Sección temática

 

Las prácticas de intervención institucional en la creación y organización sociopolítica de los asentamientos rarámuris en la ciudad de Chihuahua. El caso de El Oasis

 

Practices of Institutional Intervention in the Creation and Sociopolitical Organization of Rarámuri Settlements in the City of Chihuahua: The Case of El Oasis

 

Les pratiques d'intervention institutionnelle dans la création et l'organisation sociopolitique des implantations rarámuris dans la ville de Chihuahua : le cas de L'Oasis

 

Marco Vinicio Morales Muñoz

 

CIESAS - DF. Correo electrónico: markovinicio75@hotmail.com

 

Recepción: 21 de noviembre de 2011
Aceptación: 16 de marzo de 2012

 

Resumen

El artículo analiza el proceso de intervención institucional que dio origen a los asentamientos rarámuris en la ciudad de Chihuahua. El análisis está enmarcado en la perspectiva orientada al actor social en las prácticas de intervención para explicar la manera en que las políticas de desarrollo de ciertas instituciones impulsaron la construcción de estos espacios, además de promover un tipo particular de organización fundamentado en el modelo político rarámuri.

Palabras clave: Rarámuri, indígenas urbanos, intervención institucional, organización política.

 

Abstract

This article analyzes the process of institutional intervention that gave rise to the Rarámuri settlements in the city of Chihuahua. The approach is oriented by the social actor perspective regarding practices of intervention as a means of explaining the way in which development policies proposed by certain institutions propelled the construction of those spaces while also promoting a specific type of organization based on the Rarámuri's own political model.

Key words: Rarámuri, urban indigenous, institutional intervention, political organization.

 

Résumé

Cet article analyse le processus d'intervention institutionnelle qui est à l'origine des implantations rarámuris dans la ville de Chihuahua. L'analyse se trouve inscrite dans la perspective orientée vers l'acteur social dans les pratiques d'intervention, pour expliquer la façon selon laquelle les politiques de développement de certaines institutions ont stimulé la construction de ces espaces, et ont promu un type particulier d'organisation fondé sur le modèle politique rarámuri.

Mots clés: Rarámuri, indigènes urbains, intervention institutionnelle, organisation politique.

 

Introducción

El desplazamiento migratorio de los rarámuris de la Sierra Tarahumara a la ciudad de Chihuahua tiene una larga historia, pero fue en las últimas décadas del siglo pasado cuando su presencia se hizo más evidente. Estudios sobre la migración rarámuri señalan que la principal causa del movimiento a la ciudad de Chihuahua tiene que ver con aspectos económicos (Iturbide y Ramos 1991; Servín 2001), aunque también se pueden distinguir otros como educación, salud o conflictos personales. Las sequías, el empobrecimiento del suelo y la escasez de la tierra cultivable en los lugares de origen, son factores que generan situaciones de pobreza y obligan a los rarámuris a desplazarse a otras regiones para conseguir recursos con los cuales solventar su existencia. En la ciudad de Chihuahua, los rarámuris se han insertado en diferentes nichos laborales: los hombres principalmente en la albañilería o en el peonaje en ranchos, mientras que las mujeres en el servicio doméstico y en menor medida en la venta de artesanías.

Las investigaciones señalaron formas de migración temporal y permanente en la ciudad de Chihuahua. Esta última tiene dos modalidades: 1) dispersa, en casas de familiares o renta de una vivienda; y 2) congregada, en asentamientos edificados para la población rarámuri. Actualmente existen ocho asentamientos en la ciudad de Chihuahua. Su origen y construcción ha obedecido a diferentes causas, pero en ellas siempre está la iniciativa de los sectores religiosos y del gobierno de Chihuahua, aunque también existe la participación de la sociedad civil y la filantropía local o nacional. Los proyectos son diferentes en cuanto al modelo de planeación y organización, sin embargo, en todos, el objetivo es ofrecer una vivienda a los rarámuris.

Al considerar esta forma de inserción residencial, mi objetivo en el presente artículo es analizar el proceso de intervención institucional que dio origen a los asentamientos rarámuris en la ciudad de Chihuahua y el tipo de organización sociopolítica que se desarrolló en éstos. El estudio está centrado en el asentamiento más antiguo, El Oasis, cuyo origen se remonta a los últimos años de los cincuenta del siglo XX. En el análisis voy a retomar los planteamientos de Norman Long (2007) sobre la perspectiva orientada al actor social en las prácticas de intervención para explicar la manera en que las políticas de desarrollo de ciertos actores institucionales impulsaron la construcción de estos espacios, además de promover un tipo particular de organización fundamentado en el modelo político rarámuri.

Además de los planteamientos de Long sobre la intervención institucional, también retomo el concepto de comunitarismo indigenista de Juan Luis Sariego (2005) para dar cuenta de la especificidad del caso rarámuri en las políticas de desarrollo implementadas para congregarlos en asentamientos. Y para explicar el tipo de organización política que existe en El Oasis, me remito también al concepto "intermediación" de Guillermo de la Peña (1986), ya que con éste es posible entender el papel y las actividades realizadas por el siríame o gobernador indígena en su función de mediador entre los intereses de los actores institucionales y las demandas, exigencias y críticas de los residentes del asentamiento.

 

Intervención institucional en la creación de los asentamientos rarámuris en la ciudad de Chihuahua

Origen de los asentamientos rarámuris urbanos. Un repaso a su historia

En la literatura no hay alguna referencia precisa sobre la fecha en la que los rarámuris comenzaron a vivir de manera permanente en la ciudad de Chihuahua. El explorador noruego Carl Lumholtz, a finales del siglo XIX, y los antropólogos norteamericanos Wendell Benett y Robert Zingg, en la década de 1930 del siglo XX, advirtieron la presencia de rarámuris en la ciudad de Chihuahua.¹

Françoise Brouzés (1998) mencionó que la creación de albergues destinados a los rarámuris migrantes se remonta al año de 1940, cuando el gobierno del estado de Chihuahua y la Iglesia Metodista proporcionaron un espacio en el centro de la ciudad para el hospedaje y que fue conocido como el "Paraje de los Indios". Aunque hoy en día este lugar ha desaparecido, es el referente que sentó las bases de una labor que en años posteriores continuarían sectores de la sociedad civil, del gobierno estatal y otras denominaciones religiosas, como la católica jesuita. En conjunto, estos actores generaron una serie de condiciones para que los asentamientos pudieran consolidarse, sobre todo, en los noventa del siglo pasado y en los primeros años del presente.

De los ocho asentamientos que existen en la actualidad, El Oasis es el más antiguo y su construcción inició en 1957, cuando Ezequiel Vargas, reverendo líder de la Misión Evangelística Mexicana, consiguió el terreno en la periferia sudoeste de la ciudad de Chihuahua y levantó las primeras casas con adobe. Para dar un soporte legal y dirigir las acciones del proyecto, en 1959, los miembros de la Misión Evangelística formaron una asociación civil llamada Asociación Filantrópica Evangélica de Cultura y Servicio Social (Servín 2001, 80). El objetivo de la asociación fue construir una "casa-albergue" que funcionaría como punto estratégico para el adoctrinamiento religioso y la capacitación técnica en ciertos oficios de los rarámuris (Molinari 1993, 114). Martha Ramos (1997) registró la experiencia que vivió uno de los primeros rarámuris asentados en El Oasis, quien señaló:

No teníamos nada, ni un cuarto para vivir [...] Estábamos una tarde sentados, cuando vimos que llegaron unos señores en un carro, pensamos que eran policías. Se bajaron del carro y nos dijeron que nos fuéramos a unas casas que habían hecho para que los tarahumaras llegáramos sin pagar nada, porque ahí donde vivíamos teníamos el peligro de que el río creciera y nos ahogáramos (Ramos 1997, 81-83).

