Indudablemente, la vida democrática se fundamenta en relaciones asimétricas de poder. Si ello no ocurriera de esa manera, sería imposible tomar decisiones, ya que su construcción colectiva siempre termina siendo inducida por argumentos de rele vancia, conveniencia y hasta de voluntad. No obstante, lo importante no es qué tan asimétricas sean esas relaciones, sino qué tanto la sociedad civil es cada vez más partícipe de ellas. La categoría de intercambio político es un constructo que “da cuenta de los intentos de reconstruir acuerdos, con la participación de diversos actores sociales y políticos” (^{Canto, 2021: 11}) y, de origen, ofrece vasta solidez teórica para abordar este tema más que vigente en el debate social contemporáneo, considerando el paulatino incremento de la dimensión democrática en diversas aristas de la vida pública. Es conveniente revisitar estos planteamientos teóricos que bien podrían ayudarnos a comprender mejor, tanto el sentido como los procesos que yacen detrás de la acción pública. La idea es ir más allá de especificidades técnicas, correlaciones estadísticas y evaluaciones de indicadores o registros empíricos carentes de aprobación consensuada, sustento teórico-conceptual y/o repletos de causalidades.

En este sentido, Carlos Ricardo Aguilar Astorga, investigador mexicano adscrito al Departamento de Procesos Sociales de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), Unidad Lerma, ha cultivado el estudio sistemático del intercambio político por más de diez años, siempre caracterizándose por la innovación en sus planteamientos científicos y una constante referenciación y reinterpretación de los clásicos, actualmente, una vía no muy frecuente pero no por ello menos efectiva en el ámbito de la investigación. En esta ocasión, este autor nos presenta la obra coordinada “Intercambio político. Un concepto a revisión”, a manera de punto de inflexión, de valoración, respecto de los resultados de la discusión, aplicación y reajuste de dicha categoría, frente a los problemas de actualidad en México.

El libro abre con el prólogo de Manuel Canto y la introducción de Carlos Aguilar, quienes, de manera atinada, logran comunicar al lector la vigencia del enfoque, la importancia de la obra, así como sus particularidades de conformación y una estructura metodológica del concepto, mostrando así los alcances de los capítulos -diversos en cuanto a niveles de análisis y de evidencia empírica presentada- que se despliegan subsecuentemente. Antes de revisarlos sucintamente, cabe clarificar que el intercambio político considera cinco variables: 1) capacidades técnico-políticas, 2) existencia y posesión de un bien a permutar, 3) institucionalización del intercambio en la estructura organizacional, 4) estrategias de los actores civiles y/o sociales, y 5) redefinición del proyecto político; esta última expresa un sentido dicotómico en la dependiente (^{Aguilar, 2021b: 196}).

La estrategia para el análisis y referencia de esta obra se basó en la reagrupación de los capítulos, en concordancia con sus niveles de abstracción y consideraciones de validez interna y externa. Para ello, se conformaron dos subgrupos: uno que incluyó aquellos estudios de caso donde las premisas del intercambio político fueron contrastadas empíricamente, y otro que contiene textos más ambiciosos y de mayor reflexión teórico-conceptual, por lo que respecta al uso de la categoría en clave nacional.

En el primero, encontramos el trabajo de Angélica Fernández sobre las condiciones de instauración del Sistema Estatal Antico-rrupción (SEA) de Jalisco, el cual da cuenta sobre la plausibilidad “de intercambiar capital social por control ciudadano, endosar inmunidad política a cambio de poder de decisión y, en general, mantener un ejercicio de negociación de equivalentes­ diversos para incidir en las decisiones públicas” (^{Fernández, 2021: 77}), ello en el marco de una institución de reciente instauración, probablemente un elemento que favorece al intercambio político al no caracterizarse por prácticas políticas institucionales tan anquilosadas y reivindicar un aspecto muy ligado a la rendición de cuentas y a la participación ciudadana, como el combate a la corrupción.

Carlos Ham, por su parte, contribuye a este subgrupo con el análisis de los mecanismos de participación ciudadana institucional municipal en el Estado de México, encontrando que, si bien hay presencia de elementos de intercambio político -como información a nivel de colonias, organización colectiva, participación ciudadana, interacción sociogubernamental- en la arena local mexiquense, “la redefinición de los proyectos se acota a los intereses y a las estrategias del gobierno municipal” (Ham, 2021: 110). La fragilidad estructural de los organismos auxiliares y su incipiente capacidad de influencia parecen explicar la imposibilidad actual de una cristalización plena del intercambio político.

Guillermo Santana cierra este conglomerado de investigaciones analizando las políticas de movilidad urbana en los municipios de Toluca de Lerdo y Lerma de Villada (Estado de México). El autor ratifica cómo la asimetría de poder no predetermina los resultados, pero sí el proceso por el cual se llega a ellos, haciéndolo mucho más ríspido y prolongado. Es así como, poco a poco,

las OSC se han convertido en actores relevantes que ejercen presión permanente sobre las acciones del gobierno [...] y se han encargado de proporcionar información y conocimientos al gobierno para que este pueda realizar acciones. (^{Santana, 2021: 167-168})

Sin embargo, no han terminado por concretar un intercambio político efectivo, probablemente en razón de limitaciones de carácter político, al no poder participar -aún- en la redefinición formal de un proyecto colectivo.

El segundo subgrupo se alimenta de los capítulos de Mundo y ^{Aguilar (2021)} y de ^{Aguilar (2021b)}. En ellos, con mucha mayor profusión teórica y contenido reflexivo-prospectivo, los autores buscan argumentar la relación existente entre la categoría que sustenta el libro y fenómenos de estudio de grandes dimensiones. Siendo de gran envergadura para la disciplina y para el entorno mexicano, tanto la estrategia de combate a la emergencia sanitaria por Covid-19 como la evaluación de políticas públicas con enfoque de derechos humanos; se presentan como dos grandes retos para el intercambio político, el cual debería proponerse enfrentar sistemáticamente en futuros trabajos de mayor base empírica y amplia focalización. Sin duda una tarea obligada, más no sencilla.

