Introducción1
Desde los inicios de la archivística como opción profesional en México, su permanencia ha estado pautada por iniciativas provenientes de la Secretaría de Educación Pública (SEP) y por el posterior soporte institucional de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y el Archivo General de la Nación (AGN). Su trayecto se puede determinar a partir de la antigua y efímera Escuela Nacional de Bibliotecarios y Archiveros (1916-1918) hasta su actual presencia en las dos principales instituciones de educación superior en el país: la UNAM y el Instituto Politécnico Nacional (IPN), además de otras dos escuelas estatales autónomas, en el marco de una nueva cultura archivística nacional. Huelga acotar que, en esta travesía, se destacan las aportaciones de algunos de los maestros del exilio español.
En sus inicios al interior de la UNAM, su avance disciplinario estuvo determinado por proyectos custodialistas en los que era considerada como una ciencia auxiliar de la Historia. Por otro lado, el desenvolvimiento de su práctica profesional se mantuvo supeditado por una estructura organizacional diseñada desde y para la bibliotecología.
Tras la desaparición de la Licenciatura en Archivología en 1975 -y más tarde de la maestría, en 1979- la UNAM estuvo carente de una formación profesional en el campo archivístico durante 40 años. En 2015 iniciaron los cursos de la Licenciatura en Administración de Archivos y Gestión Documental (AAyGD) en la Escuela Nacional de Estudios Superiores Unidad Morelia (ENES-M), y luego, en 2018, en la Facultad de Filosofía y Letras (FFyL). En estas cuatro décadas de ausencia en la Universidad, paradójicamente, la archivística atravesó por diversos cambios teórico-disciplinarios, como el abandono paulatino de su orientación funcionalista (deudora del pensamiento positivista) y la adopción de nuevos enfoques, como el crítico, el de los estudios de usuarios o el de la representación documental, además del desarrollo de teorías postcustodiales -instrumentadas en buena medida por las tecnologías digitales- y del salto epistemológico hacia el denominado pensamiento desclasificatorio.
Resulta imperioso, por lo tanto, tener una perspectiva amplia de las trayectorias de los estudios archivísticos para comprender no sólo su avance como profesión, sino como disciplina, y para constatar la pertinencia de su diseño curricular actual y las posibles sendas de profundización para adecuarlo, de ser preciso. Esto permitiría establecer si las condiciones institucionales actuales contribuyen al desarrollo profesional de sus egresados a partir de la identidad y autonomía de su campo, o si sólo acentúan la dependencia disciplinaria.
La cimentación: 1956-1959
En 1954, con Salvador Azuela Rivera recién instituido como director de la FFyL, se concretó la mudanza de esta entidad del edificio de los Mascarones, en la Ribera de San Cosme, a la nueva Ciudad Universitaria, inaugurada ese mismo año al sur de la capital mexicana. Luego de unos meses de aclimatación en el privilegiado espacio del Pedregal de San Ángel, comenzaron a concretarse varios cambios en su vida institucional. A partir de importantes modificaciones en sus planes de estudio, el Consejo Universitario aprobó, el 25 de julio de 1956, la nueva estructura organizativa para esta Facultad, segmentada en colegios, entre los que se encontraba el de Biblioteconomía y Archivonomía.
Muchas de las transformaciones concretadas en este año se venían gestando, incluso, desde antes del cambio de sede. En una referencia puntual, Ofelia Solís Valdespino -investigadora fundadora del Centro Universitario de Investigaciones Bibliotecológicas de la UNAM- precisó que “en la reunión del 13 de diciembre de 1954, el Consejo Técnico de la Facultad de Filosofía y Letras; por recomendación del Lic. Salvador Azuela, del Maestro José María Luján y del Maestro [Rafael] García Granados, acordó aprobar la creación del Colegio de Biblioteconomía y Archivonomía” (Solís, 1980: 11). Varios de los profesores que integraron la primera planta de este Colegio impartían cátedra en la entonces Escuela Nacional de Bibliotecarios y Archivistas, fundada el 20 de julio de 1945. De hecho, por esta misma razón, el claustro profesoral estuvo remunerado no sólo por la Secretaría de Educación Pública (de la cual dependía la Escuela), sino por la UNAM, además del Congreso de la Unión (Cano y Estudillo, 2007).
Algunos de los cambios organizacionales más profundos tardaron en concretarse, por lo que, en sus primeros años, en el Colegio de Biblioteconomía y Archivonomía sólo se ofrecía una formación a nivel de maestría (en principio únicamente para Biblioteconomía) y
…las materias que constituían los planes de estudios de cada especialidad no fueron organizadas en semestres lectivos, sino en series o grupos de asignaturas con el propósito de que el alumno pudiera cursarlas conforme a sus posibilidades y evitar con ello la gran cantidad de alumnos irregulares (Menéndez, 1994: 181).
Fue hasta 1959 que iniciaron las primeras clases en el nivel de licenciatura aunque, al igual que la maestría, sólo para Biblioteconomía, cuyos programas se diseñaron con mayor celeridad. En el caso de la Licenciatura y la Maestría en Archivonomía, las sesiones definitivas que llevaron a la conformación de su programa se concertaron en aquel año, aunque las discusiones habían comenzado desde 1956. De hecho, desde unos años previos, durante la gestión como director en la FFyL de Julio Jiménez Rueda (quien se desempeñó de 1944 a 1952 como director del AGN) se promovieron algunos cursos de actualización sobre Archivonomía y Biblioteconomía, organizados por don José María Luján Asúnsolo -entonces subdirector de la Biblioteca Nacional.
El encargado de elaborar el proyecto del plan de estudios para la Licenciatura en Biblioteconomía fue el mismo profesor Luján, con algún apoyo del Consejo Técnico de Bibliotecas de la UNAM. Pero, en cuanto al programa en Archivonomía, el proceso de su concreción fue más lento. Finalmente, para su elaboración se conjuntaron dos miembros internos del Colegio -Alicia Perales Ojeda (consejera propietaria a partir de 1957) y el propio Luján (anterior consejero técnico)- más dos participantes externos: Jorge Ignacio Rubio Mañé (director del AGN) y Agustín Millares Carlo (titular del Seminario de Lengua Latina en la FFyL).
En el caso de estos dos participantes externos, Rubio Mañé hizo énfasis en: “la gran necesidad que tenía el Archivo General de la Nación de personal universitario preparado especialmente para enfrentarse a los problemas de la catalogación y la clasificación de los documentos” (Brito-Brito, 1991: 220). Por su parte, algunas de las apreciaciones de Millares Carlo ya habían sido vertidas en una conferencia intitulada “Vida y profesión del bibliotecario y del archivista”, en el marco de una serie de cursos pertenecientes a la Cátedra de Invierno “Vida académica de la Facultad de Filosofía y Letras” (Larroyo, 1958). En ésta, puntualizó la necesidad de trabajar más en los archivos municipales y la relevancia de los protocolos para reconstruir biografías y conformar genealogías, más como una labor de trascendencia nacional y no tanto como simple interés erudito, cuestión que lo llevaría a publicar, cuatro años más tarde, los Archivos municipales de Latinoamérica: libros de acta y colecciones documentales.
