La movilización de conocimientos en las ciencias sociales

En las ciencias sociales se ha debatido desde hace décadas sobre las formas de hacer investigación cuando se pretende generar conocimiento aplicable para atender problemas de la sociedad. Este tema genera preguntas que van desde las diferencias entre ciencia básica y ciencia aplicada (^{Huxley, 1934}; ^{Kitcher, 2001}; ^{Godin, 2006}; ^{Douglas, 2014}) hasta la compleja relación entre los tiempos y ritmos de los procesos de conocimiento y los de elaboración de políticas públicas. Problemas asociados son los de los fines del conocimiento (^{Greer, 2005}), la distancia requerida para mantener la objetividad (^{Gibbons et al., 1994}) y la relación entre ciencia aplicada e innovación, todos ellos referidos igualmente a las ciencias naturales que a las sociales. En el caso de éstas últimas, la preocupación por hacer una ciencia social enfocada en la solución de problemas (^{Lewin, 1946}) deriva en las décadas 50-70 del siglo xx en la propuesta de la investigación-acción propugnada en América Latina por autores como Fals Borda, Sirvent y Villasante (^{Lois, 2017}) que demandan una investigación comprometida con el cambio social, así como con propuestas relacionadas con la interacción y la coproducción del conocimiento (^{Scott, Skea, Robinson y Shove, 1999}; ^{Caswill y Shove, 2000}).

Un enfoque más centrado en los problemas del conocimiento y en la capacidad de las ciencias sociales para identificar los problemas y plantear soluciones viables es el planteado por ^{Gouldner (1989)} y desarrollado por autores como ^{Greer (2005)} y ^{Wollman (2008)}. En el campo de los estudios sociales de la ciencia y la tecnología han surgido otros planteamientos sobre las formas de producción y usos del conocimiento, incluyendo los sistemas de investigación en transición (^{Cozzens, Healey, Rip y Ziman, 1990}), los llamados Modo 1 y Modo 2 (^{Gibbons et al., 1994}), la capitalización del conocimiento (^{Etzkowitz, Webster y Healey, 1998}), la utilidad social de la investigación (^{Kreimer, Thomas, Rossini y Lalouf, 2004}; ^{Vaccarezza, 2009}) y la apropiación social de la ciencia y la tecnología (^{Olivé, 2011}).

Esta amplia literatura (^{Levin, 2008}) ha propuesto distintos conceptos para dar cuenta de los procesos mediante los cuales el conocimiento generado por la investigación es usado en la práctica. Éstos incluyen: difusión, diseminación, transferencia y traducción de conocimientos, todos los cuales indican que el conocimiento se genera en el mundo académico y es compartido desde allí en forma lineal para su uso por diferentes sectores.

El concepto de movilización del conocimiento (MC) ha sido adoptado en años recientes para definir la conexión de la investigación académica con las organizaciones, actores, sectores, y gobiernos, asumiendo que implica procesos de construcción de relaciones que pueden ser iniciados por la academia o por diversos tipos de actores. En términos generales, la movilización del conocimiento recupera muchos de los planteamientos mencionados arriba e involucra un proceso de interacción social del que se esperan resultados que sobrepasen el ámbito académico. El concepto tiene la virtud de enfatizar la multidimensionalidad, el largo plazo y, a menudo, la naturaleza política del proceso (^{Levin, 2008}).

De la revisión de la literatura sobre movilización de conocimiento se han retomado algunas dimensiones analíticas que resultan útiles para los propósitos de este artículo, relacionadas con los diferentes tipos de MC, sus principales componentes y las prácticas mediante las que se realiza.

Sobre el primer aspecto, ^{Davies, Powell y Nutley (2016: 8-11)} y ^{Nutley, Walter y Huw Davies (2007)} identifican tres modalidades de MC: lineal, relacional y sistémica. En la lineal se asume que hay dos ámbitos separados, el de la producción y el de la aplicación del conocimiento; entre ellos existe una conectividad limitada y el conocimiento es concebido como un producto transferible. Esta modalidad contiene a la difusión, la diseminación y la transferencia de conocimientos. En la forma relacional, una de las principales premisas es que se trata de un proceso social y situado, en el que el aprendizaje entre diversos actores es central. El énfasis está en la vinculación y el intercambio, lo que significa que hay procesos de negociación entre productores y usuarios del conocimiento respecto de la demarcación y definición de los problemas, así como de los distintos significados del conocimiento. En esta modalidad se generan diversos grados de involucramiento, desde el diálogo entre investigadores y actores no académicos hasta el trabajo conjunto (como por ejemplo en la denominada investigación-acción). Por último, en la modalidad sistémica las relaciones se configuran, se incorporan y se organizan a través de múltiples agentes con sus propios ritmos, dinámicas, visiones del mundo, prioridades y procesos, lenguaje, escalas de tiempo, medios de comunicación y expectativas (^{Best et al., 2009: 628}). También intervienen estructuras que median las interacciones, como redes, organizaciones e instancias destinadas a este propósito. Se trata de procesos complejos en los que hay aspectos clave a considerar: la naturaleza del conocimiento, el papel del liderazgo de los actores y la construcción de redes.

