticas administrativas, ya que frecuentemente se sugiere que los removidos son migrantes que fueron deportados después de haber residido muchos años en Estados Unidos y de haber sido capturados en el interior de ese país. En contraparte, se insinúa que los retornados son los migrantes indocumentados capturados en la frontera. Sin embargo, como se expuso anteriormente, debido a la estrategia del Consequence Delivery System, a través de la Operation Streamline, en años recientes se empezó a remover a indocumentados mexicanos que son capturados en ciertos sectores de la frontera, incluso algunos que cruzan de manera indocumentada por primera vez (^{Lydgate, 2010}). Como se demostrará más adelante, en los últimos cinco años ha disminuido drásticamente la asociación entre removidos y capturados en el interior de Estados Unidos y entre retornados y capturados en la frontera.

Por su parte, en sus estadísticas administrativas, las autoridades mexicanas emplean el término “repatriación” para referirse a los mexicanos que son forzados a regresar a su país, principalmente desde Estados Unidos, como se puede verificar en los boletines estadísticos que publica la Unidad de Política Migratoria (^{UPM, 2006-2018}). Otro término que se emplea en México es el de “devueltos”, principalmente en los estudios basado en la ^{EMIF Norte (2017)}, encuesta que se realiza de forma continua desde hace más de 20 años y que entre los flujos que capta está el de mexicanos devueltos por autoridades estadounidenses. Dada la práctica generalizada de que la mayor parte de los migrantes eran deportados varias veces, en la EMIF Norte se empezó a utilizar el término de “evento” de deportación, en lugar de deportación de una persona. Algunos autores sugieren que el término de devueltos se asocia al subconjunto de los deportados que son capturados al cruzar la frontera estadounidense y aceptan regresar a México por consentimiento propio (^{García, 2001: 66}); sin embargo, en el caso de la EMIF Norte la población objetivo es el conjunto de mexicanos de 15 años o más devueltos por autoridades estadounidenses, por lo que puede afirmarse que se trata del mismo conjunto de población que reporta la UPM (excluyendo a los menores).

En relación con la teorización sobre la deportación de migrantes, existen avances importantes. Para ^{Kanstroom (2007: 4-5)} la deportación en Estados Unidos, además de ser parte del sistema de control de la inmigración, es una poderosa herramienta de control social, seguridad nacional y xenofobia, así como un mecanismo para la fabricación de culpables, ostracismo y separación familiar y comunitaria. En este sentido, el incremento inusitado de las deportaciones formales que tienen su fundamento legal en la IIRIRA de 1996 y que se cristalizaron durante los gobiernos de los presidentes Bush y Obama y ahora en el de Trump, han sido utilizadas políticamente ante los ciudadanos estadounidense, con el argumento de que el gobierno está expulsando del país a numerosos extranjeros criminales, los “bad hombres”, como los llama Trump. Sin embargo, la evidencia muestra que es reducido el número de los no ciudadanos deportados por delitos de alta peligrosidad, como, asesinato, narcotráfico, violación y secuestro (^{Thompson y Cohen, 2014}), por lo que se ha utilizado una definición flexible de criminal para aplicarlo también a migrantes que han cometido violaciones no graves en contra de la ley de inmigración (^{Meissner et al., 2013: 93-94}; ^{Alarcón, 2016}). En este sentido, se puede esperar que, dado que la criminalización de los inmigrantes ha sido recibida con beneplácito por una porción importante de ciudadanos de Estados Unidos, en un futuro cercano toda violación a la ley de inmigración, como el ingreso indocumentado, será castigada con la deportación formal. De esta forma, el concepto de régimen de deportación es muy útil para describir este creciente mecanismo global de control estatal (^{De Genova, 2010}).

Desde una perspectiva teórica, ^{De León (2013)}, citando a ^{Singer y Massey (1998)}, indica que el hecho de cruzar la frontera de manera indocumentada se produce en un contexto de estrategias y situaciones asociadas con factores como la edad, la experiencia y el capital específico de migrar, que se define como el capital humano y social originado por la propia experiencia de cruzar la frontera. ^{Singer y Massey (1998)} al analizar el proceso del cruce fronterizo ilegal y la probabilidad de ser capturado, encontraron que esta probabilidad está relacionada con diversos factores, como la experiencia del migrante en cruces anteriores, ya que conforme se tiene más experiencia los migrantes tienden a obtener más conocimiento sobre las estrategias de cruce, por lo que emplean con menos frecuencia a los “coyotes”, sin que esto implique mayor probabilidad de ser capturado. Las consecuencias legales, como las penas de prisión, es otro elemento que se analiza desde la perspectiva teórica, la cual sugiere que el migrante toma en cuenta este elemento al momento de elegir la estrategia de cruce indocumentado.

