La relación entre educación superior y mercado de trabajo en México. Una breve contextualización

 

Alejandro Márquez Jiménez*

 

** Doctor en Educación por la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Actualmente es investigador en el Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación (IISUE) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y colabora con la Dirección General de Evaluación Institucional en la misma institución. Sus líneas de investigación son: economía de la educación y políticas educativas. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores (nivel I) y del Seminario de Educación Superior de la UNAM. Es autor de diversos trabajos y entre los más recientes se encuentran: (2010), "Modelos alternativos para el financiamiento de las universidades públicas mexicanas", en D. Cazés, E. Ibarra y L. Porter (coords.), Las universidades públicas mexicanas en el año 2030: examinando presentes, imaginando futuros, México, UAM-Cuajimalpa/CEIICH-UNAM, pp. 235-289; (2010), "Sistemas de indicadores educativos: su utilidad en el análisis de los problemas educativos", Revista Electrónica Sinéctica, núm. 35, pp. 1-25; (2009), "Los beneficios públicos y privados de la educación y sus implicaciones en las políticas para la educación superior", en H. Muñoz (coord.), La universidad pública en México, México, SES-UNAM/Miguel Ángel Porrúa, pp. 169-199. CE: amj08@unam.mx

 

Recepción: 1 de junio de 2011
Aceptación: 6 de julio de 2011

 

Resumen

El documento analiza la relación que se establece entre la educación superior y el mercado de trabajo en México, destacando el problema del desajuste entre la oferta y la demanda de profesionistas en el mercado laboral. A partir del análisis de diversas fuentes oficiales de información sobre la situación del empleo en México, se concluye que el problema del desajuste es un hecho que se manifiesta a través del desempleo y el subempleo, si bien, existen problemas con su conceptualización y formas de medición. No obstante que actualmente los profesionistas, principalmente los más jóvenes, son quienes en mayor medida afrontan el problema del desempleo, se demuestra que a largo plazo son éstos quienes reciben los mayores beneficios del mercado laboral. Asimismo, se señala que este problema de desajuste tiene un carácter estructural que difícilmente puede ser resuelto únicamente por el sistema educativo. Su solución involucra necesariamente la participación de otros sectores sociales (empresas y gobierno).

Palabras clave: Educación superior, Profesionistas , Mercado de trabajo, Desempleo y subempleo.

 

INTRODUCCIÓN

Ya desde el inicio del siglo XXI, muchas de las creencias sobre el impacto positivo de la educación en el desarrollo tanto individual como social eran puestas en duda (De Ibarrola, 2005). Hoy en día es cada vez más frecuente aceptar lo que empezó a señalarse desde los años noventa respecto de que la educación, aun cuando es un factor necesario, no es suficiente para promover por sí misma el desarrollo y la justicia social (Filmus, 1992; De Ibarrola, 2005).

Un aspecto que nutre la pérdida de expectativas sobre la educación es el desajuste que se presenta en relación con el mercado de trabajo, generando los problemas de desempleo y subempleo que se viven en diversas partes del mundo. Movimientos como el recientemente ocurrido en Portugal¹ resaltan esta paradójica situación, pues a pesar de que generacionalmente los jóvenes están cada vez más educados, aumentan los problemas para incorporarse al mercado de trabajo. En México, desde hace tiempo, los diarios han prestado especial atención a esta circunstancia, destacando en sus titulares que son los profesionistas los más afectados por el aumento del desempleo (Moreno, 2009) y que cerca de un tercio de los mismos están subempleados (Sánchez, 2010; González, 2011).

Bajo este contexto, se han planteado diversas conjeturas sobre el papel que le corresponde a la educación superior en este escenario. En visiones contrapuestas, hay quienes la asumen como responsable, por estar desfasada de los nuevos requerimientos del mercado de trabajo; y en el otro extremo, hay quienes la eximen para atribuir culpabilidad a otros ámbitos, sea el económico o el político, por ejemplo.

Considerando lo anterior, el propósito de este trabajo consiste en presentar un breve análisis sobre la relación que se establece entre la educación superior y el mercado de trabajo en México, destacando el problema que se asume como más acuciante en esta relación: el desajuste entre la oferta y la demanda de profesionistas en el mercado de trabajo.

El trabajo se estructura en cuatro apartados: 1) en el primero se presenta una breve contextualización sobre el desempleo y subempleo de los profesionistas en México, así como algunos problemas que existen con respecto a la definición y medición de estos aspectos; 2) en el segundo, se brinda un panorama general sobre la situación del empleo de los profesionistas en México de 2000-2010; 3) en el tercero, se analiza el papel que, desde diversas perspectivas, se atribuye a las instituciones de educación superior (IES) en esta situación y, 4) finalmente, se realizan algunos comentarios que procuran poner en perspectiva la viabilidad de las propuestas que se han realizado para que las IES afronten los problemas del desajuste entre la oferta y la demanda de profesionistas.

