Artículo 80. Los ejidatarios podrán enajenar sus derechos parcelarios a otros ejidatarios o avecindados del mismo núcleo de población.

Para la validez de la enajenación se requiere:

a) La manifestación de conformidad por escrito de las partes ante dos testigos, ratificada ante fedatario público;

b) La notificación por escrito al cónyuge, concubina o concubinario y los hijos del enajenante, quienes, en ese orden, gozarán del derecho del tanto, el cual deberán ejercer dentro del término de treinta días naturales contados a partir de la notificación a cuyo vencimiento caducará tal derecho. Será aceptable para este efecto la renuncia expresada por escrito ante dos testigos e inscrita en el Registro Agrario Nacional. En caso de que se desconozca el domicilio o ubicación de las personas que gozan del derecho del tanto, se procederá en términos de lo dispuesto por el párrafo tercero del artículo 84 de esta Ley, y

Inciso reformado DOF 19-12-2016

c) Dar aviso por escrito al comisariado ejidal.

Realizada la enajenación, el Registro Agrario Nacional, procederá a inscribirla y expedirá los nuevos certificados parcelarios, cancelando los anteriores. Por su parte, el comisariado ejidal deberá realizar la inscripción correspondiente en el libro respectivo.

Artículo reformado DOF 17-04-2008

Artículo 114. Los ejidatarios y los posesionarios podrán enajenar sus derechos parcelarios a otros ejidatarios, posesionarios o avecindados del mismo núcleo de población.

Para la validez de la enajenación se requiere:

I. La manifestación de conformidad por escrito de las partes ante dos testigos, en la que contendrá el estado civil del enajenante, en su caso, el número de hijos y la constancia de la notificación del derecho del tanto, ratificada ante Notario Público.

II. La notificación por escrito al cónyuge, concubina o concubinario y a los hijos del enajenante, quienes, en ese orden, gozarán del derecho del tanto, el cual deberán ejercer dentro del término de treinta días naturales contados a partir de la notificación, a cuyo vencimiento caducará tal derecho. Será aceptable para este efecto la renuncia expresada por escrito ante dos testigos e inscrita en el Registro Agrario Nacional. En caso de que se desconozca el domicilio o ubicación de las personas que gozan del derecho del tanto, se procederá en términos de lo dispuesto por esta Ley.

III. El avalúo referencial que al efecto expida un valuador acreditado en una institución bancaria o en el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales, sobre los derechos sobre la parcela y en su caso, sobre los derechos de agua inherentes a la misma.

IV. Dar aviso por escrito al comisariado ejidal y copia de la inscripción en el Registro Agrario Nacional.

Artículo 81. Cuando la mayor parte de las parcelas de un ejido hayan sido delimitadas y asignadas a los ejidatarios en los términos del artículo 56, la asamblea, con las formalidades previstas a tal efecto por los artículos 24 a 28 y 31 de esta ley, podrá resolver que los ejidatarios puedan a su vez adoptar el dominio pleno sobre dichas parcelas, cumpliendo lo previsto por esta ley.

Artículo 82. Una vez que la asamblea hubiere adoptado la resolución prevista en el artículo anterior, los ejidatarios interesados podrán, en el momento que lo estimen pertinente, asumir el dominio pleno sobre sus parcelas, en cuyo caso solicitarán al Registro Agrario Nacional que las tierras de que se trate sean dadas de baja de dicho Registro, el cual expedirá el título de propiedad respectivo, que será inscrito en el Registro Público de la Propiedad correspondiente a la localidad.

A partir de la cancelación de la inscripción correspondiente en el Registro Agrario Nacional, las tierras dejarán de ser ejidales y quedarán sujetas a las disposiciones del derecho común.

Artículo 83. La adopción del dominio pleno sobre las parcelas ejidales no implica cambio alguno en la naturaleza jurídica de las demás tierras ejidales, ni significa que se altere el régimen legal, estatutario o de organización del ejido.

La enajenación a terceros no ejidatarios tampoco implica que el enajenante pierda su calidad de ejidatario, a menos que no conserve derechos sobre otra parcela ejidal o sobre tierras de uso común, en cuyo caso el comisariado ejidal deberá notificar la separación del ejidatario al Registro Agrario Nacional, el cual efectuará las cancelaciones correspondientes.

