"Los motivos del lobo" (o de la loba): el porqué de este movimiento

Muy diversos son los factores que pueden identificarse como desencadenantes del movimiento actual, entre los cuales me interesa proponer al menos tres, de distinta índole, que vislumbro como centrales para entender los alcances y las formas de manifestación que éste ha adquirido: a) el aumento generalizado de la violencia en nuestro país, y en particular la violencia contra las mujeres, b) la impunidad en el tratamiento de los delitos de género, la ineficacia de la justicia y la "normalización" de esta situación, y c) la expansión de una animadversión cada vez mayor de amplios grupos de hombres contra las mujeres, de un fuerte resentimiento e incluso de un odio manifiesto ante la creciente autonomización y empoderamiento de éstas, que se ha traducido en una suerte de "ánimo vengativo".

Aumento tangible de la violencia

Para nadie es una novedad que en México la violencia ha aumentado notablemente en las últimas dos décadas, y que desde el sexenio de Felipe Calderón (2006-2012), con su estrategia de confrontación directa de combate al narcotráfico, la espiral de la violencia se potenció y alcanzó niveles nunca vistos desde la época de la posrevolución. Desde entonces, la violencia no sólo aumentó sino que se diversificó, se trasladó a nuevos nichos y anidó en ámbitos muy diversos (narcotráfico y crimen organizado principalmente), dando lugar a una oleada de delitos y agravios de toda índole: desapariciones forzadas, secuestros, enfrentamientos armados, robos y despojos, amenazas, extorsiones, intimidación y agresiones físicas y emocionales, para nombrar sólo algunos.² Pese al cambio de estrategia de la actual administración de Andrés Manuel López Obrador y a la centralidad otorgada en la agenda de gobierno al problema de la inseguridad mediante la renovación de las políticas de seguridad pública, la creación de una Guardia Nacional y de fiscalías especializadas en distintos temas, los resultados favorables aún no han llegado y las tendencias tampoco se han logrado revertir de manera significativa.³

En este marco, la violencia contra las mujeres no ha sido una excepción y ha resultado persistente. De acuerdo con datos de 2016, en México 66.1 % de las mujeres, aproximadamente 30.7 millones (de los 46.5 millones de mujeres residentes de 15 años y más), han padecido al menos un incidente de violencia en alguna de sus manifestaciones: física, económica, emocional, sexual o de discriminación en el espacio laboral, escolar, comunitario, familiar o con su pareja (^{INEGI, 2016}). De este tipo de violencias, la emocional es la más alta (49 %) y le siguen la sexual (41.3 %), la económica (29 %) y la física (34 %). Esta misma en cuesta revela que por cada 100 mujeres de 15 años o más que han tenido pareja o esposo, 42 de las casadas y 59 de las separadas, divorciadas o viudas han vivido situaciones de violencia emocional, económica, física o sexual, siendo la emocional la más recurrente; destacan 10 entidades que están por encima de la media nacional, tanto con respecto a la violencia total a lo largo de la vida como en la violencia reciente (últimos 12 meses: octubre de 2015 a octubre de 2016): Aguascalientes, Chihuahua, Ciudad de México, Baja California, Coahuila, Jalisco, Durango, Querétaro y Yucatán.

En la misma muestra se evidencia que el ámbito de la pareja y familiar es donde se experimenta la mayor violencia hacia las mujeres y que el principal agresor es casi siempre el esposo, la pareja o el novio.⁴ El segundo ámbito donde se manifiesta la mayor violencia (38.7 %) es el comunitario, o el espacio público: la calle, el parque o el transporte público. El espacio laboral está en tercer lugar, con 26.6 %, donde las mujeres han experimentado principalmente situaciones de acosos sexual y de discriminación, por género o por embarazo. Y el ámbito escolar ocupa el cuarto sitio, con 25.3 % de mujeres que hicieron frente a distintas formas de violencia tanto por maestros como por sus propios/as compañeros/as.

Según información más reciente, de 2019, en México se registraron a lo largo de este año más de medio millón de casos de violencia contra las mujeres (507 000 casos), de los cuales 9 de cada 10 revelaron que el principal agresor es un familiar de la víctima. En este último año las entidades con mayor número de casos no se corresponden en sentido estricto con las de otros años, y destacan Estado de México, Jalisco, Quintana Roo, Michoacán, Hidalgo, San Luis Potosí, Chiapas, Nuevo León y Aguascalientes, en este orden.⁵

Dentro de lo anterior, sobresale la violencia feminicida (que no es la más generalizada, pero sí la más grave: lo mas generalizado son las violaciones), que de todas las violencias contra las mujeres es la más extrema por implicar la pérdida de la vida, y por estar casi siempre acompañada de brutalidad, vejaciones y torturas. De acuerdo con el Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES) y la Secretaría de Gobernación (SEGOB), entre 1985 y 2014 se registraron 47 178 "defunciones femeninas con presunción de homicidio" (DFPH) -referente utilizado para registrar los presuntos feminicidios- en México (^{INMUJERES, SEGOB y ONU Mujeres, 2017}), y se identificó a Guerrero, Chihuahua, Colima, Baja California y Baja California Sur como las entidades con mayor número de casos, a los que se añade el municipio de Ecatepec, Estado de México. Estos datos se potencian en 2018, año en que, según datos de la ^{CEPAL (2018)}, el feminicidio en México llegó a 898 por cada 100 000 mujeres muertas por esta causa en el año. Hoy, en 2020, las cifras de feminicidio indican que sólo durante los dos primeros meses del año hubo en nuestro país 165 casos (^{Velázquez, 2020}); sin embargo, otras fuentes aseguran que de enero a diciembre de 2019 hubo en el país 1 006 feminicidios (^{RompevientoTV, 2020}), y que el promedio de muertes en esta modalidad llega actualmente a cerca de 10 por día. Visto de manera retrospectiva, se considera que de 2016 a la fecha los feminicidios han aumentado 137 % a nivel nacional (^{Méndez y Jiménez, 2020}). La variación en las cifras que ofrecen distintas fuentes se debe en buena medida a que aún no se hace uso de un criterio unificado para definir el feminicidio y determinar en qué casos los homicidios registrados contra las mujeres corresponden a esta categoría (feminicidio). Sin embargo, es claro que el atentado contra la vida de las mujeres ha ido en aumento⁶.

En el caso específico de la UNAM, estas cifras también son reveladoras, pues en un reciente Informe Anual (2019) se afirma que durante solamente un año fueron presentadas 436 quejas por violencia de género, y 385 personas fueron señaladas como presuntos/as agresores/as. 99.3 % de quienes presentaron las quejas son mujeres, mientras que 94.5 % de los presuntos agresores son hombres. Entre quienes han presentado las quejas son mayoritariamente estudiantes; en segundo lugar, personal administrativo, y en tercero lugar, académicas y académicos. Los principales tipos de violencia registrados son psicológica, sexual, física, económica, patrimonial y de discriminación (^{Oficina de la Abogada General de la UNAM, s.f.}).