 

CONTEXTUALIZACIÓN Y ALGUNOS PROBLEMAS PARA LA MEDICIÓN DEL DASAJUSTE ENTRE LA OFERTA Y LA DEMANDA DE LOS PROFESIONISTAS EN MÉXICO

Antes de iniciar el siglo, en nuestro país ya existían indicios del desajuste entre la oferta y la demanda de profesionistas (Lorey, 1993 y 1997; Muñoz, 1998 y 2001). Esta situación se confirmaría en 2003, con el amplio estudio realizado bajo los auspicios de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), en tres volúmenes coordinados por Enrique Hernández Laos. Dicho estudio brindaría un panorama bastante detallado de la situación del mercado de trabajo de los profesionistas para el periodo 1990-2000. Entre sus resultados destacan dos aspectos: a) la confirmación de una sobreoferta de profesionistas, que provocó que cerca de 135 mil de éstos (aproximadamente 7 por ciento del total) estuvieran subemplea-dos, desempeñando actividades por debajo de su nivel de formación; y b) el señalamiento de que este problema se manifestaba de forma diferente en las distintas regiones del país. Con respecto al segundo punto, se observó que mientras las regiones menos desarrolladas de país (sur y sureste) tenían un déficit de profesionistas, las más desarrolladas (norte y centro) presentaban una sobreoferta cercana a 10 por ciento del total de profesionistas existentes en cada región. Un caso extremo lo representaba la Zona Metropolitana de la Ciudad de México, región donde se estimó en poco más de 50 por ciento el volumen de los profesionistas que desempeñaban actividades que no requerían su nivel de formación, es decir, había casi dos profesionistas por cada empleo que requería una formación de nivel superior (ANUIES, 2003).

Posteriormente, en 2005, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), con base en los resultados del Censo General de Población y Vivienda del año 2000, presentó una serie de estudios monográficos por entidad federativa sobre la situación ocupacional de los profesionistas. Sus resultados permitieron apreciar lo siguiente: a) cerca de 80 por ciento de los profesionistas formaban parte de la población económicamente activa; b) las tasas de desempleo no eran mayores a 2 por ciento; c) las ocupaciones que desempeñaban algunos de ellos (aproximadamente 14 por ciento) no correspondían a su nivel de formación; d) los profesionistas se concentraban en el sector servicios de la economía (cerca de 70 por ciento); y e) la situación ocupacional de los profesionistas no era homogénea, pues tendía a variar en función de las diferentes entidades federativas del país, las características de los sujetos (género y grupo de edad, por ejemplo) y la disciplina en que se formaron.

Otro aspecto relevante que ocurrió en 2005 fue el inicio de la aplicación de las Encuestas Nacionales de Ocupación y Empleo (ENOE) realizadas por el INEGI, que sustituyeron a las encuestas que se habían venido aplicando con anterioridad (Encuesta Nacional de Empleo y Encuesta Nacional de Empleo Urbano). La nueva encuesta tuvo cambios metodológicos importantes, incluyó nuevos rubros de información y su aplicación tendió a ser más frecuente (trimestral), mejorando el seguimiento de la situación del empleo en el país.

También en 2005 se creó por decreto presidencial el Observatorio Laboral Mexicano (OLM), que dependería de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) y cuya función consistiría en "recabar, gestionar y procesar datos de encuestas y registros administrativos a nivel nacional sobre las características de la demanda y la oferta de empleo" (STPS, 2005). No obstante, desde su creación el nuevo organismo centraría su atención particularmente en los profesionistas. Con base en las nuevas encuestas aplicadas por el INEGI, el OLM tendió a brindar información sobre el número de profesionistas ocupados por disciplina, entidades federativas y sector de actividad económica, así como sobre sus ingresos y la concordancia de sus ocupaciones con respecto a la educación que recibieron. Un aspecto que resalta de los informes del OLM consiste en demostrar que son ampliamente diversas las condiciones laborales de los profesionistas en México.

No obstante, aunque ahora se cuenta con más y mejores fuentes de información sobre las condiciones laborales de los profesionistas en el país, es frecuente encontrar diferencias en los datos que reportan las agencias gubernamentales, los investigadores y los medios de comunicación, lo cual tiende a producir cierto desconcierto frente a las distintas cifras que se manejan al respecto.

En el caso del desempleo, por ejemplo, para el año 2000 se manejaron dos datos oficiales: el proveniente del Censo General de Población y Vivienda y el de la Encuesta Nacional de Empleo (ENE). En ambos casos, la definición del desempleo se refiere a la "población desocupada abierta" o "desempleo abierto", que hace alusión a las personas de 12 y más años que no laboraron o lo hicieron menos de una hora en la semana de referencia (fecha en que se aplica la encuesta) y que declaran haber buscado trabajo activamente en el mes previo a la semana de levantamiento, o bien entre uno y dos meses atrás, aun cuando no hayan buscado empleo en el último mes por causas ligadas al mercado de trabajo, pero que estén dispuestas a incorporarse de inmediato (INEGI, Glosario). Por su parte, en la ENOE, que inicia su aplicación en 2005, se utiliza el término "población desocupada", para referirse a las personas de 14 años y más que no estando ocupadas (o que hayan trabajado menos de una hora) en la semana de referencia, declaran haber buscado incorporarse a alguna actividad económica, en algún momento del último mes transcurrido (INEGI, Glosario). Como se puede observar, aunque las definiciones se parecen entre sí y resultan semejantes a los criterios establecidos por la Organización Internacional del Trabajo,² no son exactamente iguales; por ello, siempre es conveniente conocer la fuente de donde proviene la información, la fecha del levantamiento y la definición precisa de lo que en cada momento se denota como desempleo.

Por otra parte, debido a que desde 2005 el INEGI reporta en sus tabulados básicos los datos de la población con educación media superior y superior de forma conjunta, algunos medios de comunicación han propiciado cierta confusión al atribuir los resultados de este grupo como si únicamente se tratara de los profesionistas. Baste con el ejemplo siguiente:

Desempleo "noquea" a profesionistas. El 35% de los trabajadores con estudios superiores quedó desocupado en diciembre de 2008; en contraste, sólo el 8.6% de población con primaria incompleta fue desempleado (Moreno, 2009).

