El ámbito educativo es particularmente sensible a los cambios en la titularidad de sus estructuras administrativas. A pesar de que generalmente se soslaya la relevancia de las personas y se destaca la importancia y permanencia de las instituciones; lo cierto es que el funcionamiento y organización del sistema registra los cambios de autoridad, desde el director de plantel escolar que había adoptado ciertas rutinas y un determinado estilo de gestión -cuyas prácticas no necesariamente asume de forma completa un nuevo directivo- hasta las autoridades de alto nivel que elaboran planes y programas educativos diferentes a los que estaban en curso.

Los cambios de autoridad son más notables o no dependiendo de la jerarquización, tamaño y centralidad del sistema: mientras más vertical, pequeño y concentrado, se notará más. Pero también lo será por la distancia política e ideológica que se establezca con quien antecede en el cargo: si cambia el máximo responsable del sector educativo, por ejemplo, un secretario o un ministro, la orientación de la política educativa seguramente registrará modificaciones y éstas serán mayores si se debe a una alternancia o un cambio de régimen político. Las nuevas autoridades, como lo indica la norma, están obligadas a presentar su programa de gobierno, y pueden establecer una continuidad o una ruptura parcial con lo que está en marcha.

Lo paradójico es que los resultados de la política educativa, generalmente no se pueden apreciar en el corto plazo; su escala de tiempo va más allá de un periodo gubernamental. Por lo mismo, con frecuencia requieren de cierta estabilidad y acuerdos intertemporales, dado que sus efectos se producirán años después de que se tomaron las decisiones. Estos rasgos también hacen difícil hacer una valoración de la política educativa, no solamente por el plazo que ha transcurrido o porque puede ser difícil de medir lo que se quiere medir, sino también porque regularmente no se establece una relación directa o lineal entre la decisión que se tomó y el problema que se buscaba resolver.

En las últimas dos décadas, en los países de la región latinoamericana, se han producido múltiples y profundas reformas en sus respectivos sistemas educativos; sin embargo, persisten los inveterados problemas de cobertura y calidad educativa, y se han añadido nuevos desafíos. Ciertamente, en América Latina no se registran los mayores indicadores de pobreza extrema y hambre en el mundo, pero sí la mayor desigualdad. La distribución del ingreso es la más evidente, pero también está la inocultable desigualdad educativa.

El informe 2015 de Naciones Unidas para dar seguimiento a los Objetivos de Desarrollo del Milenio mostró que la región -salvo tres países- había tenido un avance notable en la universalización de la educación primaria para el grupo de edad, pero también advierte que no se garantizaba que los niños concluyeran de forma satisfactoria un ciclo completo del nivel y que algunas de las dificultades, como la retención escolar, el aprovechamiento y la cobertura se habían trasladado a otros niveles. Y, como casi siempre ocurre, las dificultades son mayores para la población de menores ingresos.

Las mediciones de aprovechamiento escolar, como la reportada en el Programa para la Evaluación Internacional de los Estudiantes (PISA, por sus siglas en inglés) también son desalentadoras. En las aplicaciones más recientes participan ocho países latinoamericanos (Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, México, Perú y Uruguay) y aunque con diferencias entre ellos, se muestra un alto porcentaje de jóvenes de la región con rendimientos por debajo de las competencias mínimas.

En este año, en México y en otros cinco países de la región, ya existe o existirá un nuevo gobierno. El sector educativo, al igual que el resto, ya cuenta con nuevos planes y programas, o están por elaborarse. Lo más importante es que se trata de una oportunidad para valorar lo que debiera continuar y lo que es preciso cambiar, porque presuntamente tendría que examinarse si las decisiones que se pusieron en marcha resuelven el problema identificado o no. Esto es, si persiste la misma política, si se le hacen ajustes o si definitivamente es necesario cambiarla.

En el caso de México está en marcha una reforma educativa que es el asunto de mayor visibilidad en la discusión pública, en las posiciones de los actores políticos y en la percepción de una parte de los ciudadanos. Pero la serie de problemas y decisiones en el terreno educativo es más amplia y compleja. Tal vez, en este conjunto, la preocupación que debiera ocupar un lugar central es la desigualdad educativa. En Perfiles Educativos persistimos en la tarea de contribuir a analizar ese y otros problemas.

