Introducción

Después del golpe de Estado que tuvo lugar en Chile el 11 de septiembre de 1973 la libertad política fue interrumpida abriéndole el paso a un régimen autoritario. Dicho régimen tenía la intención -no desde un comienzo, pero sí tras un breve periodo de disputas entre posturas restauradoras y refundadoras de liberar al país del antiguo orden gubernamental e instalar un nuevo ordenamiento opuesto al precedente. Con aquel fin, se establecieron paulatinamente nuevas normas jurídicas para alcanzar los llamados intereses generales de Chile -normas que vieron su culminación en la Constitución de 1980y una serie de reformas económicas y sociales de orientación neoliberal que estuvieron a cargo de un grupo de tecnócratas a los que se ha llamado Chicago Boys. La finalidad de dichas reformas era liberar al país del Estado socialista y, según los tecnócratas neoliberales, específicamente de un sistema de gobierno caracterizado por planificar los recursos centralmente. Así, para librar a Chile del antiguo ordenamiento y establecer uno nuevo inspirado en el principio de subsidiariedad y el libre mercado, el régimen autoritario diseñó un proyecto en nombre de la libertad, aunque al mismo tiempo instauró un gobierno transitorio -que duró 17 años-, sin libertad política: defendió la libertad económica y el Estado subsidiario, mientras que garantizó el funcionamiento de un gobierno autoritario.

Este artículo analiza las principales características de la racionalidad tecnocrática encarnada por los Chicago Boys, así como la relación que aquélla posee con el autoritarismo y el neoliberalismo. En términos específicos, este artículo justifica por qué los Chicago Boys son considerados tecnócratas y analiza las características distintivas de la tecnocracia neoliberal. La hipótesis de este trabajo es que, si bien la tecnocracia neoliberal encarnada por los Chicago Boys posee características que encajan con la caracterización tradicional de tecnocracia, al mismo tiempo posee elementos considerablemente distintos, sobre todo cuando se analiza el papel que el experto desempeña a la hora de planificar una sociedad según criterios racionales. Metodológicamente, esta investigación está construida a partir de fuentes secundarias y primarias. Dentro de las fuentes primarias que justifican la hipótesis, se han utilizado declaraciones de los Chicago Boys, las cuales han sido obtenidas mediante el análisis de un documento oficial de la Dirección de Presupuestos de Chile (DIPRES) y por medio de entrevistas estructuradas y semiestructuradas efectuadas a algunos de estos tecnócratas. Asimismo, para relacionar las declaraciones de estos tecnócratas con el neoliberalismo, se ha usado parte del marco teórico neoliberal aportado por el filósofo y economista Friedrich Hayek.

Tecnocracia: la política de la antipolítica

El tecnócrata es un individuo que posee una orientación técnico-científica que le permite alcanzar altos grados de influencia en el proceso decisional (^{Meynaud, 1968}). Conforme a dicha orientación, se considera a sí mismo un actor desarraigado de la política e ideologías y afirma que su accionar en el universo de las políticas públicas está únicamente guiado por un criterio científico de carácter neutral (^{Centeno y Wolfson, 1997}). No obstante, a pesar de esta imagen autoproclamada, el tecnócrata también ha sido un actor estratégico a la hora de legitimar diversos regímenes políticos, contribuyendo, a través del simbolismo de la expertise, y mediante conocimientos que suelen superar su habilidad especializada, a dimensiones sociopolíticas que no pueden ser optimizadas o evaluadas enteramente desde un punto de vista técnico-científico (^{Dávila, 2011}; ^{Silva, 2006}, ²⁰¹⁰). Por tanto, lo primero que se debe realizar en este artículo es definir las características generales de la tecnocracia y su relación con la política, para luego examinar la relación específica que existe entre tecnocracia, autoritarismo y neoliberalismo.

Tecnocracia y régimen político

La tecnocracia puede ser definida como una situación política en la que el poder efectivo de la toma de decisiones está en manos de un grupo de técnicos a los que se denomina tecnócratas (^{Meynaud, 1968}). El poder efectivo que el tecnócrata detenta no es permanente, sino que está garantizado temporalmente por el poder de las élites políticas que gobiernan. En tal sentido, la influencia tecnocrática sólo deriva del requerido dominio de ciertas áreas especializadas del conocimiento que las élites dirigentes estiman necesarias para gobernar en condiciones de emergencia. Por ejemplo, si el problema que enfrenta una sociedad es la hiperinflación, entonces los que mejor saben cómo combatir ese mal -los expertos- podrían contar con una irresistible demanda por parte de los poderes políticos que buscan superar dicha amenaza. Una vez que el estado de emergencia finaliza, los tecnócratas, quienes fueron llamados por su dominio del tema, ya no serían requeridos por el poder político que los convocó (^{Whitehead, 1997}). No obstante lo anterior, los tecnócratas también poseen la habilidad de avanzar más allá de su campo de especialización. De hecho, estos individuos buscan comúnmente entregar soluciones técnico-científicas a problemas sociopolíticos ajenos a su área de expertise, lo cual los transforma en actores indispensables para evaluar en el nombre de la ciencia todo lo relativo a la toma de decisiones (^{Centeno y Wolfson, 1997}). Por ejemplo, estos individuos, en tanto científicos, suelen acercarse al campo político sosteniendo que pueden contribuir a éste con formas científicas de conocimiento (^{Fischer, 1990}). De modo que esto último le ha permitido al tecnócrata superar ocasionalmente la barrera del estado de emergencia y posicionarse como un actor capaz de perpetuar su influencia más allá de las circunstancias específicas para las que fue convocado. Es más, el alto nivel de competencia académica especializada que posee el tecnócrata ha ayudado a que esta figura asegure un permanente éxito en la obtención de posiciones clave en complejas organizaciones tanto privadas como públicas (^{Collier, 1979}; ^{Delamaza, 2011}; ^{Joignant, 2011}). Por ende, tanto las credenciales académicas especializadas como el discurso de orientación cientificista, han permitido al tecnócrata ser requerido incluso cuando se trata de tomar decisiones fuera de un contexto de emergencia.¹

Ahora bien, ¿qué es lo que distingue al tecnócrata del técnico, burócrata, intelectual humanista y político? Por un lado, la principal diferencia entre el técnico y el tecnócrata tiene que ver con que el nivel de participación en la toma de decisiones e influencia en los círculos políticos del tecnócrata es mucho mayor (^{Dávila, 2011}; ^{Meynaud, 1968}). Otra diferencia es que los técnicos suelen poseer una extendida permanencia en las reparticiones públicas tradicionales y comúnmente han alcanzado su grado académico en universidades nacionales o institutos tecnológicos, mientras que los tecnócratas suelen trabajar desde think tanks u organizaciones público-privadas de orientación interdisciplinar y poseen tanto posgrados foráneos como experiencia laboral obtenida en el extranjero (Centeno y Maxfield, 1992, citado por ^{Silva, 2006}). Asimismo, los técnicos, quienes por sus habilidades manejan parte del aparato administrativo, están generalmente bajo la dirección de otras élites, mientras que los tecnócratas, dado que normalmente surgen en un contexto de emergencia, poseen más autonomía y pueden influir en decisiones que no son propiamente técnicas o afines a su área de especialidad. En tal sentido, los tecnócratas transgreden la barrera de decisiones a la que los técnicos están fijados y asumen responsabilidades que están más allá de su nivel de instrucción (^{Dávila, 2011}).