En cuanto al subempleo, el asunto es todavía más complejo, pues el término y las metodologías empleadas para su estimación tienen muchas más variantes. El uso más frecuente concuerda con la definición establecida por la OIT, que considera a las personas ocupadas que no alcanzan su nivel de pleno empleo, es decir, a las que pese haber trabajado o haber contado con un empleo durante la semana de referencia, expresan su voluntad de trabajar "mejor" o "de forma más adecuada", y se encuentran disponibles para hacerlo (OIT, 2011b).

La definición de la OIT alude principalmente a lo que se denota como subempleo visible por horas (o duración); sin embargo, no considera al denominado subempleo invisible por ingreso. Este último se define como el porcentaje de la población ocupada que recibe ingresos por debajo de una cierta línea de ingresos o del valor de un límite mínimo de consumo (Verdera, 1995).

En México, con anterioridad a 2005, frecuentemente se utilizó el término de subempleo para referirse a lo que en las Encuestas Nacionales de Empleo se definía como: "tasa de condiciones críticas de ocupación". Esta tasa incorporaba tanto el subempleo visible por horas como el invisible por ingreso, ya que se refería a la proporción de la población ocupada que se encontraba trabajando menos de 35 horas a la semana por razones de mercado y la que laboraba más de 48 horas semanales ganando de 1 a 2 salarios mínimos, o bien la que trabajaba más de 35 horas semanales con ingresos mensuales inferiores al salario mínimo. A partir de 2005, las ENOE adoptaron el término de "población subocupada", si bien ahora, en concordancia con la OIT, sólo se considera a las personas ocupadas que declaran tener la necesidad y disponibilidad de ofertar más tiempo de trabajo de lo que su ocupación actual les permite.

Otro significado común del término de subempleo coincide con el que brinda el Diccionario de la Real Academia Española, donde se indica que "subemplear" se refiere al acto de "emplear a alguien en un cargo o puesto inferior al que su capacidad le permitiría desempeñar" (Diccionario de la Lengua Española-vigésima segunda edición). Asimismo, el término se ha utilizado para referirse a la población (profesionistas principalmente) que desempeña una ocupación que no tiene relación con los estudios que cursaron.

En el ámbito de la investigación académica realizada en centros, institutos e instituciones de educación superior, el concepto de desempleo usualmente mantiene el significado que le brindan las agencias gubernamentales como el INEGI, si bien comúnmente se cuestiona el hecho de que se considere como ocupadas a las personas que hayan trabajado al menos una hora en la semana previa al levantamiento de la encuesta.

El caso del subempleo también es diferente, pues aunque se alude habitualmente a alguna de las definiciones señaladas anteriormente, las metodologías para estimarla pueden ser muy diferentes, razón por la cual existen amplias diferencias en los datos que se reportan sobre este problema. En algunas ocasiones, el término se emplea para hacer referencia a la población ocupada que carece de prestaciones sociales o para referirse a los ocupados en el denominado sector informal de la economía, que por definición carecen de prestaciones sociales. En otros casos se utiliza para aludir específicamente a los profesionistas que desempeñan ocupaciones que se consideran por debajo de su nivel de formación, aspecto que en la literatura sobre el tema se denota como sobreeducación.

De esta forma, aunque las cifras de desempleo que se manejan en el país usualmente no presentan grandes variaciones, en el tiempo pueden reflejar diferencias debido al cambio del grupo de población que se utiliza como referencia para su medición, pues como se señaló, hasta el año 2000 se utilizó a la población de 12 y más años, en tanto que desde 2005 se consideró a la población de 14 y más años. No obstante, esto no tiene implicaciones para la medición del desempleo de los profesionistas.

La medición del subempleo, principalmente en el caso de los profesionistas, es diferente, puesto que además de las distintas definiciones que se utilizan, hay grandes variantes en las metodologías empleadas para su medición, lo que, a su vez, incide en que haya grandes discrepancias en las estimaciones que se hacen al respecto. Por ejemplo, Muñoz (1998 y 2001) estima que en la década de los ochenta había aproximadamente cuatro profesionales por cada puesto de trabajo que requería este nivel de formación, lo que implicaría un porcentaje de subempleo de 300 por ciento. Con datos de 1996, Zamudio (1997) estimaría que para ese año, 12.6 por ciento de los profesionales desempeñaban ocupaciones por abajo de su nivel de formación. Por su parte, el estudio de la ANUIES (2003) que ya se refirió anteriormente maneja una cifra de 7 por ciento para el periodo 1990-2000, mientras que Becerril (2005), con datos del 2000, calcula el subempleo en 60 por ciento. A su vez, Burgos (2008), trabajando con muestras de egresados de la Universidad de Sonora, estima que 25 por ciento se desempeñaba en ocupaciones que no concordaban con los estudios que realizaron y 21 por ciento tenían puestos que no requerían estudios universitarios.

El OLM no utiliza el término de subocupación, sin embargo, es la única instancia que brinda información frecuente sobre la correspondencia que existe entre las ocupaciones que desempeñan los profesionistas y los estudios que realizaron. Sus resultados indican que 69 por ciento de los profesionistas se dedican a actividades que concuerdan con sus estudios; si bien, existen amplias diferencias por área de estudio y por carreras (OLM, 2011).

