Artículos

 

Santannismo, reforma liberal y las campañas de Puebla en 1856

 

Silvestre Villegas Revueltas*

 

* Investigador de tiempo completo en el Instituto de Investigaciones Históricas, así como profesor en la Facultad de Ciencias Políticas y del Posgrado en Historia, en la Facultad de Filosofía y Letras, UNAM. Su correo electrónico es: svill99@yahoo.com.

 

Resumen

El autor del presente artículo señala que, a pesar de que el santannismo fue derrotado por la revolución de Ayutla, no lo fue el militarismo que encumbró ni el conservadurismo que como ideología siguió teniendo vigencia. Estudia la Reforma liberal materializada en la Ley Juárez de 1855 y la Ley Lerdo de 1856, la cual generó dos alzamientos en Puebla que fueron combatidos exitosamente por la administración de Comonfort.

Palabras clave: santannismo, revolución de Ayutla, conservadores, desamortización, cuartelazo, Ignacio Comonfort, Tomás Mejía, Ignacio Orihuela, Reforma.

 

Abstract

This article points out that although the Ayutla revolution put an end to the Santa Anna period, it did not eliminate the militarism that extolled it or the conservatism that continued to be valid as an ideology. It studies the liberal Reform enshrined in the 1855 Juárez Law and the 1856 Lerdo Law, which led to two uprisings in Puebla that were successfully put down by Comonfort's administration.

Key words: Santa Anna period, Ayutla revolution, conservatives, disentailment, military uprising, Ignacio Comonfort, Tomás Mejía, Ignacio Orihuela, Reform.

 

Recuperar la historia militar ha sido señalado por Enrique Krauze¹ como una asignatura necesaria cuando se va a historiar un periodo que, además de sus resultados constitucionales, sociales y culturales, se definió por una cruenta lucha que se materializó en diversas campañas de guerra donde la suerte, en unos y otros momentos, favoreció a liberales y conservadores. El presente texto, que quiere integrar el análisis de la circunstancia política con el desarrollo de episodios militares, se encuentra dividido en tres secciones.

La primera recorre los proyectos de nación que se le presentaron a Santa Anna para que pudiera hacer feliz a la república. Transita por los excesos de su gobierno, los cuales motivaron el alzamiento suriano en Ayutla, y continúa con el inicio jurídico de la Reforma liberal que a su vez generó los primeros cuartelazos al grito de "religión y fueros". La segunda parte del artículo se detiene en las primeras acciones de gobierno de la administración Comonfort y relata, paso a paso, la campaña contra los alzados de Puebla acaudillados por Antonio Haro y Tamariz. Por lo que se refiere al tercer apartado, éste analiza el proceso de reformas liberales, en particular las implicaciones de la Ley Lerdo y el ambiente de confrontación que hacia finales de 1856 generó la segunda campaña sobre Puebla; el trabajo termina con reflexiones temáticas en su sección de conclusiones.

 

El ocaso del santannismo

A principios de 1853 y prácticamente de manera simultánea, Lucas Alamán y Miguel Lerdo de Tejada escribieron a Antonio López de Santa Anna acerca de lo que un gobierno responsable debería hacer para consolidarse políticamente. El análisis de los textos evidencia dos visiones de país que revelan épocas distintas, las de sus autores, y la desesperación acerca de los males que décadas atrás venían perjudicando a la república. Al mismo tiempo, y en ello radica su importancia, la exposición de soluciones puntuales y realistas para "brindar a la patria la felicidad tantas veces postergada". Como lo haría un buen tory inglés en los debates parlamentarios realizados en Westminster, Alamán creía en una Iglesia oficial, en este caso no la anglicana sino la católica y particularmente estaba convencido de que en el caso mexicano el electorado debería estar circunscrito a los estamentos y los propietarios. No era un trasnochado; por el contrario, su postura contra el exceso de democracia estaba acorde con la de sus contemporáneos británicos.² En la pérfida Albión, la lucha de los whigs, los radicales, luego liberales y posteriormente laboristas fue que la franquicia electoral se abriera a los comerciantes y a los profesionistas; años después, a los campesinos, luego a los obreros y finalmente a las mujeres. Tomó un siglo de reformas y ninguna revolución.

Por su lado, Miguel Lerdo de Tejada retomando la ruta de diagnóstico seguida más de una década atrás por Mariano Otero en su Ensayo comenzaba señalando que, la única manera para solventar los ya añejos problemas de la república y avanzar de acuerdo con la modernidad del siglo era que el gobierno reanudara el pago de la deuda que el país tenía con sus acreedores extranjeros. Asimismo indicaba que la inminente administración de Santa Anna tendría que consolidar la deuda interna, llevar adelante una reforma fiscal que aumentara la recaudación pero al mismo tiempo que fomentara el comercio. En fin, ponía el énfasis en asuntos de índole económica como era la construcción de infraestructura ya que los puertos, los caminos carreteros, las vías férreas y un larguísimo etcétera eran los medios idóneos para crear un mercado interno maduro y la ampliación de una interesada clase propietaria. En términos llanos, la reforma económica que planteaba Lerdo resultaría en un aumento de la riqueza nacional que debería beneficiar a más mexicanos. Al mismo tiempo tales modificaciones harían solventes a los gobiernos mexicanos, tomando en cuenta sus compromisos internos e internacionales y los convertiría en administraciones respetables respecto a sus obligaciones para con la ciudadanía. Otro punto más que estaba directamente relacionado con la salud económica de los gobiernos mexicanos, y en este sentido Alamán fue más claridoso que Lerdo, es que el guanajuatense sí subrayó el problema que significaba la existencia de un numeroso ejército y de una burocracia que durante las diversas administraciones santannistas siempre usufructuaron de su posición para aumentar sus intereses.

En síntesis, la visión de Alamán se enfocaba en reformar aspectos políticos que a su juicio hacían permanente la inestabilidad de todos los gobiernos y por ende la paulatina desintegración del país.³ La perspectiva de Miguel Lerdo subrayaba lo esencial de la problemática económica que, materializándose en administraciones quebradas, en un pueblo pobre y una oligarquía que a pesar de consumir como sus contrapartes europeas, no producía como la pujante burguesía allende el Atlántico o al norte del río Bravo, todas ellas características que definían el atraso mexicano.⁴ Revertir dicha realidad era el compromiso que debía asumir el régimen de don Antonio en el caso de que, como públicamente clamaba, ahora sí estaba dispuesto a llevar adelante un gobierno responsable.

Comienzo con los artículos periodísticos de Francisco Zarco para continuar con lo relatado por Anselmo de la Portilla; posteriormente sigo con lo que escribieron Suárez y Navarro, Vicente Riva Palacio y Justo Sierra, hasta la historiografía contemporánea con Josefina Vázquez y María del Carmen Vázquez Mantecón. Todos ellos, con matices propios y distintos enfoques debido a la ubicación que cada uno de los estudiosos tiene, coinciden en señalar que con la muerte de Alamán pasados unos meses de la instalación del gobierno santannista y con la separación del ministro de Hacienda, Antonio Haro y Tamariz, se acabó la mesura política y la ortodoxia financiera que "los conservadores" quisieron imponerle al presidente.⁵

Respecto del ejército, que es uno de los sujetos de análisis en las presentes páginas, sucedió lo que sigue. Es indudable que la manera como finalizó la guerra con los Estados Unidos sirvió para reflexionar sobre la viabilidad de México como Estado nacional y el grado de conciencia que sobre el país tenía el conjunto de sus habitantes. Los dólares que a manera de indemnización se acordaron en el Tratado Guadalupe–Hidalgo brindaron un respiro a las finanzas del gobierno de José Joaquín de Herrera y más de dos millones y medio fueron separados para cubrir los intereses no pagados a los tenedores de bonos de la deuda de Londres.⁶ Por último, la incapacidad táctica de los generales mexicanos, su egoísmo para llevar adelante batallas de una manera coordinada —piénsese en Juan Álvarez o las rencillas entre Gabriel Valencia y Santa Anna—⁷ y en esencia lo que implica una derrota total frente al enemigo estadounidense propició que, durante cuatro años (1848–1852), los militares se mantuvieran quietos, no sin reconocer la importancia que significaba el hecho de que el dinero estadounidense sirvió para cubrir con cierta regularidad sus haberes y los del resto de la burocracia. Lo anterior se rompió durante la administración de Mariano Arista. El proceso de un levantamiento comenzó con el coronel y sombrerero Blancarte, quien argumentaba asuntos locales del estado de Jalisco para transitar al Plan del Hospicio que trataba problemas existentes en el país y que conservaba el federalismo como régimen de gobierno. Luego continuó con la transformación que implicó la defección de José López Uraga. Posteriormente siguió la petición de retorno de Santa Anna y del sistema centralista claramente expresados en los Convenios de Arroyo Zarco. Todo ello se aunó a la renuncia del presidente constitucional (Arista), al interinato del presidente de la Corte Juan Bautista Ceballos, quien intentó suprimir el Congreso por la oposición que éste había tenido respecto de todas las peticiones —particularmente el otorgamiento de facultades extraordinarias— que le había solicitado Arista, la defensa que hizo el Congreso de sí mismo al no disolverse y desconocer a su vez a Ceballos. Finalmente, la renuncia de este último y su sustitución en la presidencia interina por el general Manuel María Lombardini. Todo ello en su conjunto y la manera como Santa Anna alcanzó la presidencia se convirtió en el ejemplo de la forma en que se podía desnaturalizar una revuelta que en su origen había sido eminentemente progresista. Tales críticas, las de un "proceso de concertaciones" que no debía repetirse, fueron señaladas sucesivamente por Melchor Ocampo en noviembre de 1855, por Manuel Payno en diciembre de 1857 y por José María Iglesias en enero de 1877. A pesar del cambio generacional y del ulterior triunfo liberal, el ejemplo de los tiempos santannistas tercamente perduraba al iniciarse la primera administración porfirista.

Como acuciosamente investigó Conrado Hernández, entre 1853 y 1855 el gobierno de Su Alteza Serenísima concedió múltiples ascensos a la oficialidad del ejército mexicano, situación totalmente opuesta al gobierno de Herrera, cuando Arista como secretario de Guerra retiró a muchos oficiales. Se aumentó el número de la tropa y se adquirieron armas modernas para defender al país de sus enemigos exteriores y de aquellos que contrariaban las políticas del régimen.⁸ En otro sentido y para darle realce al nuevo ejército santannista el régimen reinstauró la orden de Guadalupe, compró uniformes, importó güeros de las guerras carlistas en España y cuando éstos faltaron se dio oportunidad a los rancheros mexicanos de tez clara. Las plumas y el oropel fascinaban al grupo gobernante. Victoriano Salado Álvarez en sus Episodios nacionales da cuenta de ello, y de una manera más parca, Enrique Serna, utilizando los recursos de la ficción literaria, que bien escrita se sustenta en documentos históricos, ha recreado de una manera sugerente el ambiente de la corte de don Antonio, de los ujieres que cortejaban a Loló (Dolores Tosta de Santa Anna) y acerca de los versos que machaconamente declamaba el ministro de Hacienda, Sierra y Rosso.⁹ Yo agregaría que con sus famosas contribuciones a las puertas y ventanas, igual respecto de lo que se vendía en los puestos fijos y ambulantes, podemos hoy considerar a Sierra y Rosso como un verdadero precursor del moderno impuesto predial y del impuesto al consumo.

