Introducción
El proceso de paz entre el Gobierno de Juan Manuel Santos y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) dio inicio a un proceso de transición política “sin fecha de vencimiento”, el cual promete cambios a las partes que estructuran el sistema político colombiano. Si bien las transiciones políticas han tendido al establecimiento de la democracia como régimen de gobierno- así como al fortalecimiento de las instituciones que lo hacen posible-, dichas instituciones han tenido complejas trayectorias que, desde la perspectiva de los actores involucrados, se perciben en un espectro que oscila entre la esperanza, la inseguridad, la incertidumbre y la complejidad.
Dos de estos actores son: movimientos sociales y partidos políticos, quienes apuestan por la participación a través de la movilización sociopolítica y electoral en esos procesos transicionales con el objetivo de “forzar o reforzar las aperturas desde arriba, mientras el componente social buscaba seguir negociando a través de la movilización pero dentro de los marcos institucionales establecidos dentro del proceso planteado” (Garretón, 1997: 7), lo cual genera una cuota de inestabilidad e incertidumbre que guarda relación con la democracia puesto que
proviene del hecho de que ninguna única fuerza controla lo que ocurre, ya que los resultados de los conflictos particulares no se conocen ex ante por las fuerzas políticas que compiten, y las consecuencias de sus acciones dependen de las de otros, y éstas no pueden anticiparse. De aquí que, desde el punto de vista de cada participante, los resultados sean inciertos. (Przeworski, 1991: 12)
A lo anterior se añade el tema de la gobernabilidad, aún más si hay un proceso electoral en ciernes, ya que “la alternancia democrática en el gobierno puede acarrear desajuste en las temporalidades de los juegos políticos […] y el grado importante de incertidumbre, respecto a los resultados sucesivos de los juegos políticos entre partidos y otros actores” (Flisfisch, 1989: 116).
De esta manera, la incertidumbre del proceso transicional, producto de los Acuerdos de Paz con las FARC, significó reacomodos en las reglas institucionales, así como en mecanismos de participación para los nuevos competidores políticos y en cuanto a la formación de las listas y lideres políticos en competencia (Santamaría, 1982). Uno de estos mecanismos es electoral ya que se presentó la participación de nuevos actores como resultado de un acuerdo que ha visibilizado la permanencia o emergencia de problemáticas en un contexto en el cual dichos actores buscan mantenerse dentro del sistema.
Bajo el proceso de implementación y de elecciones nacionales, se activó la movilización de colectivos y organizaciones sociales a lo largo del país; por su parte, los partidos políticos buscaron votos o coaliciones electorales con el fin de robustecer su competencia electoral, situación que evidencia que los ciudadanos “amplían el menú de vehículos y formas para la intermediación de intereses en un sistema político y social más complejo y expuesto a retos de gobernación democrática” (Oñate, 2005: 121).
En ese sentido, las elecciones nacionales 2018 dieron cuenta -por los contenidos programáticos, discursos, candidatos en competencia y proceso de campañas- no sólo de la polarización sino de los ajustes que debieron realizar movimientos y partidos políticos en cuanto a su organización, acción, puntos de acercamiento e interacción.
Teniendo en cuenta todo lo anterior, analizar el tipo de relación que se presentó durante dichas elecciones -las primeras dentro del proceso transicional- permite mostrar las formas de participación antes mencionadas, así como el posicionamiento de temáticas y procesos de negociación política.
Algunos hallazgos dan cuenta de qué organizaciones sociales, en conjunto con partidos políticos, estructuraron campos de referencia y decisión temática en el marco del clivaje paz/ conflicto y a favor del acuerdo/en contra del acuerdo, dando inicio a un proceso de interacción que terminó por establecer relaciones de permeabilidad, articulación y alianza; proceso sistematizado a través de la negociación entre líderes partidistas y sociales en la confección y posición dentro de listas electorales y el contenido programático-ideológico que permitió identificar cuántos candidatos provenientes de movimientos sociales participaron en el proceso electoral (106) y cuántos resultaron finalmente electos (13). De esta manera, el artículo es resultado de un proyecto de investigación que puede, gracias a los hallazgos que se presentan, compararse con procesos transicionales de otros países de la región y, con ello, contrastar la forma en que los movimientos sociales realizaron estrategias de posicionamiento de sus demandas y organizaciones en procesos electorales determinantes.
En ese sentido, la investigación se estructuró a partir de una variable dependiente: la relación entre partidos políticos y movimientos en el periodo electoral, y dos variables independientes: la primera son los repertorios de acción, medida a través de siete indicadores: 1) tiempo de movilizaciones, 2) tipo de demandas, 3) tipo de organizaciones, 4) líderes representativos, 5) opositor definido, 6) repertorio de acción, 7) impacto nacional, regional y/o local; la segunda son las formas de interacción, verificada a partir de dos indicadores: 1) candidatos de organizaciones sociales en listas de partidos al Congreso Nacional y 2) el contenido programático de los partidos que incluyeron demandas de las organizaciones sociales. La información que arrojó la sistematización de las variables permitió establecer los tipos de relaciones de estos actores, así como el número de candidatos de organizaciones sociales que lograron ser elegidos.
La recolección de la información se hizo a través de una matriz de prensa, así como de entrevistas a líderes de organizaciones sociales inscritos en diferentes listas partidistas. El enfoque metodológico es cualitativo de tipo grounded theory, el cual, como afirma Eslava (2014), en lugar de que se plantee una hipótesis para verificar en el terreno, es el terreno con su riqueza empírica el que tiene la auténtica posibilidad de hacer preguntas y sugerir hipótesis. Finalmente, la estructura del artículo contiene cuatro secciones. En la primera, de tipo teórico, se establece la oportunidad para la movilización en ese marco electoral. La segunda presenta el análisis de las variables propuestas a través de diversas matrices descriptivas. La tercera expone el análisis de las relaciones establecidas y los resultados electorales alcanzados. Por último, cierra con algunas conclusiones.
Aspectos teóricos que explican la movilización
Bajo las elecciones nacionales, partidos políticos y organizaciones sociales realizaron articulaciones para alinearse a una u otra tendencia (acuerdo/contra del acuerdo) que la implementación del proceso de paz produjo, ya que: “la paz cuando se lleva a cabo, transforma la interacción entre grupos, relaciones estructurales y la visión de largo plazo para una sociedad” (Joshi, Lederach y Quinn, 2016: 75). Por ello, “los resultados políticos deben ser conectados con las acciones políticas, es decir, las preferencias, las estrategias y las decisiones de los actores políticos” (Colomer, 1995: 86).