Todo lo anterior nos indica que no hay, como se dice hoy, sólo un aumento en la visibilización de la violencia contra las mujeres, sino un aumento real del propio fenómeno.

Impunidad en el tratamiento de los delitos de género e ineficacia del sistema de justicia

A partir de los años 90, uno de los grandes logros del movimiento feminista latente en México ha sido precisamente el reconocimiento y tipificación de distintos delitos por cuestiones de género y, de manera específica, de delitos relacionados con las distintas formas de violencia: como violencia sexual, discriminación, acoso, violación y el propio feminicidio.⁷ Estas conquistas, si bien han sido acreditadas legalmente y validadas por las instituciones del orden federal y de la capital del país, no se han visto correspondidas en el ámbito del ejercicio efectivo de la justicia, y por tanto no se han trasladado aún al plano de los hechos. Debido a la legislación correspondiente, al reconocimiento de los derechos de género con respecto a la violencia y a la firma de los Tratados Internacionales por parte de México (^{Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer "Convención Belém do Pará", 1999}; Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la mujer, ^{CEDAW, 2011}) que norman esta problemática, se cuenta en general en nuestro país con la cobertura legal formal necesaria para hacer justicia en esta materia; no obstante, la judicialización de los casos de denuncia, los procedimientos institucionales, la penalización y, más aún, las sanciones a los delitos son procesos que permanecen indefinidos o estancados, que caminan con gran lentitud y que no garantizan la justicia ni la reparación del daño;⁸ en la mayor parte de los casos no se traducen en hechos tangibles y por tanto quedan impunes.

Esto es, persiste una virtual falta de justicia en términos de violencia hacia las mujeres que responde a factores de diverso orden, como las dificultades añejas en México en los procedimientos judiciales, el temor de las víctimas a las denuncias, la ineficacia del sistema de justicia, la errónea clasificación de los delitos, la falta de sensibilidad de jueces y funcionarios con respecto a la condición de género y, en muchos sentidos, la persistencia de una simulación en el interés por el tema; a esto se añade igualmente el hecho de que, en términos generales, quienes llevan a cabo estos procedimientos dentro del sistema de justicia lo hacen también desde una "visión de género", cargada de prejuicios y estigmas contra las mujeres. Algunos datos recientes indican, por ejemplo, que (en términos generales) de los 33 millones de delitos que se registran en el país cada año sólo se denuncian 1 900 000, y de estos, es un mínimo porcentaje el que culmina en una sentencia. De acuerdo con la secretaria de Gobernación, esto se debe en gran medida a la carencia de un número suficiente de jueces, pues hay en realidad únicamente 4 jueces por cada 100 000 habitantes (^{Arista, 2019}). De igual manera, según el Diagnóstico de Acceso a la Justicia y la Violencia Feminicida de 2018, se constata que, en México, 50 % de los feminicidios no son consignados ante la justicia, mientras que 90 % no se investigan y, por tanto, los culpables permanecen sin castigo (^{CNDH, 2018}). Por otra parte, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) asegura que se denuncian al año en nuestro país 600 000 casos de abuso sexual, de los cuales 90 % son contra mujeres, y de estos la mitad contra menores de 15 años; sin embargo, más de 90 % de los abusos que ocurren realmente no son denunciados y quedan por tanto en la opacidad. En el caso de la Ciudad de México, persisten también numerosas irregularidades como la que refiere a que de las 713 mujeres asesinadas entre 2012 y 2017, sólo 292 fueron "clasificados", y todos fueron atendidos como "homicidios dolosos".

Dada la emergencia en materia de violencia de género en el país, a partir de 2015 fue declarada de manera progresiva la Alerta de Violencia de Género (AVGM) en distintas entidades de la República (18 en total), entre otras Campeche, Colima, Chiapas, Guerrero y el Estado de México; no obstante, en 2019 existían en estas mismas entidades 64 % de carpetas de investigación abiertas, sin resolución y, por tanto, sin ejercicio de justicia. Actualmente, la AVGM ha sido declarada en 21 entidades y en tres se encuentra en proceso, entre estas últimas la de la Ciudad de México (^{CONAVIM, 2018}).

En todos los casos anteriores, y en muchos más, es común la falta de respuesta efectiva a los diversos sucesos de violencia; desde el acoso hasta el feminicidio han carecido en general de la atención correspondiente, del seguimiento del debido proceso,⁹ y de la reparación del daño, cualquiera que sea la modalidad en que ésta deba hacerse. Entre otras cosas, el aumento en la violencia de género y, en particular, de los feminicidios, se debe precisamente a que pese a toda la parafernalia jurídica e institucional existente los agresores saben bien que "no pasa nada", y en última instancia se harán acreedores a sólo un castigo menor. De aquí que sea la impunidad una de las causas de mayor agravio para las mujeres que han sido víctimas de violencia, al mismo tiempo es uno de los desencadenantes de la rabia y de la movilización en curso.

La animadversión, el resentimiento y el odio contra las mujeres

De muchas maneras, la violencia o el maltrato hacia las mujeres ha estado presente a lo largo de la historia, y se ha mostrado de muy diversas maneras en las distintas sociedades, a partir de la naturalización de un conjunto de atributos y roles diferenciados de mujeres y hombres, y de un tipo de relación entre ambos atravesada por la subordinación y/o sometimiento de las primeras a los segundos, del reconocimiento de una supremacía incuestionable de los hombres que ha sido nombrada como "patriarcado"; actualmente se puede aludir a ello como la persistencia de dinámicas patriarcales y de una cultura machista. De acuerdo con ^{Segato (2003)}, esta relación se ha sostenido siempre en la institución de un sistema de estatus basado en la "usurpación o exacción del poder femenino por parte de los hombres", que ha garantizado el tributo de sumisión, domesticidad, moralidad y honor que reproduce el orden en el cual el hombre ejerce su dominio y luce su prestigio ante sus pares. De aquí que sea en la capacidad de dominar y exhibir el prestigio donde se sustenta en buena medida la subjetividad de los hombres y donde se arraiga la jerarquía de su "masculinidad", que le confieren su sentido de identidad y su propia humanidad. Un estatus así instituido y una relación desigual así naturalizada ha construido históricamente también una diferenciación claramente decantada donde el "nosotros" y el "ellas" se han correspondido sobre la base de la identidad asignada a cada uno/a y, sobre todo, sobre la asimetría (social, económica y también biológica) existente entre ambos.

La alteración del complejo y delicado equilibrio sostenido entre ambas posiciones y condiciones -generado de manera creciente en la segunda mitad del siglo XX, con los derechos civiles y el ingreso de las mujeres al mercado laboral y a la formación profesional, y de forma más expansiva hacia finales de siglo con el reconocimiento y posicionamiento de la perspectiva de género, la agenda mundial de género (Naciones Unidas, 1995; ^{CEPAL, 2013}) y los derechos sexuales y reproductivos- ha abierto una creciente fractura en las relaciones sexo genéricas. Al tiempo que las mujeres se afirman como sujetos/as de derechos, profesionales, emprendedoras, con capacidades propias, educadoras, políticas y tomadoras de decisiones, los hombres han sido paulatinamente desplazados de su estatus constitutivo y de su jerarquía, teniendo que compartir sus atributos y "privilegios" con las mujeres.

