La distribución equitativa de las oportunidades educativas

En México son evidentes los avances que se han logrado en materia de cobertura educativa para la población. En un lapso de aproximadamente 34 años la matrícula total inscrita (desde preescolar hasta superior, incluyendo la capacitación para el trabajo) pasó de 21.5 a 35.7 millones de alumnos (Gráfica 1), lo cual implicó una tasa de crecimiento de aproximadamente 2 por ciento anual. Este crecimiento se reflejó de forma importante en el aumento de las tasas brutas de cobertura en los diferentes tipos y niveles educativos. Según las cifras del gobierno, para 2014, en educación preescolar la cobertura era próxima al 72 por ciento; y en primaria y secundaria hipotéticamente el sistema estaba en condiciones de atender a casi todos los niños, niñas y jóvenes en edad de cursar estos niveles. En educación media superior la cobertura bruta era cercana a 70 por ciento, y en educación superior a 30 por ciento (Gráfica 2).

Fuente: ^{SEP (s/f-a)}, Estadísticas históricas 1983-2012.

Gráfica 1 Matrícula total en el Sistema Educativo Nacional, 1980-2014. 

Fuente: ^{SEP (s/f-b)}, Reporte de indicadores educativos.

Gráfica 2 Tasas brutas de cobertura en el Sistema Educativo Nacional, 1990-2014. 

No obstante lo anterior, hay datos que confirman que los avances logrados en la cobertura educativa muestran importantes señas de inequidad, asociadas a las desigualdades sociales y económicas existentes entre la población. Por ejemplo, los trabajos de Felipe ^{Martínez Rizo (2012)} indican que si bien hemos avanzado en términos educativos, estos avances mantienen las asimetrías existentes en la distribución de las oportunidades educativas: así tenemos que entre 1970 y 2010, si bien aumentó la escolaridad promedio de la población de 15 años y más de 3.4 a 8.7 grados, en las entidades más pobres (Chiapas, Guerrero y Oaxaca) el promedio de escolaridad en 2010 era ligeramente superior al que tenía el Distrito Federal 40 años antes (Gráfica 3). Una tendencia similar se observa respecto de la distribución de la escolaridad al interior de las entidades federativas entre 1970 y 2010, pues aunque se advierte una disminución de la inequidad, vista a través del valor del índice de Gini,¹ el cual decrece de 0.55 a 0.30 en el periodo indicado; nuevamente las entidades más pobres (Chiapas, Guerrero y Oaxaca) son las que muestran los índices menos favorables. Ello indica que la desigualdad en la distribución educativa es todavía mayor a la que existía entre esos estados y el Distrito Federal y Nuevo León hace 40 años (Gráfica 4).

Fuente: ^{Martínez, 2012}.

Gráfica 3 Grados promedio de escolaridad por entidad federativa, 1970-2010. 

Fuente: ^{Martínez, 2012}.

Gráfica 4 Índice de Gini de la desigualdad educativa por entidad federativa, 1970-2010. 

Las desigualdades educativas se encuentran estrechamente asociadas a la distribución del ingreso en México, pues en el 20 por ciento de los hogares más pobres el porcentaje de asistencia escolar se encuentra sistemáticamente por debajo del porcentaje que alcanza en el 20 por ciento de los hogares con los mayores recursos. Asimismo, se aprecia que esta diferencia se incrementa según aumenta la edad de las personas: en 2014, mientras que en el 20 por ciento de los hogares con menores recursos la asistencia escolar era de 41 por ciento en el grupo de edad de 15 a 17, y de 8 por ciento en el de 18 a 22 años; en el 20 por ciento de los hogares más ricos estos porcentajes eran de 73 y 44 para los grupos de edad respectivos (Gráfica 5).

Fuente: estimaciones propias a partir de las bases de datos de la ^{ENIGH, 1992} y ²⁰¹⁴.

Gráfica 5 Asistencia escolar por grupo de edad e ingreso del hogar, 1992-2014 100. 

Lo que ocurre en México no es privativo de éste; las desigualdades estructurales vinculadas con la distribución del ingreso se encuentran consistentemente relacionadas, a su vez, con la distribución de las oportunidades educativas, si bien existen amplias diferencias entre los países según su nivel de desarrollo. En un reciente estudio realizado por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) se señala que en los países de bajos ingresos, 46 por ciento de los recursos para la educación pública se asignan a la educación del 10 por ciento de los estudiantes más instruidos, quienes usualmente son los que provienen de los hogares más ricos. En los países de ingreso medio-bajo este porcentaje es de 26, y en los de ingreso medio-alto de 13. Al respecto, el organismo señala que, debido a la correlación entre el nivel de ingreso de los hogares y la educación, en algunos países de bajo ingreso los niños del 20 por ciento de los hogares más pobres se benefician 10 veces menos del gasto público destinado a la educación que los niños provenientes del 20 por ciento de los hogares más ricos (^{UNICEF, 2015}).