En este trabajo se analizan las expectativas del cruce fronterizo entre los mexicanos deportados. Desde una perspectiva metodológica, se optó por utilizar los datos de la EMIF Norte con los que se pueden identificar las siguientes posibilidades: i) intentar cruzar en los próximos siete días; ii) volver a cruzar, pero después de un periodo más amplio, distinguiendo entre quienes seguirán en la frontera y quienes regresarán a su lugar de origen antes de intentar cruzar y, iii) los que no volverán a cruzar la frontera, entre los que también se distingue a quienes se quedarán en la frontera y quienes no lo harán. Es posible que estas expectativas no se cumplan en todos los casos, pero su estudio ofrece una visión tentativa de los efectos del contexto actual de las deportaciones de mexicanos desde Estados Unidos.

Para analizar la expectativa de reingreso a Estados Unidos entre los deportados se propone un indicador que busca reflejar el interés del migrante por reingresar y que está asociado con el nivel de relación que mantiene con ese país. El indicador se construye a partir de las preguntas incluidas en el cuestionario de la EMIF Norte para el flujo de devueltos que reflejan su experiencia migratoria y los lazos familiares que ha establecido en ese país: duración de la última estancia, nivel de dominio del inglés, estudios aprobados en Estados Unidos, auto-identificación como residente de Estados Unidos y tener hijos menores de 18 años en ese país. Con esas preguntas y mediante un análisis de conglomerados bietápico, que es una herramienta de análisis exploratorio para identificar agrupaciones en un conjunto de datos, se dividió a la población de deportados en dos grupos y se eligió como “relacionado con Estados Unidos” al que mantiene mayor correlación positiva con las variables que teóricamente se supone que reflejan esta situación (mayor porcentaje de migrantes con hijos en Estados Unidos, algún grado aprobado de escolaridad en ese país, mayor dominio del inglés y mayor tiempo de estancia).

Finalmente, otro indicador que se consideró útil para analizar las expectativas de reingreso indocumentado a Estados Unidos por parte de los deportados es la localidad mexicana de donde son expulsados. Este eje geográfico es relevante porque entre las estrategias del Consequence Delivery System, que ha implementado el gobierno estadounidense para disuadir el reingreso de los migrantes deportados, destaca el Programa de Repatriaciones Laterales (Alien Transfer and Exit Program, ATEP), que tiene el objetivo de dificultar la relación “coyote”-migrante, deportando a los migrantes a través de puntos fronterizos alejados del punto original de detención (^{López, 2016}). ^{De León (2013)} analizó el ATEP en Nogales, Sonora, y encontró que no ha logrado disuadir a los migrantes, pero sí ha hecho el proceso de deportación más tardado, complejo y disruptivo, con mayores efectos negativos para los migrantes, como por ejemplo, separar miembros familiares, ya que el ATEP selecciona principalmente a hombres.

Análisis de resultados: dinámica del monto de deportados mexicanos

El número de mexicanos deportados desde Estados Unidos y su cambio a través del tiempo, se puede analizar a partir de registros administrativos del DHS y la UPM, así como con datos de la EMIF Norte. Al analizar los datos proporcionados por estas fuentes, se debe considerar que habitualmente los datos del DHS son más altos. Para el año fiscal 2015, el DHS reporta 283 mil eventos de mexicanos removidos o retornados, mientras que las estadísticas de la UPM indican que por los puertos ofíciales de repatriación se recibió a 210 mil mexicanos (72 mil eventos menos). Esta diferencia se explica, en parte, por el caso de individuos que son considerados inadmisibles durante la inspección en los puertos de entrada por la Office of Field Operations (OFO). En el año fiscal 2015, esta oficina rechazó la solicitud de entrada a Estados Unidos en más de 250 mil ocasiones, en 74 mil casos el solicitante era nacido en México (U.S. DHS, 2015: 6). Estos eventos pueden derivar en distintos procesos, uno de los cuales es que el individuo regrese a su país por el mismo puerto de entrada, por lo que no es captado en los registros administrativos de México.