Aun reconociendo diversas formas de MC, la idea principal es que estos procesos “ayudan a que la investigación académica sea accesible para audiencias no académicas y apoyan la colaboración entre socios académicos y no académicos como las organizaciones comunitarias” (^{Phipps et al., 2016: 31}). En el caso de las ciencias sociales involucra un intercambio sistemático entre académicos y no académicos mediante redes, colaboraciones e infraestructura para la creación, movilización e intercambio de conocimiento. En su forma más avanzada, ^{Phipps et al. (2016: 33)} la conciben como un modelo de coproducción para el impacto, es decir, un proceso que apoya la investigación orientada a la acción y utiliza enfoques novedosos para afrontar retos sociales, económicos y medioambientales. En la movilización del conocimiento en términos de coproducción, de acuerdo a ^{Phipps y Shapson (2009: 5)}, intervienen cuatro componentes: 1) el interés académico por llevar la investigación más allá de sus fronteras; 2) la atracción de la investigación académica por parte de la comunidad; 3) el intercambio de conocimientos entre comunidad y academia, y 4) la producción conjunta de la investigación que deriva en propuestas teóricas y analíticas de carácter académico, pero al mismo tiempo relevantes para la acción comunitaria.

Estos procesos comprenden tres actividades fundamentales: la generación de investigación, evidencia y conocimiento; la distribución y puesta a disposición de ese conocimiento, y los usos que se hacen del mismo (^{Levin, 2008: 7}), con diversos grados de retroalimentación e interacción, en un proceso que no fluye en una sola dirección. Como sostienen ^{Rojas y Natera (2019: 120)}, la MC involucra “un flujo recíproco y complementario de conocimientos basados en investigación, que circulan entre investigadores, agentes y usuarios del conocimiento”.

La MC puede realizarse a través de diversas prácticas que incluyen desde procedimientos de diseminación de la información hasta formación profesional y construcción de redes interpersonales e interinstitucionales. En general, las prácticas consisten en una mezcla de actividades que implican diferentes tipos de conocimiento (^{Davies et al., 2016}). El conocimiento está orientado, a su vez, por distintos propósitos, que ^{Murphy y Fafard (2012: 269)} separan en tres tipos con base en la teoría de los intereses del conocimiento de ^{Habermas (1982)}: instrumental (solución técnica de problemas), hermenéutico (comprensión del mundo social) y emancipatorio (superación de la dominación). Estos autores sugieren que la mayoría de los procesos de movilización de conocimientos se centran en la resolución de problemas instrumentales, y argumentan que la investigación social tiene -o debería tener-, otros objetivos.

Asumiendo la idea de que la movilización de conocimiento tiene un fuerte componente de acciones más allá de la academia, en la siguiente tabla se presentan algunas de las dimensiones de análisis referidas a estos procesos que hemos adaptado a partir de la revisión presentada.

Iniciativas de las ciencias sociales frente a la Covid-19

A escasas semanas de que se declarara la pandemia en México, diversas instituciones y grupos académicos de ciencias sociales desplegaron un conjunto de iniciativas orientadas a generar y difundir conocimiento útil para comprender y mitigar los impactos de la pandemia. Al paso de los meses, estas iniciativas se fueron multiplicando en distintas regiones del país. En una revisión no exhaustiva, a través de la consulta de sitios web de centros de ciencias sociales, se identificaron poco más de un centenar de procesos de movilización de conocimientos emprendidos desde las ciencias sociales en el periodo comprendido entre marzo de 2020 y julio de 2021; de ellos, 57 corresponden a 6 centros públicos de investigación, 33 a 9 universidades públicas, 15 a 3 universidades privadas y una al Consejo Mexicano de Ciencias Sociales, que es una asociación civil.

En el amplio conjunto de iniciativas identificadas, resulta revelador que todas se originaron desde las propias instituciones académicas, principalmente mediante formatos de difusión a menudo novedosos con la utilización de medios y plataformas virtuales para hacer llegar el conocimiento académico a otros sectores de la sociedad. Sin embargo, sólo una minoría de las iniciativas registradas (5/106) tuvieron algún tipo de interlocución directa con actores no académicos. Numerosas entidades académicas que realizan investigación en ciencias sociales organizaron blogs, seminarios y foros de discusión y produjeron publicaciones sobre problemas como la exclusión y desigualdad social,; las deficiencias en materia de salud, educación y vivienda; las vulnerabilidades de las poblaciones migrantes; la violencia de género; el desempleo; la situación de las comunidades indígenas, y la salud mental de diversos grupos. Abordaron asimismo el impacto económico de la pandemia sobre pequeñas y medianas empresas, el sistema financiero, el turismo y la industria maquiladora. Es relevante enfatizar que todos estos problemas preceden a la pandemia y han sido analizados desde hace tiempo por las ciencias sociales; se disponía, pues, de conocimiento, información y bases de datos que ante la crisis sanitaria, resultaban relevanten para los gobiernos e instituciones que desplegaban acciones de mitigación de los efectos.