El Colegio de Biblioteconomía y Archivonomía, así como algunas otras entidades de la UNAM, se gestaron en medio de un clima de fundación y reformación institucional en la capital mexicana, sobre todo en el ámbito educativo y cultural, impelido por un efecto de modernización nacional. Pero, como bien dijera Daniel Cosío Villegas (2000) acerca de aquellos años, un nuevo centro o escuela requería no sólo de un programa con buenos maestros, sino también de obras monográficas para el estudio (algunas incluso traducidas) y la generación de investigaciones propias. La conformación del Anuario de Biblioteconomía y Archivonomía en 1961 (publicación dirigida por Alicia Perales a través de sus primeras cuatro épocas) zanjó en buena medida este último aspecto. En cuanto a los libros especializados, la UNAM, desde antes de la fundación del Colegio, había apoyado la edición de algunas obras importantes en la materia durante los años cincuenta a través de la Imprenta Universitaria, del Instituto de Historia o del Instituto Bibliográfico Mexicano. Muestra de ello son: Archivalia mexicana (1952), de Manuel Carrera Stampa (quien además tradujo al castellano, en 1958, el célebre texto Archivos modernos: principios y técnicas de Theodore R. Schellenberg, obra de consulta básica sobre el enfoque estadounidense de la valoración y gestión documental; Elementos de archivología: manual de divulgación (1952) de Juan de Dios Pérez Galaz, profesor de la Escuela Nacional de Bibliotecarios y Archivistas y fundador del Archivo General de Yucatán en 1944, además del Repertorio bibliográfico de los archivos mexicanos y de los europeos y norteamericanos de interés para la historia de México (1959) de Agustín Millares Carlo.
Los inicios y la consolidación: 1960-1969
A partir de 1960 dieron comienzo los primeros cursos de la Licenciatura en Archivonomía, bajo la gestión de Francisco Larroyo como director de la Facultad, aunque la aprobación ante el Consejo Universitario llegaría hasta 1963. En su primer plan de estudios, esta licenciatura precisaba que sus estudiantes debían cumplir 36 créditos como requisito (uno menos que Biblioteconomía y dos menos que el resto de las licenciaturas de la Facultad), además de prácticas de laboratorio semanales y la elaboración de una tesis para la obtención del título. Por su parte, la Maestría en Archivonomía constó de 10 créditos adicionales a los del nivel licenciatura, además de las prácticas y la tesis (Perales, 1961).
Entre los docentes que integraron la primera planta profesoral estuvieron los cuatro encargados de elaborar el plan de estudios (la decana Alicia Perales y los profesores Luján, Rubio Mañé y Millares Carlo), y a ellos se les sumaron: Guadalupe Pérez San Vicente (jefa del Archivo Histórico del Departamento Técnico de Bibliotecas de la UNAM), Esteban Chávez y Chávez (director del Departamento de Educación Audiovisual de la SEP), Gloria Escamilla González (jefa del Departamento de Servicios Técnicos de la Biblioteca Nacional), Juan Almela Meliá (jefe del Laboratorio de Restauración y Conservación de Documentos del Departamento Técnico de Bibliotecas) y María Teresa Chávez Campomanes (directora de la Biblioteca de México de la SEP). La gran mayoría también impartía cursos en la Licenciatura en Biblioteconomía, sobre todo en las materias comunes (como las obligatorias generales y las obligatorias monográficas), pero hubo algunos que se abocaron únicamente a la Licenciatura en Archivonomía. Uno de ellos, Millares Carlo (quien ya había cambiado su adscripción de tiempo completo al Instituto Bibliográfico Mexicano de la Biblioteca Nacional), se hizo cargo de las asignaturas Archivos generales y especiales y Documentología, aunque sólo en su primer ciclo escolar, pues en marzo de 1961 inició un año sabático tras el cual se reincorporó sólo unas semanas para después partir de manera definitiva hacia la Universidad de Zulia, en Venezuela (Blasco, 2010). Quien también se desenvolvió sólo en la Licenciatura en Archivonomía fue Ignacio Rubio Mañé, quien antes de ser director del AGN se desempeñó como jefe de su Sección de Catalogación; allí impartió las asignaturas Clasificación y catalogación de documentos, Métodos y técnicas de la investigación de documentos y Documentos oficiales, además de aquéllas que dejó vacantes Millares Carlo (Solís, 1980). Una más fue Guadalupe Pérez, a cargo de los cursos de Organización y administración de archivos y Paleografía.
Otro de los profesores provenientes del exilio español fue Juan Almela Meliá, quien dejó el Departamento Técnico de Bibliotecas (DTB) en 1965, para fundar el importante Laboratorio de Restauración y Conservación del Archivo Histórico de la UNAM (AHUNAM). El traslado de personal hacia el AHUNAM, proveniente del DTB (que se convertiría en 1967 en la Dirección General de Bibliotecas), fue promovido por su director, Tobías Chávez Lavista.2 De hecho, el AHUNAM era el Archivo Histórico del DTB, cuya jefa, Guadalupe Pérez San Vicente, se convirtió en la primera directora luego de que se constituyera como el Archivo Histórico de la Universidad, en 1964.
Por otro lado, el profesor Esteban Chávez y Chávez fue un “pionero de la enseñanza audiovisual en México” (ILCE, 1986: 47). Además de su trayectoria dentro de la SEP, que comenzó en la Oficina de Recursos Auditivos Visuales del IPN, también se desempeñó como Jefe del Departamento de Servicios Académicos de la Dirección General de Enseñanza Preparatoria, creada en 1954, y fungió como director de la Escuela de Comunicación Educativa del Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa (ILCE). En el caso de María Teresa Chávez Campomanes -hija del antiguo rector y profesor emérito de la UNAM, Ezequiel A. Chávez Lavista, y sobrina de Tobías Chávez- asumió la dirección de la Biblioteca de México en La Ciudadela, luego del fallecimiento de José Vasconcelos Calderón, y lo hizo hasta el año 1979, tras ser nombrada bibliotecaria emérita de la SEP. Igualmente, se desempeñó como profesora en la Escuela Nacional de Bibliotecarios y Archivistas, que tuvo como antecedente a la otrora Escuela Nacional de Bibliotecarios y Archiveros (1916-1918), y cuyo director, a la vez que Director General de Bellas Artes, fue Agustín Loera y Chávez, sobrino de los Chávez Lavista.
Mientras la planta docente del Colegio de Biblioteconomía y Archivonomía se asentaba y se robustecía, se avizoró la posibilidad de depurar los programas de varias asignaturas. Tras algunas reuniones, en 1966 (ya como director de la FFyL Leopoldo Zea Aguilar) se dio comienzo a las deliberaciones para implantar los nuevos planes de estudio, que habrían de iniciar el siguiente año. Las reformas de todos los programas desembocaron en una reconfiguración determinante que llevaría a renombrar a las dos licenciaturas y a las dos maestrías del Colegio (es decir, de Biblioteconomía a Bibliotecología y de Archivonomía a Archivología) y, más adelante, al Anuario (que iniciaría así su segunda época). Aunado a este tránsito, otras de las modificaciones fue designar, por primera vez, a un coordinador para cada colegio, que en este caso se trató de Gloria Escamilla González, investigadora del recién creado Instituto de Investigaciones Bibliográficas (Biblioteca Nacional/Hemeroteca Nacional).