Tal alteración ha trastocado numerosos ámbitos de expresión, afirmación y realización usualmente inherentes al mundo masculino (en particular el heterosexual), generando en los varones desconcierto, por decir lo menos, y fuertes afectaciones en el ámbito de su subjetividad y en el mandato de su virilidad. A partir de esto, la percepción de los hombres sobre la relación entre el "nosotros" masculino y el "ellas" (las otras) femenino ha cambiado cualitativamente; la complementariedad y el "equilibrio" "naturales" antes inherentes a esta relación se han difuminado, dotando hoy a las mujeres de un potencial que resulta amenazante y disruptivo del orden establecido.

Estas condiciones han hecho emerger de manera progresiva entre los varones un sentimiento negativo de resentimiento, animadversión e incluso de odio hacia las mujeres que se trasmina en las formas extremas de violencia que hoy proliferan contra ellas. Se trata de un sentimiento negativo como el que se cultiva en otras dimensiones de la condición humana y de las relaciones humanas, y anida en grupos o clases (un nosotros) posicionados ante otras y otros que por múltiples razones consideran como enemigos, adversarios, gente incómoda o molesta para la existencia del ser del propio grupo: etnia, nación, religión, clase social, preferencia sexual, etc., en este caso, la condición genérica. Es alguien que por principio produce rechazo, antipatía, ánimo de venganza, necesidad de sometimiento y hasta de eliminación.

En este marco se puede entender la exacerbación de la violencia hacia las mujeres en las décadas más recientes, donde no se trata ya para los varones de asumir el reconocimiento de las otras en tanto mujeres insertas y compatibles con el esquema patriarcal tradicional,¹⁰ sino de las otras como mujeres de nueva generación, con diversos grados de autonomía, desarrollo de capacidades propias, ejercicio de libertades, acceso a posiciones de poder, es decir, como mujeres en condiciones de igualdad. Es en este contexto donde asumo que se explica la hostilidad, la animadversión, la misoginia, la saña, la crueldad extrema; donde es posible entender las vejaciones y las violaciones y, sobre todo, la mayor recurrencia del feminicidio. Son las mujeres que abandonan ese papel histórico, que se rebelan y se empoderan de una u otra forma, las que despojan a los varones de su pedestal y se vuelven por ello depositarias de su odio.

Un movimiento feminista de "nuevo tipo": ¿continuidad, ruptura, renovación?

En el escenario antes descrito, la irrupción y/o expansión del movimiento feminista en México en el 2019 es claramente un fenómeno "diferente" que poco se parece a la tradición que conocemos en nuestro país bajo ese nombre -movimiento feminista-. Con esto quiero decir que es un proceso de acción colectiva que ha emergido, se ha mostrado y se ha sostenido a través de modalidades que no habían sido las usuales en el movimiento feminista desarrollado en México durante las cinco décadas anteriores, desde los años 70 cuando se generaron las primeras manifestaciones en torno a la problemática de género. El tipo de movilización y de organización, el tono de las convocatorias, el tipo de acciones emprendidas, el lenguaje construido y, en general, las formas de gestión de las demandas en este trayecto corrieron por vías muy diversas -de acuerdo con las estrategias definidas en cada periodo y coyuntura-, inscritas en general en el ámbito de la política, esto es, en el del reclamo, la exigencia, la interlocución, la negociación e incluso la colaboración con los distintos actores políticos: gobierno, instituciones, partidos, Senado y Congreso, y también con otros actores sociales insertos en la sociedad civil (^{Lamas, 1997}, ¹⁹⁹⁸, ²⁰¹⁸; ^{Jaiven, 1987}; ^{Jaiven y Espinoza, 2019}; ^{Álvarez, 2008}). En este sentido, el movimiento feminista en México ha sido un movimiento que a lo largo de cinco décadas se ha transformado en un actor con fuerte influencia en distintos planos del propio ámbito político, además del social y cultural.

Cabe precisar que al aludir al movimiento feminista en México no me estoy refiriendo a un(a) actor(a) claramente delimitado(a), unificado(a) y homogéneo(a), sino a un conjunto amplio de organizaciones y modalidades de acción y movilización que no han sido siempre coincidentes pero que han generado formas de identificación, confluencia y articulación en distintos planos (a veces de manera permanente y a veces de manera coyuntural) en torno a distintas temáticas de la problemática de género;¹¹ de aquí que sea posible reconocerlo como un movimiento en términos amplios, articulado en torno a una problemática común (aunque vasta y diversificada), y que ha construido cierta afinidad en lo que refiere al impulso de estrategias orientadas a transformar las condiciones de género, generar mayor igualdad entre hombres y mujeres, defender los derechos de las mujeres y erosionar la dinámica del patriarcado. En este amplio movimiento han tomado parte activistas, académicas, funcionarias y políticas, entre otras (^{Lamas, 1997}, ¹⁹⁹⁸, ²⁰¹⁸).

Los temas centrales que han convocado y articulado a organizaciones y movilizaciones feministas en México a lo largo de estas cinco décadas han transitado por distintas etapas; a grandes rasgos se pueden ubicar de la siguiente manera: la primera (década de los 70), centrada en el libre ejercicio de la sexualidad, la maternidad voluntaria y la atención a las mujeres violadas; una segunda (década de los 80), en torno a los derechos laborales de las mujeres de sectores populares y trabajadoras en general, la tipificación de los delitos sexuales, la introducción de la perspectiva de genero en las políticas de atención a las mujeres y la denuncia de la violencia de género; la tercera (década de los 90) orientada a la incidencia en el ámbito público -en políticas, leyes, instituciones, y asumir la transversalidad de esta problemática en todo el proceso de elaboración e implementación de las políticas públicas- en función de la promoción y defensa de los derechos sexuales y reproductivos, la despenalización del aborto, la penalización de los delitos sexuales y por políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres (^{Lamas, 1997}, ¹⁹⁹⁸, ²⁰¹⁸). En las dos décadas más recientes -a partir del año 2000- se han mantenido vigentes los temas del tercer periodo, añadiendo la lucha por la paridad de género en partidos, instituciones y gobierno, y haciendo un énfasis particular en los temas referidos a la violencia de género.¹²

Los logros del feminismo en este trayecto han sido numerosos, sustantivos e incuestionables y han posicionado al movimiento por casi medio siglo como uno(a) de los(as) actores(as) más consistentes y protagónicos(as) tanto en el ámbito nacional como en el de la ciudad capital. En este proceso el tema de la violencia de género ha sido uno de los más persistentes desde los años ochenta, pero indudablemente ha cobrado presencia y vigor en el transcurso del siglo XXI, con la intensificación de la violencia generalizada en nuestro país desde 2007 -momento de inflexión en el aumento desmedido de la violencia de género- y con el creciente acceso de las mujeres a la vida pública.

