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Introducción
Dada la proliferación de investigaciones en torno a la memoria y el olvido y la creciente necesidad social de la verdad sobre los hechos violentos del pasado, nos encontramos hoy frente a una disputa sobre el recuerdo y la verdad de los eventos históricos. Esto ha hecho que el pasado sea “un campo de batalla constante” que es impulsado, en parte, por la “petición social de conocimiento” y verdad, lo que ha sido abordado por el Estado y la sociedad civil a través de políticas de memoria (Jelin, 2002, 2014; Traverso, 2012; Andriotti y Barragán, 2017; Allier y Crenzel, 2016).
Inicialmente podríamos creer que las políticas de la memoria pueden ser entendidas como los discursos, historias y políticas implementadas por el Estado y las élites, en tanto que son las instituciones encargadas de emitir y velar por la construcción de una memoria hegemónica (Aguilar Fernández, 2008). En contraposición a esta idea, Groppo (2002) abre dicha noción hacia la sociedad civil, señalando que estas políticas pueden tener diversas formas, tales como: conmemoraciones, monumentos, preservación de “lugares de memoria”, creación de instituciones encargadas de la conservación o de la memoria, implementadas por la misma ciudadanía y/o las organizaciones sociales.
En este sentido, los colectivos seleccionan ciertos aspectos del pasado, les dan un significado particular y, a través de dicho significado, definen el modo, el contenido y los límites de la memoria social que desean desarrollar (Groppo, 2002). Por tanto, de acuerdo con este autor, las políticas de la memoria son
acciones deliberadas, establecidas por los gobiernos o por otros actores políticos o sociales con el objetivo de conservar, transmitir y valorizar el recuerdo de determinados aspectos del pasado considerados particularmente significativos o importantes. (Groppo, 2002: 192)
Siguiendo a Solís (2012), las políticas de memoria se pueden dividir en tres tipos: a) simbólicas, todas aquellas medidas destinadas a resarcir la memoria de las víctimas y de la sociedad, por medio de expresiones simbólicas y/o artísticas a través de acciones de recuperación del pasado en el espacio público, tales como monumentos, plazas, nombres de calles, museos y la difusión educativa de los derechos humanos; b) de reparación, medidas encaminadas a resarcir a las víctimas de manera administrativa, ya sea con pagos económicos o prestacionales; y c) de justicia, aquéllas que buscan la verdad y crean las condiciones para el establecimiento de los modelos transicionales.
Así, en consonancia con lo planteado por Groppo (2002), en el presente texto partiremos de la noción de políticas de memoria propuesta por Vinyes (2009), la cual hace referencia a la existencia de una política pública y/o a las acciones políticas ciudadanas, prácticas políticas de grupos -no necesariamente vinculados con el Estado- cuyo horizonte principal es la defensa y transmisión de las memorias de la violencia política y de las violaciones a los derechos humanos. Por tanto, este estudio se ubica en la tensión entre las acciones instituidas por parte de espacios e instituciones gubernamentales y aquellas otras provenientes de la acción ciudadana, donde los flujos sociales ofrecen una complejidad mayor a la idea de una acción teológica que -se plantea- tiene su origen en las instituciones.
En este trabajo, acogemos la necesidad que existe en el contexto hispanoamericano de ofrecer un ejercicio investigativo que nos permita señalar el carácter de las políticas de memoria que se han realizado. Así, en el marco de este escrito, encontramos un vacío en la literatura académica, ya que no se cuenta con estudios que propongan una revisión actualizada de la temática en los últimos años y que aglutinen los principales desarrollos en torno a ella. En ese sentido, el presente artículo se constituye en un aporte, en tanto que posibilita conocer el estado actual de las investigaciones, así como las principales características, conceptualizaciones, abordajes y autores que han trabajado sobre las políticas de la memoria vinculadas con las violaciones a los derechos humanos. Esto con el fin de indagar el grado de cristalización que pueda existir sobre el recuerdo y el peso relativo que tiene la ya mencionada “petición social de conocimiento” (Traverso, 2012).
Por tanto, el objetivo es realizar una revisión bibliográfica de las investigaciones recientes sobre las políticas de la memoria vinculadas a las violaciones de los derechos humanos, para así ofrecer una descripción sobre sus principales características, tipologías, perspectivas y abordajes conceptuales empleados en el ámbito académico. Vale la pena aclarar que este tipo de ejercicio de revisión nunca podrá ser definitivo, ya que habrá textos que han quedado fuera2 y siempre existirán nuevas literaturas posibles de explorar.
Metodología
Este trabajo está construido con base en la revisión bibliográfica de distintas investigaciones teóricas y empíricas sobre las Políticas de la Memoria. Para ello se estableció una delimitación temporal3 de las investigaciones realizadas en los últimos diez años (2008-2018), publicados en libros, artículos de revistas especializadas y tesis de maestría o doctorado, en tanto son las formas de publicación de resultados mayormente empleadas en el ámbito de la investigación. El campo temático de los textos revisados se situó específicamente en el referido al abordaje de las políticas de memoria sobre conflictos bélicos o dictaduras militares de la historia reciente, puesto que el interés actual por la memoria está referido, principalmente, a las violaciones a los derechos humanos producidas en estos contextos. Por otro lado, se tuvieron en cuenta otros criterios de búsqueda sumados a la delimitación temporal (20082018); el idioma, textos escritos en castellano e inglés, y la delimitación geográfica, así como trabajos referidos a Hispanoamérica, Europa y África.