La iniciativa para el cambio de nombre fue de Guadalupe Pérez San Vicente, quien propuso ante el Consejo Técnico de la FFyL que la Licenciatura en Archivonomía se renombrara como Licenciatura en Archivología y Documentología (Solís, 1980). Detrás de este cambio se situaba el estatus epistemológico de la disciplina (Tanodi, 2009): el nómos tiene que ver más con una razón práctica (con una norma o procedimiento a seguir, con la téchne, es decir, un conocimiento más operativo), y el lógos con una razón teórica (con el fundamento detrás de una práctica, con un conocimiento más proposicional). Entre otras cosas, se pretendía dar cuenta de la evolución de la archivística como campo interseccional entre las humanidades y las ciencias sociales, y ya no como una mera ciencia auxiliar de la historia al nivel de la genealogía, la heráldica, la numismática, la paleografía o la sigilografía (Heredia, 1991), visión muy extendida en aquella época desde un pensamiento custodialista (Uribe, 1966).
En cuanto a la Maestría en Archivología, destaca la presencia de otro exiliado español que, en su momento, trabajó en el Archivo General de Indias en Sevilla, antes de la caída de la Segunda República: José Ignacio Mantecón Navasal. En la UNAM, fue investigador del Instituto Bibliográfico Mexicano, más adelante del Instituto de Investigaciones Bibliográficas (IIB) y a partir de 1963 se incorporó al Colegio de Biblioteconomía y Archivonomía. En la Maestría en Archivonomía impartió el curso bisemestral Catalogación descriptiva de archivos, hasta su desaparición en 1972. Empero, su labor docente en México había comenzado varios años atrás, en 1946, en la Escuela Nacional de Bibliotecarios y Archivistas (Contreras, 1987). De hecho, en esta escuela permaneció hasta 1964, cuando fue distinguido como profesor emérito por parte de la SEP, “misma que en 1966 cambió su denominación por la de Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía” (Gobierno de México, 2018: 21). Mantecón fue compañero de Millares Carlo en muchas labores, tanto en la Biblioteca Nacional como en El Colegio de México, aunque, a diferencia de Millares, él sí permaneció en México, desde su llegada en 1940, hasta sus últimos días.
En 1968 se conformó en la FFyL la División de Estudios Superiores (equivalente a la actual División de Estudios de Posgrado) al frente de Luis Villoro, por lo que las dos maestrías del Colegio de Bibliotecología y Archivología pasarían a incorporarse a esta división para ser coordinadas, por unos años, desde el nuevo Departamento de Bibliotecología y Archivología. Es necesario precisar que, a partir de aquellos importantes cambios en los planes de estudio, se abrió la posibilidad de optar por el grado de doctor, tanto en Bibliotecología como en Archivología. No obstante, “en las modificaciones a los planes de estudios aprobadas el 12 de enero de 1972 por el Consejo Universitario desaparecen del nivel de doctorado tanto los estudios de Bibliotecología como Archivología” (Menéndez, 1994: 285-286). Esto significa que, en el periodo de 1966 a 1972, existió la posibilidad de doctorarse tanto en Archivología como en Bibliotecología.
Aunada a esta situación, se suma el hecho de que el retraso en la aprobación de la Licenciatura y la Maestría en Archivonomía por parte del Consejo Universitario, hasta 1963, se produjo tras una confusión. Tal y como lo refiere Libertad Menéndez, el 7 de abril de 1960 el Consejo Universitario aprobó los acuerdos sobre las adecuaciones en los planes de estudios de la FFyL, pero no se incluyeron los de Archivonomía. Era práctica común en esa época abreviar la denominación del Colegio y hacer referencia a él sólo por el ala de Biblioteconomía:
Dos años más tarde, advirtiendo la omisión señalada, el doctor Francisco Larroyo, en su carácter de director de la Facultad, envió a la presidencia de la Comisión de Trabajo Docente del Consejo Universitario, el siguiente oficio: … Por una omisión involuntaria, o por haberse traspapelado, no se incluyó en el expediente emitido al H. Consejo Universitario el Plan de Estudios de la carrera de Archivonomía… De fijo, la confusión fue ocasionada por creerse que la carrera de Biblioteconomía era la misma que la de Archivonomía (Menéndez, 1994: 283-284).
Pero, a pesar de este error, hubo al menos dos espacios en los cuales los estudios en Archivología pudieron desarrollarse con algo de soltura. El primero de ellos, el Anuario, tanto en su primera época (1961-1965) y segunda (1969-1970), ya nombrado Anuario de Bibliotecología y Archivología, pero sobre todo en la tercera (1971-1979), como Anuario de Bibliotecología, Archivología e Informática, todavía bajo la gestión de Alicia Perales, aun cuando ella se desempeñó como directora general de Bibliotecas de la UNAM hasta 1972. El interés por la investigación en archivos nacionales y gubernamentales (no sólo históricos) se mantuvo constante en esta publicación, incluso después de que se abrogaron los estudios en Archivología en la Facultad. El segundo espacio de crecimiento para esta disciplina se gestó a partir de la creación, al interior de la FFyL, del Centro de Investigaciones Bibliotecológicas y de Archivología, en 1973.3
Los ajustes y la suspensión: 1970-1979
El proyecto del Centro de Investigaciones en la FFyL tuvo como simiente al Seminario de Investigaciones Bibliotecológicas, que comenzó en 1960, a cargo de Alicia Perales. Muchos de los trabajos que resultaron de este seminario fueron publicados en el Anuario. Si bien algunas de las investigaciones que se realizaron en los Seminarios de Investigación de la Licenciatura y la Maestría en Archivonomía también fueron aceptadas para el Anuario, no limitaron su visibilidad a éste, ya que también se editaron para otras revistas.
El Centro de Investigaciones Bibliotecológicas y de Archivología se fundó, junto con otros centros al interior de la Facultad, como parte de una estrategia del director Ricardo Guerra Tejada para apoyar el desarrollo de la investigación. Se ha señalado que este Centro “en realidad constituyó más una aspiración que una entidad académica con estructura real” (Morales, 2006: 299), quizás como un apunte crítico hacia el hecho de que, al ser parte de la FFyL, no contaba con personalidad jurídica propia, como sí la tuvo el Centro Universitario de Investigaciones Bibliotecológicas (CUIB), creado por un acuerdo de la Rectoría de la UNAM unos años más adelante, en 1981. Por ejemplo, el CUIB, como entidad integrante de la Coordinación de Humanidades, pudo contar, de inicio, con una planta formal de ocho investigadores y seis técnicos académicos (Ríos, 2007); luego de 30 años de vida institucional dio paso, en 2012, a la creación del Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información (IIBI).
