Editorial

La Ley de Planeación de 1983 señala que cada nueva administración federal debe convocar a una consulta para la elaboración del plan de desarrollo. En este contexto se ubica la convocatoria, hoy en curso, para emitir opiniones en relación con el plan que corresponde al sector educativo, en concordancia con el carácter de "participación democrática" en la planeación, señalado en la propia ley.

Esta circunstancia invita a reflexionar sobre el sentido y los alcances de dicha consulta, confrontándola con los retos y rezagos que el propio sector educativo presenta.

La política educativa del sexenio anterior (Vicente Fox, 2000–2006) continúa con los postulados básicos de sus predecesores: calidad, cobertura, equidad y evaluación han sido los tópicos centrales para el sector educativo mexicano en las últimas dos décadas.

En cuanto a la educación básica, la pasada administración federal centró su estrategia en las Escuelas de calidad, el programa Enciclomedia y la apresurada reforma a la educación secundaria (RES), así como en el establecimiento del Instituto Nacional de Evaluación, que se agrega a las acciones que se venían realizando por la Dirección General de Evaluación (el primero aplica la prueba EXCALE, mientras la segunda se responsabilizó de las pruebas ENLACE e IDANIS) . Para la educación superior, se articularon programas anteriores en el denominado Programa Integral para el Fortalecimiento Institucional (PIFI) , como única vía para acceder a financiamiento adicional de las instituciones públicas de este nivel. En todo el sistema se incrementaron los programas de becas. En el marco de la política de la evaluación se han generado instancias y programas destinados a alumnos, académicos (docentes e investigadores), programas e instituciones educativas.

Todo señala que en el sexenio calderonista los planteamientos básicos que cobijan a dichos temas estelares tendrán continuidad, dando quizá un papel más protagónico a la prueba ENLACE, ahora extendida también al bachillerato. Los programas y estrategias derivadas de aquéllos en los últimos tres sexenios no han sido evaluados a profundidad y los análisis académicos sobre sus deficiencias y límites no han sido suficientemente escuchados por los responsables del sistema educativo nacional (SEN). No se reconocen las voces de la comunidad académica que plantean el agotamiento de estas políticas y la necesidad de construir una nueva generación de políticas para la educación mexicana.

Las condiciones actuales del SEN nos hacen interrogarnos sobre el vaciamiento de los tópicos centrales que supuestamente han orientado su desarrollo. Las condiciones actuales del SEN nos plantean serias interrogantes sobre la pérdida de sentido (o el sin–sentido) de los tópicos centrales que supuestamente han orientado su desarrollo). Aunque la cobertura es casi universal en la educación básica, sus niveles en educación media superior (58.6%) y superior (22%) están muy por debajo de los índices de los países de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico), incluso de los de países latinoamericanos como Argentina y Brasil. Aun en la educación básica encontramos asimetrías regionales en cobertura y eficiencia, y el nivel preescolar —constitucionalmente también obligatorio— acusa deficiencias.

Pero más grave aún: si nos referimos a "calidad" no se avizoran señales de mejoramiento sustantivo, de rigor, de pertinencia formativa, de significatividad de los aprendizajes de los alumnos en los diversos niveles y modalidades educativas. Los límites, ya expuestos por muchos académicos, de las estrategias de evaluación del sistema y de los actores educativos, pautan la imposibilidad de una revisión acuciosa y profunda de las deficiencias en la formación del profesorado, en los procesos y resultados de los estudiantes, en las condiciones en que éstos se desarrollan, en su impacto local y regional. La situación del poder adquisitivo de los académicos solo ha sido paliada por los diferentes programas de "estímulos" a la "productividad" y al "rendimiento", cuyos efectos perversos han sido ya denunciados.

La concreción de las políticas públicas y su evaluación es indispensable para replantear estrategias verdaderamente pertinentes al contexto y a las necesidades de una sociedad como la nuestra. La terrible desigualdad en la distribución de la riqueza, las limitaciones de la educación ciudadana para el ejercicio pleno de una incipiente vida democrática, la imperiosa necesidad de incrementar la inversión pública en educación y en desarrollo científico y tecnológico, con equidad y transparencia, que permitan a la nación insertarse productivamente en el concierto global, son sólo algunos de los rasgos más sobresalientes de nuestras carencias.