Durante mucho tiempo, las viviendas no tuvieron ningún servicio urbano y sólo estaban techadas con lámina y el piso era de tierra. El abasto de agua lo garantizaba el arroyo que corre a un lado del asentamiento, el cual en esa época no estaba contaminado, aunque años más tarde se instaló una toma de agua en el asentamiento. En los sesenta y setenta el "Oasis de los Indios", como era conocido, fue el único lugar con servicio de agua potable en los alrededores y debido ello recibió ese nombre.

A pesar de que las condiciones habitacionales eran las mismas, entre los setenta y ochenta la población de El Oasis aumentó, principalmente con migrantes del municipio serrano de Carichí, al oriente de la Sierra Tarahumara; además, los alrededores del asentamiento también comenzaron a urbanizarse por el sector mestizo de la población. En ese tiempo, en un lugar al sur de la ciudad, una mujer mestiza conocida como Manuelita comenzó a alojar algunas familias rarámuris en un terreno que tenía junto a su casa en la colonia Dale. Al ser originaria de la Sierra Tarahumara y haber socializado con niños rarámuris en la escuela, tuvo la inquietud de apoyarlos cuando ella se trasladó a la capital del estado en 1974. Al paso de los años, más rarámuris se instalaron en el terreno, donde construyeron sus viviendas con láminas de cartón, madera y plástico (Ramos 1997, 76). Este asentamiento fue conocido como Pino Alto o Tamborel.

A mediados de los ochenta, los evangelistas cedieron el terreno de El Oasis al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF ) del gobierno estatal (Servín 2001, 80). Esta cesión de la propiedad se llevó a cabo debido a que la asociación religiosa se encontraba en una crisis financiera y carecía de fondos económicos para seguir sosteniendo el proyecto (Molinari 1993, 114). A partir de este cambio, el gobierno estatal comenzó a intervenir de manera más notoria en el asentamiento; incluso al retirarse los evangelistas, se presentó una coyuntura para que los católicos jesuitas también se involucraran en acciones pastorales y de asistencialismo para los rarámuris de El Oasis.

Al finalizar la década de los ochenta y en los primeros años de los noventa, en Chihuahua se generaron una serie de condiciones para apoyar a la población rarámuri. En primer lugar, en 1987, el gobierno del estado creó la Coordinación Estatal de la Tarahumara con el objetivo de promover el desarrollo social, económico y cultural de los pueblos indígenas de la Sierra Tarahumara.² Esta dependencia asignó una de sus áreas a la atención de los indígenas migrantes en la ciudad de Chihuahua, la cual, con el transcurso de los años, se transformó en la Oficina de Asentamientos Indígenas. En segundo lugar, en 1991, el sacerdote jesuita Carlos Díaz Infante inició una labor misional entre la población rarámuri urbana. El conocimiento de la lengua y la cultura rarámuri que adquirió durante muchos años en la Sierra, así como un interés personal por apoyar este sector, le sirvieron para fomentar un proyecto de atención espiritual y material.

De esta manera, el trabajo conjunto y los recursos aportados por Carlos Díaz Infante y el gobierno estatal, a los que se sumaron los apoyos de los gobiernos municipal y federal, además de la participación de organizaciones filantrópicas chihuahuenses, representaron el factor que durante los años noventa ayudó a consolidar y crear nuevos asentamientos. Así, por ejemplo, en estos años, los residentes de El Oasis recibieron un conjunto de apoyo que permitió mejorar y aumentar la infraestructura residencial del asentamiento; se construyeron un templo católico, talleres de costura y carpintería, una cocina-comedor, una cancha de básquetbol y aulas escolares para el nivel básico de educación, cuyo servicio quedó a cargo del Departamento de Educación Indígena del estado desde 1990.

La señora Manuelita, por su parte, obtuvo recursos que le permitieron construir algunas habitaciones en el asentamiento Pino Alto para ofrecer mejores condiciones de vivienda a sus residentes. Pero la novedad durante esta oleada de apoyos en los noventa fue la construcción de dos asentamientos más: la Colonia Tarahumara y el Sierra Azul, localizados respectivamente en las periferias norte y oriente de la ciudad. El primero fue iniciativa del gobierno del estado, a través de la Coordinación Estatal de la Tarahumara, mientras que el segundo fue un proyecto del jesuita Díaz Infante; no obstante, en ambos se articularon apoyos de los diversos sectores mencionados.

La primera década del siglo XXI también estuvo marcada por la emergencia de nuevos asentamientos en la ciudad de Chihuahua. Debido al incremento de la población rarámuri en las colonias periféricas de la ciudad, al iniciar este siglo se conformaron dos asentamientos más, reconocidos por los rarámuris citadinos, por los gobiernos estatal y municipal, así como por los jesuitas y sus benefactores. Al sur, en la colonia Granjas Soledad se estableció el asentamiento que lleva el mismo nombre, mientras que en el extremo norte, en el kilómetro 21 de la carretera hacia Ciudad Juárez, se conformó el asentamiento Ladrillera Norte, cuyo nombre obedece a que las casas se sitúan en las inmediaciones de una fábrica de ladrillos.

No obstante el fallecimiento de Díaz Infante, en el 2003, el grupo jesuita, integrado por sacerdotes, laicos y empresarios, conformó la asociación Asentamientos Tarahumaras a. c. con el objetivo de ofrecer nuevos espacios de vivienda a los rarámuris. Apoyada por el gobierno municipal y otros actores altruistas, la Asociación construyó dos asentamientos más al oriente de la ciudad: el "Pbro. Carlos Díaz Infante s. j." en 2006 y el "Pbro. Carlos Arroyo s. j." en 2009, cuyos nombres hacen honor a los dos sacerdotes que trabajaron con mayor entusiasmo en el proyecto de vivienda para los rarámuris.³ El plano 1 muestra la ubicación de los asentamientos en la ciudad de Chihuahua y el cuadro 1 resume algunas de las características.

La suma aproximada de los residentes en los asentamientos es de 1880. De acuerdo con los datos del Conteo de Población 2005 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) esta cantidad representaría aproximadamente 37% de la población que vive en hogares rarámuris en el municipio de Chihuahua, cuyo total es de 5,090. El cuadro 2 muestra el aumento de hablantes de lengua indígena y rarámuri mayores de 5 años en el municipio de Chihuahua registrado por el INEGI entre 1990 y 2005.⁴

 

La perspectiva centrada en el actor social en las prácticas de intervención institucional

Las políticas de vivienda y atención de los asentamientos rarámuris pueden analizarse con los planteamientos de Norman Long (2007) sobre la perspectiva orientada al actor social en las prácticas de intervención institucional. De acuerdo con Long, las prácticas de intervención contienen varias premisas que las sustentan y les confieren un carácter dinámico, ya que evidencian un conjunto de interacciones, procedimientos, estrategias, discursos y categorías culturales de los diversos actores que participan en los proyectos de desarrollo, tanto de quienes los implementan, como de los sujetos que reciben la atención (Long 2007, 74).

En primer lugar, Long destacó la existencia de una "carga simbólica" en las prácticas de intervención, la cual implica un supuesto beneficio propiciado desde el espacio sociocultural exterior que debe ser insertado en las prácticas cotidianas locales. Al respecto, Long afirmó que:

La terminología específica usada en el discurso de la intervención [...] está teñida por la noción de que hay un tráfico de regalos o donaciones procedentes del exterior y que tienen calidades supremas que no pueden producirse dentro de la propia situación local [...] Estas metáforas reproducen la imagen de un exterior todo poderoso y un interior inferior. Muchos de estos terminos también tienen una connotación mágico-religiosa comparable con la idea de carga que se encuentra en los cultos de "cargo" en Melanesia. Quienes se adhirieron a tales cultos creyeron que si seguían los procedimientos morales y rituales debidos y honraban a los espíritus, serían premiados con la llegada súbita y milagrosa en barco o en avión, de una carga de artículos muy valiosos provenientes de ultramar [...] La separación de interior y exterior parece indispensable en la intervención consistente en la entrega de alguna clase de material o contribución organizacional o "paquete" desde el exterior (o "del mundo más allá") que se diseña para estimular la emergencia de ciertas actividades "internas" orientadas al logro de niveles superiores de producción, generación de ingresos, "eficiencia" económica o la mejor utilización de los recursos existentes y del "factor humano" (Long 2007, 81-82).