Artículo 84. En caso de la primera enajenación de parcelas sobre las que se hubiere adoptado el dominio pleno, los familiares del enajenante, las personas que hayan trabajado dichas parcelas por más de un año, los ejidatarios, los avecindados y el núcleo de población ejidal, en ese orden, gozarán del derecho del tanto, el cual deberán ejercer dentro de un término de treinta días naturales contados a partir de la notificación, a cuyo vencimiento caducará tal derecho. Si no se hiciere la notificación, la venta podrá ser anulada.

El comisariado ejidal y el consejo de vigilancia serán responsables de verificar que se cumpla con esta disposición.

La notificación hecha al comisariado, con la participación de dos testigos o ante fedatario público, surtirá los efectos de notificación personal a quienes gocen del derecho del tanto. Al efecto, el comisariado bajo su responsabilidad publicará de inmediato en los lugares más visibles del ejido una relación de los bienes o derechos que se enajenan.

Artículo 85. En caso de que se presente ejercicio simultáneo del derecho del tanto con posturas iguales, el comisariado ejidal, ante la presencia de fedatario público, realizará un sorteo para determinar a quién corresponde la preferencia.

Artículo 86. La primera enajenación a personas ajenas al núcleo de población de parcelas sobre las que se hubiere adoptado el dominio pleno, será libre de impuestos o derechos federales para el enajenante y deberá hacerse cuando menos al precio de referencia que establezca la Comisión de Avalúos de Bienes Nacionales o cualquier institución de crédito

Artículo 115. Cuando la mayor parte de las parcelas de un ejido hayan sido delimitadas y asignadas a los ejidatarios en los términos del artículo 99, la asamblea, con las formalidades previstas en esta Ley, podrá resolver que los ejidatarios puedan a su vez adoptar el dominio pleno sobre dichas parcelas, cumpliendo lo previsto por esta Ley.

Artículo 116. Una vez que la asamblea hubiere adoptado la resolución prevista en el artículo anterior, los ejidatarios interesados podrán, en el momento que lo estimen pertinente, asumir el dominio pleno sobre sus parcelas, en cuyo caso solicitarán al Registro Agrario Nacional que las tierras de que se trate sean dadas de baja de dicho Registro, el cual expedirá el título de propiedad respectivo, que será inscrito en el Registro Público de la Propiedad y en el Catastro Municipal correspondiente a la localidad.

A partir de la cancelación de la inscripción correspondiente en el Registro Agrario Nacional, las tierras dejarán de ser ejidales y quedarán sujetas a las disposiciones del derecho común.

Artículo 117. La adopción del dominio pleno sobre las parcelas ejidales no implica cambio alguno en la naturaleza jurídica de las demás tierras ejidales, ni significa que se altere el régimen legal, estatutario o de organización del ejido.

La enajenación a terceros no ejidatarios tampoco implica que el enajenante pierda su calidad de ejidatario, a menos que no conserve derechos sobre otra parcela ejidal o sobre tierras de uso común, en cuyo caso el comisariado ejidal deberá notificar la separación del ejidatario al Registro Agrario Nacional, el cual efectuará las cancelaciones correspondientes.

Artículo 118. En caso de la primera enajenación de parcelas sobre las que se hubiere adoptado el dominio pleno, el cónyuge, concubina o concubinario, hijos, en ese orden, gozarán del derecho del tanto, el cual deberán ejercer dentro de un término de treinta días naturales contados a partir de la notificación, a cuyo vencimiento caducará tal derecho. Si no se hiciere la notificación, la venta podrá ser anulada.

El titular del derecho parcelario será responsable de la notificación del derecho del tanto.

Artículo 119. En caso de que se presente ejercicio simultáneo del derecho del tanto con posturas iguales, el comisariado ejidal, ante la presencia de Notario Público, realizará un sorteo para determinar a quién corresponde la preferencia.

Artículo 120. La primera enajenación a personas ajenas al núcleo de población de parcelas sobre las que se hubiere adoptado el dominio pleno, será libre de impuestos o derechos federales para el enajenante y deberá hacerse cuando menos al precio de referencia que establezca el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales o cualquier institución de crédito.

Artículo 53. La asamblea se reunirá por lo menos una vez cada seis meses o con mayor frecuencia, cuando así lo determine su reglamento o su costumbre. Serán de la competencia exclusiva de la asamblea los siguientes asuntos:

XIX. Autorizar a los ejidatarios y posesionarios para que adopten el dominio pleno sobre sus parcelas y la aportación de las tierras de uso común a una sociedad, en los términos de esta Ley.