Por lo tanto, las elecciones 2018 fueron parte de un proceso institucionalizado, rutinario y legitimado que establece el sistema político colombiano. Así, más allá de identificar ganadores y perdedores, se buscó visibilizar acciones y decisiones que estos actores debieron realizar para sobrevivir durante este proceso, ya que “los actores producen resultados, pero los resultados reales y esperados también inducen la formación y el crecimiento de actores” (Colomer, 1995: 87). En ese sentido, el Punto 2 de los Acuerdos, aceptados por las partes, y referentes al tema de participación política, significó un espacio de ampliación democrática para que proyectos políticos nuevos o alternativos enriquecieran el debate. Por ello, cuando la implementación del umbral electoral para la lista de víctimas, punto seminal del Acuerdo, así como la creación de circunscripciones especiales fue votada en el Senado de la República el 30 de noviembre de 2017, al no contar con los votos suficientes a pesar de la presión del Gobierno, la disputa pasó al Consejo de Estado, que, en cumplimiento de los trámites y reglas para la toma de decisiones en el Congreso, y con el fin de no declararla inconstitucional, por parte de la Corte Constitucional, prefirió retirarla.
Consecuencia de ello,
líderes comunitarios, defensores de derechos humanos, asociaciones de víctimas, juntas de acción comunal, organizaciones de mujeres y otro tipo de colectivos, perdieron la oportunidad de participar y buscar representación de sus comunidades. Líderes sociales a quienes líderes de los partidos, buscaban para respaldar en esas zonas consideradas “peligrosas”. (Cristo, 2018)
El hecho de articularse con partidos políticos se erigió como un trayecto viable de acuerdo con la hipótesis de Albalá (2019), para quien “la ciudadanía mantiene una relación con las acciones de los gobiernos, que puede oscilar entre complementariedad, la sustitución y la competición” (Albalá, 2019: 32). Así, “cuando una sociedad se polariza, los partidos políticos se (re)aproximan a la(s) sociedad(es) civil(es). De hecho, sin la presencia de una fractura política o clivaje, no hay polarización” (Albalá, 2019: 34).
Esa aproximación sucede debido a que los recursos para los movimientos sociales son muy limitados, la sociedad civil deberá buscar otras fuentes de financiamientos, o actores capacitados para llevar a buen puerto sus reivindicaciones (Della Porta y Diani, 2006; McCarthy y Mayer, 2001), incluso crear o fortalecer esas relaciones a través de la instancia electoral. Si bien esta hipótesis parece ajustarse al caso colombiano, se podría verificar en estudios posteriores si -en otros países con procesos transicionales y clivajes políticos- las relaciones de estos dos actores producen resultados similares a los que encontró esta investigación.
La agudización de la incertidumbre del proceso electoral impactó en cuatro lineamientos: capacidad organizativa, ubicación ideológica, capacidad de presión y resultados electorales. De esta manera, desde la teoría de estructura de oportunidades políticas, existe la acomodación en el contexto institucional y político de cinco dimensiones consecuentes -aunque no necesariamente formales o permanentes- del entorno político “para que se perciba una oportunidad para desafiar al gobierno” (Tarrow, 1998: 116), en el que las interacciones entre actores se profundizan con el fin de consolidar recursos de negociación. Bajo este enfoque estructural, y de acuerdo con Jiménez (2005), surgen dos problemas: 1) los movimientos sociales son vistos como reflejo exclusivo de condicionantes políticos sin observarlos en su estructura organizativa, identidad y estrategias de presión, y 2) tal visión debilita la comprensión de dinámicas que se establecen entre movimientos y autoridades al comprender al Estado como actor unitario.
Desde una perspectiva más relacional podemos definir movimientos sociales como “una red informal de interacciones entre una pluralidad de grupos más menos formalizados, e individuos que, sobre la base de una identidad colectiva común, tienen como objetivo la consecución de un cambio social” (Jiménez, 2005: 20). De esa manera, la interacción entre colectivos sociales y agentes institucionales se erige como eje de análisis esencial al mostrar cómo el fin del conflicto político ha modificado la forma en que esos actores compiten por recursos, capacidades de negociación e incidencia en decisiones políticas, mientras luchan en su estructura interna por mantener grados de autonomía.
Así, el modelo de Michael Hangan (1998) visibiliza cinco tipos de interacciones:
Tipo de interacción | Definición |
---|---|
Articulación | Las organizaciones de los movimientos sociales se agrupan alrededor del programa de un partido político y promueven las posiciones partidistas entre seguidores potenciales a los que el partido puede movilizar. |
Permeabilidad | Las organizaciones del movimiento social infiltran a los partidos para intentar orientarlos hacia su causa, la cual alcanza éxito en la medida en que esta relación presume la existencia de un apoyo considerable a las causas del movimiento dentro del partido. |
Alianza | Las organizaciones de los movimientos pueden negociar a modo con partidos o facciones del partido que involucren la colaboración cercana en asuntos específicos, pero en las que tanto partido como organización retienen su estructura y libertad de acción. |
Independencia | Las organizaciones del movimiento actúan autónomamente de los partidos, presionándolos a hacer concesiones que, de no hacerse, pueden representar pérdida de votos potenciales. |
Transformación | Las organizaciones del movimiento se convierten en partido político. |
Fuente: elaboración propia.
Así, las cinco formas de interacción refuerzan desde el análisis estructural el enfoque institucional, intensificando la tesis de que “la consolidación de los movimientos sociales se iniciaría a partir del aumento de recursos organizativos, fundamentalmente por el incremento del número de socios” (Jiménez, 2005: 21). Tal situación desencadenaría para los actores analizados “dinámicas de refuerzo mutuo, profesionalización, moderación política, especialización temática y centralización de las relaciones entre las distintas organizaciones” (Van der Heijden, 1997).
En ese sentido, las elecciones inciden en la trayectoria consolidativa de los movimientos, ya que la
evolución oscilante del grado de acceso que el sistema político ofrece a las organizaciones de los movimientos, así como la forma en la que se organiza la participación pública de estos actores en cada área de política pública. Además, las diferencias nacionales en las formas y tipos organizativos. (Jiménez, 2005: 22)
Estas cuestiones son determinantes, dado que lo institucional incide en qué y cómo construyen las organizaciones sociales. En cuanto a lo identitario, las interacciones en momentos como el electoral activan diversos recursos, ya que “su posición en la estructura de redes da reconocimiento mutuo” (Jiménez, 2005: 23). Esto permite un entendimiento de “procesos de institucionalización y con ello la estructura de la red del movimiento” (Jiménez, 2005: 23), en otras palabras, la forma en que las interacciones construyen redes que tienen incidencia en lo territorial multinivel.