Para Long, la carga simbólica se articula con un proceso de "etiquetamiento" que funciona para promover o imponer ciertos esquemas interpretativos en relación con el diagnóstico y la solución de los "problemas de desarrollo", es decir, cuando una situación escogida para la intervención se juzga inadecuada o necesitada de cambio, los recursos, la organización y los conocimientos locales son deslegitimados, por lo que las contribuciones externas son estimadas como necesarias e indispensables para redefinir las relaciones sociedad-Estado mediante la promoción de ciertos estándares normativos para el desarrollo (Long 2007, 83-84).

Considero que la creación de los asentamientos en la ciudad de Chihuahua sigue estas premisas de etiquetamiento y carga simbólica de las prácticas de intervención. Por un lado, la situación de residencia dispersa de los rarámuris se ha estimado como inadecuada, por lo que bajo el argumento de generar mejores condiciones de vida, sectores religiosos y el Estado plantearon que la mejor manera de ayudarlos es congregándolos en lugares destinados exclusivamente para ellos, pero, por otro, estas premisas de la intervención no se han limitado a la esfera residencial, mediante la cual las instituciones construyen y entregan viviendas a los rarámuris. Una vez dado este paso, los actores de la intervención continuaron cuestionando las formas de vida y organización de los asentamientos, plantearon la entrega de servicios, apoyos y recursos para el beneficio de sus residentes, y también generaron normatividades que éstos deben cumplir para tener derecho a las viviendas.

La intervención de instituciones y particulares altruistas obedeció, en principio, al interés común de apoyar a los rarámuris de los asentamientos, tratando de impulsar su desarrollo y bienestar colectivo en el medio urbano. Sin embargo, el interés común se ha sustentado en diversos esquemas, modelos o incluso ideologías, mediante los cuales se pretende que los rarámuris alcancen cierto nivel de prosperidad social, a costa de introducir o imponer la visión específica que los agentes tienen sobre el significado de bienestar. Por su parte, en una lucha constante para lograr afianzarse en los asentamientos, los residentes han convalidado proyectos educativos, sanitarios, religiosos, asistenciales y de vivienda que les han ofrecido las dependencias, los cuales, debido a las diferentes oleadas e intereses puestos en juego a través del tiempo, se han reformulado en varias ocasiones.

El proceso de crear asentamientos para integrar a los rarámuris a la vida urbana, pero que a la vez los mantengan de cierta forma encapsulados, así como todas las implicaciones en la vida cotidiana que la situación conlleva, puede entenderse con los planteamientos de Juan Luis Sariego (2005) sobre el "comunitarismo indigenista". Sariego afirmó que las propuestas de cambio social introducidas por los agentes occidentales entre los grupos indígenas de Chihuahua se han fundamentado en la convicción de que la transformación, la integración y el desarrollo únicamente son posibles en la medida en la que ellos acepten formas comunales y colectivas de organización social. Tal comunitarismo indigenista exige a los rarámuris la fijación sedentaria en un territorio, la creación de pueblos o comunidades, la imposición de sistemas de representación política, un igualitarismo económico y, en general, la creación de un modelo de conducta en el que los individuos queden subordinados a la comunidad (Sariego 2005, 121-122).⁵

No obstante que este modelo no corresponde y en muchas ocasiones se contrapone con la realidad social, cultural, económica y política rarámuri, los interventores se han adjudicado la prerrogativa de crear un tipo de colonias de misión urbanas con la supuesta intención de mejorar la calidad de vida de sus residentes. De acuerdo con esto, la nueva "comunidad" rarámuri en la ciudad de Chihuahua es una idea de las instituciones de la sociedad dominante y no una forma de organización social propia.

Además, la idea de "comunidad" formulada por los interventores también ha favorecido la adecuación de estructuras de organización, representación e intermediación política, así como el establecimiento de normatividades que pretenden sujetar a las familias e individuos a los intereses colectivos y a los objetivos de los promotores de los asentamientos o a las instituciones que los apoyan. Entender cómo se articulan todos estos aspectos de las prácticas de intervención en los asentamientos rarámuris me llevó a dos ejes analíticos más: el de "intermediación política" de Guillermo de la Peña (1986) y el de "interlegalidad" de Teresa Sierra (2004).

De la Peña retomó en el concepto de broker de Eric Wolf (1979 [1956])⁶ y planteó que el intermediario utiliza una red amplia de relaciones con la finalidad de poner en contacto a diferentes niveles culturales o políticos en una sociedad determinada. En su labor, el broker tiene que equilibrar o tratar de satisfacer los intereses, las demandas y los recursos que fluyen entre los actores de esos niveles. En este sentido, durante el trabajo en campo pude advertir que el proceso de intermediación propició la emergencia de intermediarios cuya función es la de enlazar a los residentes de los asentamientos con las instituciones, es decir, a través de ellos se canalizan algunas de las demandas y los recursos que son requeridos por una parte, u ofrecidos por la otra, y también tratan de administrar los intereses puestos en juego en el contexto citadino de Chihuahua.

Por otro lado, el fomento de organizaciones, reglamentos y concepciones de lo que significa el orden en los asentamientos ha ocasionado que los conflictos y situaciones problemáticas suelan resolverse con elementos tomados de los diferentes estatutos normativos existentes. En el campo de la antropología jurídica este tipo de prácticas se analizan desde el marco de la interlegalidad. Teresa Sierra (2004) hizo énfasis en la importancia de la idea de pluralismo jurídico, la cual refiere que, en los grupos sociales, existen sistemas y lógicas jurídicas diferenciadas, producto de historias de dominación y resistencia. Sin embargo, estos sistemas legales no están separados ni son excluyentes, ya que desde las prácticas sociales, los actores sociales actualizan sus sistemas jurídicos y ponen en juego distintos referentes legales, mostrando la heterogeneidad constitutiva de legalidades. Es decir, existen diferentes legalidades interrelacionadas.

De acuerdo con Sierra, la interlegalidad es el elemento o la dimensión empírica del pluralismo jurídico y la práctica observable de la justicia en regiones indígenas o donde hay población indígena. Sierra retomó el concepto de interlegalidad de Boaoventura de Sousa Santos (1987) y planteó que por él debemos entender la articulación de diferentes referentes normativos y discursos legales, así como el reajuste que puede ocurrir en situaciones particulares. Es un concepto que permite apreciar la dinámica de las prácticas jurídicas en diferentes niveles, desde los espacios comunitarios hasta las áreas en las que prevalece la legalidad del Estado, donde dichas prácticas son redefinidas y "relegitimadas" a partir de los propios marcos culturales y legales, como la ley positiva y las tradiciones (Sierra 2004, 43). Estas formulaciones analíticas resultaron importantes en mi investigación pues, como veremos más adelante, en los asentamientos rarámuris de la ciudad de Chihuahua, la resolución de los conflictos y disputas sigue las vías de la interlegalidad.

 

Organización sociopolítica en el asentamiento El Oasis

La particularidad del caso rarámuri en el contexto de los indígenas urbanos en México

El caso de los asentamientos rarámuris en la ciudad de Chihuahua contrasta con las situaciones residenciales y de organización comunitaria analizadas para otros grupos indígenas migrantes que viven en varias urbes de México. Antropólogos y sociólogos señalaron que en el contexto de la migración, los vínculos étnicos, de parentesco y paisanaje de mazahuas, otomíes, nahuas, mixtecos, zapotecos, triquis y mixies permitieron la formación de comunidades u organizaciones en los lugares de destino.⁷

Las investigaciones señalaron que las formas de agrupación surgieron como respuesta a las condiciones impuestas por el medio urbano, muchas veces hostil, para lograr mejor inserción. Así, a través de las organizaciones, los indígenas pudieron entablar demandas relacionadas con la vivienda, el empleo, la justicia, la equidad de género, los servicios urbanos, para realizar mejoras en sus pueblos de origen o para defender el territorio. Los trabajos indicaron que los asentamientos y expresiones colectivas de los indígenas en ciudades como las de México, Oaxaca o Tijuana representan una extensión de la comunidad de origen.