Artículo 75. En los casos de manifiesta utilidad para el núcleo de población ejidal, éste podrá transmitir el dominio de tierras de uso común a sociedades mercantiles o civiles en las que participen el ejido o los ejidatarios conforme al siguiente procedimiento:

I. La aportación de las tierras deberá ser resuelta por la asamblea, con las formalidades previstas a tal efecto en los artículos 24 a 28 y 31 de esta ley;

II. El proyecto de desarrollo y de escritura social respectivos serán sometidos a la opinión de la Procuraduría Agraria, la que habrá de analizar y pronunciarse sobre la certeza de la realización de la inversión proyectada, el aprovechamiento racional y sostenido de los recursos naturales y la equidad en los términos y condiciones que se propongan. Esta opinión deberá ser emitida en un término no mayor a treinta días hábiles para ser considerada por la asamblea al adoptar la resolución correspondiente. Lo anterior, sin perjuicio de que, para los efectos de esta fracción, el ejido pueda recurrir a los servicios profesionales que considere pertinentes.

III. En la asamblea que resuelva la aportación de las tierras a la sociedad, se determinará si las acciones o partes sociales de la sociedad corresponden al núcleo de población ejidal o a los ejidatarios individualmente considerados, de acuerdo con la proporción que les corresponda según sus derechos sobre las tierras aportadas.

IV. El valor de suscripción de las acciones o partes sociales que correspondan al ejido o a los ejidatarios por la aportación de sus tierras, deberá ser cuando menos igual al precio de referencia que establezca la Comisión de Avalúos de Bienes Nacionales o cualquier institución de crédito.

V. Cuando participen socios ajenos al ejido, éste o los ejidatarios, en su caso, tendrán el derecho irrenunciable de designar un comisario que informe directamente a la asamblea del ejido, con las funciones que sobre la vigilancia de las sociedades prevé la Ley General de Sociedades Mercantiles. Si el ejido o los ejidatarios no designaren comisario, la Procuraduría Agraria, bajo su responsabilidad, deberá hacerlo.

Las sociedades que conforme a este artículo se constituyan deberán ajustarse a las disposiciones previstas en el Título Sexto de la presente ley.

En caso de liquidación de la sociedad, el núcleo de población ejidal y los ejidatarios, de acuerdo a su participación en el capital social, y bajo la estricta vigilancia de la Procuraduría Agraria, tendrán preferencia, respecto de los demás socios, para recibir tierra en pago de lo que les corresponda en el haber social.

En todo caso el ejido o los ejidatarios, según corresponda, tendrá derecho de preferencia para la adquisición de aquellas tierras que aportaron al patrimonio de la sociedad

Artículo 126. Las sociedades mercantiles o civiles no podrán tener en propiedad tierras agrícolas, ganaderas o forestales en mayor extensión que la equivalente a veinticinco veces los límites de la pequeña propiedad individual y deberán cumplir con los siguientes requisitos:

I. Deberán participar en la sociedad, por lo menos, tantos individuos como veces rebasen las tierras de la sociedad los límites de la pequeña propiedad individual. Al efecto, se tomará en cuenta la participación de cada individuo, ya sea directamente o a través de otra sociedad;

II. Su objeto social deberá limitarse a la producción, transformación o comercialización de productos agrícolas, ganaderos o forestales y a los demás actos accesorios necesarios para el cumplimiento de dicho objeto;

III. Su capital social deberá distinguir una serie especial de acciones o partes sociales identificada con la letra T, la que será equivalente al capital aportado en tierras agrícolas, ganaderas o forestales o al destinado a la adquisición de las mismas, de acuerdo con el valor de las tierras al momento de su aportación o adquisición.

Artículo 127. Las acciones o partes sociales de serie T no gozarán de derechos especiales sobre la tierra ni de derechos corporativos distintos a las demás acciones o partes sociales. Sin embargo, al liquidarse la sociedad sólo los titulares de dichas acciones o partes sociales tendrán derecho a recibir tierra en pago de lo que les corresponda en el haber social.

Artículo 128. Los estatutos sociales de las sociedades a que este Título se refiere deberán contener transcritas las prescripciones a que se refiere el artículo 126.

Artículo 129. Ningún individuo, ya sea directamente o a través de una sociedad, podrá detentar más acciones o partes sociales de serie T, ya sea de una o varias sociedades emisoras, que las que equivalgan a la extensión de la pequeña propiedad.