Por otra parte, cuando se compara al burócrata con el tecnócrata, la principal diferencia radica en que el burócrata sólo es un medio dentro de la administración estatal. Es decir, este individuo sólo se encarga de acatar e implementar las directrices que le ordenan sin cuestionar la legitimidad ni efectividad de estas medidas. Además, al menos en lo que corresponde al contexto latinoamericano, el burócrata no posee generalmente un nivel de formación profesional alto. De hecho, este actor posee normalmente sólo educación secundaria y su experiencia deriva de sus años de servicio sin cuestionamiento en las instituciones públicas (^{Cleaves, 1974}). De modo que, al contrario que el tecnócrata, el burócrata sólo desempeña un papel reproductivo dentro de la administración estatal. Esto último, en la mirada de los tecnócratas, se traduce en que los burócratas representan un factor de riesgo cuando se busca la modernización y optimización del aparato administrativo (^{Camp, 1983}). Por otro lado, si se compara a los tecnócratas con los intelectuales humanistas, quienes han sido tradicionalmente los encargados de formular las preguntas globales para el desarrollo político y cultural de las sociedades -al menos durante el siglo XX (^{Traverso, 2014})-, habría que establecer las principales diferencias del siguiente modo: mientras que los intelectuales critican a los tecnócratas por su aparente desapego de las necesidades de la población y las realidades socioculturales, y por su tozudez cuando se trata de aplicar reformas sociales basadas en pautas técnicas de corte racionalista, los tecnócratas tienden a desconfiar de los intelectuales humanistas, a quienes señalan como los principales culpables de los procesos de radicalización política y los problemas económicos que América Latina vivió durante las décadas de 1960 y 1970 (^{Silva, 2006}). En tal sentido, la crítica que los tecnócratas hacen a los intelectuales humanistas está en el centro del espíritu tecnocrático cuyo objetivo es instaurar un ordenamiento social que sea guiado únicamente por principios basados en el conocimiento científico. En efecto, los intelectuales humanistas son criticados por aplicar un marco teórico que interpreta la realidad desde fundamentos político-ideológicos que no tienen su génesis epistemológico en el conocimiento estrictamente científico. De modo que,

[...] por debajo de la mentalidad tecnocrática subyace un supuesto epistemológico decisivo; el de que existe una realidad singular y universal en materia de políticas públicas, que puede analizarse mediante métodos científicos y con respecto a la cual no hay discusión posible (^{Centeno y Wolfson, 1997}: 231).

Por su parte, los intelectuales humanistas advierten que los tecnócratas, haciendo uso del simbolismo de la expertise, avanzan más allá del campo estrictamente técnico-científico cuando se trata de intervenir en materias sociopolíticas. Según estos últimos, los tecnócratas, a fin de tomar la resolución final en cuanto a los fines que persiguen las políticas públicas, se aventuran más allá de las elecciones racionales y el método científico, formulando juicios de valor de carácter ideológico que son indefendibles sobre bases objetivas (^{Centeno y Wolfson, 1997}).

Por último, si se compara a los tecnócratas con los políticos, la principal diferencia surge desde el ámbito de la legitimidad decisional. El tecnócrata sostiene que para que haya un óptimo desarrollo de una sociedad la legitimidad de la toma de decisiones tiene que estar relacionada con que la administración esté en manos de quienes saben: los expertos (^{Silva, 2006}). Por el contrario, para los políticos, la legitimidad del proceso decisional está determinada por la negociación entre las diversas facciones políticas y la representatividad democrática (^{Cochrane, 1967}). De este modo, si el arte de gobernar se reduce al manejo de disputas de poder, la ciencia de gobernar se resume en la resolución eficiente y eficaz de problemas. En otras palabras, “[...] los regímenes políticos son conducidos, los regímenes tecnocráticos son administrados. Los políticos practican la política de los intereses particulares, los tecnócratas la política de la optimización del conjunto” (^{Centeno y Wolfson 1997}: 224).

Tecnocracia, cientificidad y autoritarismo

¿Quién es el experto? Esta es la interrogante que todo tecnócrata alguna vez se ha hecho. ¿Las decisiones deben ser legítimas puesto que cumplen requerimientos de carácter científico o dado que son el resultado de un proceso de negociación y representatividad en el marco de un sistema democrático? El problema es patente: la tecnocracia apela al saber científico en lo que respecta a la toma de decisiones y esta apelación está acompañada de un rechazo a la política, tanto implícito como explícito. Esta última es considerada un factor que garantiza la ineficiencia y es vista como un procedimiento corrupto que no favorece el desarrollo óptimo de la toma de decisiones (^{Centeno y Wolfson, 1997}). Para los tecnócratas, la democracia, en su sentido tradicional cuyo eje articulador es la defensa de la soberanía del pueblo y el derecho de las mayorías a elegir y controlar a los gobernantes, no representa en ningún sentido que un gobierno sea administrado en virtud de las mejores decisiones posibles. De hecho, la voluntad de la mayoría, en el marco de un sistema electoral donde los políticos deben negociar y favorecer a los grupos de presión que les otorgan sus votos, supone para el experto un peligro si el objetivo primordial es el desarrollo óptimo de una sociedad. Es más, bajo esta lógica tecnocrática, la voluntad de la mayoría no tiene por qué estar basada en criterios racionales. Por el contrario, bien puede estar determinada por las pasiones, la inevitable ignorancia de las masas no instruidas o por los intereses que se suscitan en el juego político.

Desde esta perspectiva, el proceso electoral de una democracia supone un constante movimiento del poder entre los diversos sectores sociales y partidos políticos que lo buscan. Esto último no permite un ambiente político estable para tomar decisiones de carácter científico, pues al estar sometidos al juego político, los expertos deben obedecer a las élites gobernantes que les permiten participar en la toma de decisiones. En efecto, esto implica para el experto permanecer constantemente bajo la tutela de diversas ideologías e intereses que representan al gobierno en turno, de modo que esta situación disminuye considerablemente la posibilidad de tomar decisiones óptimas permanentes; esto es, principalmente dado que en el sistema democrático se experimentan cambios y negociaciones que se realizan no en virtud de la ciencia, sino de la representatividad y los intereses particulares (^{Centeno y Wolfson, 1997}). Por tanto, el clima que genera un gobierno autoritario cuya característica principal es abolir la democracia, pareciera ser un buen lugar para que los expertos tomen decisiones sin estar sujetos al juego político. En tal sentido, la relación entre autoritarismo y tecnocracia se puede apreciar ya en los primeros propulsores de ideologías tecnocráticas. Por ejemplo, Auguste Comte promocionaba el auge de un Estado administrativo liderado por una élite de expertos. Este cientista privilegiaba el mantenimiento del orden social y la administración científica del Estado por encima de la libertad individual, la soberanía popular y la democracia (^{Comte, 1998}).

Por último, la racionalidad tecnocrática ha coincidido en cierta medida con el pensamiento de los militares, quienes han sido por excelencia los encargados de instaurar regímenes autoritarios en América Latina. Ambos sectores manifiestan un claro desdén hacia la política y la negociación, y ambos también consideran que las decisiones deben ser tomadas por la autoridad más competente. Asimismo, los dos valoran la jerarquía, de acuerdo con la cual el rango más alto, el que tiene los mayores honores, el que posee una mayor especialización, el que estudió en una mejor universidad o academia, es el que debe dirigir tanto a la tropa como a la nación. En tal sentido, los tecnócratas han sido uno de los principales aliados de las fuerzas militares a la hora de formar coaliciones golpistas, siendo estos últimos figuras clave para resolver, en el nombre de la ciencia, todo tipo de problemas en los regímenes autoritarios de Latinoamérica (^{O’Donnell, 1973}; ^{Silva, 2010}).