Las problemáticas se abordaron en muchos casos bajo una perspectiva local o regional. Por ejemplo, el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS) contribuyó con la discusión de los efectos de la Covid-19 en comunidades de Chiapas y Quintana Roo, El Colegio de San Luis (COLSAN) orientó la discusión hacia las comunidades originarias de ese estado y El Colegio de la Frontera Norte (COLEF) centró parte de sus esfuerzos en las poblaciones migrantes. Universidades públicas regionales, como la Universidad de Guadalajara, la Universidad Autónoma de Baja California, la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca y la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, enfocaron sus iniciativas a analizar los retos para grupos indígenas, personas de la tercera edad y población marginada, así como para diversos sectores empresariales y actividades económicas.

Aunque muy pocas de las iniciativas se realizaron en colaboración con otros actores sociales o gobiernos, la mayoría consideraron la atención o solución de problemas específicos como el propósito principal de sus intervenciones, planteando recomendaciones, propuestas de políticas y herramientas para afrontar la pandemia. Lo hizo el cide, que desarrolló un modelo basado en información demográfica y geográfica con proyecciones sobre los efectos de las distintas prácticas de mitigación, que permitía, potencialmente, tomar mejores decisiones en el sector salud. Lo hizo asimismo el Instituto de Geografía de la UNAM con un estudio sobre la distribución territorial diferenciada de la vulnerabilidad en distintas dimensiones y la necesaria variación de las estrategias para hacer frente a la epidemia, tomando en cuenta las características regionales y locales.

En este contexto, el uso del conocimiento rebasó en algunos casos la perspectiva puramente analítica para situarse en la modalidad instrumental, orientada a la solución de problemas prácticos específicos. Por ejemplo, el Instituto de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), mediante plataformas virtuales, proporcionó a los emprendedores herramientas gratuitas para realizar diagnósticos que les permitiesen afrontar la crisis. El mismo ITESM, conjuntamente con ONU-Hábitat, diseñó una plataforma con un programa de capacitación basado en una guía metodológica de recuperación socioeconómica municipal en el contexto de Covid-19, destinada a apoyar a los gobiernos locales en el diseño de diagnósticos multidimensionales que generaran estrategias y planes de acción. La comunicación para compartir conocimiento a actores específicos, característica de la forma relacional de movilización de conocimiento, se pudo llevar a cabo principalmente a través de plataformas virtuales.

Las iniciativas también abordaron el análisis de las respuestas a la pandemia, como actitudes y comportamientos de la población, medidas gubernamentales para afrontar la crisis económica, reacciones ante el confinamiento e incorporación de los medios virtuales a la actividad escolar y académica. En la UNAM, la Coordinación de Humanidades habilitó un micrositio llamado “Sitio Covid-19, Humanidades UNAM, Reto social” para concentrar todas las iniciativas de las ciencias sociales y las humanidades en torno a la pandemia, en el cual se publicaron análisis, reflexiones y recomendaciones relacionadas con economía, salud, derechos, educación, perspectiva de género, arte y cultura, así como estadísticas y encuestas realizadas ex profeso. Entre estas últimas se encuentran: Opiniones de los universitarios sobre la epidemia de coronavirus (Covid-19) y sus efectos sociales” (IIS y Comisión Universitaria para la Atención de la Emergencia Coronavirus UNAM), Efectos de Quédate en Casa en la vida de las Mujeres” (CIEG-UNAM) y “Estudio sobre trabajo y dinámicas del hogar en el contexto del Covid-19” (CRIM-UNAM).

El Consejo Mexicano de Ciencias Sociales (comecso) convocó, a partir de mayo de 2020, al “Ciclo de charlas y debates en torno a la pandemia mundial por coronavirus (Covid-19)”, en el que académicos de distintas regiones dictaron 17 conferencias, ampliamente difundidas en plataformas digitales, en las que se discutieron aspectos como la emergencia económica, los impactos psicológicos, la violencia de género, los procesos educativos, las vulnerabilidades territoriales, las personas en situación de calle, la precariedad e informalidad del mercado de trabajo, el papel de las redes sociales, las teorías de la conspiración, los desastres y las relaciones entre ciencia y sociedad, así como una amplia agenda a ser atendida por las ciencias sociales para afrontar las consecuencias y dar respuestas a esta crisis.