Pero, pese a las diferencias entre las fuentes de información, cada una tiene ventajas y desventajas. El DHS proporciona datos anuales agregados de los extranjeros expulsados, según el tipo de proceso de deportación, distinguiendo entre retorno y remoción, y en este último caso se distingue por tipo de prioridad (criminales y no criminales); sin embargo, en los últimos años no se presenta la desagregación por país de nacimiento. Por su parte, la UPM también ofrece datos agregados por punto de repatriación y algunas variables demográficas que son publicados con mayor prontitud. Finalmente, los datos de la EMIF Norte son una muestra representativa del monto de deportados de 15 años o más de edad y que se presentan en bases de datos trimestrales (1995, 1999-a la fecha). Los datos son por individuo, de tal forma que, además de estimar los montos, se pueden analizar las características del migrante y su experiencia migratoria y laboral. A continuación se analiza la dinámica del monto de deportados empleando las tres fuentes de información.

En el gráfico 1 se presentan los datos de la UPM; se trata del monto mensual de deportados para el periodo 2006-2017. El primer aspecto a destacar en el gráfico es el descenso en el total de eventos, tendencia que se observa desde finales de 2009. En ese año hubo 469 mil eventos de deportados, más del doble de los eventos registrados durante 2016 (220 mil eventos). Se debe subrayar que la caída del monto observada en la última década no se explica por una posible disminución en el control migratorio por parte de las autoridades estadounidenses, sino por el decremento en el total de mexicanos que llegan a la frontera para intentar cruzar de forma indocumentada a Estados Unidos (^{Calva y Coubès, 2017}).

Fuente: elaboración propia con base en ^{UPM (2006-2018)}.

Gráfico 1. Monto mensual de mexicanos deportados por autoridades estadounidenses, enero 2006-enero 2018 

La tendencia a la baja en el monto de deportados adquiere aún más relevancia por el contexto antiinmigrante en Estados Unidos y por la preocupación que han manifestado distintos sectores de la sociedad mexicana sobre una deportación masiva asociada con el inicio del periodo presidencial de Donald Trump, quien ha manifestado la intención de expulsar a los indocumentados y de hacer aún más difícil el cruce fronterizo indocumentado. Sin embargo, los datos disponibles hasta enero de 2018 no muestran indicios de un incremento sustancial e incluso los montos indican lo opuesto: en 2017 se registraron 166 mil eventos de deportación, 24% menos que en 2016. Enfocándonos solamente en el periodo presidencial de Donald Trump, se observa un incremento en el monto mensual a partir de abril de 2017 (ver parte final del gráfico 1) que podría reflejar el impacto del actual gobierno; sin embargo, este tipo de variación se observa en años anteriores, incluso con mayor magnitud. Para identificar algún efecto se requiere de un análisis más detallado que incluya el perfil de los migrantes deportados, lo que implica identificar si el incremento se explica por el aumento de migrantes expulsados desde el interior de Estados Unidos o de migrantes capturados en la frontera, pero esta información no se puede obtener de los datos de la UPM.

Por su parte, el DHS publica datos sobre los migrantes deportados en sus reportes anuales, sobre todo en los informes de Immigration Enforcement Actions. En el gráfico 2 se presenta el monto de eventos de mexicanos deportados (removidos o retornados) durante el periodo 2000-2015 (en la versión de 2016 no se puede identificar el país de nacimiento del migrante). Los datos muestran la misma tendencia a la baja registrada por los datos de la UPM. Al inicio del periodo, el número de eventos ascendió a más de 1.5 millones; posteriormente, descendió a menos de un millón, pero repuntó entre 2004 a poco más de 1.1 millones; más adelante se observa la tendencia a la baja que se mantiene hasta ahora. El registro disponible más reciente es de 283 mil eventos, en 2015.

Fuente: elaboración propia con base en ^{U.S. DHS (1996-2016)}.

Nota: las cifras de retornos en los años 2000-2008 son estimaciones de los autores, con base en el total de retornos publicados por el DHS.

Gráfico 2. Total de mexicanos devueltos por autoridades estadounidenses, según proceso de deportación, 2000-2015 

La aportación a este análisis de los datos del DHS, más que confirmar la tendencia observada con los datos de México (o viceversa), consiste en examinar el proceso que llevó a la expulsión del migrante. En el mismo gráfico 2 se presenta, con una línea punteada, la proporción de removidos con respecto al monto anual de deportados. Destaca que a inicios del periodo analizado la gran mayoría de los migrantes mexicanos era deportada bajo el estatus de retorno (90%), proceso que tiene pocas consecuencias para el migrante en caso de que intentara reingresar a Estados Unidos. Sin embargo, a finales del periodo se observa prácticamente lo opuesto, es decir, la gran mayoría de los deportados sigue un proceso de remoción. Destaca, además, que en números absolutos las remociones aumentaron constantemente hasta 2014 y posteriormente su descenso no presenta la misma magnitud que en el caso de los retornos.