En muchos sentidos, las mujeres jóvenes que protagonizan el movimiento feminista actual son sin duda herederas del trayecto y la tradición feminista ya instalada en México, en particular en la Ciudad de México y, de muchas maneras son depositarias de los logros previos en esta materia. No obstante, resulta interesante y paradójico constatar que de manera declarada no existe un reconocimiento del actual movimiento como "producto" y/o "continuación" de tal herencia, y tampoco el reconocimiento de algún tipo de parentesco manifiesto con sus antecesoras. Una de las peculiaridades de las feministas de este siglo XXI, y me refiero especialmente a las que potenciaron el movimiento en 2019, es que se muestran precisamente como un(a) nuevo(a) actor(a), con lenguaje, estrategias de acción, con un hábil manejo de las redes sociales y con demandas "muy propias" que definen su singularidad y, en buena medida también, su pertenencia a una nueva generación.¹³ Tal vez lo más identificable por principio sea precisamente su juventud, pues las protagonistas más visibles son mujeres entre 18 y 23 años, muchas de ellas estudiantes del nivel medio superior (bachillerato) y de licenciatura. Entre las convocantes originarias, prácticamente no se visualizan mujeres jóvenes de entre 25 y 35 años y menos aún mujeres maduras o de la tercera edad. La mayor parte son de clases medias y populares, insertas de una u otra manera en la universidad pública y, por ello, con cierto nivel de formación e información.

El tema desencadenante de la movilización ha sido sin duda la protesta y la denuncia ante la violencia contra las mujeres, en sus distintas manifestaciones: acoso, violación, discriminación, maltrato y feminicidio, pero éste ha estado vinculado desde el inicio también a las diversas formas de exclusión de las mujeres y a la impunidad. La intensidad de los reclamos ha emergido a partir de entender una nueva forma del ser mujer en este siglo, en la que para las jóvenes se ha llegado a un límite donde existe un hartazgo insoportable ante los agravios históricos que han padecido las mujeres, donde la "normalización" de la sujeción y la violencia contra ellas de todas las generaciones es ya insostenible. De aquí que el movimiento se haya caracterizado desde el inicio por fuertes exabruptos y explosiones de rabia contra los hombres, las instituciones, los medios y las complicidades silenciosas; de aquí también los mecanismos radicales y disruptivos que las protagonistas han implementado; el tono de exigencias sin cortapisas, la intolerancia, desesperación y hartazgo ante la falta de respuesta de las instituciones y el uso incluso de la violencia como medio para sacudir y llamar la atención.

Para entender el devenir del movimiento actual quiero distinguir dos etapas:¹⁴ una primera, que tiene su origen en episodios y movilizaciones esporádicas en el periodo de 2017 a 2019 en el interior de la Universidad Nacional Autónoma de México, donde destacan las movilizaciones estudiantiles ante 2 feminicidios de alumnas de nivel bachillerato de la propia universidad (Lesvi Berlin Osorio y Miranda Mendoza Flores), manifestaciones de denuncia contra el acoso de autoridades y profesores universitarios, así como exigencias de mayor presupuesto para garantizar la seguridad dentro de las instalaciones de la universidad. Estos sucesos se vinculan con la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de todas las Formas de la Violencia contra la Mujer (25 de noviembre) en los dos primeros años. El proceso continúa en 2019, en el marco del movimiento internacional #MeToo, con la implementación de paros en algunas escuelas de la UNAM (en particular las Facultades de Filosofía y Letras y de Ciencias Políticas y Sociales, así como en el Colegio de Ciencias y Humanidades, Azcapotzalco), la realización de asambleas y numerosas denuncias sobre presuntos agresores, violadores y encubridores pertenecientes a la propia comunidad universitaria.

La segunda etapa se inicia en agosto del 2019 cuando la oleada feminista de la UNAM sale de los confines institucionales y toma las calles para abrir la movilización y denunciar la violación de una mujer por policías del gobierno de la Ciudad de México, exigiendo su castigo. En torno a este episodio se desplegó una amplia campaña en redes sociales con el hashtag #NoMeCuidanMeViolan, que generó una gran convocatoria entre grupos feministas externos a la universidad y también entre distintos sectores de mujeres en la ciudad. Esta movilización fue conocida como "la marcha de la diamantina", porque las mujeres congregadas en el exterior del Ministerio Público lanzaron diamantina morada a los policías parodiando una "acción agresiva", defensiva ante ellos. A partir de esta marcha, el movimiento creció y se intensificó ampliando su radio de influencia hacia otros grupos feministas de la sociedad capitalina y, más allá, a través de las redes y los medios masivos, a otras agrupaciones y movimientos de mujeres feministas en otras entidades del país.

En los meses siguientes, en el interior de la universidad continuaron y se prolongaron los paros en varias escuelas y facultades, persistieron las movilizaciones en el campus, fueron colgados largos tendederos con fotografías que exhibían a agresores identificados en cada dependencia y circularon distintos pliegos petitorios puntualizando sus demandas. Con todo ello, la organización de las estudiantes jóvenes se consolidó (asambleas y colectivos) y abrió un proceso de interlocución con las autoridades. Las principales demandas se centran en las siguientes cuestiones 1) modificación el Estatuto de la UNAM para reconocer la violencia de género como una falta grave, 2) destitución de ciertas autoridades por complicidades y omisiones, 3) reapertura de casos de denuncia insatisfactorios por la negligencia de las autoridades, 4) formación de la Comisión tripartita de Unidad de Atención a la Violencia de Género en las escuelas y facultades, 5) institucionalización la perspectiva de género y cursos de género en los planes de estudio de las licenciaturas, 6) impartición de talleres con perspectiva de género y feminista para profesores(as) universitarios(as), 7) acompañamiento psicológico para las víctimas de violencia (contratación de tres plazas para psicólogas es pecializadas), 8) no criminalización de la protesta gráfica, 9) seguimiento puntual de las demandas en curso por violencia de género en las escuelas de la UNAM y 10) asignación de espacios para actividades de las mujeres organizadas en la UNAM (^{Diario Rotativo, 2020}). Pese a la apertura a cierto tipo de "negociación" por la vía de los pliegos petitorios hay una clara reticencia al diálogo y la interlocución directa con las autoridades; y persiste el tono de la exigencia inapelable y del "todo o nada".¹⁵

Paralelamente en el exterior, en los meses de octubre y noviembre (2019) y febrero (2020, San Valentín)¹⁶ son convocadas nuevas marchas callejeras por arterias emblemáticas de la ciudad en las que se congregan cada vez grupos más numerosos de mujeres y feministas, siempre encabezadas por el movimiento de la UNAM. Estas marchas van subiendo de tono en las demandas y en el ímpetu con que se externan los reclamos, pues en medio del despliegue de todo este movimiento tienen lugar dos nuevos feminicidios que resultan emblemáticos: el de Ingrid Escamilla, mujer de 45 años asesinada por su pareja sentimental, y el de Fátima, una niña de 7 años que fue torturada, abusada y asesinada por un hombre cercano a su familia; ambos casos fueron especialmente escandalosos y agraviantes por las condiciones en que acontecieron, por los excesos mediáticos y, en el caso de Fátima, por llegar al extremo de atentar directamente contra una niña.