Ninguna sociedad podrá detentar más acciones o partes sociales de serie T, ya sea de una o varias sociedades emisoras, que las que equivalgan a una superficie igual a veinticinco veces la pequeña propiedad.

Artículo 130. En las sociedades a que se refiere este título, los extranjeros no podrán tener una participación que exceda del 49 % de las acciones o partes sociales de serie T.

Artículo 131. El Registro Agrario Nacional contará con una sección especial en la que se inscribirán:

I. Las sociedades mercantiles o civiles propietarias de tierras agrícolas, ganaderas o forestales;

II. Las superficies, linderos y colindancias de los predios agrícolas, ganaderos o forestales propiedad de las sociedades a que se refiere la fracción anterior, con indicación de la clase y uso de sus tierras;

III. Los individuos tenedores de acciones o partes sociales de serie T de las sociedades a que se refiere la fracción I de este artículo;

IV. Las sociedades tenedoras de acciones o partes sociales de serie T representativas del capital social de las sociedades a que se refiere la fracción I de este artículo;

V. Los demás actos, documentos o información que sea necesaria para vigilar el cumplimiento de lo dispuesto en este Título y que prevea el reglamento de esta ley.

Los administradores de las sociedades, así como los socios tenedores de acciones o partes sociales de serie T, según corresponda, serán responsables de proporcionar al Registro la información a que se refiere este artículo, en la forma y términos que señale el reglamento respectivo de esta ley.

Artículo 132. Cuando una sociedad rebase los límites a la extensión de tierra permitidos por esta ley, la Secretaría de la Reforma Agraria, previa audiencia, ordenará a la sociedad que en el plazo de un año fraccione, en su caso, y enajene los excedentes o regularice su situación. Si transcurrido el plazo la sociedad no lo hubiere hecho, la dependencia seleccionará discrecionalmente las tierras que deban ser enajenadas y notificará a la autoridad estatal correspondiente para que aplique el procedimiento a que se refiere el artículo 124.

Artículo 133. Las acciones o partes sociales de serie T que un individuo o sociedad tenga en exceso de las que equivalgan a la pequeña propiedad o a veinticinco veces ésta, respectivamente, deberán ser enajenadas por su propietario o se ordenará su enajenación en los términos que para la enajenación de tierra prescribe el artículo anterior.

Serán nulos los actos o contratos por los que se pretenda simular la tenencia de acciones de serie T.

Artículo 130. En los casos de manifiesta utilidad para el núcleo de población ejidal, éste podrá transmitir el dominio de tierras de uso común a sociedades mercantiles o civiles en las que participen el ejido o los ejidatarios conforme al siguiente procedimiento:

I. La aportación de las tierras deberá ser resuelta por la asamblea, con las formalidades de mayoría calificada y formalidades especiales.

II. El proyecto de desarrollo y de escritura social respectivos serán sometidos a la opinión de la Procuraduría Agraria, la que habrá de analizar y pronunciarse sobre la certeza de la realización de la inversión proyectada, el aprovechamiento racional y sostenido de los recursos naturales y la equidad en los términos y condiciones que se propongan.

III. La Procuraduría Agraria deberá emitir la opinión en un término no mayor a treinta días hábiles, para ser considerada por la asamblea al adoptar la resolución correspondiente. Lo anterior, sin perjuicio de que, para los efectos de esta fracción, el ejido pueda recurrir a los servicios profesionales que considere pertinentes.

IV. En la asamblea que resuelva la aportación de las tierras a la sociedad, se determinará si las acciones o partes sociales de la sociedad corresponden al núcleo de población ejidal o a los ejidatarios individualmente considerados, de acuerdo con la proporción que les corresponda según sus derechos sobre las tierras aportadas.

V. El valor de suscripción de las acciones o partes sociales que correspondan al ejido o a los ejidatarios por la aportación de sus tierras, deberá ser cuando menos igual al precio de referencia que establezca el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales o cualquier institución de crédito.

VI. Cuando participen socios ajenos al ejido, éste o los ejidatarios, en su caso, tendrán el derecho irrenunciable de designar un comisario que informe directamente a la asamblea del ejido, con las funciones que sobre la vigilancia de las sociedades prevé la Ley General de Sociedades Mercantiles. Si el ejido o los ejidatarios no designaren comisario, la Procuraduría Agraria, bajo su responsabilidad, deberá hacerlo.