El aumento en el número de remociones que se observa hasta 2014 ha propiciado que en los medios de comunicación e incluso en el ámbito académico se sugiera que ha aumentado el número de mexicanos deportados desde el interior de Estados Unidos. No obstante, los datos del DHS no permiten afirmar lo anterior ni tampoco asegurar que el proceso administrativo de la deportación esté asociado con la experiencia migratoria del deportado. Una primera evidencia de lo anterior se observa al analizar con mayor profundidad las propias estadísticas del DHS. El total de remociones incluye tres grandes grupos: remociones expeditas, restablecimiento de órdenes de remoción definitivas y otro tipo de remociones, y entre las remociones expeditas se incluyen los siguientes grupos: a) migrantes capturados en los puertos de entrada, sin la documentación adecuada o intentando entrar mediante un fraude o tergiversación y, b) extranjeros aprehendidos entre los puertos de entrada y extranjeros aprehendidos en el interior, pero con una estancia en Estados Unidos no mayor a dos años o que hayan llegado por mar sin haber sido admitidos o en libertad condicional. Por lo anterior, se puede afirmar que hay diversas experiencias migratorias que derivan en una remoción, entre las que hay un conjunto de removidos que fueron capturados en la frontera en su intento de ingresar a Estados Unidos.

Para dimensionar la importancia de este último conjunto de removidos, se propone analizar las estadísticas sobre el lugar de captura de los migrantes removidos por el Immigration and Customs Enforcement (ICE), agencia del DHS que más migrantes deporta formalmente. En el año fiscal 2015 removió a 223 mil extranjeros, lo que representa 67% del total, por lo que sus datos son útiles para aproximarse a un escenario de la proporción de migrantes capturados y removidos desde la frontera, así como de los cambios de esta proporción en los últimos años. En el grafico 3 se presentan datos para el periodo 2008-2016, en los que se observa cómo paulatinamente aumentó el porcentaje de removidos desde la frontera. En ese periodo la cifra aumentó de 36 a 73%.

Fuente: elaboración propia con base en ^{U.S. ICE (2011-2016)}.

Gráfico 3. Migrantes removidos por el ICE, según región de captura, 2008-2015 

Como se indicó antes, el incremento de migrantes removidos desde la frontera se explica entre otros factores por la implementación de políticas de castigo a la migración indocumentada. En 2005 se adoptó la iniciativa denominada Operation Streamline, que incluye como medida tipificar como criminal a los migrantes que buscan ingresar de forma indocumentada a Estados Unidos. Lo anterior implicó, por ejemplo, que un migrante aprehendido en varias ocasiones en su intento por ingresar de forma indocumentada sea deportado bajo el estatus de remoción. Además, como resultado de las estrategias del Consequence Delivery System, se empezó a remover a indocumentados incluso cuando eran capturados en su primer intento de cruce fronterizo (^{Lydgate, 2010}). Todo lo anterior hace más compleja la interpretación de los datos, a tal grado que actualmente, tan solo con las estadísticas administrativas, no se puede afirmar que predomine cierto perfil entre los removidos distinto al de los retornados.

Los datos de la EMIF Norte son útiles para solucionar el problema anterior. En el gráfico 4 se presenta el porcentaje de mexicanos deportados que indicó residir en Estados Unidos o que estuvo un año o más en ese país. Con este indicador se propone hacer un seguimiento de las deportaciones desde el interior de Estados Unidos, específicamente las que están asociadas con migrantes que ya residían ahí. Según datos de la encuesta, antes de 2007 ese grupo era minoría entre los deportados (6% en 2006), pero a partir de entonces su presencia aumentó tanto en términos absolutos como relativos: en 2011 fueron prácticamente la mitad, a partir de ese año hubo un descenso y en 2016 nuevamente fueron minoría (25%). En 2017 y los próximos años, este indicador será fundamental para evaluar el impacto de la política de “cero tolerancia” hacia los inmigrantes indocumentados, pues, incluso si no aumenta el monto de deportados, es probable que sí se eleve el porcentaje de aquellos que residen en ese país. De hecho, datos preliminares de la base anual EMIF Norte 2017 muestran que ya aumentó este porcentaje a 38%. Se registraron 95 mil eventos de deportación asociados con migrantes que ya residían en Estados Unidos, un incremento de 93% respecto de lo registrado en 2016. Por lo que se puede afirmar que a un año de iniciado el periodo presidencial de Trump ya hay un efecto de su política de “cero tolerancia”.