Un aspecto que este artículo indaga es comprender cómo, desde el enfoque relacional, el ámbito electoral es un condicionante político para la contienda social: “se parte del presupuesto de que los partidos políticos son suministradores cruciales de recursos para la acción colectiva para lograr mayor incidencia política” (Jiménez, 2005: 26), por lo que analizar esas relaciones amplía la carta de interpretación respecto a la tensión del sistema político actual, así como las decisiones y estrategias que usaron estos actores. Por ello, las relaciones que establecen desde el ámbito electoral dependen del nivel de competencia partidista, de forma tal que los sistemas electorales mayoritarios reducen la competencia frente a los proporcionales que la aumentan, así como del tipo de listas que los partidos escogen para las elecciones; además, la ideología parece tener un efecto dentro de los partidos de izquierda más propensos -por su narrativa y trayectoria- a tener una relación más intensa con las organizaciones sociales.
Bajo esas condiciones, partidos y movimientos organizan recursos y estrategias. Para lograrlo se necesitan cuatro factores:
el factor político situacional de las elecciones, el factor de agencia que optimiza las tácticas y alianzas establecidas, el factor cultural, que establece la naturaleza y composición de demandas, y, por último, el factor contingente, donde se prioriza el carácter disputado de las elecciones, así como el ámbito territorial donde se presenta la acción colectiva. (Jiménez, 2005: 27-28)
La combinación de esos factores permite analizar el tipo de relaciones que se produjeron y brinda pistas sobre los resultados electorales.
Contextos que explican la movilización
La disociación de los resultados del proceso de paz estructuró dos posiciones coexistentes a través del clivaje paz/conflicto y a favor del acuerdo/en contra del acuerdo. El términoclivaje se entiende como las líneas de ruptura, divisiones profundas y enraizadas en la historia de cada sociedad contemporánea. Estos clivajes permiten a los individuos tomar postura sobre temas que podríamos considerar “conflictivos” o “polémicos”, temas difíciles de abordar en la discusión (Torres, 2016: 98). En el caso de las elecciones nacionales analizadas, aquel es producto o procede del conflicto, erigiéndose después del acuerdo en un clivaje político en el que, de acuerdo a Seiler (2001), Bartolini y Mair establecieron un inventario de los elementos constitutivos del concepto clivaje político […] compuesto primero por una división visible que permite separar a los actores sobre la base de características objetivas [...], luego, la existencia de una conciencia identitaria fundada sobre dichas diferencias y que motivan eventualmente algún tipo de acción o movilización, finalmente, se traduce en organizaciones constituidas en torno al conflicto e institucionalizándolo […] así pues, un clivaje político es un conflicto organizado al interior de la sociedad. Por lo tanto, esa posición dicotómica crea: “estructuras dialécticas entre regulaciones políticas, públicas, mercantiles, asociativas y comunitarias, compitiendo por espacios de influencia y conformación” (Ibarra, Goma y Martí, 2002: 58).
Por lo tanto, los años de negociación fueron decisivos para las organizaciones sociales gracias a su incidencia tanto en los procesos de consulta como en los de recomendaciones, brindando la mayor legitimidad al proceso de paz, tal como lo defendieron el expresidente Juan Manuel Santos y el vocero de las FARC cuando se aseguró que “la paz no podrá ser el resultado de un diálogo alejado del pueblo de Colombia, el país entero tiene que movilizarse a exigir su participación decisoria” (Vanguardia, 2012).
Las organizaciones sociales asumieron un papel protagónico gracias a la apertura institucional del Gobierno colombiano y la profundización organizativa de los colectivos sociales. Para los partidos políticos, el proceso intensificó el clivaje paz/conflicto y a favor del acuerdo/en contra del acuerdo, que terminó por incidir en el resultado del plebiscito por la paz, los discursos, contenidos programáticos y campaña electoral reciente. Es importante resaltar que dicho clivaje tiene su sustento en una disputa ideológica e identitaria en torno al orden como valor nacional y que responde a la manera en que el conflicto se entiende, es decir, una sociedad contrainsurgente cuyo fin es “salvaguardar el orden social vigente, de la omnipresente amenaza interna, la cual articula tanto los intereses de los organismos estatales como de las élites políticas y económicas en torno a la salvaguarda del orden” (Franco, 2002: 72).
Desde la teoría estructural, los procesos de negociación y refrendación crearon condiciones institucionales para que partidos políticos y movimientos sociales lo percibieran como una estructura de oportunidad política “para desafiar al gobierno” (Tarrow, 1998: 116), los cuales se amplifican durante los periodos electorales, como fue el caso de las elecciones analizadas. A continuación, se presenta el análisis de la EOP para las elecciones en las que partidos y movimientos sociales se ubicaron en una u otra posición del clivaje político existente.
Dimensiones | Caso movilizaciones elecciones 2018 |
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Incremento del acceso | Partidos políticos, movimientos y plataformas sociopolíticas estructuraron alianzas y coaliciones en las que buscan favorecer sus intereses en torno al clivaje en el proceso electoral. Además, la movilización aumentó porque: “diversos grupos y sectores cuyas reivindicaciones aún no están enmarcadas dentro de los intereses negociados por insurgencia y Estado, hacen previsible la efervescencia social que se está viendo” (La hora de las protestas). La polarización entonces del clivaje por parte de los diversos candidatos al legislativo, así como la “explosión” de candidatos presidenciales con puntos divergentes respecto a puntos del acuerdo, profundizó la fragilidad de la coalición de la Mesa de Unidad Nacional. A ello se sumó el retiro de congresistas y líderes políticos y sociales de tipo regional, que, en una decisión estratégica, optaron por uno u otro bando. Así, las condiciones institucionales, electorales y políticas incrementaron el acceso de las organizaciones sociopolíticas para posicionarse dentro del menú electoral. |
GRADO DE INCREMENTO DEL ACCESO: ALTO | |
Alineamientos inestables | Los resultados del plebiscito agudizaron cambios estratégicos por parte de los partidos del gobierno y la oposición, estructurando coaliciones, e indujeron a élites y líderes de organizaciones sociales a competir en busca de apoyo. La reacomodación de esas alineaciones debilitó el posicionamiento de un candidato único por parte del gobierno y los partidos a favor del acuerdo, creando ventanas de oportunidad a la oposición para fortalecer un candidato presidencial del Centro Democrático y las listas al Congreso que lo apoyaron. Una situación similar se presentó durante la segunda vuelta, cuando organizaciones sociales se posicionaron frente al candidato de la Colombia Humana defensor del acuerdo. |
GRADO DE ALINEAMIENTOS INESTABLES: ALTO | |
Élites divididas | Al presentarse el clivaje en el sistema de partidos y como estructura de las campañas legislativas y presidenciales, las élites se dividieron e incentivaron a grupos pobres en recursos (organizaciones sociales de base y con presencia territorial) a la acción colectiva y estrategias de relación. Ello agudizó la competencia y el posicionamiento de narrativas y programas que ejemplifican la sociedad contrainsurgente presente en el sistema político colombiano. Por lo tanto, la división de élites aceleró la división interna dentro de los partidos tradicionales y de oposición, amplificando la oportunidad para los colectivos sociales para redituar recursos de negociación y posicionamiento dentro de esas divisiones. |
GRADO DE ÉLITES DIVIDIDAS: ALTO | |
Aliados influyentes | En el momento en que opositores y no opositores al acuerdo sentaron posición y acciones colectivas, contaron con aliados (líderes sociales, partidistas e inclusive de opinión) que actuaron como garantes y negociadores aceptables dentro de la red y de cara al adversario. La conformación de diversas acciones colectivas durante la segunda vuelta tuvo como objetivo posicionarse frente a una u otra opción del clivaje, y convertirse en aliados influyentes. |
GRADO DE ALIADOS INFLUYENTES: ALTO | |
Represión y facilitación | La dificultad de la implementación de los puntos del acuerdo especialmente en las áreas de participación política, tierras y justicia transicional significó graves problemas en Arauca, Cauca, Antioquia, Norte de Santander, Santander, Valle del Cauca y Nariño. Esa situación dificultó la movilización por parte de las organizaciones sociales, lo cual evidenció que ese momento electoral representó un elevado costo para los movimientos en cuanto a la organización y movilización de la opinión pública. De acuerdo con INDEPAZ se han registrado170 muertes de líderes y defensores de paz, especialmente en los departamentos (Asesinatos de líderes sociales aumentaron un 45 por ciento). La situación no mejoró durante el periodo electoral estudiado: “han sido asesinados 98 líderes sociales; en enero (27), en febrero (17), marzo (21), mayo (18), y en los primeros días de junio (3), incluyendo el asesinato de excombatientes de las FARC-EP) así como de sus familiares” (98 líderes sociales han sido asesinados en Colombia en el 2018). |
GRADO DE REPRESIÓN: ALTO/ GRADO DE FACILITACIÓN: ALTO |
Fuente: elaboración propia
¿Qué se movilizó y quiénes se movilizaron?