Para los artículos consultamos las bases de datos SCOPUS, EBSCO, WOS, Science Direct, SciELO y Dialnet. Éstas fueron seleccionadas porque recogen la producción bibliográfica en revistas de alto impacto en Ciencias Sociales y Humanidades. Para la revisión de las tesis, se llevó a cabo una búsqueda desde la Biblioteca Digital de la Universidad de Chile, que permite el acceso al catálogo de las 48 bibliotecas de la Universidad, así como el acceso al portal de tesis de 41 instituciones académicas de América Latina, incluyendo los trabajos de la misma Universidad, siendo éste un repositorio que recoge específicamente publicaciones en formato de tesis. Por último, para completar la búsqueda se revisaron libros referenciados en los artículos y tesis consultadas o recomendados por académicos y académicas expertos en este campo de estudio.
La exploración fue realizada utilizando descriptores como políticas de memoria, políticas del recuerdo, acciones políticas de memoria, políticas oficiales de memoria y políticas no oficiales de memoria. Éstos corresponden a las diferentes formas de nombrar o comprender el tema. Del total de los textos encontrados, se eliminaron los duplicados, dada la revisión de diferentes bases de datos.
Asimismo, se eliminaron aquéllos que no tuvieran como tema central las políticas de memoria oficiales y no oficiales referidas a violaciones a los derechos humanos vinculadas con conflictos bélicos o dictaduras militares en la historia reciente. Esto ha implicado dejar fuera aquellos trabajos que se ocupan de otros procesos, entendidos también como de políticas de memoria, sobre aspectos como la patrimonialización del pasado colonial o el análisis sobre políticas de memoria institucionales en el siglo XIX para la construcción de identidad nacional en la configuración de las repúblicas en América Latina. Estas políticas tienen como fin instalar una metanarrativa que apela a los procesos coloniales, independentistas y la construcción de la idea nación. Tampoco se abordaron aquellas iniciativas referidas a formas de victimización no vinculadas directamente con los conflictos armados o las dictaduras, como iniciativas para promover políticas de memoria en el marco de luchas feministas en torno a la violencia sexual, los feminicidios, etc. Si bien reconocemos la importancia de estos trabajos, consideramos que ameritan una revisión específica en torno a cada uno de los temas mencionados. Por otro lado, esta delimitación temática obedece al objetivo específico de esta investigación.
Por último, se construyó una base de datos con 128 publicaciones (93 artículos, 27 libros, 8 tesis), que cumplieron con los criterios propuestos. Posteriormente se llevó a cabo una revisión de la base de datos, considerando el título, palabras clave y resumen de tales trabajos. Se descartaron cuarenta y seis publicaciones en la fase final puesto que, en la revisión de su contenido, se encontró que no cumplían con los criterios propuestos, considerando como criterio de inclusión la referencia explícita a las políticas de memoria oficiales o no oficiales (en sus diferentes acepciones). El corpus final de análisis se compuso de 82 publicaciones que fueron revisadas a texto completo y sometidas a un análisis de contenido categorial (Bardin, 1991; Krippendorff, 2018) que permitió el examen sistemático de los distintos elementos de los textos para delimitar contenidos y descubrir las relaciones entre ellos; de esta manera fue posible establecer relaciones con todo el corpus. La realización de esta tarea se estructuró en tres etapas: 1) Una etapa de preanálisis, en la que se seleccionaron los textos de la revisión y se realizó una lectura general teniendo en consideración los objetivos de investigación y criterios de selección; 2) una fase de codificación donde se generaron las unidades de análisis y se identificaron los primeros tópicos, y 3) una etapa de categorización donde los tópicos y unidades se condensaron en categorías que sirvieron para esbozar los títulos del apartado de resultados (De Oliveira, 2008).
Resultados
La producción bibliográfica sobre las políticas de memoria tiene lugar en diferentes contextos históricos y geopolíticos, principalmente sociedades que han realizado tránsitos de dictaduras militares a democracias o de conflictos armados o guerras civiles a procesos de paz y posconflicto. En el caso específico de esta revisión, consideramos estudios realizados en América Latina, España, Medio Oriente y Sudáfrica, contextos en los cuales se encuentra una alta producción académica en torno al tema. En América Latina destacan los trabajos realizados en el Cono Sur, así como los más recientes en Brasil, Colombia, Guatemala y México. También se encuentra un importante grupo de publicaciones realizadas en España en los últimos años, referidas a procesos de políticas de memoria recientes en torno a las violaciones de derechos humanos ocurridas en la dictadura franquista; por último, y en menor proporción, se revisaron algunos trabajos referidos al Medio Oriente y Sudáfrica. El tema de las políticas de memoria ha sido estudiado desde múltiples disciplinas como la historia, geografía, psicología, psicología social, sociología, derecho, ciencias políticas, antropología, comunicación social y educación. También se encuentran trabajos desde perspectivas multidisciplinares como los estudios culturales o estudios latinoamericanos y miradas conjuntas desde diversas disciplinas de las ciencias sociales.