Tecnocracia neoliberal: Hayek y el nuevo papel del experto

El paradigma neoliberal busca instaurar un sistema que reduzca el poder del Estado y deje la administración de los recursos en manos del mercado. Es decir, una entidad considerada por este credo como más eficiente, más justa y menos corrupta que el Estado (^{Hayek, 1944}; ¹⁹⁸⁰; ¹⁹⁸³; ¹⁹⁹³; ^{Moulian y Vergara, 1981}; ^{Vergara, 1985}). En tal sentido, este paradigma critica al sistema de planificación centralizada y juzga a un sistema de estas características como totalitario (^{Hayek, 1944}; ¹⁹⁸⁰). De modo que es interesante evaluar en qué medida la tecnocracia tradicional, la cual ha promovido un sistema político basado en un Estado administrativo dirigido por expertos que buscan centralizar el poder, puede coincidir con un paradigma que pretende reducir el poder del Estado y de quienes lo dirigen.

La crítica que el pensamiento neoliberal hace al sistema de planificación centralizada radica en que todos los intentos por conocer, planificar e intervenir en la sociedad mediante nuestra razón humana son ineficientes (^{Hayek, 1944}; ¹⁹⁸³). Para administrar eficientemente los recursos y planificar adecuadamente una sociedad el ser humano necesitaría tener una capacidad cognoscitiva más elevada de la que dispone. Por ende, todo intento de conocer los hechos sociales e intervenir en ellos es una ilusión que debemos evitar si lo que se busca es optimizar la administración de los recursos (^{Hayek, 1944}; ¹⁹⁸³). En tal sentido,

[...] el cálculo o estimación racional de la producción y distribución de los bienes y servicios que necesita una sociedad cualquiera, como substituto del mercado, involucra ciertamente el uso de un gran acervo de conocimientos (^{Godoy, 1993}:,25).

Según ^{Hayek (1944}; ¹⁹⁸³), el ser humano sólo posee una capacidad limitada por su propia subjetividad para conocer estos hechos, de modo que a la hora de tomar decisiones inevitablemente reduce los llamados hechos sociales a una fracción del conocimiento de su realidad total. Por tanto, interpretar los hechos sociales para planificar la sociedad, los cuales se determinan en virtud de una inmensa variedad de actos individuales, constituiría, según esta lógica, una imposibilidad intrínseca de la razón humana (^{Centeno, 1997}; ^{Godoy, 1993}; ^{Hayek, 1944}).

Desde esta perspectiva, el paradigma neoliberal critica duramente a la racionalidad tecnocrática tradicional, la cual promueve la idea de que existe una élite especializada capaz de administrar el Estado e intervenir en la sociedad bajo criterios de conocimiento científico (^{Godoy, 1993}; ^{Hayek, 1944}; ¹⁹⁸³). Es más, como ya se ha mencionado, para ^{Hayek (1944}; ¹⁹⁸³) un gobierno basado en el sistema de planificación centralizada es enemigo de la administración eficiente de los recursos, pues sólo el mercado puede lograr una real optimización de estos últimos en un mundo tan complejo como el de las sociedades globalizadas. En tal sentido, la poca confianza que Hayek tenía en la capacidad de comprensión humana, lo llevó a valorar más las capacidades del mercado y sus órdenes espontáneos cuando lo que se busca es la administración justa, eficiente y eficaz de los bienes de una sociedad. No obstante, si bien ^{Hayek (1944}; ¹⁹⁸³) estuvo en constante pugna con los constructivistas o planificadores racionales (^{Centeno, 1997}; Godoy, 1993), la crítica formulada por este filósofo y economista no es un alegato contra la planificación racional en sí misma, sino que apunta estrictamente a la planificación centralizada. En efecto, para Hayek, la planificación es necesaria y posee un valor técnico-científico importante, por lo que todo depende de la modalidad que posea la planificación:

La disputa entre los planificadores modernos y sus oponentes no es, por consiguiente, una disputa acerca de si debemos guiarnos por la inteligencia para escoger entre las diversas organizaciones posibles de la sociedad; no es una disputa sobre si debemos actuar con previsión y raciocinio al planear nuestros negocios comunes. Es una disputa acerca de cuál sea la mejor manera de hacerlo. La cuestión está en si es mejor para este propósito que el portador del poder coercitivo se limite en general a crear las condiciones bajo las cuales el conocimiento y la iniciativa de los individuos encuentren el mejor campo para que ellos puedan componer de la manera más afortunada sus planes, o si una utilización racional de nuestros recursos requiere la dirección y organización centralizada de todas nuestras actividades (^{Hayek, 1944}: 65-66).

Por consiguiente, el pensamiento neoliberal critica la planificación centralizada de los recursos, pero al mismo tiempo define en otro sentido el campo de acción que el experto planificador ha de tener. En este nuevo campo, la acción del experto se restringe a la formulación de reglas generales que resguarden la libre iniciativa en el mercado (^{Hayek, 1944}), lo cual se traduce en que el experto, quien habitualmente ha estado al servicio de los fines de un grupo político determinado, tendría un nuevo papel que le permitiría planificar el marco general de reglas a las que gobernantes y gobernados deben estar subordinados (^{Hayek, 1944}). En tal sentido, el experto neoliberal no sería quien ayude a planificar totalitariamente, sino el encargado de articular autoritariamente las reglas impersonales a las que todos deben obedecer en pos de asegurar el funcionamiento del libre mercado. Así, la posibilidad que ofrece el pensamiento neoliberal a la racionalidad tecnocrática radica en que el experto, bajo este paradigma, tiene la posibilidad de no estar sometido al juego político, encontrando un papel permanente en el establecimiento de las normas a las que incluso la política debe estar sometida (al menos en teoría).

Con todo, las reglas generales a las que toda sociedad debe estar sometida deben ser planificadas por expertos que entiendan que la autorregulación del mercado, la sociedad abierta y la libre competencia son la mejor alternativa posible de organización social y económica. Esto es, dado que, según el paradigma neoliberal, la sociedad de mercado es un estado evolutivo de organización superior a los sistemas de gobierno que se basan en una sociedad cerrada y planificada centralmente (^{Hayek, 1944}; ^{Vergara, 2009}). En tal sentido, el aprendizaje que implica participar y triunfar en el mercado mediante los mecanismos libres de competición, no le vienen de suyo esencialmente al ser humano -como sería en el caso del liberalismo clásico de Adam Smith (Vergara, 2009)-, sino que es algo que debe ser aprendido mediante un proceso civilizatorio. En efecto, sólo algunos han obtenido tal grado de aprendizaje. Estos últimos, expertos en el conocimiento del mercado, deben encargarse de instruir a las sociedades en este sistema, además de asegurarse de que ese sistema sea perpetuado (^{Foxley, 1982}; ^{Hayek, 1944}). Así, el tecnócrata neoliberal asume la doble misión de explicar la realidad y producir las reglas del juego de la sociedad. Estas últimas serían impersonales y válidas en todo ámbito,

[...] pues derivan del principio universal del mercado y de las leyes de la competencia. Entendido así, el economista es concebido como el garante último de la libertad individual, la cual le da forma a la sociedad. Su tarea se vuelve trascendental, pues supera la mera competencia técnica para así elevarse a la esfera filosófica (^{Gárate, 2012}: 115).

