Acciones afirmativas

En años recientes, México ha presentado un notable avance en cuanto a legislaciones y prácticas con relación a la equidad de género. En el caso de la paridad política, destacan las reformas constitucionales de 2014 y 2019, esta última, denominada “Paridad en todo”, la cual señala que, en todos los niveles, los órganos de gobierno se conformarían paritariamente. No obstante, desde 1990, tuvo lugar el ejercicio de las regulaciones de cuotas a través de las reformas al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (COFIPE).

En la Tabla 1 se presenta una breve descripción de aquellas reformas que tienen o tuvieron como objetivo promover y garantizar la participación político-electoral de las mujeres.

Esta revisión histórica nos lleva a las acciones dentro del último proceso electoral federal, subrayando la importancia de la última reforma paritaria del año 2019; una reforma constitucional que reconoce los derechos políticos de las mujeres, que impactó en nueve artículos y resulta una conquista histórica en el orden jurídico y simbólico (^{CNDH, 2020}) (Tabla 2).

El proceso electoral 2020-2021 y algunas acciones afirmativas propuestas desde el INE

En el marco del proceso electoral 2020-2021, el INE en coordinación con los Organismos Públicos Locales (OPL) desarrollarían las actividades para la elección de Diputaciones Federales, Gubernaturas, Congresos Locales, Ayuntamientos, Juntas Municipales y Alcaldías (^{INE, s.f.}).

Estas elecciones fueron denominadas “las más grandes en la historia de México”, no sólo por el crecimiento cuantitativo del electorado, sino por los cargos que se eligieron: un total de 21 000, ya que las 32 entidades del país tuvieron elecciones concurrentes con la federal, eligiendo los cargos que a continuación se precisan en la Tabla 3.

Se presenta, igualmente, la composición por sexo del electorado en la elección federal del 6 de junio del año 2021, según la lista nominal del ^{INE (2021)}, acorde a la población en el censo del país, y que muestra un poco más de población femenina que masculina (Tabla 4).¹

En cuanto a las candidaturas para este proceso, resultaba necesario garantizar el acceso y participación de todos y todas los mexicanos y las mexicanas, por lo que el INE emitió dos acuerdos que resultan relevantes para el caso de las diputaciones federales y el de las gubernaturas.

Diputaciones federales

Una vez iniciado el proceso electoral federal 2020-2021, el 18 de noviembre de 2020, el INE aprobó el acuerdo INE/CG572/2020,² en el cual se fijaron los criterios aplicables para el registro de candidaturas a diputaciones, tanto para el principio de mayoría relativa como por el principio de representación proporcional.

Derivado de diversas impugnaciones al acuerdo antes mencionado, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ordenó al INE modificar el mismo, por lo que hubo cambios en los puntos tercero, séptimo, décimo séptimo, décimo noveno, vigésimo segundo y vigésimo octavo, así como la adición de los puntos décimo séptimo bis y décimo séptimo ter, en los cuales se establecen diversas acciones afirmativas. Surge, por lo tanto, el acuerdo INE/CG18/2021,³ del cual destacan los siguientes puntos:

Gubernaturas

En el caso de las Gubernaturas, el 6 de noviembre de 2020, el Consejo General del INE aprobó el acuerdo INE/CG569/2020.⁴ La aprobación de dicho acuerdo surge como respuesta a la consulta realizada el 11 de agosto de 2020 por la ciudadana Selene Lucía Vázquez Alatorre, así como por diversas organizaciones, en donde solicitaban la emisión de criterios para garantizar el principio de paridad entre los géneros, en la postulación de candidaturas a las 15 gubernaturas a elegir en los procesos electorales locales 2020-2021 (^{INE/CG569/2020, 2020}). Dentro del escrito presentado por la persona y organizaciones antes mencionadas, se establecía que:

[…] si las 15 gubernaturas a elegirse son ocupadas por mujeres, sumadas a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, se alcanzaría una totalidad de 16 mujeres en la jefatura máxima, con lo cual, se obtendría que un 50 por ciento de las y los titulares sean mujeres. De este modo, se obtendría la paridad total en dicho cargo a nivel nacional. (^{INE/CG569/2020, 2020: 7})

De no ser procedente esta medida, se solicitaba que “al menos, se emitieran criterios para garantizar que los partidos políticos y demás formas de participación electoral estén obligados a postular candidatas mujeres en al menos 7 de las 15 gubernaturas que se elegirían” (^{INE/CG569/2020, 2020}).