VII. Las sociedades que conforme a este artículo se constituyan con fines agrícolas, ganaderos o forestales, deberán ajustarse a las disposiciones previstas en el título correspondiente.

VIII. En caso de liquidación de la sociedad, el núcleo de población ejidal y los ejidatarios, de acuerdo a su participación en el capital social, y bajo la estricta vigilancia de la Procuraduría Agraria, tendrán preferencia, respecto de los demás socios, para recibir tierra en pago de lo que les corresponda en el haber social.

IX. En todo caso el ejido o los ejidatarios, según corresponda, tendrán derecho de preferencia para la adquisición de aquellas tierras que aportaron al patrimonio de la sociedad.

X. La aportación de tierras de uso común deberá inscribirse ante el Registro Agrario Nacional, el que expedirá el título de propiedad a favor de la sociedad a la que fue aportada la tierra y solicitará su alta en el Registro Público de la Propiedad.

Artículo 147. Las sociedades mercantiles o civiles no podrán tener en propiedad tierras agrícolas, ganaderas o forestales en mayor extensión que la equivalente a veinticinco veces los límites de la pequeña propiedad individual y deberán cumplir con los siguientes requisitos:

I. Deberán participar en la sociedad, por lo menos, tantos individuos como veces rebasen las tierras de la sociedad los límites de la pequeña propiedad individual. Al efecto, se tomará en cuenta la participación de cada individuo, ya sea directamente o a través de otra sociedad.

II. Ningún individuo, ya sea directamente o a través de una sociedad, podrá detentar más acciones o partes sociales de serie T, ya sea de una o varias sociedades emisoras, que las que equivalgan a la extensión de la pequeña propiedad.

III. Ninguna sociedad podrá detentar más acciones o partes sociales de serie T, ya sea de una o varias sociedades emisoras, que las que equivalgan a una superficie igual a veinticinco veces la pequeña propiedad.

Artículo 148. Cuando una sociedad rebase los límites a la extensión de tierra permitidos por esta Ley, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, previa audiencia, ordenará a la sociedad que en el plazo de un año fraccione, en su caso, y enajene los excedentes o regularice su situación. Si transcurrido el plazo la sociedad no lo hubiere hecho, la dependencia seleccionará discrecionalmente las tierras que deban ser enajenadas y notificará a la autoridad estatal correspondiente para que aplique el procedimiento correspondiente.

Artículo 149. Las acciones o partes sociales de serie T que un individuo o sociedad tenga en exceso de las que equivalgan a la pequeña propiedad o a veinticinco veces ésta, respectivamente, deberán ser enajenadas por su propietario o se ordenará su enajenación en los términos que para la enajenación de tierra prescribe el artículo anterior.

Artículo 167. Las sociedades mercantiles o civiles agrícolas, ganaderas o forestales, podrán constituirse con aportación de tierras sujetas a la pequeña propiedad o con aportación de tierras de uso común de origen ejidal o comunal:

I. Su objeto social deberá limitarse a la producción, transformación o comercialización de productos agrícolas, ganaderos o forestales y a los demás actos accesorios necesarios para el cumplimiento de dicho objeto;

II. Su capital social deberá distinguir una serie especial de acciones o partes sociales identificada con la letra T, la que será equivalente al capital aportado en tierras agrícolas, ganaderas o forestales o al destinado a la adquisición de las mismas, de acuerdo con el valor de las tierras al momento de su aportación o adquisición.

Artículo 168. Las acciones o partes sociales de serie T no gozarán de derechos especiales sobre la tierra ni de derechos corporativos distintos a las demás acciones o partes sociales. Sin embargo, al liquidarse la sociedad sólo los titulares de dichas acciones o partes sociales tendrán derecho a recibir tierra en pago de lo que les corresponda en el haber social.

Artículo 170. En las sociedades a que se refiere este título, los extranjeros no podrán tener una participación que exceda del 49% de las acciones o partes sociales de serie T.

Artículo 171. El Registro Agrario Nacional contará con una sección especial en la que se inscribirán:

I. Las sociedades mercantiles o civiles propietarias de tierras agrícolas, ganaderas o forestales.

II. Las superficies, linderos y colindancias de los predios agrícolas, ganaderos o forestales, propiedad de las sociedades a que se refiere la fracción anterior, con indicación de la clase y uso de sus tierras.

III. Los individuos tenedores de acciones o partes sociales de serie T de las sociedades a que se refiere la fracción I de este artículo.