Dada la heterogeneidad de la información en la que se basa este análisis, es difícil dimensionar los verdaderos alcances de las iniciativas registradas. Sin embargo, se puede afirmar que en su gran mayoría son acciones de MC de tipo lineal, mientras que una cantidad menor son de carácter instrumental y muy pocas tienen un carácter sistémico. Posiblemente, como sugiere ^{Levin (2008)}, en la práctica puede haber mucho más uso de la investigación de lo que está públicamente documentado, pero comprobarlo requeriría emprender investigaciones y entrevistas a profundidad con actores académicos y no académicos.

En el siguiente apartado se examinan con mayor detalle tres iniciativas generadas por centros académicos de ciencias sociales, lo que permite ahondar en el análisis de las dimensiones de la movilización de conocimientos.

Tres proyectos de ciencias sociales sobre Covid-19

En efecto, entre las numerosas respuestas académicas de las ciencias sociales frente a la Covid-19, seleccionamos tres casos que permiten apreciar las formas diversas en que fue movilizado el conocimiento de estas disciplinas para atender los impactos de la epidemia en aspectos específicos de diferentes grupos sociales. En dos de ellos se trata de experiencias académicas que se sustentan en investigaciones y conocimiento previamente generado por los grupos de investigación sobre las temáticas abordadas y en un amplio conocimiento acerca de los contextos regionales involucrados. En el tercero, se aprovecha la experiencia de algunos de los participantes para iniciar investigación sobre un tema relativamente novedoso en la región. En el Cuadro 2 se resume la información que en las siguientes páginas se analiza con mayor detalle.

Proyecto 1: Condiciones de habitabilidad de las viviendas ante el confinamiento social impuesto por la Covid 19

Este proyecto fue coordinado desde el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM con la participación de alumnos y profesores de varias instituciones. Se trata de una iniciativa de colaboración interinstitucional, liderada por investigadores con una trayectoria reconocida en estudios urbanos e interesados en problemáticas sociales asociadas a las ciudades. La red se formó a partir de contactos personales entre investigadores que han colaborado desde hace más de 20 años, así como exalumnos y exalumnas. Uno de los organismos vertebradores fue la Red de Investigaciones en Gobiernos Locales Mexicanos (IGLOM).

Estos antecedentes explican en buena medida la rápida movilización del grupo y la producción de instrumentos de análisis en muy corto plazo. Por su forma de organización, remite en principio a una modalidad de tipo lineal. Fue importante la participación de estudiantes del Posgrado en Urbanismo que trabajaron intensamente en el proyecto. La investigadora líder de este proyecto destaca la participación y la colaboración de todo el equipo en un trabajo muy intenso y de notable rapidez. Se planteó como objetivo principal determinar de qué manera influían las condiciones de habitabilidad de las viviendas en 8 ciudades en una situación inédita, en la cual el confinamiento modificaba las funciones de las viviendas y alteraba las relaciones entre sus habitantes, obligándolos a una convivencia forzosa e intensa en un espacio con carencias para sus funciones habituales y no diseñado para las nuevas condiciones derivadas de la pandemia. Se buscaba contribuir desde las ciencias sociales con ideas para el diseño de acciones inmediatas y políticas públicas, en particular políticas urbanas y habitacionales, que permitieran contrarrestar los graves efectos generados por la pandemia (^{Ziccardi, 2021: 17}). Las diferentes especialidades académicas tanto de los investigadores como de los alumnos ilustran la vocación multidisciplinaria del equipo de investigación.

El estudio en cuestión parte de una conceptualización muy próxima a la que plantea ONU-Hábitat al considerar que las condiciones de habitabilidad de las viviendas y de su ubicación no sólo determinan la calidad de vida o el bienestar de las personas y sus familias sino también posibilitan el acceso efectivo a diversos derechos sociales. Por medio de una investigación exploratoria, aplicada y colectiva (^{Ziccardi, 2021: 17}) el proyecto se proponía:

Conocer los efectos que tiene el “distanciamiento social” en las familias mexicanas, de acuerdo con las condiciones de la vivienda y el entorno urbano en el que se localizan, a fin de elaborar propuestas que permitan enfrentar en las mejores condiciones posibles esta difícil situación sanitaria, económica y social. (^{Ziccardi et al., 2020: 1})

Es decir, buscaba explícitamente elaborar propuestas encaminadas a solucionar problemas mediante la difusión de los resultados de la encuesta y el conocimiento previo sobre el tema de investigación.

El estudio se llevó a cabo en las zonas metropolitanas de la Ciudad de México, Guadalajara y Monterreyy en las ciudades de Cuernavaca, Toluca, Mérida, Ciudad Juárez y Tijuana (^{Ziccardi, 2021: 17-18}). Su principal instrumento de investigación fue un cuestionario elaborado por académicos de varios centros de investigación. Además, se utilizaron datos censales, así como las principales fuentes de información de diversos organismos gubernamentales. El cuestionario fue administrado mediante la técnica de “bola de nieve” y aplicado a través de Internet y telefónicamente mediante Whatsapp. Esto implica que sólo se pudo contactar y aplicar a la población que tenía alguna forma de conectividad a Internet.