Esto es así porque los factores que generan la desigualdad de oportunidades educativas están estructuralmente vinculados a los que producen la desigualdad social y económica en términos generales; y a que las reformas educativas en México prestan poca atención a este aspecto; por ejemplo, aunque en la actual administración se diseñó un programa para mejorar la infraestructura escolar (Escuelas al cien), con una meta de 33 mil escuelas públicas de educación básica, media superior y superior, con una inversión aproximada de 50 mil millones de pesos (Presidencia de la República, 2016), no se consideró un problema más profundo relacionado con la desigualdad educativa: las localidades que no cuentan con escuelas, que afecta principalmente a los sectores de la población de menores recursos.

Las cifras de localidades sin escuelas son alarmantes y revelan el aspecto más grave de la desigualdad educativa. Así tenemos que en las localidades de menos de cinco mil habitantes, 4 por ciento no cuenta con algún tipo de escuela, 7 por ciento no tiene preescolar, 8 por ciento no tiene primaria completa, 42 por ciento no tiene secundaria y 86 por ciento no tiene escuelas de nivel medio superior. Este problema se agrava conforme disminuye el tamaño de las localidades (Gráfica 6). En un contexto donde la obligatoriedad de la educación se ha ampliado hasta el nivel medio superior, las cifras anteriores reflejan la situación más drástica de desigualdad educativa y el bajo impacto de las reformas constantes aplicadas al sector escolar para revertirla.

Fuente: ^{INEGI (2010)}, Localidades y población por tamaño de localidad según escuelas disponibles.

Gráfica 6 México: localidades de menos de cinco mil habitantes. 

En el informe de UNICEF se señala que la desigualdad educativa se complica no solamente por los escasos recursos que destinan algunos países a la educación, sino porque los recursos disponibles no se asignan de manera equitativa. Usualmente las localidades más pobres son las que tienen las escuelas que sufren las mayores privaciones, porque carecen de infraestructura, les asignan menos maestros y/o cuentan con los docentes menos calificados (^{UNICEF, 2015}). Es el caso de la realidad mexicana: si se revisan las escuelas de los cursos comunitarios atendidas por el CONAFE, así como las que brindan servicios educativos a la población indígena, las cuales se caracterizan por atender a las poblaciones de menor tamaño, las más pobres y aisladas del país, veremos que son, al mismo tiempo, las que presentan las mayores carencias, a las que se les asignan menos recursos, las que consistentemente obtienen los resultados más bajos en las pruebas de logro académico y las que presentan los mayores problemas de inasistencia escolar (ver ^{Martínez Rizo, 2012}; ^{Robles, 2013}; ^{INEE, 2016}). En este sentido, una reforma educativa que tuviese como eje la equitativa distribución de oportunidades educativas, debería centrarse en afrontar el problema de las localidades que carecen de escuelas, y diseñar un plan urgente y de amplio espectro para mejorar las escuelas del CONAFE y las que atienden a la población índigena, y así contrarrestar los factores adversos del contexto que influyen en los bajos logros educativos de los alumnos.

Las condiciones de vida de la población mexicana

Para la mayor parte de la población mexicana las perspectivas que le depara el futuro no son muy alentadoras: crisis económica, recortes presupuestales, crecimiento del empleo informal, incremento de la pobreza, etc. Pero esta realidad no la comparten todos los mexicanos en razón de la lacerante desigualdad en la distribución del ingreso económico.

En los últimos 15 años, en México, el producto interno bruto (PIB) ha crecido a una tasa un poco mayor a 2 por ciento anual, aunque con importantes variaciones debido a las frecuentes crisis económicas, muchas de ellas reflejo de las crisis mundiales. Aun cuando el incremento no se haya dado en los niveles deseados, la economía sí ha crecido, pero lo que no se ve llegar es la esperada mejoría en las condiciones de vida de la mayoría de la gente. La explicación se encuentra en la desigual distribución del ingreso, pues mientras persiste la pobreza, la riqueza de las familias más acaudalas del país aumenta de forma impresionante. En 2012, se estimaba que el 1 por ciento de los hogares más ricos del país concentraba el 23 por ciento del ingreso total del país; porcentaje que contrasta con los niveles de concentración del ingreso existentes en otros países (^{Campos et al., 2014}, ²⁰¹⁶; ^{Esquivel, 2015}) (Gráfica 7).

