Sociedad y minería en Villa Alta

En palabras de Luis Alberto Arrioja,¹⁰ dentro del obispado de Oaxaca, la alcaldía mayor de Villa Alta fue una de las jurisdicciones que concentró el mayor número de pueblos de indios. En cuanto a extensión territorial también fue de los distritos más grandes y uno de los más anhelados por comerciantes y funcionarios por su numerosa población india -en 1781 se contaron 46,496 indios-,¹¹ y por la elevada cantidad de recursos que se extraían de ésta. Muestra de ello es que entre 1750 y 1785 el cargo de alcalde mayor en dicha demarcación fue tasado en más de 5 mil pesos de oro. Ello significaba el doble o triple de lo que se pagaba por acceder a las alcaldías de Querétaro, Valladolid, Guanajuato, Puebla, Tehuacán o Cholula. Otro aspecto que caracterizó a Villa Alta fue que albergó en su seno 20 curatos, dos trapiches, dos haciendas y 110 pueblos de indios. Según Arrioja, las localidades nativas “concentraron el 99 % de la población residente, la cual se distribuyó en 5 territorios etnolingüísticas: zapotecos Cajonos, zapotecos bixanos, zapotecos nexitzos, mixes y chinantecos”. El mismo autor destaca que “los pueblos de Villa Alta no sólo se caracterizaron por ser las corporaciones civiles más representativas de la jurisdicción, sino también por ser los principales poseedores de la tierra y generadores de la riqueza material”.¹² La población originaria se distinguió por ser productora y comercializadora de algodón, mantas, grana cochinilla, vainilla y maíz. A ello se sumó el pago de sus contribuciones fiscales y obvenciones religiosas, con lo cual los indios fueron el eje de la economía regional a lo largo del periodo colonial.¹³

En este contexto, la única población española era la villa de San Ildefonso, conocida también como Villa Alta, cabecera de la alcaldía mayor. En ella, vivía un reducido número de españoles que en 1781 sumaron 64 individuos.¹⁴ Desde su fundación en 1526, Villa Alta fue un enclave hispano para controlar un amplio y accidentado territorio, fragmentado en múltiples corporaciones indias.¹⁵ La escasa población española dependió, en todo momento, tanto del trabajo como de los productos de los nativos para su subsistencia. Ello significó que los pueblos de indios mantuvieran el control de su territorio, a diferencia de lo que ocurrió en el valle de Oaxaca donde paulatinamente la población española adquirió porciones de tierra, aunque sin llegar a controlar grandes extensiones como en el centro y norte de México.¹⁶

En el siglo XVIII, la nobleza de origen prehispánico de los pueblos serranos se había diluido. Con la desaparición de los caciques tradicionales surgió una disputa por el control de los cabildos y de los bienes de comunidad entre una jerarquía emergente y los macehuales. Este conflicto tenía sus orígenes en el siglo XVI, pero las condiciones locales en el distrito de Villa Alta ocasionaron que tuviera lugar una gran confrontación en el periodo comprendido entre 1760 y 1820. En muchas localidades, los cabildos se convirtieron en campos de batalla entre partidos contendientes y grupos de diferentes estatus que peleaban por poder y privilegios.¹⁷

Los conflictos no sólo fueron al interior de las comunidades, también se registró un elevado número de pleitos entre los denominados pueblos cabecera y los pueblos sujetos.¹⁸ En otras palabras, las jerarquías entre las localidades se vieron alteradas de tal manera que el número de pueblos cabecera se incrementó de 50 en 1785 a 60 en 1805.¹⁹ Por si fuera poco, encontramos que durante el mismo periodo se registró un empobrecimiento de las familias y de las economías colectivas de los pueblos. Las razones de ello se encuentran, en opinión de algunos autores, en la crisis de los cultivos comerciales de las corporaciones indias -principalmente algodón, manufacturas textiles y grana cochinilla- y la “persistencia de las formas de explotación indígena”.²⁰

