La configuración de una población

Santiago Tuxtla remonta sus orígenes a la época prehispánica. En Toztla se encontraba un asentamiento mexica que controlaba las principales vías de comunicación del Golfo de México. Esta población sería sometida por los españoles en 1522 y Hernán Cortés la incluyó como parte de su dominio del marquesado del valle de Oaxaca. En la antigua Toztla se fundó en 1525 el pueblo de Santiago Tuxtla que contaba con un alcalde mayor y en el cual se estableció la primera plantación de caña de azúcar con su respectivo ingenio.⁴ Como el cultivo de la caña no perduró en la región, los santiagueños se dedicaron a la cría de ganado y al cultivo del algodón, dos productos en los cuales fincaría su desarrollo económico.⁵ A finales del siglo XVIII, Santiago comenzó a perder la influencia política y económica que gozaba en la región, situación que aprovechó San Andrés Tuxtla para constituirse, después de la proclamación de la independencia, en la principal población del cantón de los Tuxtlas.⁶ Es de destacar que ninguna de las poblaciones que conformaban el cantón tenía plena posesión de las tierras, debido a que eran propiedad del duque de Terranova y Monteleone, quien era el heredero de los bienes de Cortés. Esta situación se modificaría como consecuencia de la ley del 2 de diciembre de 1833 que declaraba como propiedades del Estado aquellas posesiones que hubieran tenido su origen en la conquista. Lucas Alamán, quien era administrador de los bienes del duque desde 1825, envió una representación al congreso por la cual evitó la expropiación de los bienes y retrasó la aplicación de la cláusula que evitaba su venta.⁷ El 30 de septiembre de 1837, el coronel Luis Ruiz, rico comerciante y hacendado de Alvarado que formó parte de la primera legislatura local en representación de Acayucan,⁸ compró a Lucas Alamán y a José María Cuevas parte de las tierras que pertenecían al marquesado y en los años subsecuentes el coronel se las vendió a las tres poblaciones del cantón.

En el caso particular de Santiago, las gestiones para adquirir la tierra se realizaron el 5 de julio de 1838 cuando los representantes de la villa, Leonardo Romay, José Julián Ortiz, José María Sosa, Felipe J. Tenorio, Pedro García y Tomás Errasquín, suscribieron con el coronel un convenio de compra de ocho sitios (14,040 ha) con un costo de 3,000 pesos, esta cantidad se sufragaría en tres abonos que se cubrirían con dinero o con algodón.⁹ Las tierras vendidas lindaban con las propiedades de Manuel Antonio de la Cabada, con las de la cofradía de Nuestra Señora del Rosario de Tuxtla y con las que pertenecían al coronel. Sin embargo, la compra se retrasó como consecuencia de la cláusula que estipulaba la cancelación del contrato por retraso en el pago. Sería hasta el 7 de junio de 1844 que se signaría el contrato por medio de Pedro García Ortiz, José Manuel Verdejo y Avelino Ortiz, quienes eran los jueces de paz de la población, y firmaron como testigos Francisco Romulo Artigas, José de la Fuente, José Miravete, José Procopio de la Cabada, Manuel Riveroll y Antonio Ochoa. Destaca la presencia, entre los firmantes, de Francisco Artigas, quien poseía extensas propiedades en la región. El que Santiago hubiera comprado los terrenos en los cuales se asentaba su comunidad no resultaba un fenómeno excepcional, pues, en este mismo caso se encontraban las restantes poblaciones del cantón y diversas poblaciones indígenas del estado de Veracruz.¹⁰ La publicación de la ley de desamortización de los bienes de corporaciones civiles y religiosas (junio de 1856) permitió que Santiago aumentara su extensión territorial, merced a la adquisición de los terrenos que pertenecían a la cofradía de la virgen del Rosario. Así, el 13 de octubre de 1856, Procopio Mendoza y José Erasmo Castellanos se presentaron ante el alcalde Luis Antonio Palma para "denunciar" las tierras que pertenecían a la mencionada cofradía.

La evidencia muestra que Mendoza y Castellanos se pusieron de acuerdo para tomar posesión del terreno, pues el primero, quien fungía como mayordomo de la cofradía, decía que éste se le arrendaba a los vecinos de la villa y para evitar que alguno se lo apropiara, accedió a que fueran comprados por Castellanos en 2,500 pesos, sin que se especificara su extensión. El comprador, por su parte, se comprometió a pagar un rédito anual de 6 % mientras no se devengara la suma pactada y en caso de que no se pagara el capital o los réditos, las tierras serían devueltas a la cofradía.¹¹ Para administrar los bienes comunales, se decidió formar, el 7 de enero de 1857, una Junta Agrícola conformada por José Julián Ortiz, Pedro García Ortiz, José María Ruiseco y Marcos Romero, quienes debían realizar el reparto de las tierras de cultivo y la venta de solares para el fundo legal. La creación de la Junta constituía una hábil estrategia de los santiaguinos, pues, con ello se modificaba su estatuto jurídico y no podía aplicárseles las leyes de desamortización. Como han señalado diversos autores, los pueblos tuvieron la capacidad de adaptarse a los cambios que se generaban en su entorno legal y utilizaron aquellos formulismos que les permitían mantener su autonomía. Los condueñazgos y las sociedades agrícolas fueron "mamparas legales" que permitieron a los pueblos asegurar su acceso a los recursos naturales, y obtener amplios márgenes de autonomía.¹² La política de fraccionamiento de la tierras comunales emprendida por el gobernador Juan de la Luz Enríquez (diciembre de 1884-marzo de 1892) alcanzó a Santiago en 1887. Así, el 23 de octubre se formó una "junta popular", integrada por los miembros del ayuntamiento, Miguel V. Gómez quien era el comisionado del gobernador y algunos vecinos, la cual determinó, por medio de su presidente, el alcalde Ángel F. Gómez, que el ayuntamiento se convertía en "junta divisionista".

Este organismo asumió la tarea de repartir los terrenos, debido a que la ley del 7 de marzo de 1874 estableció que los ayuntamientos, en lugares con presencia indígena, debían efectuar la "lotificación" de las tierras comunales, pues, se consideraba que las propiedades les pertenecían.¹³ La "junta divisionista" estipuló que se reservaría una superficie de 90 ha en calidad de ejido, cuyo uso sería reglamentado por el ayuntamiento. Asimismo se estableció que recibirían una fracción de terreno los jefes de familia, los huérfanos y los "residentes", aunque también podrían adquirir tierras aquellos que estuvieran interesados. En virtud de lo anterior, se hizo la aclaración que los lotes no tendrían la misma extensión pero sí la misma tasación. Ante la falta de recursos para iniciar los trabajos, Miguel V. Gómez se reunió con los propietarios de fincas rústicas, quienes le prestaron 5,000 pesos. Los ingenieros Eleuterio Tejeda y Francisco Barrera informaron que se fraccionarían 25, 842 ha, las cuales se dividirían en diez secciones de diferentes extensiones.¹⁴ Las tierras comunales se repartieron de la siguiente manera: 1,287 ha se otorgaron a una finca agroganadera; 603 ha se destinaron para los solares de las congregaciones y rancherías; 1, 396 ha no se repartieron por ser terrenos serranos; 20,044 ha se adjudicaron a los agraciados y 2,376 ha no se entregaron por ser "eriazos", "anegadizos" y encontrarse en "infranqueables precipicios" y "ondulaciones abruptas".¹⁵ Respecto a la venta de terrenos a los propietarios de fincas rústicas, los comisionados indicaban que el precio se fijó en función de su situación topográfica y sus condiciones para la explotación agrícola. Sin embargo, reconocían que algunos "agraciados" contaban con extensas superficies por dos circunstancias: unos no quisieron cambiar de lugar de residencia y a otros se les compensó por la ubicación y la calidad de la tierra.