Chicago Boys y el régimen militar chileno

El golpe de Estado de 1973 fue una reacción antimarxista, promovida principalmente por la derecha, que puso fin al sistema democrático liberal que había imperado en Chile desde 1938 (^{Moulian y Torres, 1988}). En tal contexto, los partidos políticos fueron disueltos y el poder de decisión quedó en manos de un nuevo actor social: los militares (^{Arellano, 2009}; ^{Garretón, 2000}; ^{Moulian y Torres, 1989}). Estos últimos entraron en la escena política levantados por las condiciones de emergencia que Chile vivió a partir de 1960, lo que hizo que los uniformados se sintieran destinados a proteger los llamados intereses generales de la nación. La defensa de dichos intereses por parte de las fuerzas militares tuvo lugar mediante la monopolización del poder político en un país donde estos intereses habrían sido amenazados, según las fuerzas derechistas, por la izquierda. Así, mediante el acaparamiento de dicho poder, los militares instauraron un régimen autoritario que tuvo como objetivo primordial -al menos en un principio- restaurar la democracia e institucionalidad supuestamente quebrantadas por las fuerzas reformistas y revolucionarias asociadas a la Unidad Popular (^{Moulian y Torres, 1989}).

Si bien los militares se erigieron como una fuerza de orden que monopolizó el poder para proteger los intereses generales de la nación, lo cierto es que no tenían gran experiencia política ni conocimiento del Estado, como tampoco un proyecto claro con el que pudiesen gobernar, sobre todo en las circunstancias de crisis económica en las que se encontraba Chile en aquellos días (^{Moulian y Torres, 1989}; ^{Vergara, 1985}). De modo que, al comienzo del régimen autoritario, los militares no contaban con un proyecto ni con la capacidad técnica para hacerse cargo de los problemas surgidos tras el colapso de la Unidad Popular (^{Gárate, 2012}; ^{Vergara, 1985}). En efecto, la única certeza que tenían los uniformados era que el régimen constituía una etapa de emergencia suscitada por el caos, la ideologización y la extrema politización ocurrida en el gobierno de Salvador Allende (^{Vergara, 1985}). En tal sentido, la pregunta que marcó los primeros años del régimen militar, al menos hasta 1975, fue: ¿cuál era la dirección debía seguir régimen? Esta es una pregunta ante la cual, según ^{Vergara (1985)} y ^{Moulian y Torres (1988}; ¹⁹⁸⁹), hubo dos posturas con las que las fuerzas castrenses abordaron el problema: la postura restauradora y la refundacional. La primera opción -la más moderada- exigía una estrategia de pacificación represiva desplegada por los militares en un tiempo corto, con la finalidad de reinstalar las instituciones democráticas quebrantadas; mientras que, la segunda -la más revolucionaria- postulaba la necesidad de llevar a cabo una revolución que estableciese un nuevo orden social, político y económico diametralmente opuesto al que Chile tenía antes del golpe de Estado. De hecho, el argumento central de la segunda opción afirmaba que la decadencia nacional era resultado del sistema democrático y económico imperante hasta 1973; esto es, era un sistema liderado por las lógicas políticas de negociación y por un exacerbado intervencionismo estatal promovido desde 1938 (^{Moulian y Vergara, 1981}).

Ahora bien, durante los primeros años del régimen militar, el primer equipo de uniformados a cargo de la economía y la dirección política de Chile aún creía en el sistema económico y político tradicional. De modo que, hasta al menos 1975, bajo la dirección de militares cercanos al nacionalismo-desarrollista, hubo un parcial triunfo de los sectores restauradores (^{Correa, 2005}; ^{Gárate, 2012}; ^{Moulian y Torres, 1988}; ^{Vergara, 1985}). Durante dicho periodo, sólo se gestaron políticas que pretendían solventar los efectos caóticos suscitados por el gobierno de la Unidad Popular pero que, sin embargo, no significaron un cambio radical respecto a la lógica que había primado en Chile aproximadamente desde 1938. En esta primera etapa, los sectores restauradores sólo buscaron hacerse cargo pragmáticamente de los problemas coyunturales de Chile -principalmente la crisis económica- para que, en un futuro, los militares pudiesen dejar el poder y así se restableciese el sistema económico y la democracia quebrantada por los gobiernos reformistas y revolucionarios (^{Gárate, 2012}). No obstante, el triunfo de quienes se hicieron cargo de la economía y el país en los primeros días del régimen militar no duró mucho. De hecho, las moderadas políticas adoptadas por quienes comulgaban con la postura restauradora no dieron los resultados esperados, lo que se tradujo en que, al menos desde el punto de vista económico, “[...] la inestabilidad monetaria continuó agravándose a lo largo de 1974 sin producirse los efectos esperados en la reducción de la inflación” (^{Gárate, 2012}: 189). Así, tras dichas circunstancias, los uniformados, temerosos del fracaso, cambiaron su plan inicial y optaron por descartar un régimen restaurador para adjudicarse la misión de refundar el sistema económico, político y social de Chile (Moulian y Torres, 1988; 1989). El fracaso de las políticas económicas iniciales hizo notar a los militares que, para justificar y realizar un exitoso régimen militar, el cual fuese sinónimo de desarrollo económico y social, era necesario optar por posturas más radicales que aquellas que meramente pretendían restaurar un sistema que -según ellos- estaba viciado por el excesivo papel de los políticos y la falta de orden que el Estado de Compromiso y su sistema de negociación traía consigo. Por lo que los militares comenzaron a interpretar el golpe de Estado no sólo como una irrupción en pos de la restauración del orden, sino como una irrupción que buscaba fundar un nuevo ordenamiento opuesto al que tuvo lugar antes de 1973. Esto es, a pesar de que ellos no tenían aún un proyecto definido para realizar dicha tarea (^{Vergara, 1985}).

Hubo una variada gama de grupos civiles derechistas que quisieron influir en los militares para llevar a cabo la tarea refundacional. No obstante, fue sólo a partir de 1975 que los Chicago Boys ganaron la disputa por la dirección proyectual de dicho régimen (^{Gárate, 2012}; ^{Huneeus, 2007}; ^{Vergara, 1985}). En tal sentido, la victoria de los Chicago Boys por sobre otros grupos tuvo que ver con tres elementos clave: en primer lugar, los tecnócratas neoliberales tenían gran cercanía con el poder. De hecho, varios de ellos ya eran asesores de los uniformados antes de que desempeñaran un papel importante en los ministerios. En segundo lugar, los desequilibrios económicos tenían pocas soluciones factibles y los Chicago Boys eran los únicos -dentro de las fuerzas derechistas- que tenían un proyecto sólido (El Ladrillo) para hacerse cargo de dichos problemas, los cuales combinaban una alta inflación y un gran déficit en la balanza de pagos. En tercer lugar, la apariencia científica que los Chicago Boys tenían fue determinante para asegurar su influencia en los uniformados, ya que eran un grupo de tecnócratas aparentemente apolíticos que decían representar a la moderna ciencia económica (^{Foxley, 1982}) y que, por ende, realizarían las reformas necesarias por encima de los intereses particulares. Así, teniendo en cuenta todos estos aspectos, los militares entregaron en estas circunstancias de emergencia el poder decisional a estos tecnócratas neoliberales (^{Gárate, 2012}; ^{Moulian y Torres, 1989}; ^{Silva, 2010}; ^{Vergara, 1985}).