En tales condiciones, la exigencia, la indignación y la rabia fueron mucho más allá de la "demanda cívica" y "la petición formal". En estas marchas las principales consignas rezaban: "Nos queremos vivas", "Ni una menos", "México feminicida", "La patria mata", "Que arda la simulación", "Si tocas a una respondemos todas", "Vivas y sin miedo", "El miedo ya no nos paraliza, nos despierta", "Ni una más, ni una más, ni una asesinada más", "Disculpe las molestias, pero nos están matando". Cada consigna hace evidente la centralidad de la rabia contra la violencia, la impunidad y la simulación de las autoridades, así como la adrenalina que las impulsa y la disposición a llegar hasta las últimas consecuencias. El ímpetu y el enojo superan el discurso y se expresan directamente en vistosas pintas sobre monumentos y sitios patrimoniales (el Ángel de la Independencia, el Hemiciclo a Juárez, los edificios históricos, el palacio de Bellas Artes y las puertas del propio Palacio Nacional en la plaza central); las mujeres se apropian de ellos y dejan plasmadas en sus texturas su rabia y su hartazgo. Algunas mujeres en grupos acotados asisten a la marcha vestidas de negro y encapuchadas, con los rostros cubiertos y empuñando palos, objetos punzocortantes y gases lacrimógenos golpean vidrieras, puertas, puestos callejeros y monumentos que encuentran a su paso. Es también manifiesto su ánimo violento y su incompatibilidad con las "buenas formas" y el "comportamiento cívico".

A estas alturas del movimiento, tanto dentro como fuera del campus universitario se asume de manera cada vez más clara el uso de la violencia como uno de los recursos o herramientas legítimas para la negociación de las demandas del movimiento; se reivindica la intervención (las pintas) de los monumentos y espacios patrimoniales en tanto "sitios de pertenencia colectiva" susceptibles de ser resignificados, y como un "ejercicio contrahegemónico" (^{Viera y Salas, 2020}). El uso de la violencia por parte del movimiento es cada vez más frecuente en las tomas de las escuelas universitarias, donde un grupo acotado de encapuchadas/os arriba a los recintos armado con armas "blancas" amedrenta a estudiantes, autoridades y trabajadores/as y cierra los planteles sin mediar ningún tipo de consulta o consenso con la comunidad de referencia.

Este tipo de acciones, que se visualiza tanto en las marchas como en las tomas de las escuelas es algo que ha generado confusión y se ha asociado también con la intervención de "agitadores externos" o "provocadores", los cuales son, en general, ajenos al movimiento. La intromisión de agitadores externos ha sido, de manera recurrente, parte de una estrategia de desestabilización o desvirtuación de los propios movimientos sociales en México y este caso no es una excepción. En los meses transcurridos ha habido recurrencia en este tipo de intromisiones, y existe una frontera borrosa que no logra ser claramente dilucidada entre uno y otro uso de la violencia. Sin embargo, es altamente probable que esto forme parte de una estrategia de "desmovilización" social, como otras que han sido instrumentadas en México en movimientos precedentes.¹⁷

Entre los rasgos prototípicos de este movimiento podemos identificar con claridad modalidades muy propias de incidir y gestionar sus demandas; muy distintas a aquellas empleadas por las generaciones previas de feministas. Más que un "diálogo" o una "negociación" se acude a la movilización, la irrupción violenta y la confrontación, y se ostenta una suerte de principio de "arrancar" a autoridades e instituciones acuerdos, reformas, cambios sustantivos y, sobre todo, compromisos tangibles que garanticen las exigencias "integrales" y de "largo plazo" que se plantean. Hay un rechazo fehaciente a recibir "migajas" y "logros acotados", y una exigencia de dar un salto cualitativo que genere un cambio radical.

Sostener esta actitud y esta convicción que para muchos/as se ostentaba como "ruda", "intolerante" e incluso "agresiva", fue algo que, sin embargo, empezó a dar sus frutos y la respuesta de las autoridades universitarias se hizo presente de manera progresiva en distintas escuelas y facultades hacia diciembre de 2019, respondiendo a las demandas de los pliegos petitorios, a pesar de las protestas y desacuerdos de buena parte de la comunidad universitaria y de la opinión pública sobre por el uso de la violencia, "la intolerancia", el vandalismo y los daños al patrimonio.

Las autoridades de la UNAM y el Consejo Universitario, en su sesión del 12 de febrero, dieron una respuesta positiva a la mayor parte de las demandas del movimiento. Entre lo más relevante destaca la reforma a varios artículos del Estatuto universitario, 95, 98 y 99, donde se establece por primera vez que la violencia de género en la UNAM será considerada como una "falta grave", y se reconoce también la ampliación del Tribunal Universitario con paridad de género y con miembros capacitados/as en Perspectiva y Enfoque de Género y en materia de Derechos Humanos.¹⁸ De manera particular, en algunas escuelas y Facultades -como Ciencias Políticas y Sociales- las autoridades correspondientes acordaron reconocer la situación de violencia estructural e institucional hacia las mujeres en el interior de la UNAM y asumir el compromiso de garantizar la seguridad de las integrantes de la comunidad universitaria, así como a atender aplicar medidas para evitar la criminalización y las agresiones contra las mujeres. Igualmente, se aceptó la creación de Unidades de Género (Unidad para la Atención a la Violencia de Género, UNAVG) remuneradas y con reconocimiento institucional en las facultades, para tomar decisiones pertinentes relacionadas con la erradicación de la violencia hacia las mujeres; en el nivel general de la UNAM se acordó instituir una Coordinación para la Igualdad de Género con las mismas funciones en el ámbito institucional, y con un presupuesto para garantizar su funcionamiento. Entre estos acuerdos, se estableció en algunas facultades la creación de una materia integrada al Plan de Estudios sobre la problemática de género, así como la introducción de la perspectiva de género en distintas materias del Plan de Estudios de cada licenciatura.

Mientras tanto, en el ámbito gubernamental, la respuesta del presidente de la República y de algunos funcionarios y funcionarias fue errática, poco empática e insensible ante la gravedad de la situación. El presidente reconoció el problema existente de violencia hacia las mujeres, pero minimizó su impacto real en la realidad de nuestro país y la urgencia de atenderlo; insistió, en cambio, en encauzar todo esto por la vía de una "cultura de paz", un comportamiento cívico, la manifestación pacífica, el respeto al patrimonio, etcétera.