En el caso rarámuri, el proceso migratorio y la inserción urbana operan de otra manera. Aquí las redes de apoyo funcionan con mayor frecuencia en el nivel de parentesco y en menor medida en las relaciones de paisanaje o amistad que se encuentran en los asentamientos, pero sin llegar a consolidar una categoría organizativa más amplia (comités, asociaciones, gremios, cooperativas, etcétera), ni para politizar su identidad con la finalidad de generar movimientos amplios y entablar demandas al Estado y la sociedad.

Para entender esta diferencia, es necesario señalar que históricamente la organización sociopolítica rarámuri se ha caracterizado por ser poco centralizada (Deeds 2000) y porque tiende a relaciones horizontales o periféricas. Por ejemplo, aunque en el modelo existe un cuerpo de funcionarios con la capacidad de dirigir algunos aspectos de la vida grupal, mediando y coordinando ciertas actividades, los individuos y las familias actúan libremente y de manera autónoma resuelven sus intereses particulares sin someterse a la estructura de cargos (Morales 2005).

Por lo anterior, estimo que la poca centralidad y la tendencia a las relaciones horizontales del modelo sociopolítico rarámuri prevalece en la vida de los asentamientos y también en aquellas familias que viven dispersas en la ciudad de Chihuahua y, en consecuencia, es uno de los factores que explican por qué los miembros de este grupo no se organizan en grupos civiles más amplios. Considero que esta situación también revela el hecho de que hayan sido las instituciones religiosas y las dependencias de gobierno las que iniciaron el proceso de conformación de los asentamientos y no que los rarámuris se hayan organizado para demandar apoyos en el rubro de la vivienda. No obstante, es importante dejar claro que los rarámuris se han apropiado de este modelo de vida congregada en los asentamientos, lo cual les posibilita, por un lado, relacionarse con los actores de la intervención y, por otro, reproducir ciertos elementos de la cultura rarámuri como la ritualidad.

 

La intervención institucional en la normatividad y organización de El Oasis

La intervención institucional en los asentamientos no se limitó a su construcción y a la transferencia de recursos asistencialistas para los habitantes. Los proyectos y actividades realizados por los actores externos también han estado encaminados a la implementación de normatividades y formas de organización con la finalidad de controlar a la población y tender un puente de intermediación para poder incidir en los asentamientos.

De acuerdo con esto, por ejemplo, el préstamo de las viviendas está condicionado a un contrato de comodato que los rarámuris firmaron, comprometiéndose con los promotores de los asentamientos a cumplir una serie de reglas. En la elaboración del contrato se consideraron tres tipos de disposiciones normativas: 1) vivienda, 2) responsabilidades de las familias y 3) faltas y sanciones. En primer lugar, para disponer de una vivienda, las familias tienen la obligación de participar y cooperar en las reuniones, actividades y fiestas organizadas en el asentamiento; deben presentar buena conducta y no tienen que abandonar su vivienda por más de cuatro meses. En segundo lugar, las familias tienen que responsabilizarse de la enfermedad de sus integrantes y de la educación de los infantes. Las parejas deben evitar las separaciones, las relaciones adúlteras, el maltrato a los niños y a las mujeres. En cuanto a las faltas, se consideran como tales la agresión, los insultos, los golpes, la drogadicción, el alcoholismo, los abusos y la violación sexual. Las sanciones aplicables son primera amonestación, segunda y expulsión definitiva.⁸

Por otro lado, la efervescencia que en los noventa generaron los actores institucionales también tuvo efecto en la vida política de los asentamientos. En la búsqueda de mecanismos de intermediación, miembros del Consejo Supremo Tarahumara (en ese momento con el nombre de Confederación de Pueblos Indígenas)⁹ promovieron la adecuación de un modelo de organización en los asentamientos tomando como referente la estructura de cargos que prevalece en las localidades rarámuris de la Sierra Tarahumara, encabezada por un siríame, o gobernador indígena, que es auxiliado por un grupo de capitanes.

El objetivo del Consejo Supremo Tarahumara fue crear un cuerpo de funcionarios que reprodujera las atribuciones y facultades del modelo político rarámuri, pero ahora en el contexto urbano tiene la coordinación y mediación en asuntos relativos a la moral, al orden grupal, a la ritualidad y a la justicia, además de ser el interlocutor del asentamiento con los agentes externos. La introducción de dicho modelo fue a su vez avalada por las instituciones y sectores de la sociedad vinculados con los asentamientos (Coordinación Estatal de la Tarahumara, los jesuitas, el sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Estatal, el Departamento de Educación Indígena, principalmente), quienes también requerían de una figura de intermediación con la cual canalizar sus recursos y proyectos.

Debido a la exaltación de su 50 aniversario, el Consejo Supremo Tarahumara organizó diferentes reuniones y congresos en diversas localidades de la Sierra con la finalidad de elegir y reestructurar su nuevo Comité Delegacional (Merino 2007, 90-92). Como parte de la inercia, este organismo se trasladó a la ciudad de Chihuahua para establecer contacto con los rarámuris migrantes. Así, los dirigentes del Consejo, vinculados al Partido Revolucionario Institucional, realizaron el nombramiento del primer siríame de El Oasis en el año de 1991, aproximadamente.¹⁰ El jefe del Departamento de Educación Indígena en Chihuahua en esa época, como testigo del acto, me ofreció el siguiente relato:

Los cambios entre las estructuras políticas en México, hay una etapa en la que se forma la Confederación de Pueblos Indígenas. De esta Confederación, viene una persona de México y cambia aquí el Comité a nivel estatal y en aquel tiempo recae en la persona, en aquel momento diputado profesor Ismael Palma Loya, en un evento que se lleva a cabo en [el pueblo serrano de] Creel. Y bueno, se cambian las estructuras, se nombra a la Confederación de Pueblos Indígenas, lo que antes fue el gran Consejo Supremo de la Sierra Tarahumara [...] Al venir a cambiarse el gobernador [del Oasis], en un momento social o histórico que ellos consideraban prudente, entonces ya se armó una especie de plebiscito donde resulta electo el señor don Guadalupe Gutiérrez. Recuerdo que nos invitaron a esa reunión y asistimos, yo en mi condición de Jefe de Departamento de Educación Indígena; bueno, ya 33 años de servicio en estas cosas de educación indígena, como usted comprenderá, estas cosas nos interesan [...] Y en aquel momento se hace un plebiscito y la gente se forma [...] Total salió mucha gente y nos invitan a nosotros y también a otras gentes, incluyendo gente de la Coordinadora [Estatal de la Tarahumara] que estuvo presente. Pero nosotros nada más en calidad de observadores.¹¹

Desde ese tiempo y hasta la fecha, en El Oasis cuatro personas han ocupado el cargo de siríame. El primero estuvo en el puesto aproximadamente seis años (1991-1997); el segundo casi cumplió dos (1997-1998); el tercero tres (1999-2001); mientras que el cuarto siríame ha estado en el puesto desde diciembre de 2002.¹²

El proceso reseñado muestra nuevamente la puesta en juego de las premisas de Norman Long (2007) sobre la "carga simbólica" y el proceso de "etiquetamiento" inherentes a las prácticas de intervención institucional. Tanto los organismos políticos indígenas en el estado, como los actores involucrados en los asentamientos, desde su particular modo de vida, consideraron necesaria la implementación de un modelo "tradicional" de gobierno en los asentamientos, delegando al siríame o gobernador indígena la autoridad y legitimidad para funcionar como órgano de interlocución comunitario. De manera similar a la creación de los asentamientos, el nuevo formato de organización rarámuri en estos lugares no fue un objetivo perseguido por los rarámuris, sino un proyecto elaborado por los agentes de la intervención.