El Consejo General del INE, tomando en consideración diversos preceptos legales y normativos, discurrieron que la petición realizada para emitir criterios que garantizaran la paridad de género en la postulación de candidatas y candidatos para las gubernaturas era procedente, sin embargo, no era factible postular únicamente mujeres por lo que se aprobó que, en al menos 7 de las 15 entidades con proceso electoral, los partidos políticos nacionales y/o coaliciones postularan mujeres. Esto esboza el panorama anterior al día de la convocatoria electoral, el contexto numérico y las acciones afirmativas que tuvieron lugar por el órgano electoral.

Composición de la Cámara de Diputados por género

Para empezar, habrá que explicitar que en las elecciones del 2021 el principio de paridad se observó a juzgar por las candidaturas y los cargos electos en cuanto a su composición. En concreto, la Cámara de Diputados ha visto un incremento progresivo en cuanto a la participación femenina desde hace décadas, producto de las cuotas establecidas en el COFIPE y de la paridad constitucional más adelante -tal y como se demuestra en la Tabla 6-, además de las actuaciones de mujeres y de movimientos de mujeres en la historia del país.

Tras los resultados obtenidos en las elecciones del pasado 6 de junio de 2021, la Cámara de Diputados quedó integrada como se presenta en las Tablas 7 y 8.

Los datos anteriores representan únicamente el sexo de las personas que conforman la actual legislatura, sin embargo, en cumplimiento a los lineamientos establecidos en el Acuerdo INE/CG18/2021, los partidos políticos debían postular 2 fórmulas de personas de la diversidad sexual. La implementación de esta acción afirmativa tuvo como resultado que dos mujeres trans accedieran a una diputación federal, la primera Salma Luévano Luna y la segunda María Clemente García, ambas postuladas por el partido político Movimiento Regeneración Nacional (Morena) y electas por el principio de representación proporcional.

Igualmente, en cumplimiento a los lineamientos de dicho acuerdo, se tuvo como resultado que 61.9 % de los espacios fueron ganados por mujeres indígenas, es decir, 13 de 23 curules (^{INMUJERES, 2021}).

En cuanto a las comisiones presididas por mujeres en dicha cámara, de 50 comisiones ordinarias, 27 son encabezadas por mujeres (Tabla 9) mientras que las 23 comisiones restantes las presiden hombres, lo que representa 54 % y 46 % respectivamente.

De cualquier manera, aún no se sabe a ciencia cierta qué iniciativas se presentarán con relación a las necesidades e intereses de las mujeres, entre otras cuestiones sobre el tema.

Paralelamente a lo expuesto, hubo congresos en las entidades de la república que tuvieron elecciones concurrentes con la federal el pasado 6 de junio de 2021.

Composición de los Congresos locales por género

En el rubro de los congresos locales, es posible observar cómo hay un pequeño porcentaje mayor de mujeres que hombres en total, si bien y por supuesto varían de estado a estado.

Por el principio de mayoría relativa (MR), de los 642 curules 328 los ganaron mujeres (51.1 %). De los 30 congresos locales que se renovaron, hasta el momento en 17 se conoce su distribución por MR y representación proporcional, con una conformación de 50/50 se encuentran: Morelos, Querétaro y Zacatecas; en Aguascalientes, Baja California Sur, CDMX, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Sinaloa, Tabasco y Tlaxcala, la presencia de las mujeres fue mayor al 50 %, y en Edo de Mex., Durango y S.L.P., no se logró la paridad. (^{INMUJERES, 2021: 2})

La Tabla 10 muestra la composición de todos ellos.

