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La educación superior privada en México: una aproximación^*

 

INTRODUCCIÓN

En el mundo contemporáneo, la familia y la escuela han adquirido nuevos elementos para su valoración como instituciones sociales de las que depende, en gran medida, desde la sobreviviencia de comunidades hasta el futuro de la sociedad entera. En la familia radica la reproducción biológica del ser humano y la satisfacción de sus necesidades básicas; en la escuela se fundamenta la reproducción social y la satisfacción de necesidades secundarias relacionadas con la convivencia.

En la escuela no solo se recibe información, también es espacio de conocimiento donde además de desarrollar capacidades, se aprenden "juicios valorativos esquematizados por quienes detentan —o intentan detentar— el poder simbólico y moral"(Scanlon, 1984, p. 9), a través de su proyecto educativo y de nación. De esta manera, la educación es ahora una necesidad proclamada por la sociedad, tanto por la eficacia en la generación de riqueza que proporciona la mano de obra calificada, como por su contribución en la creación de una base social con "estabilidad", orden e integración al proyecto de nación en marcha.

En México, desde 1990, los intereses de sectores económicos (estadounidenses principalmente) identificados con el estado mexicano, se han ido definiendo con mayor precisión que en el pasado. A mayor identidad y cohesión política entre ellos; los mecanismos de orden social de estos sectores y el estado han dado como resultado un proyecto educativo de alianzas entre empresarios que favorecen a su vez el proyecto de nación fiel a sus intereses económicos.¹ En esta perspectiva ubicamos la marcada evolución de la escuela privada y sus diferencias con la escuela pública durante los últimos 15 años.

 

FILOSOFÍA SOCIAL DEL NEOLIBERALISMO EN EL GOBIERNO FOXISTA

La expansión de la educación privada en México ha venido acompañada de un tope en la ampliación de la cobertura pública de 30 mil lugares al año en educación básica —incremento que se atribuye principalmente a los servicios comunitarios y de educación indígena—, un rezago anual en todos los niveles y metas de cobertura dirigidas principalmente a las ciudades, que el actual gobierno calcula en 6 mil lugares para la educación pública y 48 mil para la privada (Presidencia de la República, 2001).

La decisión de limitar la apertura de espacios educativos públicos, trae por consecuencia mayor oportunidad a los particulares para dedicarse a los servicios educativos, proporcionando un mayor número de "clientes",² niños y jóvenes "sin lugar" en la escuela pública; en realidad no se trata solamente de ofrecer a la mayor cantidad de niños y jóvenes educación "de calidad", que supuestamente es atributo intrínseco de las escuelas particulares.

Estas decisiones van más allá de lo cuantitativo y del mercado, pues en esta alianza de clases, la élite política y la económica, ambas empresariales, intentan resolver con la denominada "Revolución Educativa" la eminente ruptura social que se agudiza a medida que se expande la pobreza, ya no sobre la base de la demagogia ni el clientelismo, sino a través de un elemento cultural: el reconocimiento social de la diferenciación y la desigualdad ocurrirá cuando el conjunto de la sociedad aceptemos la superioridad moral y simbólica de la élite, con autoridad y poder para formular e imponer las políticas públicas y los múltiples mecanismos de orden social y económico, necesarios para mantener un nivel suficiente de paz social, a largo plazo.

La distinción entre educación privada y pública, trasciende al ámbito individual y prevalece en un contexto que acepta, a priori, las diferencias y organiza jerárquicamente las representaciones sociales y étnicas, sin que para ello se requiera comprender el país o comprometerse con sus problemas, ni cuestione la calidad y orientación de la formación que se recibe.

Así la educación privada, sobre todo la universitaria, se ha constituido como un valor en sí misma, es una representación de superioridad material, pero también moral, regida por un principio de nuestros tiempos, tan relativo y abstracto como lo es el éxito individual.³

La educación superior es, en sí misma, un tema de análisis con múltiples aristas, una de las cuales ha sido objeto de polémica: la proliferación acelerada de establecimientos privados que ofrecen servicios de formación profesional, con títulos y grados, en tiempos record y a la medida de todos los bolsillos.

Este fenómeno educativo es resultado de la aplicación de políticas públicas que tienen como marco de referencia la globalización, cuando el énfasis de esta gran tendencia mundial está puesta en el individuo y el eje de su acción es el mercado. De esta manera, la política educativa que se orienta y opera bajo criterios de mercado, se aventura inclusive a elaborar sus conceptos propios, como el de educación, cuyo contenido es: formación de mano de obra para el mercado.⁴

El individuo como eje focal de los conceptos y acciones del actual gobierno es parte de la doctrina del partido ahora en el poder. Para el Partido Acción Nacional (PAN), la nación no está formada por entes abstractos ni por masas indiferenciadas, sino por individuos agrupados en comunidades, familias, municipios u organizaciones. La pobreza y la ignorancia, dicen, son fruto de su desorden moral y económico, de ahí que sea una condición primaria para el desarrollo económico y el bienestar individual y social, el desarrollo humano (véase PAN, principios, en www.pan.org.mx/Inbas/principi.htm)

De la misma manera, el actual gobierno concibe el problema de la pobreza como un problema del individuo que la padece. El desarrollo humano, entonces, es el medio para otorgar valor agregado a la sociedad. Se trata de construir un capital social que vale por la calidad de vida de los individuos que la forman, por la paz social y el nivel de integración y cohesión social en torno al proyecto nacional.

Para el PAN, la "iniciativa privada es la más viva fuente de mejoramiento social". Solo ahí, donde la iniciativa privada se vea imposibilitada de participar, es el Estado quien debe "urgir la organización de actividades sociales, sin matar, estorbar ni desplazar esta iniciativa" (véase PAN, op. cit.) ¿Quiénes si no la iniciativa privada para llevar servicios de salud, educación, vivienda, capacitación, en fin, recursos financieros para crear ese capital social a partir de la masa de empobrecidos?, ¿dónde hay posibilidades de desarrollo para la iniciativa privada?, ¿dónde es negocio?,⁵ ¿dónde debe intervenir el estado?