Sin embargo, dentro del organigrama de la Facultad, el Centro de Investigaciones Bibliotecológicas y de Archivología cumplía funciones y tareas específicas. Al estar adscrito a la División de Estudios Superiores, se le encomendó coordinar los estudios de maestría y apoyar la formación en la investigación a través de sus seminarios y del Anuario. Asimismo, al menos como rúbrica editorial, se publicó bajo el sello de este centro el libro De la informática, de Alicia Perales.
Además de lo anterior, un hecho importante fue que en este periodo se presentó la única tesis de la Maestría en Archivología de la que se encontró registro (de 1979), además de otra en el nivel licenciatura, del año 1977. Cabe recordar que la Maestría en Archivología fue suspendida en 1972, para ser restituida en 1975 bajo la denominación Maestría en Archivología (Archivos Históricos). Sobre las tesis y sus titulados, Francisco de la Cruz asienta que el primer estudiante “que presentó su examen profesional para obtener el título de licenciado en Archivonomía fue Enrique Mercado, quien trabajó en la versión paleográfica de uno de los tomos de Cátedras y Claustros de la Antigua Universidad” (De la Cruz, 2016: 38). Es necesario precisar que esta tesis correspondió al programa de la Maestría en Historia (con énfasis en historia de México). Su autor sí fue Enrique Mercado Garduño (esposo de Alicia Perales, y su colaborador durante más de 20 años en el Anuario), quien en años anteriores a su titulación llegó a cursar los seminarios de investigación en Archivonomía, pero sin estar inscrito en estos estudios, ya que se podían tomar seminarios optativos de otros colegios. De hecho, producto del seminario Métodos y Técnicas de la Investigación en Documentos a cargo del profesor Rubio Mañé, elaboró y publicó un artículo en el Boletín del Archivo General de la Nación (Mercado Garduño, 1960).
Quizás la confusión estriba en que, en una de las pocas referencias disponibles, Ofelia Solís ofrece algunas estadísticas sobre los ingresos y las inscripciones para la Licenciatura en Archivonomía (1960-1966), aunque sin correlato con algún registro consultable que confirme que el titulado fue Enrique Mercado. De hecho, ella asienta que hubo un solo titulado, en 1964, sin arrojar algún dato de identificación, como el título de la tesis o el nombre del sustentante o del tutor (Solís, 1980). Por su parte, María Estela Islas Pérez, afirma que:
Los intentos de la UNAM para contribuir en la capacitación y profesionalización de archivistas se han llevado a cabo a través de la Facultad de Filosofía y Letras, el Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) y el Archivo Histórico de la UNAM (AHUNAM). Entre 1959 y 1977, el Colegio de Archivología de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM impartió cursos a nivel licenciatura pero, por falta de aspirantes, cerró sus instalaciones. Tal parece que no hubo titulados ya que, según la relación de tesis presentadas dentro del Colegio, durante ese periodo, ninguna pertenece al área de archivología (Islas, 2003: 151).
En realidad, esto no es así. Hubo una titulación en el nivel licenciatura en 1977, pese a que estos estudios fueron suspendidos de los planes de estudio de la UNAM el 11 de abril de 1975, como consta en el Informe 1975 de la propia Universidad (UNAM-DGEA, 1976). Su cancelación propició una nueva reorganización en su coordinación, que a partir de ese momento se ostentaría sólo como Colegio de Bibliotecología, nombre con el que permanecería hasta el año 2021, cuando por aprobación del Consejo Técnico retomó su denominación de Colegio de Bibliotecología y Archivología.
Como consta en registros de la propia FFyL, en 1977 se concretaron los trámites de titulación de un egresado de la Licenciatura en Archivología, que fue Rafael Rodríguez Contreras, quien presentó su examen profesional el día 28 de febrero de ese año, con la tesis Algunos aspectos sobre la catalogación de archivos. Resultó aprobado con mención honorífica por el jurado, el cual estuvo integrado por Jorge Ignacio Rubio Mañé (su director de tesis), Guadalupe Pérez San Vicente y José Ignacio Mantecón Navasal (UNAM-FFyL, 1977a). Como seguimiento profesional de este egresado se sabe que antes de presentar su examen trabajó en algunos proyectos con su asesor, como en el Boletín del Archivo General de la Nación, en el cual fungió como secretario de redacción (como se asienta en los créditos de los fascículos de 1971 a 1972), e incluso con la publicación de un breve artículo (intitulado “La lectura bíblica vetada en Nueva España”), y en la revisión de la obra traducida Conquista y colonización de Yucatán 1517-1550, de Robert S. Chamberlain, edición publicada por Porrúa. Años más tarde emprendería los estudios de Maestría en Historia (con especialidad en Historia de México) en la UNAM, bajo la dirección de Roberto Moreno de los Arcos.
Sobre si hubo más titulados, es posible que Rodríguez Contreras haya sido el único, y no sólo porque no se ha localizado alguna otra referencia, sino porque así se establece en el informe general de los ocho años de gestión del director Ricardo Guerra: “hubo un solo titulado en esta licenciatura” (UNAM-FFyL, 1977b: 18). En este documento también consta que, hasta 1970, había 22 alumnos inscritos en la Licenciatura en Archivología.
Según algunos reportes consignados por personal del Instituto de Investigaciones Sociales de esta Universidad, para el año 1972 Ignacio Rubio Mañé, todavía director del AGN (hasta 1977), contaba con el apoyo de 15 personas para la catalogación de fondos históricos. De estos ayudantes, tres eran pasantes en Archivología -Oliverio Ramírez Ayala, Francisco Vega Fuentes y el propio Rafael Rodríguez Contreras- además de tres licenciados en Archivología -Enrique Benjamín González Ponce, Julio Sergio Rocha Herrera y Alberto López Guerrero- (Ruiz de Chávez, 1972). Más allá de esta referencia, no se tienen datos sobre sus trabajos terminales, cuya sustentación era un requisito para la obtención del grado, según el plan de estudio de 1967. Esto parece indicar que no se cumplieron del todo los objetivos de formar nuevos docentes e investigadores en esta área desde el Centro de Investigaciones Bibliotecológicas y de Archivología (a través del Programa de Formación de Personal Académico que impulsó la FFyL), ya que ninguno de los pasantes ni licenciados mencionados se incorporó más adelante al Colegio de Bibliotecología y Archivología, sobre todo porque la licenciatura se canceló tres años después.
Pese a esto, en el rubro de la investigación hubo al menos una incursión años más adelante, en la cual el centro pudo contribuir como semillero. Este caso fue el de Oliverio Ramírez, autor principal de una obra publicada por la Secretaría de Relaciones Exteriores en 1987: Archivo de la embajada de México en los Estados Unidos de América, 1822-1978 (correspondencia encuadernada, 1822-1914). El interés de Ramírez, y de los otros dos autores, en el Archivo Histórico Diplomático de México, se gestó en 1977, cuando Ignacio Rubio Mañé fue encomendado para crear en Madrid la Misión de Investigaciones Históricas en los Archivos de España; para ello “propuso como colaboradores para este proyecto a los jóvenes Oliverio Ramírez Ayala, Francisco Rodas de Coss y Salvador Victoria Hernández” (Brito-Brito, 1991: 221).
