Editorial

 

El financiamiento de la educación superior

 

Cada año, cuando se presenta al Congreso de la Unión el proyecto de Ley de Ingresos y Egresos de la Federación, mejor conocida como miscelánea fiscal, se reabre una discusión nacional sobre el financiamiento que el Estado lleva a cabo para promover el desarrollo de la sociedad mexicana, sea en el rubro social (vivienda, educación, salud, etc.); para el desarrollo (sector agropecuario, infraestructura eléctrica); seguridad nacional, e incluso para la vida pública (partidos políticos), etc. En el conjunto de discusiones se enfrenta un debate por el financiamiento de la educación, y en particular de la educación superior.

Para comprender las diversas facetas que tiene este tema es necesario atender niveles de análisis diferenciados. En primer término se requiere comprender que la sociedad mexicana todavía experimenta los resultados de un crecimiento poblacional geométrico, el cual provoca que aun cuando el Estado haya realizado un significativo esfuerzo —hoy auxiliado también por la iniciativa privada— con el fin de establecer más espacios para estudiantes en la educación superior, esta expansión sea a su vez insuficiente.

No menos importante es precisamente comprender el papel que juega la educación superior en el desarrollo nacional. Es necesario considerar que sigue vigente la premisa de la economía de la educación para la cual a mayor educación de la población, mayores condiciones de desarrollo en un país. Por ello, las naciones desarrolladas tienen tasas de cobertura, para su grupo de educación superior, tres o cuatro veces superiores a las que ha logrado México en los últimos años. Así tenemos una primera tensión en nuestro sistema de educación superior, que a pesar de su innegable crecimiento, sigue siendo insuficiente para atender las necesidades de la nación, tanto en lo que se refiere a la cobertura del grupo de edad, como a la formación de un grupo profesional que pueda encabezar el desarrollo del país, en una sociedad del conocimiento.

En tercer término, desde hace 20 años el Estado mexicano se encuentra atrapado en una crisis fiscal que le impide atender las necesidades de la sociedad mexicana, y las del sector educativo, de manera adecuada. Las variables que afectan a esta situación van desde la deuda externa, los sucesivos rescates (carretero, bancario), la ineficiencia y corrupción en el manejo de los recursos públicos, y recientemente —en el llamado "gobierno del cambio"— una incomprensión y en cierto sentido descalificación del sistema de educación superior público. Pero más allá de esta crisis fiscal, no se puede negar que el Estado dedica una parte importante de los recursos fiscales al financiamiento de la educación superior, aunque la cantidad destinada es a todas luces insuficiente para los requerimientos del sistema.

Veamos algunos datos relativos al primer nivel. En 1950 la población mexicana se encontraba cercana a los 25 millones de habitantes, mientras que para el año 2000 su número ascendió a casi 100 millones de habitantes. El número de estudiantes que tenía acceso a los estudios de educación superior era en el primer caso de 29 892 alumnos, mientras que para el año 2000 estaban inscritos en alguna institución del sistema de educación superior más de 1 900 000 estudiantes. La tasa de cobertura, esto es, el porcentaje de personas del grupo de edad con acceso a la educación superior, era de 1.2% en 1950, mientras que en el año 2000 llegaba a 20%. Esto significa que de cada 100 jóvenes en edad de realizar estudios universitarios sólo uno tenía acceso en 1950, mientras que en el año 2000 ingresaban 20 al sistema.

Varios aspectos de análisis surgen de la información anterior. Uno de ellos guarda relación con el crecimiento geométrico del sistema de educación superior; mientras la población mexicana se multiplicaba por cuatro, el número de estudiantes en la educación superior se multiplicaba por 65. Y esta tendencia no se detiene; sólo tengamos en cuenta que en el ciclo 2001-2002 el número de estudiantes ascendió a 2 106 254, lo que significa un incremento de 200 000 estudiantes. Ello requirió que el Estado canalizara recursos para establecer instituciones, dotarlas de infraestructura (aulas, laboratorios, talleres, bibliotecas, equipos de cómputo, etc.), así como de políticas que permitieran establecer planes y programas de desarrollo, fomentar la conformación de plantas académicas, etc. Ante la magnitud de esta tarea se ha requerido el apoyo de la iniciativa privada, y hoy uno de cada tres estudiantes de la educación superior se encuentra inscrito en ese tipo de instituciones.