Como empresa educativa, el sistema nacional educativo requerirá de la participación de los particulares para crear los establecimientos necesarios que atiendan a las zonas urbanas y semiurbanas. Las comunidades rurales dispersas, donde la educación no es negocio, serán atendidas por el Estado mediante programas compensatorios. No debe extrañarnos, entonces, el incremento desmesurado de planteles educativos privados ni el llamado de Vicente Fox a la iniciativa privada para "apoyar" la tarea educativa que a él le corresponde.

 

ACCESO A LA EDUCACIÓN PÚBLICA Y PRIVADA

Hemos afirmado que la responsabilidad constitucional que mandata al Estado proporcionar la educación ha sido desplazada a los estados, municipios y principalmente a los particulares. Esta tendencia lleva ya más de 15 años. Sin embargo, es significativo el incremento de establecimientos particulares sobre todo en educación superior. Durante los últimos cinco años, la educación privada se ha incrementado en sentido inverso a la inversión pública en educación, que ha ido decreciendo (véase cuadro 1).

De 1995 a la fecha, el incremento en la matrícula de educación básica pasó de 5 a 8%, pero en educación superior se incrementó de 23 a 32% (véase cuadro 1).

En la educación básica, el Informe de gobierno reporta que en tan solo un año las escuelas públicas crecieron 1.1% y las particulares 3.5 por ciento.⁶

También hemos afirmado que en este gobierno la política de formación superior está orientada a la sustitución de la formación universitaria por una formación para el mercado laboral, la matrícula atendida en capacitación para el trabajo a cargo del Estado se ha incrementado en 6%, a la vez que promueve la expansión de la educación superior privada, de dudosa calidad y sin ninguna regulación, evaluación o fiscalización por parte de la autoridad educativa (véase cuadro 2).

De 809 universidades privadas que había en 1995, para el 2002 contaban 1253,⁷ es decir, 444 instituciones nuevas; lo que representa 72% del incremento nacional de las instituciones educativas de educación superior, su matrícula ascendió de 298 mil alumnos a 525 mil, que representan 54% del incremento total nacional de la matrícula de licenciatura en el periodo. En tanto que las instituciones por sostenimiento federal y estatal cuentan con 13 planteles más, que sólo representan 2.1% del total de nuevos planteles, absorbieron 25% del crecimiento de la matrícula.

A pesar de la apertura de institutos y universidades tecnológicas públicas, la formación profesional de nivel licenciatura ubica a México entre los países de la OCDE con menor nivel de educación en el grupo de edad de 25 a 34 años (véase cuadro 3).

De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2000, de 9 millones 71 mil jóvenes mexicanos en edad de 20 a 24 años, solo 1 millón 585 mil (17.5 %), formaba parte de la matrícula de educación superior de licenciatura, menos de la quinta parte de los jóvenes de esa edad.

Sin embargo, en cada entidad la situación es muy diferente, para ello recurrimos a los registros oficiales de la SEP, a las estadísticas de educación superior de la Asociación Nacional de Universidades e Institutos de Educación Superior (ANUIES), al Directorio de Instituciones de Educación Superior de la Subsecretaría de Educación Superior e Investigación Científica (SESIC) y al Directorio de Escuelas de la SEP; en éste último se encuentran enlistadas el total de instituciones y establecimientos educativos del país, por nivel, por entidad y cada uno con la clave de registro otorgado, ya sea por la misma SEP o por la Secretaría de Educación de la Entidad. Con estos datos, cotejados al mismo tiempo con los registros de la SESIC y ANUIES, elaboramos el cuadro matriz que utilizaremos como base para las siguientes observaciones (véase cuadro 4).

Ahora bien, siendo 17% el porcentaje de atención de educación superior de la población en el rango de edad de 20 a 24 años en el país, tres entidades se encuentran en la media: Aguascalientes, Chihuahua y Puebla; 7 entidades, principalmente del norte del país, y el D.F., están arriba de la media: Coahuila, Colima, Nuevo León, Sinaloa, Sonora y Tamaulipas; pero 22 estados no alcanzan a atender ni siquiera esa proporción de sus jóvenes en el rango de edad señalado: en Quintana Roo, sólo 6.4%; Chiapas, Hidalgo y Guanajuato 9%; Edo. de México y Zacatecas, 11%; Michoacán, 12%; Guerrero, Veracruz y San Luis Potosí, 13%; Baja California Sur, Campeche, Durango, Morelos, Oaxaca, Querétaro y Yucatán, 14%; Nayarit y Tlaxcala, 15%, y Baja California, Jalisco y Tabasco, 16% (véase gráfica 1).

La magnitud del problema de acceso a la educación superior a nivel nacional es grave, tenemos a más de 8 millones de jóvenes sin acceso a la educación superior, de los cuales más de 5 millones no cursaron la educación media superior, ⁸ y la presión futura tenderá a acentuar el problema de acceso a este nivel educativo.

En el documento "La educación superior en el siglo XXI" la ANUIES establece un escenario deseable de la matrícula en el que se tomó como marco de referencia un modelo de trayectos educativos que inicia en 1996 y los índices de absorción del nivel medio superior y eficiencia terminal.

Con relación a 1996, si fuéramos capaces de universalizar la educación básica y media superior, la matrícula de educación superior se incrementaría en un 108%.