Tras revisar la presencia de mujeres en la Cámara de Diputados Federal y en las cámaras estatales, conviene acercarse a la composición de las mujeres encabezando ciudades, es conocido el déficit femenino histórico en las presidencias municipales. En las elecciones de 2021, de las 31 capitales del país, hubo poca presencia de mujeres, ya que únicamente ganaron ocho ciudades, como se muestra en la Tabla siguiente.

Siguiendo con congresos locales y gobiernos de las ciudades, en concreto se presenta el ejemplo de la capital del país y varios datos sobre cargos resultados de la elección, tanto en las alcaldías como en Congreso de la Ciudad de México.

Alcaldías CDMX

Respecto a los cambios legislativos en la Ciudad de México, tiene lugar una distribución paritaria en cuanto a la dirección de las alcaldías, ya que en la mitad de ellas quedaron al frente mujeres -8 de 16 (Tabla 12)-, comparado con la anterior elección donde surgieron únicamente cuatro.

Concejalías de las alcaldías CDMX

Para el caso de las Concejalías, se disputaron 96 por el principio de mayoría relativa y 64 por representación proporcional (^{IECM, s.f.}). Las cifras finales muestran 48.61 % de mujeres y 51.39 % de presencia masculina (Tabla 13).

El congreso de la Ciudad de México

Para el Congreso local se votó por 66 escaños: 33 de mayoría relativa y 33 de representación proporcional. Los resultados arrojaron 47 % de hombres y 53 % de mujeres (Tabla 14), similar tendencia por cierto que el censo poblacional de la ciudad.

De tal manera, observamos en la Tabla 15 la integración de las comisiones: de 45 en total, 21 son presididas por mujeres, 46.66 %, mientras que los hombres presiden las 24 comisiones restantes, lo que representa 53.33 %.

De esta forma, observamos las cifras de resultados y la descripción de la presencia femenina en varias cámaras legislativas u otros espacios de la arena política. Para profundizar este fenómeno, destacaremos a continuación el caso de las mujeres electas a cargos de gobenadora en sus respectivos estados.

Las gobernadoras en la historia (1979-2021)

Antes de que el doctor Alzheimer me anote en su estadística, he decidido escribir mis memorias. Quiero que estas líneas sirvan de algo, que sean un testimonio veraz de cuando una mujer caminó para llegar a la primera magistratura de un Estado y cuánto también para sostenerse en ella. Mis renglones van a carecer de esa solemnidad que nos caracteriza a los latinoamericanos. Sin caer en la frivolidad serán un tejido de anécdotas, urdimbre de sucesos de todo género a lo largo de la vida. Eso espero. (^{Álvarez, 1992: 17})

De esta manera inicia sus memorias la primera gobernadora de México en el estado de Colima, Griselda Álvarez Ponce de León en 1979. Son anécdotas y acontecimientos, políticos y personales que retratan el clima político y social de la época, su accionar y desarrollo en el quehacer político de su cargo. En una de sus páginas finales puede leerse también respecto al tema del acceso de las mujeres al espacio de la política en el país:

La democracia había corrido su velo androcéntrico en México en una provincia, la más adelantada políticamente, dado que en ese momento una mujer llegaba al gobierno del Estado. El pueblo sexista, como todos, admitía, aceptaba, pero quedaría vigilante en los equívocos, porque el patriarcalismo sufría una ruptura y por ahí se podría trasminar un poco de poder. Lo que de este me tocaba no lo compartí con nadie. Fui celosa hasta en los detalles, al grado que a un secretario de Estado que me enviara un convenio previamente escrito que rezaba: “palabras que dirá el señor Gobernador…”, le detuve el trato aduciendo que no había “gobernador” sino gobernadora; que al escrito le faltaba sintaxis y le sobraba cacofonía y que la soberanía del Estado (cerca de ochenta mil votantes) me impedía firmar lo que yo personalmente no aprobaba. (No se perdió la amistad). (^{Álvarez, 1992: 8})