La incertidumbre del proceso electoral “puso en cuestión el sistema de gobierno como productor de decisiones políticas y encargado de su ejecución, además de la capacidad para estar a la altura de los problemas a resolver” (Alcántara, 1995: 39). Ese cuestionamiento se operacionalizó a través de múltiples movilizaciones sociales registradas entre agosto de 2017 y mayo de 2018, que se pueden clasificar en dos tipos: el primero, enmarcado en temas de desarrollo económico en el que resaltan los referidos a servicios públicos y políticas económicas; el segundo, respecto a temas de protección, inclusión y derechos humanos, construidos, especialmente en torno al clivaje. Así, los repertorios de acción forman una red de acción crítica que construyó “un sistema de códigos que les permitió interpretar una cierta parcela de la realidad a partir de un cuadro alternativo de valores de referencia” (Ibarra, Goma y Martí, 2002: 72).
Dichas movilizaciones respondieron a una decisión estratégica, lo cual no significa que la clave ideológica no esté presente, sólo que lo prioritario para estructurar la relación movimientos-partidos políticos fue sobrevivir permitiendo una “inserción en escenarios de política pública, ya que politizan los campos de discusión y conforman tipos multiorganizativos por su capacidad de conectividad” (Ibarra, Goma y Martí, 2002: 68-69).
Es importante mencionar que, por repertorio de acción, se entiende desde Tilly como “una acción colectiva disruptiva y discontinua, desarrollada en espacios públicos por multitudes y otros actores sociales y políticos, para expresar malestar o descontento con normas, políticas, instituciones, fuerzas, condiciones sociales o políticas que se dan en el marco de un proceso político” (López, 2005: 518). Los repertorios pueden ser de distinto orden. Para este análisis, se sistematizaron a través del concepto de movilización social, en el que, de acuerdo con los estudios de Federico Schuster,
se insiste tanto en el carácter acotado de la protesta (lo visible), como también más genérico o amplio, en la medida en que designa un conjunto de procesos de movilización y sostenimiento de demandas frente al Estado. (Svampa, 2009: 4-5)
Para las elecciones 2018 se registraron 30 de estas acciones con dos características (Ver Anexo). Las relacionadas con el desarrollo económico, destacan la problemática extractiva y servicios públicos. Respecto a las de protección, inclusión y derechos humanos, se ordenaron en torno a los Acuerdos de Paz y su cumplimiento con un alcance regional/nacional. Así, las demandas se estructuraron en el marco del clivaje señalado, lo que significó, primero, cambios en los discursos y demandas respondiendo a una decisión estratégica y, segundo, una menor capacidad de presión, ya que el opositor eran los acuerdos respecto a su legitimidad y proceso de implementación. En otras palabras, “el opositor” era un protocolo normativo de lo que “debería ser la paz”, lo que significó para las organizaciones la división de los recursos con el fin de esperar resultados políticos favorables. Finalmente, esa red crítica impactó el proceso de decisión estratégica, aumentando sus recursos y capacidades de negociación, manifestado en las interacciones que realizaron organizaciones y partidos políticos.
Proceso de interacción en el marco electoral
Las interacciones establecidas entre estos dos actores se verificaron a partir de dos indicadores: 1) candidatos de organizaciones sociales en listas partidistas al Congreso Nacional y 2) contenidos programáticos que incluyen demandas de las organizaciones sociales. Al momento de confección de las listas al Congreso de la República, el acercamiento al que hemos hecho referencia se convirtió en negociación entre líderes sociales o de movilización y representantes de los partidos políticos. Así, el proceso transicional significó, para los líderes sociales, un contexto complejo para poder resignificar su acción fuera de los cánones de interpretación del liderazgo social como aliado de la insurgencia y en confrontación con el Estado.
La sociedad colombiana está generando procesos de reconfiguración de los líderes de organizaciones y movimientos sociales, bajo el contexto transicional y de clivaje señalado. Tal como lo señala el senador y líder social Alberto Castilla,
un líder social es una persona común que tiene un conocimiento de la realidad social en la que se desarrolla, ese conocimiento de la realidad lo hace apropiarse de su espacio. […] Al conocer esa realidad tiene capacidad de decidir dentro de lo conveniente y lo inconveniente y siempre va a estar buscando lo conveniente para su comunidad. (A. Castilla, comunicación personal, 17 noviembre 2018)
Las entrevistas realizadas a los líderes sociales mostraron que más de la mitad de los líderes que terminaron en las listas de los partidos tenían experiencia de más de cinco años en la organización, especialmente de tipo comunitario o de base (A. Rivera, comunicación personal, 6 de marzo 2019). Dicho recurso les permitió tener mayor reconocimiento y, con ello, posibilidad de tomar decisiones (A. Rivera, comunicación personal, 6 de marzo 2019) y así realizar repertorios de acción y tener relación con otras organizaciones o acercamientos a instancias institucionales de orden regional o nacional (A. Castilla, comunicación personal, 17 noviembre 2018).