Aquí es necesario hacer referencia a dos pautas más que definen los procesos de intervención institucional propuestas por Long (2007), ya que nos ayudarán a entender la organización de los asentamientos rarámuris: la "no linealidad" de los proyectos de desarrollo y la capacidad de "agencia" de los sujetos involucrados en ellos. Para Long, cualquier práctica de intervención no se presenta como un esquema lineal mediante el cual las instituciones implementan políticas cuyo resultado pueda evaluarse en una sola dirección. Al contrario, implica un conjunto de mecanismos por los cuales los actores sociales, instituciones y sector "beneficiado", interpretan, negocian y transforman los contenidos de las políticas de intervención. Emerge pues un proceso de agencia que otorga a todos los actores involucrados la "capacidad de saber" (conocimiento) y la "capacidad de actuar" (poder) sobre el flujo de eventos sociales en el que están envueltos. De esta manera, dichos actores se enfrentan y compiten por la definición de los recursos, su significado y la legitimidad institucional.

No obstante la no linealidad y la agencia, Long también afirmó que la intervención institucional debe pensarse como un mecanismo que produce discontinuidades sociales, es decir, como una variable que implica la reestructuración de las formas sociales existentes (Long 2007, 48, 64-65, 84). Sobre la agencia y el cambio Long expresó lo siguiente:

La agencia —que podemos reconocer cuando acciones particulares producen una diferencia en un estado preexistente de asuntos o curso de eventos— está encarnada en las relaciones sociales, y sólo puede ser efectiva a través de ellas [...] La agencia, entonces, implica la generación y uso o manipulación de redes de relaciones sociales y la canalización de elementos específicos (como demandas, órdenes, bienes, instrumentos e información) a través de puntos de interpretación e interacción [...] Los procesos de conocimiento están incrustados en procesos sociales que implican aspectos de poder, autoridad y legitimación [...] Los encuentros del conocimiento involucran forcejeos entre actores que quieren inscribir a otros en sus "proyectos", y consiguen que acepten marcos particulares de significados y lograr que adopten sus puntos de vista (Long 2007, 50, 54-55).

En suma, las características de la agencia, entendida como un proceso político (poder y conocimiento), son teóricamente indispensables para identificar las prácticas, las estrategias y los razonamientos que los actores sociales emplean para resolver problemas específicos de intervención, así como para determinar la manera en que se entrelazan todos estos elementos con la intención de conseguir una efectividad, con la cual los actores puedan enfrentar las situaciones que se presentan en sus mundos de vida particulares.

 

Normatividad y agencia rarámuri

¿Cómo distinguir la no linealidad y la agencia en el proceso de intervención política de El Oasis? En primer lugar diré que, efectivamente, los planes de los interventores no han tenido el efecto que ellos esperaban, pues con la introducción de una normatividad y una forma de organización particular no consiguieron los resultados proyectados. De manera esquemática, a partir de una situación x, el proceso de intervención en El Oasis generó una situación z, que si bien muestra una discontinuidad o cambio respecto al estado inicial de las cosas, no representó la finalidad perseguida por los desarrollistas.

Con una finalidad analítica, para ejemplificar lo anterior, voy a separar la normatividad contenida en el contrato de comodato y el modelo de organización sociopolítica por el que apostaron los actores de la intervención, aunque en la vida cotidiana de El Oasis ambos son aspectos que se entrelazan.

En el reglamento prevalece la visión de orden y control que tienen los interventores, sin embargo, hasta ahora en El Oasis dicha normatividad no ha tenido el efecto esperado pues en este asentamiento existen las separaciones de parejas, las relaciones sexuales extramaritales, peleas, se ingieren bebidas alcohólicas y, entre niños y jóvenes, se dan situaciones de drogadicción. Y aunque el siríame o gobernador indígena es el supuesto encargado de vigilar y corregir estas conductas, en realidad no tiene una capacidad efectiva para actuar e imponer sanciones. En resumen, la cotidianidad de El Oasis no está circunscrita ni limitada por las cláusulas estipuladas en dicho reglamento.

Voy a profundizar un poco más en el consumo alcohol, ya que es una de las prácticas que más inquietan a los actores de la intervención, particularmente a los religiosos (aspecto que también preocupa al siríame por las supuestas responsabilidades que debe cumplir), y porque muestra la capacidad de agencia de los rarámuris de El Oasis. Para el siríame, en ciertas situaciones resulta conveniente la prohibición de la ingesta de bebidas alcohólicas, pues, además de que él no bebe, piensa que la sobriedad de los residentes reduciría el número de problemas en el asentamiento, lo que le permitirá desempeñar mejor su trabajo. En otras, por el contrario, las bebidas alcohólicas son necesarias, pues para cumplir su función ritual en las festividades, él y su familia tiene que preparar batari.¹³ Para el resto de los habitantes de El Oasis la proscripción del alcohol significa limitar espacios de convivencia o ritualidad vinculados a la visión del mundo rarámuri.

Este último aspecto es con el que se topan las concepciones de los interventores sobre lo que significa el orden interno de El Oasis. El resultado obtenido hasta ahora es que los mundos de vida rarámuri prevalezcan, impidiendo que se pueda reglamentar la prohibición del consumo de bebidas alcohólicas y que el siríame tampoco pueda hacer algo al respecto. Es decir, la presencia del alcohol en la vida cotidiana y en la ritualidad practicada en este asentamiento rebasan por mucho los intentos de los actores de la intervención por imponer la "carga simbólica" de su reglamento.

Al igual que otros sectores urbanos de la sociedad, es común que los rarámuris de El Oasis ingieran bebidas alcohólicas cualquier día (principalmente cerveza) y que la recurrencia aumente hacia el fin de semana, cuando la mayoría de los trabajadores recibe su salario. Por otro lado, la ritualidad rarámuri exige el ofrecimiento y consumo de batari en celebraciones colectivas o familiares. Es un elemento indispensable que no hace caso de normatividades y disciplinas de sobriedad, y que alcanza sus mayores dimensiones en fiestas como la de Semana Santa, en las cuales se llegan a preparar hasta mil litros de esta bebida para una sola ocasión. Pero como es lógico suponer, en las fiestas no sólo se consume batari, también circulan la cerveza y el aguardiente entre los hombres y mujeres de El Oasis, lo que suele ocasionar que las borracheras se prolonguen varios días.

Sin minimizar las consecuencias negativas del alcoholismo (enfermedad, conflictos, violencia, etcétera), puede entenderse que uno de los rasgos sobresalientes de la bebida es el de representar un elemento de comunicación social y cultural. En momentos precisos, durante las fiestas, el batari es el elemento indispensable para pedir o agradecer a las deidades por los bienes o la salud. Pero en otros, tanto en las celebraciones como en la cotidianidad, el batari, la cerveza o el aguardiente son el medio que permite la interacción social y el fortalecimiento de las relaciones. En las fiestas es una de las maneras de hacerse presente o visible ante los demás y constituye la forma de conseguir información, apoyos, enterarse de empleos o de afianzar lealtades entre los grupos familiares, de amigos o colectivos. Aún más, a través de la ingestión y el gasto de dinero en alcohol se busca y se puede obtener un prestigio, un reconocimiento en los grupos referidos debido a una conducta generosa o de intercambio recíproco. Sin ser tan evidente, por la menor magnitud de personas que reúne, todos estos mecanismos de integración y fortalecimiento de las relaciones ocurren de igual manera en los espacios de bebida en cualquier día de la semana.

