El número 237 de la Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales destaca por haber estructurado no sólo el dossier, sino también la primera sección, de artículos, alrededor de ejes temáticos definidos por geografías problemáticas y territoriales. Mientras que este apartado encuentra en México el foco de sus análisis, el dossier se construyó alrededor de América Latina. De este modo, el número se ha tejido, diferenciando y conjugando, lo nacional y lo regional en desafíos conceptuales y prácticos, a la vez comunes y diversos.

Tal como se proyectan los trabajos, quizá el sello distintivo del estado actual de las ciencias sociales sea el de un escenario promisorio en el que se dan cita una pluralidad de perspectivas disciplinarias, enfoques teórico-metodológicos e intereses intelectuales, que manifiestan un mosaico inédito de comunidades científicas. Entre las interrogantes que de ello se derivan, no es marginal aquella que se pregunta sobre el espacio en el que deberán formularse las mediaciones y articulaciones para permitir convocar los tránsitos e interacciones disciplinarias. Es necesario construirlas para permitir encuentros entre lógicas diversas con sus lenguajes especializados, recursos metodológicos y enfoques e identidades cognitivas. La investigación contemporánea ha puesto de manifiesto la necesidad de buscar los desplazamientos inter y transfronterizos que la realidad hoy requiere, para abordar el estudio de tendencias estructurales de largo plazo así como de coyunturas cambiantes. Por ello, la reflexión no gira alrededor de una concepción de la realidad social como esencia inmutable sino, por el contrario, como una capacidad dinámica de sucesivas y novedosas formulaciones.

Las disciplinas sociales se nutren de investigación empírica y de madurez teórica. En este sentido, y de un modo circular si se quiere, un sólido desarrollo conceptual permitirá un mayor aporte al análisis y a la formulación de políticas públicas informadas. La ausencia de una guía heurística empobrece la interpretación del dato. De allí que -junto a la efervescencia de un pensamiento con altos grados de agregación teórica y al resurgimiento de teorías normativas- la coyuntura se despliega como convocante al análisis social. Así, nuestra primera sección, regularmente conformada por la inherente diversidad de los artículos, reúne en esta ocasión trabajos que conjugan temas que son parte central de la investigación social y del debate político. Entre éstos, se hallan presentes la educación, los derechos humanos y la construcción de ciudadanía y democracia; el activismo político y las narrativas de actores e instituciones, sobre el trasfondo de la relación entre sociedad civil y Estado, sus convergencias y divergencias. El entramado problemático aspira a dar cuenta de los grandes temas que recorren el saber social y la conversación pública.

Diversas preguntas se hacen presentes. Cuáles son las dimensiones e instancias, así como los agentes sociales y las condiciones que orientan la convivencia social y la construcción de ciudadanía. Puede pensarse, en un contexto de creciente complejidad y especialización institucional, en experiencias que, basadas en el desencanto de la política y la propia crisis de las estructuras democráticas, permitan pensar lo político en los marcos no institucionales que definen las democracias liberales. De un modo más general, cómo dar cuenta de la simultaneidad de procesos de individualización (y creciente racionalidad) por una parte, y por la otra, la emergencia de identidades colectivas primordiales. La convivencia se da en los márgenes de Estados nacionales sometidos a presiones derivadas tanto de la globalización como de las tendencias localistas, atendiendo las tensiones y contradicciones de integración y desintegración. Ambos referentes inciden de manera diferenciada sobre la ciudadanía, y han avivado el conflicto entre los principios universalistas de las democracias constitucionales y los reclamos particularistas de las comunidades por preservar la integridad de sus estilos de vida habituales (^{Habermas, 1995: 255-256}).

La ciudadanía se debate a la luz de los binomios democracia/justicia, individuo/comunidad; derechos humanos/virtudes cívicas, implicando la identidad y autonomía del sujeto individual frente a las identidades colectivas, así como la vigencia de estas últimas. El liberalismo y el comunitarismo buscan respuestas a estos binomios. Destacan las visiones encontradas en torno a los arreglos distributivos, ya sea sobre la base de criterios procedimentales únicos y generalizables capaces de operar en cualquier condición y lugar o bien la concepción de la igualdad como una compleja relación de personas, regulada por los bienes que hacen, comparten e intercambian y que requiere de una diversidad de criterios distributivos. Como enfoque que prioriza el lugar de la comunidad en la construcción de la percepción de sus miembros y de sus demandas, el comunitarismo ha criticado lo que considera la imposibilidad del liberalismo de incorporar un sentido constitutivo de la comunidad política y la virtud cívica, derivadas de su concepción del individuo y de la prioridad de lo justo sobre lo bueno. En nuestro país, esta postura emerge en clave de comunalidad. Sin embargo, y a la par, el resurgimiento del concepto de ciudadanía podría ser interpretado como la búsqueda de una nueva síntesis entre el concepto de justicia (individual) y el de membresía (colectiva). Los conceptos normativos fundamentales han sido democracia (para evaluar procedimientos) y justicia (para evaluar resultados). A ambos se supeditó el concepto de ciudadanía.

