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En enero de 1939, el republicano estadounidense John Q. Tilson, antiguo líder de la mayoría parlamentaria en la Cámara de Representantes, pronunció un discurso a favor de vender armas al gobierno de la República española. Para refutar los presuntos peligros de un eventual levantamiento del embargo estadounidense de armas contra España, Tilson invocó el ejemplo del país vecino:
(…) una república a nuestro sur ha estado enviando municiones a España, de manera abierta y fundamentándolo en obligaciones reconocidas por el derecho internacional. Aun así, a México no lo ha amenazado con la guerra ni Franco, ni Hitler, ni Mussolini. Sabemos que México es mucho más vulnerable a un ataque por parte de las potencias fascistas que los Estados Unidos. ¿Es verosímil que las potencias fascistas que no osan ni abroncar a México cuando envía armamento a España se alzarán e irán a la guerra contra los Estados Unidos si hacemos lo mismo?1
La referencia de Tilson a México resulta muy significativa. Como es bien sabido, las actitudes de Cárdenas y Roosevelt ante la Guerra Civil Española o Guerra de España (1936-1939)2 fueron notablemente divergentes. Mientras el gobierno de México aportó ayuda militar, diplomática y humanitaria a favor de la República española, Washington cortó el suministro de armas con el gobierno reconocido de España -primero, a través de un embargo moral,3 y luego, a partir de enero de 1937, dándole una forma legal ad hoc-.4 De cara al público, la Administración Roosevelt justificó su política hacia la España en guerra como la consecuencia lógica de su voluntad de no intervenir en los asuntos de otro país. En los medios diplomáticos, Washington también apeló a la conveniencia de no interferir con los esfuerzos diplomáticas de las potencias europeas. Entre las causas del embargo estadounidense, se suele destacar la popularidad del aislacionismo entre la población, el seguidismo hacia el Foreign Office británico entre la élite diplomática estadounidense y la importancia del voto católico urbano en el seno de la coalición electoral del New Deal. Menos conocido es el papel de América Latina en los intensos debates, dentro y fuera de la Administración Roosevelt, sobre la conveniencia de cancelar el embargo y retomar el tráfico de armas con la República española. La importancia de la dimensión americana de la política española de la Administración Roosevelt tiene que ver con la percepción de indicios de penetración fascista en las Américas, sobre todo a partir del autogolpe de Estado de Vargas en Brasil en el otoño de 1937. El dinamismo de Berlín y Roma en el continente americano fue interpretado en Washington como un desafío a lo que, hasta entonces, había constituido el mayor éxito de la política exterior de la Administración Roosevelt: la Política del Buen Vecino hacia América Latina; es decir, la mejora de las relaciones diplomáticas interamericanas y la actualización de la Doctrina Monroe a partir de un mayor respeto formal a la soberanía nacional de las repúblicas del continente.5 A lo largo de 1937, se empezó a temer que, en caso de una victoria militar franquista, Alemania e Italia podrían intentar repetir en América Latina el mismo modelo de intervención que habían ensayado contra la República española, con la fuerza adicional de un régimen fascista aliado en España con voluntad de explotar los fuertes lazos culturales y lingüísticos entre la antigua metrópolis y sus excolonias.6
Más que ningún otro país, México fue el centro de los temores de Washington sobre una eventual repetición del ejemplo español en el hemisferio occidental.7 El estudio de las influencias cruzadas en las respectivas actitudes hacia la España en guerra puede aportar una perspectiva útil para mejorar nuestra comprensión de las relaciones bilaterales entre México y Estados Unidos en este momento histórico y, en un sentido más amplio, para entender la evolución del pensamiento estratégico estadounidense en el periodo anterior a la Segunda Guerra Mundial.
México ante el conflicto español
En el verano de 1936, México era un país que, en el terreno internacional, sufría un preocupante aislamiento diplomático. Por toda América Latina, las numerosas dictaduras derechistas veían al régimen mexicano con desconfianza. Sus relaciones con la vecina Guatemala se habían deteriorado mucho por culpa del asesinato de unos guatemaltecos en el estado mexicano de Campeche en 1930, el mismo año en el que México rompió con la Unión Soviética. Por otra parte, si bien las relaciones con el gigante estadounidense eran notablemente mejores que veinte años atrás, las bases de esta progresiva mejoría seguían siendo precarias. En cambio, los vínculos entre los revolucionarios mexicanos y los republicanos españoles de izquierdas parecían muy sólidos. La amistad venía de lejos. Prueba de ello es que la Constitución de la II República española estaba parcialmente inspirada en la Constitución mexicana de 1917 y que, en 1931, el primer jefe de la diplomacia republicana española, Alejandro Lerroux, ayudó a México a ingresar a la Sociedad de Naciones.8
Cuando estalló la guerra en España, el presidente Cárdenas se encontraba de gira por el estado de Coahuila. La primera reacción oficial mexicana fue un comunicado del partido gobernante, el Partido Nacional Revolucionario, aparecido el 19 de julio. El Partido Nacional Revolucionario se solidarizaba con el gobierno republicano español y trazaba paralelismos entre la insurrección militar española y el golpe de estado contra el líder democrático mexicano, Francisco I. Madero, de 1913.9 El apoyo militar del gobierno mexicano no tardó en llegar. En un primer momento, se trató de auxiliar al gobierno republicano español en tareas de intermediación para la compra de armamento. Muy pronto, México decidió proporcionar un apoyo militar más directo. El 10 de agosto de 1936, Cárdenas escribió en su diario que había ordenado el traslado al puerto de Veracruz de veinte mil fusiles Mauser de 7 mm y veinte millones de cartuchos del mismo calibre.10 México se convertía así en el primer país que ayudaba abiertamente a la España republicana a hacer frente a la insurrección militar.