Aunque se requiere recopilar mayores datos para delinear la posesión del suelo en la región, los documentos con los que se cuentan indican que en Santiago no se produjo un gran acaparamiento de la tierra, tal como sucedió en la vecina población de San Andrés. Si bien es cierto que Francisco Artigas poseía 44,000 ha, que obtuvo antes de que Santiago comprara las propias, también se ha podido detectar, a través del censo agrario de 1928, la existencia de campesinos con terrenos de variada superficie, aunque representaban una mínima fracción respecto a los 987 que tenían derecho a dotación.¹⁶ El fraccionamiento de las tierras comunales de Santiago se realizó en el marco de las transformaciones de la propiedad agraria que se vivían al interior del cantón. Así, por ejemplo, en San Andrés comenzó este proceso en 1886 y en Catemaco se llevaría a cabo en 1888. Lo interesante del asunto es que en ninguna de las tres poblaciones del Cantón se presentaron situaciones manifiestas de rebeldía, contrario a lo que sucedió en otras localidades veracruzanas que se alzaron en armas para evitar el fraccionamiento.¹⁷ La falta de respuesta de los pobladores del Cantón se podría explicar por varias razones. En primer lugar, la presencia, sobre todo en Santiago y San Andrés, de un poderoso grupo de propietarios que, a través de la negociación con las autoridades municipales y estatales, no sólo lograron controlar un proceso de fraccionamiento que favoreció sus intereses particulares, sino también legitimar los diversos mecanismos fraudulentos que les permitieron despojar de su tierra a los agraciados, este último proceso se desarrollaría a lo largo de la última década del siglo XIX y cuya expresión directa sería la habilitación, es decir, el préstamo de dinero para realizar actividades agrícolas.

En segundo lugar, la constante movilidad de la población como consecuencia de las actividades económicas que se desarrollaban en cada uno de los municipios. San Andrés se convirtió en un punto de atracción por la existencia de campos de cultivo de tabaco y de fábricas de puros, las cuales requerían de una importante cantidad de trabajadores que no sólo provenían del Cantón, sino también de poblaciones foráneas. En tercer lugar, la ausencia de un importante núcleo indígena que tuviera efectiva presencia en la región, pues, el poder político y económico era detentado por una elite comerciante que, en su mayoría, no era originaria de la población. Esta elite no sólo se encargó de negociar la compraventa de los terrenos con Luis Ruiz, sino también de realizar las gestiones para su administración a través de diversos formulismos legales que ampararan sus propiedades. En cuarto lugar, la instauración de grandes propiedades, antes del fraccionamiento, que contribuyeron al desplazamiento de los habitantes, por lo que el número de posibles beneficiarios se había reducido de manera importante. Y en quinto lugar, el hecho de que el reparto se había realizado de forma "legal", aunque en la entrega de los terrenos se mostraron diversas irregularidades, que se harían evidentes en el transcurso de los años. Es de llamar la atención que en San Andrés se generó un proceso de acaparamiento de la tierra, en tanto que en Santiago y en Catemaco no existieron denuncias al respecto. Lo anterior explica por qué San Andrés comenzó sus gestiones de devolución de la tierra en 1912, en tanto que las otras dos poblaciones lo harían en la década de 1920.

Conflicto entre los solicitantes del ejido y los propietarios privados

El proceso de solicitud de tierras por parte de los santiagueños comenzó el 11 de diciembre de 1922, esto es, en el marco de la primera etapa de gobierno de Adalberto Tejeda (1920-1924), la cual se caracterizó por la irrupción en la arena política de actores como los campesinos y los trabajadores urbanos. Aunque el gobernador apoyó las movilizaciones obreras, su atención se centró en la reforma agraria y en la organización política del campesinado, este motivo impulsó la formación de guerrillas campesinas que servirían como un mecanismo de protección en contra de las guardias blancas de los terratenientes; asimismo, promovió la organización rural en el ámbito local a través de la presencia de dirigentes campesinos que estuvieran convencidos de su proyecto agrario. A ellos se les encomendó la tarea de formar sindicatos campesinos y cooperativas en las distintas regiones de la geografía veracruzana. En el caso de los Tuxtlas, destacó la labor de personajes como Juan Rodríguez Clara y Primitivo R. Valencia, quienes también tenían la encomienda de constituir el mayor número posible de comités solicitantes de tierra. Tejeda logró poner en práctica sus medidas agraristas como consecuencia de dos factores: haber sorteado la complicada situación política interna que lo enfrentó al general Guadalupe Sánchez, quien fungía como jefe de operaciones militares en el estado; y el fortalecimiento de su base popular a través de la formación de organizaciones agrarias como la liga de comunidades agrarias del estado de Veracruz (LECAEV), y de la promulgación de una legislación obrera de carácter radical. La lucha por el poder, tanto local como nacional, impidió que Tejeda lograra llevar a cabo la mayor parte de sus reformas. A pesar de que sus acciones no tuvieron las consecuencias deseadas en ese momento, evidenciaba el interés del gobernador de marcar un rumbo por seguir en los años posteriores.¹⁸

La petición de tierras de Santiago fue realizada por Carlos Coto, Miguel Chacha, J. E. Ortiz y Ventura Sorio, quienes solicitaron restitución debido a que, según ellos, las perdieron como consecuencia del "acaparamiento fraudulento" generado tras el fraccionamiento de los terrenos comunales. Es de advertir que los denunciantes no lograron comprobar su aseveración y de hecho, sería la única ocasión en la que utilizaron este argumento, lo cual daba cuenta de que buscaban emplear las mismas estrategias que sus vecinos de San Andrés, quienes, por el contrario, sí lograron demostrar las prácticas fraudulentas empleadas por los grandes propietarios de la zona. Pese a todo, esta primera solicitud evidenciaba que, tal como ocurrió con otras organizaciones en el país, se contaba con líderes que impulsaban las acciones agrarias, pero se carecía de una adecuada organización de los campesinos.¹⁹ El asunto se retomaría en 1925. En esa ocasión, el "sindicato de campesinos de Santiago", encabezado por Román Victorio, demandó al gobernador Heriberto Jara que se les entregaran 2,000 ha del latifundio Artigas.²⁰ Ante la falta de respuesta, el sindicato realizó la misma petición al presidente Plutarco Elías Calles, el 13 de febrero de 1927, pues alegaba que esos "ricos terratenientes" adquirieron la tierra con "engaños" y la rentaban a precios "exorbitantes". También se denunció a Francisco Cadean, quien era presidente del ayuntamiento de Santiago, y a Marcelino Absalón, subinspector de la ley del trabajo, pues, decían que ellos, junto con algunos policías y unos "vulgares cabecillas de la abortada rebelión delahuertista", delimitaron el terreno solicitado y destruyeron diversos sembradíos de maíz y de plátano.