La tecnocracia neoliberal en Chile tuvo su origen en 1955, cuando el presidente del Departamento de Economía de la Universidad de Chicago, Theodore Schultz, visitó el Departamento de Ciencias Económicas de la Universidad Católica de Chile con la finalidad de firmar un acuerdo de cooperación académica entre ambos departamentos (^{de Castro, 1992}; ^{Gárate, 2012}; ^{Silva, 2010}; ^{Valdés, 1995}). En aquel entonces, el acuerdo se suscribió bajo la autoridad del decano de economía, Julio Chaná, y consistió en que un selecto grupo de estudiantes chilenos tendría la oportunidad de cursar sus posgrados en la institución estadounidense; esto es, un lugar que se destacaba por defender lineamientos monetaristas y neoliberales (^{Gárate, 2012}; ^{Silva, 2010}; Valdés, 1995). En efecto, entre los años 1955 y 1963, alrededor de treinta jóvenes economistas fueron beneficiados por el acuerdo de becas firmado entre estas universidades, lo cual dio lugar a la formación y el auge de un grupo de economistas que han sido identificados como los Chicago Boys, a saber: un grupo de tecnócratas que se autoproclamaban apolíticos -aunque tuviesen fuertes lazos con la derecha-, representantes de la moderna ciencia económica y que tenían como objetivo cambiar, desde una visión monetarista y neoliberal, las bases políticas y económicas que habían constituido a Chile desde 1938 (^{Foxley, 1982}; ^{Huneeus, 1998}; ²⁰⁰⁷; ^{Silva, 2010}).

En términos doctrinarios, influidos directamente por Milton Friedman y, en algunos casos, aunque tardíamente, por Friedrich Hayek (^{Centeno, 1997}; ^{O’Brien y Roddick 1983}; ^{Oppenheim, 1993}; ^{Silva, 2010}), estos tecnócratas neoliberales sostenían que una economía basada en el libre mercado y en la limitación del excesivo papel interventor que tenía el Estado, eran la única solución para resolver los problemas que Chile enfrentaba en términos de desarrollo (^{Gárate, 2012}). De este modo, según los Chicago Boys, el único medio para solventar los endémicos problemas del país era una radical contracción del Estado en materias tanto económicas como sociales, con el fin de que ambas áreas estuviesen reguladas por el mercado y sus mecanismos imparciales de asignación de recursos y valor. Esto es, mecanismos que, en la opinión de estos tecnócratas, eran más justos en comparación con la justicia impartida por un Estado que dirigía los recursos y su poder de un modo ineficiente y arbitrario a quienes eran capaces de ejercer presión colectivamente por encima de los individuos. Además, desde una visión tecnocrática, estos monetaristas neoliberales sostenían que en la esfera política era preferible que las decisiones las tomaran los expertos y no las mayorías democráticas y los políticos que las representaban, dado que las decisiones de los expertos serían racionales, mientras que las de las mayorías y los políticos no necesariamente. Así, para los Chicago Boys la legitimidad de la toma de decisiones venía del conocimiento experto más que de la política en un sentido democrático (^{Huneeus, 2007}; ^{Silva, 2010}; ^{Valdés, 1995}; ^{Vergara, 1985}).

Por último, durante gran parte del régimen militar, los Chicago Boys no sólo fueron importantes por su contribución técnica a la reestructuración económica de Chile, sino también por su contribución en términos políticos e ideológicos. De hecho, estos tecnócratas han sido considerados -usando la terminología de ^{Gramsci (1971}; ²⁰⁰⁶)- los intelectuales orgánicos de dicho gobierno (^{Silva, 2010}), ya que su aporte constituyó la aplicación y propagación de una teoría política-económica que reformuló desde sus cimientos las relaciones entre Estado y sociedad existentes en Chile hasta 1973 (^{Moulian y Vergara, 1981}; ^{Vergara, 1985}). Asimismo, la matriz ideológica que había detrás de sus reformas económicas y sociales contribuyó a la justificación de la relación antinómica entre la libertad económica y la cancelación de la libertad política durante el régimen militar (^{Huneeus, 1998}; ²⁰⁰⁷; ^{Vergara, 1985}). En tal sentido, el equipo económico justificó el autoritarismo que le permitió tener libertad de acción inspirado en el marco teórico neoliberal (^{Silva, 2010}). Dicha justificación aceptaba como necesario el autoritarismo político si la meta era alcanzar un modelo de Estado subsidiario y la libertad económica que éste sistema traía consigo (^{Foxley, 1982}; ^{Vergara, 1985}). De este modo, se promovía la idea de que no cabía posibilidad de entrar en un proceso de normalización democrática mientras no se reconfiguraran desde sus cimientos las corruptas relaciones existentes entre Estado y sociedad que habían caracterizado a la sociedad chilena hasta 1973. El objetivo político de esta justificación era instaurar en el marco autoritario una nueva institucionalidad que garantizara el correcto funcionamiento del libre mercado y la sociedad abierta, instancias que eran consideradas por los tecnócratas neoliberales como un estado evolutivo superior y el único lugar donde se podía alcanzar la verdadera libertad y democracia (^{Foxley, 1982}; ^{Huneeus, 2007}; ^{Silva, 2010}; ^{Vergara, 1985}). De hecho, la democracia protegida instaurada en el marco de la Constitución de 1980 es la prueba de dicho objetivo político (^{Vergara, 2007}).

Chicago Boys, tecnocracia y neoliberalismo

¿Qué es lo que convierte a los Chicago Boys en tecnócratas y qué es lo que los posiciona como tecnócratas neoliberales? En primer lugar, constituyeron un cuadro de expertos que llegó a tener un gran poder en la toma de decisiones gracias a un contexto de emergencia que no pudo ser solventado por las lógicas políticas tradicionales (^{Gárate, 2012}; ^{Huneeus, 2007}; ^{Valdés, 1995}). En segundo lugar, ya en el poder, no se limitaron a realizar sólo reformas económicas, sino que se propusieron modificar las relaciones entre Estado y sociedad imperantes en Chile desde 1938 (^{Moulian y Vergara, 1981}; ^{Vergara, 1982}; ¹⁹⁸⁵), así como justificar las condiciones autoritarias mediante un ideario neoliberal que excedía en todo sentido los postulados técnicos que componían la orientación monetarista ortodoxa (^{Foxley, 1982}; Huneeus, 1998; 2007; ^{Silva, 2010}). En tercer lugar, todas sus reformas, a pesar de tener componentes ideológicos, fueron presentadas como apolíticas y guiadas por la moderna ciencia económica (^{Foxley, 1982}; ^{Huneeus, 2007}; ^{Silva, 2010}). De modo que los Chicago Boys, teniendo el poder de decisión en sus manos, fueron más allá de la capacidad estrictamente técnica que sus credenciales académicas les proporcionaban con el fin de instalar un sistema neoliberal que transformó drásticamente la economía y las relaciones sociopolíticas que habían imperado en Chile desde 1938 (^{Foxley, 1982}; ^{Gárate, 2012}; ^{Huneeus, 1998}; ²⁰⁰⁷; ^{Montecinos, 1997}; ^{Moulian y Vergara, 1981}; Silva, 1991; 2006; 2010; ^{Vergara, 1985}, 1982).