Este crecimiento es sin duda muy importante, pero conviene tener presente que entre 1965 y 1997 las universidades europeas se incrementaron cuatro veces, crecimiento muy lejano al que experimentó nuestro país. Así pues, este crecimiento es insuficiente. La tasa de cobertura actual (20%) es muy inferior a las que tienen otros países de la región: Argentina se encuentra cercana a 40%, Uruguay, Perú y Panamá están por 30%; más aún, la tasa de cobertura en México es completamente lejana a la que se observa en los países desarrollados: la estadounidense es superior a 65%, mientras que en Canadá se rebasa 90 por ciento.

En este punto surge una segunda tensión: si México desea ingresar al modelo de desarrollo que tienen los países del primer mundo, si aspira a utilizar todas las potencialidades de la llamada sociedad del conocimiento, requiere incrementar significativamente el acceso a la educación superior. Tomemos en cuenta que la meta para 2006 es incrementar el sistema a 2.8 millones de estudiantes, lo que nos permitirá ofrecer una cobertura de 27% del grupo de edad. Sin duda el sistema debe crecer, pero para ello es necesario apoyo financiero.

Las políticas educativas definen —y debemos subrayar esto— que este crecimiento debe darse con calidad y con pertinencia, pero un sistema de calidad también requiere de una inversión económica. El reciente reporte de la OCDE sobre la evaluación de las habilidades de lectura, matemáticas y ciencias fue tan mal manejado en nuestro medio que, por ejemplo, se pasó por alto un análisis importante que se realiza en el mismo, donde se establece que existe una relación entre gasto educativo y resultados de aprendizaje. Ciertamente el reporte señala que esa relación no es mecánica ni aislada, y afirma que "en la mayoría de los países, cada incremento en el índice de la situación económica, social y laboral, se asocia con un incremento constante en la escala combinada de aptitud para la lectura" (OCDE, 2002, p. 208).¹

El reto que se enfrenta en este momento es cómo dotar de recursos financieros al sistema de educación superior para que a) crezca como lo tiene proyectado, b) crezca con calidad y c) el financiamiento también sea un motor de la calidad de la educación. En el contexto existen algunas señales alentadoras, como el acuerdo de destinar 8% del PIB a la educación. Sin embargo, serán los hechos presupuestales los que indiquen la vigencia del acuerdo.

No quiero concluir sin ofrecer algunos referentes de la situación presupuestal que guarda la educación superior, atendiendo a la evolución de su presupuesto en los últimos años.

Cuadro

Es necesario considerar algunos elementos para analizar esta información. Aparentemente el subsidio federal es cuatro veces mayor en 2002 que en 1994, no obstante conviene recordar que en ese año el dólar estaba en una paridad cercana a los tres pesos; después del "error de diciembre" se elevó a más de seis pesos, para colocarse en 1999 en cerca de nueve pesos. Por cada peso que los estados invertían en la educación superior en 1994 la federación dedicaba 4, mientras que en 2002 esta relación se redujo a 3.5. Ciertamente el presupuesto ha crecido en los últimos años, sin embargo es importante observar que en 1994 estaban inscritos en el sistema 1 312 900 alumnos, de los cuales 1 032 300 se encontraban en el sector público, mientras que para 2002 el número de inscritos ascendía a 2 106 254 estudiantes, de los cuales 1 324 926 pertenecen al sector público.

En todo caso, la discusión sobre el presupuesto para la educación superior lleva de manera implícita una visión del país que aspiramos construir, del papel que consideramos que nuestros jóvenes deben jugar en una sociedad del conocimiento, frente a las exigencias nacionales de desarrollo y a las demandas de un mundo global. Las decisiones no son fáciles y las tensiones que se enfrentan no dejan de ser complejas.

Ángel Díaz Barriga
Diciembre de 2002

 

Referencia

Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) (2002), Conocimientos y aptitudes para la vida. Resultados de PISA 2000, México, Aula XXI-Santillana.         [ Links ]

 

Nota

1. Este y muchos otros temas del informe, tanto del significado pedagógico de las habilidades medidas, como del contexto (familiar, de hábitos de estudio, escolar, y los económicos, políticos y sociales), han sido totalmente ignorados en las afirmaciones que se hacen sobre el tema.