El resurgimiento de la ciudadanía se ve alentado por procesos que han sido definidos a partir de los prerrequisitos del ordenamiento político: así, por ejemplo, se explican los enfoques que enfatizan que la democracia depende no sólo de la justicia de sus estructuras básicas sino también de las cualidades y actitudes de sus ciudadanos (^{Bokser, 2002}). Por ello, a su vez, la reemergencia de la idea de democracia ha asumido la forma de un renacimiento de la sociedad civil, el ámbito informal, no estatal y no económico de la vida pública y personal, como vital para el mantenimiento de un Estado democrático. Desde luego que pensar a la sociedad civil de frente al Estado obliga a revisar los acercamientos a la ampliación de la participación y a la recuperación de espacios de acción ciudadana -del Estado a la sociedad-. Esta tendencia refleja “el proceso de vaciamiento de la esfera política” originado en la sensación de desencanto, en la pérdida de credibilidad y representatividad y en el hecho de que los movimientos sociales han cooptado la producción de esperanzas y sentidos colectivos. Habría una suerte de minimalismo de la política (^{Lechner, 1997}) que ha desplazado las demandas ciudadanas hacia el espacio social, lo que tiene como consecuencia tanto el debilitamiento de la propia ciudadanía, como la pérdida de fuentes de representación y legitimidad de la política, por el otro. Ello se corresponde con una creciente privatización de la ciudadanía, anclada ya no tanto en representaciones comunes normativamente universales e incluyentes sino en diferencias, particularidades y fracturas. Tal vez la fuerza de los nuevos movimientos sociales radica tanto en su aspiración a ser constitutivos del espacio público, como a la realidad de que muchos de ellos están articulados alrededor de factores primordialistas.

Pensar la sociedad civil como terreno de encuentro exige tomar en cuenta los riesgos asociados a una visión homogeneizante de ésta, cuando es vista como sinónimo de comunidad (moral) a la que se aspira y la que estaría basada en la uniformidad (^{Cohen, 1985}). Esto nos relaciona con la necesidad de pensar mecanismos para regular el conflicto y la diferencia que permitan construir consensos y lidiar con el disenso. Se abre, así, un doble vector de reflexión que conduce a la posibilidad de recuperar la heterogeneidad como principio de construcción de la ciudadanía y como atributo de múltiples pertenencias; lo que exige pensar también el propio carácter heterogéneo y diverso de los grupos y de sus identidades colectivas. Esto es parte de las implicaciones del argumento liberal según el cual los miembros de un mismo grupo cultural pueden no compartir un mismo código moral o, en contrapartida, que una misma ética puede unir a personas de distintos orígenes étnicos (^{Aguilar, 1998}; ^{Bokser, 2002}).

A la luz de lo expuesto hasta aquí, cobra relevancia interrogarnos cuáles son los grados de inclusión y exclusión ciudadana y cuáles los espacios y arenas institucionales en los que se construyen. En otros términos, cuáles los mecanismos, las normas y los acuerdos que permiten enfrentar la creciente complejidad de nuestra sociedad, evitando segmentaciones y fracturas. Junto al reconocimiento de la diversidad social se fortalece el planteamiento que reivindica, en el marco del pluralismo político, la solidez de las instituciones y su eficiencia, ancladas en la participación y la creación de consensos ciudadanos, recuperando la importancia del Estado en el marco de sus transformaciones contemporáneas. La diversidad de condiciones y entornos arroja luz sobre el papel que los diferentes espacios de lo público están llamados a jugar como ámbitos de construcción de la coexistencia y de expresión de la diferencia, en nuevas articulaciones entre sociedad, política e instituciones, y el papel de las organizaciones e instituciones de la democracia en la regulación de los conflictos y, por tanto, en la construcción de los mecanismos de mediación y acción política. Partiendo de esta perspectiva, las instituciones resultan fundamentales porque son las que cultivan normas compartidas y moldean las interacciones para la elaboración de acuerdos (^{Katznelson, 1996}).