Sin embargo, a pesar de la buena predisposición del gobierno de Lázaro Cárdenas y el activismo audaz del embajador español, Félix Gordón Ordás, la industria mexicana no disponía de un sector armamentístico propio capaz de satisfacer la demanda republicana. Como intermediario, en cambio, México se encontraba en una posición privilegiada para llamar a la puerta de uno de los grandes productores mundiales de armamento. Las solicitudes a Washington para actuar como mediador comercial empezaron, pues, muy pronto, en el mismo verano de 1936. La respuesta del Departamento de Estado fue inequívocamente negativa.11
A pesar de la claridad con la que la diplomacia estadounidense había rechazado peticiones anteriores, la tenacidad de Gordón Ordás tendría que provocar algunos problemas entre Washington y México. La fricción más importante ocurrió en el mes de enero de 1937 y se entrelazó con la controversia que motivó la legalización del embargo de armas contra España. El uno de enero apareció una información en The New York Times según la cual el vapor español Motomar tenía instrucciones de embarcar aviones norteamericanos desde el puerto mexicano de Veracruz. Los aviones habían sido comprados originalmente por una pequeña compañía aérea mexicana y después habrían sido revendidos a la embajada española en México.12 En cualquier caso, el principal problema no era legal, sino político y diplomático, ya que, tal y como reconocieron los altos responsables del Departamento de Estado, con la legislación vigente, no había manera de impedir que los mexicanos compraran y revendieran armamento.13 Para evitar que México se convirtiera en el coladero que invalidara el embargo de armas contra España, a Washington solo le quedaba el recurso de amenazar al gobierno mexicano con la interrupción del comercio de armas entre los dos países vecinos.14 Ante las presiones de la Casa Blanca, Cárdenas nunca quiso poner en riesgo sus relaciones con Estados Unidos por la cuestión de España. Más allá de algunos casos aislados, el gobierno mexicano cumplió con su promesa inicial de no llevar a cabo tareas de intermediación sin el consentimiento del país de fabricación.15
En la arena diplomática internacional, el activismo mexicano a favor de la República española se articuló de manera coherente y persistente a lo largo de toda la guerra, especialmente en la Sociedad de Naciones. Habiendo quedado atrás el rechazo inicial por no haber sido invitados y por la inclusión de la Doctrina Monroe en el artículo 21 de su pacto fundacional, la pertenencia al organismo internacional con sede en Ginebra constituía un instrumento diplomático muy valorado por el gobierno de Cárdenas.16 Los responsables de la política exterior mexicana aprovecharon esta tribuna como un amplificador para agitar la bandera del derecho internacional en casos como la invasión italiana de Etiopía y la desaparición de Austria como Estado independiente tras el Anschluss.17 Fue, sin embargo, con ocasión de la guerra de España cuando la diplomacia mexicana expresó con más fuerza su propósito de aplicar los principios de la Sociedad de Naciones como freno al expansionismo fascista.
A finales de septiembre de 1936, cuando la Sociedad de Naciones trató la cuestión española y se decidió por dar apoyo al Comité de No Intervención, el delegado mexicano, Narciso Bassols, mostró su disconformidad.18 A principios de 1937, Bassols fue sustituido por Isidro Fabela. El veterano diplomático mexicano continuó la tarea de su predecesor en la defensa de la República española y su derecho legal a proveerse de material militar en el exterior para sobrevivir.19 Los objetivos de la delegación mexicana en la Sociedad de las Naciones se vieron torpedeados por la evidente simpatía profranquista de buena parte de los gobiernos latinoamericanos. Serían precisamente estos gobiernos, liderados por la delegación chilena y escudados en la crisis de los refugiados en las embajadas de Madrid, los que se destacaron en la lucha por evitar la reelección de la República española en el Consejo de la Sociedad de las Naciones en otoño de 1937, a pesar de los esfuerzos de la diplomacia mexicana en sentido contrario.20
Junto con la defensa de la España republicana en Ginebra, en varias ocasiones la diplomacia mexicana también intentó involucrar a los Estados Unidos como mediador diplomático en el conflicto español.21 Washington siempre se negó.22 En una ocasión, el embajador mexicano en los Estados Unidos, Francisco Castillo Nájera, quiso señalar que el interés de México en un esfuerzo diplomático conjunto no se debía únicamente a su voluntad de atenuar la desgracia en España, «sino también por su sincera intención de definir para el futuro hasta qué punto su posición internacional coincide con una correcta aplicación de los postulados esenciales del derecho internacional».23
Tal y como insinuaba sutilmente Castillo Nájera, las reiteradas negativas de la Administración Roosevelt a las peticiones de la diplomacia mexicana se explican por discrepancias políticas que iban más allá del conflicto español. De hecho, tanto México como Estados Unidos apelaban al mismo concepto diplomático -la no intervención-, pero sus diferencias interpretativas en el caso español parecían insalvables. Desde el inicio del conflicto, Cordell Hull había invocado la interpretación estadounidense sobre el principio de no intervención aprobado en la Conferencia Panamericana de 1933 en Montevideo para justificar la negativa de su país a vender armas a España.24 Para el presidente mexicano, en cambio, negarse a colaborar «con las autoridades constitucionales de un país amigo» en su intento de sofocar una revuelta interna con apoyo internacional no era un ejercicio de neutralidad, sino, por el contrario, una forma de intervención favorable a los rebeldes y a los agresores.25 Las diferencias entre Estados Unidos y México quedan bien reflejadas en la interpretación de un importante tratado interamericano. En una carta del 17 de mayo de 1937, Isidro Fabela escribía a Lázaro Cárdenas desde Ginebra, explicando el razonamiento legalista que defendía para el caso español. Aparte del Pacto de la Sociedad de las Naciones, Fabela también se apoyaba en la Convención sobre Derechos y Deberes de los Estados En Caso de Luchas Civiles, suscrita en La Habana en 1928 por veintiún gobiernos americanos. Los gobiernos firmantes se comprometieron a permitir el tráfico de armas y de material de guerra con los gobiernos del continente -no así con los rebeldes- que estuvieran inmersos en una lucha civil. Fabela consideraba que, aunque España no podía reclamar los beneficios de un tratado que no había firmado, la diplomacia mexicana tenía que extender su aplicación a otras zonas del mundo ya que «(…) para conseguir el propósito universal de establecer una jurisprudencia internacional, precisa cada Estado uniforme su conducta exterior».26
Isidro Fabela no fue el único que pensó en la conveniencia de aplicar a España el tratado aprobado en La Habana en 1928. Tal y como recordaba Phillip C. Jessup, profesor en la Columbia Law School y especialista en derecho internacional, la Administración Hoover ya había aplicado la Convención de La Habana durante la revolución brasileña de 1930. Para Jessup, el problema español se explicaba, en gran parte, por la ausencia de un tratado similar entre las potencias europeas.27 A finales de diciembre de 1936, el dirigente socialista Norman Thomas escribió al presidente Roosevelt para hacerle llegar su oposición a la inminente legalización del embargo de armas contra España, utilizando el ejemplo latinoamericano como argumento: «Como usted sabe muy bien, en este hemisferio ha habido precedentes en la negativa a permitir que los ciudadanos norteamericanos proporcionaran armas a los sublevados contra un gobierno elegido democráticamente, a la vez que permitían que el gobierno realizara las compras necesarias».28 Un mes después, Roosevelt le contestó reconociendo «que nuestra política en este hemisferio ha sido, con frecuencia, la de permitir la exportación de armas a los gobiernos establecidos y negarla a los grupos insurgentes». Sin embargo, Roosevelt consideraba que para los países fuera del hemisferio occidental, Estados Unidos no estaba obligado por ningún tratado internacional a actuar de la misma manera.29
La diferente concepción de Fabela y Roosevelt sobre la aplicabilidad de la Convención de La Habana al caso español revela claramente sus diferencias en política exterior. Tanto la diplomacia mexicana como la estadounidense coincidían en destacar las relaciones interamericanas como un ejemplo para el resto del mundo. Ahora bien, cuando se trataba de extender la aplicación de un tratado interamericano a un conflicto europeo, la Administración Roosevelt se echaba para atrás. Mientras México apelaba a la Convención de La Habana con la convicción de que la extensión de los tratados interamericanos en el resto del mundo favorecería la causa del derecho internacional, los Estados Unidos demostraban los límites que atribuían al «ejemplo interamericano». A diferencia de México, lo que en realidad estaba proponiendo la diplomacia estadounidense con la Política del Buen Vecino no era un modelo de relación entre todos los países, independientemente de su fuerza y ubicación. Para Washington, su política latinoamericana era, sobre todo, un ejemplo de liderazgo regional. La lección que la Administración Roosevelt quería divulgar era clara: si las grandes potencias europeas trataran a sus respectivas áreas de influencia con el mismo respeto formal que los Estados Unidos, el mundo no tendría que vivir con la insufrible ansiedad de estar bordeando el precipicio de una confrontación bélica general.