IV. Las sociedades tenedoras de acciones o partes sociales de serie T representativas del capital social de las sociedades a que se refiere la fracción I de este artículo.

V. Los demás actos, documentos o información que sea necesaria para vigilar el cumplimiento de lo dispuesto en este Título y que prevea el reglamento de esta Ley.

Los administradores de las sociedades, así como los socios tenedores de acciones o partes sociales de serie T, según corresponda, serán responsables de proporcionar al Registro la información a que se refiere este artículo, en la forma y términos que señale el reglamento respectivo de esta Ley.

Serán nulos los actos o contratos por los que se pretenda simular la tenencia de acciones de serie T.

Capítulo I

Disposiciones Preliminares

Artículo 163. Son juicios agrarios los que tienen por objeto sustanciar, dirimir y resolver las controversias que se susciten con motivo de la aplicación de las disposiciones contenidas en esta ley.

Artículo 164. En la resolución de las controversias que sean puestas bajo su conocimiento, los tribunales se sujetarán siempre al procedimiento previsto por esta ley y quedará constancia de ella por escrito, además observarán lo siguiente:

I. Los juicios en los que una o ambas partes sean indígenas se considerarán los usos y costumbres de los pueblos o comunidades indígenas a los que pertenezcan mientras no contravengan lo dispuesto por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y esta ley;

II. Las promociones que los pueblos o comunidades indígenas, o los indígenas en lo individual hicieren en su lengua, no necesitarán acompañarse de la traducción al español. El tribunal la hará de oficio por conducto de persona autorizada para ello;

III. Los juicios en los que una o ambas partes sean indígenas y no supieran leer el idioma español, el tribunal realizará una versión sintetizada de los puntos esenciales de las actuaciones y de la sentencia dictadas por él, en la lengua o variantes dialectales de la que se trate; debiendo agregarse en los autos constancia de que se cumplió con esta obligación.

En caso de existir contradicción entre la traducción y la resolución, se estará a lo dispuesto por esta última;

IV. El tribunal asignará gratuitamente a los indígenas un defensor y un traductor que conozca su cultura, hable su lengua y el idioma español, para que se le explique, en su lengua, el alcance y consecuencias del proceso que se le sigue.

Los tribunales suplirán la deficiencia de las partes en sus planteamientos de derecho cuando se trate de núcleos de población ejidales o comunales, así como ejidatarios y comuneros.

Artículo reformado DOF 22-06-2011

Título primero

Del ámbito de aplicación de la ley

Artículo 1. La presente ley es reglamentaria del artículo 27 constitucional en materia agraria y de observancia general en toda la República.

Tiene por objeto regular los derechos de propiedad de ejidos, comunidades y sus integrantes y los procedimientos para ejercerlos en el ámbito administrativo y jurisdiccional. Asimismo, la protección de las tierras de comunidades pertenecientes a pueblos indígenas y los límites de la pequeña propiedad individual.

Capítulo sexto

Tierras de las comunidades que pertenecen a pueblos indígenas

Artículo 33. Las comunidades integrantes de un pueblo indígena, asentadas en un territorio, de acuerdo con el ejercicio de sus derechos, pueden tener el régimen ejidal o comunal conforme a las resoluciones presidenciales o sentencias de los tribunales agrarios, y elegir a las autoridades o representantes para el ejercicio de sus derechos, conforme sus sistemas normativos internos, de acuerdo con sus normas, procedimientos y prácticas tradicionales, garantizando la participación de las mujeres en condiciones de equidad frente a los varones, en un marco de respeto al pacto federal y la soberanía de los estados.

Artículo 34. Las instituciones de los tres órdenes de gobierno, los órganos constitucionalmente autónomos y los tres poderes de la Unión, para la gestión administrativa de ejidos y comunidades que se auto adscriben como indígenas, podrán reconocer a sus representantes electos, conforme a sus sistemas normativos internos, cuando no haya comisariado ejidal o comisariado de bienes comunales.

Artículo 35. Las comunidades integrantes de un pueblo indígena que tengan la posesión tradicional y no hayan conseguido aún el reconocimiento como comunidad, podrán acudir a los tribunales agrarios a solicitar el reconocimiento de sus derechos de propiedad legítimos por parte de la autoridad jurisdiccional, a través de sus representantes electos, conforme a sus sistemas normativos internos.