El jurisconsulto Emilio Rabasa definió muy bien el accionar de la administración de don Antonio y las razones que propiciaron el levantamiento suriano:

El gobierno de Santa Anna fue cruel en el despotismo, opresor y brutal; pero más que otra cosa fue insolente. Los hombres y los pueblos se sentían agobiados por la persecución, lastimados por el abuso; pero más que todo, humillados por el ultraje. Fue el oprobio el que levantó a los hombres de la revolución de Ayutla y el que les dio partidarios en todo el país.¹⁰

Este régimen que mandó al exilio a muchas personas, que pretendía ejercer un dominio absoluto en todo el país, que no admitía crítica de ninguna especie, que vendería parte del territorio nacional, no podía ver con buenos ojos la actitud independiente con que se manejaba el gobernador del Departamento de Guerrero, el general Juan Álvarez. Como ya señalamos, éste era un cacique con todas las características de prepotencia que le son afines a dicho tipo de figuras. Consideraba a la entidad como propia, entre otras cosas por su decidido impulso en la creación de ella y porque había logrado dominar en aquellas comarcas la influencia importante que en asuntos locales ejercían Nicolás Bravo y Florencio Villarreal. Las personas que para el inicio de 1854 se reunieron en el feudo de Álvarez, la hacienda de La Providencia, eran no solamente de distinto carácter sino que tenían diversos credos políticos, inclusive se habían combatido, pero los unía un lazo común: todos ellos fueron ultrajados por Santa Anna. Don Juan interpretaba el nombramiento de nuevas autoridades en Guerrero como el "inicio de una campaña a que sin motivo se me provoca".¹¹ Ignacio Comonfort fue despedido y procesado por asuntos de la Aduana de Acapulco, Villarreal no quiso viajar a la ciudad de México para dar cuenta de su administración como comandante militar de Costa Chica y el general Tomás Moreno fue sustituido en la gobernación departamental por el general Pérez Palacios. Por su lado regresó del exilio en Nuevo Orleans Eligio Romero (secretario particular de Álvarez), quien a causa de "Los viajes de orden suprema", como los llamó Guillermo Prieto, se encontraba en compañía de algunos desterrados como Melchor Ocampo, quien solamente hasta el final de la revuelta y de "manera muy secundaria" se unió a la causa de Ayutla; Ponciano Arriaga participaba del mismo pensamiento. Sin embargo, Benito Juárez, con un instinto político más fino, decidió unirse plenamente al movimiento suriano.¹²

El primero de marzo de 1854 se promulgó el Plan de Ayutla y diez días después en Acapulco el texto fue precisado en sus alcances. Por lo tanto desde su aparición hasta la debacle de diciembre de 1857, el Plan de Ayutla reformado en Acapulco se convirtió en el fundamento jurídico del accionar de Ignacio Comonfort, primero como revolucionario, luego como presidente sustituto y por último como un "vulgar" sedicioso, forma que él mismo utilizó cuando decidió secundar el Plan de Tacubaya que iniciaría la cruenta guerra de Reforma.¹³ No es el caso en este trabajo hacer una comparación entre las dos versiones, ni de los muy importantes asuntos que tratándose de temas constitucionales, de política fiscal o de enjuiciar a la administración santannista aparecen en el texto de Acapulco. Lo que sí es conveniente es detenernos en lo que el plan decía u omitía respecto de la Iglesia católica y al ejército, sujetos ambos de análisis en el presente texto.

El artículo tercero subrayaba: "el presidente interino [...] quedará investido de amplias facultades para reformar todos los ramos de la administración pública", en tanto que el artículo sexto puntualizaba: "debiendo ser el Ejército el defensor de la independencia y el apoyo del orden, el gobierno interino cuidará de conservarlo y atenderlo, cual demanda su noble instituto". Absolutamente nada se decía sobre la Iglesia católica, el clero o la necesidad de modificar la relación que existiese entre éste y el gobierno interino, mismo que no era etiquetado como revolucionario ni como liberal ni como federalista. Las llamadas facultades extraordinarias fueron de capital importancia porque las ejercieron los dos gobiernos surianos, igual para levantar ejércitos que para iniciar el nodal proceso de las leyes reformistas que terminó por exasperar a los "reaccionarios", así llamados en 1855 por José María Lafragua. La redacción del mencionado artículo sexto era parca y no había ningún tipo de elogio, como había sido el caso de múltiples proclamas aparecidas a lo largo de la vida independiente de la república y muy particularmente durante la dictadura santannista. Debe recordarse que Comonfort era coronel de la Guardia Nacional y no pertenecía al ejército,¹⁴ pero sí lo eran Villarreal, Moreno y el mismo Álvarez, los cuales, definitivamente, no pertenecían al selecto grupo de la oficialidad fomentada y protegida por el presidente Santa Anna. Como ya mencionamos, existía una omisión consciente sobre temas religiosos, lo que llevó al abogado Felipe Tena Ramírez a indicar que los mexicanos progresistas ambicionaban que en estos temas México estuviera favorecido a partir de un concordato liberal. Y en el caso del texto suriano, Tena comprendió muy bien el accionar mesurado de Comonfort, postura que databa de los años cuarenta, tiempo de las tertulias en casa de Manuel Gómez Pedraza:

La táctica empleada es típicamente de los moderados. Comonfort y los suyos podían tocar en abstracto la meta más avanzada de los puros, pero no la pregonaban a gritos ni la realizaban con violencia. Deslizar en el plan un solo vocablo elástico y al parecer inofensivo, encubría todas las posibilidades de reforma [...] No olvidemos que los moderados mexicanos, como los de todos los tiempos, eran esencialmente legalistas. La graduada transformación social que ellos postulaban, es decir la evolución, tendría que conducirse por cauces de legalidad.¹⁵

Sin embargo, la revuelta de Ayutla, más allá de las redacciones elásticas, tuvo que avanzar y finalmente triunfó cuando Comonfort, después de comprar armamento en la ciudad de Nueva York lanzó su campaña militar hacia Michoacán, Jalisco y Colima; el occidente mexicano vio en Zapotlán y la propia ciudad de Colima batallas importantes. Por su lado la represión militar santannista llegó hasta el feudo de Álvarez, y fue el general Félix Zuloaga quien incendió La Providencia. Después, la violencia se hizo presente en El Bajío pero más allá de avances y retrocesos tácticos de unos y otros, el alzamiento legado a Guadalajara y luego a Lagos comenzó por el peligroso camino de las transacciones que incluyeron pláticas con el obispo Clemente de Jesús Munguía. Las razones son muy simples: existía la experimentada escuela de las componendas que hacía de ellas algo muy conocido. Asimismo había otros caudillos que, como diría Juárez años más adelante y en otra circunstancia, "ya una vez que la vieron cocida y frita" quisieron sacar ventaja. Bajo esta tesitura actuaron Santiago Vidaurri, Manuel Doblado, Rómulo Díaz de la Vega, Antonio Haro y Tamariz y Martín Carrera. Un tercer aspecto pero esencial, aunque la revolución seguía un camino de triunfos, no se podía afirmar que el ejército santannista estuviera derrotado ni tampoco que el movimiento suriano contara adentro de la elite política mexicana con un respaldo decidido y suficiente. Había que construirlo.

Desde el siglo XIX la historiografía sobre el tema ha coincidido, Macario Schettino diría repetidamente, porque según él eso hacen los historiadores entre unos y otros, que Comonfort fue el orquestador para que la revolución suriana obtuviera un triunfo decisivo. Se le reconocían sus dotes de morigeración y sus contactos con la clase media ilustrada como Manuel Payno, Manuel Siliceo y el ya mencionado José María Lafragua, lo anterior sin despreciar a algunos connotados conservadores como Antonio Haro. Sin embargo, su principal diferencia respecto de lo coyuntural de los tiempos políticos (agosto–diciembre de 1855), más que bajo el aspecto temático de una auténtica reforma liberal, eran sus dificultades personales con los apellidados radicales. Hacia octubre Juan Álvarez entró a la ciudad de México como presidente interino; había sido designado para el cargo en Cuernavaca por un consejo ad hoc, pero los enfrentamientos dentro del gabinete comenzaron a minar rápidamente las bases en que se sustentaba la primera administración suriana. No tiene pierde la consulta del escrito "Mis quince días de ministro" elaborado por Ocampo, donde plantea que él ansiaba una revolución a la Quinet, pero más interesante resulta cuando admitió que de acuerdo con las explicaciones de Comonfort sobre las diferencias entre moderados y puros, don Melchor tuvo que conceder que la tendencia política de sus amistades se identificaba plenamente con el moderantismo. Sin embargo, aclaraba —y tenía razón— que una reforma liberal encontraría la misma oposición oscurantista ya fuese que tomara el camino de las concertaciones o que arrostrara con todo, por ello el régimen de Álvarez debió dedicarse a maximizar las metas liberales. Por otro lado, Lafragua estaba enterado del veto impuesto por Ocampo para que no se le integrara como ministro de Gobernación; según el michoacano, don José no era el hombre adecuado para ese momento de coyuntura subversiva. Meses después, Lafragua rememoró en su Miscelánea Política que para que la revolución triunfara era indispensable tener unidad de pensamiento en el gobierno, por ello agregaba: el primer gabinete de Comonfort fue constituido en su totalidad con moderados y además se vio cohesionado debido a las relaciones de amistad que existían entre sus miembros. En cambio indicaba que la administración de Álvarez primero debió haberse afianzado y fortalecido con actos de alta política, puesto que frente a la falta de aquéllos la opinión pública lo consideró una "parodia" de gobierno y terminó siendo profundamente despreciado. Finalmente, respecto del dueño de la hacienda de Pomoca, Lafragua consideró que don Melchor salió del gobierno declarando que no era su época "sin duda tampoco estaba a la altura de la situación, yo así lo creía porque Ocampo estaba y está en las nubes, y desde allí no es fácil gobernar".¹⁶

A pesar de que la presidencia de Álvarez duró poco más de un mes y que el suriano enfrentó las renuncias de sus funcionarios más cercanos, decidió apoyar a Benito Juárez, quien trabajaba afanosamente en una ley que era el fundamento de una auténtica reforma de espíritu liberal, esto es, la igualdad ante la ley que en sus artículos 42 y 43 eliminaba el privilegio de los fueros eclesiástico y militar respecto de los delitos del orden civil. Sin dicha condición aseguraba el abogado, no podría hacerse realidad el ideal moreliano de disminuir la brecha entre la opulencia y la indigencia. Sin ella tampoco podría construirse un proceso que paulatinamente transformara a los mexicanos en un pueblo de ciudadanos con derechos y obligaciones. Si continuaban perpetuándose las excepciones y las exclusiones tomando como razón que las leyes funcionaban para unos y no para otros, tal inequidad estaba en contra de la modernidad que planteaba el intercambio comercial, hacía imposible la implantación de una recaudación fiscal más amplia y equitativa. En fin, prorrogaba que individuos del clero y el ejército pudieran continuar impunes cuando cometían delitos en el mundo del ciudadano ordinario, fuente de toda soberanía. En otra parte de la ley el ordenamiento juarista planteaba una reforma al Poder Judicial, preocupación que estuvo presente desde los años de 1840, durante la guerra de Reforma, muy particularmente en la República Restaurada para diluirse a lo largo del Porfiriato por la docilidad que imperó en las acciones de todos los individuos ligados a la administración de justicia. Conviene subrayarlo, la promulgación de la Ley Juárez fue el acto por el cual el gobierno de Álvarez pasó a la historia.¹⁷ Era el inicio de la tan necesaria reforma liberal. Con dicho ordenamiento Juárez transitaba de haber sido un coleto pero eficaz gobernador de Oaxaca, "molusco" escribiría el polémico Francisco Bulnes, a contribuir con un decreto que, acompañado pocos meses después con la ley de desamortización y una pléyade de ordenamientos eminentemente ilustrados, terminaría haciendo real la reforma liberal.¹⁸