Al desaparecer la Licenciatura en Archivología se decidió instaurar nuevamente los estudios de posgrado el 9 de junio de 1975, bajo la denominación de Maestría en Archivología (Archivos Históricos). Como ya se mencionó, de este programa se tiene consignada la única tesis en esta área que puede ser consultada en el sistema bibliotecario de la UNAM, cuyo autor fue el abogado Pedro Flores Ávalos, inclinado desde sus estudios profesionales hacia la historia del derecho, en específico, del derecho indiano. Dado que provenía de la Licenciatura en Derecho, ingresó a dicha maestría a través del cumplimiento de prerrequisitos (UNAM-FFyL, 1977b). El título de su trabajo fue Corpus jurídico-documental de la Nueva España, el cual se consignó en el catálogo de tesis de la Biblioteca del CUIB (Barquet et al., 1991) y se mantiene, hasta la fecha, microfilmada y con un solo ejemplar impreso (112 fojas) en la Biblioteca Adolfo Rodríguez Gallardo del IIBI.
En su ejercicio profesional, Flores Ávalos se desempeñó, a partir de 1986 y hasta su fallecimiento, como notario público en el estado de Michoacán (Gobierno de Michoacán, 2021). Por otro lado, cabe aclarar que, pese a que en la portada de esta tesis aparece que fue realizada en 1979, en el Centro de Investigaciones Bibliotecológicas y de Archivología de la División de Estudios Superiores de la FFyL, éste había desaparecido desde 1978, y la maestría cancelada en 1979.
Libertad Menéndez considera que sacar de la Facultad a éste y a los demás centros fue contraproducente para su desarrollo institucional, ya que “sin duda, fue coadyuvante significativa de la distancia que hoy se cree que existe entre investigadores y docentes en el ámbito humanístico” (Menéndez, 1994: 195). En el caso de Archivología -a diferencia de otros centros- no hubo una entidad o instituto que sustituyera los espacios de desarrollo de investigación, salvo el Seminario de Investigaciones Archivológicas de la maestría, aunque por muy poco tiempo, pues ésta fue suspendida al año siguiente.
El avance disciplinario, el rezago profesional: 1980-1989
Al desaparecer los centros de investigación en la FFyL, de nueva cuenta aparecieron los departamentos de cada área de la División de Estudios Superiores para hacerse cargo de los respectivos posgrados. La decisión de efectuar la cancelación de los estudios en Archivología por parte del entonces director, Abelardo Villegas Maldonado, y el jefe de la División de Estudios Superiores, José Pascual Buxó, se basó en la baja inscripción de estudiantes en su último año:
Los primeros dos o tres años tuvo una inscripción reducida, pero importante para unos estudios poco conocidos que se inician, pero pronto se dieron cuenta las personas que realizaban dichos estudios que no encontraban apoyo para desempeñar sus trabajos en las instituciones que poseían esa documentación (Perales, 1979: 186).
A pesar de esto, la antigua decana del Colegio de Bibliotecología seguiría insistiendo en la restitución de estos estudios, proyecto que ya no alcanzaría a ver concretado.
En 1981, ante el traslado del AGN de la calle de Tacuba a su actual sede en el Palacio de Lecumberri, se propugnó por la restitución de la licenciatura y la maestría en Archivología, y que fueran la UNAM, junto con el AGN (mediante algún convenio interinstitucional) las entidades que coordinaran estos estudios para poder garantizar su sustentabilidad y apoyo organizacional. El argumento fue que
…a la UNAM corresponde la obligación de organizar, mantener y promover estos estudios, requeridos no sólo para este Archivo, cuyo personal técnico deberá ser numeroso, sino para los archivos municipales y estatales, así como eclesiásticos y privados. En consecuencia, se trata de un requerimiento nacional cuya resolución la tiene que ofrecer la máxima casa de estudios del país (Mercado, 1981: 119).
A pesar de varias negativas, Alicia Perales consideró que los estudios en Archivología aún seguían “teniendo urgente necesidad de que se impartan con el propósito de que sean profesionales los que al fin reorganicen los archivos históricos y evitar que la improvisación se justifique en acervos tan valiosos” (Perales, 1979: 186).
No obstante, además de la baja inscripción, otro factor que complicó el proyecto de restitución (y que está relacionado con la abrogación de estos estudios) fueron algunas separaciones determinantes entre su cuerpo profesoral. En el caso de la Maestría en Archivología, según el informe general (1970-1978) de la dirección de la Facultad, su planta docente constaba de cinco profesores para ocho seminarios (UNAM-FFyL, 1977b). De estos cinco catedráticos, quizás los tres más importantes se jubilaron o reconfiguraron su puesto dentro de la UNAM a finales de la década de los setenta. Por ejemplo, Mantecón terminó su etapa en el Colegio en 1978, y dos años más tarde en el IIB. Rubio Mañé, por su parte, también concluyó su etapa en el Colegio en 1978 (por su comisión diplomática en España), pero es de destacar que también había dejado el cargo de director del AGN desde 1976, por lo que se perdió el apoyo directo de este importante organismo para los estudios en Archivología. A su regreso al país, cambió su entidad de adscripción de tiempo completo al Instituto de Investigaciones Históricas (IIH). Por su parte, Guadalupe Pérez reclasificó su plaza al IIH en 1976, para jubilarse tres años más tarde. Los tres fueron homenajeados en una misma ceremonia en el Palacio de Minería, en 1978, encabezada por el rector Guillermo Soberón Acevedo.
Luego de la desaparición de la Licenciatura en Archivología, en 1975 -y de la maestría, en 1979- en la FFyL, la UNAM careció de una formación profesional en el campo archivístico durante 40 años. Sin embargo, a pesar de esta ausencia dentro de la universidad, en estas cuatro décadas la archivística atravesó por importantes transformaciones que la alejaron de su etapa tecnicista y custodialista. El enfoque postcustodial propició un viraje en cuanto a la panorámica sobre su objeto de estudio (del documento a la información), por lo que los archivistas ya no sólo custodian colecciones documentales “inamovibles”, sino que los esfuerzos institucionales se abocan en procurar y, al mismo tiempo, dar cauce y acceso a los flujos de información:
El Paradigma Custodial, historicista, patrimonialista y tecnicista presenta las siguientes características: sobrevaloración de la custodia, conservación y restauración del soporte como función de la actividad profesional de archivistas… En contrapunto, el paradigma post-custodial, informacional y científico, evidencia rasgos diferentes ajustados a las exigencias de la Era de la Información en que estamos inmersos: valorización de la información como fenómeno humano y social, siendo la materialización en un soporte un epifenómeno (o derivado informacional); la constatación del incesante y natural dinamismo informacional opuesto al “inmovilismo” documental (Da Silva, 2020: 27).