Sin embargo, parece no haber solución para las inequidades y la absorción de tal demanda por el sistema educativo, pues aún en el mejor de los escenarios, con relación a la cobertura, se observa el aumento de la brecha entre la entidad con mayor tasa de cobertura y la entidad con menor tasa de cobertura. Mientras que en 1996 la diferencia en la tasa de cobertura entre las entidades extremas es de 20 puntos porcentuales, para el 2006 la brecha se ensanchará en 52 puntos porcentuales (ANIES, 2000).

Este fenómeno es grave porque se contrapone al principio de una mayor justicia distributiva de educación superior entre las entidades federativas. Esto implica establecer políticas y medidas que impulsen el incremento de la cobertura en las entidades con baja tasa de atención.

Una de estas medidas, impulsada desde febrero de 2002, es la iniciativa de Punto de Acuerdo para crear el Fondo de Equidad y Fortalecimiento de la Educación Superior Pública, aprobada por unanimidad en el Senado, cuyo objetivo es resarcir los desequilibrios financieros y presupuestales de las universidades públicas de los estados mediante la creación de este Fondo, para que en corto plazo estén en condiciones de cumplir con los proyectos de desarrollo y reforma institucional planteados por las mismas comunidades universitarias, partiendo del innegable hecho de las diferencias profundas y el trato presupuestal desigual que reciben las universidades públicas, sobre todo de los estados más pobres, decisiones que lejos de propiciar un desarrollo cualitativo del sistema en su conjunto y de responder a una política de estado de educación superior, han profundizado las diferencias promoviendo una competencia de recursos entre desiguales, donde pierden quienes más rezagos tienen.

La insistencia de atender y apoyar a las universidades públicas, es porque comparativamente sus resultados son mejores que las universidades privadas, pero sobre todo porque la educación pública, laica y gratuita sigue siendo un derecho.

Ahora bien, la matrícula pública atiende a más de 50 y hasta 96 por ciento de los jóvenes que cursan la educación superior en cada entidad, a excepción de Guanajuato, el estado con una de las menores tasas de atención (9.5%) y mayor número de establecimientos educativos particulares después de Tamaulipas y Veracruz: 94 establecimientos pertenecientes a 48 instituciones educativas privadas, que absorbieron al 61% de la matrícula de licenciatura de la entidad.

De acuerdo con los registros oficiales del año 2000, las Instituciones de Educación Superior Públicas (IESP) atendían al 71% de los jóvenes que lograron acceder a la educación superior. De ellos, 51% fueron atendidos por las Universidades públicas de los estados.

Por su parte, las Instituciones Privadas de Educación Superior (IPES), atienden al 29% de la matrícula de licenciatura del país. Esta cantidad, sin embargo, no es un referente exacto que refleje la situación en el territorio nacional o en cada entidad.

Mencionamos el caso del estado de Guanajuato que, a pesar de ser uno de los estados con mayor número de establecimientos particulares, es uno de los estados de menor tasa de atención a la demanda de educación superior entre la población en el rango de edad de 20 a 24 años.

En contraste, observamos el caso del estado de Colima, entidad cuya población total es ciertamente menos numerosa, así como el de los jóvenes en el mismo rango de edad; no obstante, atiende 24% de ellos —sólo después de Sinaloa y Sonora, con 26.7 y 26.2 por ciento respectivamente de atención a la población en edad de cursar estudios de licenciatura—; la matrícula de licenciatura del estado es de 11 mil 745 estudiantes. 11 mil 160 estudiantes (95%) están en alguna de las siete IESP del estado, y de ellos, la Universidad de Colima atiende a 9 mil 600, esto es el 82% de la matrícula pública de licenciatura.

Para comparar esta entidad con alguna similar, observamos el caso de Sinaloa, una de las entidades con mayor número de habitantes y territorio del país. Esta entidad se distingue por ser la que ostenta la mayor tasa de atención de la demanda de educación superior de licenciatura del país, pues considerando que en él habitan un cuarto de millón de jóvenes entre 20 y 24 años, su matrícula de licenciatura asciende a más de 64 mil jóvenes (26.7%), con relación al rango de edad; las IESP atienden a 59 mil jóvenes, es decir, 92% de los estudiantes sinaloenses de licenciatura se encuentran en alguna de las 20 instituciones públicas, aunque la Universidad Autónoma de Sinaloa, con más de 41 mil estudiantes de licenciatura, atiende a 65% de la matrícula total del estado. Por su parte, las 37 IPES de Sinaloa, en sus 51 establecimientos, atienden a 5 mil 155 estudiantes, que representan 8% de la matrícula en licenciatura.

Asimismo, el estado de Guerrero muestra un panorama diferente: con un número de jóvenes en el mismo rango de edad (20 a 24 años) similar al estado de Sinaloa (265 mil), solamente han tenido oportunidad de acceder a la educación superior 36 mil 700, es decir, 14% del total de jóvenes que deberían estar estudiando una licenciatura, muy distante al 26.7% del estado de Sinaloa. De ellos, 34 mil jóvenes, que representan 92% de la matrícula total de licenciatura, asiste a alguna de las once IESP con que cuenta el estado, y es la Universidad Autónoma de Guerrero la que absorbe el mayor número de estudiantes en este nivel: 25 mil 200, que representan 69% de la matrícula total de licenciatura.

La ilustración de estos casos nos permite observar que las cifras nacionales de atención a la matrícula de educación superior de licenciatura, no reflejan necesariamente la situación de cada entidad, el comportamiento de atención de la demanda de educación de licenciatura es heterogénea tanto en relación con la matrícula pública como respecto a la privada, y si revisáramos el comportamiento de la matrícula pública y privada por estado durante los últimos 15 años, seguramente tendríamos datos significativos que nos ayudarían a comprender, con mayor precisión, los criterios sobre los que se basaron las decisiones que han acompañado al crecimiento de la oferta educativa pública o al surgimiento, en cantidad tan diferente, de los establecimientos privados en cada estado.