En el análisis de la información participaron académicas y académicos de la Universidad de Guadalajara, El Colegio de la Frontera Norte, la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, El Colegio Mexiquense y el CINVESTAV-Mérida. Asimismo, el proceso de búsqueda y sistematización de información contextual y de las acciones que realizan diferentes instituciones gubernamentales fue realizado por un grupo de estudiantes de los programas de posgrado en Ciencias Políticas y Sociales y en Urbanismo de la UNAM. El proyecto produjo un informe preliminar en mayo del 2020, según el cual “el cuestionario comenzó a aplicarse el 25 de abril y habiéndose recibido 5 mil respuestas el día 28 de abril se decidió hacer un primer corte” con la intención de “ofrecer un primer análisis y algunas recomendaciones generales, a fin de contribuir a mejorar las condiciones de vida de los habitantes de estas ciudades durante el confinamiento y cuando se logre superar esta pandemia” (^{Ziccardi et al., 2020: 2}).

La aplicación del cuestionario se extendió hasta el 31 de mayo de 2020, fecha en que se dio por terminada la Jornada Nacional de Sana Distancia. En total se recibieron 8 085 cuestionarios, de los cuales 7 030 corresponden a los municipios de las zonas metropolitanas estudiadas. Sin embargo, el grupo continuó realizando un análisis de cada ciudad incluida en el proyecto con la intención de “profundizar estos resultados preliminares al considerar las características particulares de las viviendas y el espacio público, así como de las acciones gubernamentales realizadas por cada ámbito de gobierno y por la sociedad civil para enfrentar la pandemia” (^{Ziccardi et al., 2020: 2}). En una segunda etapa, desde finales de abril 2021, empezó a aplicarse un segundo cuestionario que presenta algunas modificaciones con respecto al primero.

Este proyecto constituye un caso de investigación académica que, en la coyuntura de la pandemia, actualiza conocimientos previos sobre la relación entre hábitat y sociedad con nuevos datos, incorporando la experiencia social que supone el confinamiento y todos los cambios sociales derivados de la pandemia. Aunque los resultados no parecen tener un destinatario preciso, la organización del grupo permite suponer que los resultados se podrán ofrecer a gobiernos locales con los cuales los investigadores habían establecido relaciones previas. De hecho, se realizaron reuniones con algunos alcaldes, como el de Iztapalapa, en la Ciudad de México. Los resultados publicados surgidos del cuestionario remiten a “propuestas ciudadanas para sobrellevar la crisis sanitaria y sus graves efectos económicos y sociales” (^{Ziccardi y Figueroa, 2021: 31}). Es decir, la posible utilización de los resultados surge directamente de los resultados de la encuesta.

Para la difusión del proyecto se hicieron una gran cantidad de presentaciones en foros diversos con una audiencia importante. Uno de los interlocutores fue Cepal, institución a la que, junto con el gobierno de la ciudad de México, se presentaron resultados del proyecto. Se realizó también un Webinar destinado al movimiento urbano-popular, pues uno de los aspectos más delicados de la situación por la pandemia fue el tema de la vivienda en renta por el riesgo de desahucios ante la pérdida de trabajo de los arrendatarios y las deudas derivadas de ello. Este tipo de vínculos con organismos de distinta naturaleza, desde instituciones de desarrollo como Cepal hasta asociaciones de la sociedad civil, permiten interpretar que el carácter lineal del proyecto fue evolucionando hacia una modalidad de tipo relacional. Dada la complejidad de las relaciones entre los académicos e instituciones no académicas y la temporalidad de estos procesos, sería necesario observar en el futuro si la utilización del conocimiento obtenido y movilizado ha contribuido a la solución de problemas específicos y/o forma parte de las políticas públicas diseñadas para los problemas derivados de la habitabilidad de las viviendas.

Proyecto 2: Estrategias de atención a grupos vulnerables en el marco de la pandemia

En marzo de 2020 se integró un grupo de trabajo interdisciplinario en el COLEF, con el objetivo de generar documentos de investigación orientados, en principio, a elaborar diagnósticos y desarrollar estrategias para la atención a grupos vulnerables. Durante varios meses el grupo mantuvo una dinámica de trabajo en la que se produjeron un total de diez reportes de investigación, realizados en tiempos muy cortos, y publicados unos días después de su presentación y discusión en seminarios en los que se propusieron modificaciones incorporadas por los autores para la versión final. Aunque estos trabajos requirieron investigación original, todos los reportes se basaron en el amplio conocimiento previo de los temas tratados por parte de las y los académicos participantes.