Dos escenarios pueden visibilizar la interacción partidos/movimientos sociales: la confección de listas electorales y la posición del candidato de organizaciones en dichas listas. La negociación de la confección de éstas tuvieron como condicionamiento seminal una postura respecto al Acuerdo, lo cual amplió la red crítica, ubicada decisiva e ideológicamente en el espectro centro-izquierda-derecha. Es necesario recordar que
los partidos son entidades fragmentadas y que las candidaturas individuales al interior de una lista están frecuentemente respaldadas por organizaciones autónomas con fuerte arraigo local, responsables por sus votos. (Sánchez, Álvarez, Yarce y Restrepo, 2017: 13)
De esta manera, la construcción de las listas brinda pistas sobre cómo los colectivos sociales entienden el hecho de que mantener una crítica constante contra la participación electoral implica, en términos estratégicos, desventajas al momento de posicionar temas en la agenda de campaña y líderes dentro de ellas, situación que se agudizó a causa del hundimiento de las circunscripciones especiales para la paz por parte del presidente del Senado el 6 de diciembre de 2017 (Cristo, 2018).
Las organizaciones sociales, bajo una lógica decisional estratégica, apuntaron sus vínculos hacia diversos partidos políticos y se puede comprobar en las entrevistas hechas en las que “por un lado el liderazgo social es el que busca al partido, […] y al entender cómo se articula la movilización con lo institucional y la participación electoral, es ahí donde se necesita un enganche” (A. Castilla, comunicación personal, 2018). Dos ejemplos de ello se encuentran en la lista del PL en Antioquia:
Birleida Ballesteros, desplazada de Turbo e integrante de la Mesa Municipal de Víctimas de Apartadó, logró el aval del partido, así como la candidata Alicia Ramos, fundadora de la Asociación de reclamantes de tierras Tierra y Vida, con presencia en todos los municipios del Urabá antioqueño y chocoano y más de diez mil afiliados a nivel nacional. (Ruiz, 2017)
El paso siguiente después de conseguir el aval fue la selección de candidatos, es decir, la forma de negociación de líderes sociales y partidistas respecto a la posición de los primeros en las listas a elecciones. De acuerdo con los resultados de las entrevistas, la negociación se estructuró a partir de la coordinación, en la que se construyó la red, en términos ideológicos e identitarios respecto al clivaje mencionado. Sin embargo, esa coordinación tuvo un carácter informal y pluralista, que los partidos usaron para incrementar la inscripción de líderes sociales a las listas durante las últimas elecciones, de forma precisa, las organizaciones sociales con personería jurídica, entendida como recurso político, administrativo e incluso económico, que al final incidió en la posición dentro de la lista de uno u otro líder.
En ese sentido el proceso de selección de candidatos de cara a la confección de las listas, del proceso analizado, evidenció que estos procesos pueden responder o a “la institucionalización de los procesos o a su informalidad o pluralismo, así como la movilidad, control o acceso de sus miembros” (Escobar, Bedoya y Parra, 2016: 52), además los impactos externos de la selección de los candidatos provenientes de organizaciones sociales, nos deja ver “repercusiones de la selección en la representación, así como la fragilidad organizativa con la que se seleccionan los candidatos” (Escobar, Bedoya y Parra, 2016: 52) por parte de los partidos políticos en este proceso electoral.
Así, las coaliciones electorales se erigieron como la estrategia final para fortalecer dicha relación, ya que
esta es viable para elegirse a la Cámara en ciertos departamentos en los que para acceder a una curul se requiere obtener un porcentaje menor al 15 % de los votos, de suerte que los pequeños pueden ver en la coalición una estrategia útil para llegar al Congreso. (Sánchez, Álvarez, Yarce y Restrepo, 2017: 12)
Finalmente, en estas elecciones se presentó una amplificación de líderes sociales dentro de las listas de los partidos, situación que evidencia también un proceso de democratización interna de los mismos. A continuación, en las Tablas 3 y 4 se presenta la sistematización de estos datos.
Listas | Senado de la República |
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Partidos | |
Polo Democrático Alternativo (PDA) | Iván Cepeda (Líder Movimiento Nacional de Víctimas de Estado, MOVICE) Experiencia Legislativa anterior |
Alexander López Maya (Líder sindical SINTRAEMCALI) Experiencia Legislativa anterior | |
Jaime Dussan (Líder sindical) Experiencia Legislativa anterior | |
Senén Niño Avendaño (Líder sindical FECODE y CUT) Experiencia Legislativa anterior | |
Jesús Alberto Castilla (Líder campesino Comité de Integración social del Catatumbo) Experiencia Legislativa anterior. | |
Wilson Arias Castillo (Líder sindical SINDESENA) Experiencia Legislativa anterior | |
Hernando Hernández Pardo (Líder sindical USO) Sin experiencia legislativa anterior | |
Mila María Paz Campaz (Líder comité municipal Litoral Pacífico Sur) Sin experiencia legislativa anterior | |
Hugo Alejandro Riaño Andrade (Líder comunitario Movimiento Alimentario) Sin experiencia legislativa anterior | |
Víctor Correa Vélez (Vocero Dignidad cafetera y salud). Experiencia legislativa anterior | |
Rodrigo Jiménez Patiño (Líder sindical SINPROSEG) Sin experiencia legislativa anterior | |
José Ernesto Uribe Tabares (Líder gremial ASOTAXBOG) Sin experiencia legislativa anterior | |
Manfri Parra Garay (Miembro Organización Camioneros de Colombia) Sin experiencia legislativa anterior | |
José Isauro Román (Líder agropecuario Mesa nacional cacaotera) Sin experiencia legislativa anterior | |
Raúl Antonio Bogoya Arias (Miembro Gremio de Artesanos) Sin experiencia legislativa anterior | |
Carlos Andrés Vásquez (Líder Dignidad Agropecuaria. Mesa Nacional de Discapacidad) Sin experiencia legislativa anterior | |
Dario Arley Duque (Vocero gremio taxistas) Sin experiencias legislativa anterior | |
Luis Carlos Paternostro Severiche (Líder gremio minero Asomineros) Sin experiencia legislativa anterior | |
Fernando Luis Calao (Presidente de ACUPE) Sin experiencia legislativa anterior | |
Jairo Ricardo Gutiérrez (Director club motociclistas los Inconformes) Sin experiencia legislativa anterior | |
Partido Verde (PV) | Antonio Sanguino (Líder social derechos humanos y plebiscito por la paz, líder partidista) Sin experiencia legislativa anterior |
Sonia Elvira Veloza (Líder comunitaria) Sin experiencia legislativa anterior | |
Jorge Eliecer Guevara (Líder social educación) Experiencia Legislativa anterior | |
Argemiro Burbano (Líder campesino panelero y de Confegan) Sin experiencia legislativa anterior | |
Antonio José Andrade (Presidente ONG y organizaciones de base, Líder cívico paro Buenaventura) Sin experiencia legislativa anterior | |
Raúl Eduardo Mogollón (Líder social temas desarrollo económico) Sin experiencia legislativa anterior | |
Odorico Guerra Salgado (Coordinador de la Mesa Nacional de Participación Efectiva de las víctimas) Sin experiencia legislativa anterior | |
Víctor Elías Copete (Organizador Mesa Paro cívico del Choco) Sin experiencia legislativa anterior | |