Abrimos la sección de Claves de este número, con el que seguimos celebrando 40 años de publicación ininterrumpida, precisamente con un artículo de Santiago Andrés Rodríguez sobre la desigualdad social en la educación media superior en México. Un texto que analiza el efecto de la auto-identificación del color de piel, los orígenes sociales familiares y el tipo de institución educativa de la que se proviene, en las oportunidades y transición en el nivel medio superior. La conclusión es que en esa transición, a pesar de la ampliación de la cobertura educativa, siguen punzantes las desigualdades étnicas, de clase e institucionales. Además, incluímos otro artículo, a cargo de Francisco Miranda López, sobre las condiciones de la infraestructura física educativa que muestra el sesgo negativo hacia las escuelas más vulnerables y donde también se localizan las mayores dificultades. Un dato que tiene relevancia por su asociación con el nivel de aprendizaje.

En una perspectiva histórica, está un artículo sobre el movimiento estudiantil universitario brasileño de 1968 y el papel que desempeñó en él la educación. Según el autor, Andrés Donoso Romo, se pueden apreciar dos tendencias al interior del movimiento que tenían una opinión positiva de la educación y la consideraban como un medio para construir sociedades más justas; sin embargo, diferían en cuanto al lugar que ocupaba la educación: para una de ellas, ésta podía contribuir a liberar a la sociedad, mientras que para la segunda era preciso que la sociedad se liberara para después realizar la transformación educativa. En el mismo contexto brasileño, otro artículo (José María Barroso y José González-Monteagudo) documenta, en una universidad, las perspectivas de los estudiantes sobre autoridad, poder y ética de los profesores, y su influencia en los procesos de enseñanza-aprendizaje.

En el caso de Chile, el lector encontrará dos artículos: el primero de ellos, de la autoría de Álvaro Salinas, Tamara Rozas y Pablo Cisternas, trata de precisar el nivel de reflexión de los estudiantes de pedagogía y el segundo, de Marcela Cabrera y Sergio Caruman busca establecer, en una prueba estandarizada, la relación entre tipo de texto y comprensión lectora. Los resultados que se presentan sobre este último destacan que hay una adecuada distribución de los distintos tipos textuales en la prueba que se aplica a los aspirantes a ingresar a la universidad (PSU-Lenguaje) y concluye que existen diferencias de comprensión de lectura entre los tipos textuales.

La sección se completa con dos contribuciones más: una de ellas, de José Monteagudo y Ramón López Facal indaga la influencia de los estándares de aprendizaje en la asignatura de Historia de educación secundaria en España, y para ello analiza la normatividad, así como los diferentes currículos a nivel estatal y en cinco comunidades autónomas. Entre sus resultados se muestra una evaluación basada en exámenes memorísticos sobre contenidos conceptuales y factuales. El otro texto, de Brehinert Alfredo Martínez, Jhon Heider Orrego y Stephania Palencia está centrado en docentes de educación primaria de una ciudad colombiana y esencialmente documenta los retos que enfrentan los profesores cuando atienen estudiantes con necesidades educativas especiales. Los autores sostienen que “para mejorar la cobertura se requiere que las directivas docentes realicen un trabajo de gestión escolar, además de la adecuación de los espacios escolares en términos de adaptación física y vinculación con personal especializado para apoyo de los docentes”.

En la sección Horizontes aparecen dos artículos: el primero, de López, Gelpi y Freitas se deriva de un proyecto de investigación uruguayo sobre exclusión escolar en secundaria, bajo una perspectiva de género y masculinidad; en el texto se adelantan los resultados de la revisión de la literatura sobre la diferencia, a favor de las mujeres, en la finalización de ese nivel educativo. El segundo artículo, de Cecilia Mª Azorín, presenta la evolución conceptual del método de aprendizaje cooperativo y, sobre todo, precisa las técnicas, grupos y modelos que se han elaborado sobre el mismo, así como las ventajas que se obtendrían con su aplicación, así como las resistencias que enfrenta su puesta en práctica.

Por último, en la sección de Documentos, a propósito del actual centenario de la Reforma Universitaria de Córdoba y la realización de la Conferencia Regional de Educación Superior, incluimos una documentada colaboración de Renate Marsiske titulada “‘La juventud desinteresada y pura’: el movimiento estudiantil en la Universidad de Córdoba, Argentina, 1918”. Este texto nos permite recordar que la instauración de la autonomía universitaria y la democratización de la elección de rector en la Universidad de Córdoba se dieron en la confluencia del movimiento estudiantil y los vientos de cambio que trajo consigo las primeras décadas del siglo XX argentino.

Esperamos que nuestros lectores encuentren un contenido interesante y útil para la reflexión sobre los problemas educativos a nivel internacional.