Reelaboración de una tesis doctoral, la obra de Claudia Guarisco es una de las aportaciones más importantes a la renovación que, desde hace pocos años, se ha presentado en los estudios de la cultura política del periodo de transición entre el siglo XVIII y XIX. Se une, pues, a una serie de trabajos que ha revisado las interpretaciones decimonónicas y liberales acerca de la desintegración del imperio español y el surgimiento de los Estados nacionales en América Latina. Como no puede ser de otra forma, Los indios del valle de México comparte algunos de los puntos de vista predominantes en esta nueva historiografía, tales como poner el acento en las permanencias y no sólo en los cambios; abordar la cultura política y las sociabilidades, y entender las nuevas categorías políticas (como ciudadanía y representación) desde su práctica cotidiana y no sólo como la definían los grandes ideólogos. Sin embargo, y gracias a una cuidadosa investigación en varios fondos documentales, Guarisco también ofrece interpretaciones novedosas y originales, que permiten resaltar las peculiaridades del proceso de transición política en la región que estudia. Para conseguir esto, pone su atención en 'las acciones colectivas recurrentes (o praxis) desplegadas y justificadas por los miembros de la sociedad, o parte de ella, a propósito del gobierno" (p. 13), o sea, cómo la gente articulaba su relación con el poder y cómo elaboraba sus demandas ante los cambios que ocurrían.¹

El libro comienza por plantear el escenario y sus actores. Nos recuerda que la sociedad del Antiguo Régimen era estamental y que los indios ocupaban en ella una posición inferior pero, por lo mismo, protegida. No obstante, entre ellos también había una nobleza, que por sus privilegios se parecía mucho al estamento español, si bien a finales del siglo XVIII no era tan importante. En cambio, se había formado una aristocracia vinculada con los cargos de la república, los principales, individuos que ocupaban las posiciones de mando dentro de los pueblos y que tenían la suficiente riqueza para adquirir tierras o ser comerciantes. Por debajo de ellos, se hallaban los macehuales, una mayoría campesina que servía de base a la pirámide social. Este orden corporativo no era inmutable, como bien señala la autora. Al contrario, el crecimiento demográfico, el mestizaje, la economía y hasta las nuevas ideas ilustradas acerca del hombre estaban cambiando esa realidad, si bien de un modo paulatino. De cualquier manera, la mayor parte de la población del valle de México (una región de enorme importancia en el virreinato) seguía siendo indígena (es decir, vivía en un orden distinto del español) a finales del siglo XVIII. Los cambios eran, sin duda, impor tantes, pero no suficientes como para alterar de un modo sustancial la cultura política que se había venido construyendo a lo largo de los siglos.

La república de indios hacía referencia "al pueblo de indios en su dimensión político-administrativa". El pueblo (entendido como cabecera, barrios, parcialidades y sus recursos naturales) era algo más que un lugar donde vivir, daba un sentido de comunidad a sus habitantes, era su patria. De ahí que el autogobierno fuera un aspecto de suma importancia para los indios. Los gobernadores y demás oficiales de república se encargaban de administrar los recursos comunes, en especial aquellos que giraban en torno de las prácticas espirituales. De hecho, muchos de los bienes de la comunidad, pese a las prohibiciones, terminaron formando parte de cofradías, obras pías y hermandades, lo cual aumentaba el grado de autonomía de los pueblos. Los cargos de república eran renovados cada año. La práctica para elegir a quienes ocuparían esas posicio nes variaba de pueblo en pueblo, pero pueden hacerse algunas generalizaciones. De entrada, no debe pensarse que por ser electo, el gobierno indígena era democrático. Como bien señala la autora: 'En las repúblicas de indios [...] las opciones del electorado estaban restringidas no sólo por la terna, sino por el carácter público del voto, el cual favorece la unanimidad, desalienta las discrepancias individuales frente a los poderosos locales y promueve la tradición" (p. 86)

Tampoco votaban todos los varones mayores de edad sino que, en la mayoría de los casos, sólo participaban los principales. No obstante, como también apunta Guarisco, estas prácticas electorales quedaban fuera del poder de alcaldes mayores, subdelegados y párrocos, de manera que si bien los individuos no eran libres para votar como lo entendemos hoy, la comunidad sí gozaba de cierto grado de libertad y autonomía. Esto se debe, como no es difícil imaginarlo, a las características corporativas de la sociedad del Antiguo Régimen. Por eso, la representación no era proporcional al número de indios de cada pueblo, pese a lo que indicaba la ley. Al contrario, los oficiales de república eran electos por pueblos y por barrios, la elección era territorial, una característica que sería difícil de cambiar en las décadas siguientes.