El 20 de abril de 1928, el ingeniero Segundo Maldonado, por mandato de la Comisión Local Agraria (CLA), realizó una primera evaluación e informó a Joaquín Lira, quien era el presidente del ayuntamiento, que se afectarían las propiedades de Andrés Fernández, de Ignacio Carvajal, de Juan María de la Maza, de Piedad Artigas y del Banco Nacional de México, así como los terrenos nacionales ubicados en San Juan de los Reyes y Los Lirios y los municipales que se encontraban en el Cerro del Vigía. A excepción de Piedad, los demás propietarios se dedicaban a la cría de ganado y ocupaban buena parte de sus propiedades para el cultivo de "pastos artificiales", es decir, tenían ganado de importación que requería de una alimentación específica.²¹ De acuerdo con los datos de la administración de rentas, Andrés poseía 1,683 ha, ²² Carvajal 860 ha y De la Maza 319 ha. El inicio de los trabajos de dotación mostraría las tensiones que existían en la población, pues, para la elección del Comité Particular Ejecutivo (CPE) se presentaron dos grupos: el que solicitaba la dotación y una "ficticia organización" cuyos fines eran políticos. Ante tal panorama, Maldonado instó a los dos grupos a que formaran una planilla única. Como el segundo grupo no aceptó la propuesta, la elección se efectuó con simpatizantes del primer grupo. Así, el CPE se conformó con Carlos D. Coto (presidente), Juan Pérez (secretario) y José Palago (tesorero). El 5 de junio de 1928, Maldonado indicó que 987 personas tenían derecho a recibir seis hectáreas. Para la dotación se debían tomar los terrenos federales y el predio del Banco, pero no los municipales o los de los propietarios por carecer de suelos adecuados. ²³

Para defender sus propiedades, los afectados realizaron varias acciones: Víctor Mantilla, quien era apoderado del Banco, sugirió la ocupación de las tierras municipales y federales, lo que coadyuvaría en el aumento de la producción agrícola y se evitaría el incremento de la deuda agraria,²⁴ asimismo, aseveraba que su predio no podía ser afectado porque sus tierras eran productivas, no eran de temporal de primera clase y no tenía más de 300 hectáreas.²⁵ Por su parte, Andrés Fernández, Amanda Menéndez, viuda de De la Maza, y Ángel Carvajal²⁶ presentaron dos argumentos similares: el primero defendía la idea que sus propiedades carecían de tierras de primera calidad, pues, por ser "montuosas" y "pedregosas" volvían impracticable la explotación agrícola. De hecho, para demostrar su aseveración, Amanda exhibió varios mapas elaborados por la comisión geográfico exploradora, así como una serie de fotografías avaladas por dos vecinos de la población, debido a que, según ella, las autoridades de Santiago no las certificaron por la hostilidad que le mostraban. El segundo evidenciaba la necesidad de que la dotación se realizara con las tierras de los Artigas y las propiedades federales. Su insistencia se explicaba por la amplitud de sus extensiones, pues, los primeros poseían 44,000 ha en tanto que los segundos tenían una superficie de 7,329 ha. Sin embargo, los afectados ignoraban que los terrenos federales fueron puestos a la venta en agosto de 1923. Como una investigación demostró que los compradores no cumplieron con las cláusulas del contrato, la CLA pidió que se le informara de los plazos otorgados a los contratantes para emitir una resolución.²⁷ Este proceder se explica por el hecho de que las tierras no podían ser afectadas cuando se encontraban colonizadas, tal como lo estipulaba el reglamento agrario de 1922.²⁸

La confluencia de los argumentos evidenciaba que los propietarios afectados habían llegado a un consenso en la defensa de sus intereses, aunque este consenso no se concretó en la creación de un grupo homogéneo, sino que, más bien, cada uno aprovechaba cualquier ocasión para aportar elementos que impidieran la afectación de sus intereses particulares. Así, por ejemplo, Fernández solicitó la revisión del censo agrario, pues, decía que varios de los peticionarios no tenían derecho a solicitar tierras, requerimiento que no contó con el apoyo de los demás afectados.²⁹ Esta misma situación se observó en el caso de uno de los hijo de Amanda, quien impugnó, sólo en nombre de su madre, el informe del ingeniero Maldonado por haber realizado "malas apreciaciones", situación derivada de la rapidez con la cual redactó su informe y por el hecho de que en su visita al predio, los "pastos artificiales" no le permitieron observar que el suelo sólo era apto para la ganadería, lo cual había ocasionado el nulo desarrollo agrícola de Santiago, experiencia que ellos comprobaron cuando trataron de sembrar caña de azúcar en sus tierras.³⁰ Al igual que su madre, Carlos remitió una serie de fotografías para demostrar las condiciones "accidentadas" de sus terrenos. La utilización de fotografías por parte de los De la Maza evidenciaba su deseo de mostrar la "realidad" de lo mencionado en sus escritos, pues, en esa época se concebía que las imágenes producidas por medios tecnológicos garantizaban la objetividad. En este sentido, las fotografías se convertían en testimonios oculares que permitían la observación directa de un evento, libre de prejuicios o de manipulaciones.³¹ Los De la Maza no fueron los únicos propietarios que presentaron fotografías para defender sus propiedades, pues una estrategia similar fue empleada por Matilde Rosa Carrión en Comoapan, congregación perteneciente a la vecina población de San Andrés Tuxtla.³²

Dotación de tierra y persistencia del conflicto

Ante la falta de respuesta de las autoridades agrarias, los pobladores de Santiago y el CPE solicitaron, en febrero de 1929, la remoción del ayuntamiento por su "incapacidad" para resolver el asunto. Esta petición encontraba su sustento en el hecho de que Adalberto Tejeda se percató de que su proyecto agrarista sólo tendría éxito en virtud del control que mantuviera sobre los municipios, pues, éstos representaban el ámbito de organización y dominio de la población y la tierra, dos de los actores principales del agrarismo. Para lograr su objetivo, Tejeda recurrió a la suspensión de aquellos ayuntamientos que no le eran afines, lo cual se convirtió en una herramienta política de primer orden a tal grado que, entre 1929 y 1932, el gobernador destituyó a 94 ayuntamientos. El control de los ayuntamientos le permitió consolidar su poder personal y, a la vez, afianzar sus alianzas con políticos, líderes y caciques locales.³³ A instancias del gobernador, la CLA emitió su dictamen el 29 de julio de 1929 que estipulaba una dotación de 5,629 ha.³⁴ La rapidez con la que se resolvió el expediente daba cuenta de la nueva situación que imperaba en el estado. Adalberto Tejeda regresó al gobierno de Veracruz en 1928. Su segundo mandato (1928-1932) ha sido considerado como la "época dorada del agrarismo" que se caracterizó, entre otras cosas, por la movilización política y la concientización de las organizaciones obreras y campesinas, lo cual, en palabras de Romana Falcón, provocó una verdadera "revolución política", pues, las organizaciones no sólo se convirtieron en elementos de apoyo al gobierno, sino que sus líderes comenzaron a ocupar cargos políticos locales, estatales y nacionales. A lo anterior habría que sumar el control que estableció sobre la burocracia, el poder judicial y la CLA, así como la consolidación de las guerrillas agrarias y el dominio de los municipios, que constituían el ámbito de organización y dominio de la población y de la tierra. Tejeda construyó una estructura política que le permitió libertad de acción para implementar las radicales reformas que, desde su perspectiva, se requerían en el estado. La penetración de los núcleos de poder rurales sería encomendada a la LCAEV. La política agrarista de Tejeda modificó de manera significativa la estructura de la propiedad rural en Veracruz, de tal manera que, entre 1928 y 1932, se realizaron 1,109 peticiones de dotación de tierra, de las cuales se resolvieron provisionalmente 493.³⁵ Y una de ellas sería la de Santiago.