Un gobierno endeble, una oficialidad santannista que habiendo perdido un par de batallas no se sentía derrotada ¹⁹ y la mencionada ley que hizo realidad los temores de muchos conservadores, estas tres características en su conjunto ofrecieron la razón suficiente para que Tomás Mejía, José López Uraga y Manuel Doblado se insurreccionaran contra la revolución suriana al grito de "religión y fueros". Mejía en su proclama de Tolimán indicaba: "Nuestros esfuerzos salvarán al clero que hoy no tiene ni los derechos de ciudadano; a la Iglesia, cuyos bienes, que pertenecen al pobre, están amenazados; al Ejército, cuya clase está destruida y aniquilada y, más que todo, prostituida por la aceptación de hombres salidos de presidio y bandidos de nota; salvaremos al propietario cuyos bienes en un gobierno sin freno carecen de garantías".²⁰ Anexa a la proclama anterior, el Plan de la Sierra Gorda consideraba que la nación había sido engañada igualmente por la "grosera tiranía" de Santa Anna que por la demagogia suriana, la cual hacía efectiva la disolución social ensañándose contra el clero, el ejército y los propietarios. En sus ocho artículos planteaba la vigencia de la Constitución de 1824 con sus reformas posteriores, al mismo tiempo refrendaba la necesidad de un congreso constituyente, la formación del estado de Iturbide (que se formaría con los distritos de la Sierra Gorda y algunos adyacentes que pertenecían a Guanajuato) e invitaban al general Uraga para que acaudillara la rebelión. Éste, en carta con la misma fecha y dirigido a Montes Velásquez, coautor del anterior plan le indicaba: "Yo no sé nada del plan encontrado a esos oficiales [...] Yo he vacilado en resolverme porque temo una reacción brutal [...] Yo deseo para mi país los adelantos materiales que necesita una libertad racional y moderada; pero me opondré siempre al despotismo militar de Santa Anna y al demagógico y grosero de Álvarez".²¹ Dos días después con el título de "Ciudadano Emérito de los Estados de Jalisco, Querétaro, Guanajuato, San Luis Potosí y otros varios de la confederación y General en Jefe de las Fuerzas Nacionales", Uraga aceptaba comandar la revuelta. Asimismo proclamaba que la soberanía radicaba en el pueblo y que era necesario llevar adelante reformas en nuestra sociedad: "y las habrá, pero serán dictadas por la nación y no por una pandilla usurpadora en su nombre".²² Esta pieza de correspondencia recuperada por Genaro García, como otras que se encuentran desperdigadas en los archivos de diversos personajes decimonónicos, revela a López Uraga como un individuo de una ideología difusa que lo mismo podía coincidir con los argumentos de Munguía en materia eclesiástica, que con los propugnados décadas atrás y sobre el mismo tema por el cónsul Napoleón Bonaparte; igualmente Uraga respaldó las ideas economicistas detrás del pensamiento lerdiano que se materializaron en la ley de desamortización. Lo que sí le quedaba claro a los liberales era que no podían confiar en él. Hacia 1864, José María Patoni en carta a Juárez clari–dosamente opinaba que Uraga reconocería al Imperio de Maximiliano, cuando éste diese por buenas las adjudicaciones de bienes inmuebles de su propiedad producto de la reforma liberal y le reconociese sus grados y haberes atrasados como militar. El duranguense no se equivocó pues días después defeccionó de la causa republicana. Uraga, Leonardo Márquez y José Fernando Ramírez fueron tres de los personajes a los que el juarismo no perdonó su accionar durante aquellos terribles años.

Por lo que se refiere a Doblado, éste en los Convenios de Lagos firmados en la casa de los Rincón Gallardo, riquísimos propietarios como bien refiere Manuel Payno, había reconocido a Álvarez como jefe de la revolución y a Comonfort como su operador político. Llevaba meses construyendo lo que se convertiría en su cacicazgo regional con base en la ciudad de Guanajuato, entidad perteneciente a la diócesis de Michoacán encabezada por el ya mencionado Munguía. Una de las medidas que más le criticaba su antecesor santannista, el general Francisco Pacheco, era que Doblado de inmediato comenzó a formar la bien pertrechada división Guanajuato. Guardia estatal que de inmediato fue utilizada para levantarse contra el gobierno de Álvarez como posteriormente en el sentido de apoyar a Comonfort. Luego se le utilizó a favor de la causa liberal durante la guerra de Reforma e inmediatamente después como escolta del peregrinar juarista hacia el noreste de la república. Un retroceso "táctico" de cerca de trescientos kilómetros terminó con la derrota de Doblado y su división en Matehuala (1864) a manos del coronel Aimard, y de su no tan enemigo y destinatario frecuente en su correspondencia personal, el general Tomás Mejía.

Cuando el contenido del plan elaborado en Guanajuato fue leído en la ciudad de México, el recientemente nombrado ministro de Fomento, Manuel Siliceo, con quien Doblado llevaba una añeja amistad y era su informante sobre lo que sucedía en la capital y particularmente sobre lo que pasaba en el círculo interior de la presidencia le expresó lo siguiente:

No veo todavía el plan proclamado por ti: pero los amigos que lo han visto y entre ellos Comonfort, te diré con franqueza que están muy disgustados con él [...] pues ven que al clero y al ejército, y sobre todo al primero, al respetarse y sancionarse sus privilegios e inmunidades, se les da una preponderancia, contra la que hemos estado siempre todos los liberales porque sujeta al gobierno a una tutela vergonzosa, porque hace imposible toda especie de progreso y reforma y porque sus constantes tendencias al statu quo, que son las mismas del partido conservador, imposibilitan al liberal para entrar en el verdadero camino del bien.²³

Doblado comprendió que, a pesar de las divisiones entre puros y moderados y lo molesto que podía serle la figura de Álvarez, había una distancia entre ellos y hacer causa común con los conservadores. Por lo anterior, don Manuel remitió a la capital una carta de apoyo al nuevo presidente sosteniendo que no estaba con la reacción y que la combatiría a todo trance; aseguraba que con los nombramientos del nuevo gabinete lograba el fin de su proclama, esperanzado de que la segunda administración suriana se caracterizaría "como un régimen de orden, justicia y libertad moderada". El periódico El Siglo Diez y Nueve en comunión con El Monitor Republicano acusaron al gobernador de Guanajuato de ser un reaccionario encubierto, le recordaron haber sido en 1848 el compañero del padre Jarauta y del nefasto general Paredes y Arrillaga, quienes además de haberse levantado bajo lemas conservadores en aquellos años incitaron a una especie de revuelta indígena en la Sierra Gorda. Juan Álvarez le escribió al siguiente tenor:

Tengo el gusto, como usted habrá visto de haberme anticipado a los inmoderados deseos de usted que no tienden al bien sino a llenar esa ambición desmedida que tantos males ha causado a la patria [...] No he sido el hombre del doblez y de la mentira, del sacrilegio y el adulterio, del peculado y del contrabando, de la intriga y de la superchería, de la injusticia y de la venalidad, y en una palabra no soy ese feto monstruoso de la maldad que, cubriéndose con hipócrita antifaz, ha sido siempre el ídolo de un partido execrable y envilecido. Soy, señor Doblado, el veterano de la independencia, que tiene un corazón sencillo y patriota, y mi apellido no tiene mancha ni doblez; mis acciones concuerdan con mi nombre, como las suyas con el que usted lleva.²⁴

Para la historiografía que analiza el siglo XIX mexicano, Álvarez y Doblado, aparte de que pertenecieron a generaciones distintas y de que el guanajuatense murió primero, ambos representaban el muy interesante accionar del caciquismo regional que floreció en aquellas décadas y que en el periodo que nos ocupa constituyó un motivo de gran preocupación, lo mismo para Comonfort que para Juárez. Aquellos años fueron definidos por un Poder Ejecutivo que independientemente de que el régimen constitucional fuera federalista o centralista, éste trataba afanosamente de consolidarse como un verdadero gobierno nacional. Los presidentes del periodo tuvieron la idea de construir un poder ejecutor que pudiera controlar los diversos movimientos centrífugos que se materializaban en mandatarios estatales con fuerza militar y recursos pecuniarios, convirtiéndose prácticamente los gobernadores en autoridades autónomas respecto del poder central. En plena guerra de intervención, el periódico conservador El Cronista de México caracterizó muy bien el accionar de Doblado: "cuando se trata de Doblado todo es creíble y todo negable [...] mas sería trabajo inútil tratar de descubrir el fin probable de sus pasos y la última palabra de sus intrigas. Él se agita y la casualidad le imprime dirección".²⁵ Años después, Justo Sierra lo describió como un progresista por convicción pero también como un hombre que no estaba casado con los procedimientos de intransigencia recomendados por el jacobinismo ni le era repugnante servirse de los reaccionarios cuando fueran útiles a la causa.

La revolución de Ayutla consiguió que Santa Anna huyera del país y a lo largo de la segunda mitad de 1855 las negociaciones entre distintas facciones fueron el denominador común. Como ya había sucedido en episodios anteriores del tiempo santannista (proclamas de Huejotzingo, San Luis Potosí o Arroyo Zarco), aquéllas tendían a apropiarse de los frutos de la revolución. En un sentido totalmente opuesto, Ocampo, Juárez y otros trataron de que el movimiento suriano se mantuviera en sus principios originales y que se afianzara con una presidencia que recayera en Juan Álvarez. Materializar la revolución suriana en un sentido de reforma liberal significó la expedición de la Ley Juárez. Ella brindó el pretexto necesario para aumentar la animadversión que frente a cualquier tipo de novación sentían los apellidados conservadores. En la coyuntura del ocaso de la revuelta de Ayutla, la oposición se enseñoreó con "las reacciones" militares que comenzaron en el ya mencionado Tolimán e inmediatamente afloraron en diversas latitudes del país presagiando un enfrentamiento mayúsculo. Con distintos episodios y argumentos variopintos la guerra reformista durará los siguientes once años (1856–1867), pero las consecuencias tangibles en el ámbito de lo social como en el de los argumentos constitucionales estarán presentes a lo largo del siglo XX.

 

La primera campaña de Puebla

Vale la pena reflexionar en la aparición, en la segunda mitad de 1856, en las librerías de la ciudad de México del texto de Anselmo de la Portilla, Historia de la revolución de México contra la dictadura del general Santa–Anna, 1853–1855, editado por Vicente García Torres. Este acontecimiento nos ofrece el día de hoy varias interpretaciones. La primera es que el libro no termina con la salida del dictador en agosto de 1855, sino que dedica buena parte de sus páginas a narrar la primera campaña sobre Puebla encabezada por Antonio Haro y Tamariz, incluida su última consecuencia: la ocupación de los bienes de la diócesis de Puebla para que los ciudadanos y el gobierno se resarcieran de las pérdidas humanas y de los enormes gastos resultantes de la campaña "contra los reaccionarios" —así llamados en 1855 por José María Lafragua—. Lo anterior quiere decir que para De la Portilla, inclusive para algunos actores en este proceso militar que incluyó al gabinete moderado, el fin del santannismo no se definió por la llegada de Álvarez a la presidencia y la instalación de Comonfort como presidente sustituto, sino que la revolución terminó cuando fue derrotada la "legión dorada" que reunió, como se dijo desde aquellos años, a lo más florido de la joven oficialidad promovida por Santa Anna.

La segunda lectura, que también interesa a los historiadores, es la de comprender el afán de Ignacio Comonfort por que se historiase el proceso revolucionario que había dado al traste con la administración santannista; el énfasis debía remarcar que desde noviembre de 1855 se estaba llevando adelante un proceso de importantes reformas liberales. La misma preocupación se hizo patente años después (1858) cuando, en el exilio neoyorkino, el mismo De la Portilla escribió otra historia sobre lo acontecido durante el gobierno moderado de 1856 y 1857. En plena guerra de Reforma, la prensa con Antonio Zarco a la cabeza o a través de políticos veracruzanos como Manuel Gutiérrez Zamora e Ignacio de la Llave criticó acremente los esfuerzos del ex presidente por vindicarse, cuando en ese momento preciso y debido a las atrocidades resultantes de la conflagración civil dicha intención era imposible. Asimismo etiquetaron a don Anselmo como "el escritor pagado" de aquella administración en desgracia, agregando que el ibérico hacía todas las maniobras mentales posibles para argumentar positivamente lo injustificable. La historiografía mexicana no se ha puesto de acuerdo sobre quién verdaderamente redactó el apéndice incluido en este segundo libro que, firmado por el ex presidente Comonfort, da una explicación en torno a las reformas políticas que durante dos años de gobierno desarrolló una administración moderada.