Sin embargo, la defensa mexicana del derecho internacional tampoco se debe entender como la cruzada quijotesca de un gobierno inmaculadamente subordinado a principios políticos de gran nobleza. A fin de cuentas, la generosidad de los mexicanos con la España republicana resultaba coherente con los intereses estratégicos de México. La defensa intransigente del derecho internacional y del respeto escrupuloso a la soberanía nacional, así como la apuesta por la seguridad colectiva para hacer frente a los agresores, satisfacían la necesidad mexicana de un marco de relaciones internacionales que proscribiera la agresión imperialista contra las naciones militarmente vulnerables.30 Más allá de una sincera demostración de solidaridad democrática, para el gobierno de Cárdenas, concentrado en la búsqueda de una vía de desarrollo económico autóctono, la causa de la República española ofrecía la oportunidad de aleccionar al mundo sobre los peligros de la persistencia del imperialismo en el siglo XX. En el caso concreto de la Sociedad de las Naciones, Fabela también veía en el conflicto español una oportunidad para movilizar a las naciones pequeñas en una causa común.31 Para ser creíble y eficaz, la denuncia de las agresiones contra el derecho internacional por parte de la diplomacia mexicana no podía hacer excepciones en función de simpatías ideológicas. En este sentido, la imparcialidad del gobierno de Cárdenas quedó acreditada por su condena a la invasión soviética de Finlandia de 1939 y por el mantenimiento de relaciones diplomáticas con el gobierno polaco en el exilio.32
La defensa de la soberanía nacional y del derecho internacional que llevaba a cabo la diplomacia cardenista no se producía en el vacío. En la primavera de 1938, a pesar de las promesas de no intervención militar incluidas en la Política del Buen Vecino de la Administración Roosevelt, México tenía serios motivos para temer algún tipo de conflicto con su vecino del norte por culpa del contencioso entre el gobierno mexicano y las petroleras extranjeras.
Petróleo, seguridad nacional y el «Franco mexicano»
A finales de los años treinta, México acarreaba una notable decadencia como potencia petrolera.33 A pesar del declive respecto a la década anterior, el petróleo mexicano seguía siendo un negocio muy rentable para las compañías petroleras extranjeras establecidas en el país. El 18 de marzo de 1938, cuando el mundo tenía su mirada en la reciente desaparición de Austria como estado independiente, el presidente Cárdenas anunciaba la nacionalización del petróleo mexicano. Su trascendencia histórica resulta innegable. Tal y como afirmó el historiador Clayton R. Koppes: «Por primera vez un país del bloque que acabaría siendo conocido como el tercer mundo había tomado el control de un sector básico de la economía en manos del centro capitalista».34
Desde el principio, España jugó un papel indirecto en el conflicto entre Estados Unidos y México por la cuestión petrolera. Ya en julio de 1938, Cárdenas pensó que la España republicana podría hacer alguna contribución técnica:
A mi gobierno toca encauzar el desarrollo de la industria petrolera en manos de los mexicanos, y a conseguirlo pondré todo mi esfuerzo. Posiblemente España pueda ayudarnos pignorando nuestro petróleo. Interesa esto a todos los pueblos de Hispanoamérica. Si México se viera abandonado en la lucha contra el capitalismo imperialista, se extinguiría aquí por hoy la democracia político-económica que empieza a nacer en los pueblos de América, y esto perjudicaría seriamente a la España republicana. Escribí al señor Presidente Azaña.35
El vínculo entre la lucha del gobierno mexicano por la soberanía económica y el combate del gobierno republicano español contra las potencias fascistas europeas no pasó desapercibido para los publicistas del régimen mexicano.36 Tampoco faltaron reflexiones sobre las consecuencias de la nacionalización del petróleo en la política exterior. A partir de entonces, el petróleo podía convertirse en una nueva arma del gobierno mexicano para apoyar a gobiernos afines y para frustrar agresiones por parte de las grandes potencias.37 En su mensaje del 18 de marzo, desde Palacio Nacional, el propio Cárdenas ya había enfatizado que «nuestra expropiación petrolera no se apartará un solo ápice de la solidaridad moral que nuestro país mantiene con las naciones de tendencia democrática». La expropiación, según Cárdenas, también debía entenderse como una medida contra aquellos «grupos» que pretendían entregar el petróleo mexicano «al mejor postor, sin tomar en cuenta las consecuencias que tienen que reportar las masas populares y las naciones en conflicto».38
Por su parte, el gobierno mexicano informó al embajador Daniels sobre su preferencia por vender el petróleo expropiado a las naciones democráticas -especialmente, Gran Bretaña y Estados Unidos- y su reticencia a colocarlo en los mercados de las potencias fascistas.39 Después del boicot efectivo del gobierno británico y del Banco de Inglaterra a una primera tentativa para vender petróleo crudo en el Reino Unido,40 Cárdenas mandó al subsecretario de Hacienda, Eduardo Villaseñor, a la España republicana en agosto de 1938 para «tratar de obtener un crédito del gobierno español, que podría ser garantizado con petróleo almacenado en México y del que podría disponer la República Española cuando quisiera». Tras constatar la incapacidad de los republicanos españoles para participar en un acuerdo económico de estas características, Villaseñor abandonó Barcelona -en aquel momento, capital de la República- para dirigirse a París, donde le esperaba un nuevo fracaso negociador.41
Por otra parte, el gobierno mexicano estuvo muy alerta ante la reacción de las compañías expropiadas. En su desesperación, se las consideraba capaces de cualquier cosa, incluso de aliarse con las potencias fascistas para impulsar una insurrección militar local que siguiera el ejemplo español. La sospecha podía estar razonablemente fundada por el papel de la industria petrolera en el conflicto español. Las ventas ilegales a crédito de Texaco al bando franquista habían obligado a la Administración Roosevelt a sancionar a la compañía con una multa de veinte mil dólares.42 Menos conocido es el hecho de que, junto con Texaco, las compañías Shell, Standard of New Jersey y Atlantic Refining Company hicieron negocios con los insurgentes españoles por un total de 20 millones de dólares.43