Álvarez Ponce de León apunta varios asuntos relacionados con las mujeres, por ejemplo, una ley que penalizaba más la violencia y la violación; proponía además el derecho al estudio y al trabajo de la población femenina, lo cual aumentaría su incursión en el campo laboral y en la esfera política. Varios son los puntos en los que aborda el tema de las mujeres, la política en general. Por otro lado, se encuentra presenta su poesía. Finalmente, se despide esperando “el juicio de la Historia” (^{Álvarez, 1992: 179}).

En 1987 Beatriz Paredes se consagró como gobernadora de Tlaxcala. No deja de ser un tema menor que haya sido un estado de dimensión territorial pequeña como Colima. Tanto Paredes como Griselda Álvarez fueron gobernadoras por el PRI, como cabía suponer por la época. De ahí siguieron una gobernadora y una jefa de gobierno interinas, en Yucatán Dulce María Sauri del PRI y, en el entonces Distrito Federal, Rosario Robles por el PRD, en los años 1991 y 1999, respectivamente.

En 2004 Amalia García es electa gobernadora de Zacatecas por el PRD, y en 2007 Ivonne Ortega en Yucatán por el PRI, así como en 2016 Claudia Pavlocich por el mismo partido gobierna el estado de Sonora. Fruto de las elecciones del año 2018 llegó Claudia Sheimbaum a la Ciudad de México abanderada por Morena. De igual manera, en ese mismo proceso electoral fue elegida Martha Érika Alonso como gobernadora de Puebla, aunque su mandato duró diez días al fallecer en un accidente de helicóptero en diciembre de ese mismo año (Tabla 16).

Para finalizar este apartado sobre gobernadoras en la historia se presenta un mapa (Imagen 1) que muestra las gobernadoras previo a las elecciones de 2021, esto es, únicamente 2 de 32 entidades federativas. En contraste, se presentará posteriormente un mapa tras las elecciones del 6 de junio, donde se aprecian los estados que hoy se encuentran gobernados por mujeres.

Milenio, 2021. Fuente: ^{Milenio, 2021}.

Imagen 1 Mapa gobernadoras antes del 2021 

A continuación, se describe el proceso de las mujeres candidatas y electas a la gubernatura de su estado el 6 de junio de 2021, que resulta soprendente o, cuando menos, curioso el elevado número, tomando en cuenta en todo momento el desarrollo histórico ya analizado.

Las candidatas a gobernadoras 2021

En primer lugar, un hecho que habría que destacar es el número de mujeres candidatas a una gubernatura. De los 15 estados que tuvieron que elegir gobernador(a), encontramos la presencia de 52 mujeres candidatas de todos los partidos políticos que se postularon para dicho cargo (Tabla 17). Lo más importante será el resultado sorprendente de dichas elecciones.

La paridad y las gobernadoras electas

En 2020, con el inicio de los procesos electorales locales en 15 estados y con la aprobación del Acuerdo INE/CG569/2020, en el cual se establecían criterios y bases para la postulación paritaria en este cargo unipersonal, los resultados fueron favorables para las mujeres, ya que 6 de ellas ganaron la elección en su respectiva entidad federativa. A la fecha son 7 mujeres gobernando un estado, tomando en cuenta que la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México permanecerá otros tres años en su cargo.

De esta manera, en 15 entidades federativas 6 mujeres fueron electas gobernadoras, representando 40 % de presencia femenina en dicho nivel de gobierno. Si tomamos en cuenta las 32 entidades, la presencia femenina en este cargo representa 20 %. Contextualizando el número de mujeres electas en 2021, mostramos un mapa con las gobernadoras, sus estados y los resultados electorales que les dieron el triunfo y las llevaron al poder (Imagen 2).