Como se puede observar, las cifras sobre el desempleo y el subempleo de los profesionistas pueden ser muy diversas, lo cual resalta la importancia de conocer las características de las fuentes de información y las metodologías utilizadas para estimarlas, a fin de conocer con precisión a qué se está haciendo alusión en cada momento.

A continuación se presenta un panorama general sobre la situación del empleo de los profesionistas en México del año 2000 al 2010, utilizando la información de agencias gubernamentales como el INEGI y el OLM, pues ante la diversidad de resultados, éstos son los que reportan las fuentes oficiales.

 

PANORAMA GENERAL SOBRE LA SITUACIÓN DEL EMPLEO DE LOS PROFESIONISTAS EN MÉXICO, 2000-2010

Respecto de la relación entre la oferta y demanda de profesionistas en México en el periodo comprendido entre 2000 y 2010, un primer aspecto a destacar es la forma como la expansión educativa sigue provocando modificaciones en el perfil educativo de la población ocupada. En este periodo, los cambios pueden observarse principalmente en los extremos, pues mientras que sigue disminuyendo la participación porcentual de los trabajadores sin escolaridad (en 3.3 puntos porcentuales), aumenta la correspondiente a la población con estudios superiores (en 4.4 puntos porcentuales). Por su parte, la participación porcentual de los trabajadores con educación básica y media superior se mantiene casi sin cambios durante el periodo (Gráfica 1).

Las tasas de desempleo muestran que éste se incrementó durante el periodo, afectando de forma generalizada a toda la población; si bien los más afectados fueron los profesionistas, cuyo nivel aumentó 4.2 puntos porcentuales en el periodo. Después se ubican los trabajadores con estudios de nivel medio superior que aumentan su nivel de desempleo en 3.8 puntos porcentuales y los que tienen educación básica, que lo aumentaron en 3.5 puntos. Los menos afectados fueron las personas sin escolaridad, que sólo aumentaron su nivel de desempleo en 2.2 puntos. Cabe advertir que el desempleo se agravó debido a la crisis económica de 2008, provocando que en sus momentos más álgidos incluso rebasara el 6 por ciento de desempleo global.

En relación con el subempleo, que se incorpora como indicador a partir de las ENOE en 2005 y alude al denominado desempleo visible por horas, se aprecia que son los profesionistas los menos afectados, seguidos por la población con estudios de nivel medio superior. En este caso, los trabajadores con educación básica y los que no tienen estudios son los más afectados seguidos por la población con estudios de nivel medio superior. En este caso, los trabajadores con educación básica y los que no tienen estudios son los más afectados (Gráfica 3).

El 69 por ciento de los profesionistas desempeñan actividades que concuerdan con los estudios que realizaron, si bien los que cursaron carreras cuyo campo de trabajo es más específico y regulado, como es el caso de quienes se dedican a la educación o al cuidado de la salud, presentan un mayor nivel de concordancia (próximo al 90 por ciento), mientras que en carreras económico-administrativas muestran un menor nivel de concordancia, siendo que cerca de 40 por ciento de estos profesionistas se dedican a actividades que no tienen relación con sus estudios (Gráfica 4).

Los datos anteriores brindan una imagen poco alentadora del mercado de trabajo de los profesionistas; sin embargo, como señaló en 2009 el subsecretario de Educación Superior, Rodolfo Tuirán, esta situación no debe ser motivo de desaliento, pues a la larga son los que obtienen mayores beneficios al incorporarse al mercado de trabajo (Notimex, 2009).

En cierta medida el subsecretario tiene razón, pues existen evidencias que llevan a considerar que pese al agravamiento de las condiciones laborales que ofrece el mercado de trabajo, son los profesionistas quienes obtienen más beneficios. Para empezar, la escolaridad incrementa significativamente las oportunidades de participar en el mercado de trabajo: en 2010, mientras que 74 por ciento de las personas con estudios de nivel superior formaban parte de la población económicamente activa, este porcentaje desciende a cerca de 60 por ciento para los trabajadores con educación media superior, a 57 por ciento para los que tienen estudios de nivel básico y llega hasta 41 por ciento para las personas sin escolaridad. Asimismo, las personas con educación superior son quienes tienen mayores probabilidades de acceder a mejores salarios: en 2010, cerca de 55 por ciento de los profesionistas tenían ingresos superiores a 3 salarios mínimos, mientras que este porcentaje disminuye a 30 por ciento para las personas con estudios de nivel medio superior, a 18 por ciento para los que tienen hasta educación básica y sólo llega a 6 por ciento para las personas que no tienen estudios (Gráficas 5 y 6).

Recapitulando a partir de la información anterior, se pueden considerar los siguientes puntos:

a) La información disponible y los estudios que se han realizado al respecto confirman la existencia de un desajuste entre la oferta y la demanda de egresados que provoca que éstos enfrenten mayores problemas para incorporarse adecuadamente al mercado de trabajo.