Fuente: ^{Campos, et al., 2016}.

Gráfica 7 Porcentaje de participación del 1% de mayores ingresos en el ingreso total para países seleccionados. 

Esta situación también se da en otros países y regiones: en un reciente estudio realizado por OXFAM se indica que la mitad de la riqueza mundial está en manos de apenas el 1 por ciento de los individuos más ricos del mundo. Ello, señala el organismo, sin contar con que una considerable cantidad de esta riqueza está oculta en paraísos fiscales (^{Oxfam, 2014}; ^{Blanchar, 2014}; ^{Esquivel, 2015}).

En su estudio, OXFAM indica que la desigualdad económica tiene muchos efectos perniciosos, entre ellos, el secuestro de la democracia por parte de las élites poderosas; en efecto, la concentración extrema de la riqueza provoca inequidad en la representación política de manera que, mediante leyes hechas a su modo, los gobiernos tienden a servir a las élites económicas en detrimento del resto de la ciudadanía. La existencia de normas y leyes orientadas a favorecer la desregulación financiera, la inequidad en el sistema tributario, la evasión fiscal y las políticas de austeridad que afectan a la mayoría de la población, son manifestaciones de este secuestro de la democracia por parte de las élites. Por todo ello puede afirmarse, como señala OXFAM, que la desigualdad económica y el secuestro de los procesos democráticos son fuertemente interdependientes (^{OXFAM, 2014}).

La situación anterior no es extraña para México; como señala ^{Esquivel (2015)}, cuatro de los millonarios que aparecen frecuentemente en las listas de los más ricos del mundo del índice Forbes (Carlos Slim, Germán Larrea, Alberto Bailleres y Ricardo Salinas Pliego), han hecho sus fortunas mediante negocios privados concesionados y/o regulados por el sector público. Para Esquivel estas élites han capturado al Estado mexicano, sea por falta de regulación o por un exceso de privilegios fiscales (^{Esquivel, 2015}). Asimismo, no es extraño que en México los empresarios se manifiesten cada vez que ven afectados sus intereses. Un ejemplo reciente son las presiones que llevaron a que el presidente vetara la denominada "ley 3 de 3", cuyo propósito era evitar actos de corrupción entre servidores públicos y empresarios del sector privado (^{La Jornada, 2016}; ^{Becerril y Ballinas, 2016}). Son los mismos empresarios que piden mano dura contra el movimiento magisterial por considerar que afecta la economía y la estabilidad del país.

Por otra parte, aunque se considera que los datos de las Encuestas de Ingreso y Gasto de los Hogares (ENIGH) tienden a subestimar los ingresos de los hogares más acaudalados en México (^{Esquivel 2015}; ^{Díaz, 2015}), permiten observar el comportamiento que ha tenido la distribución del ingreso en los últimos años. Como puede verse en la Gráfica 8, a pesar de que dicho ingreso, en términos del Producto Interno Bruto (PIB) per cápita, ha aumentado considerablemente desde 1984, la distribución del ingreso, visto por el valor del índice de Gini, no muestra cambios sustanciales entre esa fecha y el 2014. Es decir, hay más riqueza, pero ésta se sigue distribuyendo de manera inequitativa.

Fuentes: ^{Banco Mundial (s/f)} y ^{Díaz, 2015}.

Gráfica 8 México: PIB per cápita en dólares americanos a precios actuales e Índice de Gini de la distribución del ingreso corriente total, 1984-2014. 

Esto se confirma al observar que, en el periodo considerado, el ingreso del 10 por ciento de los hogares más ricos, y el del 40 por ciento de los hogares más pobres muestran casi la misma tendencia. Durante los años noventa y la primera década del presente siglo los ingresos de los hogares más acaudalados aumentaron, para disminuir en los últimos años al nivel que tenían en 1984 (Gráfica 9).

Fuente: ^{Díaz, 2015}.

Gráfica 9 México: participación en el ingreso corriente total del 40% de los hogares más pobres y del 10% de los hogares más ricos, 1984-2014. 