Los resultados se dividen en tres partes, en las que se presentan las principales líneas analíticas desde donde los estudios abordan las políticas de memoria. Encontramos, en un primer momento, los abordajes conceptuales de las políticas de memoria; en el segundo, los contenidos y ejecución de dichas políticas; y, por último, una sección en la que se analizan las perspectivas críticas.
Abordajes conceptuales en torno a las políticas públicas y acciones políticas ciudadanas de memoria
La noción de políticas de memoria comenzó a ser empleada en el ámbito de las ciencias políticas, sociales y humanas a finales de los años ochenta y durante los noventa, bajo el interés de comprender los modos en que recuerdan las sociedades que han enfrentado pasados de violencia y represión política y los efectos que de ello se desprenden, haciendo énfasis en las implicaciones que conlleva la construcción de memorias en el establecimiento de un orden político social (Aguilar Fernández, 2008). Este interés por las políticas de memoria se ha extendido por Europa y América Latina, por lo que en la actualidad hay un nutrido desarrollo teórico y académico en este campo que denota una preocupación, no sólo por la memoria del pasado reciente, sino también por el posicionamiento político que ella implica (Jelin, 2014; Reyes, 2015).
Como se mencionó, en el presente trabajo hemos asumido una concepción de política de memoria desde dos dimensiones: la oficial y la no oficial. Esta división asume que existen políticas que proceden del Estado o de autoridades reconocidas y otras que no obedecen a éste, sino que provienen de la sociedad civil. En los abordajes teóricos de este tema existe un cierto consenso en torno a esta idea de la doble procedencia de las políticas de memoria;4 sin embargo, para su estudio se proponen diferentes modos de relación entre ambas (esta idea será retomada más adelante).
Una política pública, según el artículo de Solís (2012), titulado “El peso político del pasado: factores que inciden en la formulación de las políticas de la memoria en Argentina y Chile”, se puede definir como un programa de acción formulado por una autoridad dotada de poder político y legitimidad gubernamental que afecta a un sector de la sociedad o bien a un espacio geográfico determinado y que representa el intento por definir problemas y articular respuestas para ello.
Así, las acciones adelantadas por los Estados en torno a las memorias del pasado y sus demandas pueden ser consideradas como políticas públicas, por su carácter público y su formulación como problemas que exigen la atención gubernamental y que están cruzados por una serie de factores de diverso tipo que no pueden ser obviados. En ese sentido, una política pública hacia el pasado sería resultado de la gestión gubernamental sobre el manejo de las memorias en el seno de una sociedad, a través de medidas políticas, sociales, jurídicas, económicas y culturales. Esto implica, como en toda política pública, que la toma de decisiones funciona en múltiples niveles y que en ella participan diversos agentes (Solís, 2012).
Las políticas públicas de memoria suelen ser formuladas durante las transiciones políticas de sociedades que enfrentaron pasados violentos (dictaduras militares, conflictos armados, guerras civiles, etc.), por lo que tales políticas se constituyen en las formas en que “los Estados dan respuesta a un pasado de violaciones a los derechos humanos, a través de políticas enmarcadas en múltiples disciplinas y debates políticos, conjugando lenguajes heterogéneos” como lo exponen Garretón, González y Lauzán (2011: 11) en su texto Políticas públicas de verdad y memoria en 7 países de América Latina, en el que hacen un estudio comparativo sobre las políticas de la memorias de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay, Perú y Uruguay. En este tipo de políticas en concreto
su formulación depende en gran medida de las condiciones de partida (tipos de transición política), la fortaleza de las viejas élites autoritarias, el nivel de socialización de los regímenes no democráticos y los marcos institucionales. (Sieder, 2002; Bolaños, 2007; Barahona de Brito et al., 2002, citados en Solís, 2012)
En estas sociedades se crean diversas instituciones encargadas de operar las políticas públicas de memoria, normando cómo se debe recordar, interviniendo en la construcción de determinados relatos sobre el pasado y cristalizando la voluntad política de recordar de los gobiernos (Castillejo, Rueda, Agudelo y Quincena, 2015). De acuerdo con la propuesta de Irazuzta y Gatti, (2017) en su libro Mundo de víctimas,5 el andamiaje institucional que tiene la función de producir y operar estas políticas públicas cuenta con los siguientes ámbitos de actuación: el jurídico-legal, el administrativo y el asistencial, “cada uno produce un tipo de discurso que entendemos como formas y fórmulas reguladas y negociadas de verdad que se traducen en prácticas concretas” (Irazuzta y Gatti, 2017: 187).
En el aparato jurídico-legal, se sitúan los poderes legislativo y judicial, donde la ley es la instancia definitoria de reconocimiento institucional del deber de recordar. Por efecto, la ley indica qué recordar, quién es el sujeto legítimo para hacerlo y los mecanismos e instituciones responsables para esto. El reconocimiento legal es fundamental ya que, a través de las múltiples disposiciones de la ley, se pone en ejercicio a la administración de justicia y los demás aparatos institucionales. El aparato administrativo está conformado por las diferentes administraciones públicas y algunos organismos privados o civiles. Sus funciones son variadas, pero se concentran en ejecutar lo dispuesto por la ley: la investigación del pasado, la creación de museos y lugares de memoria, el diseño de estrategias de trabajo con víctimas, la construcción de relatos unificadores del pasado, etc.