Después de conocerse la resolución, los propietarios reaccionaron de distintas maneras: Ignacio Carvajal difundió el rumor de que los campesinos estaban inconformes con el reparto, en tanto que Andrés Fernández y Genaro Mateu aprovecharon el arribo del ingeniero Alejandro Varela, quien entregó la dotación provisional el 5 de septiembre, para darle un recorrido por los terrenos expropiados. Como éste informó que se dedicaban a la ganadería por su "mala calidad", les concedió un plazo a los afectados para su desalojo: el Banco lo haría el 30 de abril de 1930, mientras que Carvajal y Fernández lo realizarían el 30 de noviembre de 1930. El ingeniero advertía que la dotación, tal como se había propuesto, no resultaría benéfica para los campesinos, pues, no podrían utilizar 40 % de la propiedad por "carecer de conocimientos" para aumentar la producción, por esto sugería que se les repartieran las tierras de los Artigas y las federales, lo cual redundaría en la protección de la ganadería que era la "fuente de riqueza regional".³⁶ Sin embargo, Francisco Errasquín, quien era presidente de la junta de administración civil (JAC) de Santiago, cuestionó las opiniones del ingeniero, pues, aducía que eran fruto de la relación que mantenía con Fernández, lo cual explicaba porque permitió que no desalojaran los terrenos con prontitud. La entrega de las tierras no significó la finalización del conflicto. Tras la dotación provisional, se puede considerar que existen tres grandes etapas, entre 1930 y 1951, marcadas por la conflictiva relación entre los campesinos y los propietarios: unos buscaban mantener su dominio sobre la tierra en tanto que los otros trataron de recuperarla por todos los medios posibles, esta situación fue generada por el hecho de que la resolución presidencial modificó la estructura de la dotación, de tal manera que ya no se incluyeron las posesiones de los propietarios afectados. Esta lucha de poder culminaría en 1950 como consecuencia de dos factores: la entrega formal del ejido y la gradual pérdida de poder político del CE. La primera etapa se desarrolló entre 1930 y 1935 en la que se manifestó el predominio campesino. La segunda abarca de 1935 a 1944, años en los que, al amparo de un fuerte Comisariado, los ejidatarios lograron mantener las tierras que se les entregaron en dotación, en buena medida gracias a la política del gobernador Miguel Alemán, quien manifestó su intención de seguir con la política cardenista tendiente a consolidar las reformas emanadas de la Revolución.

La tercera etapa se desarrolló entre 1945 y 1950, que mostró el declive del Comisariado y la gradual recuperación del poder de los propietarios, esta situación no sería privativa de Santiago sino de todo el Estado, debido a un viraje en la política veracruzana que manifestó la necesidad de defender la propiedad privada de la tierra con el fin de acelerar el crecimiento económico en el campo. A lo anterior se debe sumar la presión que los terratenientes ejercieron sobre la comisión agraria mixta (CAM) y la comisión nacional agraria (CNA) que provocó la detención del proceso de distribución de la tierra, así como la incorporación de las organizaciones campesinas en el modelo corporativista que sustentaba el partido que gobernaba en el país, lo que limitó, en buena medida, su capacidad de acción fuera de la esfera del poder.³⁷ Lo que aconteció en cada una de estas etapas será desarrollado en los siguientes apartados.

Primera etapa: el predominio campesino

Con la intención de impedir la dotación, los propietarios solicitaron, en junio de 1930, que el expediente se enviara a la CNA, esta petición no sería cumplida debido a que el presidente municipal, con gran habilidad política, pidió que se hiciera después de que se efectuara el cambio de las autoridades locales, circunstancia que permitió que los campesinos tomaran posesión de las tierras sin ningún tipo de impedimento. Aunque Ignacio Carvajal alegó que se había invadido su propiedad, el Comité Particular Administrativo (CPA), el presidente municipal y el representante de las comunidades agrarias negaron el hecho. El 4 de septiembre de 1931 se publicó la resolución presidencial del expediente de Santiago que modificó el dictamen del 29 de julio de 1929, pues, sólo se dotaría de 3,994-50 ha.³⁸ La resolución presidencial agravó los problemas, pues, los propietarios pidieron la devolución de los terrenos ocupados. Ante la negativa de los ejidatarios, Andrés Fernández solicitó, en mayo de 1932, la intervención del coronel Luis Vega, quien fungía como jefe del batallón agrario, para desalojar la tierra. Los ejidatarios, por su parte, le pidieron a Vega que los defendiera del despojo. Como Vega y el general Eulogio Ortiz, quien era jefe de operaciones militares, no sabían qué hacer, decidieron preguntárselo al gobernador, quien les indicó que se suspendiera cualquiera acción, mientras no se confirmara si la resolución presidencial tenía carácter definitivo. El acto del gobernador buscaba favorecer a los ejidatarios, pues, era ilógico preguntar si una resolución presidencial agraria era definitiva. Como Andrés Fernández se percató que no se tomaría en cuenta su demanda, el 17 de junio de 1932, promovió un juicio de amparo en contra del gobernador y la CLA.³⁹

Por su parte, Ignacio Carvajal remitió una carta al presidente de la república, fechada el 10 de abril de 1933, en la que indicaba que el despojo de sus terrenos constituía una "situación anómala" y "antisocial", pues, los campesinos habían talado sus árboles y destruido sus plantíos de café y de "pastos artificiales".⁴⁰ Sin embargo, el ingeniero Manuel Uribe informó que la acusación era falsa, pues, los ejidatarios no realizaron los destrozos de los que se hablaba; en cambio, el propietario no entregó los terrenos con el pretexto de que estaban arrendados. Es de destacar que cuando Andrés Fernández se volvió a quejar de la invasión de su propiedad ante la CLA, recibió el apoyo de un grupo de campesinos afiliados al Partido Nacional Revolucionario (PNR), esta situación es explicable por las disputas políticas que existían en el seno de la comunidad, este asunto se abordará con mayor atención en el siguiente apartado. A pesar de las acusaciones en contra de los ejidatarios, la CNA precisó que el Comisariado Ejidal⁴¹ (CE) no infringió la ley y acusó a Fernández de haber desobedecido las órdenes de las autoridades agrarias. El presidente del CE, Antonio Alvarado, a su vez, acusó a Ignacio Carvajal de arruinar sus labores agrícolas e implicó a José Joaquín Lira, quien era presidente de la JAC, de no tomar cartas en el asunto. La imputación de Alvarado denotaba las fricciones existentes entre el CE y la JAC, pues Lira negó tener conocimiento y se negó a emprender una investigación que corroborara los hechos, lo cual denotaba que se había roto la alianza entre estas dos instancias que resultaba fundamental para mantener el proyecto agrarista. ⁴²