En suma, son estos elementos sociales y culturales a los que se enfrenta la normatividad de los interventores. La fortaleza del mundo de vida rarámuri es la razón por la cual la prohibición del alcohol no ha prosperado en El Oasis. Así, se observa que los residentes de El Oasis no son sujetos pasivos que aceptan literalmente cuanto recurso, material o inmaterial es introducido en su vida. Al contario, existe todo un proceso de interiorización, de selección y negociación sobre lo que ellos consideran qué es lo que les conviene y qué es lo que pueden aceptar.

 

Agencia e intermediación política

La capacidad de agencia rarámuri tampoco permitió que el modelo de organización sociopolítica introducida en El Oasis lograra el funcionamiento que esperaban los agentes externos. En general, el proceso implicó la aparición de discontinuidades que consiguieron "oficializar" el modelo, dotando hasta cierto punto de autoridad y capacidad de representación al siríame. No obstante, los residentes de El Oasis también han intervenido, aceptando o rechazando las atribuciones del gobernador indígena de acuerdo a sus propios intereses.

¿Qué fue lo que impidió la reproducción del modelo de organización política proyectado por los interventores? Por un lado, pienso que el contexto citadino fue un factor, pues la vida no gira en torno a los elementos y las actividades particulares que impone la Sierra. En general, la vida cotidiana en la urbe, los horarios, las formas de trabajo, los conflictos y las relaciones sociales son diferentes. Y por otro lado, aspecto que estimo más importante, los residentes de El Oasis no han asumido que el siríame representa o ejerce las funciones de una autoridad absoluta que toma decisiones por su propia cuenta o que actúa conforme a los intereses de los agentes externos, sino que lo han ido conduciendo a ciertas áreas de trabajo o participación de acuerdo a sus propios intereses, inquietudes y necesidades, y también le han ido cerrando el paso en otras. Es decir, al igual que las instituciones de gobierno y no gubernamentales, los rarámuris de El Oasis han manifestado su capacidad de agencia en la organización sociopolítica, ya que participan en el proceso de interiorización, selección y negociación de los recursos transferidos y su legitimidad.

Las labores del siríame representan un elemento de análisis importante para entender el proceso de agencia rarámuri en la organización de El Oasis. Considero que, en comparación con el modelo político de las localidades de la Sierra, en el asentamiento el trabajo del siríame como gestor e intermediario de los actores de la intervención se ha potenciado, las obligaciones festivas permanecen, las funciones de autoridad moral y normativa parecen diluirse, a la vez que surgen nuevas obligaciones debido a las necesidades, conflictos y particularidades de la ciudad de Chihuahua.

En cuanto al primer aspecto, el contexto urbano posibilita un mayor acercamiento de las dependencias de gobierno y otros actores de la intervención, lo que ha llevado al siríame de El Oasis a adquirir una nueva dimensión en su labor como intermediario político. Esta es una de las atribuciones esperada por los interventores, quienes ven al gobernador indígena no sólo como encargado de articular la relación entre ellos y los rarámuris, transfiriendo recursos materiales únicamente, sino que además representa la pieza clave para la transmisión y difusión de los valores que promueven.

En general, la promoción de estos valores tiene la finalidad de generar un cambio en la forma de vida de los residentes de El Oasis en áreas relacionadas con la infraestructura y la vivienda, la salud, el empleo, la educación, la religión y la normatividad. Así, los agentes externos tienen la expectativa de que los rarámuris adopten modelos de vida, comportamiento y organización que ellos creen son los correctos y con los cuales lograrán un efectivo desarrollo social en el contexto urbano.

Entender esta situación me condujo a los planteamientos de Guillermo de la Peña (1986) sobre los "procesos de intermediación política". Adoptar el análisis de De la Peña, me permitió entender al siríame como un broker o intermediario cuya función es la de poner en contacto a diferentes niveles culturales o políticos de la sociedad a través de la red de relaciones que existen en la ciudad de Chihuahua. Además, de manera simultánea, el gobernador indígena debe equilibrar o satisfacer los intereses, las demandas y los recursos solicitados o transferidos entre las esferas mestiza y rarámuri, por lo que representa un elemento político fundamental para que los actores institucionales puedan acceder a los asentamientos e intenten implementar sus proyectos.

En dirección contraria en el proceso de intermediación, uno de los aspectos que los residentes de El Oasis le exigen al siríame es el relativo a la dimensión festiva de la cultura rarámuri. Por tal motivo, en segundo lugar, las funciones y obligaciones rituales del gobernador indígena y de los capitanes se han mantenido en El Oasis. Ellos ponen todo su empeño, y cuentan con el apoyo de la mayoría de los residentes, para que sigan reproduciéndose las celebraciones de Semana Santa, la Virgen de Guadalupe, Navidad, los Santos Reyes o rituales propiciatorios como elyúmari.¹⁴ En conjunto, todos ellos se dan a la tarea de organizar a los grupos de danzantes y conseguir los recursos necesarios, muchas veces gestionándolos ante el ayuntamiento, la Coordinación Estatal de la Tarahumara o la Delegación de la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI).

Sobre el tercer aspecto, al instituirse el modelo rarámuri de organización en El Oasis, los interventores, y posiblemente algunos residentes, tuvieron la expectativa de que el siríame se convirtiera en un guía moral. Pensaron que él debería orientar la conducta colectiva a través del nawésari¹⁵' o consejo, y que junto con los capitanes aplicaría la normatividad tradicional para sancionar las faltas al orden cometidas dentro del asentamiento, como lo hacen los funcionarios en las localidades de la Sierra.¹⁶ Sin embargo, la vida en este asentamiento se presenta de tal forma que es difícil reproducir la normatividad rarámuri, pues nunca se han hecho reuniones para que el siríame ofrezca el nawésari y sólo en raras ocasiones se organizan juntas o juicios para la solución de los conflictos internos.

Más allá de una posible eficacia del nawésari o de la organización de juicios, la intervención del siríame en la normatividad del asentamiento depende de los intereses de la misma colectividad o de los individuos y familias implicados en los conflictos. En algunos casos, la gente involucrada en las querellas acude con el gobernador y le exige que cumpla su función de conciliador. Pero en otros, no reconocen la autoridad y legitimidad otorgada al gobernador indígena por los actores de la intervención y rechazan su participación; incluso puede suceder que hasta sea insultado o agredido. Esta última situación ha obligado a que la persona en el puesto de siríame prefiera no inmiscuirse en ciertos asuntos, particularmente en los problemas suscitados al interior de las familias. Lo anterior muestra una capacidad de agencia rarámuri que permite negociar los significados y las prácticas de normatividad en El Oasis.

Como resultado del proceso de agencia y del fomento de modos de organización, reglamentos y concepciones de lo que significa el orden colectivo, el gobernador indígena y los residentes del asentamiento tienen que recurrir a los preceptos normativos del mundo rarámuri y del mundo mestizo para tratar de solucionar los conflictos. La puesta en juego de distintos referentes legales en situaciones particulares, y sobre todo en contextos que involucran a población indígena, se ha definido desde el campo de la antropología como "interlegalidad". Para Teresa Sierra (2004), la interlegalidad implica la articulación de distintos modelos normativos y referentes legales que permiten resolver las disputas. Es una práctica que posibilita a los actores sociales reajustar o actualizar sus sistemas jurídicos en situaciones particulares, al tomar en cuenta marcos culturales y legales propios, como las tradiciones indígenas o la ley positiva.

En El Oasis la resolución de los conflictos y disputas siguen los canales de la interlegalidad. El uso y la combinación de pautas legales diferentes incluyen elementos del contrato-reglamento del asentamiento, de la ley y normatividades del Estado mexicano, así como pautas de la cultura rarámuri. Los siguientes ejemplos de accidentes, casos de robo, riña y violencia, drogadicción y abusos sexuales muestran cómo opera este proceso en el asentamiento.