Fuente: ^{Robles y Melgar, 2021}.

Imagen 2 Gobernadoras tras el año 2021 

Este es un fenómeno nuevo para el país, ya que desde 1979 hasta 2021 sólo hubo nueve gobernadoras en total, de las cuales dos fueron interinas y otra únicamente ocupó el cargo unos días. Hay que comentar también que, de las nuevas mujeres que encabezarán estados de la República, una es de la coalición PAN/PRD y las otras de Morena y sus partidos coaligados en su caso.

El caso de Evelyn Salgado Pineda y Félix Salgado Macedonio

Entre las historias que sucedieron en la elección a gobernador(a) destaca el caso de Evelyn Salgado Pineda, debido a la polémica centrada en una cuestión de género, ya que el precandidato Félix Salgado Macedonio -su padre- fue acusado por un grupo de mujeres de abusos sexuales a través de una campaña en los momentos de su acceso a la candidatura; finalmente por una cuestión administrativa no alcanzó a obtener dicha precandidatura. Este caso de Salgado Pineda fue muy polémico debido a que, en un principio, ella no figuraba para ser candidata sino su padre -entonces Senador con licencia, histórico y conocido militante político en el estado y en el país-, quien inicialmente era el precandidato de Morena a la gubernatura de Guerrero. Dicha candidatura fue cancelada por el INE al no reportar un gasto de precampaña de alrededor de 20 000 pesos (^{Manetto y Barragán, 2021}).

Después de que el TEPJF confirmara el acuerdo del INE donde se cancelaba la candidatura, la Comisión de Elecciones de Morena dio a conocer el nombramiento de Evelyn Salgado como candidata a gobernadora, ya que, de acuerdo con la encuesta interna que se realizó, ella obtuvo el mejor puntaje. Tras el triunfo de la candidata en el estado de Guerrero, el diario Reforma señaló que Félix Salgado operó todo el proceso de transición, desactivó posibles conflictos, hizo compromiso y hasta decidió quiénes serán los integrantes del gabinete de su hija (^{Expansión Política, 2021}).

El proceso electoral 2020-2021 concluyó con grandes victorias para las mujeres que participaron. Es importante reiterar los avances numéricos que se espera irán combinados con los cualitativos, en el sentido de una representación sustantiva (Fenichel, 1965). Si bien las mujeres tuvieron éxito en cuanto a los resultados electorales, su presencia política paritaria en algunos espacios y el aumento en otros, estos datos no se acompañaron con una disminución de la violencia política hacia las mujeres.

La violencia política hacia las mujeres

Antecedentes históricos

Para iniciar, una definición general de violencia política hacia las mujeres:

Tanto la violencia, como el acoso político contra las mujeres, pueden incluir cualquier acción, conducta u omisión entre otros, basada en su género, de forma individual o grupal, que tenga por objeto o por resultado menoscabar, anular, impedir, obstaculizar o restringir sus derechos políticos, conculca el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia y el derecho a participar en los asuntos políticos y públicos en condiciones de igualdad con los hombres” (^{OEA, 2015: 6-7}).

A lo largo de los últimos años, han tenido lugar en el mundo llamamientos internacionales sobre el tema de la violencia hacia las mujeres, lo cual ha hecho eco en el gobierno de México en sus diferentes administraciones políticas y en determinados momentos históricos. Destaca la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la discriminación hace un par de décadas, la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y, más recientemente en el año 2020, las reformas a esta última (Tabla 19).