Respecto a los inversores mineros, el cambio o diversificación de actividades -entre las que estaba la extracción y beneficio de metales- fue una constante entre los comerciantes más importantes asentados en la ciudad de Antequera, principalmente a partir de las reformas borbónicas.²¹ La principal actividad minera al comienzo del siglo XVIII en Villa Alta se concentró en la región nexitza y en la zona denominada Cajonos. En 1729, se descubrieron minas en Solaga y Tabaá por Diego Benítez y Pedro Carrillo de Peralta, respectivamente. El yacimiento de Tabaá fue el más productivo de los dos, empleando a indios de varios pueblos bajo duras condiciones de trabajo. Al pueblo de Yojovi se le obligó a enviar de 15 a 25 mozos para las minas con un jornal de 2 reales que no incluía los alimentos. Posteriormente, en 1750, Vicente Flores registró una veta en términos de Tabaá, mientras que, en 1773, Francisco Gordon y Urquijo, vecino de Villa Alta y representante del comerciante de Antequera, Vicente Iturribaría y Urquijo, denunció siete nuevos yacimientos de plata -seis de ellos en Yalalag y uno en Solaga- aunque sólo dos de ellos fueron explotados. En la década de 1770, se observa el incremento de labores mineras en la jurisdicción a partir de la llegada a la provincia de Sancho Pizón como alcalde mayor. Varios escritos de Pizón fechados entre 1772 y 1773, dirigidos a los pueblos circunvecinos, pidiendo mozos para el trabajo en una de sus minas establecida en la zona de Talea, evidencian el intento de organización de un sistema de abastecimiento de mano de obra para el trabajo en los yacimientos mineros.²² Para 1793, Diego de Villasante, otro importante mercader de la ciudad de Antequera, descubrió otra veta en Solaga que comenzó a explotar con trabajadores de las localidades cercanas. El pueblo vecino de San Pedro Cajonos se quejó por el trabajo forzoso en dicha mina, puesto que no les permitía atender sus cosechas de grana cochinilla.²³

Una dinámica similar, e incluso más intensa, se localizó en la región nexitza. En las cercanías de San Miguel Talea, el capitán Andrés de Berdeja, procedente de Veracruz, comenzó a trabajar una mina en 1753, a través de su empleado Pedro Melgarejo. Berdeja recibió el apoyo del alcalde mayor en turno, quien obligó a los indios de los alrededores a trabajar en la mina, soslayando la oposición del cura local. La explotación duró sólo unos cuantos años, pues al finalizar la década de 1770 se encontraba abandonada. En los mismos términos de Talea, en un terreno cercano al río de la Cantera, se encontró la mina de mayor trascendencia en la jurisdicción. Se trató de la veta que fue registrada en su momento con el nombre de Santa Gertrudis, propiedad del teniente coronel del batallón de milicias provinciales de Antequera, Juan Francisco Echarri, quien comenzó a explotarla en 1777, junto con otras vetas más pequeñas llamadas Cerro, Barranca y Dolores. Posteriormente, el mismo Echarri y su hermano Juan Felipe se hicieron de otros yacimientos de diverso tamaño, siendo los más importantes unos de cobre ubicados en los pueblos serranos de San Mateo Calpulálpam e Ixtepeji. Junto con los hermanos Echarri aparecieron otros comerciantes españoles, asentados en la ciudad de Oaxaca, que se interesaron en la explotación minera, aunque no tuvieron tanto éxito como los primeros. Entre ellos, se encuentra Antonio Fernández de Añón, gallego residente en Tanetze, con minas en Talea, San Juan Juquila y Yatoni.²⁴ Por su parte, Ángel Reyes también denunció una veta cercana a la de Santa Gertrudis y el propio Echarri se asoció con Ignacio de Loperena para trabajar un yacimiento en términos de Yatoni en 1780.²⁵

El real de minas de Talea

El 25 de mayo de 1782, Juan Francisco Echarri escribió desde el Real de Talea una carta al virrey de la cual se sacó copia para el Tribunal de Minería. En ella, agradecía la llegada de azogue a Veracruz, “ingrediente tan necesario para el real a su cargo”. A continuación, exponía que con mucha fatiga, debido a las “ásperas montañas” y la carencia de gente con pericia en la materia, había empezado a “laborear” minas descubiertas por él desde el mes de noviembre de 1779. Enfatizaba que lo había hecho con tesón y “a costa de inexplicables desvelos, trabajos personales en instruir, vencer dificultades y muchos pesos” que desde entonces había gastado. Se vanagloriaba de no haber perdido “un pueble hasta la fecha” y que se mantuvo sin desmayo frente a las “fuertes borrascas” que se le presentaron, todo con “el fin de fundar e imponer a los del país 24 barreteros desde el real de Taxco”.²⁶ Señaló que con la misma constancia y esfuerzo había emprendido el año pasado de 1781 la construcción de una hacienda y sus oficinas para beneficiar metales.²⁷