No obstante, esta actitud errática del presidente fue "compensada" y equilibrada más adelante por un Comunicado oficial encabezado por la secretaria de Gobernación (Olga Sánchez Cordero, quien explícitamente se asume como "feminista") en el mes de febrero, y avalado por numerosos integrantes del gabinete (hombres y mujeres). En este Comunicado se reconoce la respuesta tardía del gobierno ante lo dramático de la situación y se declara de manera enfática la asunción de este problema como urgente y prioritario; se reconoce la legitimidad de las demandas de los distintos movimientos feministas manifiestos, se reconoce igualmente la responsabilidad del Estado para hacer frente a la violencia feminicida y se anuncia una coordinación institucional para atender de manera inmediata las distintas formas de violencia contra las mujeres. Se hace saber que se trabaja en modificar las inercias institucionales, para darle prioridad al tema, subirlo al primer nivel y cambiar la forma en que las instituciones han actuado hasta la fecha. Se asume también que los principales retos para ello se encuentran en las medidas de prevención, de atención y en la sanción en todos los ámbitos: educativo, familiar, laboral y el espacio público. Y se enuncian distintas medidas inmediatas para avanzar en ello. Finalmente, se expresa que "un acuerdo central de hoy entre todas las dependencias es la declaración de las violencias contra las mujeres como prioridad nacional" (^{Sistema Nacional DIF, 2020}).¹⁹

Tanto la respuesta de las autoridades universitarias como la de las autoridades federales deja ver el impacto generado por el movimiento feminista movilizado durante apenas unos meses, la resonancia que éste logró alcanzar en este tiempo y algunos de los aciertos más significativos hasta ahora conseguidos.

Por todo lo aquí descrito, se puede decir que el actual movimiento feminista representa en muchos sentidos una continuidad con los feminismos precedentes, pero expresa también una "ruptura" en cuanto a las tácticas y estrategias antes implementadas y en lo que refiere a la pretensión de construir un movimiento articulado; esto hace pensar en una suerte de "renovación" y "reformulación" de los términos y formas de expresión del feminismo en México.

Un movimiento complejo: la confluencia de feminismos diversos y el significado del 8M y el 9M

En el transcurso de unos meses el movimiento gestado en la UNAM adquirió resonancia en los medios, generó adhesiones de numerosos grupos y asociaciones feministas y no feministas, convocó a sectores más amplios y, como se ha dicho, trascendió las fronteras de la universidad. Una de las peculiaridades notables es que desde el inicio no ha sido un movimiento unitario, homogéneo ni claramente estructurado. Incluso el movimiento gestado dentro de la UNAM ha sido desde el principio un agrupamiento de diversos grupos de mujeres que se reconocen y se nombran con distintos adjetivos a través de los cuales indican su rasgo distintivo. Entre estos grupos destacan, por ejemplo, las mujeres de la Asamblea separatista y las Mujeres organizadas de distintas facultades, la Asamblea Interuniversitaria de Mujeres, y otro grupo autodenominado Anarquistas. Las diferencias entre estos se relacionan con distintos aspectos, como si se aceptan hombres como parte del colectivo o no, si se visten de negro y se encapuchan, si aceptan la negociación o asumen como necesario el uso de la violencia, o si la exigibilidad de las demandas es "total" o "integral", o si es posible negociar por "partes". Lo cierto es que se trata de una composición compleja, la cual, pese a todo, ha logrado generar ciertos "acuerdos comunes" sobre temas sustanciales (denunciar el acoso, la discriminación, y la impunidad en los abusos contra las mujeres), al mismo tiempo que ha logrado ejercer cierto "respeto" por las diferencias y sus implicaciones. Esto significa que en ocasiones actúan de común acuerdo y en otras, incluso dentro de la misma estrategia (las marchas, por ejemplo), hay cabida y tolerancia para el despliegue de distintas acciones que podrían resultar "contradictorias" entre sí; se combinan la manifestación pacífica con las pintas a monumentos y edificios patrimoniales y con acciones violentas que rompen vidrios, agreden a policías y lanzan explosivos.

La diversidad de expresiones en el interior del movimiento de la UNAM es algo que se reprodujo y potenció en el movimiento amplio desarrollado en el espacio público de la ciudad. Esto se hizo especialmente visible en las Convocatorias para el 8M por el "Día internacional de la Mujer" (8 de marzo), y el 9M (9 de marzo), por el paro general denominado "Un día sin nosotras". La marcha del 8 de marzo replicó las marchas realizadas en la misma fecha año con año, pero esta vez alcanzó dimensiones nunca antes vistas en una manifestación feminista en México. La asistencia (calculada por varios analistas en cercana al medio millón de personas, mujeres en su gran mayoría), la confluencia de feminismos diversos, grupos variados de la sociedad civil y una alta proporción de población "en general", que se sumó en calidad de simpatizantes recientes del movimiento, y la intensa energía condensada durante cerca de 6 horas, construyeron un escenario totalmente nuevo y de alto impacto. A esto se añade la presencia mayoritaria de mujeres jóvenes que en esta ocasión fueron sin duda las principales protagonistas.

Desde la propia convocatoria se hizo manifiesta la diversidad de feministas y actoras que lanzaron llamados, se pusieron la camiseta y asumieron la necesidad de "hacerse parte". En el transcurso de la marcha una de las cuestiones que llamó especialmente la atención fue la composición multicolor de las asistentes, a través del despliegue de pañoletas y camisetas violetas, verdes y rosas, que pusieron de relieve la conjunción de distintas demandas ligadas al feminismo y al movimiento de mujeres. El violeta fue sin duda el color predominante, que dejaba en claro la centralidad de la demanda por la no violencia hacia las mujeres compartida por grupos feministas y no feministas; pero destacó también el color verde, más ligado a las luchas feministas por los derechos sexuales y reproductivos, en particular por el aborto libre, seguro y gratuito, que es ya un derecho ganado en la Ciudad de México, pero no aún en la mayor parte de las entidades del país. Y aunque en menor proporción el color rosa hizo presentes las demandas de los grupos trans contra la violencia transfóbica y las exclusiones.

La diversidad también se mostró con relación a los grupos de la sociedad civil y de la población en general participantes, además de las feministas: agrupaciones de víctimas de violencia y de desaparición forzada, de derechos humanos, de ambientalistas, de indígenas, de trabajadoras, estudiantiles, colectivos artísticos y culturales, entre otros. Algo sorpresivo e inesperado fue la súbita "aparición" de voces y contingentes de sectores conservadores y de la derecha política del país, usualmente furibundos críticos del feminismo, que se sumaron al clamor por la no violencia, pero no dejaron pasar la oportunidad para denostar al gobierno y a la política gubernamental.