Entre los militares mexicanos, no faltaban posibles aspirantes a interpretar el papel de Franco mexicano. El general Saturnino Cedillo era -a ojos del gobierno mexicano y de numerosos observadores internacionales- el candidato más probable. Cacique de San Luis Potosí, Cedillo había dado un apoyo decisivo a Lázaro Cárdenas cuando este rompió con Plutarco Elías Calles en 1935 y formó parte de su gobierno como secretario de Agricultura hasta agosto de 1937, cuando se forzó su salida del cargo a raíz de un conflicto estudiantil en la Escuela Nacional de Agricultura de Chapingo.44 Un manifiesto firmado por el entonces gobernador de San Luis Potosí, Mateo Hernández Netro, y fechado el 15 de mayo de 1938, casi dos meses después del anuncio de nacionalización del petróleo, animaba al pueblo de México a sumarse, bajo el liderazgo de Saturnino Cedillo, a una rebelión armada contra Cárdenas. Entre los principales motivos, el manifiesto acusaba al gobierno de llevar a cabo una política agraria de estilo soviético. También mostraba su oposición a la expropiación petrolera por tratarse de un acto «antieconómico, antipolítico y antipatriótico».45
Desde el principio, la rebelión de Cedillo motivó muchas especulaciones sobre sus posibles instigadores extranjeros. El asesor militar de Cedillo, Ernst Von Merck, era un alemán con buenas relaciones con la embajada nazi en México.46 El propio Saturnino Cedillo mandó a uno de sus representantes, Nicolás Rodríguez, exlíder de los Camisas Doradas, a solicitar ayuda financiera a las petroleras a cambio de cancelar la expropiación e incluso anular el artículo 27 de la constitución.47 Los planes de Cedillo contaban, de hecho, con la simpatía de buena parte de la comunidad empresarial estadounidense afincada en México. Según recordaba unos años más tarde un empleado de la embajada norteamericana en la capital mexicana, muchos hombres de negocio norteamericanos animaron al cacique potosino a sublevarse. A la embajada estadounidense habían acudido militares próximos a Cedillo para preguntar si los Estados Unidos abrirían la frontera para el tráfico de armas en caso de que el gobierno mexicano expropiara el petróleo.48 Sin duda, la clave del éxito de una revuelta militar contra Cárdenas dependía en gran parte de la respuesta de la Administración Roosevelt ante la nacionalización del petróleo mexicano. ¿Priorizaría Washington la buena relación diplomática con México o, por el contrario, daría carta blanca para que las petroleras defendieran sus intereses en la forma que creyeran conveniente? ¿Qué futuro le esperaba a la Política del Buen Vecino?
En un primer momento, la reacción oficial estadounidense al anuncio de nacionalización había sido bastante contundente. La principal medida de presión efectiva fue la suspensión temporal del programa de compras mensuales de plata mexicana por parte del Departamento del Tesoro.49 Los editorialistas de El Universal denunciaron el acto como «una intervención no por indirecta, menos efectiva», mientras que los del Excelsior criticaron las pretensiones amistosas de la diplomacia estadounidense: «Esto no es una política de “buen vecino”, ciertamente. Es la política del acreedor fuerte que trata de atar de pies y manos a su deudor, para incapacitarlo, para que materialmente no pueda pagar».50 A la presión económica, se le sumaron los mensajes diplomáticos. En reunión con el embajador mexicano, el Subsecretario de Estado, Sumner Welles, calificó la política del gobierno mexicano como «absolutamente suicida». Según Welles, los mexicanos no podrían operar la industria petrolera salvo a precios inferiores al costo de producción. El diplomático estadounidense sugería que Cárdenas anulara el decreto de expropiación con el argumento de que, al fin y al cabo, las compañías petroleras serían capaces de pagar mejores sueldos a los trabajadores que los que se podrían llegar a cobrar bajo una empresa nacionalizada.51 A pesar del duro lenguaje empleado por Sumner Welles, fue una protesta formal del jefe de la diplomacia estadounidense, Cordell Hull, lo que hizo pasar las relaciones entre México y los Estados Unidos por un momento de grave tensión. El embajador Daniels, quien tenía una fuerte simpatía por el proyecto social del cardenismo, intentó salvar la situación. Consciente de que la nota del Secretario de Estado de 26 de marzo de 1938 era excesivamente agresiva -ponía en duda la promesa mexicana de una eventual compensación-, se tomó la libertad de aconsejar a sus colegas mexicanos de considerar la nota de Hull como «no recibida». De esta manera, Daniels evitó que el gobierno de Cárdenas rompiera relaciones diplomáticas con Estados Unidos.52
El debate sobre los efectos geopolíticos de la nacionalización del petróleo mexicano trascendió muy pronto los círculos diplomáticos. El analista D. Graham Hutton, miembro de la redacción de The Economist, aseguraba que la futura actitud de países como Venezuela y Argentina con respecto a la inversión extranjera estaría directamente condicionada por el resultado del conflicto diplomático con México. También daba credibilidad a las acusaciones que apuntaban a las potencias fascistas como cómplices de la revuelta de Cedillo y temía que, como resultado del conflicto, México cambiara radicalmente su política exterior, lo que «constituiría el más grave de los problemas para su gran “buen vecino” del norte».53 En Current History, el periodista Carleton Beals advertía de las nefastas consecuencias de subordinar los intereses de la política exterior de los Estados Unidos en México a los de las grandes compañías petroleras en detrimento de «nuestras políticas comerciales más amplias e, incluso, de la futura seguridad nacional de nuestro país».54
En Washington, las informaciones que llegaban sobre la revuelta de Cedillo resultaban contradictorias. El gobernador demócrata del estado petrolero de Texas, James V. Allred, escribió al presidente Roosevelt para felicitarlo por la suspensión de las compras de plata mexicana y para exigirle mano dura contra los mexicanos. De la trayectoria de Saturnino Cedillo en San Luis Potosí, afirmó: «No ha permitido la persecución de la iglesia. No ha permitido expropiación de tierras. No está en sintonía con estas políticas; sin embargo, tiene el estado más próspero de la unión mexicana».55 El embajador Daniels, en cambio, advertía de los peligros de seguir el criterio político de los capitalistas estadounidenses establecidos en México. Daniels creía que la mayoría de ellos apostaba por la ruptura de relaciones diplomáticas y por el libre comercio de armas con los sublevados: «Con tal de ganar dinero para ellos mismos, parecen indiferentes a las preocupaciones de otros negocios o a la Política del Buen Vecino en la que nosotros creemos tanto».56