b) Los grupos más educados (con educación media superior y superior) presentan las tasas más altas de desempleo; no obstante, algunos trabajos de investigación (Zamudio, 1997; Márquez, 2010) muestran evidencias de que el desempleo de los profesionistas afecta particularmente a los jóvenes y tiende a disminuir con el paso del tiempo, hasta adquirir niveles semejantes a los que presentan los grupos de menor escolaridad. Una posible explicación al denominado "desempleo ilustrado" (De Ibarrola, 2005) parte de considerar que los jóvenes que adquieren altos niveles de escolaridad provienen de familias mejor situadas socioeconómicamente que les permiten afrontar durante periodos más largos los costos asociados a la búsqueda de un trabajo que cubra lo mejor posible sus expectativas. Al carecer de este apoyo, los jóvenes provenientes de familias menos favorecidas se ven más presionados para incorporarse lo más pronto posible al mercado de trabajo, aun a costa de tener que aceptar las precarias condiciones que se les ofrecen. Este efecto explicaría las diferencias en las tasas de desempleo que presentan las zonas urbanas y rurales, por ejemplo, puesto que, aun cuando en las zonas rurales se concentra la población con menor nivel de ingresos y de escolaridad, usualmente son los que presentan las tasas más bajas de desempleo y ello, a pesar de las precarias condiciones que les ofrece el mercado de trabajo (Tokman, 2004; OCE, 2005). De esta forma, entre más pobres, los individuos tienen mayor presión para incorporarse al mercado laboral aun a costa de aceptar condiciones bastante precarias de ocupación; por su parte, considerando la información sobre el subempleo visible por horas, como se observó, son los profesionistas los menos expuestos a esta situación.

c) El subempleo tiene problemas en su definición que redundan en su medición. Los criterios aceptados por la OIT para su cálculo sólo se circunscriben al denominado desempleo visible por horas, por lo cual se considera que las mediciones oficiales que usualmente se manejan por parte de los países, ocultan una parte importante de la precarización de las condiciones laborales, sea por los paupérrimos niveles de ingresos que se ofrecen a trabajadores que cubren o sobrepasan lo que las normas establecen como una jornada laboral completa, o porque los empleos no corresponden a los niveles de especialización de la fuerza de trabajo. Esto redunda en que los estudios que abordan esta problemática, en su afán de incorporar alguno de los aspectos señalados, obtengan resultados distintos y con diferencias bastante amplias en la medición de este problema.

Por otra parte, hay posiciones que consideran que las conceptualizaciones sobre el subempleo que mantienen una visión estática sobre la forma como se relaciona la educación con la estructura de las ocupaciones del mercado de trabajo, niegan los cambios que desde las empresas se pueden estar produciendo para ajustar las ocupaciones a los mayores niveles de formación de la población. Esto, en cierta forma, explicaría las diferencias salariales positivas que presentan los profesionistas con respecto a los trabajadores de menor escolaridad, aun cuando desempeñen ocupaciones que aparentemente pueden resultar similares. En este sentido, se entendería que el aumento de las competencias de los trabajadores promovida por la expansión escolar crearía su propia demanda en el mercado de trabajo, puesto que las empresas realizan ajustes para aprovechar las mayores competencias de los trabajadores más educados y, en consecuencia, les ofrecen mayores retribuciones (Mercado y Planas, 2005). Por consiguiente, de asumir esta posición, las formas tradicionales de medir el subempleo a partir de una visión estática de los puestos y las ocupaciones resultarían insuficientes. Una medición adecuada tendría que partir de la consideración respecto del nivel de las competencias que son requeridas por cada una de las ocupaciones, en forma mucho más específica.

d) Aun cuando las condiciones laborales se han venido precarizando, los profesionistas continúan siendo los mejor librados en su relación con el mercado de trabajo: este nivel educativo les brinda mayores probabilidades de incorporarse al mercado laboral³ y de acceder a las ocupaciones más prestigiosas, además de que tienden a percibir los salarios más altos. Respecto de los ingresos de los profesionistas, los estudios de tasas de rendimiento económico de la escolaridad que se han realizado para la población mexicana, muestran consistentemente que la educación continúa siendo una inversión rentable para los individuos y para la sociedad: si bien se aprecia que los rendimientos han venido disminuyendo en el tiempo y llegan a ser afectados por los periodos de crisis económica, aquélla sigue proporcionando rendimientos positivos en términos individuales y sociales. Asimismo, estos estudios confirman que los más educados son los que tienden a obtener las tasas de rendimiento educativo más altas (Barceinas, 2002; López-Acevedo, 2004; Barceinas y Raymond, 2006; Ordaz, 2007; Villareal, 2010).

En un contexto que ha tenido como telón de fondo las recurrentes crisis económicas y el avance de los procesos que procuran flexibilizar las condiciones laborales orientados bajo el paradigma neoliberal, las condiciones de los trabajadores mexicanos se han venido precarizando, aumentando con ello los niveles de desempleo y, principalmente, de subempleo. Pese al avance de estos problemas, como se observó, la educación continúa siendo un elemento fundamental para ampliar las posibilidades de participar en el mercado de trabajo y de aspirar a mejores condiciones en el mismo. No obstante, si no se toman medidas al respecto, es probable que los desajustes entre la educación y el mercado laboral se incrementen generando efectos negativos para los trabajadores, lo cual es más visible en el caso de los desajustes que se encuentran entre la oferta y la demanda de profesionistas en el país. ¿Qué medidas se podrían tomar para evitarlo?, y ¿qué papel le correspondería jugar a las instituciones de educación superior ante esta situación? Estas son algunas de las cuestiones que se abordan en el siguiente apartado, particularmente con la intención de aportar elementos que contribuyan a reflexionar sobre los rumbos que serían más pertinentes para avanzar en la posible solución de estos problemas.