Para la discusión del presente artículo y tomando en consideración lo expuesto líneas arriba, vale la pena retomar la categoría utilizada por Álvaro Matute en torno a la utilidad que para historiar ciertos acontecimiento coyunturales ofrece la llamada historiografía inmediata. Las dos historias de De la Portilla, en especial la primera, recurren al expediente de manejar editoriales periodísticos, noticias puntuales sobre el proceso de la campaña militar, edictos del gobierno de Ignacio Comonfort, correspondencia privada y un buen manejo de autores como César Cantú, Chateaubriand y Guizot entre otros. La redacción del libro (p. 275–335) ofrece una narración puntual de la primera campaña sobre Puebla, desde las críticas que constantemente se vertían sobre el gobierno y la personalidad de Comonfort, pasando por la batalla de Ocotlán, el ataque al cerro de San Juan y el sitio contra la Angelópolis hasta las garantías para los capitulados, el tipo de castigo a los rebeldes, lo que sobre esto último opinaba el gabinete moderado estacionado en la ciudad de México y las fiestas que en la capital se ofrecieron con motivo de la derrota de los reaccionarios. Por último, De la Portilla interpretó que con dicha campaña militar se consolidaba la segunda administración suriana y se ponían las bases para construir una paz duradera, anhelado deseo del país.

Décadas después, una vez pasada la guerra civil, la intervención extranjera y el triunfo republicano, es más, ya en plena estabilidad protoporfirista como lo fue el régimen de Manuel González, éste le confió a Vicente Riva Palacio la redacción de una historia sobre los importantes acontecimientos de 1857 a 1867; el encargo superó a la llamada "Gran Década Nacional" y terminó siendo la monumental obra colectiva México a través de los siglos. En el tomo correspondiente a La Reforma, no el volumen que tiene por objetivo explicar el periodo llamado La República Independiente que incluye el santannismo y la revolución de Ayutla, lo que constituye una variante conceptual importante respecto de lo redactado por De la Portilla, don José María Vigil recreó con más datos, perspectiva histórica y juicios más ponderados que le daba el indiscutible triunfo liberal/republicano, una buena descripción en torno a las dos campañas que el gobierno de Comonfort llevó adelante contra los sublevados en Puebla, de marzo y noviembre de 1856.²⁶ Las dos obras decimonónicas citadas fueron las que hasta el día de hoy sirven como fuente de primera mano para conocer tales acontecimientos. De ninguna manera se desdeñan las historias de Niceto de Zamacois, de Francisco de Paula de Arrangoiz y Miguel Galindo entre otras cuya información y perspectiva complementa el cuadro, pero es necesario recalcar que a lo largo del siglo XX, la historiografía que ha tratado el tema de la reforma liberal y como parte de ella las campañas de Puebla ha utilizado a Portilla y el México a través de los siglos/La Reforma como su punto de partida, incluido el entonces (1985) señero trabajo de investigación que sobre Antonio Haro y Tamariz llevó a cabo y publicó Jan Bazant.

¿Qué sucedió entre el 2 de diciembre de 1855 y el 3 de abril de 1856? Como ya se indicó en la sección anterior de este artículo Tomás Mejía se había levantado en armas en la Sierra Gorda. Por su lado José López Uraga, aunque había platicado con el presidente Comonfort y éste lo volvió a asignar para la representación mexicana en Berlín, de la cual tiempo atrás había sido destituido por órdenes de Santa Anna, decidió realizar un viaje "para arreglar asuntos personales en la ciudad de León pero tomó el camino hacia la sierra de Querétaro" secundando el pronunciamiento que desconocía a la primera administración suriana. Por su lado Manuel Doblado reculó y junto con las fuerzas queretanas del gobernador Francisco Díez Marina arrinconaron a Mejía en la sierra y tomaron preso a Uraga. Los levantamientos comenzaron a sucederse en el Estado de México, Veracruz, Michoacán y en otros muchos lugares pero fueron reducidos al orden en su totalidad. El problema más importante estaba en la ciudad de México y en Puebla. Igual que en el caso de Uraga, el gobierno habló con Haro y Tamariz. Como dijo en su tiempo Justo Sierra, Haro había sido el perdedor de las conferencias de Lagos puesto que Doblado era gobernador de Guanajuato, Comonfort era el presidente y él, aunque se le habían ofrecido ministerios y legaciones aducía no estar interesado. Las noticias que sobre él tenían el ministro de Gobernación Lafragua y el gobernador del Distrito Juan José Baz eran que estaba inmiscuido en conspiraciones que tenían sus ramificaciones en diversas ciudades de provincia. Se procedió a detenerlo y aunque se le podía aplicar la ley santannista contra los conspiradores, ello resultaba un sinsentido para un gobierno que comenzaba a enjuiciar los actos de la administración del veracruzano. La opción fue el exilio y tomaron rumbo hacia el puerto de Veracruz Haro y los generales Francisco Pacheco —enemigo mortal de Doblado— y Agustín Zires. La leyenda cuenta que Haro pidió un alto en el camino para "hacer del cuerpo", se alejó un poco y tiempo después ya nadie supo de él; Salsipuedes fue el lugar de la fuga y en la cultura popular veracruzana el episodio y el punto geográfico han dado lugar a refranes subidos de tono. Mientras esto sucedía, en el pueblo serrano de Zacapoaxtla, el cura Francisco García Ortega arengaba a la población a protestar por las impías acciones que estaba efectuando el gobierno. Éste, en voz del ministro Ezequiel Montes se quejó con el arzobispo Lázaro de la Garza al siguiente tenor: "algunos eclesiásticos faltando a su misión sacerdotal [...] predican la sedición contra el supremo gobierno y convocan a sus feligreses para que en masa se rebelen".²⁷ La queja se refería a lo que estaba sucediendo en Puebla y en otras entidades, pero era también el resultado de la activísima propaganda que había difundido el cura Francisco Javier Miranda, el cual fue detenido, enviado al exilio y pronto de regreso a la república donde por años conspiró furiosamente.

Hasta Zacapoaxtla, pueblo de indios, llegó el general Francisco Guitián, y pocos días después lo hizo Haro; los unía la circunstancia de haber estado juntos en San Luis Potosí, antes y después de las pasadas conferencias de Lagos promovidas por Comonfort. Las negativas de Haro a tener un puesto en el gobierno, su fuga y el lugar de reencuentro no eran episodios aislados sino que formaban parte de un auténtico complot. Al saberse tales hechos, el segundo gobierno suriano hizo esfuerzos para pertrechar una división de dos mil hombres que se le encomendó al general santannista Severo del Castillo. Éste salió de la ciudad y en el camino a Puebla defeccionó:

lo habían hecho antes Nicolás Bravo, Mariano Arista, Pedro Ampudia, Mariano Paredes y el mencionado Uraga, entre muchos otros. Era la escuela de las asonadas que de tiempos del origen de la república les producía a los alzados desde ascensos en el escalafón militar, protección de sus intereses en las localidades, hasta la presidencia de la república. Castillo en el futuro sería fiel a sus ideas durante la guerra de Reforma hasta la caída del Segundo Imperio. La prensa criticó la pifia gobiernista y a sottovoce expresó que la ciudad capital estaba prácticamente indefensa; los reaccionarios, en caso de salir de Puebla, no encontrarían mayor oposición.

A lo largo de enero y febrero fueron llegando a México contingentes de las guardias estatales que se agregaron a los cuerpos del ejército que permanecieron fieles a la administración. A costa de grandes esfuerzos se reunió un contingente de doce mil hombres que llegó a ser de casi dieciséis mil durante el sitio de Puebla. Co–monfort salió el 29 de febrero y un día después ubicó el cuartel general en San Martín Texmelucan, a siete leguas (aproximadamente 35 km) de la Angelópolis. En dicha población el presidente expresó en un discurso que la revuelta de Zacapoaxtla era producto de la ambición y que los amotinados en Puebla no serían auxiliados por Uraga y Mejía, puesto que ambos ya habían sido derrotados. Entre el 3 y el 6 de marzo se practicó un reconocimiento del terreno, se levantaron fortificaciones y el presidente examinó los accidentes topográficos con el fin de señalar las posiciones que ocuparía el ejército en su marcha. Con ello se pretendía evitar los ataques de la caballería enemiga que era mucho más numerosa que la del gobierno. El día 7 el ejército liberal comenzó su avance, estaba compuesto por tres divisiones de infantería al mando de los generales Parrodi, Moreno y Zuloaga, respectivamente. El ejército también contaba con una división de caballería a las órdenes del general Portilla y una brigada móvil bajo la comandancia del general Ghilardi. Hacia la una de la tarde del mismo día y cercanos a 15 kilómetros de Puebla se situó Parrodi con su división en Río Prieto y Loma de Montero con la descubierta en Coronago; Zuloaga a la izquierda en los llanos de la hacienda San Isidro; la posición del centro correspondiente al cerro de Ocotlán la ocupaba la brigada Doblado. Por su lado, la división Moreno y la brigada Ghilardi se colocaron en la hacienda de Santa Inés; la caballería de Portilla y el cuartel general del ejército liberal se establecieron en el pueblo de San Miguel Xoztla.

Antes del amanecer salieron las tropas conservadoras creyendo sorprender a las de Comonfort, quien había nombrado al general Florencio Villarreal su comandante general. El historiador Conrado Hernández revela la edad de los oficiales sublevados, que ya no eran de la generación que había peleado en la independencia y, como ya dijimos, con la fuga de Santa Anna tampoco sentían una admiración por el caudillo veracruzano: Felipe Chacón, 33 años; Gregorio Vallejo, 31; José María Cobos, 30; Luis Osollo, 28; Manuel Díaz de la Vega, 28; Joaquín Miramón, 28; Miguel Miramón, 25; Ignacio de la Peza, 25; Silverio Ramírez, 24; Manuel Ramírez de Arellano, 24; Carlos Miramón, 18, y José Montesinos, 18. Entre los jefes con mayor edad estaban Miguel Andrade, 42 años; Francisco Guitián, 42; Leonardo Márquez, 36; Carlos Oronoz, 36; Ignacio Orihuela, 35; Antonio Ayesterán, 35, y Severo del Castillo, 34. Los más viejos eran los generales José Vicente Miñón, de 54 años, y Pánfilo Galindo, de 58.²⁸ Entre otros, faltaron las edades del matamorense y futuro presidente Manuel González, de Manuel Aljovín y José de Olloqui (pariente del obispo Pelagio Antonio de Labastida y Dávalos y del banquero José Juan de Olloqui). Hacia las 7:30 de la mañana las tropas rebeldes y las gobiernistas se envolvieron en un enfrentamiento. Algunas fuentes, como El Monitor Republicano, informaron que las tropas de Haro constaban de 2 500 soldados, mil de caballería y seis piezas de artillería; otras, que había reunido cuatro mil hombres de infantería. Lo que sí es cierto es que por un lado las cargas de caballería conservadora apoyaron a la infantería que al mando de Osollo, Aljovín y De Olloqui se dirigieron a tomar el cerro de Ocotlán, donde estaba estacionada la división Doblado, misma que fue derrotada. Sin embargo, entre las ocho y once de la mañana la batalla se hizo campal mostrándose la superioridad del gobierno, por el número de hombres y por más de cuarenta cañones, algunos de última generación comprados en San Francisco, California, que diezmaron a las tropas de Haro. Los rebeldes tocaron un alto al fuego, se suspendieron las hostilidades y se solicitó un parlamento entre el jefe rebelde y el presidente de la república. La tregua dejó ver los estragos de la metralla de fusilería y artillería. No solamente murieron diversos oficiales sino que se pudo apreciar cientos de cuerpos cercenados, cabezas arrancadas, caballos destripados, banderas quemadas y de inmediato la rapiña perpetrada por animales y vecinos del lugar. Desde el tiempo de la guerra con los Estados Unidos y posteriormente a lo largo de la revuelta de Ayutla, en México no se había enfrentado un conjunto de más de catorce mil soldados para una sola campaña; ello nos da una idea del nivel de enfrentamiento en 1856 y de la escalada de violencia que, como ya mencionamos anteriormente, será el denominador común en los siguientes once años.