Podría decirse que este aparato materializa el imperativo de recordar a través de múltiples estrategias. Por último se encuentra el aparato asistencial, conformado por los organismos dedicados a servicios sociales (Irazuzta y Gatti, 2017). Lo integran los propios profesionales que trabajan directamente en el tratamiento de las víctimas, mediante múltiples estrategias, una de las cuales es la de hacer uso de la memoria como herramienta terapéutica para resignificar el pasado doloroso y elaborar las experiencias traumáticas (Villa, 2014).
Por otra parte, como afirmamos, las políticas de memoria se entienden como acciones deliberadas, establecidas no sólo por los gobiernos, sino también por otros agentes políticos o sociales, con el objetivo de conservar, transmitir y valorizar el recuerdo de determinados aspectos del pasado considerados particularmente significativos o importantes (Groppo, 2002). En ese sentido, se plantea que las acciones políticas ciudadanas, cuyo horizonte principal es la defensa y transmisión de las memorias de las violaciones a los derechos humanos, también son entendidas como políticas de memoria (Piper-Shafir, Fernández-Droguett e Iñiguez, 2013). Definidas por algunos autores como políticas de memoria no oficiales o iniciativas no oficiales de memoria.6 Otros estudiosos para referirse a estas iniciativas usan la noción de acciones políticas de memoria o acciones públicas de memoria (Andriotti, 2011; Gil, 2012; Villa, 2014).
Aunque un gran número de los trabajos revisados coinciden con esta doble procedencia de las políticas de memoria, en el análisis del material bibliográfico, encontramos que proponen diferentes modos de relación entre ambas. En algunos casos esta relación es de oposición, en otros se establece una relación jerárquica y en algunos más se plantea su carácter de interdependencia.
Un grupo de trabajos plantea una relación de oposición entre las acciones políticas ciudadanas, construidas con base en nociones como memorias subterráneas, memorias populares, memorias subalternas, versus aquellas políticas públicas sustentadas en memorias oficiales, memorias hegemónicas o memorias dominantes.7 Desde esta perspectiva, las acciones políticas ciudadanas, también entendidas como políticas de memoria no oficiales, se asumen como el deber ético y político de dar voz a los sin voz, promoviendo el antagonismo frente a la memoria oficial (Reyes, 2015) o memoria hegemónica, por lo que su propósito es el de constituirse en una contramemoria o memoria de las minorías y de los grupos no hegemónicos, vinculada a la memoria de las víctimas y los vencidos y de los colectivos olvidados en su momento por la memoria oficial (García, 2009).
En otros trabajos se propone una relación jerárquica entre ambas formas de políticas de memoria. Por lo tanto, se considera que el fin último de las iniciativas de memoria no oficiales es su incidencia en las políticas públicas sobre este tema; es así como las luchas de los movimientos sociales, las organizaciones de víctimas y todos los colectivos organizados en torno a la memoria tienen como meta incidir en políticas de memoria oficiales (Andriotti, 2011; Aguirre, 2014; Jelin, 2014, 2017; Winn, Stern, Lorenz y Marchesi, 2014; Villa, 2014; Oliva, 2015). Un ejemplo de los abordajes desde esta perspectiva es el trabajo de Villa (2014) en Colombia, quien plantea que las razones, propósitos y motivaciones de las acciones políticas de memoria se dividen en tres niveles: un nivel afectivo, personal y relacional en el que la memoria permite dignificar al ser querido, mantener el recuerdo vivo, enfrentar el dolor y como forma de afrontamiento. Después está el nivel de incidencia social, en el que se realizan acciones públicas de memoria como aspiración al cese del conflicto armado, como lugar ético y moral que afronta la injusticia, como búsqueda del reconocimiento social de los hechos, como forma de visibilización de la realidad de las víctimas, etc. Y como fin último, está el nivel de incidencia política, “en el que se busca la no repetición de los hechos, incidencia en el Estado, luchar por la verdad, la justicia y la reparación en contextos de impunidad” (Villa, 2014: 327).
Por el contrario, hay otro grupo de trabajos que sostienen que no es posible pensar una sin la otra, en tanto que, si se entiende a la acción política como performativa, entonces dicha separación no es tal; por tanto, se trata sólo de distintos campos de acción. En ese sentido, puede plantearse que las políticas de Estado inciden en las prácticas de las organizaciones y las acciones de éstas últimas dan cuerpo a las políticas de Estado (Piper-Shafir, Fernández-Droguett e Iñiguez, 2013; Herrera y Cristancho, 2013; Reyes, 2015). De esta manera, en el artículo titulado “Políticas de memoria desde discursos cotidianos: la despolitización del pasado reciente en el Chile actual”, Reyes, Muñoz y Vázquez (2013) proponen que las políticas de memoria no sólo se configuran desde las acciones comandadas por lugares institucionales y realizadas desde “emisores de la memoria” y/o “emprendedores de la memoria”, sino que también se despliegan desde lugares que no logran distinguirse claramente al modo de una institución y/u organización, aunque constantemente están condicionadas por ellas, se trata entonces de
acciones que se producen en la vida cotidiana, ahí donde tarde o temprano nos enfrentamos con el otro y con lo otro, emergiendo diferencias, colisiones, confrontaciones; un espacio que se conforma y define desde y en las diferencias y conflictos, siempre contingentes y precarios. (Reyes, Muñoz y Vázquez, 2013: 345)
Caracterizaciones de las políticas de memoria
Existe un nutrido grupo de investigaciones que se ocupan de describir las políticas de memoria de carácter oficial, presentando sus características, objetivos, antecedentes, instituciones que participan, marco legal, periodo histórico en el que se producen, informes relacionados, tipos (simbólicas, de reparación, de justicia), entre otros aspectos (Aguilar Fernández, 2008; Collins, Hite y Joignant, 2013; García, 2009; Garretón, González y Lauzán, 2011; Stabili, 2012; Da Silva, 2014; Larralde, 2014; Martínez y Silva, 2014; Sosa y Ferreira, 2014; Villa y Barrera, 2017). El análisis de dichos estudios permite conocer las formas en que los Estados han asumido el imperativo de verdad y de memoria, establecer los diferentes modos de nombrar y recordar, los cambios que han atravesado dichas nociones con el correr de los años o la distribución geográfica de las iniciativas identificadas.