Al contrario que los técnicos, los Chicago Boys se caracterizaron por tomar decisiones basados en sus propios criterios de especialistas, sin estar subordinados completamente a una élite dominante (en este caso los militares). De hecho, el gobierno militar, aunque tuviese el poder político en sus manos, dio a este grupo de tecnócratas total libertad de acción, pues confiaba en sus credenciales académicas (^{Huneeus, 2007}; ^{Silva, 2010}). De modo que, aunque al régimen militar le tomó

[... ] más de un año decidir si adoptaba un esquema de economía social de mercado o uno de capitalismo de Estado, una vez que optó por el primero, en 1975, le otorgó al equipo económico considerable poder para iniciar la creación de las instituciones correspondientes (Lüders, Chicago Boy, ver anexo 1).

Es más, en un signo de compromiso con los Chicago Boys, la junta militar del régimen autoritario presentó la tecnocratización de la toma de decisiones como

[.. ] la única garantía para formular políticas racionales y coherentes. El nuevo gobierno también enfatizó en la necesidad de tecnificar toda la sociedad, en un intento por convencer a la población de la incompetencia de la política (es decir, la democracia) para resolver los problemas del país (^{Silva, 2006}: 164).

Además, al contrario que los técnicos, los tecnócratas neoliberales buscaron establecer nuevas relaciones entre Estado y sociedad, promoviendo una nueva y verdadera democracia (^{Foxley 1982}; ^{Moulian y Vergara, 1981}; ^{Silva, 2010}; ^{Vergara, 1982}; ¹⁹⁸⁵). Esto se tradujo en que su poder de decisión fue más allá de su conocimiento técnico especializado, contribuyendo a configurar un proyecto de sociedad que determinó el accionar del régimen militar tanto en materia técnica como en aspectos políticos e ideológicos (Silva, 2006). En tal sentido, es sugerente cómo estos tecnócratas -quienes supuestamente realizaban únicamente procedimientos basados en la moderna ciencia económica- promovieron explícitamente un nuevo modelo de democracia para la sociedad chilena en un documento oficial de la Dirección de Presupuestos de Chile (DIPRES). En efecto, en dicho documento Pablo Baraona (Chicago Boy, presidente del Banco Central de 1975 a 1976 y ministro de Economía de 1976 a 1978) sostenía que:

[... ] la nueva democracia, imbuida de un verdadero sentido nacionalista, deberá ser autoritaria en el sentido de que un conjunto de normas esenciales para la estabilidad del sistema no estén sujetas al proceso político, y nuestras instituciones armadas vigilan el cumplimiento de ellas; impersonal, en cuanto las normas se aplican igual para todos, ya que esta característica se nutre en la vertiente del ideal portaliano que constituye la antítesis de la arbitrariedad; libertaria, en el sentido de que el principio de subsidiariedad se considera clave para obtener el bien común general; tecnificada, en cuanto el sistema político no pueda decidir cuestiones técnicas sino que limitarse a la dimensión valórica, otorgando a la tecnocracia la responsabilidad de utilizar procedimientos lógicos para resolver problemas y ofrecer soluciones alternativas (^{DIPRES, 1978}: 305).

Por otro lado, como ya se ha apreciado, a diferencia de los burócratas, los Chicago Boys tuvieron un quehacer importante en la creación de las bases económico-políticas del nuevo orden gubernamental y la institucionalización del régimen militar (^{Moulian y Vergara, 1981}; ^{Silva, 2010}; ^{Vergara, 1985}). De modo que los economistas de Pinochet no se limitaban a recibir y reproducir órdenes en pos del funcionamiento administrativo y económico, sino que eran activos gestores de la creación de un nuevo orden político-económico en un régimen militar que, en un principio, no tenía una dirección clara. Asimismo, los Chicago Boys no sólo criticaban al Estado planificador, sino también a la burocracia estatal que lo componía. De hecho, Sergio de Castro (Chicago Boy, ministro de Economía de 1975 a 1976 y de Hacienda de 1976 a 1982), encarnando un clásico espíritu tecnocrático, sostenía que “[...] el país pierde ímpetu en su capacidad de desarrollo porque los funcionarios no podrían nunca reemplazar a los empresarios” (de Castro, entrevista, anexo 1). Asimismo, al contrario que los burócratas y técnicos, la mayoría de los Chicago Boys contaba con altas credenciales y experiencia en reconocidas universidades del extranjero (^{Gárate, 2012}; ^{Huneeus, 2007}; ^{Silva, 2010}; ^{Valdés, 1995}), precisamente porque habían cursado sus posgrados en la Universidad de Chicago.

Por otra parte, a diferencia de los intelectuales humanistas, los Chicago Boys pretendían situarse como actores apolíticos y carentes de ideología. Al respecto, Sergio de Castro sostenía que:

[... ] el modelo económico que propusimos [como equipo económico] al gobierno no tuvo ningún fundamento ideológico: su único fundamento fue la teoría económica moderna que se enseña en todas las Escuelas de Economía de las buenas universidades del mundo [... ] Lo importante es que todos estábamos de acuerdo en que la economía es una ciencia cuyos postulados nacen de la observación de la realidad y de la verificación continua de que, nuevos hechos, que debieran suceder como consecuencia de dichos postulados, efectivamente ocurren (de Castro, entrevista, anexo 1).

Sin embargo, a pesar de dicha declaración, sí tenían sesgos ideológicos que estaban determinados por dos rasgos fundamentales: primero, la relación que estos tecnócratas tenían con la derecha y el gremialismo (^{Huneeus, 1998}; ²⁰⁰⁷); segundo, su relación -más allá del neoclasicismo ortodoxo de sus reformas económicas- con el marco teórico neoliberal (^{Centeno, 1997}; ^{Fischer, 2009}; ^{Silva 1991}; ²⁰¹⁰). En efecto, el contenido de dicho marco contribuyó a reforzar el proyecto de un nuevo orden político-económico basado principalmente en las ideas de una nueva y verdadera democracia, la crítica al sistema de planificación centralizada de los recursos -crítica a la arbitrariedad del Estado socialista y su papel moral en el manejo de los recursos económicos- y la idea de una verdadera libertad individual que depende de la libertad económica. En tal sentido, Álvaro Bardón (Chicago Boy, presidente del Banco Central de 1977 a 1981 y subsecretario de Economía de 1982 a 1983) reveló nítidamente dicho sesgo ideológico en la siguiente declaración:

[... ] si no hay libertad económica, no puede haber democracia ni libertad política. Sería aventurado decir que la libertad económica es condición necesaria y suficiente para la libertad política, pero yo no tengo duda de que es una condición necesaria [... ]. Sin libertad económica, no hay igualdad ni libertad política (Álvaro Bardón, en Informe Gemines, primer trimestre de 1978, citado por ^{Vergara 1985}: 91).

Del mismo modo, Juan Andrés Fontaine (Chicago Boy de segunda generación) no dudó en declarar que:

[... ] la llamada libertad económica es sólo una faceta de la libertad general. Pero precisamente la falta de libertad económica normalmente conduce a la falta de libertad política y a la falta de libertad de pensamiento. Si el Estado controla las fuentes de producción, las fuentes de financiamiento, etc., no se demora mucho en utilizar ese poder para coartar todas las libertades. Entonces, no es que se le diera a la libertad económica un carácter distinto que a la libertad en general, sino que si se le atribuye importancia como base para las otras libertades (Fontaine, entrevista, anexo 1).

En tal sentido, Ricardo Ffrench-Davis (Chicago Boy heterodoxo) sostenía que los tecnócratas neoliberales que lideraron el régimen militar planteaban:

[... ] que eran la nueva democracia y la nueva economía, la sociedad de hombres libres. El Estado no les dice cosas, cada uno hace lo que quiere y con eso están construyendo el bien común: [... ] convergencia de las individualidades hacia un colectivo ideal (Ffrench-Davis, entrevista, anexo 1).