Varias son las explicaciones y reflexiones que se dan sobre dicho fenómeno, más allá de estar enmarcado en la violencia general y la política en el país, entre ellas destaca su correlato con:

El aumento en la participación política de las mujeres en vinculación con la introducción de acciones afirmativas y cuotas de género no ha disminuido los episodios de violencia política de género; incluso, en procesos electorales previos, se ha observado la normalización de mensajes o propaganda que buscan menoscabar y disminuir la participación de la mujer por el simple hecho de ser mujer; como ejemplo de expresiones o acciones contenedoras de este tipo de violencia, que ha llegado a cobrar la vida de mujeres al ejercer sus derechos políticos. (^{Strategia Electoral, 2017: 2})

El incremento de la presencia femenina se relaciona con “nuevas formas de violencia contra las mujeres que deciden ejercer sus derechos políticos y asumir cargos de representación pública” (^{Ávila, 2017: 1}), esto es, “a mayor participación de las mujeres, mayor el nivel de violencia” (Colectivo de la Ciudadanía de las Mujeres, citado ^{Ávila, 2017: 4}). Además, “la mayor visibilidad de esta violencia y/o acoso político contra las mujeres está vinculada al aumento de la participación política de las mujeres, en particular en los cargos de representación política que, a su vez, es consecuencia de la aplicación de cuotas de género y de la paridad” (^{OEA, 2015: 7}). Podemos considerar que el incremento de la violencia está en relación directa con la paridad política en México y en otros países de América Latina, además de conjuntarse con el mayor acceso de las mujeres a los espacios públicos en específico a la arena política institucional de un país. En relación a esto, y desde el enfoque de los derechos:

El menoscabo de los derechos humanos de las mujeres también se manifiesta en el ámbito político, donde de manera directa se vulneran los derechos de las mujeres, pero en un sentido más amplio se afecta el derecho a la integridad y a una vida libre de violencia. De este modo, se limita la posibilidad de que las mujeres no sólo voten, sino que también sean electas y que sus triunfos se reconozcan y se les permita ejercer funciones sin ser cuestionadas por su género y sin ser violentadas por ello. (^{CNDH, 2016: 1})

En 2016 el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) elaboró el Protocolo para Atender la Violencia Política Contra las Mujeres, en el cual identifica la violencia política hacia las mujeres; apunta a evitar mayores daños a las víctimas, la mejora en cuanto a la colaboración entre instituciones responsables, así como ser guía cuando se presente y atienda el fenómeno. Según este texto la violencia política hacia las mujeres:

comprende todas aquellas acciones y omisiones -incluida la tolerancia- que, basadas en elementos de género y dadas en el marco del ejercicio de derechos político-electorales, tengan por objeto o resultado menoscabar o anula el reconocimiento, goce y/o ejercicio de los derechos políticos o de las prerrogativas inherentes a un cargo público. (^{TEPJF, 2016: 19})

El protocolo aclara qué es violencia y lo ilustra claramente enumerando diversos tipos: el registro de mujeres en aquellos distritos sin posibilidad de triunfo, los simulados registros de candidaturas femeninas que son cedidas a suplentes masculinos; en otro nivel están las amenazas e intimidaciones a mujeres electas o la intención de truncar su toma de posesión. También encontramos las inequidades en recursos para las campañas, en usos de tiempos publicitarios y el incumplimiento con el presupuesto destinado por ley a capacitación de las mujeres. Otras formas son descalificaciones, insultos verbales, discriminación, acoso y ya acciones físicas, como violencia física y sexual, llegando incluso al asesinato.

En el terreno de los derechos humanos y en íntima relación con lo anterior se elaboró la Guía para la Atención de la Violencia Política por Razones de Género y Derechos Humanos en la Ciudad de México, que tiene como objetivo “orientar a las mujeres que son violentadas en el ejercicio de sus derechos político-electorales” (^{INECDMX, 2018: 2}).