Precisamente, la suspensión de los estudios en Archivología en la UNAM coincidió con el desarrollo y el avance del enfoque postcustodial, pero también con lo que Ibarra Colado (2003: 189) denominó “la segunda generación del análisis interorganizacional”, en la década de los ochenta, asociada fuertemente con la sociedad red y con el fin de la sociedad del trabajo; impulsada, principalmente, por la aparición de las tecnologías de la información en una dinámica postindustrial.
Pero no sólo la archivística, sino que también las demás ciencias de la información atravesaron por cambios importantes en este periodo. De hecho, la bibliotecología y la museología -a diferencia de la archivística- se asentaron y diversificaron al interior de la UNAM, principalmente en el campo de la investigación. En el caso de la museología, en 1980 se creó el Centro de Investigación y Servicios Museológicos (CISM), fundado y dirigido en sus inicios por el museógrafo Rodolfo Rivera González. Esta entidad se mantuvo como parte del subsistema de Humanidades hasta 1996, con el objetivo de generar investigación básica (museológica) y aplicada (museográfica) acerca de la clasificación y conservación de las colecciones y material museográfico en la UNAM (Sigal y Macedo, 1996).
En el caso de la bibliotecología, si bien en la Facultad ya no existían los centros de investigaciones, lograron permanecer algunas vías para la publicación, como fue el Anuario de Bibliotecología en su cuarta época (de 1980 a 1984). En cuanto a obras monográficas, Judith Licea publicó su libro La extensión universitaria en América Latina: sus leyes y reuniones (1982) y Alicia Perales, La cultura biblioinformática septentrional (1981), ambas, a través del Centro de Estudios sobre la Universidad (CESU), antecedente del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación (IISUE), fundado en 2006. En este libro, Perales da cuenta precisamente de las transformaciones en las matrices disciplinarias a las que se enfrentaban las ciencias de la información, especialmente la bibliotecología. Pero se destaca, en ese mismo año, la fundación del CUIB, que se mantendría hasta 2012, para dar paso al IIBI. Este Centro daría inicio al primer fascículo de su revista en 1986, la cual se mantiene hasta hoy con la misma denominación, y en cuyas temáticas se incluye a los estudios archivísticos: Investigación Bibliotecológica: Bibliotecología, Archivonomía e Información.
La diversificación: 1990-2009
Si bien en estos años existieron en el país otras dos escuelas que impartían esta licenciatura, resulta interesante explorar, específicamente, cómo ha asimilado la UNAM los cambios en los postulados disciplinarios, la formación, la autocomprensión y la identidad de los archivistas.
El enfoque crítico dentro de la archivística -identificado de esta manera porque surgió a partir de su postura hacia la tradición funcionalista y tecnicista de la archivonomía- vinculó fuertemente el papel de los archivos (como instituciones) y los archivistas (como profesionales) bajo una advocación social, ya que tiene como centro de su preocupación la relación entre el archivo y la sociedad, con la intención de denunciar procesos de dominación, es decir, acciones ideológicas subyacentes en prácticas consideradas supuestamente neutrales. En la década de los noventa, al finalizar la guerra civil en Guatemala, los procesos de recuperación y normalización del Archivo Histórico de la Policía Nacional y los Archivos de la Paz, fueron determinantes para los estudios archivísticos en América Latina por su contribución a la justicia transicional: la etapa de cambio sociopolítico en el cual un país puede superar un periodo de conflicto, perdonar y reconstruir su sistema de justicia sobre los hechos del pasado.
El enfoque de los estudios de usuarios en los archivos, por ejemplo, emergió en la década de los setenta a partir de ciertas inconformidades hacia algunas tendencias teóricas que sólo consideraban la acción de los archivos sobre la sociedad, y en las que los individuos eran tomados sólo como seres pasivos, o meros receptáculos de información. Su fundamentación se encuentra en el rescate del papel de los sujetos activos y en el análisis de sus apropiaciones, sus diferentes necesidades y usos. Fue entonces que se desarrollaron estudios que abordaron la posibilidad de un mayor acceso a los fondos y colecciones de archivo, mediante la eliminación de obstáculos, la creación de instrumentos de recuperación de información, un mayor conocimiento de los intereses de los ciudadanos y la consolidación de tipos de usuarios, es decir, las necesidades de información no sólo colectivas (como de instituciones o de grupos sectorizados), sino de individuos. Esta corriente comenzó a tomar fuerza en América Latina en la década de los años ochenta, a partir del apoyo del Programa General de Información de la UNESCO para conformar políticas nacionales de información, con el propósito de que, a partir de ellas, la ciudadanía tuviera una mayor participación; con base en este programa, los Estados debían adoptar paulatinamente mecanismos de gobernanza tendientes hacia procesos de transparencia y acceso a la información. La idea de este diseño era que, por ejemplo, un Sistema Nacional de Archivos y un Sistema Nacional de Bibliotecas, entre otros (como el Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica), se articularan a través de estas políticas para conformar un gran Sistema Nacional de Información (Cochrane, 1983).
Por otra parte, en la década de los setenta surgió otro enfoque, el de la representación documental, pero fue hasta los años noventa que se comenzó a discutir con formalidad, entre los países hispanohablantes, el tema de la representación del contenido informativo de los documentos, más allá de una clasificación descriptiva; para ello jugó un papel determinante la tipología de los archivos sonoros. Puede decirse que el enfoque de la representación documental se asentó en México relativamente tarde, ya que fue hasta 2008 que se logró concretar la fundación de la Fonoteca Nacional.
Después de la desaparición de la archivística como opción profesional en la UNAM, la única escuela en el país que ofreció estos estudios fue la Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía (ENBA), la cual se reestructuraría en 1988, para “adecuarse a los avances pedagógicos, técnicos y científicos del país, así como a las necesidades reales que en materia de Biblioteconomía y Archivonomía demanda la vida nacional” (Gobierno de México, 1988: 111). Los cambios consistieron en recuperar e incorporar algunas de las asignaturas que se impartían en la tradición historicista de la UNAM, pero, también, algunas relacionadas con la administración pública y con el marco jurídico vigente en México.
A partir del vacío en los estudios en esta área se creó, también en 1992, la Licenciatura en Ciencias de la Información Documental, en la Facultad de Humanidades de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM), cuyo plan de estudios se ha estructurado, desde su fundación, a partir de tres grupos principales de asignaturas: Archivística, Bibliotecología y Documentación, además de otros conjuntos de materias optativas de orden humanístico y administrativo. A raíz de esta propuesta, se ha tratado de dilucidar si realmente existen varias ciencias de la información documental (e incluso si alguna tiene primacía sobre las demás) o si existe sólo una gran ciencia de la información documental (a partir de la idea de que las maneja un núcleo central común), pensamiento que ignora sus particularidades y rasgos definitorios, su autonomía, su tradición y su identidad.