Con los escasos datos que contamos, podemos inferir que dichos criterios, más que obedecer a consideraciones de orden educativo, como la equidad, diversificación o calidad de la oferta educativa, están relacionados con el reconocimiento social de la desigualdad y diferenciación, pues también entre los establecimientos privados existen sus diferencias: los hay para los ricos y los hay para los pobres.⁹

Aún en el Distrito Federal, entidad con la mayor concentración de IPES, la educación superior privada no es una opción, pues más de 64% de la matrícula de licenciatura se encuentra atendida en las IESP. Por esta razón, a pesar del incremento paulatino pero firme de IPES, vale la pena refirmar el hecho de que la opción, quizás la única, que tiene la gran mayoría de la juventud mexicana para acceder a una formación profesional, lo constituyen los programas y la oferta educativa de las instituciones públicas en general, y específicamente la universidad pública de cada entidad.

Además de la UNAM, las IESP atraen a un buen número de estudiantes provenientes de otras entidades. La búsqueda de opciones educativas de licenciatura no siempre se dirige a la educación privada; para las familias de muchos jóvenes, la decisión de invertir en transporte y el tiempo de traslado a las instituciones públicas más cercanas o donde sus hijos fueron admitidos, es equiparable a la cuota mensual que pagarían en una institución privada cercana a su residencia. La proliferación de instituciones privadas que han detectado esta estrategia de optimización de recursos y tiempo de traslado de las familias, principalmente de los municipios conurbados de la Zona Metropolitana de la Ciudad de México (ZMCM), ha sido motivo de atención para los especialistas en educación (De Garay, 1998, pp. 14-33).

No obstante lo anterior, existe un número importante de jóvenes, más de 40 mil, que se desplazan de un estado a otro para realizar sus estudios de licenciatura, según se muestra en el cuadro 5.

Ahora bien, por la magnitud de la matrícula de licenciatura alcanzada hasta ahora por las instituciones privadas, se han colocado en un lugar importante en la atención de una demanda creciente de educación superior en el país, pues se trata de 466 mil jóvenes que son atendidos por este sector (29% de la matricula de licenciatura nacional); la cuarta parte de éstos, casi 117 mil, se encuentran en el D.F., que no dejan de ser minoría si los colocamos junto a los 9 millones de jóvenes del rango de edad en el país, de los que representan sólo 5%. Esta minoría tuvo la posibilidad de acceder a la educación superior y seguramente pudo elegir de entre múltiples opciones.

La SEP tiene registrados una cantidad total de 2 058 establecimientos públicos y privados, con clave de registro de educación superior, que ofrecen estudios de licenciatura, dato que tomamos como el total de opciones educativas de licenciatura en el país. Sin embargo, dichos registros no son del todo confiables.¹⁰

Entre estos establecimientos, debe diferenciarse aquellos que forman parte de una institución y los que son a su vez institución y establecimiento, contamos así 471 instituciones públicas y 880 instituciones privadas con 1 587 establecimientos. En total, tomamos como dato base el número de 1 351 instituciones públicas y privadas de educación superior con oferta de licenciatura.¹¹

Si dividimos los 1 587 establecimientos privados que imparten licenciaturas, pertenecientes a las 880 instituciones privadas registradas, entre las 32 entidades federativas, en promedio habría 27 instituciones con 48 establecimientos distribuidos en cada entidad. Nada más relativo que los promedios. Baste considerar que en el D.F. se concentra 1 de cada 6 establecimientos y su distribución en los estados de la república es bastante heterogéneo (véase gráfica 2).

Después del D.F, el estado de Puebla concentra un mayor número de instituciones y establecimientos educativos de licenciatura: su población entre 20 y 24 años de edad es la mitad que en el D.F. (461 mil jóvenes); su tasa de absorción es similar a la media nacional (17.7%), que representa una matrícula total de 81 mil alumnos de licenciatura, de los cuales 43 mil (53%) asiste a las 26 IESP con que cuenta la entidad y 38 mil (47%) es atendido en 106 ipes distribuidos en 236 establecimientos. Calculando un promedio de asistencia por institución, notaríamos que cada una tendría 363 alumnos; pero si los distribuimos aritméticamente entre los 236 establecimientos, cada uno contaría con la asistencia de 1.5 alumnos.

La distribución de la matrícula de licenciatura de las IPES es muy relativa y heterogénea, baste señalar el caso de Puebla, donde tenemos al menos tres IPES con amplia trayectoria y prestigio: la Universidad de las Américas (fundada en 1940), la Universidad de Puebla (Autónoma desde 1956), y la Universidad Popular (creada en 1970); todas ellas con más de 30 años de funcionamiento, absorben la mayor parte de la matrícula privada, concentrada principalmente en la capital del estado y municipios conurbados.

El estado de México es la segunda entidad con mayor número de IPES, después de Puebla, aunque es la entidad con el mayor número de población en el rango de edad entre 20 y 24 años, sumando más de 1millón 250 mil jóvenes. La matrícula de licenciatura del estado asciende a 145 mil estudiantes y tiene 41 IESP y 64 IPES con 104 establecimientos, pero a pesar del cuantioso número de instituciones y establecimientos privados, 2 de cada 3 jóvenes acude a las instituciones públicas, cuya matrícula de licenciatura comprende 96 mil alumnos. Gran parte de los establecimientos privados se ubican en los municipios conurbanos de la ZMCM: Tlalnepantla, Ecatepec, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Naucalpan, Nezahualcóyotl, Atizapán y Huixquilucan, éste último como sede de la Universidad Anáhuac.

A diferencia de Puebla, la matrícula promedio por institución privada es de 760 alumnos y de 7.3 por establecimiento, dato que nos remite nuevamente a observar una limitada optimización de los espacios educativos de licenciatura ofrecidos, aunque no tan agudizada como en Puebla.