Segunda etapa: la efímera alianza de campesinos y propietarios contra los ejidatarios

En marzo de 1935, los campesinos afiliados al PNR denunciaron la invasión de las propiedades de Fernández y Menéndez, por esto pidieron la intervención de la fuerza pública para desalojarlos. A fin de resolver la conflictiva situación, la CAM ordenó, el 1 de abril de 1935, que se procediera a la entrega del ejido, pero no se llevó a cabo. En dos ocasiones posteriores (noviembre de 1937 y marzo de 1938), el CE, con el apoyo de diversas organizaciones agrarias, solicitó la entrega del ejido sin obtener respuesta, por lo cual se acusó a las autoridades federales de retrasar la resolución de la problemática agraria. En este contexto, Andrés Fernández volvió a pedir la devolución de sus terrenos, pero no se autorizó la petición porque el CE demostró que 36 ejidatarios lo cultivaban, pero sólo se ocupaban 32 ha de un predio que, en teoría, contaba con más de 1,000. Los ejidatarios utilizaron las parcelas para sembrar diferentes productos: maíz, café, zacamiles, plátano, árboles frutales, caña de azúcar y piña. Ante la constante presión de los propietarios, Antonio Alvarado acusó a los "poderosos latifundistas" de haber "comprado" a los empleados federales y al juez de primera instancia de San Andrés Tuxtla, quien inició varios procesos "infamantes" contra los "honrados padres de familia" del ejido.⁴³ Aunque el CE se quejaba de las acciones de los propietarios, no reconoció que también actuaba fuera de la ley, pues, en mayo de 1940, invadió parte de las tierras de Carvajal. Para evitar el desalojo de los terrenos, Alvarado no sólo interpretó las leyes a su manera sino que también incurrió en una peculiar retórica agrarista, que enfatizaba que sus "hermanos campesinos" realizaban un "trabajo productivo" tendiente a "alimentar a la humanidad", fomentar el "trabajo productivo" y sin atentar contra "la paz pública".

Como la respuesta no agradó a las autoridades, Ramón Plascencia, quien era el jefe de la brigada agraria, solicitó una entrevista con Alvarado, quien le mencionó, con gran habilidad política, que no se les podía acusar de infringir las reglas, debido a que no tenían la posesión definitiva del ejido. En cambio, a los propietarios no se les perseguía pese a que cometían diversos "abusos y perjuicios", entre los que destacaba el que se negaran a pagar sus derechos prediales. Con este argumento, Alvarado buscaba desviar la atención, pues, como se mostrará más adelante, el CE era el deudor de esos derechos. Tras interrogar a dos ejidatarios, Plascencia concluyó que Alvarado excedió sus atribuciones y le ordenó que desalojara el predio o, de lo contrario, buscaría su recesión por haber desobedecido los mandatos de la autoridad agraria y porque el Acuerdo del 20 de diciembre de 1940 establecía que el allanamiento de la propiedad inafectable se consideraba "un atentado contra la paz pública". En los siguientes meses, el CE empleó una estrategia distinta: mandó cartas a las autoridades estatales y federales para quejarse del trabajo de los ingenieros, pues, según se decía, no respetaron sus plantaciones y la superficie que se les iba a entregar no se encontraba en un mismo lugar. En virtud de lo anterior, los ejidatarios decidieron rechazar las tierras que se les entregaran y continuar en el ejido que ocupaban desde 1929. Lo peor de todo, a decir de Alvarado, es que de manera fraudulenta se le había regresado el predio Cobata a Fernández, quien entregó en permuta el predio Buenavista sin que las autoridades se percataran que el segundo tenía una superficie menor (207 por 266 de la primera) y que éste pertenecía al ejido según lo estipulado en el proyecto de dotación provisional.⁴⁴

Tercera etapa: la recuperación de una parte de la tierra por parte de los propietarios

El año de 1945 inició con una serie de acusaciones de Amanda Menéndez en contra del CE, pues, aducía que habían destruido sus pastizales y talado varios de sus árboles. El presidente del CE, José Castellanos, aclaró que contaban con el permiso de la dirección forestal, esta instancia les permitió cortar la madera para terminar la construcción de la escuela federal.⁴⁵ Castellanos aprovechó la ocasión para denunciar que el ganado de Carvajal destruía sus cultivos de plátano y de caña de azúcar, esta protesta sería desestimada por la CAM y mostraba la nueva orientación en la política agraria que ya no se mostraba tan favorable a los campesinos. Menéndez decidió pasar de las palabras a los hechos y ordenó que su ganado ocupara el ejido, lo cual suscitó una violenta respuesta del CE que amenazó con matar a los mayorales. Ante tal situación, el diputado Vidal Díaz pidió el castigo de los ejidatarios en tanto que Vicente Calderón, quien era oficial mayor de la liga de comunidades agrarias y sindicatos campesinos (LCASC), solicitó que se les otorgaran "amplias garantías" para realizar sus actividades, pues, de lo contrario se produciría un enfrentamiento con consecuencias lamentables. Gracias a la intervención del ingeniero Miguel Uribe se firmó un acuerdo, el 13 de noviembre de 1946, en el que se estipuló que los ejidatarios entregarían la tierra a cambio de una indemnización por sus cultivos. Sin embargo, los ejidatarios denunciaron que Menéndez no respeto el convenio y solicitó el auxilio de un capitán, en representación del teniente coronel Alfonso Chanona López, quien les ordenó el cese de sus actividades agrícolas. Pese a las agresiones, los ejidatarios decidieron permanecer en el ejido hasta que se les cumplieran tres condiciones: la realización de un inventario de sus cultivos; la devolución del predio Buenavista; y la entrega definitiva del ejido. El departamento agrario (DA) no aceptó las condiciones y ordenó la pronta desocupación de los terrenos, pero el CE no se intimidó y pidió la indemnización o no devolvería el terreno.⁴⁶

El 1 de marzo de 1948 se le pidió al ingeniero Miguel Uribe que comenzara los trabajos de dotación, este proceso se aceleró como consecuencia de la invasión de las tierras ejidales de Santiago por parte de los campesinos de Texalpan.⁴⁷ Así, el 14 de julio de 1950 se entregaron 5,279-50 ha a los ejidatarios de Santiago. La CAM aclaró que la resolución presidencial estipulaba 3,994-50 ha, pero se decidió incorporar las municipales para que formaran una sola unidad.⁴⁸ Con la entrega del ejido no concluyeron los problemas, pues, la CAM recibió notificaciones de Hilario, Ricardo y Luciano Domínguez, de Pablo A. Castellanos, de Juan Llana, de Leocadio Xalante y de Antonio y Benito Alvarado, quienes exponían que a causa de la dotación se les despojó de sus parcelas ubicadas en el Cerro del Vigía. Después de realizar una investigación, la CAM prometió a la mayor parte de los demandantes incluirlos en el padrón de ejidatarios, en tanto que a Xalante y a los Alvarado se les advirtió que las debían desocupar. Es probable que en el caso de los Alvarado se buscara acabar con la presencia que tenía Antonio, un personaje que dominó la política agraria santiagueña durante varios años, tal como se expondrá en el siguiente apartado. De hecho, Antonio acusó al CE de actuar en su contra por razones políticas.⁴⁹