Tal vez el elemento que mejor definía al indígena durante el Antiguo Régimen era el tributo, una contribución directa que, si bien era infamante, constituía también un privilegio. En el periodo estudiado por Guarisco el cobro del tributo se hacía cada vez más difícil para las autoridades. No sólo había una burocracia muy ineficaz sino que las condiciones de trabajo de los campesinos indígenas no eran muy propicias para generar un excedente que fuera a parar al Estado. Las evasiones eran frecuentes y el ramo se hallaba en franca decadencia.

Tal vez una de las aportaciones más importantes de Los indios del valle de México sea plantear las condiciones de exclusión y heterogeneidad propias de una sociedad estamental y corporativa, pero reconocer que desde hacía tiempo se estaban presentando cambios importantes en esa situación. La religiosidad, compartida por indios y no indios, fue uno de los puntos de encuentro. Las juntas de fábrica o de vecinos, en las cuales participaban españoles e indígenas con el fin de proveer medios para la edificación y mantenimiento de los templos son muestra de que en ciertos aspectos las fronteras estamentales se estaban diluyendo. Asimismo, el comercio jugó un papel de primera importancia en este proceso de desestructuración del orden tradicional, al igual que las contribuciones eventuales (la alcabala del viento) y extraordinarias que afectaron a la población sin distinción de estamento cuando estalló la insurrección de 1810 y que, con el tiempo, se convertirían en impuestos permanentes.

Otro elemento de la mayor importancia en la transformación de la cultura política de las comunidades indígenas del valle de México fue, como la historiografía reciente ha insistido, el liberalismo gaditano. La crisis de 1808 condujo al establecimiento de una monarquía constitucional, cuyo fundamento se hallaba en la nación, integrada por ciudadanos con iguales derechos y obligaciones. La distinción que hasta entonces se había mantenido vigente entre los indios y la "gente de razón" desapareció. La nueva ciudadanía participaría en el funcionamiento del Estado a través del gobierno representativo, aunque la autora señala con acierto que esto no significa un paso a la democracia, toda vez que los liberales de ese momento no se lo plantearon así. Las prácticas electorales para la formación de ayuntamientos, diputaciones provinciales y para las Cortes modificaron la cultura política de los indios, pero de distintas maneras. Como Guarisco señala, ' dependiendo de la mayor o menor experiencia con que contaran [los indígenas] en torno a las juntas de comerciantes y de fábrica, el resultado fue la emergencia de ayuntamientos interétnicos" o de ayuntamientos que excluyeron a los ciudadanos de origen español tanto del voto como de la formación de la nueva institución (p. 136). Algo semejante puede apreciarse con el mantenimiento de la representación territorial en los ayuntamientos constitucionales erigidos sobre más de un pueblo. Esta permanencia de la tradición política sobre la legalidad constitucional se debía a la debilidad del Estado. Al no tener medios de coerción eficaces, poco podía hacer. Los funcionarios a los que debían subordinarse los ayuntamientos habían sido debilitados por la misma Constitución de 1812 y algunas de las instancias superiores (en especial las judiciales) todavía no eran reglamentadas, lo cual propició una enorme autonomía entre los funcionarios de los ayunta mientos.

No cabe duda de que el establecimiento de la Constitución de Cádiz fue muy importante en todos estos cambios, pero Los indios del valle de México no subestima el impacto de la guerra desatada en Nueva España y que fue determinante en la formación de una cultura política republicana-representativa (p. 149), en especial por la necesidad de las autoridades de fomentar milicias para la defensa de los pueblos contra los insurrectos y por las juntas patrióticas que se encargaron de recaudar el contingente para financiar la lucha contrainsurgente. Estas instituciones extraordinarias no sólo fueron interétnicas sino que aumentaron la autonomía de los pueblos. El restablecimiento constitucional en 1820 fortaleció este proceso, aunque los ayuntamientos interétnicos no fueron la regla. La crisis del Estado sólo favoreció ' la subordinación de las instituciones gaditanas a la costumbre", pero no todo fue continuidad de las prácticas tradicionales, los pueblos ganaron en autonomía y construyeron una cultura política en la que no estaba incluido ' un sentido de pertenencia a la nación y su soberanía" (p. 192).