A estas dos entidades con mayor número de IPES y establecimientos privados, le siguen el estado de Veracruz (52 IPES con promedio de 464 alumnos por cada una, y 95 establecimientos con promedio de 4.9 alumnos en cada uno de ellos); Nuevo León (48 IPES, promedio de 890 alumnos y 76 establecimientos con 11.7 alumnos); Sinaloa (37 IPES y 51 establecimientos, con promedios de 139 y 2.7 alumnos respectivamente); Jalisco (36 IPES con promedio de 1 211 alumnos y 83 establecimientos con 14.6 alumnos); Tamaulipas (35 IPES con 469 alumnos promedio, y 114 establecimientos con 4.1 alumnos); y Guanajuato (48 IPES con 526.9 alumnos y 94 establecimientos con 5.6 alumnos en promedio).

Zacatecas y Aguascalientes son las dos entidades que por el número de su matrícula privada y el reducido número de instituciones y establecimientos privados, tienen una optimización relativa de los espacios educativos. Zacatecas registra una matrícula de licenciatura privada de 807 alumnos y cuenta solamente con 3 IPES e igual número de establecimientos, de manera que cada institución cuenta en promedio con 269 alumnos. En Aguascalientes, con una matrícula privada de licenciatura de 2 950 alumnos, 5 IPES y 9 establecimientos, el promedio de alumnos por institución es de 590 jóvenes, y por establecimiento de 65.5 alumnos.

Por lo tanto, el número de IPES no tiene relación directa con la demanda no atendida de educación superior; tampoco existe una relación directa entre el número de IPES con el número de establecimientos que, como ya mencionamos, es tan diversa como las modalidades y programas que las instituciones decidan adoptar; esta falta de correspondencia, sin embargo, determina directamente la optimización de cada lugar y espacio físico disponible en el sector privado de la educación. Si observamos el promedio nacional, el número de alumnos matriculados en las 880 IPES distribuidos aritméticamente, arroja un promedio de 530 alumnos por institución, aunque por establecimiento, el promedio de alumnos atendidos en cada uno es de 0.3 estudiantes por establecimiento.¹²

Para el sector privado de educación, lo que hemos denominado como optimización, significa competencia desleal de las "instituciones patito", que desprestigian el aporte de la educación superior privada en la atención a la demanda de este nivel; la proliferación de tales instituciones, afecta sobre todo la captación de nuevos "clientes", de manera tal que en instituciones como el TEC de Monterrey, se han ideado diversas estrategias para captar —desde la educación media superior— y mantener a través de becas o descuentos, una demanda cautiva de clientes para la licenciatura.

Para el gobierno federal y de los estados, las IPES de todo tipo y calidad son un factor de mediación frente a los problemas derivados de la decisión de limitar el crecimiento de la matrícula pública, el financiamiento y subsidio público a las IPES y el creciente número de rechazados (no aceptados) en las universidades públicas. Pero para las familias, una educación superior privada y barata, aunque de dudosa calidad, es mejor a nada, aunque no responda a sus expectativas de formación profesional, empleo o ingresos. Los reducidos espacios disponibles en las universidades públicas y las altas cuotas de las universidades privadas con prestigio, empujan a los jóvenes de estas familias a ser la clientela de establecimientos con dudosa calidad, en muchos casos (no documentados) fraudulentas, pues los certificados, diplomas o títulos que hacen constar la capacitación o "formación" recibida en dichos establecimientos, no son equiparables ni equivalentes a los que reciben los egresados de las universidades públicas o las IPES prestigiadas, donde les fue negado un lugar.¹³

 

EGRESADOS Y TITULADOS

Otro aspecto que consideramos de interés para valorar la participación de la educación superior privada de licenciatura en la formación profesional de la juventud mexicana, es la eficiencia terminal; con mayor exactitud, nos interesa revisar los resultados finales del proceso de formación en las IES, considerando la tasa de egreso y titulación.

En el año de referencia (2000), egresaron 193 mil 975 jóvenes de licenciatura; 73% de ellos (141 mil) egresaron de las IESP, de ellos, 54% corresponden a los egresados de las universidades públicas de cada estado. Las IPES participaron con el 27% (53 mil) de egresados en ese año. Estos datos son similares a la proporción que guarda la participación de las instituciones públicas y privadas en la atención de la demanda de licenciatura.

A excepción de Guanajuato, en todos los estados se observa que más del 50% de los egresados de licenciatura provienen de las IESP, de hecho, solamente en ese estado el mayor número de egresados registrados provienen de alguna de las IPES.

Entre las entidades que registran una menor proporción de egresados de las instituciones públicas de licenciatura está Jalisco, con el 58%, donde la Universidad de Guadalajara participó con 53% del total de egresados del estado, en tanto que las IPES participaron con el 42% de egresados, la mayoría de la Universidad Autónoma de Guadalajara y el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente; en el resto de las entidades se registra un número de egresados de las instituciones públicas mayor a 60% y hasta de 99%, que corresponden a las IESP de Colima, seguida por Campeche, Nayarit y Tabasco, con 96%; Zacatecas con 95%; San Luis Potosí y Guerrero, con 93%; Sinaloa con 92%; y Oaxaca y Sonora con 91% de egresados de las IESP.

Resulta interesante observar que estas entidades no son precisamente aquellas con mayor población del rango de edad entre 20 y 24 años, o la mayor matrícula de licenciatura, o el mayor número de establecimientos privados, incluso su tasa de atención de la demanda se encuentra tanto por encima como por debajo de la media nacional, de manera que podemos afirmar con seguridad que la tasa de egreso de licenciatura es mayor en las IESP que la registrada por las IPES y no tiene relación directa con el número de instituciones que constituyen la oferta educativa total de licenciatura.