Según esta apreciación, los tecnócratas neoliberales se basaban en:

[... ] una ideología extrema y creyente en que el mercado resolvía todos los problemas. Que los mercados se ajustaban fluidamente cuando eran libres, sin necesidad de hacer una macroeconomía activa, [lo cual] era muy contradictorio con los avances que había en el desarrollo económico más heterodoxo en la misma Universidad de Chicago o al frente en Boston, Harvard o mit [... ] Éstos [los Chicago Boys] se fueron a una punta de un pedazo de Chicago. En Chicago yo tuve varios profesores que eran pragmáticos, conscientes de las limitaciones [de la economía] y [de] que la economía no es una ciencia, sino que es un arte y que requiere de buen criterio porque en muchos casos no tenemos las respuestas en un 100% y entonces tenemos que ir tanteando en el camino. [Sin embargo] ellos se embarcaron en unas reformas brutales con un destino que era la economía con un Estado chico y un Estado que no interviene para igualar el terreno entre los pobres y los ricos, y los educados y los no educados (Ffrench-Davis, entrevista, anexo 1).

Por último, como ya se ha visto, contrariamente a los políticos y también a los intelectuales humanistas, los Chicago Boys se promovían como sujetos apolíticos y carentes de ideología. Ellos buscaban solucionar los problemas que la excesiva politización e ideologización de los gobiernos anteriores a 1973 habían provocado en Chile (^{Gárate, 2012}; ^{Silva, 2010}; ^{Vergara, 1985}). La solución consistía en aplicar los criterios de eficiencia requeridos para optimizar la administración de los recursos económicos inspirados en la moderna ciencia económica cuyo fundamento era la racionalidad científica y sus principios epistemológicos. En efecto, el nuevo equipo económico neoliberal presentó la tecnocratización de la toma de decisiones como una garantía de que el gobierno podría perseguir un modelo económico racional. Desde ese momento, las decisiones del gobierno militar estarían, según ellos, solamente inspiradas por principios técnico-científicos y no por postulados políticos o ideológicos como habría sucedido en el pasado (^{Silva, 2010}). En tal sentido, en una crítica explicita a la política, Pablo Baraona sostenía que “[... ] no se puede negar que históricamente en nuestro país se ha relegado la capacidad profesional y se ha ensalzado la habilidad política” (^{DIPRES, 1978}: 305); mientras que, según agregaba, la sociedad tecnificada que estaban instalando los Chicago Boys en el régimen militar era:

[... ] una en que los más capaces tomen las decisiones técnicas para las cuales han sido entrenados, sin menoscabo, por supuesto, de los valores a los que apunta una sociedad que va en pos del humanismo cristiano (^{DIPRES, 1978}: 305).

Asimismo, Pablo Baraona sostenía, en relación al modelo económico instaurado por los Chicago Boys, que “[... ] nuestro país [... ] ha adoptado un modelo económico [... ] fundamentado en la ciencia económica moderna e ilustrado por la experiencia de las naciones que han logrado un desarrollo acelerado en este siglo” (^{DIPRES, 1978}: 303). Por su parte, para Sergio de Castro, haciendo también una explícita crítica a la política:

[... ] la falta de pragmatismo en el sistema político y el énfasis en la diferenciación ideológica han impedido una evaluación profunda de los problemas reales del país, y con ello, se han retrasado las posibilidades de progreso efectivo, a la vez que se ha impuesto una inestabilidad endémica a la aplicación de políticas económicas, ya que sólo por excepción un partido ha logrado la mayoría suficiente para gobernar por sí solo y lo común ha sido la formación de alianzas transitorias (^{de Castro, 1992}: 61).

Así, estas declaraciones muestran la manera en la que los Chicago Boys se relacionaban con la política y cómo pensaban que las decisiones debían ser tomadas; esto es, omitiendo su propia orientación ideológica y mostrando claramente una dirección autoritaria y cientificista a la hora de entender la legitimidad de la toma de decisiones.

Chicago Boys, tecnocracia y autoritarismo

Tras el golpe militar se realizó una fuerte campaña en contra de la política y sus métodos para gobernar. En dicho contexto, los tecnócratas neoliberales adquirieron una importancia práctica y simbólica. Estos últimos lideraron la racionalización y la tecnocratización del gobierno autoritario, con el argumento de que el uso de métodos científicos debía obligatoriamente reemplazar a los modelos irracionales y obsoletos con los que se habían tomado las decisiones con anterioridad a 1973. En tal sentido, los métodos de los economistas neoliberales -lo mismo que su ideología- se transformaron en nuevas convenciones institucionalizadas que le dieron soporte al régimen de Pinochet. Junto con los militares, estos tecnócratas argumentaban que todas las décadas de políticas mal realizadas y el sofocante centralismo burocrático eran el resultado de los excesos de la democracia clientelista. De modo que durante este régimen las prácticas políticas fueron catalogadas como corruptas e ineficientes (^{Montecinos, 1997}). Así, el autoritarismo se constituyó como un espacio dentro del cual los Chicago Boys cómodamente pudieron realizar sus reformas supuestamente apolíticas y basadas en la moderna ciencia económica (^{Huneeus, 2007}). En tal sentido, Sergio de Castro sostenía que “[... ] la efectiva libertad de las personas sólo se garantiza a través de un gobierno autoritario que ejerce el poder a través de normas impersonales iguales para todos” (^{DIPRES 1978}: 229); mientras que, a la vez, afirmaba que el “[... ] golpe militar fue interpretado por la gran mayoría del país como una liberación y todos se volcaron hacia la recuperación económica de Chile. Los hechos justifican el autoritarismo” (de Castro, entrevista, anexo 1). Asimismo, refiriéndose al régimen militar, sostenía que:

[... ] en estos momentos anormales, en que la crisis económica mundial nos ha hecho de por sí difícil la situación económica interna, la derrota de la inflación va a ser muchísimo más costosa. A pesar de ello el Gobierno no va a tener la menor vacilación en aplicar las medidas que ha decidido para terminar con la inflación. Esta se va a terminar con o sin la ayuda de los sectores que, a mi juicio, deberían ayudar (^{DIPRES, 1978}: 167).

De modo que el autoritarismo era un lugar común y aceptado por estos tecnócratas neoliberales. Sin embargo, a pesar del autoritarismo demostrado por Sergio de Castro, la crítica que los Chicago Boys hacían a la democracia no implicaba que aquella tuviese que ser abolida definitivamente por el régimen militar. Por el contrario, el régimen autoritario era un sistema de gobierno necesario para establecer un proceso de normalización política -el cual debía durar lo que fuese necesario- en pos de lograr establecer una nueva democracia basada en los principios de la sociedad abierta. De hecho, en relación con esto último, Pablo Baraona afirmaba:

[... ] es conveniente reflexionar que el problema no es volver a la normalidad política -entendida como un retorno al pasado- que de poco serviría, sino que es cambiar las estructuras de manera que la llamada vuelta a la normalidad signifique que en este país podamos generar conjuntamente estabilidad política, justicia social y crecimiento económico (^{DIPRES, 1978}: 389).

Por lo tanto, más allá de querer estar de por vida subsumidos bajo la tutela de los militares, los Chicago Boys encontraron en el autoritarismo el medio para instaurar un sistema que no dejase todo en manos del juego político, sino que defendiera los llamados intereses generales de la nación -y no los particulares- en virtud de los valores tecnocráticos y neoliberales que promulgaban (^{Moulian y Vergara, 1981}; ^{Vergara, 1982}; ¹⁹⁸⁵).