 

EL PAPEL DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR ANTE LOS DESAJUSTES ENTRE LA OFERTA Y LA DEMANDA DE PROFESIONISTAS EN MÉXICO

En términos prácticos se pueden percibir al menos cuatro posturas bastante definidas sobre las causas a las que se atribuye el desajuste que se presenta entre la oferta y la demanda de profesionistas en nuestro país.⁴ A continuación se presentan estos cuatro planteamientos, prestando especial atención al papel que se atribuye a la educación superior en la generación y en la posible solución a los problemas de desempleo y subempleo de los profesionistas.

1. Entre las posturas más difundidas se encuentra la que tiende a considerar que la causa de los problemas se debe al mal funcionamiento de las IES, pues se considera que éstas se encuentran desfasadas con respecto a los nuevos requerimientos del sector productivo, mismo que se percibe inmerso en procesos de cambio bastante dinámicos que impactan los procesos de producción y organización del trabajo al interior de las empresas. Cambios que responden, a su vez, al efecto de la globalización económica, la innovación tecnológica y los impactos de la denominada sociedad del conocimiento en los procesos productivos. Al respecto, algunos de los aspectos a los que se atribuye el mal funcionamiento de las IES son: a) la mala calidad de los procesos de formación; b) la falta de actualización de planes y programas de estudio; c) la carencia de elementos en los planes y programas de estudio para que los egresados adquieran habilidades y competencias que, más allá de los conocimientos disciplinares, los preparen para adaptarse a nuevos ámbitos de desarrollo profesional y formas de organización del trabajo. En este sentido, incluso ha llegado a plantearse la necesidad de que los egresados adquieran capacidades que les permitan ser innovadores o hasta generar sus propios empleos; y d) la ausencia de medidas encaminadas a reorientar la oferta educativa que evite la alta concentración de la matrícula en carreras que muestran niveles elevados de saturación en el mercado de trabajo, así como de iniciativas para crear nuevas carreras, combinaciones de las existentes que respondan mejor y de manera más flexible a las nuevas exigencias del mercado laboral y/o ampliar la matrícula de carreras que se ajusten mejor a los avances del conocimiento y que integren procesos de alto valor agregado (como por ejemplo: biotecnología, genómica, mecatrónica, microelectrónica y telecomunicaciones).

Bajo esta perspectiva, la solución a los problemas de los profesionistas para integrarse al mercado de trabajo parece ser simple, pues el supuesto del cual se parte es que de alguna forma los empleos a los que podrían acceder los egresados ya existen y los están esperando; siendo así, en la medida en que las IES realicen los ajustes que se les solicitan, los profesionistas podrían acceder a las ocupaciones sin mayores problemas. Sin embargo, en la realidad esto no parece ser tan simple, ya que las evidencias apuntan a señalar que en el sector productivo y en el gobierno radica también parte del problema, y de mostrarlo se encargan las otras perspectivas que se presentan a continuación.

2. Otra de las posturas tiende a eximir a las IES de la generación del problema, pero sólo para ubicarlo en el desempeño que durante los últimos años ha tenido el sector empresarial, al cual se culpa de no ser capaz de generar nuevas fuentes de trabajo productivo. Ello debido a: a) la falta de visión para afrontar los costos de la modernización de su planta productiva, la mínima o nula inversión que realizan en investigación científica y tecnológica, la falta de iniciativa para adoptar y/o desarrollar nuevas tecnologías en planta y equipo, así como para llevar adelante procesos de reorganización del trabajo; b) la poca preocupación que muestran para invertir en la capacitación de los recursos humanos; c) la falta de vinculación que tienen las empresas con el sector académico; d) la alta dependencia de bienes de capital de procedencia extranjera; e) la falta de iniciativa para innovar su mercadotecnia y la comercialización de sus productos, limitando así su capacidad para ampliar su mercado interno y externo; f) la falta de iniciativa para asumir riesgos y gestionar financiamientos; y g) la carencia de estrategias para vincularse con otras empresas (nacionales o extranjeras) y generar clúster de producción.

En esta perspectiva, aunque usualmente se reconoce la amplia segmentación que presenta el sector empresarial, se asume que en mayor o menor medida las empresas cubren algunas de las características anteriores. Incluso, cuando se alude al sector más desarrollado de las empresas, se percibe que sus procesos de modernización, antes que generar nuevos puestos de trabajo, han tendido a desplazar fuerza de trabajo mediante el uso de nuevas tecnologías. En otros casos también se les culpa de precarizar las condiciones de trabajo mediante la implementación de nuevas formas de contratación, como son la subrogación de servicios o la contratación por tiempos definidos.

3. La tercera perspectiva ubica la causa de los desajustes en las políticas que ha venido aplicando desde el siglo pasado el gobierno federal. Se afirma que la adopción de las políticas propuestas por el decálogo del "Consenso de Washington" (entre ellas, la adopción de una política fiscal que privilegia el control de la inflación y el déficit del sector público, el reordenamiento de las prioridades del gasto público, las reformas impositivas y la apertura comercial, así como las prerrogativas que se brindan a la inversión extranjera), han limitado considerablemente la capacidad del sector público y privado para invertir en los sectores que permitirían promover la generación de empleo. Por un lado, se señala que la premura con que se realizaron los tratados de libre comercio pusieron en desventaja a las empresas que no tenían el capital suficiente para invertir y afrontar la competencia de los productos y servicios extranjeros. Por otro lado, el control del gasto público limitó la capacidad del gobierno para apoyar el desarrollo de sectores de la economía (como el campo) y de grupos empresariales (mediana, pequeña y micro empresas) que no contaban con los recursos para invertir en la modernización de su planta productiva.