Pese a que no hubo una convocatoria unificada para la marcha, la organización de ésta logró cierta estructura y con antelación se dieron a conocer algunos criterios importantes (también novedosos) para su desarrollo. Así se dio prioridad y se cedió la cabeza de la marcha a los grupos de madres de víctimas de violencia de género y de desaparecidos/as en el país, posteriormente a las agrupaciones feministas "separatistas" (las que no admiten hombres en el contingente), más atrás a las organizaciones feministas "mixtas", y finalmente a agrupaciones varias y población en general. Esto da cuenta de que aún con la apertura y diversidad de demandas, la centralidad estaba en la violencia de género.

Como mencioné desde el inicio, en el trayecto de estos meses el tema de la violencia de género ha alcanzado una gran amplitud y se ha desdoblado en múltiples dimensiones, en este sentido, las consignas presentes en el 8M dan cuenta del potencial alcanzado. Entre las más recurrentes están: "Existo porque resisto", "Tiemblen los machistas, que América Latina será toda feminista", "Si tocas a una respondemos todas", "Somos la voz de las que ya no están", "Nos sembraron miedo, nos crecieron alas", "Ni la tierra ni las mujeres somos territorio de conquista", "Mi cuerpo, mi decisión", "Vivas nos queremos", "Fue el Estado", "Ni una más, ni una más, ni una asesinada más", "Patriarcado es impunidad", "El 8 no se felicita, se lucha", "Los machos nos matan", "Calladita no te ves más bonita", "No somos histéricas, somos históricas", "Me cuidan mis amigas, no la policía", "Quiero vivir sin miedo", "Si tocan a una nos tocan a TODAS", "Contra la violencia laboral", "Yo sí te creo", "El Estado opresor es un macho violador", "Libres, no valientes", "Mujeres indígenas, mujeres visibles en defensa de nuestros territorios", "Se va a caer, se va a caer, el patriarcado se va a caer", "La revolución será feminista o no será", "NO ES NO", "Que sea la libertad nuestra única sustancia", "Nunca más una ciencia sin nosotras", "Hay que ABORTAR el sistema patriarcal", "Nuestra rabia quebrará el patriarcado", "La verga violadora va a la licuadora", "Mujer, hermana, si te pega no te ama", "Mi cuerpo no es objeto de consumo".

En términos generales la marcha transitó sin mayor problema y fluyó durante 6 horas por las calles del Centro de la capital, fue emotiva y estimulante, sin embargo en el trayecto no faltaron episodios tensos y violentos encabezados por grupos de encapuchadas y encapuchados (esta vez también había hombres), ante los cuales los contingentes de la marcha tuvieron reacciones distintas, como manifestar cierto apoyo al grito de "Fuimos todas", o alzar los puños en alto en demanda de serenidad y no violencia. Se registraron algunos vidrios rotos, inmuebles dañados, forcejeos entre los asistentes y algunas detonaciones de explosivos, incluso en la Plaza de la Constitución (el "Zócalo"). No obstante, no hubo incidentes de mayor envergadura; la marcha culminó sin un acto especial "de cierre" y sin algún tipo de "pronunciamiento", lo que es indicativo de la ausencia de un "horizonte de organización política articulado" (^{Palumbo y Azparren, 2020}); se trató más bien de un episodio emblemático y una demostración del poder de convocatoria del movimiento en ciernes.

El caso del 9M fue un evento novedoso nunca ensayado en México y menos aún en el movimiento feminista. Fue convocado como "Un día sin nosotras", y formalmente significaba lo contrario al 8M, en tanto el llamado a las mujeres era a ausentarse del espacio público, a hacerse invisibles y "no hacer nada"; sin embargo, era un llamado que lo que pretendía era precisamente visibilizar, a través de la ausencia, el papel central e indispensable de las mujeres en el devenir de la vida cotidiana (en la pareja, la familia, los centros de trabajo, las instituciones, la vida pública, etc.) y en tal sentido fue la contraparte complementaria de la gran manifestación del 8M.

Fue una iniciativa emanada directamente de la sociedad civil, de algunos grupos de mujeres del estado de Veracruz (en específico Las brujas del mar), convocando a un paro de aquellas actividades cotidianas a cargo de las mujeres que se expresa en el "no hacer nada" durante un día: no consumir, no trabajar, no realizar quehaceres domésticos, no aparecer en las redes sociales, no atender nada y a nadie. Lo novedoso de la propuesta atrajo la atención de un universo muy amplio de mujeres pertenecientes a muy diversos estratos sociales, ideologías, ámbitos laborales y profesionales, tendencias políticas, de izquierda y de derecha, de organismos sociales y civiles, que se hicieron eco del llamado y tomaron parte activa en el repliegue esperado.

El resultado fue más que contundente, y la ausencia femenina se dejó sentir en la calle, en las instituciones, los centros de trabajo, en los Bancos, en numerosas empresas y el transporte público, pero también en las actividades económicas, los centros comerciales y los medios de comunicación. Algunas estimaciones en la prensa aseguraron que el impacto en la economía, tan sólo en la capital del país, podría haber sido de 6 mil millones de pesos, dado que de acuerdo con la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) (^{Agencia Reforma, 2020}), las mujeres representan en términos reales 44 % de la población ocupada en esta ciudad. Por estos motivos el paro tuvo una fuerte resonancia internacional, donde fue catalogado como "suceso histórico" y "huelga inédita" (^{Beauregard, 2020}).

Lo interesante de este ejercicio fue la amplísima convocatoria que generó en múltiples grupos de feministas y de mujeres en general que se reconocieron en el sentido del llamado y se solidarizaron para "hacer estallar la desigualdad normalizada prevaleciente en las relaciones de género" que minimiza, discrimina, excluye, usa, desconoce, somete y violenta a las mujeres. Al mismo tiempo, se logró llamar la atención sobre el papel central de las mujeres en todos los ámbitos de la realidad social (de manera especial sobre el trabajo no remunerado de los cuidados familiares y el peso económico real que representa el rol de las mujeres), y principalmente, parafraseando a Angela Davis, se logró hacer visible la idea radical y sustancial del feminismo de que "las mujeres somos personas" (^{Camarzana, 2018}); algo que resulta tan obvio y elemental pero que históricamente ha sido negado u omitido por el género masculino.

El horizonte abierto, las preguntas en el aire y lo que sigue…

De todo lo antes expuesto se derivan numerosas preguntas, reflexiones y también ciertas certezas que no es posible condensar en un espacio reducido. Lo que queda por ello es enunciar algunas de las cuestiones que resultan más significativas a la luz del proceso aquí analizado.