Fuente: estimaciones con base en la ^{EMIF Norte (2000-2017)}.

Nota: el porcentaje de residentes en Estados Unidos para 2017 se estima con datos preliminares de la base anual.

Gráfico 4. Eventos de migrantes mexicanos devueltos por autoridades estadounidenses a México, según país de residencia, 2000-2017 

La expectativa del retorno a Estados Unidos y el perfil de los deportados mexicanos

Este apartado se enfoca en analizar la expectativa de reingreso a Estados Unidos entre los migrantes deportados durante los primeros años del siglo XXI (2000-2016), a partir de los datos de la EMIF Norte. Los datos de la encuesta muestran un cambio drástico en las expectativas de reingreso al país vecino del norte. Al inicio del periodo, la gran mayoría de los migrantes indicaba que retornaría en siete días o menos (75% en 2000). El porcentaje incluso aumentó en 2006, cuando se observó el máximo de la serie (83%), pero a partir de ese año inició un descenso paulatino de tal magnitud que diez años después, en 2016, tan solo 19% indicó que intentaría cruzar la frontera de forma indocumentada en los próximos siete días (gráfico 5). Para 2017, según datos preliminares de la base anual, se registra el porcentaje más bajo de la serie, sólo 15.5% de los eventos manifestó la intención de cruzar en ese periodo de tiempo. Lo que puede estar asociado con el efecto del primer año del gobierno de Donald Trump.

Fuente: elaboración propia con datos de la ^{EMIF Norte (2000-2017)}.

Gráfico 5. Expectativa de reingreso a Estados Unidos entre los mexicanos deportados desde ese país, 2000-2017 

Los factores que influyeron en el descenso de la proporción de deportados que intentarían reingresar a Estados Unidos son diversos, en su análisis y explicación deben considerarse aspectos sociales, económicos y políticos, como son el incremento en el desempleo, la recesión económica de 2008, las estrategias del gobierno estadounidense para desalentar la inmigración indocumentada y el perfil de los migrantes, específicamente, la variación en el porcentaje de migrantes deportados que ya residían en Estados Unidos, quienes presumiblemente tendrían mayor interés en regresar a su hogar en ese país. En este trabajo se analiza la posible relación de la expectativa de reingreso con el perfil del deportado, su posible relación con Estados Unidos y las estrategias del DHS por disuadir el reingreso con las deportaciones laterales.

La caracterización del migrante incluye un indicador de la relación que tiene el deportado con Estados Unidos, el cual se construyó a partir del análisis de un conjunto de variables asociadas con intereses familiares y de integración que los deportados tienen en ese país que se complementan con variables demográficas. Los resultados muestran que los deportados mexicanos son en general una población joven, en edad laboral, tiene en promedio 31 años de edad y son en su mayoría hombres; sólo 11.2% son mujeres, aunque en algunas localidades este porcentaje aumenta: Nogales (22.6%), Tijuana (18.5%), Ciudad Juárez (16.8%) y Nuevo Laredo (15.1%); y en otros disminuye notablemente Reynosa (2.7%), San Luis Rio Colorado (1.3%) y Ciudad de México (1.6%). Esto parece sugerir que el perfil de los migrantes varía por localidad de deportación, lo cual se analiza más adelante.

En cuanto al grado de relación con Estados Unidos, los resultados del flujo muestran que la mayoría de los migrantes tienen pocos elementos que los relacionan con ese país. El tiempo promedio de la última estancia es de 865 días (2.4 años), un valor alto pero que incluye casos muy atípicos que elevan este indicador. Para complementar este indicador se incluyó el porcentaje de migrantes que ingresó en el mismo año que fue deportado: 52.6% del total, por lo que se puede suponer que poco más de la mitad de los deportados en 2016 tiene poca o nula experiencia en Estados Unidos. Respecto de los indicadores de nivel de inglés y experiencia escolar en ese país, resulta que en escala de 0 a 1, donde 1 indica que el encuestado habla muy bien inglés y 0 que no lo habla, el promedio es muy bajo: 0.16; además, sólo 2.7% indicó haber aprobado algún grado académico en Estados Unidos. Cuando se pregunta a los deportados sobre su país de residencia, sólo 7% indica que es Estados Unidos; además, 11% indica tener hijos menores en ese país. La medida resumen que se construyó con estas variables muestra que solamente 25.9% de los deportados está en el conglomerado asociado con migrantes con alto nivel de relación con el país vecino del norte (cuadro 1).