En ocasión de la fiesta de Semana Santa, un hombre empujó a uno de los danzantes, quien cayó, se golpeó la cabeza y comenzó a sangrar. El danzante solicitó la intervención del siríame y entre ambos exigieron una compensación monetaria al agresor. Este último accedió a pagar los $200 pesos que pidió el danzante. De cierta manera, esta forma de resolver la situación se acercó al modelo de justicia rarámuri, pues entre los dos implicados y el gobernador discutieron el problema y se logró la compensación de la persona afectada.

La solución de un caso de robo se fundamentó en el reglamento de El Oasis, así como en la forma consensuada para tomar acuerdos del modelo de justicia rarámuri. Una mujer que llevaba algún tiempo robando vestidos de la indumentaria femenina rarámuri, tomándolos de los tendederos, fue sorprendida por una de las vecinas, quien inmediatamente circuló la noticia y junto con el siríame organizaron una reunión para tratar el caso. En esa ocasión el gobernador se remitió al contrato-reglamento de vivienda, el cual estipula que "en caso de mal comportamiento" una persona o familia puede ser expulsada del asentamiento. Las mujeres afectadas consensuaron y aprobaron la propuesta por lo que la ladrona, junto con su esposo e hijos, tuvo que dejar El Oasis.

El caso anterior muestra la manera en que el conflicto se resolvió haciendo uso de diferentes normatividades. Pero también hay situaciones que para el gobernador indígena resultan muy complicadas de tratar. Uno de estos momentos ocurrió a partir de conflicto iniciado por las carreras de aro o rowera. Las carreras de rowera forman parte de las prácticas de la cultura rarámuri que se reproducen en la ciudad de Chihuahua. Son competencias en la que dos mujeres rivales tienen que completar una distancia lazando un aro con una vara, resultando ganadora la que termine en primer lugar el circuito acordado. En general, esta práctica involucra aspectos rituales, económicos, cosmogónicos y lúdicos de la cultura rarámuri. Entre estos elementos, las apuestas tienen un papel importante y en ellas se involucran, sobre todo, los vestidos de las mujeres.

Un conflicto desencadenado por las carreras llego a los gritos, los golpes y los jaloneos entre las mujeres que se disputaban los vestidos apostados y llevó al siríame a tomar la decisión de suspender su práctica en El Oasis. Como en esta ocasión el funcionario no encontró algún referente legal en el reglamento del asentamiento ni en la normatividad rarámuri, implementó una legalidad alternativa para prevenir este tipo de altercados.¹⁷ Aunque las mujeres dejaron de correr y apostar unos cuantos días, posteriormente hicieron caso omiso de la sentencia y volvieron a reanudar ésta práctica en El Oasis. La siguiente es la opinión de un hombre rarámuri que presenció el altercado:

Ahora, hay le va, las apuestas, a mi no me gusta que anden jugando a las carreras ¿por qué? porque se pelean. Hace poco se pelearon, y entre la misma raza de ahí adentro. No me gusta porque ya es violencia, al último mi señora anda peleando con mi mamá porque el vestido este me lo ganó mal. Es lo que le digo, pus está mal. Está bueno que conservemos nuestras costumbres, pero no así. Y el gobernador no dice nada ahí.¹⁸

Esta situación resulta interesante porque muestra la capacidad de agencia de los residentes de El Oasis, en este caso las mujeres, en lo referente a la organización y normatividad. Como señalé anteriormente, hay ocasiones en las que la posición y supuesta autoridad del siríame no son reconocidas por el resto de los residentes. A diferencia del caso de los vestidos robados, la suspensión de las carreras de rowera no tuvo la aprobación ni el consenso de las implicadas, lo cual evidenció que hay espacios en los que el gobernador no se puede inmiscuir en los conflictos y tomar decisiones por su propia cuenta. Al contrario, en este caso, son las mujeres, corredoras y apostadoras, quienes ejercieron la autoridad para decidir cuándo y cómo poner en marcha estas competencias.

En El Oasis también se presentan situaciones que son más complicadas para el siríame, muchas de ellas no son resueltas, mientras que otras requieren de la intervención de las autoridades judiciales del Estado. Los problemas y la violencia al interior de las familias, principalmente hacia las mujeres, son conflictos que la mayoría de las veces quedan sin resolver, pues las involucradas rara vez acuden con el gobernador indígena y casi nunca dan parte a las autoridades policiales. El siríame argumenta que él sólo se involucra cuando así lo piden, pero como representan asuntos complicados lo que hace es llamar a la policía. Con el llamado, los agentes acuden al asentamiento para analizar el caso y promueven la conciliación de las personas antes de iniciar un proceso judicial. En otras ocaisones, detienen al agresor, normalmente el marido, pero lo común es que lo liberen horas después. Ese es uno de los motivos por los que las rarámuris no denuncian la violencia en su contra.

El consumo de drogas en El Oasis o sus alrededores representa otra situación en la que interviene la policía. Al detectar grupos de personas drogándose, lo común es que sean niños y jóvenes, el siríame llama a la autoridades con la finalidad de que ellos puedan resolver el problema. En ocasiones los jóvenes logran escapar de los oficiales, pero en otras son capturados y remitidos a la comandancia de policía. No obstante, cuando mucho en un par de días los presos son liberados y regresan al asentamiento para continuar consumiendo estupefacientes, sobre todo solventes químicos.

Finalmente, un caso más en el que el siríame no pudo intervenir y sí lo hicieron las instancias judiciales nacionales, fue la detención y encarcelamiento de un residente de El Oasis acusado de violación. El gobernador no fue requerido por la familia demandante, quien turnó el conflicto a las leyes mexicanas, el demandado no pidió su apoyo y la policía tampoco lo consideró como autoridad del asentamiento para la detención. Como consecuencia, el rarámuri acusado fue recluido en el Centro de Readaptación Social (CERESO) de Chihuahua.

 

Reflexiones finales

Los asentamientos en la ciudad de Chihuahua permitieron un tipo particular de inserción residencial a los rarámuris migrantes. El origen y desarrollo de estos lugares siguió los causes de un proceso de intervención institucional mediante el cual actores religiosos, altruistas y el Estado han pretendido organizar la vida de sus residentes bajo una concepción de "comunidad" y bienestar que es ajena a la cultura rarámuri. No obstante, los rarámuris se han apropiado de estos espacios, beneficiándose de los recursos obtenidos y de las relaciones que pueden entablar con sus vecinos y con el sector mestizo. Además, la vida congregada les permite reproducir ciertos elementos de su cultura, como las fiestas y rituales. Pero por otro lado, en este proceso, los residentes han manifestado una capacidad de agencia que les posibilita conocer, negociar y transformar las políticas de desarrollo de acuerdo a sus intereses y necesidades.

Además del aspecto residencial, la organización sociopolítica fue una de las dimensiones a las que mayor atención pusieron los interventores en los asentamientos. El objetivo fue implementar la estructura de cargos que prevalece en las localidades de la Sierra Tarahumara, la cual está encabezada por un siríame o gobernador indígena y un grupo de auxiliares. Con ello pretendían que el encargado reprodujera las funciones "tradicionales" en áreas como la moral, la ritualidad, la normatividad, además de funcionar como un intermediario entre los actores de la intervención y los rarámuris.

Sin embargo, el contexto urbano y sobre todo la capacidad de agencia rarámuri condujeron el proceso en direcciones distintas. Aunque la función principal del siríame es la de un broker o intermediario que pone en contacto niveles culturales y políticos de los mundos rarámuri y mestizo, su trabajo siempre está limitado por los intereses de los residentes, ya sean individuales, familiares o colectivos. De acuerdo con esto, el trabajo que más se le exige es de gestor de recursos materiales para la infraestructura de vivienda, así como de apoyos asistenciales para la subsistencia (despensas, cobijas, etcétera) y para la reproducción de la ritualidad.