El sistema se anquilosa y, sin embargo, las reflexiones sobre los modelos pedagógicos, las formas de organizar el conocimiento, los procesos de aprendizaje, el uso virtuoso de las herramientas que hoy ofrecen las tecnologías de la información, la diversidad de los recursos didácticos y la complejidad del trabajo intelectual de los profesores, entre otros factores, no se conocen ni atienden de la manera en que los retos educativos lo demandan.

Así, parece necesario reconocer, desenmascarar y hacer evidentes intereses personales, gremiales y partidistas que inciden en el funcionamiento y en las posibilidades de transformación del SEN, para que sea viable: establecer acuerdos y definir nuevas metas que potencien el bien común; construir políticas públicas múltiples, no unidireccionales ni centralizadas, que reconozcan y operen sobre la complejidad, heterogeneidad y diversidad del SEN; atender a fondo la profesionalización de los académicos y su retribución, con un salario profesional competitivo; redimensionar el sentido de la evaluación, no solo como control, verificación y vía de financiamiento extraordinario, sino como revisión sistemática de los procesos educativos que permita la retroalimentación y recupere su carácter formativo, en lugar de circunscribirla sólo a la toma de decisiones; plantear una política de Estado de largo alcance que posibilite dar los pasos convenientes para resarcir el terrible rezago, en términos de la pertinencia formativa, de cada ciclo y modalidad educativa, de las asimetrías en la cobertura, de la inversión y el desarrollo de la investigación en ciencia y tecnología.

Por tanto, es necesario un replanteamiento integral de las políticas públicas y de las estrategias educativas que de ellas derivan para, así, poder iniciar nuevas rutas conceptuales, metodológicas y organizativas en el desarrollo del sector.

Las instancias federales y estatales responsables del sector educativo dedican su esfuerzo a administrar la operación del SEN. Por tanto, no realizan ejercicios autocríticos, ni diagnósticos amplios de sus fortalezas y debilidades, que constituyan bases sólidas para proyectar políticas y programas de corto y largo aliento para su transformación.

El análisis diagnóstico holítistico del sistema educativo nacional y los replanteamientos sobre su futuro sólo podrán adquirir solidez si se recuperan, a fondo, los saberes construidos en el campo de la investigación educativa en el país, si realmente se abren espacios de reflexión rigurosa de los especialistas como corresponsables —por su autoridad académica— en el diseño, la puesta en marcha, el seguimiento y la evaluación de estrategias alternativas descentralizadas, que atiendan la diversidad, heterogeneidad y desigualdad de los sujetos, las instituciones, las disciplinas, las regiones, etcétera.

Estas tareas no pueden circunscribirse a un supuesto ejercicio puntual de consulta, previo a la elaboración del plan sectorial. La planeación no puede ser refundada cada sexenio, ni ser repetidora acrítica del anterior. La interacción corresponsable entre autoridades educativas —federales y estatales— y académicos debe plantearse de manera permanente y continua, si aspiramos a transformaciones profundas en el mediano plazo, a políticas y estrategias que rescaten lo educativo como parte esencial del bien común.

La situación del sector educativo y la necesidad de desarrollo de la generación y del uso del conocimiento científico y tecnológico, hoy en día, representan una flagrante deuda social con el pueblo de México. Aportar conocimiento especializado para el engrandecimiento del saber sobre lo educativo, colaborar en la definición de propuestas y soluciones para redimensionar su dinámica, así como poner a disposición de las autoridades y comunidades académicas interesadas estos saberes, es tarea de los especialistas en investigación educativa. Perfiles Educativos es uno de los medios para la difusión de dichos conocimientos. Atender los resultados del trabajo académico, riguroso y comprometido con mejores mañanas, es responsabilidad de las autoridades educativas del país.

Lourdes M. Chehaibar Náder
mayo de 2007