José Aulo López (Líder social posición rebelde del Sur) Sin experiencia legislativa anterior | |
Partido Liberal Colombiano (PLC) | Olga Beatriz González (Líder cívica y social DDHH) Sin experiencia legislativa anterior |
Aura Vanessa Aguilar (Líder defensa de derechos étnicos) Sin experiencia legislativa anterior | |
Gloria Isabel Duarte (Asesora Corporación Congreso Nacional de Desplazados de Colombia) Sin experiencia legislativa anterior | |
Guillermo de Jesús Turbequía (Líder campesino) Sin experiencia legislativa anterior | |
Wilson Mora (Líder transportista) Sin experiencia legislativa anterior | |
Ángel Antonio Rozo (Líder Corporación Congreso Nacional de Desplazado) Sin experiencia legislativa anterior | |
Francisco Javier Chaux (Líder sector salud y discapacidad) Sin experiencia legislativa anterior | |
Johann Stiven Rojas (Líder ambiental) Sin experiencia legislativa anterior | |
Coalición Lista de la Decencia | Aida Avella (Líder social y política temas DDHH, Representante de la UP) Sin experiencia legislativa anterior |
Luis Alberto Yace (Líder indígena, ex consejero del CRIC y delegado de la Cumbre Agraria) Sin experiencia legislativa anterior | |
Tarsicio Mora (Líder sindical educación FECODE y presidente de la CUT) Sin experiencia legislativa anterior | |
Tatiana Piñeros Laverde (Líder comunidad LGBTI) Sin experiencia legislativa anterior | |
María Susana Muhammad (Líder ambientalista, activista Paz a la Calle) Sin experiencia legislativa anterior | |
Fernando Guzmán Molina (Vocero Fundación Mesa Protectora de derechos Humanos Restiturights) Sin experiencia legislativa anterior | |
Rosario Pinto Silet (Líder indígena) Sin experiencia legislativa anterior | |
Jhon Alexander Bermúdez (Líder social) Sin experiencia legislativa anterior | |
Faustino Navarro de las Aguas (Líder afrodescendiente organización movimiento social afrocolombiano en el Caribe) Sin experiencia legislativa anterior | |
Lucas Gil Ibargüen (Líder social Buenaventura) Sin experiencia legislativa anterior | |
Víctor Pérez Cifuentes (Líder gestión cultural) Sin experiencia legislativa anterior | |
Cambio Radical (CR) | Ceferino Mosquera Murillo (Líder movimiento comunal y comunitario Buenaventura) Sin experiencia legislativa anterior |
Donpopo Ayara (Líder social afrocolombiano) Sin experiencia legislativa anterior | |
Opción Ciudadana | Hedrix Haise Gutiérrez (coordinador Derechos Humanos, comunicaciones y convocatoria Paro del Chocó) Sin experiencia legislativa anterior |
Fuente: elaboración propia.
Cámara de Representantes | ||||
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Partidos | PDA | PV | Coaliciones (PDA, PV, MAIS) | PLC |
Departamentos\ | ||||
Antioquia |
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Bogotá |
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Santander |
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Norte de Santander |
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Valle del Cauca |
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Huila |
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Listas\ | Partidos | PCC | Coaliciones Decencia | CD | PU | CR |
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Antioquia | ||||||
Bogotá |
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Santander |
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Norte de Santander | ||||||
Valle del Cauca |
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Huila |
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Fuente: elaboración propia.
Tomando en cuenta los datos mostrados, así como la posición de esos candidatos dentro de las listas presentadas a la Registraduría Nacional, fueron 106 candidatos: 20 al Senado por parte del Polo Democrático Alternativo (PDA), 9 del Partido Verde (PV), 8 por parte del Partido Liberal Colombiano (PLC), 2 de Cambio Radical (CR), 1 por Opción Ciudadana y 11 por la Coalición por la Lista de la Decencia. El tema se diversifica en la Cámara de Representantes: la lista de Bogotá y Antioquia por parte del PV incluyó 9 candidatos y 1 respectivamente; el PDA presentó para las mismas ciudades 5 y 11 candidatos. El Centro Democrático (CD) presentó dos candidatos y el CR uno para Bogotá. Los candidatos se desagregan en más partidos para el caso de Antioquia, donde el PLC presentó 4. Debemos señalar lo sucedido en el Valle del Cauca, donde 5 candidatos fueron inscritos en la lista del PDA y uno por el PLC. Destacan, el único candidato por parte del Partido Comunista Colombiano (PCC) por el Huila y los dos candidatos de organizaciones educativas medioambientales y de defensa del agua en Santander a través de la Coalición Alternativa Santandereana.
Paralelamente a los resultados de las listas presentadas por los partidos con experiencia electoral, se destaca en estas elecciones la lista presentada por nuevos partidos y coaliciones como la Lista de la Decencia, constituida por MAIS, ASI, Unión Patriótica (UP), Todos Somos Colombia y el partido progresista Colombia Humana, organización que capturó por la naturaleza ideológica y estratégica, una “multiplicidad de líderes de organizaciones y movilizaciones sociales de diversa índole y con presencia en el ámbito nacional y departamental” (Durango, 2017).
Finalmente, los contenidos programáticos de los partidos que incluyen demandas de las organizaciones sociales evidencian cómo usaron su indignación en la campaña electoral, es decir, si fueron incluidas en su versión más dura o fueron objeto de negociación por parte de los dirigentes de los partidos con el fin de atraer votantes. Es necesario destacar que en estas elecciones el clivaje estructuró un gran marco ideológico y político, que se visibilizó también en el contenido programático de los partidos, por lo cual es necesario recordar que el
programa es a la vez la carta de identidad del partido y su oferta de compromiso ante sus electores. El programa comienza adoptándose formalmente en el momento fundacional y, posteriormente, se va modificando en los distintos congresos del partido, sufriendo sus principales cambios, o “puestas al día” en la víspera de los procesos electorales. (Alcántara, 2004: 92)
Esa situación la podemos observar en el caso de las elecciones analizadas, en el que las “puestas al día”, más que modificar, reafirmaron el clivaje en el que se estructuró la puesta programática que de acuerdo con Alcántara se estructura:
a través de unos ejes de principio programático que tienen que ver con aspectos substantivos de la competencia política; el primero, se define por elementos de política económica, el segundo, cuestiones relativas a determinados valores. El tercero, con respecto a la base sobre el tema exterior o fórmulas de integración regional y a la globalización, y el último, la ubicación ideológica en la escala izquierda-derecha. (Alcántara, 2004: 89-90)
En ese sentido, la interacción establecida entre organizaciones sociales y líderes partidistas a través del contenido programático operó en estas elecciones más en los ejes de valores y ubicación ideológica que en el económico y el exterior, que fueron importantes, pero no los principales movilizadores de decisión para los votantes, tal como lo evidencia la Tabla 5.