Con respecto a las diferencias en el perfil de los migrantes según localidad a donde son deportados, destaca que Ciudad de México recibe a los deportados que tienen un mayor grado de relación con Estados Unidos: presentan el promedio más alto de días de la última estancia (3 070 días), sólo 9.6% ingresó por primera vez en 2016, son quienes con más frecuencia indican haber dejado hijos menores de edad (29.8%) y tienen, en promedio, el nivel más alto de inglés. Estos resultados apuntan a que se trata de individuos con fuertes vínculos con el vecino país del norte, la medida resumen indica que 70.2% está en esa situación, por lo que posiblemente tengan más necesidad de retornar a ese país. Es importante destacar que estos migrantes son deportados bajo el Procedimiento de Repatriación al Interior de México (prim), que precisamente busca desalentar el retorno de estos migrantes al enviarlos lejos de la frontera (INM, s/f).¹

Por su parte, los deportados a Tijuana y Matamoros también presentan altos valores en la medida resumen (39.2% y 44.3%). Destaca que cerca de la cuarta parte indica tener hijos menores en Estados Unidos, además se observan los valores más altos en el porcentaje de individuos con estudios y de residencia en ese país. En este último indicador es donde los deportados a estas dos localidades se diferencian de quienes llegan a la capital del país, ya que en este último caso apenas 3% indica “vivir en Estados Unidos”. Este resultado es relevante por el impacto que podría tener el proceso de deportación en la perspectiva sobre el lugar de residencia.

Los deportados a Reynosa, Nuevo Laredo y Mexicali presentan indicadores opuestos a lo observado en las localidades anteriores. La medida resumen es muy baja (4.9% 4.1% y 9.9%, respectivamente), lo que se explica porque un alto porcentaje de individuos no tienen experiencia migratoria previa: más de 50% indica que ingresó por primera vez en 2016; el promedio de días de la última estancia en Estados Unidos es de los más bajos (el más alto es 298 días en Nuevo Laredo); menos de 2% de los individuos indica haber dejado hijos en ese país. Finalmente, están los deportados a las localidades de Piedras Negras, Juárez, Nogales y San Luis Río Colorado, entre los que la medida resumen está entre 18 y 29%.

Los datos muestran una heterogeneidad en el perfil de los deportados; sin embargo, hay una concentración de perfiles en ciertas localidades: Ciudad de México recibe principalmente deportados que pasaron más tiempo en Estados Unidos; mientras que otras localidades, como Mexicali, reciben una mayor proporción de migrantes que intenta cruzar la frontera por primera vez. Se puede suponer que esta heterogeneidad posteriormente se asocie con la intención de reingreso a Estados Unidos, pero antes de analizar esta posible relación se considera un elemento más del proceso de deportación: el posible efecto del Programa de Repatriaciones Laterales, acciones que buscan desalentar el reingreso desarticulando la relación entre migrantes indocumentados y sus redes en la localidad de cruce (por ejemplo, con el “coyote”), por lo que este análisis se enfoca en los deportados que pretenden ingresar de forma indocumentada. La selección de este subconjunto de la población se hizo a partir del tiempo de estancia, y se consideró sólo a quienes pasaron 180 días o menos en Estados Unidos.

En el gráfico 6 se presentan los diez principales puntos de cruce que utilizaron estos migrantes deportados a México en 2016 (los puntos explican el 83% del flujo total) y para cada punto se indica la distribución según localidad de deportación. Los resultados muestran dos escenarios distintos: uno que se observa en la zona de Nuevo Laredo a Ciudad Juárez, donde la mayoría de los migrantes capturados son deportados por la misma localidad de cruce, mientras que en el otro extremo de la frontera es más frecuente la práctica de deportación lateral. Para mostrarlo se puede considerar el caso de Tijuana, que fue la localidad con mayor flujo de migrantes indocumentados, capturados y deportados (15% del monto total de eventos en 2016); en poco más de 40% de los eventos se aplicó una acción de deportación lateral, aunque fue a localidades relativamente cercanas: Mexicali (20.5%) y Tecate (19.3%). El porcentaje de eventos en lo que se aplica una deportación lateral aumenta para el caso de los migrantes que cruzan por otras localidades; por ejemplo, en Mexicali es 71%, sin embargo el flujo que cruza por ahí es menor (8%). Destaca también el caso de San Luis Río Colorado, pues no figura entre los diez principales puntos de cruce, pero recibe cerca de 7% de los eventos de deportación. Lo anterior muestra que las estrategias, formales e informales, de deportación lateral al lugar de cruce, se observan principalmente en la región noroeste. Sin embargo, como se muestra a continuación, esto no tiene impacto en la intención de reingreso.