La independencia de México no significó un cambio en esta tendencia. Al contrario, la autora señala que hacia 1823, había cuatrocientos cincuenta ayuntamientos en el Estado de México (p. 199), casi todos indígenas y muy pocos interétnicos. Esto se debía a que había muchas razones para que se erigieran nuevos ayuntamientos en pueblos que, incluso, no cumplían los requisitos señalados por la ley para serlo. Tal vez la más importante fuera la violación del principio de representación territorial y el simple ' deseo de independencia" de pueblos sujetos en relación con las cabeceras. Por supuesto, esto debilitaba al Estado, de modo que las autoridades mexiquenses decretaron, en febrero de 1825, el requisito de cuatro mil ' almas", para poder formar un ayuntamiento constitucional, en lugar de las mil que había establecido la Carta de Cádiz. No sobra decir que muchos de los nuevos ayuntamientos fueron interétnicos y que, en principio, esto hubiera representado una pérdida de autonomía para muchos pueblos, de no haber sido porque hallaron formas para hacer respetar demandas relativas a la representación territorial (p. 206).

No obstante, los nuevos ayuntamientos seguían manteniendo una enorme autonomía, como puede verse en la materia de impartición de justicia. Los alcaldes tenían entre sus funciones servir como conciliadores en los pleitos y actuar como primera instancia en problemas judiciales, pero en ocasiones actuaban incluso en materia contenciosa, pese a que no estaba entre sus facultades. En los ayuntamientos donde el componente indígena era mayoritario el principio de representación territorial se mantuvo, aunque la tendencia fue que, poco a poco, los no indios empezaran a figurar casi de modo exclusivo como electores, alcaldes, síndicos y regidores. En la política estatal y federal, la ausencia indígena era todavía más notable. No obstante, quienes deseaban ocupar puestos en los distintos niveles de gobierno debían contar con el apoyo y el voto de los indios, de modo que hubieron de aceptar una serie de compromisos que respetaban los privilegios de los pueblos, so riesgo de ocasionar el "malestar de los indios, y, con él, la tentativa de [procurar] la reinstalación de asociaciones de autogobierno local de carácter indígena" (p. 231), como se verificaría en algunas ocasiones. Esto hizo que permaneciera la representación territorial, a través de regidurías y regidurías auxiliares, pero también que los indios mantuvieran el control sobre las tierras de repartimiento y comunidad y sobre los bienes de cofradía, algo que sin duda se debió, como insiste Guarisco, a la falta de un Estado capaz de ejercer la coerción para obligar el cumplimiento de las leyes. Lo que sí resulta claro es el mínimo interés de los indios del valle de México en la participación política más allá de sus localidades, una conclusión que parece diferente a la ensayada por otros autores en otras regiones.²Los indios del valle de México concluye que las condiciones étnicas de la sociedad impidieron el establecimiento de una nación integrada por individuos iguales ante la ley. Por eso la nueva cultura política de los indios fue híbrida,³ no fue la pura permanencia de la sociabilidad tradicional, excluyente, pero tampoco se transformó en el sentido que los dirigentes nacionales lo hubieran deseado.

Por último, reitero la importancia del estudio de Claudia Guarisco dentro de la renovación historiográfica acerca de la cultura política del periodo que ella estudia. Su buena factura⁴ y una interpretación original fundada en una honda investigación y fino análisis contribuyen a dirimir, al menos como ejemplo de lo que ocurría en el valle de México , algunas polémicas importantes entre los historiadores, como el caso del impacto del liberalismo entre los pueblos indígenas ⁵ o la importancia de la insurgencia en la transformación de la cultura política.⁶ Más estudios como éste contribuirán, sin duda, a comprender mejor el impacto de las transformaciones de comienzos del siglo XIX en la vida de los pueblos y el de ésta en la construcción del Estado nacional.