En los últimos años, se ha intentado tender un puente de interacción entre las ciencias de la información: la archivística, la bibliotecología, la documentación y la museología. Si bien, una vinculación estrecha entre éstas puede robustecer su diálogo interdisciplinario, ninguna se subsume en la otra, aunque compartan objetivos de estudio y proyecciones sociales afines. No se asumen como disciplinas complementarias, porque esto implicaría que son áreas que adolecen por sí mismas de un desarrollo epistemológico propio, y que se conjuntan para resanar sus respectivas carencias disciplinarias o para hacer una sola (como la propuesta de erigir una sola ciencia de la información documental). En realidad, cada una ha emprendido la travesía hacia su propia autonomía, como campos que poseen una identidad particular de índole teórico-metodológica, aunque con intereses transdisciplinarios compartidos (incluso con una fundamentación social también común).
Pero la consolidación de la licenciatura en la UAEM no disipó la necesidad de estudios exclusivos y en profundidad sobre archivística. En 2006, la Escuela de Ciencias de la Información de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) introdujo en su oferta la Licenciatura en Archivología. Más adelante, a partir de 2014, esta escuela se reconstituiría como Facultad de Ciencias de la Información, y la carrera se renombraría como Licenciatura en Gestión Documental y Archivística.
Una nueva cultura archivística: 2010-2022
El 23 de enero de 2012 se promulgó la Ley Federal de Archivos, en la que se declaraba que el AGN era el organismo rector de la archivística nacional, lo que incluía a la educación archivística. En este rubro, su labor consistía en: “Fomentar el desarrollo profesional de archivistas a través de convenios de colaboración o concertación con autoridades e instituciones educativas públicas o privadas” (Gobierno de México, 2012: 16). A partir de la publicación de esta ley, el AGN se constituía como organismo descentralizado. Antes de esto, era un organismo desconcentrado que se regía por el Reglamento interior de la Secretaría de Gobernación.
En 2014, como parte del Programa Institucional del AGN para el cuatrienio 2014-2018, publicado en el Diario Oficial de la Federación, destacamos algunos aspectos del diagnóstico, entre ellos: 1) la baja oferta de recursos humanos especializados en materia archivística; y 2) la escasa investigación en materia archivística (Gobierno de México, 2014). Sobre el primer aspecto, se reconoció que la capacitación hasta ese momento era inadecuada y que era necesario robustecer los convenios con las escuelas nacionales y estatales, así como diseñar opciones de educación a partir del empleo de plataformas a distancia o virtuales, no sólo para diversificar la oferta a nivel nacional, sino para apuntalar el desarrollo del perfil archivístico para documentos digitales. En cuanto al segundo aspecto, y pese a que se reconoce en el documento en forma manifiesta la presencia de los estudios archivísticos en la ENBA, la UAEM y la UASLP, se precisa su poca incidencia en materia de investigación:
Un aspecto… que se reconoce como estratégico, es el desarrollo de investigación en materia de archivos… es necesario fortalecer la investigación en materia archivística para dotar a los archivos nacionales de materiales técnicos y teóricos que permitan soportar sus procedimientos, implementar mejoras en sus servicios, garantizar la preservación del patrimonio documental histórico y asegurar la integridad de los documentos electrónicos, por citar algunos temas (Gobierno de México, 2014: 22).
Este último elemento, el de la investigación, no es sólo un aspecto aditivo, sino que es a través de esta actividad que se desarrolla el corpus teórico de una disciplina y que se fortalece su autonomía como campo (además de la educación y el despliegue profesional).
A partir de todo ello se desarrolló una propuesta sobre estos estudios en la UNAM, cuya concreción y servicio habría de coadyuvar en la mitigación de algunas necesidades nacionales en materia informativa. El 5 de diciembre de 2014 fue aprobada por el Consejo Universitario de la UNAM la creación de la Licenciatura en AAyGD, y los cursos para su primera generación comenzaron el 10 de agosto de 2015, en el sistema escolarizado de la naciente ENES-M (fundada el 9 de diciembre de 2011). Para el diseño de sus programas estuvieron involucradas tres entidades académicas asesoras de la Universidad, a saber: el IISUE (entidad que gestiona el AHUNAM), el IIBI y la FFyL. Miembros de estas entidades habían hecho pública su propuesta desde mediados de 2014, en la cual precisaban cinco puntos básicos que, a su juicio, no se cumplían en ese momento con las opciones existentes:
Administrar estratégicamente los archivos con un enfoque centrado en la calidad.
Gestionar documentos de archivo para hacer accesible la información a los usuarios.
Promover ante las áreas de informática las mejoras que contribuyan a hacer más eficiente la trasmisión de la información.
Favorecer las condiciones para el cumplimiento de la Ley Federal de Archivos y la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
Aplicar cualquier normativa nacional e internacional (Flores et al., 2014: 78).
Una vez puesta en marcha, esta licenciatura contó sólo con tres alumnos en su primer ciclo escolar (misma situación para el periodo siguiente), aunque para el ciclo 2019-2020 ya se tenían 29 inscritos, según el informe de actividades de la directora de la ENES-M (Martínez, 2020). La planta de profesores inicial estuvo conformada por: Yaminel Bernal Astorga (profesora de tiempo completo y primera coordinadora), Juan José Calva González (investigador del IIBI), José Mauricio Anaya Rivas (de la Unidad de Documentación Científica de la ENES-M), Myriam Vivas Ornelas (del AHUNAM), Claudia Silvia Llanos Delgado (del Departamento de Historia de la División del Sistema de Universidad Abierta y Educación a Distancia de la FFyL), Ignacio Cervantes Herrera (del Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado de Michoacán) y David Ruiz Guzmán (del Centro de Idiomas de la ENES-M). Con ellos, se incorporó, para el siguiente periodo escolar, otro profesor de tiempo completo, y su actual coordinador, Ignacio Silva Cruz.
Es importante precisar que, al egresar, tres de los primeros alumnos se incorporaron como docentes a esta licenciatura, con lo que se cumplía con uno de los objetivos que no se había podido alcanzar con las anteriores licenciaturas en Archivonomía y en Archivología. Sin embargo, aunque sí lograron ingresar a la planta docente, únicamente lo hicieron para asignaturas inductivas. La razón es que, en su momento, aún no contaban con el título de licenciatura (aunque sí con el total de créditos cubiertos), por lo que sólo podían impartir clase en los niveles correspondientes para la obtención del grado de técnico en archivística, al cual se puede optar al concluir los primeros cuatro semestres. Cabe agregar que en la ENBA también existe esta opción técnica, como profesional asociado en archivonomía, que se sitúa en el quinto semestre, en el cual se realiza un proyecto derivado de una estancia profesional.
En consonancia con el Programa Institucional del AGN (2014-2018), los estudios en AAyGD en la ENES-M intentaron enfrentar dos de los puntos más delicados de su diagnóstico: en cuanto a la necesidad de una capacitación a través de plataformas virtuales, en diciembre de 2017 fue aprobada esta misma licenciatura de la Unidad Morelia, pero en su modalidad a distancia, para iniciar en agosto de 2018; sobre el tema de la investigación, la ENES-M es sede del Seminario de Archivística, con diversas actividades en eventos con otras entidades del país; además, la vinculación con la investigación no se ha dado únicamente entre los profesores, sino que se han fomentado foros para los alumnos, como el Encuentro Nacional de Estudiantes de Archivística, cuya iniciativa de creación y primera edición (en 2019) recayó en la ENES-M. En este evento se reunieron estudiantes de la UNAM, provenientes de la sede de Morelia y del Colegio de Bibliotecología de la FFyL, además de otras escuelas como la ENBA, la UAEM, la UASLP y de la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía (de la Maestría en Conservación de Acervos Documentales).