En cambio, las prerrogativas de autoridad moral y funciones normativas del siríame siempre están en un dilema constante, incluso su legitimidad, pues es común que no se reconozcan o que sólo sean demandadas de acuerdo a la conveniencia de los residentes. Esta situación genera el surgimiento de prácticas de interlegalidad para la solución de los conflictos que toman referentes legales de la cultura rarámuri, de las normatividades urbanas y de leyes positivas.

En conclusión, el interjuego y las relaciones entre los actores sociales, llámense instituciones gubernamentales, políticas, religiosas, altruistas o los rarámuris, crearon un modelo de organización social en los asentamientos fundamentado en la intermediación política. En este modelo, el siríame ocupa una posición difícil ya que representa el elemento que articula las relaciones mestizas y rarámuris, a la vez que debe mediar los conflictos al interior de estos lugares.

 

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Notas

¹ En un apartado dedicado a la indumentaria de los rarámuris, Lumholtz escribió que "tanto en las minas como en las mismas calles de la ciudad de Chihuahua se ven indios casi desnudos y cubiertos únicamente de unos calzones de tosca tela de lana" (Lumholtz 1994, 147). Por su parte Bennett y Zingg (1986, 456), al comentar sobre la utilización y comercio de plantas medicinales, afirmaron que "los vegetales son objeto de gran respeto, y los indios tienen en muy buen concepto a los yerberos. Algunas de estas plantas son llevadas hasta la ciudad de Chihuahua, que queda a gran distancia de la región tarahumara, para ser vendidas en los mercados y a los drogueros".

² www.chihuahua.gob.mx/tarahumara.

³ Estos asentamientos se diferencian de aquellos construidos en la década de los noventa porque las viviendas son de material prefabricado y con pisos de loza; cuentan con una recámara, cocina, baño equipado y un pequeño patio con un lavabo; todas las viviendas están proveídas con camas y literas, calefacción de gas, refrigerador, estufa, mesa y sillas, fregadero, alacenas y un tanque de gas.

⁴ El Conteo de 2005 del INEGI registró a un total de 9,330 personas viviendo en hogares indígenas en el municipio de Chihuahua, de los cuales 5,090 (54.5%) se encuentran en hogares rarámuris. El Censo de Población de 2010 indicó que había 6,615 hablantes de lengua indígena en este municipio, pero no específico la información por lengua.

⁵ En la Sierra Tarahumara los rarámuris tiene un patrón de asentamiento disperso. Si bien se adscriben a pueblos cabeceras a los que acuden debido a su importancia como relativos "centros" político-religiosos, el modelo residencial no es concentrado, además de que históricamente se han caracterizado por gran movilidad territorial y una organización social poco centralizada.

⁶ Eric Wolf (1979 [1956]) señaló que la función del broker "es la de relacionar a los individuos orientados hacia la comunidad que desean estabilizar o mejorar sus oportunidades en la vida pero que carecen de seguridad económica y de conexiones políticas, con los individuos orientados hacia la nación que operan primordialmente en términos de las formas culturales complejas estandarizadas como instituciones nacionales pero cuyo éxito en estas operaciones dependen del número y de la fuerza de sus seguidores personales [...] Deben servir algunos de los intereses de los grupos (en cuestión) [...] y deben afrontar los conflictos provocados por la colisión de estos intereses" (Wolf 1979, 57).

⁷ Odena 1983; Hirabayashi 1985 y 1993; Mora 1996; Albertini 1999; Velasco 2002a y 2002b; Igreja 2004 y 2007; Oehmichen 2005; Medina 2005; Perraudin 2007; Hernández 2007.

⁸ Reglamento para el Asentamiento Indígena Oasis, s/f, documento impreso. En el caso del asentamiento Sierra Azul, El Oasis y la Colonia Tarahumara, el reglamento otorga la autoridad máxima a la Coordinación Estatal de la Tarahumara, mientras que en los asentamientos "Díaz Infante" y "Carlos Arroyo", la autoridad es de la Asociación Civil encargada. En el asentamiento Pino Alto la autoridad está en manos de la dueña del terreno; por su parte la Ladrillera Norte y las Granjas Soledad no están sujetas a dicha normatividad aunque reciben algunos apoyos asistenciales de las instituciones.

⁹ El Consejo Supremo Tarahumara es un organismo que tiene una larga trayectoria dentro de la historia del indigenismo en la Sierra Tarahumara. Surgió en 1939 a partir de la iniciativa de un grupo de profesores rarámuris que estudiaron en la Casa del Estudiante Indígena en la Ciudad de México, quienes concibieron el Consejo como un órgano de defensa y gestión de las demandas de la población rarámuri, manifestadas, supuestamente, a través de los gobernadores indígenas o siríame de las localidades serranas (Aguirre 1991 [1953]; Sariego 2002; Merino 2007).

¹⁰ Este proceso de nombramiento se repitió en el asentamiento Pino Alto y posteriormente en la Colonia Tarahumara y el Sierra Azul. La ladrillera Norte, Las Granjas Soledad y los asentamientos "Carlos Díaz Infante" y "Carlos Arroyo" también cuentan con siríame.

¹¹ Entrevista al jefe de la Zona de Supervisión 025 del Departamento de Educación Indígena de la Secretaría de Educación de Chihuahua, enero de 2009.

¹² Al momento de escribir estas líneas, en 2012, el cuarto siríame lleva diez años en el cargo. Cabe destacar que el primero y cuarto siríame son padre e hijo respectivamente.

¹³ Batari es una bebida alcohólica que los rarámuris preparan a partir de maíz germinado, molido, cocido y fermentado. Es indispensable en las fiestas y rituales, en las que se comparte con las deidades y los asistentes. En la ciudad, el batari de maíz germinado se ha sustituido por una mezcla de agua, harina de maíz, azúcar y levadura para lograr el fermento.

¹⁴ El yúmari o tutuguri es un ritual mediante el cual los rarámuris agradecen o solicitan a su deidad principal, Onorúame, la salud de las personas y de los animales, las buenas temporadas de lluvias y las cosechas exitosas.

¹⁵ El nawésari es un discurso o consejo, cuya finalidad es la orientación de la conducta rarámuri, así como la transmisión de algunas normas, valores y costumbres propias de esta cultura. En las localidades serranas, el nawésari es ofrecido por los siríame, algunos especialistas rituales o personas con autoridad moral probada y reconocida por los miembros.

¹⁶ En las localidades de la Sierra, cuando existe un conflicto y se presenta una demanda de justicia, el siríame dirige y trata de solucionar la querella a través de un juicio con la ayuda de los demás funcionarios y la participación de los asistentes a reuniones dominicales que forman parte de la tradición rarámuri. Los principales elementos de la impartición de justicia rarámuri son: la junta o reunión colectiva, la discusión del problema, una decisión con el consenso del grupo, la reparación o compensación por el daño ocasionado y el consejo de orden moral.

¹⁷ Rebeca Igreja (2004) planteó que las normatividades distintas o alternativas representan una forma de resistencia que surge de los espacios de lucha generados en los procesos jurídicos. Es decir, los individuos y los grupos producen o generan normas alternativas para complementar las deficiencias de la ley del Estado. Son creadas con el objetivo de procurar una situación de orden y equilibrio a expensas de las instituciones legales estatales, lo cual no significa que estén libres de las relaciones de poder o de los referentes culturales que portan los grupos (2004, 425).

¹⁸ Marco Vinicio Morales, diario de campo abril de 2008.

 

Información sobre el autor:

Marco Vinicio Morales Muñoz: Doctor en Antropología por el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social en el Distrito Federal. Experiencia en investigaciones entre los rarámuris de la Sierra Tarahumara y los rarámuris residentes en la ciudad de Chihuahua sobre temas de antropología política y jurídica, ritualidad, cosmovisión, curanderismo, juventud, migración y género. Co-coordinador del libro Los pueblos indígenas de Chihuahua. Atlas etnográfico, 2012, editado por el Instituto Nacional de Antropología e Historia.