Los diez reportes generados por el grupo del COLEF fueron realizados por iniciativa de los propios investigadores participantes; se difundieron mediante plataformas digitales y medios convencionales y todos contenían recomendaciones de política para atender diversos problemas sociales y económicos de la región norte de México. Tres de ellos, sin embargo, adquirieron una dinámica diferente al involucrar una mayor interacción con grupos sociales, organizaciones civiles y dependencias gubernamentales: un estudio sobre los jornaleros migrantes en el norte de México, uno sobre los albergues para migrantes en la frontera norte del país y otro sobre la vulnerabilidad social frente a la Covid-19 en el estado de Baja California. Los dos primeros fueron concluidos en la primera quincena de abril de 2020, y el tercero un mes después. Para la difusión de esos trabajos -y de todos los generados por el COLEF en relación con la pandemia- se creó un micrositio web que fue habilitado el 17 de abril de 2020 y que resultó una herramienta ágil y de amplio alcance. Además de las más de 40 000 consultas directas a los documentos publicados, durante los días posteriores a la publicación de cada uno de los reportes, la prensa nacional y local los utilizaron como fuente para numerosas notas periodísticas. Diversos medios de comunicación, particularmente noticieros de radio de alcance nacional, entrevistaron a los autores para comentar los resultados. Entre abril y agosto de 2020 se transmitieron 47 entrevistas en medios. De esta manera, los análisis y propuestas generados tuvieron un amplio eco en la opinión pública.

Los temas abordados, así como las metodologías y enfoques utilizados, abarcan una amplia gama de intereses y reflejan parte del quehacer de la comunidad académica del COLEF, pero esta experiencia en particular se basa en prácticas previas de movilización del conocimiento mediante trabajo colectivo y de reacción rápida frente a contingencias sociales. En esta ocasión, la integración del grupo obedeció a la urgencia de analizar el impacto de la pandemia en la región norte de México, así como proponer medidas para contener la propagación y reducir los riesgos de contagio en grupos vulnerables. Sin embargo, ya anteriormente se había articulado una respuesta semejante, la más reciente en ocasión de las llamadas Caravanas Migrantes que arribaron a la frontera norte de México a fines de 2018 y principios de 2019. Ante ese fenómeno, un grupo interdisciplinario del COLEF realizó una rápida investigación de campo, organizó foros públicos, colaboró con las autoridades encargadas de atender la emergencia y, durante varias semanas, actuó como una de las principales fuentes de información para el debate público sobre el tema (^{Albicker et al., 2019}).

En el reporte “Los jornaleros agrícolas migrantes y las fuentes de vulnerabilidad en la agroindustria” (^{Velasco et al., 2020}), los autores argumentan que los jornaleros agrícolas migrantes constituyen una población altamente vulnerable por dos fuentes de riesgo asociadas al modelo de producción agroexportador: las condiciones de traslado de los jornaleros desde sus lugares de residencia y las condiciones de vivienda en los campamentos, ambas caracterizadas por el hacinamiento y la precariedad. De acuerdo con el reporte, en los estados del norte de México trabajan más de 200 000 jornaleros, una población que ha crecido en las últimas décadas a medida que los campos agrícolas de la región se han expandido para atender una creciente demanda de frutas y hortalizas para el mercado de Estados Unidos y cuyas condiciones laborales se caracterizan por la intensidad del trabajo y la precariedad salarial. La exposición a los riesgos de contagio derivados de sus condiciones de trabajo, traslado y vivienda no sólo hacen de estos trabajadores un grupo altamente vulnerable, sino que además ponen en evidencia los grandes rezagos estructurales en materia de salud, vivienda y protección laboral que afectan a esta población involucrada en una actividad esencial como la que realizan los jornaleros agrícolas a lo largo del país (^{Coneval, 2021}). A partir de un diagnóstico puntual sobre las fuentes de riesgo relacionadas con el trabajo, el traslado y la vivienda, el documento propone una serie de estrategias de acción, identificando además a los actores gubernamentales y privados cuya intervención permitiría una oportuna y adecuada atención a este sector vulnerable.

En el estudio sobre los “Migrantes en albergues en las ciudades fronterizas del norte de México” (^{Coubès et al., 2020}) se realizó un recuento de la infraestructura, localización, dinámica y servicios de los albergues para migrantes en la región fronteriza del norte de México, así como una estimación de la capacidad de los albergues y del número de personas albergadas al inicio del confinamiento. El estudio reportó un total de 90 albergues en operación en las ciudades fronterizas, con una capacidad para poco menos de 12 000 personas. Al analizar las características de la población hospedada, el trabajo centra su atención en las condiciones de vulnerabilidad, relacionadas con la movilidad precaria, la ausencia de vínculos locales y la espera incierta. Los autores propusieron además algunas líneas de acción relevantes para la mitigación de los riesgos y una serie de acciones de contención al contagio de Covid-19 entre los migrantes que se encontraban en ese momento residiendo en albergues.