Tecnocracia neoliberal: Chicago Boys y el nuevo papel del experto

¿Cómo es posible que los Chicago Boys hayan realizado reformas en nombre de la liberación del mercado y la limitación del Estado si, por definición, la tecnocracia busca centralizar el poder bajo el gobierno de los expertos? Como ya se ha apreciado, el paradigma neoliberal critica la planificación centralizada de los recursos y la ingeniería social, pero al mismo tiempo define en otro sentido el campo de acción que el experto planificador ha de tener. En este nuevo campo la acción del experto se restringe solamente a la formulación de reglas generales que resguarden la libre iniciativa en el mercado. De modo que, acorde con el ideario neoliberal, Sergio de Castro sostenía -casualmente en un tono bastante hayekiano- que los problemas de una economía:

[... ] centralmente planificada son variados y múltiples [... ]; baste señalar que, a pesar de los avances teóricos que la ciencia económica ha realizado en modelos de planificación, estos modelos son de limitada aplicación práctica y que la cantidad de información que se requiere, así como la oportunidad y precisión de ella, impiden que la utilización de estas técnicas sustituya al mercado en la compatibilización de flujos de insumos y productos entre las diversas unidades productivas y entre las y los consumidores (^{de Castro, 1992}: 67).

Asimismo, agregaba que:

[... ] en Chile la planificación ha sido una palabra carente de contenido o precisión que se ha utilizado para establecer mecanismos de control, cuyo único objetivo es el control por el control y no una orientación eficiente en el uso de los recursos productivos (^{de Castro, 1992}: 31).

Por otro lado, redefiniendo los límites de la planificación en relación al mercado, Pablo Baraona aseveraba:

[... [ el mercado, reflejo de decisiones individuales, ha demostrado ser el mecanismo más eficiente de asignación de recursos. De allí el preponderante rol que se le otorga en el modelo económico. No podría ser de otro modo ya que el mercado es la expresión económica de la libertad y la impersonalidad en el mando que son importantes bases doctrinarias del Gobierno (^{DIPRES, 1978}: 350).

Mientras que, refiriéndose al equipo económico neoliberal, Jorge Cauas (Chicago Boy, aunque obtuvo su posgrado en la Universidad de Columbia, ministro de Hacienda de 1974 a 1976 y gestor del Programa de Recuperación Económica junto con Sergio de Castro) sostenía que:

[... ] somos partidarios de utilizar el mercado como un instrumento técnico de asignación de recursos. Pensamos que es la mejor forma de obtener el máximo provecho de nuestros escasos recursos, sin generar discriminaciones odiosas que suelen traducirse en ganancias ilegítimas (^{DIPRES, 1978}: 209).

De modo que Pablo Baraona, redefiniendo el papel del experto planificador, sostenía que el Estado, dirigido por tecnócratas neoliberales:

[... ] sólo ejerce la conducción global del sistema de manera de crear las condiciones para la consecución de objetivos de crecimiento, empleo, estabilidad y distribución de ingresos. El carácter mixto que le confiere nuestro modelo a la institucionalidad económica del país constituye la negación misma del laissez-faire como del socialismo mediocrizante que tanto daño le ha causado a nuestra Patria (^{DIPRES, 1978}: 350).

En tal sentido, Baraona es claro al decir que el tipo de Estado administrado por los Chicago Boys no es laissez-faire, sino que se trata de un Estado que tiene un papel planificador que no es centralizador y que se gesta únicamente en pos de asegurar la libre competencia y la libertad individual. Es decir, que se gesta como un tipo de Estado que planifica, pero cuyo primer objetivo es asegurar los principios de la sociedad libre.

Finalmente, el pensamiento neoliberal permite que la negociación, así como el poder ejercido por el gobierno de turno, sea limitado por las supuestas reglas impersonales que deben ser constituidas por los individuos que mejor conozcan y manejen los principios del mercado (^{Hayek, 1944}), a saber: los expertos neoliberales. Esto es, individuos capaces de entender y creer que la economía social de mercado es el mejor sistema posible para planificar una sociedad cualquiera. En tal sentido, para Sergio de Castro:

[... ] los principios que nos inspiraron fueron los de una economía de mercado, que es el modelo que mayor éxito ha tenido (¿hay otra?) desde el siglo xviii. Ello exigía respetar la libertad de emprendimiento y garantizar la propiedad privada y el pleno cumplimiento de los contratos, manteniendo el Estado de derecho, tan severamente agredido durante el gobierno del presidente Allende (de Castro, entrevista, anexo 1).

Por su parte, Juan Andrés Fontaine planteaba que “[...] el resultado de una economía de mercado suele ser más progreso y más libertad, y eso claramente provoca un Estado-mercado de civilización más avanzada (Fontaine, entrevista, anexo 1). Por último, según Jorge Cauas, “[... ] las sociedades más desarrolladas son simplemente de ese tipo -sociedad libre- y son un testimonio de que es lo que realmente funciona” (Cauas, entrevista, anexo 1).

Conclusión

Tras haber expuesto las declaraciones hechas por los Chicago Boys, queda en evidencia que estos últimos cumplen cada uno de los aspectos que definen a la tecnocracia en términos generales. Asimismo, habiendo hecho uso del marco teórico hayekiano, se demuestra que la mayor diferencia entre estos tecnócratas neoliberales y la tecnocracia tradicional tenía que ver con una redefinición del papel del experto en lo que respecta a los procesos de planificación. Además, se hace patente que el punto de encuentro más claro entre ambas racionalidades (tecnocracia y neoliberalismo) es que en ambos casos existe una considerable desconfianza hacia la política. No obstante, mientras que en el caso de un tecnócrata tradicional las condiciones ideales de administración son un gobierno dirigido por expertos planificadores, para el tecnócrata neoliberal las condiciones ideales están dadas por una radical disminución del Estado y su poder interventor, en virtud de crear las condiciones necesarias para que el mercado y la libre competencia sean perpetuados. Así, los tecnócratas neoliberales pueden conjugar ambas racionalidades, pues la modalidad de planificación neoliberal permite que estos individuos mantengan su participación en la toma de decisiones, mientras que, al mismo tiempo, se limita la concentración del poder estatal y de los gobiernos en turno. En tal sentido, cuando se reduce el Estado al mínimo y se entrega la tarea de asignar los recursos al mercado en favor de la optimización, alguien tiene que planificar las reglas básicas que hagan posible la vigencia de dicho sistema. Por lo que el tecnócrata neoliberal sería el individuo capaz de hacerse cargo de dicha planificación, en tanto reviste bajo los términos progreso, desarrollo y moderna ciencia económica, al mercado y sus órdenes espontáneos.

Por último, la tecnocracia neoliberal se caracteriza por tres aspectos fundamentales: primero, el conocimiento de una sociedad no se puede alcanzar en el debate político ni por nuestra capacidad racional; segundo, el mercado es el mejor medio para administrar de un modo óptimo dicho conocimiento y, tercero, no debe permitirse que el conflicto político y social interfiera con el funcionamiento del mercado. De hecho, es preciso excluir la política de la toma de decisiones cuando atenta contra el mercado y sólo se puede permitir a los planificadores neoliberales -expertos en el mercado- conformar las reglas generales que permitan el funcionamiento correcto de la libre competencia y la libertad individual.