Ahora bien, la cifra del total de egresados es relativa, tanto a las condiciones particulares de cada IESP como de las modalidades y programas de licenciatura de las IPES, ya que en ambos subsistemas (público y privado) existe una variedad considerable de programas de licenciaturas de 2 y hasta de 6 años, con prerrequisitos o propedéuticos de un mes y hasta 1 año.

De igual manera se comporta el dato de titulación nacional y por estado: Se titularon 127 mil 600 jóvenes de licenciatura en el país; 94 mil 435 lo hicieron en las IESP, ellos representan el 74%. El resto suma 33 mil 134 titulados de las instituciones privadas, que representan el 26% del total nacional. La contribución de las Universidades públicas asciende al 43% del total, pero constituye el 58% de los titulados por las IESP.

No obstante, los datos a nivel nacional no reflejan los resultados de cada estado, pues solamente en 10 de las 32 entidades, incluyendo el Distrito Federal, la tasa de titulación de las instituciones privadas alcanzan o superan levemente 26% de participación en la titulación de licenciatura: en Tamaulipas, 49% de titulados en licenciatura provienen de las IPES; le sigue Nuevo León, con 46%; Guanajuato, con 45%; Jalisco, con 37%; Estado de México y Coahuila con 34%; Querétaro, con 28%; Chiapas, con 23%; el resto de los estados no registra más de 17% de titulados de las ipes. Los datos anteriores reflejan el impacto real de la educación superior pública en la titulación de egresados de licenciatura de dichas entidades, que implica, entre otras cosas, resultados por encima de la participación de las instituciones privadas.

En el otro extremo, aquellos estados en los que la participación privada en el número de titulados es menor a 17%, reflejan que siendo la titulación uno de los indicadores más importantes de la eficiencia terminal y, por tanto, un criterio importante para la asignación de subsidio y recursos extraordinarios, la participación de las Universidades públicas de los estados es favorablemente significativa. Cabe destacar el caso de la Universidad de Colima, cuyo porcentaje de titulación equivale al 92% del total de titulados provenientes de las IESP de la entidad, en tanto que solo el 0.2% de los titulados corresponde a la participación de las instituciones privadas.

Por otro lado, aunque la mayoría de las Universidades públicas participan con más del 50% de titulados en cada estado, hay algunas que, cuando menos en el 2000, tuvieron resultados por debajo del porcentaje promedio, que es 43 por ciento.

Entre las Universidades públicas con menor número de titulados y menor porcentaje de participación en la titulación del estado, se ubican la del Edo. de México, con 13%; la de Quintana Roo, con 18%; la de Coahuila, con 26%; la de Tamaulipas, con el 29% y la de Guanajuato, con 32 por ciento.

Vale la pena ilustrar el caso excepcional de Guanajuato, ya que si bien es uno de los estados con menor tasa de absorción, con mayor número de instituciones y establecimientos privados, y con mayor proporción de matrícula privada, no se observa una relación directa o una proporción equivalente respecto al número de egresados y titulados. De un total de 3,034 titulados de licenciatura en el estado, 55 % provienen de las 9 instituciones públicas con que cuenta la entidad, y sólo 1,366 titulados, que corresponden a 45% del total del estado, provienen de las 48 instituciones privadas o, más precisamente, de los 98 establecimientos educativos privados que abundan en la entidad.

No obstante, sea cual fuere el dato actual o la proporción de la participación pública y privada en la titulación, distan de ser suficientes o satisfactorios, pues solamente el 12% de los jóvenes que ingresan a la educación superior logran terminar la carrera y, de ellos, solo una tercera parte logra un título profesional.

El título es un documento requerido por los empleadores para otorgar un trabajo remunerado, es también un documento oficial que indica al empleador que su poseedor adquirió los conocimientos necesarios y está capacitado para realizar las actividades y cumplir con las funciones acordes al área de conocimientos en las que se formó.

En el mercado real de trabajo, el significado del título es muy relativo, pues con él se hace constar que el profesional que lo detenta puede desempeñar el trabajo para el que se le contrata, pero no constituye garantía alguna de que su desempeño sea satisfactorio.

Asimismo, la certificación profesional que se realiza a los egresados en ciertas áreas de conocimiento, como ingenierías o ciencias de la salud, constituyen una prueba, un obstáculo más en la larga carrera de formación profesional que tampoco garantiza un desempeño satisfactorio en la institución, región o país donde ejercerá su profesión.

Tanto el título como las pruebas de competencia y certificación son relativas a las circunstancias particulares en el transcurso de la formación profesional y del contexto familiar, institucional, regional o nacional que le corresponda en suerte.

Sin embargo, toda institución educativa, pública o privada, tiene la misión genérica de proporcionar a sus estudiantes las herramientas para desarrollar las potencialidades y mejores cualidades de cada persona, como ser humano, como ciudadano y como profesional en alguna de las áreas del conocimiento, interesado por el bienestar de su comunidad y su país.

Si en el transcurso de los próximos 4 años, logran concluir sus estudios el millón y medio de jóvenes matriculados en licenciatura en el 2000, nuestro país sería otro.

 

CONCLUSIONES

El panorama descrito a través de este primer acercamiento a la situación que guarda la educación superior privada en nuestro país, indica tres elementos críticos fundamentales que merecen inmediata atención:

El primer elemento crítico es la ausencia de un marco general de política educativa dirigida al sistema de educación superior y la rectificación de aquellas medidas que han venido propiciando la proliferación anárquica de establecimientos educativos privados.

Ante la creciente presión, no solo futura sino actual, por más y mejores espacios educativos de nivel superior, es urgente impulsar el incremento de la cobertura de las universidades públicas de los estados, apoyando la diversificación y descentralización de sus servicios, creando nuevas unidades y fortaleciendo su estructura física, académica y administrativa, resarciendo los desequilibrios financieros y presupuestales de las universidades más pobres, para que en el corto plazo, estén en condiciones de cumplir con los proyectos de desarrollo y reforma institucional planteados por las mismas comunidades universitarias.