La prensa de aquella época, luego Anselmo de la Portilla y posteriormente toda la historiografía que ha tocado el tema han coincidido en que Comonfort y Haro platicaron largo rato, que no se supo verdaderamente de qué hablaron; el gobierno suriano ofreció solamente respetar la vida de los principales dirigentes de la revuelta. Por otro lado, que Haro pidió un par de horas para comunicárselo a su gente y que burlando el armisticio, las tropas conservadoras se retrotrajeron a Puebla para enfrentar el sitio militar que veían venir. Para darle una explicación a semejante proceder, Jan Bazant sostiene que en aquellos días Haro soportaba los excesos del cura Ortega y de diversos militares que le daban a la rebelión el tinte de guerra religiosa, "ya no pudo controlar las fuerzas que él mismo con sus actos políticos, reales o supuestos, había contribuido a despertar".²⁹

El 9 de marzo el ejército de Comonfort avanzó sobre la Angelópolis, tomó el puente México sobre el río Atoyac y por la tarde de ese día se planeó un falso ataque al cerro de San Juan, mientras el presidente y el general Rosas Landa atacaron la garita de Cholula y tomaron dicha población después de un largo combate. Dos días después, la división Parrodi se situaba en San Francisco, la del general Moreno en la Alameda Nueva, la brigada Ghilardi en San Javier, en tanto que Zuloaga se posesionó del Carmen. Avanzó Parrodi ocupando Analco y después los abandonados fuertes de Loreto y Guadalupe; las fuerzas gobiernistas llevaron su avanzada hasta las inmediaciones del convento de La Merced que finalmente fue incendiado diez días después. Entre los días 12 y 19 se practicaron horadaciones en edificios, casas particulares e inmuebles religiosos porque el combate y el avance oficial se hacían cuadra por cuadra, sobresaliendo la tenacidad de defensores y atacantes. El jueves y el viernes santo (20 y 21 de marzo), Comonfort hizo cesar el cañoneo por respeto a las solemnidades religiosas, mientras que al mismo tiempo llegaban desde Veracruz morteros, bombas y fusilería moderna, lo cual presagiaba una auténtica masacre. Finalmente, el 23 se materializó la posesión de la ciudad de Puebla con una rendición incondicional. Se expidió un decreto donde se pedía que todos los oficiales se presentasen a las órdenes del gobierno para salvar su vida, éste degradó a todos los generales y demás jefes quedando todos ellos en calidad de soldados rasos. Una vez finalizados los aspectos militares Comonfort dirigió un mensaje a los poblanos:

Vosotros lo habéis palpado, compatriotas, mi gobierno ha dado un ejemplo bien raro en la fúnebre y amarga historia de nuestras revoluciones. No ha habido providencias apasionadas, ni juicios inicuos; leyes que autoricen la delación, ni premios al espionaje [...] El hambre, la sed, la desolación y la muerte de tantos conciudadanos pacíficos, desgarran mi alma [...] ¡Con lágrimas deben celebrarse los triunfos adquiridos a tanta costa! ¡Maldición una y mil veces a la guerra civil y plegué al Todopoderoso que el escarmiento que acabamos de presenciar no sea estéril para México!³⁰

La campaña marcaba un hito en la historia de los últimos levantamientos puesto que el gobierno a quien se atacaba había obtenido un triunfo arrollador e indiscutible.³¹ Esta asonada fue la primera de las cuatro más importantes que la reacción organizó a lo largo de dos años (1856–1857); a todas ellas se les hizo frente y se obtuvieron resultados francamente positivos. La lectura de los documentos de la época muestra que casi no hubo día en que no se tuviera noticias de algún motín en la república, inclusive las conspiraciones citadinas fueron descubiertas y los proyectos para asesinar al presidente fueron denunciados. La disyuntiva acerca de qué castigos imponer marcó la nota discordante entre los miembros del gabinete, el presidente y la opinión pública. Lafragua, junto con la facción más jacobina, quería castigos ejemplares y alguno que otro subrayó la necesidad del juicio sumario, pero sabían que Comonfort no quería la venganza y propendía hacia la conciliación. Fueron dos años donde el gobierno combatía a los reaccionarios, se les derrotaba, posteriormente obtenían el perdón y de nueva cuenta se volvían a insurreccionar contra el régimen liberal. El gobierno moderado quería evitar las calamidades de la guerra civil, llena de odios y resentimientos que siempre habían traído y traerían consigo en el futuro inmediato la división de la sociedad y la familia. Vale la pena remarcar que los conservadores no quisieron entenderlo y le hicieron la guerra abierta. Con ello se desperdició lo que Manuel Payno escribiera años después en El libro rojo: Comonfort representaba el lado amable y bello de la Reforma.

En las páginas de El Siglo Diez y Nueve, Francisco Zarco opinaba que la generosidad llevada al extremo era una funesta imprudencia, además de que con ella se favorecía la impunidad para con los grandes crímenes, siendo aquélla la raíz corruptora de las sociedades. Respecto de los que financiaron la revuelta de Haro y Tamariz, el ministro de Gobernación Lafragua sentenciaba: "no puede dudarse de la eficaz ayuda que el clero de Puebla prestó a la rebelión [...] fue culpable porque [...] los sermones abusivos fomentaron el espíritu reaccionario y las prestaciones pecuniarias sostuvieron la fuerza material".³² El 31 de marzo Comonfort, en uso de las amplias facultades que le concedía el Plan de Ayutla reformado en Acapulco, expidió el decreto que intervenía los bienes del clero de la diócesis poblana. El texto de la misma asentaba que, sin desatender los objetos piadosos de culto, los bienes se utilizarían para indemnizar a la república de los gastos militares, pero también se destinarían a los habitantes de Puebla que hubiesen sufrido perjuicios en sus bienes y para pensionar a las viudas, los mutilados y los huérfanos resultantes del alzamiento. La vigencia de dicha intervención duraría hasta que a juicio del gobierno se hubiese consolidado en la nación la paz y el orden público. La ley tuvo que hacerse cumplir con dos ordenamientos fechados el 2 de junio y el 16 de agosto ante la negativa de los clérigos poblanos a entregar el numerario requerido (un millón de pesos). El procedimiento indicado en los edictos fue que el gobierno administraría directamente los productos de los inmuebles intervenidos "se trataba pues, de una confiscación de ingresos mediante la incautación de sus fuentes".³³ La suma mencionada que debía liquidar el clero de Puebla se mantuvo aparte de las futuras consecuencias económicas resultantes de la aparición de la Ley de Desamortización de Bienes de Corporaciones Civiles y Eclesiásticas o Ley Lerdo. Es importante subrayar que como parte de este proceso el obispo Labastida protestó varias veces contra tales medidas, por lo que el gobierno suriano lo arrestó y lo condujo a Veracruz para que de inmediato se trasladase a La Habana; en aquella colonia española defendió su causa y se carteó con diversos mexicanos. Respecto de este episodio y ya con la perspectiva de varias décadas, Justo Sierra escribió: "se puso la mano sobre el más levantado de los prelados. A Europa, a conspirar, el obispo de Puebla conspiró furiosamente, incesantemente desde aquel momento. Así hemos logrado saber lo que tenía en el fondo del alma: Comonfort no se equivocaba".³⁴

 

Reforma liberal y la segunda campaña

Más allá de la revuelta reaccionaria de Puebla, la administración liberal se empeñó en hacer realidad los postulados que habían sido el motor de la revolución de Ayutla. Se instaló el Congreso Constituyente y desde el inicio de sus trabajos hubo una diferencia notable entre los que buscaban la reforma paulatina y los que pugnaban por cambios radicales. El presidente señaló en el discurso de apertura de sesiones que los constituyentes del momento tenían una ventaja sobre sus antecesores: podían comparar los textos constitucionales del pasado (1824, 1836 y 1843, las Bases Orgánicas), justipreciar las críticas y las modificaciones que a tales cartas los legisladores y el Poder Ejecutivo le hubiesen agregado años atrás. Comonfort pidió a los constituyentes que redactaran una Constitución para el pueblo mexicano, el cual era católico y tenía legítimamente una serie de creencias que le eran muy suyas y que cualquiera que se ostentase como demócrata debería respetar. Agregaba que el texto debería adaptarse al perfil cultural de los habitantes del país: "que retomara los buenos legados del pasado y las necesidades del presente". Una Constitución para el ahora y la realidad del país, no una utopía, que aunque feliz y bien intencionada fuera de dificultosísima aplicación. Sin embargo existían diputados como Ponciano Arriaga, Melchor Ocampo —quien asistió muy poco—, el diputado Filomeno Mata y Francisco Zarco, entre otros, quienes afirmaron la necesidad de que por medio de radicales reformas constitucionales se obligara al pueblo a avanzar rápidamente "por la senda de la civilización". Libertad religiosa, derechos individuales, reforma agraria, límites al Poder Ejecutivo y en contraparte un poderoso Poder Legislativo unicameral que sirviera de freno a los siempre latentes deseos dictatoriales de los presidentes mexicanos. Estos temas y otros más eran la agenda del peyorativamente calificado liberalismo jacobino, radical, sanscoulotismo, partido rojo y también llamada logia herética.

El gobierno de Comonfort avanzaba hacia la reforma modernizadora por dos vías, una profundamente revolucionaria y que buena parte de la historiografía tradicional no ha justipreciado, salvo el caso de Emilio Rabasa. Por el otro lado ponía freno en aquellos temas que a su juicio no mejoraban las condiciones del ciudadano promedio y sí le daban otro pretexto más a la reacción "para atizar la llama de la discordia". En este último sentido el jurista Andrés Serra Rojas señaló meridianamente que, en el accionar de los moderados, pesaban como una loza los tiempos políticos, los temas a ser reformados y el atavismo religioso. Lo que sí puede comprobarse es que todo el programa liberal reformista de la administración de Comonfort se fundamentó en las facultades extraordinarias conque lo investía el plan de Ayutla reformado en Acapulco. Desde el mismo siglo XIX, la prensa y, por lo que se puede consultar en la correspondencia particular de aquellos años, todos los actores eran conscientes de que dicho tipo de facultades extraconstitucionales convertían al régimen suriano en una dictadura, liberal pero dictadura al final del cuentas; con el problema de los límites del Poder Ejecutivo lidiaron Juárez, Lerdo y Díaz. Por ello, desde el inicio de la gestión de Comonfort, el ministro Lafragua se dio a la tarea de redactar el Estatuto Provisional Orgánico de la República Mexicana que, como marco regulador, serviría mientras estuviese lista y fuera promulgada la nueva Constitución. Era autolimitarse y no seguir los pasos de Santa Anna. Del mismo autor y en el sentido de construir un tipo de sensatez para el gobierno y los ciudadanos, la Ley sobre Libertad de Imprenta reconocía tal prerrogativa pero pedía responsables editoriales de todo cuanto fuera publicado. Indicaba que una prensa libre era la que discutía las acciones de gobierno, sin embargo no se ejercía una verdadera libertad de prensa cuando los periódicos solamente reproducían los alaridos de las pasiones. Asimismo, resultaba contrario al espíritu ilustrado y republicano cuando bajo el anonimato los panfletos inundaban las poblaciones, se incitaba a la sedición y se insultaba al opositor político: libertad pero no libertinaje, subrayó Lafragua.