Entre los trabajos más significativos de este tipo se encuentran el producido por Garretón, González y Lauzán (2011), en el cual se lleva a cabo un estudio sobre las principales políticas públicas de búsqueda de la verdad y memoria en Argentina, Brasil, Chile, Bolivia, Paraguay, Perú y Uruguay. En él se analizaron las políticas generadas a partir de la transición a la democracia en cada país en su historia reciente, haciendo una sistematización cuantitativa de 247 políticas públicas, en el que cobra relevancia el periodo en el que aparece la ley, el nivel (nacional, regional o local) y el tipo de política. También es relevante mencionar el libro No hay mañana sin ayer, de Winn, Stern, Lorenz y Marchesi (2013), donde se analizan los progresos realizados en materia de memoria por Argentina, Chile y Uruguay sobre todo en las décadas de los ochenta y noventa, indagando así en la contribución de diversas iniciativas a la construcción de memorias y de una cultura política de derechos humanos.
Otro importante trabajo de este orden es el libro Políticas de la Memoria y Memorias de la Política (Aguilar Fernández, 2008), en el que se estudian las políticas de la memoria que sobre la guerra desarrolló el franquismo y llama memorias de la política a las lecciones que de ello se extrajeron y manifestaron durante la transición española. La autora realiza un estudio comparativo de estas políticas con las políticas de memoria desarrolladas en Chile y Argentina, caracterizando el contexto histórico de su emergencia, además de llevar a cabo un análisis teórico, estadístico, jurídico y politológico de estos procesos.
De igual forma, encontramos estudios, como el llevado a cabo por Sosa y Ferreira (2014), quienes elaboran una caracterización de políticas de memoria referidas a las dictaduras de las décadas de 1960, 1970 y 1980 en Brasil y Uruguay; los trabajos de Fabri (2013) y Larralde (2014), que proponen sistematizaciones de políticas de memoria de contextos locales en Argentina, describiendo la configuración de instituciones y actores sociales, los alcances y limitaciones de éstas. Asimismo Stabili (2012), aporta una historiografía sobre la transición en Paraguay, en la que aborda los distintos momentos de configuración de las políticas de memoria, desde 1992, con el descubrimiento de los “Archivos del Terror” y hasta la constitución y funcionamiento de la Comisión de Verdad y Justicia.
A su vez, un trabajo desarrollado en Bolivia realiza una revisión de las políticas de memoria oficiales en este país referidas a las dictaduras entre 1964 y 1982, para resaltar la ausencia de éstas y el poco compromiso del presidente Evo Morales en su formulación (García y Müller, 2015). Los autores plantean que la estrategia narrativa propuesta en las políticas de memoria de este país ha sido un uso sistemático de la memoria larga (la resistencia anticolonial) y la corta (las protestas populares de los años noventa y el 2000), dejando por fuera la memoria de las dictaduras.
A su vez, encontramos un conjunto de investigaciones que se encargan de caracterizar y analizar políticas educativas de memoria, con el propósito de identificar la manera en que, en los currículos escolares y planes de estudio -y en general en el ámbito académico- se construye memoria sobre el pasado violento de estas sociedades (Grassi, 2009; Rubio, 2013; Herrera y Cristancho, 2013). El artículo Curriculum y memoria. Las políticas educativas en la construcción de las representaciones sobre el pasado reciente realiza una caracterización de las versiones sobre las violaciones sistemáticas y masivas a los derechos humanos ocurridas durante la última dictadura militar en Chile, que operan en la construcción de los planes de estudio, currículos y contenidos mínimos dispuestos para la enseñanza media en el transcurso del periodo democrático (Grassi, 2009).
También es posible identificar un amplio grupo de trabajos que se ocupan de enumerar y sistematizar experiencias en torno a iniciativas no oficiales de memoria (GMH, 2009; Briseño-Donn, Reátegui, Rivera y Uprimny, 2009; Sapriza, 2009; Flores, 2011; Isaza, 2011; Restrepo, 2011; Gil, 2012; Alonso y Larrobla, 2014; Villa, 2014; Arenas, 2015; Straubhaar, 2015; Vásquez, 2015; Quiceno y Orjuela, 2017). Entre este conjunto de estudios llama la atención que, en su mayoría, abordan iniciativas no oficiales de memoria construidas por diferentes organizaciones sociales, colectivos organizados y comunidades religiosas en Colombia.