La figura 2 contiene un mapa de 1785, realizado por el “geómetra de medir tierras, aguas y minas”, Manuel Antonio Jijón y Sivaja, con la ubicación tanto de las minas como de la hacienda Santa Gertrudis. A todo el conjunto se le conoció localmente como “las minas de Talea” o “Real de Talea”. La representación del complejo no deja duda del tamaño de la hacienda alcanzado cuatro años después de iniciada la obra, y de la extensión del número de vetas en las que se trabajaba de manera simultánea. Resulta evidente la intención que tuvo el coronel Echarri al mandar hacer un mapa en donde se viera la magnitud de los resultados, de su carácter emprendedor y pionero de la minería en el obispado de Oaxaca. Me atrevo a decir que hasta ese momento no se había visto nada igual en el extenso territorio oaxaqueño. En la imagen, destacan las obras de infraestructura para llevar el agua de los ríos a la parte de la hacienda donde se encontraba el mortero, así como a las minas. De igual forma, son notables los caminos que comunicaban a la hacienda, que ocupan la parte central de la composición del cuadro, con las seis explotaciones registradas y con los pueblos cercanos de Talea y Yatoni. A primera vista, se podría decir que la ubicación del conjunto tenía a la mano lo indispensable para funcionar: agua, mano de obra, caminos y, puesto que una de las características de las Sierra Norte zapoteca es la abundancia de bosques, mucha madera.

Fuente: Ministerio de Cultura y Deporte. ^{Archivo General de Indias (AGI)}, MP-MEXICO, 721.

Figura 2. Mapa de la ubicación de las minas y hacienda de Santa Gertrudis 

De regreso al contenido de la carta, Echarri insistió en que todo ello lo había conseguido “venciendo a costa de dinero los imposibles que les parecía a las gentes con justicia” y, por ello, esperaba que se le auxiliara con todo lo que se le ofreciera. Pero, en particular, solicitaba que se le dieran en Veracruz 150 quintales de los 26,500 quintales de azogue llegados a la Nueva España el 20 de abril de 1782. Recordaba que previamente había solicitado dicha cantidad de mercurio mediante su apoderado para ser embarcados hasta el paso de Guaspaltepec, distante 40 leguas de Talea.²⁸

Para demostrar la relevancia de su actividad minera y la urgencia de contar con el azogue para sacar la plata de los metales, indicó que se encontraba moliendo los minerales extraídos, desde el día 10 de mayo, “en mortero a doce mazos de agua”. Es decir que tenía su molino en su máximo nivel de labor.²⁹ Advertía que de no recibir el mercurio tendría más dificultades para seguir trabajando debido a lo difícil que era encontrar fondos para esa actividad por dos razones principales. La primera consistía que en esos “países y Oaxaca” tenían “sus gentes suma repugnancia y horror a la minería por los riesgos que se padece”. Abundó que cualquier emprendedor en la materia, como era su caso, veía reducido su prestigio al dedicarse o invertir en la minería. La otra dificultad que encontraba, y que le hacía sufrir eran las “sugestiones movidas a poca inteligencia de que no se les puede obligar a los arrieros, peones y demás pagándoles como es corriente y costumbre, los unos para el laborío y los otros para el acarreo de metales, víveres y demás necesarios desde Oaxaca”. En consecuencia, solicitaba que se enviara una providencia general para todos “los señores justicias eclesiásticas y seculares, y demás personas, las primeras y últimas, para que comprendan que es preciso y justicia el que se me den los auxilios, sin que perturben ni se mezclen, y a las segundas, para que me suministren”.³⁰ No obstante que obtuvo el mandamiento solicitado al virrey,³¹ el factor de la mano de obra fue su mayor dificultad en ese momento y sería el detonante del comienzo de un litigio contra él por parte de tres pueblos cercanos a la hacienda de Santa Gertrudis.³²