El dominio caciquil del comisariado ejidal: el caso de Antonio Alvarado

En 1930 se eligió un comité agrario administrativo (CAA) integrado por Antonio Alvarado (presidente), Francisco L. Campechano (secretario) y Manuel Fernández (vocal), quienes asumirían las riendas del ejido por más de 15 años. El CAA de Alvarado logró consolidarse en el poder gracias al apoyo que recibió de la guerrilla campesina, encabezada por Francisco A. Gómez, quien era uno de los líderes tejedistas de la región, y a la alianza que estableció con el ayuntamiento.⁵⁰ De hecho, en 1934, el diputado Luis Ramírez denunció que Gómez controlaba las autoridades municipales y el CAA, quien, según él, fue electo sin que los ejidatarios participaran, por esto solicitó su cese y el encarcelamiento de Gómez.⁵¹ Por su parte, Antonio Solís, quien era delegado de la LCASC informó a la CNA que los campesinos se quejaban de Alvarado, pues, sólo asignaba tierras a sus allegados con lo cual sólo se cultivaban 400 de las 5,000 ha dotadas. Sin embargo, el procurador de pueblos declaró que no se cometió ningún acto ilegal, esta resolución no satisfizo a Antonio Solís, quien volvió a arremeter contra Gómez, lo consideraba uno de esos "politicastros" que utilizaban la cuestión agraria para agitar las "pasiones políticas y sociales".⁵² El conflicto en el que se vieron envueltos la LCA y el CAA revelaba la lucha de dos grupos políticos, pues, el primero tenía vínculos con el PNR mientras que el segundo representaba a los tejedistas. Es de advertir que Adalberto Tejeda utilizó a la LECAEV como un agente de poder para penetrar y dominar los núcleos agrarios, de tal manera que se constituyó en un intermedio entre el Estado y el medio rural. Tras la fundación del PNR, en 1929, y en consonancia con lo que pasaba en el ámbito nacional, la LCAEV se escindiría en tres grupos: la liga comunista, la liga blanca y la liga roja. La primera era controlada por el partido comunista, la segunda por el PNR y la tercera por Tejeda.

La división interna de la LCAEV demostraba que la intención de las autoridades centrales era tener mayor control de los proyectos estatales. El PNR sería utilizado como un medio para adentrarse en los intersticios del poder local y, con ello, crear una maquinaria política, paralela e independiente del tejedismo, cuya intención sería arrebatar el control de su aparato político administrativo y, de esa manera, desmantelar su red de alianzas y pactos que le daba poder informal sobre algunos distritos rurales.⁵³ Aunque en Santiago se buscó eliminar a los tejedistas de la escena agraria y política, los esfuerzos del PNR no tuvieron resultados. Por tal motivo, el CE reprimió a los ejidatarios que simpatizaban con el PNR. Un ejemplo lo constituye Ricardo Teoba, quien declaró, el 28 de mayo de 1934, que se le quitaron sus derechos ejidales, debido a que el CE era presidido por los "camisas rojas". Aunque manifestaba que no tenía simpatías políticas, se deshacía en elogios hacia el PNR que consideraba un "organismo orientador y defensor de la clase proletaria". El conflicto entre el PNR y el CE alcanzó su clímax el 18 de octubre de 1934, fecha en la que se debían efectuar elecciones para cambiar a la directiva. José S. Lira, quien era presidente de la JAC, informó que la votación no se efectuó a causa de las maniobras de los "elementos rojos", quienes buscaron impedir el acto por constituir una minoría. Ante la posibilidad de un enfrentamiento entre los "rojos" y los campesinos afiliados al PNR, se decidió suspender la elección y aplazarla para finales de noviembre, aunque se determinó que sólo votarían aquellos que tuvieran posesión de una parcela y la cultivaran. Este punto causó la molestia de los campesinos peneristas, quienes mencionaron que tal disposición impediría que muchos de sus compañeros sufragaran, con lo cual no podrían cambiar una directiva cuyas "pasiones sectarias" les habían privado de sus derechos, razón por la que pedían que participaran todos los censados.⁵⁴

El que se buscara hacer una votación sólo con ejidatarios evidenciaba la ciudadanía diferenciada de la que habla Helga Baitenmann, quien menciona que la reforma agraria creó dos tipos de ciudadanos en el México rural: el ejidatario que poseía plenos derechos agrarios y una diversidad de habitantes que residían en el ejido, pero carecían de derechos. Los ejidatarios eran los únicos que podían participar en las asambleas ejidales y ser representados en el comité ejidal. En este sentido, la dicotomía ejidatario-no ejidatario marcaría la dinámica sociopolítica de los pueblos rurales, pues, evidenciaba una disociación entre los derechos otorgados y los efectivamente ejercidos.⁵⁵ Ante tales inconvenientes, la CNA resolvió que no se efectuara la elección mientras no se contara con las condiciones necesarias. En un intento desesperado, los campesinos peneristas acusaron al CE de ocupar de manera ilegal el predio Cobata, esta invasión, según ellos, beneficiaba a Francisco A. Gómez. La victoria de Alvarado, gracias al apoyo de Gómez, le permitió convertirse en la figura dominante de la escena agraria santiagueña, de tal manera que en los siguientes años ni siquiera se planteó la posibilidad de llevar a cabo elecciones para renovar la dirigencia ejidal, debido, entre otras cosas, a que se ejercía presión en aquellos individuos que no estaban de acuerdo con las decisiones del presidente, tal como sucedió con Manuel J. Xoca, Crescencio Tome, Eusebio Macario, Manuel y Ramón Palayer, Epifanio Macario e Hilario Ambrosio, estos personajes denunciaron que el CE los despojó de sus parcelas, pero Alvarado respondió que la acusación evidenciaba las intrigas promovidas por los "politiqueros de profesión", el cura y los terratenientes.⁵⁶ Las afirmaciones de Alvarado no resultaban exageradas, pues, diversos estudios han mostrado que los propietarios utilizaron a los sacerdotes para influir en los campesinos, aunque, en el caso veracruzano, la Iglesia católica tenía cuentas pendientes con Tejeda, quien dictó varias medidas tendientes a eliminar el catolicismo de la entidad.⁵⁷