Aun cuando este par de capítulos divergen parcialmente en su naturaleza respecto de los estudios de caso previamente revisados, los autores confluyen en que estas problemáticas de orden nacional dejan entrever que, hasta ahora, el intercambio realizado no es propiamente político, sino que parece derivarse de la economía, y que “por eso el equivalente del intercambio se manifiesta popular, electoral y utilitariamente” (^{Mundo y Aguilar, 2021: 137-138}). Asimismo, se resalta que es necesario generar instrumentaciones que abarquen con suficiencia la complejidad de un asunto y la totalidad de las partes involucradas (^{Aguilar, 2021b: 203-204}), es decir, que no sólo consideren a los tomadores de decisiones y justifiquen su acción con base en los niveles de poder detentados, sino que los proyectos sean susceptibles de redefinirse colectivamente, aun cuando esto se suscite de forma asimétrica.

En relación a los hallazgos de la obra, según la presencia o ausencia del resultado de interés, podríamos establecer que sólo en uno de los cinco casos abordados (sea Jalisco), la cristalización del intercambio político -en su fase ulterior de redefinición del proyecto- es evidente, mientras que, en los cuatros restantes, si bien la presencia de diversos elementos del mismo se hace patente, una mera acumulación de variables no necesariamente se traduce en un cumplimiento de categoría y más bien, “habrá que redefinir las variables de modo que permitan observaciones más precisas” (^{Mundo y Aguilar, 2021: 138}) . Es altamente probable que esto ocurra de esta manera por el incipiente proceso de democratización observado en México y también, que los registros tenderán a mostrar variación con el paso de los años. A pesar de lo anterior, metodológicamente, los autores que cultivan la línea de investigación pueden encontrar mucha riqueza en estos casos negativos, toda vez que, a decir de ^{Emigh (1997: 656-658)}, favorecen la develación de argumentos causales y patrones relevantes, al tiempo que presentan las inconsistencias necesarias para poder ampliar los alcances de sus planteamientos teóricos.

En ocasiones, pareciera que el desencanto (o hartazgo) derivado del pragmatismo político que observamos en la dimensión electoral, del incumplimiento de promesas por parte de la clase política y de la misma ineficiencia gubernamental, nos hace olvidar un poco el hecho de que la “democracia”¹ es ciudadana por definición y por ello, como ciudadanos -ya sea en el plano individual o en el colectivo-, nos compete ejercer un rol político mucho más activo, implicándonos, entre muchas otras cosas, una inmersión en las relaciones de poder que conforman la vida democrática. En otras palabras, a decir de Pierre Rosanvallon, debemos tener el convencimiento y la convicción de “prolongar la democracia de autorización con una democracia de ejercicio cuyo objeto es determinar las cualidades esperadas de los gobernantes y las reglas que organizan sus relaciones con los gobernados” (^{Rosanvallon, 2015: 25}), y coadyuvar en la transformación del Estado, ya no como la institución que monopoliza lo político sino como aquella que cede el espacio público a lo social (^{Cansino, 2010: 128}). No hallamos muchas temáticas actuales tan relevantes para la sociedad como ésta y, en dicho sentido, es importante resaltar que, bajo el liderazgo de Carlos Aguilar, este grupo de jóvenes investigadores ha encontrado y perfeccionado un planteamiento teórico pertinentemente alternativo a los enfoques mecanicistas o funcionalistas que muchas veces dejan de lado los fundamentos y los principios, lo cual se aplaude enfáticamente.

Para finalizar esta reseña, sólo resta reconocer que el balance de la obra es muy positivo. Entre sus mayores virtudes destaca la preocupación genuina por estudiar la participación real de todos los actores que componen la vida pública; revisitar a los clásicos para combatir la escasez teórica e insuficiente capacidad explicativa de muchos análisis contemporáneos; también haber conjuntado especialistas que comparten la visión desde sus condiciones particulares de formación e intereses de investigación y que nutren el desarrollo de una promisoria línea de investigación; la vasta y ambiciosa agenda de investigación que tiene por delante, y, por último, la contribución social implícita en cada uno de estos argumentos. Además, considerando que los autores tienen muy en claro cuáles son sus áreas de oportunidad -principalmente ligadas a la disimilitud metodológica² y a la generalización de sus hallazgos-, una sugerencia puede ser la definición de un proyecto más unificado que considere quizá, un mayor número de casos, cien por ciento comparables entre ellos, o bien, retomar la idea de un fenómeno nacional de complejidad elevada y trabajar con mayor detalle en los indicadores utilizados y pormenores empíricos. La gama de posibilidades es sumamente variada y alentadora.

En ese orden de ideas, la respuesta a la interrogante que sirve como subtítulo de la presente reseña es Sí, la obra en cuestión es una prueba de que los planteamientos clásicos sí pueden develar y explicar los desafíos de una sociedad mucho más compleja y plural que aquella sobre la cual se erigieron. La justificación es simple y no muy alejada del fundamental debate respecto del trade off que habita en la literatura metodológica (^{Gerring, 2004}, ²⁰⁰⁸), donde se propone la factibilidad de giros y márgenes en las decisiones de una investigación, siempre y cuando sea congruente con sus objetivos. Si retomar y ajustar planteamientos clásicos nos dará luz sobre los problemas que nos atañen y, mejor aún, sobre cómo enfrentarlos, bienvenidos más trabajos como el de Carlos Aguilar y sus colegas.