La respuesta de la Administración Roosevelt ante una revuelta armada en México presumiblemente instigada por las petroleras extranjeras no era del todo previsible. A pesar de las intenciones proclamadas en la Política del Buen Vecino y de los gestos diplomáticos que hasta entonces le habían dado credibilidad, la envergadura del desafío mexicano invitaba a justificar una excepción o incluso a replantear el conjunto de la política exterior de la Administración Roosevelt, marcando una línea roja que evitara un contagio de iniciativas nacionalizadoras en la región. La Standard Oil Company ya había comunicado al Departamento de Estado que la importancia de la expropiación no se debía al «aspecto puramente mexicano del asunto» sino «a sus efectos en otros países».57 Cordell Hull compartía esta visión. Tal y como le advirtió al embajador mexicano en Washington: «Cuando un gran país como México establece una política de apoderarse de la propiedad sin ningún plan o propósito serio de hacer el pago razonable, enseguida se enterarían todos los países y tendría el efecto inevitable de destruir la Política del Buen Vecino, especialmente en este hemisferio».58
Los movimientos anticardenistas colocaban, pues, a la Administración Roosevelt en un complicado dilema. Por una parte, se trataba de movimientos -especialmente, el de Cedillo- que prometían proteger los intereses del capital norteamericano en México. Sin embargo, estos mismos movimientos parecían estar influidos por el ejemplo de los fascismos europeos.59 A su vez, la diplomacia mexicana entendía el dilema de los norteamericanos y trataba de persuadirlos para que situaran la cuestión del petróleo en el marco más amplio de la profunda crisis de las relaciones internacionales. Un buen ejemplo del argumentario mexicano es un discurso de Alejandro Carrillo, líder sindicalista de la Confederación de Trabajadores de México, pronunciado el 8 de julio de 1938, en el Institute of Public Affairs de la Universidad de Virginia. Carrillo ejercía de emisario del gobierno mexicano en los Estados Unidos. Como él, una veintena de líderes sociales, académicos, religiosos y sindicales habían sido enviados a los Estados Unidos con la misión de contrarrestar la propaganda anticardenista de la industria petrolera, a través de conferencias y mesas redondas.60 Para el dirigente sindical mexicano, la vinculación entre las petroleras y el fascismo era un hecho evidente. Después de recordar la penetración nazi en varios países de América Latina, Carrillo planteaba una reflexión sobre la política de alianzas de Washington:
Permitidnos recordar al pueblo de los Estados Unidos que un México democrático es, sin duda, un mejor y más sincero vecino que un México fascista. Si los cárteles petroleros y sus aliados consiguieran empujar a mi país al borde del caos, quizás no Cedillo, pero cualquier otro instrumento del mismo tipo puede servir a su propósito de enviar a México a la Edad Media, destruyendo el poder adquisitivo de la población de nuestro país, el 50% de cuyas importaciones provienen de los Estados Unidos. (…) En cualquier caso, México luchará; y si el drama de España se repite en nuestro país, tendremos una mejor oportunidad de salir victoriosos contra las fuerzas más oscuras de la reacción y el imperialismo que la que hasta ahora ha tenido la traicionada democracia española.61
Utilizar el ejemplo español para hacer entender la necesidad de un pacto sobre la cuestión petrolera tenía sentido. De esta manera, el cardenismo podía amortizar la gran simpatía y admiración que despertaba entre amplios círculos del liberalismo norteamericano, que veían su programa de reformas como la versión mexicana -y, en algunos sentidos, más avanzada- del New Deal. Para este sector de la sociedad norteamericana, el gobierno mexicano se había ganado unas innegables credenciales antifascistas en su ayuda aparentemente desinteresada y casi en solitario a favor de la República española.62 No solo los militantes e intelectuales de izquierda tenían en mente el vínculo entre la España republicana y el México cardenista. El propio presidente Roosevelt, en una rueda de prensa celebrada en abril de 1938, se sirvió del poder pedagógico de España y su similitud con México para alertar sobre los peligros que acechaban a Estados Unidos: «Imagine que algunos gobiernos extranjeros, gobiernos europeos, fueran a hacer en México lo que hicieron en España. Imagine que organizaran una revolución, una revolución fascista en México. México está demasiado cerca de nosotros».63
Tal y como apuntaba una crónica publicada a finales de mayo de 1938 en Foreign Policy Bulletin, México se había convertido en una gran preocupación del Departamento de Estado. Según el corresponsal de esta publicación, los altos responsables de la diplomacia estadounidense estarían:
(…) incluso más preocupados por el espectro de la guerra civil que por la cuestión del petróleo. En caso de que estallara una guerra civil, la actitud de Washington sería decisiva. En este caso, el señor Hull probablemente no seguiría el precedente de España. (…) Por lo tanto, aparte del deseo de Washington de ayudar a Cárdenas a preservar el orden, la Convención de La Habana hace que sea posible evitar el triste precedente de España.64
Por otra parte, la insistencia con la que los analistas de política exterior establecían analogías y vínculos entre España y el peligro de penetración fascista en el continente americano, especialmente en México, provocó cierta sorpresa entre algunos analistas mexicanos. En una columna de opinión publicada en El Nacional, se afirmaba:
De los Estados Unidos nos llegan ahora voces en contra del fascismo. Es algo asombroso, porque los Estados Unidos, desde hace muchos años, establecieron en las naciones pequeñas el fascismo económico. Y el fascismo político. Protegieron a las satrapías a cambio de concesiones de petróleo y de oro. Alimentaron a dictaduras y pusieron a sueldo a presidentes. (…) Los Estados Unidos ya no son fascistas. ¡Salud, camaradas! ¡Salud! (…) Y el senador Reynolds (…) dice cosas que es interesante tener en cuenta (…): que el Brasil está de acuerdo con el fascismo italiano y el nazismo alemán. Y más: que Guatemala hará en la América el papel lamentable que Portugal está haciendo en la guerra de España. Y que México y los Estados Unidos serán invadidos desde el sur por el fascismo europeo.65