Aunque en sentido estricto no se aborda aquí el tema de universidad versus institutos tecnológicos, es innegable el hecho de que la universidad, como eje de las expectativas de formación profesional del grueso de la población, es la primera y en muchos casos la única opción para aquellos que logran acceder a este nivel de estudios.

Si bien la educación superior privada ha llegado a jugar un papel importante en la atención de la demanda de educación superior, absorbiendo 30 por ciento de la matrícula, su expansión y crecimiento acelerado no responde, como se ha señalado, a las necesidades de expansión de la oferta, la diversificación de programas, la equidad educativa y ni siquiera al mejoramiento de la calidad de la educación superior que reciben nuestros jóvenes.

La proliferación de establecimientos educativos privados muestra un crecimiento sumamente centralizado, desproporcionado, heterogéneo y anárquico, que puede ser atribuible a la irracionalidad con que se percibe un mercado en expansión, con demanda real y potencial, constituida por todos aquellos que no logran ingresar a la universidad pública, y a la ausencia de normas estrictas de control y medidas racionales hacia las instituciones privadas, basadas en el diagnóstico y la planeación, que hagan de su participación un verdadero factor de contribución al desarrollo del sistema educativo.

Los principios sobre los que deberá fundamentarse ese marco normativo y de política educativa dirigida al sistema de educación superior, están ya establecidos en el artículo 3° de la Constitución. Su refrendo, por parte del partido en el poder y el ejecutivo federal, es indispensable y requiere únicamente la apertura y voluntad política para lograr los consensos necesarios, traducidos en un proyecto nacional de educación superior y en una reforma a la Ley para la Coordinación de la Educación Superior, o bien para crear una nueva Ley de Educación Superior.

El segundo elemento crítico que requiere de una inmediata solución es la carencia de un registro nacional de instituciones educativas de todos los niveles y la difusión de datos objetivos, precisos y verificables del sistema educativo nacional en general y de las instituciones educativas particulares.

Si no partimos de una base de datos confiable, el diagnóstico y la planeación a la que nos referíamos anteriormente no tendría sentido, además de representar, de partida, un obstáculo que dificultará el desarrollo de las labores de evaluación y los resultados de los informes que deberá presentar el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación.

El tercer elemento crítico es el que se refiere a la legislación y normatividad que asegure educativamente, no comercialmente, la participación de la iniciativa privada en la educación superior.

Ello implica que el Legislativo tome en consideración, de manera comprometida, el análisis y revisión de los instrumentos jurídicos que norman a las instituciones privadas de educación superior (y de todos los niveles): la Ley General de Educación; la Ley de Coordinación de la Educación Superior; la legislación sobre las profesiones; la legislación sobre el reconocimiento oficial de estudios, titulación y certificación; la legislación sobre la evaluación educativa y los criterios de evaluación de las instituciones públicas y privadas de educación; inclusive la reglamentación de la SEP en la materia y los acuerdos suscritos por esta instancia para reglamentar el funcionamiento de los establecimientos educativos privados.

En el desarrollo de esta exploración sobre la educación superior privada, se hizo evidente la necesidad de impulsar la investigación educativa sobre el tema.

Existen pocos estudios serios que expliquen el comportamiento histórico a nivel nacional de la educación superior privada en México y de su situación actual, así como de los problemas que enfrenta o pudieran agravar su situación en el futuro. Para los especialistas este campo de estudio representa una veta de enormes posibilidades paradigmáticas y de conocimiento cuyos resultados seguramente impactarán en el planteamiento de nuevas estrategias y soluciones creativas, con lo que se podrá develar innumerables mitos y desvanecerlos.

 

Referencias

ANUIES (2000), Acciones de transformación de las Universidades Públicas Mexicanas 1994-1999, México, ANUIES.         [ Links ]

---------- (2000), La Educación Superior en el siglo XXI. Líneas estratégicas de desarrollo, México, ANUIES.         [ Links ]

De Garay, Adrián (1998), "¿Privatización de la educación superior o distribución tácita de la demanda?", en ANUIES, Revista de la Educación Superior, No. 107, México, ANUIES.         [ Links ]

Reséndiz, D. (2002) "Gestión de la educación superior en el periodo 1995-2000" citado en Olmos, L. "Puntos sobresalientes de la Educación Superior particular en el Programa Nacional de Educación 2001-2006", en ANUIES, Revista de Educación Superior, Núm. 121, México.         [ Links ]

Partido Acción Nacional, Principios, En www.pan.org.mx/Inbas/principi.htm        [ Links ]

Presidencia de la República (2001), 1er. Informe de Labores 2000-20001, Secretaría de Educación Pública. México, SEP.         [ Links ]

---------- (2002), 2° Informe de Gobierno, Anexo Estadístico, México.         [ Links ]

Scanlon, Patricia (1984), Un enclave cultural. Poder y etnicidad en el contexto de una escuela norteamericana en México, México, CIESAS, Ediciones de la Casa Chata.         [ Links ]

SEP (2002), Enfoque Estratégico de la Secretaría de Educación Pública. México, SEP.         [ Links ]

---------- "Estadísticas Educativas", Estadística histórica de educación superior, en www.sep.gob.mx        [ Links ]

 

Notas

* Documento de trabajo del Área de Política Social del Senado de la República.

1. Esta tesis se puede extrapolar al ámbito internacional, siendo el capital financiero el sector económico de internacionalización de políticas públicas generales y educativas en particular.