Un botón de la aparente contradicción en que perpetuamente se movió el gobierno de Comonfort y que he tratado en detalle en otros trabajos fue la oposición del Ejecutivo a que en la Constitución se estableciese la libertad de creencias. En primer lugar estaban los diplomáticos extranjeros que señalaban: si el gobierno mexicano quiere promover la inversión extranjera la tolerancia religiosa debe ser un requisito indispensable. Prusianos e ingleses, creyentes en el luteranismo, anglicanismo o en algún otro credo evangélico, no habían tenido la posibilidad de construir sus templos protestantes ni de ser enterrados en panteones que no estuviesen administrados por el clero católico; la secularización de cementerios y la puesta en marcha de los panteones civiles fue la respuesta de la reforma liberal. La libertad de creencias era una condición para estrechar las relaciones con el extranjero y para fomentar la inmigración. En segundo y en un sentido opuesto, la postura más tradicional señalaba que los mexicanos eran fundamentalmente católicos y, como lo había señalado Alamán, la religión que heredaron de sus abuelos era el único lazo de unión que sobrevivía cuando los demás estaban rotos. En cambio la tercera postura, la del régimen suriano, era no crear otro problema social entre los mexicanos y razonaba de la siguiente manera: al interior del Congreso Constituyente se podía dialogar de una manera civilizada sobre las bondades de la creencia católica y la de los protestantes. Pero, ¿qué pasaría en un pueblo de indios donde fanatizados por el cura del lugar unos y otros discutieran sobre las bondades de su Dios? El resultado sería con toda seguridad la división de la comunidad, la expulsión de sus miembros y por ende la guerra civil.³⁵

Para contrarrestar el conservadurismo que muchos le echaron en cara, el políticamente moderado gobierno de Comonfort promulgó la Ley de Desamortización, misma que desde su aparición generó a lo largo de dos años decenas de pronunciamientos, cartas pastorales y anatemas desde las alturas de Pío IX. En el razonamiento que el ministro de Hacienda Miguel Lerdo de Tejada envió a los gobernadores señalaba que dos eran los propósitos centrales de la ley: hacerse de recursos para solventar los gastos del gobierno, y más importante, con la venta de las fincas rústicas y urbanas que administraba la Iglesia católica, se facilitaba la creación de una extensa clase propietaria en México. Ésta, al generársele intereses sobre aquellas propiedades, sería la primera en defender no solamente los resultados tangibles de la Ley de Desamortización sino fundamentalmente estaría ligada al triunfo definitivo de la causa liberal. Los resultados últimos de la desamortización, nacionalización, no pudieron ser invertidos por los dos gobiernos tacubayistas, se radicalizaron durante la temida guerra de Reforma (nacionalización de bienes eclesiásticos) y fueron refrendados por el Imperio de Maximiliano debido a que la especulación inmobiliaria en México generó importantes intereses económicos tanto en Inglaterra como en la Francia napoleónica.

Otros muy graves problemas enfrentó la administración de Comonfort. Respecto de la deuda que la república tenía con los tenedores de bonos de la deuda de Londres y de la Convención Inglesa, México, de acuerdo con las reconversiones firmadas en tiempos de los presidentes José Joaquín de Herrera y Mariano Arista, respectivamente, debía reasumir el pago del capital e intereses como parte del plazo de gracia que tales negociaciones estipulaban. Sin embargo, el gobierno tenía que resolver tres problemas medulares. El primero era que el régimen estaba en quiebra y los gastos de las campañas militares se solventaban con préstamos de altísimo interés mensual otorgados por los famosos agiotistas. El segundo era que la administración suriana debía controlar los ingresos de las aduanas marítimas e internas de la república, las cuales proporcionaban las sumas necesarias para el servicio de la deuda que luego se remitirían al extranjero. El tercer problema era que los jefes de las asonadas que se reproducían en todo el territorio no les exigieran a los extranjeros préstamos forzosos, pues la respuesta inmediata sería la protesta diplomática, y lo peor, que tal suma pudiera convertirse en una convención diplomática defendida por una potencia europea o por los Estados Unidos.³⁶

Unido a lo anterior se ligaba el tema de la inseguridad, ésta igual se encontraba en los alrededores de la ciudad capital que en la frontera norte del país. En los años de 1856 y 1857, el problema de lo que se dio en llamar "las incursiones de los indios bárbaros" se agudizó en los años setenta y solamente terminó hacia mediados de la década de 1880. Los estados de Tamaulipas, Chihuahua, Coahuila, Sonora y Durango fueron constantemente asolados por grupos de apaches, comanches y demás tribus que, frente al avance hacia el oeste de la civilización estadounidense, sus ataques se dirigieron cada vez hacia el suroeste. Inclusive llegaron hasta Zacatecas, que se consideraba ayer y hoy como la frontera entre el centro y el norte de la república. La queja de las autoridades fronterizas frente a lo que consideraban el abandono en que los tenía el gobierno central era un señalamiento real, pero al mismo tiempo tal alejamiento sirvió para consolidar el poder caciquil de algunos gobernadores, como fue el caso de Santiago Vidaurri. Desde tiempos de Ayutla, el oriundo de Lampazos tuvo una actitud ambivalente respecto de las autoridades surianas: las apoyó pero desde lejos. Se decía liberal pero, por los informes que llegaban de aquellas latitudes, el gobernador de Nuevo León se comportaba como un verdadero señor feudal, dueño de vidas, bienes y hacedor de destinos. Uno de sus proyectos centrales que hizo realidad fue el de unir en una sola entidad a los estados de Nuevo León y Coahuila, según decreto del 19 de febrero de 1856.

El gobierno de Comonfort se opuso a ello argumentando que tal movimiento lesionaba la integridad de una entidad de la república y que, en dado caso, era el Congreso Constituyente quien no solamente establecería el sistema político que habría de prevalecer en toda la república sino el que tenía la facultad para erigir o modificar el territorio de una determinada entidad. Por otro lado, el Ejecutivo clarificaba que dicha unión no era realmente el genuino deseo de los coahuilenses y que más bien lo que tal acción evidenciaba eran los afanes de Vidaurri por aumentar su zona de influencia caciquil. Por aquellos años Nuevo León era un estado que no alcanzaba la frontera, ello se modificaría con el proyecto de agregarse Coahuila; con tal movimiento se apropiaría de los recursos de la aduana de Piedras Negras. Asimismo Vidaurri ejercería una mayor influencia en el complejo mosaico tamaulipeco, todo ello definitivamente constituía la erección de un polo de poder político y económico de dimensiones preocupantes para el gobierno central, siempre temeroso de una secesión en el noreste.³⁷ Las experiencias históricas estaban presentes en la mente de todos los actores políticos. Los diputados del Congreso Constituyente se opusieron a dicha anexión y finalmente el gobierno de Comonfort tuvo que mandar (agosto de 1856) una fuerza armada, que en unión con las tropas de Tamaulipas comandadas por Juan José de la Garza derrotaron a las fuerzas vidaurristas en Río San Juan y luego en Camargo, para ocupar finalmente la ciudad de Monterrey el 24 de septiembre. Días después y para que el lector pueda percatarse del tipo de fidelidad reinante entre la tropa, una parte importante de las triunfantes fuerzas gobiernistas que regresaban de Nuevo León se sublevaron en San Luis Potosí y tras un reñido combate donde el coronel conservador Luis G. Osollo perdió el brazo, finalmente fueron reducidas al orden.

Prácticamente al mismo tiempo que fue derrotado Vidaurri, importantes alzamientos se estaban verificando en el Estado de México, en Michoacán y en Iguala donde se tuvo que acudir a Juan Álvarez para que sofocase este último. El suriano avanzó hasta el hoy estado de Morelos y allí se perpetraron algunos asesinatos en las haciendas de San Vicente y Chiconcuac, propiedad de españoles, con lo que se agregó una reclamación más del ministro español contra la administración de Comonfort. A lo largo de 1856 el clima de sedición se materializó en la ciudad de México cuando en el convento de San Francisco fueron descubiertos diversos conspiradores, papeles incriminatorios y armamento para ser utilizado en la revuelta. El 17 de septiembre se decretó la supresión del inmueble para usos religiosos, repartiéndose como bienes nacionales todo lo que no fuera la iglesia principal, sus capillas y los vasos sagrados. Con ello empezó el fraccionamiento del convento más grande y más antiguo de la ciudad de México; la especulación de bienes raíces se quedó con uno de los mejores terrenos al poniente del zócalo. Un impreso anónimo opinó sobre tal medida:

¡Mexicanos, alarma! Veis con asombro cómo el gobierno tiránico de Comonfort ha calumniado a los inocentes sacerdotes de San Francisco nomás por cogerse la plata de la Iglesia; comenzar [sic] a destruir nuestra religión y profanar [sic] esos lugares santos que respetarían Martín Lutero y Pedro Calvino. Mexicanos, no permitáis esto; primero la muerte a que destruyan la religión. ¡Odio eterno a los tiranos! ¡La maldición de Dios caiga sobre estos hombres de nefanda memoria!³⁸

Con este ambiente de asonadas que lo mismo estaban en la frontera que a unos pasos del Palacio Nacional, se supo que de nueva cuenta se había verificado otra rebelión en Puebla. Por segunda ocasión la administración de Comonfort se dispuso a combatirla, aunque ya no existía la confianza de principios de año debido a todo el cúmulo de protestas contra las reformas que estaba imple–mentando el gobierno. Por otro lado, los militares del bando liberal estaban convencidos de que los indultos otorgados en marzo pasado a los sublevados en Puebla habían sido errores garrafales. Debía operarse una transformación en la manera de combatir y castigar a los levantiscos.

Sobre esta segunda asonada en la Angelópolis, Vicente Riva Palacio relató los siguientes pormenores. A la una de la mañana del 20 de octubre, el capitán don Leónides Campos que obraba de acuerdo con los conspiradores se presentó en el principal [cuartel] situado a un lado del palacio de gobierno acompañado de don Miguel Miramón y don Francisco Vélez, manifestando al oficial Donaciano Martínez que de orden del comandante general recibiera presos a aquellos individuos. Creyendo Martínez lo que se decía, condujo a Miramón a las piezas altas del edificio pero éste lo sorprendió poniéndole una pistola haciéndole entregar el santo. Entretanto Campos, que había quedado abajo, puso sobre las armas a la tropa de guardia que era de su compañía, haciéndola creer que obraba por orden superior y a una señal dada ocurrieron en número considerable los conjurados. Eran oficiales reaccionarios que en su mayor parte estaban ocultos en las inmediaciones de la guardia; de este modo, casi inconscientemente, apareció la tropa que, otrora oficial, de pronto comenzó a obrar en sentido de la revolución. Después de esto, Campos y Miramón, con una parte de la soldadesca sorprendida, se dirigieron al cuartel de artillería, situado en la Alhóndiga, a una cuadra del palacio de gobierno. El oficial de guardia que estaba de acuerdo con la asonada dio entrada a los conspiradores; luego sorprendieron en su habitación al comandante don Juan García, después se apoderaron de los cañones, condujeron las piezas a la plaza y las pusieron en batería. Al tiempo que esto sucedía, en pocos instantes creció el número de hombres del pueblo y demás personas alistadas en la revolución. Asimismo el pequeño destacamento que se hallaba en la fortaleza de Loreto desconoció al comandante del punto entregándolo al director del cuartelazo, don Joaquín Orihuela. Éste había sido comprendido en la capitulación de Puebla [marzo] y pocos días antes de los eventos ahora reseñados, habló con Comonfort manifestándole terminantemente que estaba resuelto a vivir tranquilo en su residencia de la villa de Guadalupe, sin meterse en ninguna cuestión política ni tomar parte en ningún movimiento revolucionario. Sin embargo, un cañonazo disparado a las cuatro de la mañana del día 20 en el fuerte mencionado "anunció a la población aquel nuevo episodio de lucha fratricida", narró el historiador Vigil.³⁹

El general Riva Palacio, quien —como ha indicado doña Clementina Díaz y de Ovando— era más peligroso cuando tomaba la pluma que cuando comandaba un regimiento, también historió el episodio militar que comenzó a perfilar lo que sobrevendría más adelante en los campos de batalla durante la llamada "Gran Década Nacional". Más de un siglo después, ya como parte de la academia que estudia el México decimonónico, Conrado Hernández consideró que la forma como Miguel Miramón sorprendió a la guardia de Palacio, y su extraordinario arrojo en aquellos lances militares a lo largo del mes de noviembre, le proporcionó gran notoriedad entre tirios y troyanos.