Partido | Demandas de las organizaciones y movilizaciones del 2018 |
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PV | Favor del Acuerdo. (Construcción de paz, derechos humanos, justicia, inclusión, medio ambiente, democracia) |
PDA | Favor del Acuerdo. (Construcción paz, justicia, derechos sociales, económicos, culturales y ambientales, soberanía nacional, modelo económico, democracia y movilización ciudadana) |
PLC | Facción a favor del Acuerdo. (Víctimas, paz, medio ambiente, derechos humanos, salud, comercio, agricultura) |
Facción en contra del Acuerdo. (Renegociación JEP, restitución de tierras, democracia) | |
PU | Facción a favor del Acuerdo. (Víctimas, paz, derechos humanos y tierras, medio ambiente, agricultura, salud, comercio) |
Facción en contra del Acuerdo. (Renegociación JEP, participación, restitución de tierras, democracia) | |
CR | En contra de puntos del acuerdo (Justicia, participación política, restitución de tierras, derechos humanos, inclusión y paz) |
PCC | En contra de puntos del acuerdo (Justicia, participación política, restitución de tierras, derechos humanos, inclusión medio ambiente, paz) |
CD | En contra de puntos del acuerdo (Justicia, participación política, restitución de tierras, derechos humanos, inclusión medio ambiente, paz) |
Fuente: elaboración propia.
La interacción puede ser interpretada como una interfaz social, en términos de “informaciones e interpretaciones presentes en interacciones estratégicas durante el proceso de construcción de posibles políticas públicas” (Roberts, 2001: 3). Además, esa interacción en la construcción programática es compleja, ya que intervienen “racionalidades, poderes, intereses y relaciones de los actores involucrados no solo en los puntos de su organización interna sino cómo se sitúan y actúan dentro de los dominios institucionales” (Long, 2007: 142-147). La interacción a través del diseño de los programas logró posicionar las demandas sociales de los partidos. Tal posicionamiento evidencia de nuevo, en el eje de valores y ubicación ideológica, la agudización de ese clivaje que erigió una red de acción crítica, la cual construyó en el plano simbólico un sistema de códigos que les “permitió interpretar una cierta parcela de la realidad a partir de un cuadro de valores de referencia” (Ibarra, Goma y Martí, 2002: 72).
Por lo tanto, la ubicación ideológica también fue un recurso estratégico usado por partidos y movimientos para ubicarse en uno u otro lado del clivaje. Es necesario recordar que, si bien las temáticas de las movilizaciones fueron tratadas por candidatos presidenciales y legislativos, aquí se destacaron las peticiones que fueron efectivamente incorporadas en los programas políticos electorales del 2018. Es importante señalar que las coaliciones no tienen un contenido específico, ya que son producto de un tema electoral.
Resultados
Los resultados de la operacionalización de las variables permitieron establecer que, si bien aumentaron las relaciones de permeabilidad, articulación y alianza entre movimientos sociales y partidos políticos durante las elecciones, el número de candidatos provenientes de organizaciones sociales que lograron ser elegidos no fue alto. La información apunta a que partidos tradicionales no establecieron relación con las organizaciones sociales movilizadas, lo que se evidenció en exclusión de candidatos de estos partidos en sus listas. Si bien los líderes de partidos de centro no fueron activos en las movilizaciones de 2018, tuvieron éxito en reclutar a líderes de organizaciones sociales a favor del acuerdo y, de forma más precisa, en las zonas urbanas metropolitanas como Bogotá o Medellín, lo cual expresa una relación de permeabilidad y articulación en el que esos líderes buscaron incidir y presionar a los dirigentes del partido para recibir atención a su causa y así “poder ejercer presión con el fin de llegar a tener una influencia importante” (Somuano, 2007: 43). Lo anterior se sustenta en los 22 candidatos desagregados a Cámara y Senado. Esa relación no se presentó con la misma fuerza en otros departamentos donde las coaliciones electorales se erigieron como un recurso de supervivencia frente al cierre de las circunscripciones especiales para las organizaciones.
Una relación sostenida de permeabilidad y articulación se presentó con los partidos de izquierda, con más de 50 candidatos líderes de las movilizaciones y miembros de organizaciones sociales. La cercanía ideológica respecto al tema de las implicaciones y consecuencias de la no implementación del acuerdo fortaleció su cuadro de valores ideológico, erigiéndose en bisagras en los que las movilizaciones identificaron un “amplio rango de objetivos comunes con el partido político” (Somuano, 2007: 43). Más que impregnar a todo el partido, lo que logra la relación es orientar la estrategia electoral hacia sus demandas más específicas, es decir, del amplio espectro de organizaciones que formaron parte de la base de las movilizaciones sociales, las que pudieran establecer el tema de la defensa del acuerdo y con mayor capacidad organizativa se convirtieron en las más importantes durante el proceso electoral. Es importante mencionar que una relación de articulación se presentó con facciones de los partidos de gobierno en la medida en que los líderes sociales y de organizaciones se agruparon en torno al programa del partido político y la campaña legislativa, fortaleciendo el discurso y programa entre sus seguidores, lo cual buscó traducirse en posibles votantes.
Dos situaciones resultan del análisis de las variables. La primera responde a la decisión estratégica por parte de los movimientos y partidos de fortalecer relaciones de permeabilidad, articulación y alianza, estructuradas en un marco ideológico y electoral que visibiliza el clivaje operativo acuerdo/no acuerdo, en el que subyace una disputa ideológica e identitaria en torno al orden como valor nacional. La segunda representa el incremento de las interacciones producto del alineamiento de las dimensiones del Estructura de oportunidades políticas (EOP) a causa del proceso de transición política que significó la implementación de los puntos del acuerdo con implicaciones respecto a la gobernabilidad que se necesita para que esa paz sea un hecho visible. En la Tabla 6 se muestran los resultados electorales que obtuvieron los líderes sociales en las diferentes listas.
Partido | Tipo Relación | Votación | Elegido |
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PDA | Permeabilidad-Articulación | Alberto Castilla 27.744 | SÍ |
Alexander López Maya 84.229 | SÍ | ||
Iván Cepeda 77.842 | SÍ | ||
PV | Permeabilidad-Articulación | Antonio Sanguino 22.332 | SÍ |
José Aulo Polo 34.287 | SÍ | ||
Coalición Lista de la Decencia | Articulación | Aida Avella 57.175 | SÍ |
Fuente: elaboración propia.