En el reporte sobre “Vulnerabilidad social a la Covid-19 en Baja California” (^{Sánchez, Morales y Lares, 2020}), se desarrolló un esquema analítico para el estudio de la vulnerabilidad social con el objetivo de apoyar la toma de decisiones para romper la cadena de contagios comunitarios en las áreas urbanas de menores ingresos en el estado de Baja California. El argumento de partida es que las enfermedades infecciosas emergentes, además de ser problemas médicos, son también problemas sociales, por lo que requieren un análisis cuidadoso de la relación entre el evento infeccioso y las condiciones socioeconómicas de las comunidades para, con base en ello, reducir la transmisión comunitaria y el impacto desigual de la morbilidad y la mortalidad en la población de menores recursos. Mediante la construcción de un índice de vulnerabilidad a escala de Área Geoestadística Básica (AGEB) y manzana, los autores establecieron un ranking que proporciona una definición clara de las zonas en donde las acciones de prevención podían tener mayor impacto y disminuir las consecuencias negativas de la pandemia en la población con menores recursos. En el reporte se propusieron además medidas concretas a cargo de las autoridades sanitarias, con intervención de la comunidad, para frenar la cadena de contagios.

Al igual que el resto de los reportes generados por el grupo del COLEF como respuesta a la crisis sanitaria, estos trabajos se realizaron por iniciativa de los propios grupos de investigación. En ese sentido, se les puede caracterizar como iniciativas de movilización del conocimiento de carácter lineal. Sin embargo, los tres reportes reseñados no sólo estuvieron basados en el conocimiento previo de los temas por parte de los investigadores, sino además en la existencia previa de vínculos y canales de comunicación con actores sociales relevantes. Estos vínculos fueron activados a raíz de la publicación de los trabajos, dando lugar a la utilización de los resultados por diversos actores: el reporte sobre los jornaleros, por parte de liderazgos comunitarios y sindicales; el de los albergues fronterizos, por parte de la Organización Internacional de las Migraciones (OIM) y de varias organizaciones de la sociedad civil dedicadas a atender a los migrantes. En el caso del reporte sobre vulnerabilidad social en Baja California, las autoridades de varios municipios del estado solicitaron al grupo de trabajo elaborar informes específicos de sus respectivos municipios para desplegar acciones preventivas con base en esta metodología, y los gobiernos de Mexicali, Tijuana y Rosarito, así como la Delegación de San Quintín, utilizaron el estudio como referencia para acciones de prevención a nivel local.

Proyecto 3: Observatorio Regional de Gobernanza y Coordinación Social ante la Covid-19 (ORGA)

El ORGA fue el único proyecto de ciencias sociales aprobado en la convocatoria 2020-1 de Conacyt Apoyo para Proyectos de Investigación Científica, Desarrollo Tecnológico e Innovación en Salud ante la Contingencia por Covid-19. Dicha convocatoria, lanzada en los primeros meses de la pandemia, impulsó a un grupo de investigación integrado por académicos de la ENES-UNAM-Mérida, el Centro Peninsular de Humanidades y Ciencias Sociales (UNAM) y el Centro de Investigación Científica de Yucatán (CICY) a presentar un proyecto que pudiera desarrollarse en tan sólo seis meses, ya que el financiamiento cubría solamente el periodo de agosto de 2020 a enero de 2021. La propuesta aprobada fue la de un observatorio social de procesos de gobernanza, entendidos de manera amplia como la “coordinación entre actores sociales diversos para llevar a cabo acciones puntuales, diseñar o poner en práctica políticas públicas o tomar decisiones en beneficio de un grupo o de la sociedad misma” (^{Arancibia y Saldívar, 2021: 14}).

Conforme a diversas experiencias de observatorios orientados “a dar seguimiento a problemas de interés público”, éste fue concebido como una herramienta de vigilancia para monitorear, a escala regional, los mecanismos de gobernanza establecidos entre los diferentes actores para la atención de la pandemia. Se consideró como su función principal “la construcción y divulgación de conocimiento socialmente pertinente” con una intención explícita de transformación de la realidad. El observatorio se proponía asimismo establecer el modelo de análisis como referencia piloto que pudiera ser replicada por otros observatorios semejantes. Su herramienta principal fue el diseño y puesta en marcha de un sitio web (^{ORGA, s.f.}), cuya función principal sería:

Generar conocimiento útil y aplicable, traducido en información documental organizada, dispositivos de análisis y prospección, información espacial diferenciada, así como recomendaciones que sirvan como insumo para mejorar los procesos de gobernanza y las acciones de política pública ante la pandemia, en el corto y mediano plazo. (^{Arancibia y Saldívar 2021: 8})