2. La transformación conceptual de la educación en el actual gobierno, ha sido formalmente establecida en SEP, 2002. En dicho documento se establece: "...podemos cambiar el gobierno desde adentro, cómo convertir a la Secretaría de Educación Pública (SEP) en una organización más ágil y flexible, más innovadora y emprendedora, cuyos trabajadores se enfoquen más en el cliente..." p. 11.

3. Un ejemplo de ello es la cada vez más popular afirmación que reza: "Si ganas lo mismo o más de lo que invertiste en tu educación, entonces eres exitoso". En 1996, en una secundaria pública de Chicago, donde la mayoría de sus alumnos eran descendientes de inmigrantes polacos, los muchachos compitieron y ganaron un concurso académico estatal al contar con las respuestas del examen, es decir, hicieron trampa. La duda se sembró en toda la comunidad educativa, pues dicha escuela nunca había ganado y además siempre quedaba entre los últimos lugares; aún sin tener la certeza de la trampa, la comunidad educativa del estado de Illinois se indignó, pero hubo algunos, tanto civiles como empresarios, que se atrevieron a afirmar que si fueron capaces de engañar de esa manera, merecían un premio.

4. Un ejemplo concreto de los nuevos significados que el mercado imprime a la educación lo encontramos en la discusión que tuvo lugar en diciembre del año pasado, en el marco de las negociaciones del presupuesto educativo, entre el rector de la UNAM, Dr. Juan Ramón de la Fuente, y el Presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, el panista Luis Pazos. Para el primero, no hay lugar a duda de que la educación en general y la educación superior en lo particular, constituyen un derecho en cuanto su papel estratégico para el desarrollo de las potencialidades propias y del país como nación soberana; en tanto que para el segundo, la educación superior, en particular la que proporcionan las universidades, es un servicio cuyo beneficiario es el individuo que accede a él, por lo tanto no corresponde al estado financiarlo.

5. Para el PAN y el sector empresarial en su conjunto, el interés legítimo de la iniciativa privada es obtener la máxima ganancia al menor costo.

6. Presidencia de la República. 2° Informe de Gobierno, 2002, p. 20.

7. Las cifras de establecimientos educativos de licenciatura varían año con año, indistintamente en orden creciente o decreciente. La SEP, la SESIC, la ANUIES y Presidencia, manejan cifras diferentes. En este párrafo se cita la cifra de las Estadísticas Educativas de la SEP, que no coincide con el número de establecimientos registrados en su Directorio, ni tampoco coincide con los registros de la SESIC.

8. La matrícula nacional de educación media superior para 1999 fue de 2.9 millones.

9. Las cuotas mensuales de algunos establecimientos privados que ofrecen "licenciaturas" en idiomas y/o computación, van desde 1,500 pesos hasta 2,800. Las instituciones con mayor prestigio como la Universidad La Salle, ITAM, UDLA, cuentan con planes de financiamiento, aún así la inscripción, colegiatura y cursos propedéuticos sumarían: 86.000, 91.500 y 73.000 pesos anuales respectivamente. En la Universidad Iberoamericana se solicitan además cartas de recomendación.

10. Nota: Es de suponer que los registros deben modificarse constantemente, ya sea por el número de establecimientos nuevos, principalmente privados, que se crean mes con mes, o por aquellos que se cierran, incluyendo instituciones públicas. Se tomaron al azar, para complemento de datos, algunas instituciones que, a pesar de contar con el registro y aparecer en la lista de instituciones privadas de nivel licenciatura, no aparecen en el directorio de la SESIC y mediante llamada telefónica se comprobó que varias de ellas, catalogadas en el ANEXO 2 como S/F SDI (Sin Fecha Sin Datos de Identificación) no existen, se transformaron en giros comerciales de otra índole diferente a la educativa, o bien pasaron a ser parte de los establecimientos de otra institución.

En consecuencia, las cifras y registros de instituciones y establecimientos educativos que proporcionan las principales instancias del gobierno federal (ni hablar de cada entidad), no coinciden. La heterogeneidad de las modalidades de estudio y de estructura administrativa que prevalece en el subsistema privado, probablemente dificulta el registro, pues a la vez que encontramos instituciones con varios establecimientos registrados, que ofrecen una sola carrera, hay también aquellas instituciones con un establecimiento que ofrecen varias carreras. No obstante esta diversidad, el criterio para aceptar como referencia válida el Directorio de la SEP, se basa en que todas presentan el número y clave de registro ante la SEP o ante las Secretarías de Educación del Estado en que se encuentran.

11. La SEP, Presidencia, y la SESIC, contabilizan más de 2 mil Instituciones públicas y privadas de licenciatura, coinciden varios cientos en cifra similar a 2 mil, sin embargo cabe subrayar que al adoptar como oficial ese dato, no se refieren a las Instituciones existentes, sino a los establecimientos, además de que tampoco se distingue de su contabilidad al establecimiento con el campus. La explicación que encontramos para esta relación entre similitud y discordancia, es que históricamente se han manejado un registro y una cifra equivocados y, como la finalidad es informar o publicar estos datos, no pueden ser "menores" o contradecir lo erróneamente informado por otras administraciones.

12. Cabe destacar que el promedio de alumnos por institución pública de educación superior es de 2,375 estudiantes (véase Cuadro 4).

13. El Registro de Validez Oficial de Estudios (RVOE) que expide la SEP o la Secretaría de Educación de cada entidad, nos es mas que una constancia de que la oferta educativa del particular que la solicita es "equiparable" a la institución pública similar: "...al otorgar RVOE a un programa educativo, el Estado solamente hace constar, de acuerdo con la Ley General de Educación, que el programa referido es equiparable, y por lo tanto incorporable, a los que ya forman parte del sistema educativo nacional; no se podría negar legítimamente dicho reconocimiento mientras en alguna institución pública hubiera programas de calidad igual o menor": Reséndiz, 2002.