En otro ámbito, se asume que las políticas que han tendido a flexibilizar las condiciones del trabajo, la reorientación de la política social y la contención del gasto público constituyen factores que también han influido negativamente en las condiciones de vida de la población, en general, y en la precarización de las condiciones de los trabajadores, en particular. Asimismo, se señala la falta de una política orientada al desarrollo de la educación superior, la ciencia y la tecnología, limitando con ello la posibilidad de desarrollar y consolidar un sistema de ciencia y tecnología con capacidad para innovar los procesos de producción de las empresas mexicanas, lo cual también tendría impacto en la generación de empleos altamente productivos.

Bajo una visión así, no son pocas las voces que exigen un cambio en el modelo de desarrollo que fue adoptado desde hace más de tres décadas, algunas añorando el retorno del modelo del "Estado de bienestar", y otras apelando a la puesta en marcha de alternativas que tiendan a ampliar los sistemas de seguridad social de la población y la generación de empleos productivos.

4. La cuarta perspectiva parte de una visión más integral desde donde se percibe que los tres sectores antes mencionados forman parte del problema y por ello, también de la solución. Esta visión se sustenta en el modelo de la "triple hélice" propuesto por Etzkwotiz y Leydesdorff (1995; 1996) y que ha venido cobrando importancia desde los noventa. Bajo esta perspectiva se considera que las universidades y la industria se han desarrollado como esferas institucionales relativamente separadas y distintas; sin embargo, bajo el contexto actual han venido asumiendo tareas que anteriormente eran dominio de la otra. En este sentido, la idea de la tripe hélice es hacer explícitas y organizar estas relaciones para generar un mayor impacto en la innovación y el desarrollo económico de la sociedad. Aunque existen diferentes modelos sobre cómo establecer la relación entre los tres actores involucrados (gobierno, universidad e industria), el más popular establece a la universidad como centro, cuyo papel consiste en realizar sus actividades de investigación y desarrollo basadas en principios académicos, a la industria como fuente de financiamiento y demandas específicas basadas en sus actividades comerciales que procuran la generación de nuevos negocios y productos, y el gobierno, cuyo papel es ser gestor de las condiciones políticas y del marco regulatorio de las relaciones entre las instituciones anteriores, así como el de ser el generador de los entornos propicios para el crecimiento económico. En la versión original, el modelo considera cuatro etapas: la primera consiste en las transformaciones internas que cada uno de los sectores debe realizar para favorecer sus relaciones; la segunda consiste en generar mecanismos que permitan la influencia de un sector a otro, como por ejemplo, el establecimiento de programas gubernamentales que propicien la vinculación entre las universidades y las empresas; la tercera implica la creación de redes trilaterales y organismos que permitan la interacción entre los tres sectores; y la cuarta se refiere a las sinergias o efectos recurrentes que las nuevas relaciones producen en las esferas institucionales y en la sociedad en general (Etzkwotiz y Leydesdorff, 1996).

Bajo tal perspectiva, se asume que la triple hélice sería capaz de generar un círculo virtuoso favorable para la innovación y el desarrollo científico, así como para el crecimiento económico de la sociedad. No obstante, para funcionar se requiere eliminar las reticencias que tienen los distintos sectores para relacionarse entre ellos y establecer mecanismos y normas que eviten la concentración del control y de los beneficios en un sector en particular. Lo anterior sería especialmente necesario para las universidades, pues se requeriría asegurar que este proceso no limite su capacidad para cubrir las diferentes funciones que realizan en la sociedad o que puedan quedar expuestas a que poderes fácticos asuman el control de sus funciones y su desarrollo.

La presentación de estas cuatro posturas procuró tener un carácter expositivo con la intención de mostrar la parte de responsabilidad que tienen los tres sectores involucrados (IES, empresas y gobierno) en la generación del problema de desajuste entre la oferta y la demanda de profesionistas en México. Este problema constituye un asunto que difícilmente puede ser resuelto de manera individual para encontrar una solución se requiere, necesariamente, de la participación de todos los sectores y de que cada uno de ellos realice la tarea que le corresponde, pues sólo así se podrá generar una respuesta más integral y no soluciones parciales que, a manera de parches, tratan de aplicarse por separado en cada uno de los sectores y cuyos resultados terminan por ser limitados.

 

COMENTARIOS FINALES

De acuerdo al propósito de este trabajo, el análisis llevado a cabo permitió mostrar que el problema del desajuste entre la oferta y la demanda de profesionistas es un hecho, si bien existen problemas con su conceptualización y formas de medición, lo que genera bastantes confusiones. En términos del desempleo, aunque generalmente se aceptan los criterios establecidos por la OIT, frecuentemente se cuestiona el hecho de considerar a una persona como ocupada por haber laborado una hora en la semana de referencia, pues se afirma que éste es un criterio muy laxo que oculta la verdadera situación que afronta la población. Con respecto al subempleo, hay muchas más formas de conceptualizarlo y, en razón de ello, de determinar la magnitud del problema. La OIT optó, también en este caso, por una definición bastante laxa que sólo considera al denominado subempleo visible por horas, es decir, a quienes laboran menos de 35 horas a la semana por cuestiones de mercado, pero que manifiestan su disponibilidad de trabajar más tiempo en caso de tener la posibilidad. Al respecto, se considera que la forma de medir el subempleo subestima su magnitud, pues oculta factores directamente relacionados con las precarias condiciones bajo las cuales la población se ocupa, y que tienen que ver con el ingreso y el tiempo que destinan a las jornadas laborales, pues muchos trabajadores, aunque trabajan jornadas normales o más que eso, perciben salarios muy bajos.