Lo primero es insistir en la particularidad del movimiento feminista de esta segunda década del siglo XXI, en su clara diferenciación de los feminismos anteriores, con respecto a los cuales se muestran como un(a) nuevo(a) actor(a), con lenguaje, estrategias de acción y formas de comunicación muy "propias", que definen su singularidad y, en buena medida también, su pertenencia a una nueva realidad y a una nueva generación. Y, sin embargo, es necesario insistir también en la continuidad que en muchos sentidos las protagonistas representan con respecto al trayecto preexistente. En este sentido, no se puede negar que de muchas maneras el movimiento en curso es heredero de un valioso legado y de una tradición de lucha ya instalada en nuestro país en este campo, con énfasis en la Ciudad de México; y son por ello también, depositarias y usufructuarias de los logros previos de este trayecto; de aquí que no es un movimiento que emerge por generación espontánea, aún cuando sus emblemas representen en buena medida una "ruptura" con lo precedente. Quizás lo más relevante es la centralidad otorgada a la violencia de género, como un problema arraigado en los ámbitos público, privado e íntimo de las mujeres, que se ha potenciado por el resquebrajamiento del equilibrio sostenido en la estructura desigual de las relaciones de género. De aquí la radicalidad de sus demandas.

En segundo término, interesa de manera especial reparar en la dimensión de los logros obtenidos por este movimiento aún en curso, sobre todo porque algunos de estos se han conseguido a pesar de las reservas y desaprobación de algunos sectores con las estrategias por él empleadas. Distingo dos tipos de logros de gran envergadura: los primeros, de orden comunicativo y cultural, donde al mismo tiempo que se posiciona la violencia de género como un tema central de la problemática y la agenda nacionales, se visibiliza su persistencia y el nivel extremo alcanzado por estas prácticas masculinas; se logra "romper el silencio" y sacar a la luz pública el problema, e impugnar la "normalización" instaurada en las relaciones de género; se devela con claridad el sustrato cultural (y por ello estructural) que yace en el origen de esta problemática y la función de la dinámica patriarcal en su reproducción, de aquí que quede claro que es esta institución la que debe transformarse. En otro orden, los logros se hacen visibles en el ámbito socio-político, donde la desigualdad de género es elevada al rango de la desigualdad de clase, como un problema estructural de las sociedades contemporáneas que atraviesa todos los estratos; se interpela al Estado y se responsabiliza a las autoridades de las omisiones, impunidades y encubrimientos; y de manera más puntual se consigue avanzar en reformas orientadas a garantizar la seguridad de las mujeres, combatir la violencia de género, tipificar los delitos al respecto y hacer valer las sanciones correspondientes.

Un tercer tema para reflexionar es el que compete al polémico uso de la violencia como estrategia de denuncia, de gestión y conquista de las demandas. Lo que aquí cabe preguntarse es acerca del papel "inevitable" de la violencia en estas circunstancias; en otras palabras: ¿un movimiento de esta naturaleza, que tiene como eje de impugnación a la violencia de género y que se desenvuelve en un escenario de proliferación extrema de la violencia, puede realmente ser no violento?²⁰ Se trata de un tema que no admite ser respondido de manera "general" y abstracta, con base en principios preestablecidos y sin una referencia a circunstancias concretas. Sin embargo, en este caso vale la pena tener también en cuenta que de algún modo en numerosos movimientos sociales inscritos en campos muy distintos (urbanos, ambientales, sindicales, juveniles, estudiantiles) frecuentemente el uso de la violencia forma parte de sus ciclos "naturales" de desenvolvimiento. Esto es, se acude, en distinto orden, a la demanda formal, al diálogo, la negociación, la movilización y, en momentos álgidos y considerados como límite, se acude también a la confrontación y al despliegue de actos violentos. De tal manera que todo esto depende del contexto, el escenario, la respuesta de las autoridades, en cada momento. En el caso del movimiento feminista al que me he referido, la violencia ha sido reivindicada y ejercida por algunos grupos (no el conjunto), arguyendo, por una parte, la ineficacia y falta de resultados cuando se han utilizados los "medios cívicos" (dialogo, negociación, etc.), pero, sobre todo, la rabia condensada en los agravios denunciados y el dolor generado por el extremo inadmisible que significa acabar con la vida y con la dignidad de las mujeres, en particular las del entorno próximo: hijas, madres, hermanas, compañeras de vida, etc. ("Tocan a una y respondemos todas", "Te prefiero violenta que violada y muerta", "Cuando nos dejen de matar regreso a limpiar tu monumento"). La indignación y el dolor que esto produce es el motor de la violencia utilizada, y es lo que para estos grupos de mujeres la justifica; por otra parte, es avalada también como una "forma de comunicar y sacudir" para llamar la atención de las que han tenido "el privilegio" de no ser objeto de violencia. Más que un ejercicio de avalar o reprobar per se el uso de este medio, considero que es una reflexión que queda abierta y que "la postura correcta" al respecto dependerá del análisis de las propias circunstancias.

El cuarto tema, sin duda relevante, es el que refiere a la perspectiva del propio movimiento feminista, articulado, como mencioné antes, por un conjunto de feminismos diversos, donde confluyen horizontes, demandas y expectativas comunes, pero donde se confrontan también perspectivas y estrategias muy disímiles. En la historia del feminismo en México ha habido siempre encuentros y desencuentros, y ha sido recurrente diferenciar el feminismo de las activistas, del feminismo académico; el feminismo de clase media del feminismo popular; también se han diferenciado en otros registros abortistas, abolicionistas, trans, lesbianas, no binaries, bisexuales e intersex. De esta manera no es una novedad la diferenciación interna del movimiento y los distintos sentidos en que éste se asume; sin embargo, es de hacer notar la particularidad que representan las separatistas, que en el momento actual se han expresado con gran vigor. En términos generales, el separatismo alude a la clara diferenciación y distanciamiento con los hombres-varones, lo que en términos de "postura política" significa apostar siempre primero por las mujeres (como académicas, intelectuales, políticas, compañeras de vida, etc.). En el movimiento actual, el separatismo se ha expresado en esta dirección apuntalando el liderazgo de las mujeres, la lucha de las mujeres, el marchar en contingentes no mixtos, etc. Y su sola presencia ha dado lugar a un debate en torno al sentido y validez de esta postura en términos del sentido de la lucha feminista, donde se ha hecho manifiesta la confrontación entre quienes asumen que la lucha contra las dinámicas patriarcales vigentes es "contra los hombres", y quienes asumen que esta lucha y el feminismo en general deben hacer causa común con los varones, más en consonancia con la postura de Segato (^{Carbajal, 2018}), quien afirma categóricamente que "el feminismo no puede y no debe construir a los nombres como sus enemigos naturales".²¹ Esta es una reflexión que nos lleva a preguntarnos sobre la posibilidad y viabilidad de vislumbrar una suerte de "proyecto común" en el mediano o largo plazo, donde puedan confluir al menos algunos de los feminismos hoy vigentes en nuestro país. Por último, es importante señalar que pese a que el despliegue de la pandemia de covid-19 interfirió en la continuidad de este movimiento en el espacio público (movilizaciones callejeras, presión institucional, etc.) la presencia del movimiento se ha mantenido, con diferente intensidad, en las redes sociales y en algunos medios de comunicación. Esto deja ver que la potencia del movimiento se mantiene activa.