El general Orihuela tomó el título de jefe de la División Restauradora de la Religión y los Derechos Sociales; los sublevados llevaron como divisa "una bandera roja con una gran cruz negra en el centro; al pie de la cruz había una calavera y a los lados una inscripción que decía "Soldados valientes. Religión o muerte".⁴⁰

En diecisiete números consecutivos que van del lunes 20 de octubre al 4 de diciembre de 1856, el periódico El Monitor Republicano siguió el desarrollo del alzamiento y la campaña gubernamental para restaurar el orden. En su editorial titulado "Motín frustrado" reseñaba: "los sublevados proclaman el imperio de don Antonio López de Santa Anna y la anulación de la Ley Juárez y de la Ley Lerdo. Orihuela expide una proclama contra herejes y ateos [...] todo hace esperar que el movimiento de Puebla sea pronta y severamente reprimido".⁴¹ En la ciudad de México, a los tres días de haberse sabido del pronunciamiento marcharon hacia Puebla tres mil hombres de todas las armas, con treinta piezas de artillería y las municiones necesarias para una campaña que prometía ser prolongada. El gobierno de Comonfort determinó encargar las operaciones al general Tomás Moreno; los sublevados no llegaron a reunir dos mil hombres, y considerando que no eran capaces de resistir una batalla a campo abierto, se encerraron en la ciudad de Puebla.

La avanzada de la columna gobiernista llegó a San Martín Texmelucan el 25 de octubre al mando del general González Mendoza. Igual que meses atrás, se tomó el importante cerro de San Juan y luego el punto de San Javier; una avanzada a cargo del general Morett apresó soldados y artillería que, de Izúcar de Matamoros, iban a incorporarse a la "revolución" en Puebla. Ello se supo por el espionaje que se hizo en dicha población, donde además Comonfort tenía suficientes contactos e intereses desde los años de 1840. Hacia el día 28, el comandante general informó al gobierno que los sublevados sufrían de abundantes deserciones y que diversos poblados que originalmente se habían unido a la revuelta volvían a la obediencia. En un sentido opuesto existía un pequeño pero importante núcleo que estaba resistiendo su avance. Entre el 30 de octubre y el 5 de noviembre se fue cerrando el sitio en torno a la ciudad de Puebla en dos direcciones: tan cercano como el fuerte de Guadalupe y tan alejado como el poblado de Tepeaca, que fue ocupado por la fuerza del general Félix Zuloaga. Llegados al 16 de noviembre, el general Moreno comunicó al presidente que había tomado a viva fuerza el cuartel e iglesia de San José, San Juan, Santa Mónica y el jardín Tívoli. Con esto, cortaron completamente la comunicación entre los sitiados y los restos de sus fuerzas que estaban afuera de la ciudad. Diez días después el general Mendoza ocupó el convento de la Merced, por la tarde del 2 de diciembre, el general Arteaga tomó la cuadra de la Siempreviva y parte del convento de la Concepción. En la noche del mismo día Orihuela formó una junta de guerra para discutir lo que debía hacerse, sin llegar a ningún acuerdo... en la madrugada habían desaparecido él y Miguel Miramón. Por la mañana del día 4 de diciembre se firmó la capitulación en cuya virtud las tropas del gobierno ocuparon el corazón de la ciudad a las 12 de la noche.

Cuatro días después y cerca del poblado de Atlayontepec, Joaquín Orihuela fue interceptado por una patrulla del general Manuel García Pueblita, quien considerándolo fuera de la ley se dispuso a pasarlo por las armas. Orihuela argumentó que estaba comprendido en la capitulación (sí en la de marzo pero no en la de diciembre) pero que carecía de papeles; su caso fue remitido al cuartel del general Tomás Moreno en Puebla. Éste informó a Pueblita que Orihuela no solamente estaba fuera de la capitulación, sino que había abandonado de una manera vergonzosa a sus compañeros de armas, por lo que ordenó que fuera fusilado el 11 de diciembre. Entretanto el presidente Comonfort ya lo había indultado pero la orden llegó tarde. El general Moreno aceptó toda la responsabilidad en la ejecución basándose en los términos de la rendición en Puebla y su proceder recibió todo el apoyo de la mayoría de los miembros del gabinete y de aquellos diputados que conformaban el ala más radical del Congreso Constituyente. El final que tuvo la revolución y en particular el caso de Orihuela revelaba que se estaba operando un cambio. En el pasado su vida, el grado militar, "el gozo de uniforme y fuero" de los alzados o las fuerzas gobiernistas, ya hubiesen triunfado o se vieran en la derrota, quedaban cubiertos por la capitulación. Poco más de un año después, ya en plena guerra de Reforma, el lugarteniente de Vidaurri, Juan Zuazua, ordenó el fusilamiento de los oficiales conservadores que defendían la plaza de Zacatecas. La prensa en la ciudad de México y en particular los comentarios expresados por el entonces presidente Zuloaga y los generales Miramón y Márquez subrayaron que el norteño les había dado una lección de guerra y que en consecuencia ellos la aplicarían de la misma forma. Las matanzas de Tacubaya de 1859, el posterior fusilamiento de Reyes Pezuela, el final en el cerro de las Campanas y la manera como murieron muchos militares de uno y otro bando, inclusive la del propio Vidaurri, fusilado por la espalda y cuando se entonaba Los cangrejos. Todas estas muertes fueron consecuencias directas del enfrentamiento que desde el fin del santannismo con ribetes militares, religiosos y económicos había dividido a la elite política del país. Aunque Comonfort quiso evitarla, la guerra civil se hubiera verificado con o sin el autogolpe de Estado del 17 de diciembre de 1857. Pero eso es parte de otra discusión.

 

Conclusiones

La última administración de Santa Anna fue el intento de una generación por fundamentar un gobierno fuerte, responsable y que cuidando los intereses de "la gente de bien", como señalara el británico Michael Costeloe, sirviera para que la república entrara a un camino de estabilidad y con ello pudiera desarrollar todas sus potencialidades. Sin embargo, a los pocos meses, con la muerte de Lucas Alamán y la separación de Antonio Haro y Tamariz, el régimen santannista se transformó haciendo de la intolerancia su máxima de gobierno. El despilfarro acompañó a la cerrazón, y las dos, unidas al enfrentamiento personal entre el caudillo veracruzano y el cacique guerrerense Juan Álvarez, fueron las causas para que madurara un levantamiento que, después de un año de revuelta, se transformó en una revolución. Esto quiere decir, un liberalismo radical materializado en la promulgación de la Ley Juárez, que a su vez provocó el alzamiento militar de diciembre de 1855 —la ley de las reacciones señalada por Anselmo de la Portilla—. Como parte de este proceso debe repetirse que, para la joven oficialidad que disfrutó de las mies del despilfarro santannista, la fuga de don Antonio fue motivo de enojo pero sobre todo la manifestación más clara de que una nueva generación de militares de extracción conservadora se estaba conformando; Osollo, Castillo y Miramón, entre otros, sustituyeron a los militares de la generación de tránsito entre siglos que ya había fallecido, como Tornel y Bustamante. Estos jóvenes eran necesarios para los retos que se vislumbraban.

En un segundo punto debe reflexionarse que la primera campaña de Puebla, de marzo de 1856, reunió a lo más florido de la ya mencionada lozana milicia conservadora, la cual no había sido derrotada militarmente por la revolución de Ayutla; también y en un sentido contrario provocó que el gobierno de Comonfort utilizara todos los medios armamentistas, financieros y de administración de justicia, amén de hombres disponibles para combatirla. Ya se han ofrecido los números y se han relatado las operaciones. El régimen tildado de moderado hizo gobierno echando a andar los trabajos del Congreso Constituyente, terminó un estatuto provisional orgánico para autolimitarse en sus poderes y para que Comonfort no se pareciera "al sultán turco o al emperador chino". Su reforma liberal se materializó promulgando una ley que razonaba el trabajo de las impresiones públicas, asimismo promovió innovaciones en el plano de la educación técnica y femenina; se dio a la tarea de negociar el por aquel entonces irresoluble problema del servicio de la deuda externa. No sobra recalcar que la promulgación de la Ley de Desamortización, sin duda la más radical del periodo, creó entre los nuevos propietarios suficientes intereses en México como en el extranjero, los cuales fueron respaldados positivamente por los gobiernos y particulares involucrados en la instalación del Segundo Imperio Mexicano. Sin embargo y en un sentido contrario, la Ley Lerdo contribuyó a que un sector importante de mexicanos y sus directores intelectuales se sintiesen atacados en lo más hondo de su ser; es más, estuvieran convencidos de que combatir militarmente semejante programa de reformas era lo correcto en el plano de lo material como en el de los argumentos religiosos. No reconocerlo sería una parcialidad más y un sesgo interpretativo que sigue sin entender el complejo mosaico ideológico que fue el siglo XIX mexicano y que desgraciadamente la historiografía oficial o la historia reivindicadora del "clericalismo" continúa esgrimiendo.

Cuando por segunda ocasión el régimen de Comonfort acabó por derrotar a los sublevados en Puebla, había pasado un año (diciembre de 1855–diciembre de 1856) caracterizado por enfrentar y liquidar más de una decena de alzamientos a lo largo y ancho del país. También fueron doce meses de enmiendas que en voz del ministro de Fomento, Manuel Siliceo, buscaban la modernización del país. Era materializar un radicalismo que no tenía parangón en las últimas décadas; subrayaba el funcionario que era seguir la reforma que en los diversos órdenes de la vida de la república había diseccionado "el malogrado Mariano Otero".

México en 1856 no era el mismo, los militares de uno y otro bando confiaban menos en el tipo de soluciones santannistas como las de los años cuarenta en tiempos del muchas veces interino Valentín Canalizo. Pero también durante estos doce meses, sin duda alguna, "las revoluciones" igual que las protestas de distinta índole —como la femenina, contraria al artículo constitucional sobre la tolerancia de cultos— empezaron a minar la confianza que sobre las bondades de la reforma liberal creían tener Comonfort y el grupo de sus colaboradores más allegados. Debe recordarse que para inicios de 1857, paulatinamente pero con fuerza empezó a circular el rumor de la necesidad de un golpe de Estado. Para sorpresa de Francisco Zarco, no fue un clérigo, mucho menos un militar de la vieja guardia, quien lo propuso abiertamente, sino El Monitor Republicano, el cual razonó en torno a las ventajas que pudiera tener un gobierno que, como dictadura liberal, no se viera atado en su accionar cotidiano a lo que establecía como norma el texto constitucional. Tres diciembres, el diciembre de 1855, doce meses después y finalmente el diario acontecer entre aquel tacubayista 17 de diciembre de 1857 y el 21 de enero de 1858, fueron tres momentos que revelan un cambio de confianza en torno a la aplicación del proyecto político definido como un liberalismo gradual. El moderantismo era un modo de ver los problemas del país que incluyó el tema militar, aspecto fundamental para que la segunda administración suriana se consolidara. Cuando debido a la generalizada deserción se acabó el gobierno de Comonfort, su desaparición no fue llorada por unos y otros. La polarización, tanto de los liberales como de los conservadores, fue el producto del enfrentamiento político y de la violencia que en términos guerreros caracterizaron el periodo que se desarrolló entre 1858–1867. La radi–calización que se experimentó durante la "Gran Década Nacional" fue resultado directo del lapso histórico entre el militarismo personalista del fin del santannismo y la reforma moderada, gradual, que implementó la segunda administración suriana.

 

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Notas

¹ Enrique Krauze, "La UNAM y el Bicentenario, desvaríos históricos", Letras Libres, 108, diciembre de 2007, p. 26–33.