Un ejemplo de este tipo de investigaciones, que busca caracterizar las iniciativas no oficiales de memoria en Colombia, es el propuesto por el Grupo de Memoria Histórica (2009), este estudia diversos procesos de construcción y formalización de memorias acerca del conflicto armado que se gestan desde la sociedad colombiana. El trabajo del Grupo de Memoria Histórica propone documentar y visibilizar estas múltiples experiencias aportando un sondeo general sobre la manera como se están construyendo y escenificando algunas memorias sobre el conflicto armado en el país, principalmente desde la perspectiva de las víctimas. Otro trabajo, en esta misma línea, es el de Villa (2014), quien analiza memorias resistentes de mujeres del oriente antioqueño, planteando que estas iniciativas se fundamentan “en la posibilidad de la expresión del ser, del dolor, de las marcas y huellas que han dejado las situaciones límites causadas por la represión y la violencia” (Villa, 2014: 251).
Según el autor, tales acciones “han implicado una movilización ciudadana, una aparición en lo público y una posibilidad de poner en escena las experiencias, vivencias y dolores de las víctimas” (Villa, 2014: 251).
Por un lado, Reátegui, Barrantes y Peña (2010) realizan en Perú un estudio en el que reúnen iniciativas de memoria de poblaciones campesinas afectadas por la violencia política durante los años 1980 y 2000. Para ello revisaron y caracterizaron experiencias locales en Putacca, en Ayacucho; de Toraya, en Apurímac; y de La Cantuta. En el caso de Uruguay, Sapriza (2009) aborda iniciativas de memoria de mujeres referida a la dictadura militar entre 1973-1985. Basado en una perspectiva de género, la autora describe y analiza el archivo “Memorias para Armar”, iniciativa encabezada por un grupo de expresas políticas.
Existen numerosos trabajos que se ocupan del estudio de las políticas de memoria referente a acciones simbólicas a través del análisis de lugares de memoria, museos, memoriales, conmemoraciones, e iniciativas artísticas, entre otros, promovidas y gestionadas desde políticas estatales así como por acciones políticas ciudadanas (Feldt, 2008; Castellanos y Donovan, 2012; Cancimance, 2013; Fabri, 2013; Hite y Cuéllar, 2013; Vignola, 2013; Robin, 2014; Sosa y Ferreira, 2014; Waldman, 2014; Piper, 2015; Sastre, 2015; Arboleda-Ariza y Morales, 2016; Del Valle, 2018; Kuri, 2018).
Todos estos trabajos se podrían organizar en general en tres grupos:
Un conjunto de estudios que se proponen abordar las distintas modalidades de construcción de los emprendimientos memoriales: los diversos procesos políticos o institucionales en los que se producen e implementan las estrategias de gestión de la memoria, las tensiones entre actores, prácticas y discursos involucrados en su constitución y desarrollo, así como las maneras de elaborar e instituir estos espacios (Arenas, 2012; Cancimance, 2013; Hite y Cuéllar, 2013; García y Müller, 2015; Del Valle, 2018).
Otro grupo se enfoca en estudiar múltiples modalidades de apropiación y usos de los memoriales: los diversos modos en que estos espacios son utilizados y resignificados por los distintos actores de la sociedad civil, las actividades que se realizan en ellos, las estrategias implementadas con los participantes o visitantes (como transmisión o como construcción de memorias), etc. (Fabri, 2013; Mora, 2013; Piper, 2015).
Por último, algunos trabajos se centran en el estudio de diversas estrategias de construcción del pasado en lugares de memoria o memoriales: estrategias narrativas empleadas, contenidos de los lugares y conceptualizaciones, así como los debates políticos, éticos y estéticos en la construcción de relatos y soportes (Cancimance, 2013; Waldman, 2014; Sastre, 2015; Arboleda-Ariza y Morales, 2016; Feld, 2017). En esta línea encontramos el texto de María Graciela Acuña et al. (2016)Archivos y memoria de la represión en América Latina (1973- 1990), el cual presenta desde el análisis de una serie de testimonios referentes a la violación de los derechos humanos en dictadura, a la sociedad civil como fundamental en la construcción de una ética y una política de la memoria. Asimismo, aborda los archivos, no solamente como documentos de registro inerte, como lo proponen en ocasiones los Estados, sino como un elemento esencial en la recuperación del pasado violento para hacer justicia y evitar la impunidad.
También se encuentra un importante grupo de trabajos que analizan las políticas de la memoria y su relación con la justicia, referidas específicamente al abordaje de las comisiones de investigación, comisiones de verdad, audiencias libres8 y otras estrategias para el acceso a la verdad de lo ocurrido en el pasado, en el marco de procesos de judicialización9 (Ceballos, 2009; Crenzel, 2010; Andriotti, 2011; Castillejo, 2013; Rubio, 2013; Jaramillo, 2014; Sepúlveda, 2014; Bevernage y Gray, 2016; Sanjurjo, 2016). En general, estos trabajos se desarrollan en dos líneas: 1. enfatizan la importancia de las comisiones de verdad como políticas de memoria que forman parte de las transiciones políticas y que permiten la gestión del pasado y el acceso a la verdad para las distintas sociedades y 2. analizan los impactos y funcionamiento de comisiones de verdad existentes en diferentes países.