En cuanto a la violencia política hacia las mujeres en específico, y en lo que respecta al caso de México, ésta ha ido in crescendo elección tras elección. Sólo por dar algunos datos de procesos electorales anteriores al aquí estudiado: en el proceso del año 2015, “la Fiscalía Especial para Atención de Delitos Electorales reportó 38 casos en dicho proceso electoral, ubicados en Baja California, Chiapas, Estado de México, Guerrero, Morelos, Oaxaca, Sonora y Tabasco” (^{TEPJF, 2016: 13}). Por su parte, en las elecciones del año 2018 se contabilizaron 237 agresiones hacia mujeres políticas, desde intimidaciones y amenazas hasta lesiones y 23 asesinatos entre militantes, dirigentes partidistas y candidatas. Si bien esto se enmarca en un clima histórico y actual de violencia electoral general del país, es importante tener en cuenta la violencia política específica hacia las mujeres (^{Vázquez y Patiño, 2020}).

Del decreto de abril de 2020 a los casos de violencia política hacia las mujeres en las campañas de 2021

El 13 de abril de 2020 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto con objeto de atender y sancionar, prevenir y erradicar la violencia, así como la protección y reparación a las víctimas de esta. Diversos artículos de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley General de Partidos Políticos, la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, la Ley de Responsabilidades Administrativas, la Ley Orgánica de la Fiscalía General, la Ley Orgánica del Poder Judicial y la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (Diario Oficial de la Federación, 2020). Al respecto se afirma:

estas modificaciones legales constituyen un avance para garantizar que las mujeres estén en posibilidad de ejercer sus derechos electorales y políticos en igualdad de condiciones que los hombres y en ambientes libres de violencia, en el espacio público y privado, lo cual tendrá como consecuencia la transformación de la manera de distribuir el poder, de competir por los cargos y, en consecuencia, de hacer política en la incipiente democracia paritaria mexicana. Además, se planteó que la aprobación de dichos ordenamientos está relacionada con la integración paritaria del Congreso de la Unión. Es decir, hay una relación entre la presencia paritaria de mujeres en los escaños y la aprobación de legislación favorable a los derechos de este sector de la población. (^{Vázquez y Patiño, 2020: 39})

El tema de la violencia política hacia las mujeres parece reproducirse e incrementarse a pesar de los esfuerzos legales en la materia; así se observa en el proceso electoral hacia las elecciones del 6 de junio. Un análisis de ^{Etellekt Consultores (2021)} informa de 1 066 delitos en contra de personas políticas (38 % más que en el proceso 2017-2018), con 954 víctimas (611 hombres y 343 mujeres, o sea, 36 %), incluyendo 102 homicidios, 36 de aspirantes y candidatos a cargos de elección popular (Imagen 3).

Fuente: ^{Etellekt Consultores, 2021}.

Imagen 3 Infografía Violencia Política proceso electoral 2020-2021 

Según una reciente evaluación de Violencia Política Contra las mujeres en Razón de Género (VPCMRG):

Para concluir, se celebra el Decreto de Reforma del 13 de abril de 2020, pero esta investigación mostró que aún hay múltiples áreas de oportunidad ligadas a las acciones afirmativas y de paridad en todo. Tenemos un sistema político profundamente verticalizado y verticalizante, y aunque México ha firmado todos los tratados concernientes a impulsar una gobernanza horizontal, en los hechos no se ha logrado descender a la práctica. Sigue pendiente alcanzar una gobernanza efectiva, donde la no discriminación y el género sean realmente transversales. Asimismo, es necesario tomar en cuenta los esfuerzos que ligan lo cotidiano con el activismo y la sociedad civil, con saberes especializados de la academia, y con los procesos de los partidos políticos, que generan procesos de resiliencia, solidaridad, sororidad y también de resistencia. (^{Serrano, 2021: 84})

No obstante, dado que la violencia política de género tiene sus especificidades en cuanto a los ámbitos en los que ocurre, las formas en las que se presenta e impacta a las mujeres, exige una legislación más rigurosa para reconocer estas particularidades e incluir, para estos casos, órdenes de protección, medidas de reparación y sanciones específicas (^{Freidenberg y Gilas, 2020}).