Fuente: elaboración propia con datos de la EMIF Norte (2016).

Nota: sólo se incluye a quienes tuvieron una estancia de 180 días o menos.

Gráfico 6. Población de mexicanos deportados desde Estados Unidos, según localidad de recepción y de cruce, 2016 

Finalmente, en el gráfico 7 se presenta un escenario de las expectativas de reingreso a Estados Unidos. Como se indicó en la sección sobre antecedentes conceptuales, el escenario se compone de cinco alternativas, entre las que destaca la intención de reingreso en el corto plazo (siete días o menos). El resultado muestra una heterogeneidad asociada principalmente con la localidad de deportación. San Luis Rio Colorado destaca por tener el porcentaje más alto de deportados que intentará reingresar a Estados Unidos (67.2%). Este resultado hace pensar que las acciones asociadas a programas como el ATEP no son efectivas, pues, como ya se dijo, la mayor parte de los migrantes deportados a San Luis Rio Colorado cruzó por otra localidad. La misma conclusión se obtiene al analizar la situación a nivel regional (noroeste vs. noreste), pues como se mostró la práctica de deportaciones laterales se registra con más frecuencia en la región noroeste, pero ahí también es donde más deportados manifiestan la intención de volver a intentar cruzar la frontera. Este resultado, como indica ^{De León (2013)}, cuestiona la efectividad de estos programas.

Fuente: elaboración propia con datos de la EMIF Norte (2016).

Gráfico 7. Expectativas sobre el retorno a Estados Unidos entre los deportados mexicanos, según región de deportación, 2016 

Se puede argumentar que una de las limitaciones del razonamiento anterior es que la intención de reingreso puede estar asociada con otros factores, no sólo con el efecto de las deportaciones laterales. Sin embargo, la intención de reingreso tampoco muestra una asociación evidente con el indicador de relación con Estados Unidos. Por ejemplo, San Luis Río Colorado presenta el porcentaje más alto de deportados que volvería a intentar cruzar la frontera, pero el porcentaje de quienes tienen una fuerte relación o interés en ese país no es tan alto, mientras que en Matamoros, Piedras Negras y Tijuana el porcentaje de relación es alto, pero no así el de quienes volverían a intentar cruzar. Aunque no se muestran en este trabajo, resultados preliminares de modelos estadísticos que incluyen el análisis el perfil del migrante, su trayectoria migratoria y el castigo o penalización recibida por las autoridades estadounidenses por la deportación,² no indican relaciones significativas o que no son mayores a las que se obtiene al incluir la variable del localidad de recepción. Suponemos que esto se explica porque las regiones de cruce (y deportación) muestran en parte una selectividad del flujo; un porcentaje importante de quienes son deportados en regiones como San Luis Río Colorado están ahí precisamente por su fuerte deseo de cruzar la frontera.

La intención de reingreso a Estados Unidos a largo plazo es otra posibilidad que se cuestiona a los encuestados en la EMIF Norte; se les pregunta si intentarán cruzar, pero en un periodo posterior a los siete días, y si permanecerán en la frontera o viajarán al sur. Este dato es relevante para dimensionar las afirmaciones alarmistas con las que se sugiere que la mayoría de deportados permanece en la frontera. Por ejemplo, algunos medios de comunicación sugieren que 90% de los deportados permanece en Tijuana. Los resultados indican que la opción de reingreso a Estados Unidos a largo plazo, es una opción poco frecuente entre los deportados; donde más se observa es en Tijuana (13.5%), Matamoros (7.4%), Reynosa (5.6%) y Mexicali (5.3%). Es aún más frecuente el caso de migrantes que opten por no reintentar cruzar y permanecen en la frontera, rubro donde nuevamente destacan Reynosa (23.1%) y Tijuana (17.4%). De lo anterior se puede apuntar que para el caso de Tijuana no hay indicios de que el porcentaje de migrantes que decide permanecer en la ciudad sea tan alto como lo sugieren los medios de comunicación, ya que sólo cerca de 30% indica que tiene la intención de permanecer en esa ciudad fronteriza, ya sea para cruzar a largo plazo o para residir ahí.