Artículo 36. Las comunidades integrantes de un pueblo indígena que hayan sido despojadas de sus tierras podrán acudir ante los tribunales agrarios a solicitar la restitución de las tierras de su propiedad, aportando los medios de prueba que acrediten su derecho conforme a títulos o reconocimientos que datan generalmente de la época novohispana.

Artículo 37. La Procuraduría Agraria, promoverá la conciliación entre ejidos y comunidades de un mismo o diferentes pueblos indígenas en las controversias sobre sus tierras, impulsando el diálogo para resolver conflictos por los derechos de propiedad.

Artículo 38. Las tierras y los recursos naturales que corresponden a los grupos indígenas deberán ser protegidas por las autoridades en los términos del artículo 2, inciso A, fracción VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado mexicano es parte.

Capítulo segundo Del derecho a la participación

Artículo 126. Los ejidos y comunidades y sus integrantes tienen el derecho a conocer la información sobre las inversiones planteadas en tierras de su propiedad. Los inversionistas públicos y privados informarán a los ejidos y comunidades de los impactos positivos y negativos derivados de la ejecución de proyectos de inversión. En el caso de impactos ambientales negativos, darán a conocer las propuestas de medidas de mitigación para su atención.

Artículo 127. Los inversionistas públicos y privados incorporarán las recomendaciones de los ejidos, comunidades y sus integrantes que las partes acuerden procedentes.

Capítulo tercero Del derecho a la consulta tratándose de ejidos y comunidades que pertenecen a un pueblo indígena

Artículo 128. Los ejidos y comunidades que pertenezcan a un pueblo indígena, cuyas tierras estén previstas para proyectos con inversión pública y privada, tienen derecho a que se les consulte sobre la instrumentación del proyecto, informando sobre los impactos sociales, económicos y ambientales, positivos y negativos.

Artículo 129. El propósito de la consulta es promover la participación activa, libre, efectiva e informada, para los procesos de toma de decisiones.

La consulta deberá sujetarse a los principios de integridad; visibilidad, accesibilidad, transparencia y en su caso confidencialidad, divulgación, interpretación justa y publicidad del resultado.

El nivel de participación y determinación de los resultados estará vinculado al grado de afectación del proyecto de inversión en la vida de las personas, la tierra y los recursos naturales.

Cuando el proyecto no impacta en el modo de vida, deberá proporcionarse toda la información del proyecto al igual que a la población en general. Si el proyecto afecta directamente al modo de vida, deberá incorporarse en el proyecto de inversión sus recomendaciones. Para el caso que haya un impacto significativo en el modo de vida, considerado como: la perdida de tierras, el desalojo de sus tierras, el posible reasentamiento, el agotamiento de recursos necesarios para la subsistencia física y cultural, la destrucción o contaminación del medio ambiente, la desorganización social y comunitaria, impactos negativos a la salud, entre otros, deberá obtenerse el consentimiento previo -durante la planeación del proyecto-, libre e informado.

Capítulo segundo

Disposiciones para la participación de personas o comunidades que se auto adscriben como indígenas

Artículo 216. En los juicios agrarios en que participen personas o ejidos o comunidades que se auto adscriban a un pueblo indígena se observará lo siguiente:

I. Se considerarán los usos y costumbres de los pueblos o comunidades indígenas a los que pertenezcan mientras no contravengan lo dispuesto por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los derechos humanos previstos en la Constitución y los Tratados Internacionales en los que el estado mexicano es parte.

II. Las promociones que los pueblos o comunidades indígenas, o los indígenas en lo individual hicieren en su lengua, no necesitarán acompañarse de la traducción al español. El tribunal la hará de oficio por conducto de persona autorizada para ello.

III. Los juicios en los que una o ambas partes sean indígenas y no supieran leer el idioma español, el tribunal realizará una versión sintetizada de los puntos esenciales de las actuaciones y de la sentencia dictadas por él, en la lengua o variantes dialectales de la que se trate; debiendo agregarse en los autos constancia de que se cumplió con esta obligación. En caso de existir contradicción entre la traducción y la resolución, se estará a lo dispuesto por ésta última.

IV. El tribunal asignará gratuitamente a los indígenas un defensor y un traductor que conozca su cultura, hable su lengua y el idioma español, para que se le explique, en su lengua, el alcance y consecuencias del proceso que se le sigue. Podrá apoyarse en peritos adscritos a la Administración Pública Federal, Estatal o Municipal, así como a la Defensoría del Poder Judicial Federal.