Por su parte, los datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) muestran que el porcentaje de la población en pobreza aumentó considerablemente entre 1992 y 2002, pero después tendió a mantenerse más o menos estable entre 2002 y 2012. En resumen, los porcentajes de población en pobreza alimentaria y en pobreza de patrimonio en 1992 eran casi los mismos que en 2014. Esto no es alentador, dado que por el efecto del crecimiento demográfico la cantidad real de población en condiciones de pobreza aumentó considerablemente: mientras que en 1992 había 18.6 millones de personas en pobreza alimentaria, en 2012 esta cifra llegó a los 23.1 millones. Por su parte, las cifras correspondientes para la pobreza de patrimonio pasaron de 46.1 a 61.4 millones de personas (Gráfica 10). Lo anterior revela un panorama nada halagador, ya que la pobreza alimentaria implica la incapacidad de los hogares para obtener una canasta básica alimentaria aun si destinaran todos sus recursos disponibles para comprar sólo eso; mientras que la pobreza de patrimonio se refiere a no contar con recursos para adquirir la canasta alimentaria y para cubrir los gastos necesarios en salud, vestido, vivienda, transporte y educación de los miembros del hogar (^{CONEVAL, s/f}).

Fuente: ^{CONEVAL, 2015}.

Gráfica 10 México: Evolución de la población en pobreza en materia de ingresos, 1992-2014. 

Así pues, bajo el modelo de desarrollo neoliberal seguimos con reformas pero éstas usualmente, como señala el informe de OXFAM, evidencian que nuestra democracia está secuestrada y tienden a favorecer las grandes desigualdades en la distribución del ingreso, con graves repercusiones en contra de la equitativa distribución de las oportunidades educativas. Se dice que no hay recursos, o que éstos son muy limitados, mientras se sigue favoreciendo la concentración de la riqueza en las familias más acaudaladas del país. Es tiempo, como señalara el exrector de la Universidad Nacional Autónoma de México, José Narro Robles, de cambiar el modelo de desarrollo del país, por un modelo que:

...distribuya de mejor manera la riqueza nacional y el trabajo colectivo; tenemos que plantearnos nuevas hazañas nacionales, especialmente de orden social, que resuelvan los saldos históricos y que anticipen las necesidades venideras. Tenemos que forjar un nuevo pacto nacional que responda a nuestra realidad, debemos cambiar la polaridad y transformar el ambiente de desesperanza y frustración para recuperar el ánimo y favorecer el compromiso (cit. en ^{La Jornada, 2010}).

Urge un nuevo modelo de desarrollo para el país, señalaba el exrector de la UNAM en 2010. Ello sigue siendo urgente ahora, si queremos un país donde la distribución del ingreso sea más justa y equitativa; un país donde se asegure el acceso a una educación de calidad para toda la población; un país que brinde esperanza para amplios sectores de la población que ven pasar las actuales reformas con más pena que gloria.

En este número 154 de Perfiles Educativos se incluyen ocho artículos en la sección Claves y dos en la sección Horizontes. En la sección de Documentos, en esta ocasión y debido a la importancia que reviste para el sector educativo, decidimos incluir el documento "Los fines de la educación en el siglo XXI", y la Introducción y Conclusiones del recién presentado "Modelo Educativo 2016", los cuales forman parte sustancial de la Reforma Educativa planteada por el actual gobierno y resumen el planteamiento pedagógico y las aspiraciones oficiales con respecto a la reforma educativa. Los aspectos que se abordan en estos tres textos han generado múltiples reacciones y son, desde nuestro punto de vista, muy relevantes para la discusión del futuro de la educación en México. En números posteriores de Perfiles Educativos procuraremos dar seguimiento a las discusiones que se han abierto a raíz de la presentación de los documentos que engloban la parte sustancial de la actual reforma educativa, y para ello integraremos esta sección con las participaciones de destacados académicos.

En relación con los ocho artículos que conforman la sección Claves, en esta ocasión se abordan temas diversos, si bien los cuatro primeros están relacionados con la docencia en el nivel superior de educación. El primero es una investigación realizada con docentes del Instituto Politécnico Nacional (México) orientada a conocer los cambios derivados de las reformas educativas de segunda generación aplicadas en el nivel de educación superior, en los marcos epistemológicos con los cuales los docentes afrontan su actividad. Sus resultados señalan la complejidad de llevar adelante reformas al sector educativo sin considerar el arraigo de las epistemologías docentes, lo cual lleva a que persistan prácticas tradicionales de enseñanza, aprendizaje y evaluación. El segundo artículo es una investigación realizada en Chile con estudiantes de Pedagogía, cuyo objetivo consiste en indagar la incidencia que tienen las instituciones formadoras en el desarrollo de la competencia moral-democrática en los estudiantes. Los resultados muestran que las instituciones formadoras tienen una baja incidencia en el desarrollo de esta competencia, y con base en ello los autores plantean la necesidad de que las instituciones educativas incrementen sus esfuerzos para desarrollarla, dada su relevancia desde el punto de vista de la convivencia democrática. El tercer artículo es un estado del arte orientado a analizar la transferencia de la formación del profesorado universitario a partir de una amplia revisión de la literatura. En sus conclusiones los autores apuntan que la transferencia no es un fenómeno automático, sino voluntario, influido por variables referidas a características del aprendiz, del diseño y desarrollo de la formación, o del ambiente de trabajo. El último trabajo en esta línea temática se orienta a analizar los cambios pedagógicos que experimentan los docentes que participan en un programa de educación a distancia de nivel superior. Este trabajo muestra los complejos cambios que tienen que afrontar los docentes bajo las exigencias que implica la enseñanza bajo el uso de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC). En perspectiva, estos cuatro trabajos resultan relevantes por explorar los cambios que se han producido en la docencia de nivel superior en los años recientes, por lo cual confiamos que resultarán de amplio interés para nuestros lectores.