Desde estas reflexiones, a nivel macro, en las que nos aproximamos a los binomios expuestos, hemos procurado destacar la necesidad de superar un patrón de polaridad entre uno y otro extremo, buscar las mediaciones entre sociedad civil y Estado, individuo y comunidad, libertad y justicia, liderazgos y partidos, representación y participación…, aun reconociendo en el seno de los ordenamiento vigentes, la tensión entre dos ejes de prioridades: el de institucionalización, consolidación y permanencia, y el de diversidad, innovación y cambio. Así pues, podremos adentrarnos en las problemáticas estructurales y coyunturales agrupadas en las dos grandes secciones de este número de la Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales.

El número 237 inicia con el abordaje de una de las preocupaciones históricas del Estado mexicano: la educación. Frente a tales preocupaciones, las reformas al sistema educativo han sido constantes; los resultados, sin embargo, en muchos de sus ámbitos no han sido satisfactorios. Ante un escenario de heterogeneidad social, resulta difícil la aplicación estricta de las normas implementadas por el sistema educativo, pero también su anulación formal. El artículo de Henio Millán Valenzuela y Eduardo Pérez Archundia, titulado “Instituciones y educación en México: bienes preferentes, movilidad social y premodernidad”, problematiza la interacción, en clave de divorcio, entre instituciones formales e informales y cómo ello afecta los mecanismos que permiten que la educación se transforme de un bien meritorio a un bien meritocrático. Este divorcio ha propiciado la desactivación de todo intento de impulsar el conocimiento a través de la educación porque favorece la prevalencia de mecanismos informales que gozan de gran legitimidad, en virtud de que así lo exige el equilibrio entre actores sociales. Por su acercamiento conceptual, así como por su perspectiva analítica, es un trabajo que contribuye a desmitificar las soluciones en torno a la educación, así como a analizar las decisiones de política pública que se han tomado en la materia.

Por su parte, resulta ilustrativo el trabajo de Philipp Wolfesberger, “Lo político entre democracia y comunalidad”, en el que se propone una revisión teórica sobre las experiencias específicas de las comunidades indígenas. Este recorrido analítico se realiza desde la noción de poder solidario, entendido como un poder no jerárquico pero mandatorio y colectivo. El autor argumenta las formas en que la comunalidad aporta alternativas frente a la individualización del poder, apelando a un proceso político colectivo que permita crear en México condiciones para la inclusión política. Aquí vemos cómo este trabajo se inserta, en su propio giro conceptual, en el debate que atraviesa a las ciencias sociales, entre liberalismo y comunitarismo.

Pensar otras formas de construir lo político refieren también a la cultura política, que en algunos casos deviene parteaguas de activismo social. En el artículo titulado “Los ritmos de la rebeldía: la música en la formación política de estudiantes activistas universitarios” , Elí Orlando Lozano González identifica a los estudiantes activistas en la Universidad Nacional Autónoma de México como actores fundamentales para la vida política de la casa de estudios. A través del análisis de relatos de vida, el autor analiza el papel que tiene la música en la formación política de dichos actores, entendiéndola como un lenguaje que sustenta el discurso de rebeldía y resistencia en la identificación con otros individuos.

Ciertamente, el desarrollo del discurso y sus aplicaciones pragmáticas son una constante en los temas relacionados con el activismo de derechos humanos. Uno de los más grandes exponentes de ello es Javier Sicilia, fundador de uno de los movimientos por la paz más extendidos en México. Ricardo Tirado, autor del artículo “Javier Sicilia como celebridad trágica y los performances del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad”, argumenta que el uso de su tragedia personal, sus cualidades personales y su capital cultural y social permiten explorar el proceso de emergencia de Sicilia como líder en la convulsa realidad nacional. Mediante el análisis de diferentes tipos de performances que llevó a cabo dentro del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, el autor explora aspectos fundamentales de la acción colectiva organizada y cómo estos se articulan con grandes configuraciones socioculturales en el país.