Partido | Tipo de relación | Votación | Elegido | |
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PV | Permeabilidad- Articulación | Mauricio Toro (Bogotá) | 19.074 | SÍ |
Luvi Miranda (Bogotá) | 63.229 | SÍ | ||
Juanita Goebertus (Bogotá) | 83.270 | SÍ | ||
PCC | Alianza | Felipe Lozada (Huila) | 28.421 | SÍ |
CD | Articulación | Gabriel Santos (Bogotá) | 22.445 | SÍ |
PDA | Permeabilidad- Articulación | Jorge Alberto Gómez (Antioquia) | 29.104 | SÍ |
Fuente: elaboración propia.
El escaso número de líderes sociales elegidos a través de los partidos (13) nos muestra que, si bien la indignación se ha traducido en aperturas de los partidos a los líderes sociales para consolidar una red en torno al clivaje, esto no se ha traducido en una movilización que pase de lo contencioso a lo institucional, y deja ver que la posición dentro de la confección de la lista, así como el tipo de voto que escoge el partido, sí incide en la situación de los candidatos líderes sociales.
Conclusiones
Los Acuerdos de Paz y su consecuente implementación pueden considerarse dentro de un proceso transicional en cuanto a los alineamientos políticos e institucionales que impactaron en el proceso electoral de 2018, situación que terminó por incidir en el tipo de relaciones que partidos políticos y movimientos sociales establecieron. El cambio más significativo fue la profundización de la configuración en el marco de competencia del sistema de partidos de un clivaje político paz/conflicto y a favor del acuerdo/en contra del acuerdo, que se expresó en el plebiscito y en los resultados electorales. De esa manera, organizaciones sociales y partidos políticos se ubicaron estratégicamente en uno u otro lado de ese supramarco, en el que subyace una disputa ideológica en torno al orden como valor nacional.
Así, bajo el proceso del posacuerdo, se presentaron diversas movilizaciones sociales en torno a dos demandas amplias, la primera, respecto al desarrollo económico y la segunda por protección, inclusión y derechos humanos. Es importante señalar que la presencia de estas movilizaciones debe entenderse como una ganancia en mejoras democráticas en la medida en que se desmarcan de los actores violentos y proponen una relación que, si bien mantiene un grado de contención, busca ahondar en la cooperación y colaboración con entes gubernamentales multinivel.
Este tipo de estrategia, coincide con la hipótesis que afirma que en un alto grado de polarización, partidos y organizaciones sociales suelen crear o fortalecer vínculos que pueden entenderse como prácticas para la supervivencia de su acción, estructurando campos de referencia y decisión temática en torno a uno u otro clivaje. Ello permitió un proceso de interacción que terminó por establecer relaciones de permeabilidad, articulación y alianza operacionalizadas a través de la negociación entre líderes partidistas y sociales en la confección y posición dentro de listas electorales y el contenido programático, datos que permitieron identificar si los candidatos líderes sociales resultaron electos.
Es importante señalar que la sistematización de la información a través de esos dos indicadores evidenció que los discursos ideológicos y políticos expresados en el clivaje se erigieron en un campo relacional de conflicto respecto a la interpretación del impacto del acuerdo y sus implicaciones para los ciudadanos. Por lo tanto, la posibilidad de hacer visible durante las elecciones ese mapa de agravios y disputas en términos electorales demuestra la capacidad organizativa e incidencia de las movilizaciones sociales. En ese sentido, los hallazgos para el caso colombiano podrían ser contrastados con procesos similares para ver cómo la acción colectiva se transforma y qué trayectos se decide usar para mantenerse dentro del sistema político.
Los hallazgos establecieron relaciones de permeabilidad, articulación y alianza entre todos los partidos políticos presentes en el sistema de partidos y diversos movimientos sociales en las elecciones. Ahora, si bien existió una deflagración de organizaciones sociales hacia los partidos políticos en sus listas a Senado y Cámara, no resultó significativo en cuanto a puestos importantes de la lista para que pudieran ser escogidos. Ello evidencia que la estrategia electoral respondió al sostenimiento de vínculos no sólo colaborativos o cooperativos sino de sobrevivencia debido al quiebre de las circunscripciones territoriales para la paz. Esto nos lleva a preguntar si el posicionamiento dentro de las listas de líderes sociales responde a una lógica de cumplimiento de conformación de listas más que de una democratización de los partidos y cómo se siguen entendiendo estas formas de participación.
En cuanto a los contenidos programáticos, los partidos políticos durante estas elecciones, incluyeron demandas de las organizaciones sociales incorporadas a través del clivaje político, estructurando un supramarco en el que la indignación fue el recurso usado para la construcción de programas. En otras palabras, las demandas fueron incluidas en su versión más dura y fueron objeto de negociación por parte de los dirigentes de partidos y organizaciones sociales con el fin de atraer votantes. Por lo tanto, la relación de organizaciones y partidos operó sobre todo en los ejes de valores y ubicación ideológica. Este hallazgo confirma la hipótesis de la polarización en procesos transicionales y ya con información empírica podría compararse con otros casos.
Vale la pena señalar que los partidos de centro-izquierda fueron los que más fortalecieron esa dinámica durante este proceso electoral. Destaca la alianza del partido de derecha con ciertas organizaciones de víctimas de las FARC y el fraccionamiento de los partidos aliados al gobierno respecto a incluir o no a este tipo de candidatos de origen en el liderazgo social en las listas a Cámara o Senado. Debe puntualizarse, además, la ausencia de interacciones de dos partidos de centro-derecha que no establecieron ninguna relación. Lo anterior permite vislumbrar cómo se conformó dicha red y que fueron el clivaje y el elemento ideológico los que la impulsaron.
En ese sentido, a pesar del aumento del tipo de relaciones e incluso de número de candidatos, los resultados electorales fueron pobres y sólo 13 líderes sociales inscritos en sus listas lograron llegar a cargos de representación política. Destaca la reelección de alguno de ellos, así como el arribo de nuevos líderes o activistas a través de partidos de centro y con alcance más urbano.
Por último, movimientos sociales y partidos políticos, antiguos y nuevos, presentes a lo largo del territorio nacional, conforman una polifonía de viejas y nuevas voces. Éstas, en un tono distinto al de la contrainsurgencia y en el marco del postconflicto, contribuyen con sus diversas estrategias de interacción a la democratización del país con el fin de mejorar la capacidad institucional y gubernamental respecto a soluciones estructurales necesarias para los problemas de sus ciudadanos en un sistema político, se espera, de mayor estabilidad y gobernabilidad.