Las maniobras de Alvarado se explicaban en función de que tres de los denunciantes, Manuel Xoca, Eusebio Macario e Hilario Ambrosio, buscaron constituir un comisariado alterno, por lo que se les acusó, en un corrido compuesto por Marcial Guezpal, de ser "traidores" y de estar "mal orientados", pues Alvarado, según Guezpal, no ambicionaba el dinero ni el poder. De hecho, se aducía que estaba dispuesto a entregar el mando a cualquier grupo, pero lo haría en la asamblea ejidal "para dar sus documentos". En otro corrido se mencionaba que Manuel Xoca e Hilario Ambrosio, quienes se creían "caudillos", no podían aspirar a ser miembros del CE debido a que residían en la congregación de Cerro Amarillo.⁵⁸ La tensa situación política de Santiago se haría manifiesta en abril de 1939, cuando el CE informó al gobernador Miguel Alemán que Antonio Hipólito, quien era delegado de promoción ejidal, intrigaba para que se produjera un enfrentamiento con la población de Texalpan a causa de los límites ejidales, este enfrentamiento propiciado por "falsos líderes" que aprovechaban la ignorancia de los labriegos, por esto solicitaba la entrega inmediata del ejido para evitar vejaciones a los de Santiago, pues, Antonio Hipólito y Ramón Plascencia buscaban favorecer a los texalpeños. Las aseveraciones de Alvarado no carecían de fundamento. En los proyectos de dotación otorgados a Texalpan y a Xoteapan, dos congregaciones pertenecientes a San Andrés Tuxtla, se invadieron las tierras de Santiago, el ingeniero Luis Briones corroboró esta situación. A pesar de lo anterior, Hipólito informó a Alvarado que diez ejidatarios tendrían que desalojar sus terrenos, pues, se los iban a entregar a los de Texalpan.⁵⁹

La negativa del CE provocó la interrupción del proceso de dotación, no sólo de la cabecera municipal, sino de las aledañas congregaciones pertenecientes a San Andrés Tuxtla. Por este motivo, en agosto de 1944, el DA pidió a Alvarado que aceptara las tierras que se le habían concedido a fin de evitar "graves perjuicios" a los campesinos que representaba. Como el CE volvió a oponerse, la DA tomó como pretexto el adeudo del pago del impuesto rústico, que ascendía a 19,129 pesos, pues, no se había devengado desde 1931, para presionarlo. Es de destacar que el ayuntamiento, desde 1942, le solicitó a Alvarado que devengara la deuda, pero él se negó con el pretexto de que no tenía la posesión definitiva. Sin embargo, el presidente municipal lo acusó de cobrar por el arrendamiento de los terrenos sin dar cuenta del dinero que recibía.⁶⁰ Para aumentar la presión en contra del CE, Rafael J. Escribano y Eusebio Macario denunciaron que Alvarado violaba el código agrario, provocaba la desunión de los ejidatarios, no pagaba la contribución ejidal y defraudaba a los ejidatarios. Ellos pedían que se ejerciera acción penal en contra de un hombre que tenía doce años en el puesto. Ante las constantes peticiones para que se hiciera el pago del impuesto, Alvarado pidió al gobernador Jorge Cerdán que cesaran las amenazas en contra del ejido, pues, el jefe subalterno de Hacienda le advirtió, en agosto de 1944, que se embargarían las tierras, según Antonio, ésta era una situación anómala, debido a que no tenían la posesión definitiva, por lo que pidió que se les condonara la deuda o se les permitiera pagarla en abonos. La presión para destituir a Alvarado aumentó en los siguientes meses. Así, un grupo de ejidatarios lo acusó, en octubre de 1945, de no respetar sus derechos. Un mes después, José Luis Melgarejo, quien era jefe de la sección de asuntos indígenas, solicitó la reorganización urgente del CE. ⁶¹

En diciembre de ese año, José Pérez Alvarado, quien era presidente del consejo de vigilancia, denunció que Alvarado tomaba decisiones sin consultarlo, arrendaba las tierras por las que cobraba "cuantiosas cantidades" y se negaba a realizar elecciones. Pérez indicó que Alvarado se mantenía en el puesto, gracias a los sobornos que le entregaba al delegado de promoción ejidal Miguel Márquez, esto se corroboró cuando este último le pidió dinero para resolver ciertos asuntos. La acusación de José reflejaba una situación recurrente en el campo veracruzano, pues, con el crecimiento de la burocracia agraria, como producto de la legislación cardenista, muchos oficiales agrarios incurrieron en prácticas corruptas, propiciadas, además, por la imposibilidad de la CAM para controlar los procesos locales. Como Pérez mostró que Alvarado había incurrido en aquellas faltas que ocasionaban la pérdida de los derechos ejidales,⁶² el DA determinó destituir a Alvarado en febrero de 1946 y se eligió, un mes después, un nuevo Comisariado formado por José Castellanos (presidente), Pedro Nolasco (secretario) y Andrés Campos (tesorero). El proceso no estaría exento de conflictos, pues, el presidente municipal intentó imponer a sus candidatos. El cambio de directiva generó mayor tensión entre los ejidatarios, al grado que en abril de 1947 se realizaron nuevas elecciones que ganó Pedro Nolasco, quien sería depuesto en septiembre del mismo año y se nombró una directiva interina dirigida por Vicente Muñiz, permanecería en el poder hasta abril de 1948 cuando se estableció un nuevo CE encabezado por Manuel Fernández (presidente), Pedro Lago (secretario) y José Castellanos (tesorero).⁶³ La composición de la directiva mostraba el interés de crear un equilibrio de las fuerzas políticas, pues, Fernández y Castellanos pertenecían a dos grupos antagónicos. La primera tarea del CE fue gestionar el pago de la deuda, por este motivo le pidieron al presidente municipal que el primer pago se efectuara en 1949. Aunque no se aceptó la propuesta, tampoco se descartó la posibilidad de que se hiciera en diversas partidas.

Un segundo problema que enfrentó el CE fueron las quejas de varios ejidatarios. En primer lugar, Simona Aparicio lo acusó de destruir sus plantaciones y no reconocer sus pagos por el arrendamiento de sus tierras. Una investigación demostró que la denuncia fue urdida por Juan Palagot, personaje que buscaba desestabilizar la situación interna del ejido. En segundo lugar, un grupo de ejidatarios denunció que Manuel Fernández cobraba altos arrendamientos; no atendía el ramo educativo; no cobraba las indemnizaciones por los destrozos del ganado; no atendía las gestiones de la administración ejidal; no organizaba a las campesinas; cobraba multas "exageradas" por faltas inexistentes; y no informaba de sus actividades con el argumento de que no quería fomentar la "agitación política prematura", pese a que se tenía conocimiento de su apoyo a "políticos enemigos" de la causa agraria. Ellos aducían que el CE actuaba en contubernio con el ayuntamiento y el jefe de zona ejidal, por esto solicitaron su remoción. Sin embargo, Fernández logró demostrar que los cargos eran falsos. En tercer lugar, Antonio Chaga utilizó como pretexto que se le quitaron unos terrenos con matas de café para acusar a Fernández de servir a las autoridades municipales, por lo cual no defendía a los ejidatarios.⁶⁴ Las últimas dos acusaciones evidenciaban que sólo se había cambiado a los integrantes del CE, pero persistían las prácticas contrarias a los intereses de los ejidatarios. El CE, tanto en la época de Alvarado como en la posterior, no asumió la tarea de organizarlos y defenderlos, sino que se convirtió en un instrumento del presidente en turno para sacar dividendos políticos y económicos. ⁶⁵