Las estrategias discursivas, sin embargo, son también uno de los aspectos a analizar en el caso de las instituciones gubernamentales, pues llevan a legitimar políticas públicas que tienen impacto directo en la realidad nacional. Éste es el caso del Instituto Nacional de Migración, que ha sido denunciado por distintas instancias por el incumplimiento de la protección y respeto a los derechos humanos de los migrantes en tránsito por el país. El artículo presentado por Eduardo Torre Cantalapiedra, “Derechos humanos y estrategias de encubrimiento y legitimación en discursos del Instituto Nacional de Migración sobre la transmigración por México”, identifica los mecanismos discursivos que se utilizan por parte de esta institución para el enmascaramiento y justificación de las actuaciones de control migratorio en el período de 2013 a 2018, pretendiendo que las medidas concretas que se han llevado a cabo para la protección de los derechos de los migrantes han sido un logro, cuando en realidad son insuficientes.

Las evaluaciones de la creación y aplicación de política pública en México deben impactar la creación de programas en todos los ámbitos, desde el migratorio hasta la recuperación de sistemas socio-ecológicos devastados por la acción humana. El artículo “La gestión compartida en los programas de conservación de especies amenazadas en México; mecanismos y actores”, escrito por Rubí Fabiola Alderete-Domínguez, Alejandro Ortega-Argueta, Eduardo Bello Baltazar y Eduardo J. Naranjo Piñera, realiza una evaluación de uno de los formatos de la gobernanza aplicados en México: la gestión compartida. A través de la creación de redes de colaboración y confianza entre actores, diferentes etapas de organización institucional, así como una fuerte participación ciudadana, se puede mejorar la implementación de los programas a largo plazo. Esto permitiría combatir las condiciones que afectan a las especies amenazadas, como el cambio climático y la contaminación industrial, que llevan a una crisis del medio ambiente.

Las evidencias de la devastación ambiental deben permitir a los investigadores cuestionar, del mismo modo, la forma en que se desarrollan sus propios proyectos académicos y cómo son financiados. En el caso de México la investigación científica se realiza principalmente en instituciones públicas, que exigen del investigador un compromiso social que permita el desarrollo de su entorno. No obstante, en vista de la vulnerabilidad académica y política de este sector, el financiamiento privado puede ser una salida considerada por los investigadores. Alejandro Espinoza Tenorio analiza este dilema ético en su trabajo “¿Mancharse las manos de negro? El dilema ético de la investigación en territorios petrolizados”, centrándose en el caso de las investigaciones llevadas a cabo en territorios ricos en hidrocarburos. El científico, argumenta, debe ponderar ética y conscientemente su participación, especialmente en contextos como el de la Reforma energética mexicana.

Nuestro dossier, titulado Perfiles de liderazgo, ordenamientos institucionales y geoestrategia en América Latina, se centra en tres de los fenómenos coyunturales más importantes que atraviesan la región: el desarrollo de liderazgos personalizados que devienen regímenes populistas, el reordenamiento geoestratégico que es fundamental en las dinámicas regionales, y el reajuste de las instituciones latinoamericanas para responder a los retos internos y externos que enfrenta la compleja sociedad contemporánea. Entre los múltiples desafíos de las transiciones y de la consolidación de la democracia en América Latina figura, sin duda, la capacidad de combinar los cambios institucionales formales con la creación y expansión de prácticas democráticas y de una cultura de la ciudadanía (^{Opazo, 2000}).

Y es en estos contextos que nos enfrentamos con la cuestión de los liderazgos personalizados contemporáneos y su papel en la transformación de las democracias liberales en democracias iliberales.

Como hemos analizado previamente, así como en números anteriores de la Revista, la preocupación por los destinos de la democracia se ha extendido, ya sea enunciada como desencanto, desconsolidación, regresión, desdemocratización o como muerte de la democracia liberal. Las diferentes definiciones acentúan dimensiones diversas y complementarias. La reciente literatura al respecto confirma esta última afirmación (^{Bokser, 2018}). Una vez garantizada la realización de elecciones libres, los procesos de consolidación del cambio democrático han desplegado nuevas exigencias. La democracia tiene necesidad de un Estado de derecho, es decir, un Poder Ejecutivo constreñido constitucionalmente y de facto por el poder autónomo de otras instituciones gubernamentales; que los ciudadanos tengan múltiples canales de expresión y de representación más allá de las elecciones; la ampliación de fuentes alternativas de información; igualdad política ante la ley, aunque sean desiguales los recursos políticos; canales de expresión para las minorías; que las libertades individuales y grupales sean protegidas por un Poder Judicial autónomo y no discriminatorio cuyas decisiones sean respetadas por otros centros de poder; una autoridad política balanceada y derechos individuales y grupales asegurados (^{Dunn, 1993}).