Por último, y en menor cantidad, se encuentran los trabajos que estudian políticas de memoria enfocadas en medidas de reparación (Uprimny, 2012; Villa, 2014). Estos trabajos se ocupan de analizar cómo la memoria se constituye en una herramienta de reparación para las víctimas, en la medida que permite resignificar el pasado y superar experiencias de dolor producidas en el marco de la violencia.
Perspectivas críticas en el estudio de las políticas de memoria
Existe un importante conjunto de investigaciones que se han ocupado de hacer una lectura de las políticas de memoria, tanto oficiales como no oficiales, desde la perspectiva de los estudios críticos de la memoria. En estos estudios se conjugan diferentes líneas argumentativas: se cuestiona la procedencia de las políticas de memoria; se tensionan los contenidos y forma de construir las políticas de memoria analizando las narrativas, escenarios, los sujetos legitimados para hacer memoria, las retóricas que sustentan determinados relatos sobre el pasado; y se ponen en discusión los diversos usos políticos de las mismas (Vinyes y Crenzel, 2009; Echeto, 2010; Castillejo, Rueda, Agudelo y Quinceno, 2015; Solís, 2012; Castellanos y Donovan, 2012; Jaramillo, 2012; Vignola, 2013; Sota, 2014; Sánchez, 2015; Piper, 2015; Bertoia, 2016; Arboleda-Ariza y Morales, 2016; Piper, 2017; Irazuzta y Gatti, 2017; León, 2018).
Algunos autores sostienen que las políticas de memoria son producidas en escenarios transicionales y se constituyen en un modelo globalizado de gestión de conflictos violentos. En este grupo se encuentran los trabajos de Alejandro Castillejo (2013), quien plantea que el pasado es recuperado por sociedades que enfrentan transiciones y éste les permite administrar, tramitar y hacer inteligibles culpas, perdones y reconciliaciones. Las políticas de memoria entonces forman parte de un “circuito transicional” que es conocido “con el nombre de transitional justice, con su respectivo evangelio de la reconciliación, la verdad y el perdón como horizonte para una futura comunidad moral” (Castillejo, 2013: 301).
De manera similar, en el capítulo “Globalización de la memoria: Memorias de las víctimas, espacios y objetos” del libro Desapariciones: usos locales, circulaciones globales, (Piper, 2017) se plantea que se ha configurado un modelo globalizado de memoria, a partir del cual se considera que la violencia por la que han atravesado sociedades con conflictos violentos genera una fractura en la convivencia y el orden social en estas sociedades, dejando una marca que debe ser reparada por los gobiernos en los periodos de posconflicto o transición. En esta “retórica de la marca” se definen los sujetos que son legítimos para recordar y se construyen museos y lugares de memoria con la finalidad de mostrar y recordar los horrores de lo ocurrido, “señalándole al mundo aquello que jamás debería volver a suceder, en lo que se ha llamado una cultura del ‘nunca más’” (Piper, 2017: 192); se propende también, por la construcción de un relato común en torno al pasado, que termina convirtiéndose en la memoria hegemónica de esta sociedad. Ésta es, para la autora, la característica por excelencia de las políticas de memoria en sociedades como la chilena: reproducen un relato hegemónico, cuya centralidad es la víctima.
En esta misma vía, otros trabajos sostienen que en América Latina y Europa durante las últimas décadas se ha desarrollado un modelo memorial que está sustentado en el principio imperativo del “deber de la memoria”, a partir del cual se debe construir un relato único transmisible sobre el pasado violento, este relato debe estar establecido en el daño y el dolor como activo esencial de la memoria transmisible (Vinyes, 2014; Jaramillo, 2012).
Autores como Arboleda-Ariza y Morales (2016) en el capítulo “Musealización de la memoria y el conflicto armado en Colombia” del libro Conflicto armado, justicia y memoria se refieren a las políticas oficiales de la memoria planteando que éstas son construidas institucional e intencionalmente para no recordar:
son hechas para olvidar recordando, es decir, son fabricadas para gestionar, naturalizar y objetivar una versión de la realidad que determine la significación de lo sucedido en detrimento de otras memorias individuales y colectivas de actores que han sido victimizados directa o indirectamente por las prácticas violentas. (Arboleda-Ariza y Morales, 2016: 479)
Por lo tanto, afirman que, más que olvido, existe una desmemoria colectiva, que tiene la intención de establecer o imponer un relato único y hegemónico que dé cuenta del pasado, que genere vencedores y vencidos, buenos y malos, y que establezca de una forma verídica toda la memoria del conflicto armado colombiano.