Pero la Licenciatura en AAyGD no sólo se diversificó en cuanto a modalidades educativas, sino que se amplió a otras sedes, como el campus central de la UNAM. El 25 de enero de 2018 fue firmado un convenio entre la Secretaría de Desarrollo Institucional de la UNAM y el AGN para que esta licenciatura también se imparta en la FFyL en modalidad presencial (con el mismo plan de estudio que el de la ENES-M), como parte de la estructura de su División de Estudios Profesionales, en donde ya se impartía la Licenciatura en Bibliotecología y Estudios de la Información. Por esta razón, en 2021 la coordinación retomó su nombre de antaño: Colegio de Bibliotecología y Archivología. Las primeras clases comenzaron el 6 de agosto de 2018, en un espacio destinado ex professo dentro del AGN, y algunos otros días en las aulas de la FFyL. Esto se tradujo en que la formación profesional de los estudiantes se ha visto consolidada, por un lado, con la vanguardia de los lineamientos archivísticos del país y, por el otro, con sólidos estudios sobre pensamiento humanístico.
Su claustro profesoral fundacional estuvo conformado por: Brenda Cabral Vargas (coordinadora del Colegio e investigadora del IIBI), Joel Antonio Blanco Rivera (de la Universidad de Puerto Rico), Roberto González Moreno (Jefe del Archivo de la FFyL), Ariel Antonio Morán Reyes (de la División de Estudios de Posgrado de la FFyL), Nadia Berenice Robledo Cadena (del Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales), Óscar Eduardo García Hernández (de la empresa Sistemas Profesionales en Administración de Archivos), Esteban Landa Rodríguez (del Centro Nacional de Control de Energía) y Martín Vera Cabañas (del Centro de Documentación del Grupo de Información en Reproducción Elegida).
El inicio de estos estudios en la FFyL no se gestó sólo por el efecto impelido por su consolidación en la ENES-M; en realidad, el comienzo de la Licenciatura en AAyGD en la Ciudad de México surgió, en su dimensión inmediata, por las necesidades del AGN de contar con profesionistas en el área, pero sobre todo por varios hitos producto de la nueva cultura archivística nacional. Desde algunos años atrás se había revitalizado el interés de la investigación en torno a la Archivística (sobre todo metateórica), pero ya no sobre su práctica al servicio de la historia; en este caso, la archivística se convirtió en el objeto de estudio: la archivística como ciencia, como profesión, sus postulados teóricos.
El año 2018, fecha en que comienza la Licenciatura en AAyGD en la Ciudad de México, fue en realidad uno de los más importantes para la archivística nacional. El 15 de junio se promulgó la Ley General de Archivos (que sustituyó a la Ley Federal de Archivos); el 10 de octubre se firmó la declaratoria de apertura en el AGN de algunos fondos (como el M68) indebidamente clasificados bajo resguardo, mismo día en el que se inauguró el edificio que habría de albergar a esta licenciatura en el antiguo Hospital de la Penitenciaría de Lecumberri. En materia de educación archivística, ese mismo año se incorporó la ENBA a la estructura orgánica del IPN (en la rama de Ciencias Sociales y Administrativas), luego de la disputa que se libró durante algunos meses por el predio que ocupaba la escuela (Sánchez Jiménez, 2017a; 2017b). Con la mediación de la SEP, de la cual ambas instituciones dependían, se llegó a un acuerdo para concretar la anexión, el cual fue publicado en el Diario Oficial de la Federación (Gobierno de México, 2018).
Semanas más tarde, en el marco de la apertura de los archivos del otrora CISEN (el Centro de Investigación y Seguridad Nacional, reemplazado en 2019 como órgano desconcentrado por el Centro Nacional de Inteligencia), el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló: “Necesitamos convocar a becarios que quieran aprender el manejo de archivos porque se requiere de personal; no hay el personal suficiente, entonces, queremos que vayan jóvenes que están estudiando para este propósito y que vayan a capacitarse” (Ramírez, 2019: 5). Esto bosqueja la responsabilidad social y el compromiso que se espera de los archivistas, como agentes coadyuvantes en la defensa y procuración de los derechos humanos, sobre todo el derecho a la información, y ejecución de procesos democráticos.
Conclusiones
La desaparición de los estudios en archivística en los años setenta se debió a una mezcla de factores administrativos y disciplinarios. Por un lado, el retiro de sus principales figuras en la docencia, quienes además aportaban soporte institucional, lo cual apunta que, desde un inicio, la permanencia de estos estudios se recargó en la presencia de estos profesores. En el caso de Rubio Mañé, su retiro del Colegio de Bibliotecología casi coincide con su salida de la dirección del AGN, por lo que se perdió un vínculo importante para realizar prácticas de laboratorio e investigación derivadas de sus seminarios. Cabe recordar que uno de los motivos para la suspensión de la licenciatura y la maestría fue, además de la baja inscripción, el poco apoyo de algunos organismos para que los alumnos realizaran estancias.
Aunado a esta omisión y debilidad institucional, durante casi 20 años, la archivística en la UNAM poco hizo para propiciar su propio desarrollo teórico, en pos de su autonomía como campo; en realidad, parece que se acentuó su dependencia hacia disciplinas como la historia (en cuanto a su ejercicio) o la bibliotecología (sobre su estructura institucional). Sin embargo, en las últimas décadas, la archivística ha marcado su propia proyección: sus postulados han redirigido su fundamentación social hacia procesos democráticos guiados por el derecho a la información y la justicia restaurativa.
Tener una perspectiva sobre estas trayectorias es de suma importancia para comprender no sólo su avance como profesión, sino como disciplina. Para constatar la pertinencia de su diseño curricular actual y las posibles sendas de profundización para adecuarlo (por parte del próximo comité evaluador), es necesario indagar en la evolución teórica y la necesidad social archivística, sobre todo en ese hiato de suspensión que se dio en la UNAM. Además, una cuestión importante es que las dos sedes comparten el plan de estudio, el cual se diseñó en función “del modelo educativo y la estructura de la Escuela Nacional de Estudios Superiores Morelia de la UNAM” (Flores et al., 2014: 80). Es sustancial que la FFyL diseñe su propio plan (porque al adoptar el de la ENES-M se atrajeron algunos aspectos inusitados, como el grado de técnico en archivística), y que la modalidad a distancia en la Unidad Morelia también lo emprenda, con el fin de apuntalar el perfil de un archivista digital. El actual plan de estudio no sólo debe reformarse para evitar una nueva situación de dependencia historicista o institucional, sino para actualizar algunos procesos propiamente archivísticos. Las condiciones actuales, permeadas por la nueva cultura archivística nacional, parecen ser propicias para apuntar al desarrollo profesional de sus egresados a partir del énfasis en la identidad y autonomía de su campo.