En los diagnósticos de crisis de la democracia, sobresale la alienación de las élites y el consiguiente quiebre entre la voluntad popular y el gobierno, conduciendo a una nueva paradoja de liderazgos poderosos. Ello se aúna a la brecha profunda entre la legitimidad de las instituciones públicas y la confianza que debería derivar de una estructura democrática madura y cohesionada (^{Blesznowski, 2012: 332}). En este contexto crítico, ^{Carlos de la Torre (2016)} lanza una pregunta que sirve para cuestionarnos sobre los regímenes populistas: ¿cómo explicar la incongruencia de proyectos democratizadores que terminaron minando la democracia? A pesar de que existen situaciones específicas, para responder a esta pregunta, lo central es considerar la forma en que se construyen los sujetos populares en una relación antagónica con las instituciones; particularmente en contextos de crisis de legitimidad que sufren la democracia y organizaciones políticas en la actualidad.

En cierto modo, los movimientos populistas, tales como el chavismo o el bolsonarismo, se construyen a partir de constelaciones en las cuales liderazgo y voluntarismo desafían la institucionalidad democrática. Surgidos como respuestas a las fallas de los gobiernos democráticos, particularmente a la corrupción y a la desigualdad, así como a la falta de políticas distributivas efectivas que regulen las capacidades productivas y reduzcan la marginación no es exclusivo de América Latina, pero afecta especialmente a países con una gobernanza endeble. La corrupción sistemática dota de legitimidad a la retórica populista e inspira a los ciudadanos a apoyar regímenes que prometen un cambio radical, sin tomar en cuenta los riesgos que conlleva el desmantelamiento de las instituciones democráticas (^{Hawkins, 2015}). En el caso de Venezuela, la figura de Hugo Chávez se convirtió en un hito que mantuvo, y mantiene, el régimen chavista. Este liderazgo, sin embargo, no se sostiene por sí mismo, sino que requiere de un entramado propagandístico alrededor de la figura del líder carismático. El artículo de Carmen Geraldine Arteaga Mora, “Amor y chavismo: espacio público y propaganda en el Socialismo del siglo XXI”, profundiza en el papel que el amor tiene como recurrencia en el discurso chavista, amparado en un proceso de sacralización política. El término se convierte en antagónico del respeto de la libertad individual, en función de una visión colectivista de los significados y las necesidades.

La tensión entre las libertades individuales y colectivas es una constante dentro de los regímenes populistas, tanto de izquierda como de derecha. Sin embargo, este tipo de regímenes no surgen de la nada: existe una trayectoria histórica que permite dar cuenta de las coyunturas sociopolíticas de esta índole. Este es el enfoque del artículo “Brasil y el ‘fenómeno Bolsonaro’: un análisis preliminar”, en donde Gustavo Moura de Oliveira y Marília Veríssimo Veronese explican los resultados de las elecciones de 2018 en el país latinoamericano, resaltando la problemática histórica no resuelta, los conflictos internos del PT, las jornadas de junio de 2013 y el golpe de 2016 como puntos clave para la aparición de lo que ellos llaman “la institucionalización del fascismo”. A pesar de que consideramos apresurada la categoría de fascismo para designar el régimen brasileño, y consideramos más precisa la categoría de populismo, este trabajo tiene aportes importantes para explicar los antecedentes e implicaciones del gobierno de Jair Bolsonaro.

La fortaleza de los regímenes populistas incrementa cuando las estructuras democráticas son débiles (o se debilitan), eliminando los pesos y contrapesos que se requieren en democracia. La figura presidencial juega, incluso dentro de las democracias liberales, un papel central; muchas veces pudiendo ejercer vetos sobre las decisiones que se toman desde el poder legislativo. Matheus Lucas Hebling y Flavio Contreras analizan el caso comparativo de Estados Unidos y Brasil en su artículo “Presidential Power, Vetoes, and Public Policy: A Comparative Study between Brazil and the United States”. En este trabajo se cuestionan los resultados que se dieron durante un período de 16 años en la aprobación de política pública y cuál fue la importancia de la figura presidencial frente a diferentes sistemas legislativos y partidistas, así como el uso del veto como ejercicio de poder.