De no respetarse estas disposiciones, se deberá ordenar de oficio o por resolución jurisdiccional la reposición del proceso a partir de la violación al debido proceso.

Capítulo séptimo

De la validación de contratos relativos al uso y ocupación superficial de tierras ejidales o comunales para las industrias de hidrocarburos y energía eléctrica.

Artículo 261. El asignatario o contratista y/o el titular de los derechos ejidales o comunales, deberán presentar al Tribunal Agrario para su validación el contrato signado para el uso y ocupación de tierras ejidales o comunales, en un plazo de hasta 90 días hábiles, conforme los lineamientos emitidos por la Secretaría de Energía para el caso de la industria de Hidrocarburos y de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, para la industria eléctrica.

A la promoción se deberá adjuntar la escritura pública que contenga el contrato, con sus anexos, entre los que destacan:

I. Acreditación de la personalidad de las partes.

II. Acreditación del interés jurídico de las partes.

III. Síntesis del proyecto a desarrollar.

IV. Constancia de interés para celebrar el contrato de uso y ocupación superficial entregada por el asignatario o contratista al titular de los derechos agrarios.

V. Aviso de inicio de negociación a la Secretaría de Energía si se trata de industria de Hidrocarburos o a la Secretaría de Desarrollo Agrario, si se trata de industria eléctrica.

VI. Superficie requerida y el plano correspondiente conforme a las normas técnicas del Registro Agrario Nacional.

VII. Tabuladores municipales emitidos por el Instituto de Administración y Avalúos y de Bienes Nacionales, considerando el valor comercial de la tierra.

VIII. En caso de que las partes lo hayan acordado, avalúo maestro y en su caso específico, emitido por un valuador del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales de la sección específica de reforma energética, que contenga los factores que resulten aplicables previstos en el artículo 104 de la Ley de Hidrocarburos y 77 de la Ley de la Industria Eléctrica.

IX. Documentales que acrediten el consentimiento de las partes contratantes.

X. En caso de ser necesario para el caso concreto, las evaluaciones de impacto social e impacto ambiental y el resultado de la consulta a comunidades pertenecientes a un pueblo indígena y en su caso el consentimiento previo, libre e informado.

Artículo 262. El Tribunal Agrario recibida la promoción podrá acordar:

I. Admitir la promoción y establecer fecha para audiencia la que deberá realizarse en un plazo de hasta 30 días hábiles, a la que deberán asistir el asignatario o contratista y el núcleo agrario, con sus representantes legales, con el objeto de garantizar que los titulares de los derechos ejidales o comunales, conozcan los alcances del proyecto, los posibles impactos positivos y negativos, el monto de la contraprestación por tierra y por bienes distintos a la tierra, la duración del contrato y la superficie que comprende. Invariablemente se citará a la audiencia a la Procuraduría Agraria para asesorar al núcleo agrario de que se trate.

II. Prevenir a la parte que presentó la promoción para que en el plazo de 8 días hábiles complemente la documentación presentada en su promoción inicial, con el apercibimiento que de no presentarla se dictará el archivo del expediente y se pondrán a su disposición las constancias originales aportadas.

Artículo 263. El Tribunal Agrario desahogará la audiencia de ley con la presencia de las partes contratantes, asistidas por sus representantes legales. En la audiencia el Tribunal Agrario se cerciorará del conocimiento que los representantes del núcleo agrario tengan sobre el contrato y sus alcances. En caso de que lo determine procedente, ordenará la publicación de un extracto del acuerdo alcanzado a costa del asignatario o contratista en un periódico de circulación local y en los lugares más visibles del ejido o comunidad, lo que deberá certificar con un notario público el asignatario o contratista.

Artículo 264. Cualquiera de las partes deberá acreditar al Tribunal Agrario la publicación del extracto del acuerdo, lo que una vez acreditado y que hayan transcurrido al menos 15 días de la primera publicación, el Tribunal procederá a emitir la sentencia que determine si es o no procedente la validación del contrato, la cual deberá de emitirse en un término de hasta 20 días hábiles, siempre que no tenga conocimiento de la existencia de un juicio pendiente que involucre los terrenos, bienes o derechos en cuestión.

Artículo 265. Contra la sentencia emitida, solo procederá el juicio de amparo. De no interponer dentro del plazo regulado, se declarará firme la resolución y se ordenará su inscripción en el Registro Agrario Nacional. Acreditado lo anterior se decretará el archivo del expediente como concluido.