La diplomacia norteamericana era, pues, bien consciente del peligro de una réplica mexicana de la guerra española, sobre todo por el desafío que implicaba para la política latinoamericana de la Administración Roosevelt. Al mismo tiempo, la respuesta de Washington ante la nacionalización del petróleo mexicano también representaba un test de sinceridad para la Política del Buen Vecino. Así lo entendía Josephus Daniels, quien no se cansaba de pedir al Departamento de Estado que optara por la vía de las negociaciones y las concesiones para poner fin al conflicto petrolero: «Creo que impulsaremos nuestra Política del Buen Vecino si concedemos más a un vecino pobre de lo que podríamos pensar en conceder a un gran país. Creo profundamente que la Política del Buen Vecino es un ideal tan noble y de una necesidad tan práctica que tenemos que hacer muchos sacrificios para fortalecerla y apuntalarla. Al lado de la Doctrina Monroe, es la esperanza de la amistad y la solidaridad panamericanas».66
En un memorándum interno del Departamento de Estado del 29 de marzo de 1938, se exponían los dilemas de Washington ante la nacionalización petrolera a México en un tono algo menos idealista:
La situación en México (…) se extenderá, sin duda, a otros intereses de propiedad norteamericana. El dinero en juego es importante, pero no son importantes en comparación con una cosa de significado más profundo. La propiedad, el control y la dirección de este tipo de recursos naturales son importantes para los Estados Unidos ya que aportan no solo estas materias primas, sino los beneficios que se extraen, elevando el nivel de vida norteamericano y el enriquecimiento de nuestra tesorería. Si el gobierno mexicano se hace cargo de estas propiedades de manera permanente, serán incapaces de gestionarlas pero se dirigirán a otros para hacerlo. Estos otros fácilmente podrían ser Japón, Italia y Alemania, que necesitan estas materias primas. Si esta situación se extiende a los países de Centroamérica y del Sur, fácilmente los Estados Unidos se pueden encontrar no solo desposeídos de la inversión que representa, sino también aislados del suministro de estos materiales, excepto a precios que pueden ser dictados por otros. No se nos puede poner en la posición de luchar por los recursos materiales, pero (…) si no hacemos nada para proteger los intereses norteamericanos, sin duda tenemos que mirar que estos recursos desarrollados por el ingenio americano no se pongan en manos de nuestros enemigos. Podríamos encontrar fácilmente una revuelta en México, una situación similar a la de España, en nuestra propia puerta.67
Si bien el acuerdo definitivo entre el Departamento de Estado y el gobierno mexicano no llegó hasta bien entrada la Segunda Guerra Mundial, pronto quedó claro que la Administración Roosevelt prefería optar por una solución negociada que no pusiera en peligro ni la relación con México ni la credibilidad de la Política del Buen Vecino. Finalmente, pues, la rebelión cedillista no pudo contar con ningún tipo de apoyo, ni directo ni indirecto, por parte de Washington. El presidente advirtió que los pilotos estadounidenses que participaran en una revuelta contra un gobierno extranjero podrían perder sus licencias. The New York Times interpretó esta medida como el resultado del sentimiento de «aprensión [generado] en varios ministerios gubernamentales por los informes de reclutamientos de estadounidenses observados en las fuerzas disidentes en México».68 En una reunión con representantes de la petrolera Standard Oil Company of New Jersey, a Cordell Hull se le aseguró que la compañía petrolera «se ha hecho el sordo ante las numerosas personas que han tratado de reclutar el interés de la compañía y su apoyo financiero para las revoluciones (…) en México».69 Roosevelt también dejó bien claro al experimentado cabildero Donald R. Richberg que no habría ninguna «revolución» en México. Según el historiador E. David Cronon, el presidente Roosevelt «por lo visto, no quería ninguna recreación de la tragedia española en el hemisferio occidental».70 Para asegurarse de ello, Washington mandó un mensaje claro a Londres. En la misma primavera de 1938, Sumner Welles comunicó al embajador británico en Estados Unidos la oposición de la Administración Roosevelt a que las petroleras -incluida El Águila, de propiedad angloholandesa- fomentaran rebeliones internas en México. El peligro, según Wells, radicaba en que tales rebeliones abrirían la posibilidad de «intrigas extranjeras».71 En noviembre, Washington canceló incluso la opción de permitir una huida de Cedillo a Estados Unidos, al imputarlo, junto con otros tres mexicanos y dos aviadores americanos, por conspiración y violación de la ley de neutralidad de 1937.72 Mientras Cárdenas contara con el apoyo de Washington, aventuras como la de Cedillo tenían remotas posibilidades de éxito. La revuelta cedillista fue aplastada con relativa facilidad por el ejército federal, principalmente a través de la negociación y de promesas de amnistía y de reparto de tierras. Ya en el mes de junio, la Secretaría de Guerra daba por concluidas las operaciones militares para controlar la rebelión. Desde entonces, Cedillo siguió como guerrillero fugitivo hasta que, en un enfrentamiento con tropas federales, fue abatido el 11 de enero de 1939.73
En cualquier caso, Cedillo no sería el último militar mexicano que podría ser encasillado como aspirante a interpretar el papel de «Franco mexicano». En las elecciones presidenciales mexicanas de 1940, el movimiento almazanista buscó -sin éxito- la ayuda de la España franquista.74 Este proceso electoral fue observado con cierta preocupación desde Washington. El conflicto petrolero todavía no estaba resuelto. En una crónica publicada The Washington Post en agosto de 1939, se señalaban las dificultades políticas de los gobiernos de Roosevelt y Cárdenas para ponerse de acuerdo. El gobierno mexicano no podía ceder porque la expropiación petrolera había resultado muy popular entre sus seguidores, mientras que el Departamento de Estado necesitaba un arreglo diplomático que refutara las críticas internas contra la Política del Buen Vecino. Además, había otro factor a tener en cuenta:
La situación se ha complicado más porque el régimen de Cárdenas, que sigue los lineamientos de la política del New Deal del Presidente Roosevelt, se supone que está prestando resistencia a los intentos que se informa realizan los agentes nazis alemanes para crear en México un sentimiento profascista y antiamericano. Una presión extrema por parte de los Estados Unidos para llegar a un arreglo favorable de la disputa petrolera, se cree que podría debilitar dicha resistencia y posiblemente traer como resultado un sentimiento fascista en grande escala al sur del Río Grande.75
De hecho, incluso desde la primavera de 1938, sectores importantes de la Administración Roosevelt habían maniobrado para restar fuerza a las primeras medidas de presión contra la nacionalización petrolera. El caso más notable es el del Departamento del Tesoro. Dirigido por uno de los miembros más antifascistas de la Administración, Henry Morgenthau Jr., había adoptado de mala gana la decisión de suspender la compra de plata mexicana en marzo de 1938. Sin embargo, en muy poco tiempo, Morgenthau consiguió neutralizar el efecto de represalia sobre la economía mexicana, negándose a manipular el precio de la plata a la baja y volviendo a comprar plata mexicana en el mercado abierto, al margen de los canales bilaterales establecidos hasta entonces.76 Los acuerdos de Múnich también favorecieron indirectamente a los intereses del gobierno mexicano. Entre altos cargos del gobierno estadounidense, cundió la sensación de que el pacto de las grandes potencias europeas podía alentar los planes de penetración de Alemania e Italia en el continente americano.77 La preocupación de la Casa Blanca por evitar que México cayera en una guerra civil no se limitaba a consideraciones estratégicas. También había temores sobre sus potenciales repercusiones en la política interna de Estados Unidos. Según le contó un miembro de la embajada estadounidense en México a un colega británico:
Roosevelt está (…) alarmado por las consecuencias que podrían derivarse en los Estados Unidos si estallara en México algo parecido a una guerra sin cuartel entre capital y trabajo inspirada en el modelo español. La opinión oficial estadounidense lo considera como el peor de todos los resultados desagradables que podrían seguir a un golpe de estado o una revolución generalizada en México, y, por lo que yo sé, nunca se ha planteado otra manera de prevenir cualquiera de los dos que ofrecer apoyo completo al general Cárdenas y a sus consejeros actuales.78
Sin embargo, dentro de la Administración Roosevelt seguían conviviendo percepciones muy distintas sobre el gobierno de Cárdenas. A principios de septiembre, Cordell Hull le soltó al embajador Castillo Nájera que «un cuidadoso examen de todas las evidencias y la literatura sobre el tema indica que el gobierno mexicano se está acercando al marxismo o a las bases comunistas, ya sea de forma consciente o inconsciente».79 En un informe del Departamento de Estado del 11 de octubre, se atribuía a las grandes potencias fascistas la responsabilidad final de los brotes de nacionalismo económico en América Latina:
No hay duda de que la expropiación de propiedades en estos países, que está teniendo lugar o a punto de tener lugar, ha sido fomentada por los representantes de Japón, Italia y Alemania, en particular por este último. Dicen que Londres y Nueva York, y los grandes Estados Unidos han sometido a América Latina a un estado de esclavitud financiera, que incluso ha afectado a su independencia política. Los países de América Latina ven como Alemania repudia sus deudas y tratados y después pasó a ser la mayor potencia mundial. Alemania les dice que eso es lo que tendrían que hacer. (…) la mayor amenaza es para la vida económica de los Estados Unidos. Cogen, sin pagar, materias primas o recursos norteamericanos. Después, estas cosas que han sido plenamente desarrolladas por los británicos y los norteamericanos se trasladan a Alemania, Italia y Japón.80
El 28 de septiembre de 1938, consciente de los dilemas que afrontaba la diplomacia estadounidense, el presidente Lázaro Cárdenas había escrito a su homólogo norteamericano para proponerle un frente común panamericano contra las naciones agresoras. Concretamente, el presidente mexicano ofrecía un sacrificio económico nacional: «(…) México podría prescindir desde hoy del mercado alemán para sus materias primas, inclusive el petróleo, no obstante que este y sus derivados han podido colocarse ya en aquel país en cantidades muy considerables». Con esta oferta, Cárdenas estaba planteando la necesidad de ampliar las negociaciones para la solución del conflicto petrolero entre México y las compañías petroleras norteamericanas a cuestiones de intereses estratégicos y de seguridad nacional. Roosevelt contestó desde Washington muy amablemente el 10 de octubre, rechazando la propuesta por entender que el momento de máximo peligro ya había pasado.81
Por su parte, la decisión de Washington de no apoyar la revuelta cedillista y de adoptar una actitud dialogante para solucionar el conflicto petrolero otorgó una enorme credibilidad a la política de Roosevelt hacia América Latina. Años más tarde, el presidente Cárdenas reconocería que la Política de Buen Vecino no había sido mera retórica.82 Sin duda, el propio Cárdenas había tenido un papel importante en la orientación de la política exterior de Roosevelt. Sus esfuerzos por convencer a Washington no se limitaron a proponer una alianza antifascista en el continente. A diferencia de lo que se suele pensar, el gobierno mexicano jugó la carta del temor a la victoria del fascismo en México en dos sentidos. Por un lado, presentaba a sus opositores internos como si fueran títeres de los dictadores fascistas europeos. Al mismo tiempo, alimentaba la percepción de peligro sobre una posible modificación de las alianzas geopolíticas del propio régimen mexicano. Esta segunda amenaza podía ser tan o más verosímil que la primera. En lugar de una improbable victoria cedillista, los norteamericanos podían temer que, por culpa del aislamiento comercial, Cárdenas se inclinara por un acercamiento pragmático y antinatural hacia las grandes potencias fascistas europeas, similar al que la Unión Soviética acabaría firmando con la Alemania nazi en el pacto Ribbentrop-Molotov, después de haber sido igualmente despreciada en su apuesta por tejer una gran alianza para la seguridad colectiva a partir del conflicto español.