El siguiente trabajo que integra el dossier da parte de otra cara del liderazgo y remite al papel de Brasil en el escenario regional: el uso de los océanos. Los océanos son pivotes fundamentales tanto en las estrategias geopolíticas clásicas como en las contemporáneas, pero siempre dependen de las aspiraciones estratégicas que se planteen como objetivos. En el artículo “Geostrategic visions on the South Atlantic: Brazil and Colombia, a comparative approach”, Gisela da Silva Guevara da cuenta de la forma en que se genera un reajuste en la dimensión geoestratégica, a partir de visiones a largo plazo muy distintas: Colombia se consolidó como un referente en materia de seguridad, mientras que Brasil planteó estrategias que le permitieran desarrollar cuestiones de esta índole pero también de desarrollo y autonomía, culminando en un liderazgo regional.

La última parte del dossier refiere a las nuevas configuraciones que se desarrollan en los ordenamientos institucionales latinoamericanos. Una de las grandes problemáticas en la región durante décadas ha sido el gran nivel de desigualdad que, lejos de disminuir, parece aumentar cada vez más. Explorando un área poco debatida de los estudios sobre desigualdad, Gonzalo Assusa realiza una apuesta metodológica innovadora, poniendo en jaque los diferentes modos en que la teoría social busca abordar la desigualdad, rebatiendo que limitarse sólo a un enfoque cualitativo o cuantitativo limita el entendimiento del fenómeno, particularmente en la cuestión de las adscripciones valorativas sobre el mismo. El artículo, “Repertorios de legitimación e impugnación moral de las desigualdades. Un estudio de las fronteras simbólicas de clase en Córdoba, Argentina (2003-2015)”, recurre a relatos sobre trayectorias y situaciones vividas para abordar las ambivalencias valorativas y los sentidos prácticos de legitimación e impugnación de las desigualdades.

Por otro lado, Paula Andrea Tose Vergara y Nicolás Ortiz Ruiz presentan el artículo “Análisis de política pública centrado en actores: violencia por conflicto armado y construcción de paz en el Cauca. 2012-2014”, en donde se analiza la ampliación que se dio en las fuerzas que disputaban e implementaban las políticas públicas dentro de los países latinoamericanos gracias a los procesos de globalización. El conflicto armado en Colombia, particularmente en la zona del Cauca, es un ejemplo de esta complejidad de actores e intereses, haciendo necesario este análisis de los procesos de toma de decisiones en torno a las políticas de paz y desarrollo, y qué papel toman los distintos actores en las mismas.

Para concluir este rico y complejo dossier, se encuentra el artículo “Reformas de mercado y acuerdos comerciales en América Latina (1970-2015)”, que informa del incremento en el número de acuerdos comerciales que se dio a partir de los procesos de reorganización de los mercados a partir del declive de los regímenes proteccionistas a finales del siglo XX e inicios del XXI. Rodrigo Andrés Cuevas Ossandón plantea, a través de un modelo estadístico, que este aumento se debe a la implementación de las reformas de mercado, contrario a algunas explicaciones que se han dado tradicionalmente, como el aumento de los niveles de democratización.

En la última sección del número, Axel Velázquez Yáñez presenta una nota de investigación titulada “Las cuatro etapas discursivas que dan cuenta de una evolución en la ideología oficial respecto al tema energético en México”, en donde desarrolla un análisis sobre este tema desde la segunda mitad del siglo XX hasta la reforma energética de 2013 en el país.

Del mismo modo, se incorporan dos reseñas que consideramos pertinentes: “Repensar la construcción de la sociedad democrática en América Latina”, de Javier Contreras Alcántara, que refiere al libro escrito por Jeffrey ^{Alexander y Carlo Tognato (2018)}; así como “Más allá de la transparencia, marcos de referencia para el abordaje e implementación del Gobierno Abierto en México”, escrita por Eréndira Sarahí Pérez Ponce, sobre el libro de Rafael ^{Martínez Puón (2017)}.

Así, el presente número da cuenta de los procesos y las encrucijadas a las que se enfrenta América Latina: desde el caso particular de México y sus tensiones entre las instituciones y otras formas democráticas, hasta el continente en su conjunto, en el marco de procesos de transformación y sus contradicciones.