En cuanto a los profesionistas, se observa que ellos son los que más afrontan el problema del desempleo, principalmente los más jóvenes; sin embargo, existen razones para considerar que esto está relacionado con la capacidad que les brindan sus familias o redes sociales para afrontar durante periodos más largos los costos asociados a la búsqueda de un trabajo que cubra lo mejor posible sus expectativas, pues a largo plazo, su nivel de desempleo disminuye y se nivela con los que presentan los grupos de trabajadores con menor escolaridad. Por otro lado, también se observó que los primeros son los que reciben los mayores beneficios del mercado de trabajo, pues tienen las mayores probabilidades de incorporarse a él y reciben salarios más altos.

No obstante lo anterior, resulta contradictorio que los profesionistas vean cada vez más limitadas sus oportunidades laborales, pues una de las formas a través de las cuales pueden contribuir al desarrollo del país es, precisamente, mediante el ejercicio de su carrera profesional. En este sentido, aunque hay diversas propuestas para entender las causas de los problemas que aquejan la participación de los profesionistas en el sector productivo, como señala Muñoz (2006), todo apunta a considerar que el problema tiene un origen estructural cuya solución necesariamente involucra la participación de diferentes actores (IES, empresas y gobierno) y no a alguno de ellos en particular. En este sentido, la propuesta de la triple hélice constituye una solución posible; sin embargo, se requiere vencer muchos obstáculos para no quedar sólo como un "deber ser" y constituirse realmente en una medida viable para solucionar los problemas de desvinculación entre las IES y el sector productivo.

Para llegar a dicho escenario, cada sector requiere hacer lo que le corresponde en coordinación con los otros. Bajo este contexto, las IES, desde hace tiempo, han tenido que afrontar un contexto más demandante y en respuesta a ello han tenido que sujetarse a una serie de reformas. Para el mejoramiento de su calidad, se han tenido que someter a burocráticos procesos de evaluación y acreditación (Díaz Barriga et al., 2008); sin embargo, no se perciben cambios sustanciales con respecto a la calidad académica que brindan, ni con respecto a las mayores oportunidades laborales que podrían tener sus egresados. Asimismo, reciben múltiples presiones para que ajusten sus planes y programas de estudio en función de un contexto laboral que se asume imbuido en cambios vertiginosos producidos por una economía centrada en los avances del conocimiento; no obstante, como señala De la Garza (2010), en realidad las empresas mexicanas son ampliamente heterogéneas y la mayoría de ellas ha carecido de la iniciativa y los medios para modernizar sus plantas productivas. Por ello, lo mejor es ser precavido y realizar los ajustes que resulten necesarios a sus actividades de formación e investigación científica y tecnológica, pero considerando a los diferentes segmentos que integran al sector productivo mexicano. En este sentido, no solamente se trata de ajustarse a los requerimientos del sector moderno de la economía, sino también de los segmentos más rezagados que demandarían el apoyo de los profesionistas para avanzar en su consolidación y desarrollo.

Finalmente cabría resaltar que, pese al avance que han tenido los problemas de desempleo y subempleo en los últimos años, el valor e importancia de la educación para encontrarles solución es algo que no debe ponerse en duda; si bien, debe reconocerse que esta tarea es algo que no puede solucionar por sí misma. En razón de ello, es menester procurar la comunicación con otros sectores a fin de encontrar soluciones más integrales a estos problemas.

 

REFERENCIAS

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NOTAS

¹ El movimiento iniciado por cuatro jóvenes de la Universidad de Coimbra, Portugal, en febrero de 2011, convocó a una manifestación que logró reunir a más de 500 mil personas para protestar por las precarias condiciones que les ofrece el mercado laboral a pesar de reconocerse como la generación con mayor educación en la historia de su país (véase el manifiesto de la generación precaria y más noticias en: http://geracaoenrascada.wordpress.com).

² La OIT utiliza el término de "población desempleada" para referirse a las personas mayores de una edad especificada que no aportan su trabajo para producir bienes y servicios, pese a encontrarse disponibles. Cuando se calcula con respecto a un período de referencia corto, este concepto engloba a todas las personas que no tienen empleo y que durante el período de referencia habrían aceptado un empleo adecuado o puesto en marcha una empresa si se les hubiese presentado la oportunidad, y que en el pasado reciente buscaron activamente formas de encontrar empleo o poner en marcha una empresa (OIT, 2011a).

³ Aunque subsisten las diferencias de género que resultan favorables a los hombres, durante los últimos años las mujeres han aumentado significativamente su participación en el mercado laboral y, entre ellas, las diferencias entre las tasas de participación de las profesionistas con respecto a las mujeres de menor nivel de escolaridad son más amplias incluso que en el caso de los hombres (Mercado y Planas, 2005).

⁴ Esto no significa que no existan otras posturas diferentes o que las cuatro que se señalan sean mutuamente excluyentes; más bien pueden considerarse como tipos ideales en el sentido del método de análisis weberiano. También cabe advertir que las posturas seleccionadas se retoman porque involucran la participación de factores endógenos al sistema social mexicano y no simplemente a causas externas en las que hay poco que hacer desde la perspectiva del país, como el control de los países desarrollados o las agencias multilaterales sobre el desarrollo y formas de explotación que genera el neoliberalismo o los procesos de globalización económica que se están viviendo.