Por su parte, en el libro Cuerpos al límite: tortura, subjetividad y memoria en Colombia (1977-1982), se realiza una crítica a la noción de “memoria histórica”, planteando que ésta se refiere a un
imperativo del recuerdo sobre violencias pasadas con pretensión de producir una verdad factual, única y monolítica, siendo ésta una condición sine qua non de cualquier posibilidad de reconciliación, como garantía de no repetición de ese pasado moralmente censurado (“nunca más”) y como posibilidad de reparación a las víctimas. (Gatti, 2017: 53)
En general, estos autores coinciden en concebir la memoria como un campo en disputa donde pugnan por establecerse versiones del pasado que legitiman, o no, ciertos valores presentes y posibilidades futuras. Por tanto, su crítica va dirigida a la construcción de relatos emblemáticos del pasado, relatos hegemónicos que se instalan como únicas memorias de lo ocurrido, así mismo esta crítica se dirige a la homogenización de la categoría de víctima, dejando por fuera las múltiples posiciones de sujeto desde donde se recuerda. Se plantea entonces que las políticas de memoria tendrían que abandonar este “modelo globalizado” o “modelo memorial” desde el cual se han configurado en las diferentes sociedades a partir de la posibilidad de garantizar el derecho y no el deber de la memoria. Por lo tanto, “se trata de hacer memoria para comprender y transformar el presente, contribuyendo a construir políticas del recuerdo plurales e inclusivas, que garanticen el derecho de las memorias ciudadanas” (Piper, 2017).
Consideraciones finales
De acuerdo con la revisión bibliográfica presentada, podemos entender las políticas de la memoria como dispositivos que administran las formas de acción y enunciación del pasado, en las cuales es posible identificar modos de registros, sus discursos y las discontinuidades que se dan en éstos. También es posible detectar la generación de memorias periféricas y centralizadas, las que pueden ser consideradas como válidas o no válidas, banales o trascendentales. Por tanto, se observa que las políticas de memoria tienen más que ver con la realización de acciones para recordar que con el mero hecho de emitir leyes relacionadas con la superación de los episodios violentos del pasado.
Es en las políticas de la memoria que se evidencia la tensión entre lo instituido y lo instituyente, donde se confrontan formas estatales de regular el pasado versus acciones ciudadanas sobre lo acontecido; esto significa que lo que está en juego (más allá de la promulgación de leyes y políticas) son las formas en las que se legitima cómo se debe recordar el pasado. Lo que significa que el pasado no está cerrado, sino que se encuentra en constante disputa pues siempre estará abierta la pugna por quiénes tienen derecho a recordar, cuándo y dónde, qué se debe recordar y quiénes son las audiencias de estos relatos.
Los trabajos en torno a las políticas de memoria en los últimos años se ocupan, por un lado, de elaborar desarrollos conceptuales sobre los modos de entender estas políticas, sean oficiales o no oficiales. Por otro lado, llevan a cabo caracterizaciones sobre las diferentes políticas de memoria que se han desarrollado en países que han enfrentado transiciones, mientras que otros se enfocan en estudiar los distintos tipos de políticas de memoria (simbólicas, de justicia y de reparación). Por último, un importante grupo se ocupa de realizar análisis de las políticas de memoria producidas en América Latina y Europa desde la perspectiva de los estudios críticos de la memoria. Encontramos, además, que no es posible determinar ejes temáticos particulares situados en un ámbito disciplinar, por lo que podría decirse que el estudio de las políticas de memoria se encuentra en el terreno de la interdisciplinariedad.
Estos estudios de memoria vienen desarrollándose ampliamente en los últimos años y coinciden en señalar la configuración de un modelo memorial que se reproduce en las sociedades que se enfrentan con procesos transicionales, o lo que Castillejo nombra escenario transicional, que son espacios en los que se crean leyes y dispositivos que tienden a la unidad nacional, la reparación y la reconciliación, dentro de un contexto de prácticas globalizadas para construir memorias e imaginarios sobre los pasados violentos a superar (Castillejo, 2013).
Podríamos decir que en los trabajos que realizan caracterizaciones sobre políticas de memoria oficiales y no oficiales se continúa reproduciendo este mismo formato. En éstos, la memoria funcionaría como una especie de mecanismo para acoplar el pasado violento con el presente histórico, con el fin de ofrecer una versión de un pasado prístino e irrefutable a través de dispositivos globalizados del recuerdo. En general, los trabajos sobre las políticas de memoria tanto oficiales como no oficiales se caracterizan por continuar dando centralidad a las víctimas, donde sus relatos son los que aparecen, por excelencia, en los distintos tipos de políticas de memoria, y su dolor, el ingrediente principal para la construcción de políticas de memoria simbólicas, de justicia y de reparación.
Este modelo es la constante dentro de las políticas de la memoria, por lo que son escasos los trabajos que se salen de esta lógica y se refieren a otras políticas de este tipo que posibiliten la inclusión de otros actores, otros discursos y otros modos de producirla. De esto se desprende la necesidad de nuevos estudios desde perspectivas críticas que permitan poner en tensión los postulados de este modelo memorial, aportando nuevas concepciones sobre las políticas de la memoria, posibilitando diversas formas de construirse en relación con los pasados violentos.
En suma, esto nos llevaría a pensar que más allá de la disputa que puede existir entre políticas oficiales y no oficiales, existen dentro de las políticas de la memoria, ya sean en su vertiente estatalizada o en sus versiones desde la sociedad civil, nociones transversales sobre cómo narrar el pasado a través de hitos históricos que crean relatos en los que el pasado se vuelve estático, a través de mecanismos y medidas que instituyen las formas de hacer memoria. Podríamos abogar por tanto por políticas de la memoria que tiendan a la construcción de pasados plurales y democráticos, abiertos a la reinterpretación y al debate que mantenga la tensión entre lo instituido y lo instituyente.