Las siguientes cuatro investigaciones de la sección Claves abordan temas como la participación de la familia en la educación primaria, la igualdad de género en el ámbito universitario, la incidencia de las condiciones de escolarización en las trayectorias educativas en el nivel secundario y la incidencia del capital cultural en las estrategias educativas de los hogares. El primero de ellos se orienta a conocer los distintos perfiles de participación que tienen los hogares en el proceso educativo; los resultados de esta investigación permiten superar la noción reduccionista que clasifica a las familias en sólo dos categorías: familias que participan y familias que no participan en el proceso educativo, al mostrar un panorama mucho más amplio y complejo que lleva a comprender mejor este fenómeno. El segundo artículo analiza el significado que adquiere la igualdad de género en dirigentes estudiantiles de las universidades chilenas, con especial interés en los referentes familiares y las motivaciones de la vida política universitaria; la investigación apunta a caracterizar los discursos públicos en torno al concepto de "igualdad de género" que emergieron en Chile a partir de la década de 1990, y su recepción en estudiantes universitarias y profesionales. La siguiente investigación aborda la incidencia de las condiciones de escolarización en las trayectorias educativas de estudiantes de secundaria en Buenos Aires, concretamente en relación a los alumnos de las "escuelas de reingreso"; la autora plantea la importancia de diseñar estrategias escolares flexibles, que aseguren el derecho de los jóvenes a la educación. Por su parte, el último artículo de esta sección es un trabajo que, enmarcado en la teoría de Pierre Bourdieu, destaca la importancia del capital cultural de los hogares en las decisiones (estrategias) que se toman con respecto a la educación de sus miembros. La importancia del trabajo estriba en que analiza los factores que intervienen en el desarrollo de prácticas que inciden en el campo cultural y cómo éstas se articulan con las estrategias familiares en su conjunto, incluidas las educativas; así como con sus posibilidades de éxito o fracaso. En conjunto, estos trabajos abonan la discusión de la equidad en el sector educativo, y por ello asumimos que también resultarán del interés de nuestros lectores.

Los dos artículos de la sección Horizontes analizan temas muy diferentes pero no por ello de menor importancia para el sector educativo. El primero se refiere a las analogías heurísticas de la lectura y sus implicaciones en la formación docente, con el objetivo de aportar nuevos caminos para la praxis docente. El segundo aporta un análisis orientado a discutir la comparabilidad de los indicadores sobre el abandono escolar temprano entre los países europeos, Estados Unidos y México; así como sobre los criterios que deberían seguirse para obtener indicadores más confiables y válidos sobre este problema, que permitan realizar una mejor comparación en el ámbito internacional.

Finalmente, cabe resaltar que cada cierto tiempo la revista Perfiles Educativos va acompañada de un Suplemento, que contiene trabajos académicos orientados a discutir temas que resultan de interés para el sector educativo. En esta ocasión, de forma fortuita, el suplemento trata sobre el plagio académico, tema que se enlaza con el debate que ha suscitado la reciente noticia del plagio en la tesis de licenciatura del presidente de la República, Enrique Peña Nieto. La seriedad y la perspectiva académica con que los autores abordan el tema sin duda contribuirán para ampliar los debates respecto de este asunto desde la perspectiva de la ética en los procesos de formación educativa y escritura académica. Recomendamos ampliamente su lectura.

Entre los muchos problemas y debates que se han suscitado debido al movimiento magisterial contra la reforma educativa, las reacciones a la presentación por parte del gobierno federal del nuevo modelo educativo y los plagios del presidente, confiamos en que la calidad de las aportaciones que se encuentran en este nuevo número de Perfiles Educativos llamará especialmente la atención de nuestros lectores.