El proyecto contó con un equipo de 12 investigadores, cinco con doctorados en Ciencias Sociales, Antropología y Geografía y 7 con maestrías en Comunicación. Antropología, Trabajo Social, Economía, Etnografía y Políticas de Género. El trabajo se llevó a cabo entre agosto y diciembre de 2020 a partir de cinco temáticas relevantes para el estado de Yucatán: 1) Seguridad alimentaria; 2) Economía y empleo; 3) Violencia de Género; 4) Restricciones a la movilidad, y 5) Pueblo Maya. Estas cinco temáticas se definieron como “espacios de observación” para contribuir a la generación de productos de investigación que “se pudieran traducir en recomendaciones y orientaciones para los tomadores de decisión y responsables de elaborar políticas públicas durante la pandemia y en un futuro post-pandemia”. Al mismo tiempo, los investigadores responsables de cada “espacio” lo trabajaron como estudio de caso que está siendo integrado en un libro sobre la experiencia.

Conforme a lo proyectado, al cabo de los seis meses establecidos, el sitio web del ORGA funcionaba como una plataforma en línea que ofrecía los primeros resultados del trabajo de equipo a través de videos, infografías, podcasts, notas de investigación y cartografías abiertos a consulta pública. Daba cuenta en ellas de diversas acciones gubernamentales e iniciativas ciudadanas frente a la Covid-19 en Yucatán. Asimismo, organizó un foro virtual en el que reunió a funcionarios gubernamentales con representantes de la sociedad civil, lo cual permitió a unos y otros no solamente exponer su comprensión de los problemas acarreados por la pandemia, sino dialogar entre ellos y aprender de la experiencia del otro. Esto atendía, en parte, el objetivo de fungir como instrumento normativo,

[p]ara orientar procesos de elaboración de las políticas, generando recomendaciones que mejoraran la colaboración, el consenso y la participación de los distintos actores, con la expectativa de optimizar los resultados y rendimientos de las políticas necesarias para reducir la vulnerabilidad social ocasionada por el Covid-19 en Yucatán. (^{Arancibia y Saldívar, 2021: 11})

El otro objetivo, el de ser un instrumento analítico para la comprensión de los procesos de gobernanza frente a la Covid-19 en los cinco espacios de observación, difícilmente se podía cumplir en tan sólo 6 meses. No obstante, la propia coyuntura que generaba acciones y reacciones rápidas por parte tanto de la sociedad como del gobierno y el acercamiento a los acontecimientos de los primeros seis meses de la pandemia en Yucatán desde el enfoque de la gobernanza permitieron advertir cuestiones como las brechas de comunicación entre comunidades indígenas y gobiernos municipales, a pesar de los esfuerzos de estos últimos por diseñar formas de ayuda; el surgimiento de iniciativas comunitarias en las poblaciones mayas; las numerosas modalidades de organización y acción de sectores de la sociedad urbana y su capacidad para intervenir en asuntos públicos, así como para establecer formas de comunicación solidaria con la población; los esfuerzos gubernamentales por frenar la debacle económica; la organización emergente del apoyo a víctimas de violencia de género (^{CNDH, 2020}), y la eficacia de las organizaciones empresariales locales tanto para prestar ayuda a desempleados y enfermos como para presionar cuando sus intereses concretos se ponían en riesgo (^{Puga, en prensa}).

Muchas de estas observaciones fueron producto de un intenso trabajo realizado por los cinco equipos en condiciones difíciles porque la pandemia sólo permitía muy ocasionalmente la investigación in situ. Así, mucho se hizo con recuperación de noticias de prensa, entrevistas telefónicas o cara a cara por medio de Zoom o alguna otra plataforma con los actores de cada caso estudiado. El hecho de que fuera un grupo joven sin mucha experiencia en la investigación favoreció mayor frescura, adaptabilidad y receptividad a la dinámica del proyecto.

La movilización del conocimiento se hizo preferentemente en forma lineal a través de una gran cantidad de materiales audiovisuales en la página web, que tiene 11 videos y a la cual se le está dando continuidad a partir de artículos de divulgación en el periódico regional (La Jornada Maya) de algunas ponencias o artículos académicos, y del libro que está en proceso de publicación. La intención del proyecto se orientaba hacia la modalidad instrumental e incluso relacional. Con ese propósito se incorporaron a la propia página web, conforme se iban obteniendo, los insumos de la investigación (desde estadísticas y mapas temáticos hasta entrevistas con actores) con la idea de compartirlos con los interesados en los procesos y generar nueva información y propuestas para mejorar procesos de gobernanza. Ello propició el diálogo con algunas autoridades y con organizaciones civiles en Mérida y en otros municipios cercanos. No obstante, el poco tiempo concedido al proyecto y las condiciones del confinamiento limitaron la posibilidad de mayor intercambio entre investigadores y participantes. Al cierre del proyecto, en enero de 2021, no se tenían aún más que referencias muy indirectas acerca de la influencia o el aprovechamiento del proyecto por parte de comunidades y tomadores de decisiones.