² Michael J. Turner, The age of unease. Government and reform in Britain, 1782–1832, Gloucester, Sutton, 2000, p. 129.

³ Álvaro Matute, Antología. México en el siglo XIX: fuentes e interpretaciones históricas, México, Universidad Nacional Autónoma de México, 1984 (Lecturas Universitarias, 12), p. 284–286.

⁴ Carta de Miguel Lerdo de Tejada a Antonio López de Santa Anna, 18 de abril de 1853, en Miguel Lerdo de Tejada (1812–1861), México Secretaría de Educación Pública, 1961, p. 19.

⁵ Juan Suárez y Navarro, Historia de México y del general Antonio López de Santa Anna, México, Ignacio Cumplido, 1859; Anselmo de la Portilla, Historia de la revolución de México contra la dictadura del general Santa Anna, 1853–1855, México, Vicente García Torres, 1856; Vicente Riva Palacio, El libro rojo, México, Leyenda, 1946; Justo Sierra, Juárez, su obra y su tiempo, México, Universidad Nacional Autónoma de México, 1977; Carmen Vázquez Mantecón, Santa Anna y la encrucijada del Estado: La dictadura 1853–1855, México, Fondo de Cultura Económica, 1986; Josefina Zoraida Vázquez, "Reflexiones sobre el ejército y la fundación del Estado mexicano", en Juan Ortiz Escamilla, Fuerza militar en Iberoamérica, siglos XVIII y XIX, México, El Colegio de México, 2005; Francisco Zarco, Periodismo político y social, compilación de Boris Rosen, México, Centro de Investigaciones Jorge L. Tamayo, 1982.

⁶ Silvestre Villegas Revueltas, Deuda y diplomacia. La relación México–Gran Bretaña 1824–1884, México, Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas, 2005, p. 66–71.

⁷ En aquellos años Álvarez argumentó que su caballería no pudo moverse debido a "las dificultades del terreno", sin embargo años más tarde en plena revuelta de Ayutla el mismo Álvarez se excusó de ayudar a la tropa de Degollado señalando que no conocía la geografía de Michoacán; es más, durante el decenio 1857–1867 no se atrevió a salir de su feudo suriano. Aunque se desempeñó como un pésimo general, era un cacique de horca y cuchillo.

⁸ Conrado Hernández, Militares conservadores en la Reforma y el Segundo Imperio (1857–1867), tesis para optar por el grado de doctor en Historia, El Colegio de México, 2001, p. 121–126.

⁹ Enrique Serna, El seductor de la patria, México, Joaquín Mortiz, 1999.

¹⁰ Emilio Rabasa, La Constitución y la dictadura, México, Porrúa, 1984, p. 24.

¹¹ Carta de Juan Álvarez a Santa Anna, 16 de febrero de 1854, en Daniel Muñoz y Pérez, El general don Juan Álvarez. Ensayo biográfico seguido de una selección de documentos, México, Academia Literaria, 1959, p. 60–61.

¹² Silvestre Villegas Revueltas, "El sentido revolucionario en Ignacio Comonfort", Omnia. Revista de la Coordinación General de Estudios de Posgrado, v. 4, n. 12, septiembre de 1988, p. 101–107.

¹³ Véase Anselmo de la Portilla, México en 1856 y 1857. Gobierno del general Comonfort, México, Instituto Nacional de Estudios Históricos de la Revolución Mexicana, 1987 (Obras Fundamentales. República Liberal), p. 295–336.

¹⁴ En noviembre de 1855 y antes de abandonar la presidencia, en dos jornadas sucesivas Juan Álvarez concedió los nombramientos de general de Brigada y de División a Ignacio Comonfort por las amplias facultades que le otorgaba el Plan de Ayutla reformado en Acapulco. Sin embargo, en los sucesos de 1856 éste ostentaba su banda de coronel, muy a la napoleónica, a pesar de que a lo largo de su administración en todos los edictos oficiales apareció su nombre acompañado del generalato; así se le vio en tiempos de la Intervención Francesa, aunque Miramón lo siguió considerando el aduanero de Acapulco.

¹⁵ "Comonfort, los moderados y la revolución de Ayutla", en Mario de la Cueva et al., Centenario de la revolución de Ayutla, México, Universidad Nacional Autónoma de México, 1954, p. 303.

¹⁶ José María Lafragua, "Miscelánea Política", Biblioteca Nacional, Fondo Reservado, s/p.

¹⁷ "Ley sobre administración de justicia y orgánica de los tribunales de la federación", 22 de noviembre de 1855, en Manuel Dublán y José María Lozano, Legislación mexicana, México, Imprenta de Comercio, 1877, t. VII, p. 601 y s.

¹⁸ Recomiendo al lector interesado que lea las otras disposiciones legales promovidas durante el gobierno de Comonfort. Se podrá apreciar que la reforma liberal, algunos diríamos suriana, para distinguirla de la proclamada entre 1859–1861, lo mismo incluye a la educación secundaria, la técnica y la femenina que asuntos relativos a los derechos individuales o la pertinencia de una reforma fiscal. Sin embargo, hay que admitir que buena parte de estas disposiciones no se pudo desarrollar por los gastos que contra los alzamientos militares terminaron por arruinar todas las administraciones apellidadas liberales, conservadoras, imperiales, inclusive la primera administración tuxtepecana. El cambio se verificó cuando la república pudo disfrutar de un cuatrienio de paz e inversiones durante el gobierno de Manuel González (1880–1884).

¹⁹ Con la fuga de Santa Anna, el general Juan Soto informaba que "el ejército estaba distribuido en grandes masas, que perdieron instantáneamente su unidad y que, sin centro ni concierto, vagaban en vacilación, sin atrever a contrariar lo que la Nación adoptara". Véase Conrado Hernández, op. cit., p. 130.

²⁰ "Proclama de los señores Antonio Montes Velásquez y Tomás Mejía a sus conciudadanos", 2 de diciembre de 1855, en Genaro García, Documentos inéditos o muy raros para la historia de México. Los gobiernos de Álvarez y Comonfort según el archivo del general Doblado, México, Porrúa, 1974 (Biblioteca Porrúa, 56), p. 434–435.

²¹ Ibidem, p. 428–433.

²² Ibidem, p. 437.

²³ Carta de Manuel Siliceo a Manuel Doblado, 22 de diciembre de 1855, ibidem, p. 456–457.

²⁴ Carta de Juan Álvarez a Manuel Doblado, 20 de diciembre de 1855, ibidem, p. 467–469.

²⁵ El Cronista de México, 9 de octubre de 1863, Hemeroteca Nacional, Fondo Reservado.

²⁶ José María Vigil, México a través de los siglos. La Reforma, edición facsimilar, México, Cumbre, t. IX, p. 102–128; p. 185–200.

²⁷ Ibidem, p. 106.

²⁸ Memoria del Ministerio de la Guerra, 1857, p. 11, nota 84, en Conrado Hernández, op. cit., p. 138.

²⁹ Jan Bazant, Antonio Haro y Tamariz y sus aventuras políticas 1811–1869, México, El Colegio de México, 1985, p. 120.

³⁰ El Heraldo, 30 de marzo de 1856, Hemeroteca Nacional, Fondo Reservado.

³¹ Florencio M. del Castillo, editorialista en El Monitor Republicano (31 de marzo de 1856), reflexionó sobre las implicaciones de la revuelta clérico–militar cuando ésta se encontraba en su apogeo: "Si en todo tiempo un motín que viniese a alterar sin causa legítima, sin objeto noble, la tranquilidad pública sería un crimen, hoy el delito es mucho mayor, es de lesa–nación, es un acto traidor, porque viene a impedir el progreso y el desarrollo de la república en los momentos mismos en que acaba de reunir sus fuerzas todas para emplearlas en conquistar el porvenir que el cielo le tiene destinado y que tantas veces ha parecido huir de ella [...] Ya otras veces hemos expuesto que la cuestión que hoy está por resolver es nada menos que el resultado, no sólo de todos nuestros esfuerzos por constituirnos, sino de la gran revolución jamás suficientemente apreciada de 1810", Hemeroteca Nacional, Fondo Reservado.

³² José María Lafragua, op. cit., s/p.

³³ Jan Bazant, Los bienes de la Iglesia en México, México, El Colegio de México, 1984, p. 51.

³⁴ Ibidem, p. 123; véase también Silvestre Villegas Revueltas, "Los obispos y la Reforma liberal", Metapolítica, v. 6, n. 22, marzo–abril de 2002, p. 90–103.

³⁵ Véase la redacción del artículo 123 de la Constitución Federal de 1857. Los conservadores señalaron que el texto constitucional sancionaba la libertad de creencias por la omisión que se hacía en torno al tema. La disposición del tiempo de Comonfort era la etapa intermedia, entre la intolerancia religiosa de la Constitución de 1824 y la libertad de credos establecida en el texto constitucional del México revolucionario de 1917.

³⁶ Para mayor información acerca de las reclamaciones inglesas, consúltense los estudios de Francisco Bulnes (La deuda inglesa. Artículos publicados en el periódico El Siglo Diez y Nueve), Alfred Tischendorf, ("The Anglo–Mexican claims comission, 1884–1895", Hispanic American Historical Review), D. C. M. Platt (Finance, trade and politics in British foreign policy, 1815–1914) y Michael Costeloe (Bonds and bondholders. British investors and Mexico's foreign debt, 1824–1888). Para el caso de la deuda española, véase el libro de Antonia Pi–Suñer, La deuda española en México. Diplomacia y política en torno a un problema financiero, 1821–1890, y en torno a los Estados Unidos vale la pena leer los textos de Marcela Terrazas, como el libro colectivo editado con Ana Rosa Suárez, Política y negocios: ensayos sobre la relación entre México y los Estados Unidos, México, Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas/ Instituto de Investigaciones Doctor José María Luis Mora, 1997. Finalmente, por lo que se refiere a Francia, el artículo de Genevieve Gille, "Los capitales franceses y la expedición a México", en Ludlow Leonor y Carlos Marichal, Un siglo de deuda pública en México, México, Instituto de Investigaciones Doctor José María Luis Mora, 1998, ofrece un punto de vista valioso.

³⁷ La autonomía conque se manejaba Vidaurri le sirvió al propio Ignacio Comonfort cuando después de la guerra de Reforma y ya en plena Intervención Francesa decidió regresar a México. Pidió y obtuvo de don Santiago protección frente a las demandas del gobierno de Benito Juárez para que lo remitiera a la capital y se le juzgase por el golpe de Estado de diciembre de 1857. Vidaurri no lo entregó, lo nombró comandante militar de Tamaulipas.

³⁸ José María Vigil, op. cit., p. 187.

³⁹ Ibidem, p. 189–190.

⁴⁰ Conrado Hernández, op. cit., p. 141–142.

⁴¹ Año XI, tercera época, n. 344, p. 3, Hemeroteca Nacional, Fondo Reservado.

 

Información sobre el autor

Silvestre Villegas Revueltas, mexicano, es doctor en Historia por la Universidad de Essex, Reino Unido; investigador de tiempo completo en el Instituto de Investigaciones Históricas, así como profesor en la Facultad de Ciencias Políticas y del Posgrado en Historia, en la Facultad de Filosofía y Letras, UNAM. Especialista en temas del siglo XIX mexicano y del contexto internacional, actualmente estudia sobre tolerancia religiosa, la condición de los mexicano–americanos en Texas y los tratados comerciales entre México y diversos países a finales del 1800. Entre sus publicaciones están: Benito Juárez y Jesús González Ortega: una polémica histórica (INHERM, 2009); "Los intereses británicos en México y su nexo con la reforma liberal", en Las leyes de Reforma a 150 años de su expedición (UNAM, 2010); "Los protestantes. Un tercero en discordia en la discusión entre liberales y conservadores sobre la tolerancia religiosa durante el gobierno de Manuel González (1880–1884)" en Cultura liberal México y España 1860–1930, (Universidad de Cantabria, 2010).