Comentarios finales

A partir de analizar tres fuentes de información, podemos afirmar que desde hace aproximadamente diez años hay un importante descenso en el monto total anual de mexicanos deportados desde Estados Unidos; sin embargo, esto no se explica por una menor o mayor vigilancia fronteriza hacia la inmigración indocumentada, sino por la desaceleración del monto de mexicanos indocumentados que intentan cruzar la frontera (^{Calva y Coubès, 2017}).

De forma paralela al descenso en el monto de deportados, se observa un mayor número de migrantes que fueron expulsados después de residir uno o varios años en Estados Unidos. Según datos de la EMIF Norte, en 2011 se registró el monto más alto (176 mil, cerca de 50% del total de deportados). Esto impactó en las ciudades fronterizas, ya que cambió el perfil de los deportados atendidos por las autoridades gubernamentales y grupos de la sociedad civil. Las necesidades de los nuevos deportados ya no eran las mismas, algunos de ellos habían pasado más tiempo en Estados Unidos que en México y no tenían un lugar a donde regresar en este país, por lo que para ellos no tenía sentido ofrecer un apoyo económico para volver a su “hogar” en México.

La experiencia anterior y la llegada a la presidencia de Donald Trump han propiciado un contexto de alarma por la posible deportación masiva de migrantes con ese perfil. A un año del cambio de gobierno en Estados Unidos, los datos disponibles hasta enero de 2018 no muestran indicios de un incremento sustancial en el monto de eventos, incluso los números indican lo opuesto: en 2017 se registraron 166 mil eventos de deportación, 24% menos que en 2016. Sin embargo, cuando se identifican los eventos asociados con la población de migrantes residentes en Estados Unidos sí se identifica un aumentó: en 2017 se registraron 95 mil eventos de deportación de migrantes que ya residían en Estados Unidos, un incremento de 93% respecto de lo registrado en 2016. Por lo que puede afirmarse que a un año de iniciado el periodo presidencial de Trump ya se registra un efecto de su política de “cero tolerancia”.

A propósito del seguimiento al perfil de los deportados y de la recurrencia en relacionar a los removidos con migrantes que han pasado mucho años viviendo en el país vecino del norte, se debe subrayar que otro de los resultados de este trabajo es mostrar que actualmente no hay una relación entre el proceso de deportación desde Estados Unidos y la experiencia migratoria de los deportados. Una persona capturada en el cruce fronterizo puede ser removida, incluso en su primer cruce fronterizo indocumentado (^{Lydgate, 2010}). En este trabajo se muestra, con datos del Immigration and Customs Enforcement (ICE), que el caso de removidos desde la frontera es cada vez más frecuente (en 2016 fueron 73% del total de remociones realizadas por el ICE).

Además de un escenario detallado de las deportaciones de mexicanos desde el país vecino, los resultados de este trabajo muestran un cambio drástico en la intención de reingreso a Estados Unidos, que se observa desde 2006, cuando ocho de cada diez deportados afirmaba que intentaría volver a cruzar la frontera en los próximos siete días; en 2016 se observó lo opuesto: sólo dos de cada diez lo intentaría. El propósito de reingresar parece no estar relacionado con el perfil del migrante. Esto se observa al comparar el indicador de relación con Estados Unidos con la intención de reingreso a corto plazo; sin embargo, es un tema que se debe seguir trabajando, incluyendo más datos y empleando modelos estadísticos que permitan identificar el peso que tienen factores como las repercusiones de un reingreso indocumentado no exitoso a Estados Unidos. Esta información se empezó a recopilar en la versión 2017 del cuestionario de devueltos de la EMIF Norte.

Finalmente, debemos destacar que el flujo de deportados es heterogéneo en relación con la región de recepción; los migrantes con mayores nexos sociales en Estados Unidos son deportados a Ciudad de México, Tijuana y Matamoros, mientras que otros con menos experiencia migratoria son deportados principalmente a localidades como San Luis Río Colorado. Esto tiene distintas repercusiones para las localidades receptoras; en casos como los de San Luis Río Colorado el fenómeno de los deportados implica la presencia de una población en constante movimiento que difícilmente permanecerá ahí, mientras que para otras localidades, entre las que destaca Tijuana, significa la llegada de nuevos residentes. Sin embargo, el monto de migrantes que opta por permanecer ahí no es tan alto como se sugiere en algunos medios de comunicación, según los datos de la EMIF Norte 2016, sólo 30% de los deportados a Tijuana buscaría permanecer en esa ciudad.