La amenaza estaba respaldada por hechos. Ante la campaña de boicot de las grandes petroleras, Cárdenas había buscado en los mercados alemán e italiano una posible fuente de compensación por las pérdidas que se estaban registrando en los mercados anglosajones. En Foreign Affairs, un articulista señalaba la aparente inconsistencia de esta política:
Uno se puede acordar de que en el Fin de Año de 1937 el presidente Cárdenas de México informó con orgullo a sus compatriotas de que durante los anteriores cuatro meses su gobierno había suministrado a los republicanos españoles armas y municiones por valor de un millón y medio de dólares. ¡Hoy este mismo gobierno, bajo la presión de la adversidad económica, está vendiendo a Alemania e Italia petróleo, que, por lo que se sabe, podría utilizarse para luchar contra los mismos republicanos en cuyas manos ha puesto las pistolas y los proyectiles!83
En agosto de 1938, el embajador Daniels ya había advertido al secretario de Estado sobre un posible giro en la política internacional de Cárdenas: «Cárdenas es vivamente antifascista, antinazi, anti-Stalin, pero si se le obliga a vender petróleo a los países no democráticos y a cobrar en bienes, se podrían extender las influencias de esos países por aquí si la gente cree que la actitud de Estados Unidos no fue amistosa».84 Y, en efecto, además de la venta de petróleo, en 1938 Cárdenas realizó una serie de gestos de acercamiento a la Alemania de Hitler. Hizo volver al embajador mexicano a Berlín en el mismo momento en que los Estados Unidos retiraron el suyo en protesta por la Noche de los Cristales Rotos. El presidente mexicano también advirtió al embajador Daniels de que, si los Estados Unidos querían que el gobierno mexicano pagara una indemnización inmediata, habría que recurrir a un préstamo de las potencias fascistas. De hecho, el volumen de intercambio comercial entre México y Alemania aumentó considerablemente a lo largo de 1938. Por su parte, la diplomacia nazi mostró su apoyo a la postura mexicana en el conflicto petrolero.85
En cualquier caso, es importante tener en cuenta que el breve flirteo de Cárdenas con las potencias fascistas no levantó todas las suspicacias: Berlín continuó entorpeciendo la venta de material militar alemán a México porque temía que las armas acabaran en manos de la República española.86 El mantenimiento de la solidaridad democrática de México con España tampoco se vio afectado. Con respecto a los refugiados, como es bien sabido, ningún país latinoamericano superó a México en generosidad humanitaria. A principios de abril de 1938, el secretario de Gobernación, Ignacio García Téllez, anunció públicamente que México acogería a los refugiados republicanos en caso de derrota militar.87 Justo después de la Segunda Guerra Mundial, ya habían entrado a México unos 25.000 republicanos españoles.88 En un principio, México había animado al resto de gobiernos latinoamericanos a seguir su política de apoyo humanitario para los vencidos que huían de España. Cuando en junio de 1940 Cárdenas formuló esta propuesta, abundaron las respuestas insolidarias. El Salvador se escudó en la crisis cafetalera. Uruguay afirmó que cuestiones de política interna le impedían realizar cualquier gesto humanitario. Perú se amparó en el carácter restrictivo de la legislación de inmigración que acababa de aprobar.89 La respuesta más interesante fue, sin duda, la de Panamá. El jefe de la diplomacia panameña informó al embajador mexicano de que, si bien el gobierno estaba interesado en acoger a refugiados españoles, lamentablemente no había podido obtener el visto bueno del propio presidente Roosevelt:
Relatóme que durante reciente visita Panamá Presidente Roosevelt, Gobierno Panamá trató obtener su aquiescencia para traer inmigrantes españoles este país, pero que Presidente norteamericano declaró considerarla indeseable por ideas políticas disolventes refugiados que constituirían amenaza seguridad Canal. (…) Deseo informarle que existe aquí corriente pensamiento favorable inmigración española, destinada contrarrestar siempre creciente influencia étnica negra (…).90
México tuvo, en definitiva, un papel importante en el debate sobre el embargo estadounidense de armas contra España. Aunque Roosevelt decidió mantener el embargo hasta el fin del conflicto español,91 sus dudas y vacilaciones tuvieron mucho que ver con el temor de que una victoria franquista podría acabar incentivando una nueva intervención de Berlín y Roma en algún país latinoamericano, probablemente México. A su vez, la actitud conciliadora ante el conflicto petrolero también estuvo parcialmente condicionada por el ejemplo de España. Se trataba, en gran parte, de encontrar una solución alternativa a las exigencias de los hombres de negocio en México, quienes, según el embajador Daniels: «No quieren nada que no sea el uso de la fuerza y lo pedirían aunque esto convirtiera México en otra España».92 La Administración Roosevelt prefería una relación amigable con Cárdenas al entender que, en caso de ser derrocado como resultado de la hostilidad estadounidense, su sucesor inmediato sería fascista o -incluso, más probable- comunista. En cualquier caso, se consideraba que el derrocamiento de Cárdenas provocaría, con casi total seguridad, el estallido de una guerra civil al estilo español.93 Si bien el alzamiento de Saturnino Cedillo de mayo de 1938 no tenía posibilidades reales de éxito, el firme apoyo de Washington al gobierno mexicano sentó un precedente claro. Para las petroleras, la oposición anticardenista y los fascismos europeos, el mensaje era inequívoco: Estados Unidos no iba a permitir un conflicto como el español al sur de su frontera. Tal y como constató el corresponsal de The New York Times en Ciudad de México, Frank L. Kluckhohn, la actitud de Roosevelt ante la revuelta cedillista fue interpretada de forma unánime por los partidarios y los opositores a Cárdenas: «(…) los mexicanos en su conjunto creen que hay indicios para pensar que el asunto de Cedillo causó pavor y que la Casa Blanca está decidida a apoyar completamente a Cárdenas para evitar una guerra civil aquí».94
Al estrecharse las relaciones mexicanoestadounidenses después de un breve momento de crisis, las promesas de su Política del Buen Vecino hacia América Latina quedaron reforzadas, operándose un importante cambio en el pensamiento estratégico norteamericano de la época. La percepción de que, a través del ejemplo español y de los avances tecnológicos en la industria aeronáutica, las potencias fascistas podían ganar posiciones en América Latina contribuyó al abandono del llamado aislacionismo continental y al declive del movimiento pacifista en Estados Unidos.95 De forma paralela, a finales de los años treinta se fue abandonando la anterior política de defensa intransigente de los intereses de las empresas norteamericanas en el extranjero y, gradualmente, se adoptó una nueva política exterior que tenía muy en cuenta la seguridad nacional -en este caso, la necesidad de contar con México como aliado militar en la víspera de una nueva guerra mundial- y que también implicaba una apertura inclusiva a los intereses del conjunto de las empresas norteamericanas -no solo las que explotaban los recursos naturales en el extranjero-.96 Junto a otros factores, estos cambios favorecerían la participación de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial y su tránsito de líder regional a primera potencia mundial. En esta decisiva encrucijada histórica, tanto la España en guerra como el México cardenista tuvieron un papel que no es posible desdeñar.