A manera de conclusión

A diferencia de los campesinos de San Andrés Tuxtla que se enfrentaron a un grupo de propietarios que lograron, a través de diversas acciones tanto legales como ilegales, impedir el reparto de sus tierras,⁶⁶ los de Santiago tendrían menores dificultades para gozar del ejido que se les otorgó debido, en buena medida, a que los propietarios trataron, en un principio, de realizar la defensa de sus propiedades por medio de los mecanismos oficiales y aunque sus recursos jurídicos fueron desestimados, ello no sirvió de pretexto para que incurrieran en prácticas lesivas a los campesinos, esta situación se explica en función del contexto político que se vivía, pues, estaban conscientes de que no podían actuar en contra de un gobierno que apoyaba a los campesinos. Tras la caída del tejedismo y los cambios en materia agraria, tanto locales como nacionales, los propietarios mostrarán una actividad más beligerante en su intento de recuperar aquellos terrenos que no habían sido incluidos en el proyecto de dotación y que los ejidatarios buscaron defender hasta las últimas instancias, debido a las características de las propiedades, pues, la mayor parte estaban dedicadas a la cría de ganado. La confrontación entre propietarios y campesinos no adquirió tintes violentos, como ocurrió en Comoapan, San Andrés y Catemaco, por la decisión de las autoridades agrarias de incluir tierras federales y municipales en la dotación, esta situación facilitó las negociaciones entre el DA, el CE y los propietarios, aunque no se debe olvidar que la situación política había cambiado y que el CE había perdido la preponderancia que alcanzó en la época de Alvarado, lo cual permitió convertirse en un efectivo interlocutor entre los ejidatarios, el municipio y el estado. El papel que desempeñó Antonio Alvarado al frente del CE se explicaba por la influencia que ejercían los tejedistas en la región, quienes no sólo tomaron posesión del ayuntamiento sino que también dominaron la guerrilla campesina local. El fracaso del PNR para dividir a los campesinos santiagueños, permitió a Alvarado no sólo fortalecer al CE sino constituirlo en uno de los últimos reductos del tejedismo en el estado, lo cual sirvió para cerrar los espacios de control nacional. La aparición de un personaje como Alvarado se explicaba por el hecho de que el programa radical de Tejeda se sustentaba en la presencia de líderes locales poderosos, a quienes se les permitió, en muchas ocasiones, incurrir en prácticas abusivas sin el temor de ser reprimidos.

El CE de Alvarado se convirtió en el eje articulador de la comunidad y dominó el escenario político local por más de una década, años en la que este personaje se convirtió en un empresario agrario, tal como lo definen Eric Léonard y Emilia Velázquez, pues, fundó su poder en una organización jerárquica de las relaciones ejidales; acaparó los recursos del ejido y determinaba su disposición; y ejercía un control ideológico sobre los campesinos sustentado en la idea de que era el artífice del reparto.⁶⁷ ¿Cómo es que Alvarado logró mantenerse en el poder, si se tiene en cuenta que este personaje incurrió en un dominio "caciquil" de las tierras que, en un última instancia, resultaba lesivo para aquellas personas a las que representaba? En primer lugar, se debe advertir que Antonio Alvarado no fue el único líder agrarista que incurrió en prácticas ilegales o que abusó de su posición para obtener ganancias a costa de los ejidatarios. En su tesis doctoral, Helga Baintenmann muestra que este tipo de quejas también se presentaron entre pueblos del centro de Veracruz como Jalcomulco, El Carrizal, Xico, Chiltoyac, El Encero y Dos Ríos. La única diferencia de Alvarado con respecto a Aurelio Rodríguez o Norberto Ortiz, dos líderes de la región mencionada, es que no utilizó la violencia para reprimir o asesinar a sus oponentes, tal como ocurrió en otras regiones del estado. En segundo lugar, Alvarado logró realizar una sólida alianza con el jefe de la guerrilla agraria, el ayuntamiento y los campesinos, esta alianza le permitió consolidar su poder pese a la desaparición de la guerrilla y a su ruptura con las autoridades municipales, aunque, con gran perspicacia, logró establecer nuevas redes de poder con la creciente burocracia agraria apostada en la región, esta estrategia, por cierto, también la adoptaron algunos otros comisariados, tanto locales como nacionales, pues, su vinculación con la burocracia permitió mejor control de los campesinos beneficiados, pero también de aquellos que no tenían derecho.⁶⁸

En tercer lugar, Antonio fue un hábil político que logró manipular las leyes, tanto agrarias como judiciales a su favor, de tal manera que logró, por ejemplo, evitar que se pusiera en práctica la ley de parcelización del ejido, promulgada en 1932, con el argumento de que no se tenía la posesión definitiva, esto le permitió decidir quiénes podían recibir la tierra sin tener en cuenta las disposiciones del código agrario de 1934, que determinaba cuáles eran los factores por los que se perdían los derechos ejidales. Las prácticas abusivas y la corrupción no sólo eran privativas de Santiago Tuxtla, también se replicaron en el ámbito estatal y nacional. Para tratar de acabar con los abusos de los comisariados, las autoridades agrarias establecieron que las elecciones fueran secretas y vigiladas por la CAM, se crearon consejos de vigilancia y se le otorgó poder a la asamblea general para que revocara, cuando se considerara pertinente, las decisiones del presidente. Estas medidas no lograron acabar con la corrupción de los comisariados, quienes persistieron con sus prácticas abusivas hasta que Manuel Ávila Camacho, tras asumir la primera magistratura en diciembre de 1940, ordenó, como una de sus primeras acciones, la parcelización de todos los ejidos y, un año después, el otorgamiento de certificados de derechos agrarios que se podían cambiar por títulos parcelarios.⁶⁹ En este nuevo contexto, la salida de Alvarado del CE resultaba fundamental para permitir la articulación de lo local con lo nacional, aunque la situación interna del ejido no sufrió mayores modificaciones debido a que las siguientes directivas incurrieron en las mismas prácticas que Alvarado. El preponderante papel asumido por el CE de Santiago evidencia la necesidad de estudiar con mayor detenimiento este tipo de organizaciones, lo cual ayudara a entender cómo se gestaron las relaciones internas y externas de los ejidos, que, como se ha visto, se constituían y reconstituían de manera permanente.

No cabe duda que las autoridades ejidales se convirtieron, gracias a las leyes agrarias, en una estructura de gobierno paralela, debido a que controlaban las formas locales de gobierno, los servicios públicos y, sobre todo, las tierras otorgadas en dotación. Si bien es cierto que el proceso de dotación fue relativamente pacífico, no sucedió lo mismo al interior de la comunidad, pues, se generaron conflictos internos como consecuencia de las artimañas de los dirigentes ejidales, como lo que realizaba Alvarado, quien determinaban quienes podían recibir tierras. Así, y por lo menos para el caso de Santiago Tuxtla, los campesinos no fueron los beneficiarios de la reforma agraria, sino los respectivos líderes del CE. Y como bien lo señala Baitenmann, el radicalismo tejedista permitió el reparto de numerosas tierras, pero también se presentaron situaciones de abuso y corrupción, faccionalismo locales y violentas luchas por el poder que tuvieron consecuencias diferenciadas en los respectivos ámbitos locales.