Como se indicó previamente, entre 1781 y 1782, se suscitó un desacuerdo entre el minero Echarri y un grupo de pueblos por el número de mozos requeridos para el trabajo en las minas y hacienda de Santa Gertrudis. Tal situación devino en dos actuaciones judiciales en paralelo registradas entre junio y julio de 1782. La primera corresponde a la queja de los pueblos de Tabaá, Yojovi y Solaga por las vejaciones sufridas durante las labores en la hacienda de beneficio Santa Gertrudis, que se presentó en la Audiencia de México a mediados de junio.³³ La segunda corrió a cargo del coronel Echarri ante el juzgado de Villa Alta a finales de julio, reclamando la falta de suficiente mano de obra.³⁴ El trabajo sistemático, intenso, desgastante y riesgoso, tanto en la extracción de los minerales como en el beneficio de éstos, generó el rechazo de varios pueblos a las cantidades de operarios exigidas por el dueño y los administradores. Pueblos como San Juan Juquila se opusieron abiertamente a enviar trabajadores, mientras que otros, como Yaeé optaron por acudir al tribunal local para quejarse de los abusos que sufrían en las minas.³⁵ En el siguiente apartado se abordará con profundidad la denuncia de Tabaá, Yojovi y Solaga que, gracias a lo explícito de sus descripciones sobre las condiciones laborales en la hacienda de beneficio, nos permite una aproximación al complejo sistema de tandas de repartimiento y el descontento que ocasionó su funcionamiento entre varios de los pueblos cercanos al complejo minero.

Las vejaciones de Echarri y sus asociados

El 14 de junio de 1782, el procurador de indios Mariano Pérez de Tagle, mediante el licenciado Juan José Tato y Anza, presentó un recurso en la Audiencia de México a nombre de las repúblicas, común y naturales de los pueblos de San Andrés Solaga, San Juan Tabaá y Santo Domingo Yojovi.³⁶ Se exponía que con motivo de haber iniciado el coronel Juan Francisco Echarri el trabajo en una mina colindante con las tierras de las tres localidades y que estaba desierta, nombrada Santa Gertrudis, a finales del año de 1781, “son tantos los perjuicios y vejaciones que reciben que no pudiendo ya sufrirlos, resolvieron hacerlos presentes y ocurrir” a la Audiencia para que les proveyera de un alivio. A continuación, se describieron los padecimientos: el primero era ser forzados a padecer un “trabajo insoportable a sus débiles fuerzas” y al que no estaban acostumbrados, como era el trabajo con la barreta, en el mortero, transportar cargas que pesaban de seis a ocho arrobas y otros tantos de “ese tenor”. La segunda queja era que los tenían trabajando desde el amanecer hasta la noche, con la posibilidad de continuar al día siguiente, recibiendo a cambio “el corto jornal de dos reales”. Detalló que había algunos que por “escaparse de que los pongan a velar, se van a sus casas antes de que se les raye”. Es decir, que habiendo trabajado todo el día no esperaban la hora de la paga para evitar que los emplearan en la jornada siguiente. Un tercer aspecto era que si alguno dejaba de trabajar o cometía alguna falta, se le castigaba y se le ponía un grillete para que laborara principalmente en el mortero. Según los propios indios, éste era uno de los trabajos más pesados por el sofoco que causaba el polvo que se producía al moler las piedras. Se enfatizaba que debido a ello murieron dos trabajadores que antes de expirar habían escupido sangre mezclada con dicho polvo, mientras que otros se encontraban enfermos en cama sin poder trabajar.

El cuarto disgusto es “el despotismo” con que se manejaba el “dicho don Juan de Echarri” y sus dependientes, Ignacio de Loperena e Ildefonso de Gazariain, dos españoles que administraban las minas y la hacienda respectivamente. Según la denuncia, todos ellos se dirigían a las repúblicas con la misma autoridad que el alcalde mayor. De tal forma que no había diferencia entre los mandamientos de estos últimos y los del dicho justicia local. Se detalló que la severidad de sus palabras aumentaba con cada uno de los apercibimientos y amenazas expresadas a las autoridades de los pueblos. Se dirigían a éstos “como si fueran sus más viles esclavos”. Todo ello, indicaba el procurador, está acreditado en “los cuarenta y seis mandamientos librados, los más en menos de dos meses”. Tal exigencia suponía que debían estar “solamente dedicadas las dichas repúblicas al servicio y órdenes del dicho Echarri y sus administradores, habilitándolos con cuanto se les ofrece” y con la amenaza del castigo en caso de no cumplir con ello rápidamente.³⁷

Cabe precisar que de los referidos 46 “mandamientos” sólo se encuentran en el expediente 37,³⁸ de éstos, ocho están firmados por el coronel Echarri y los 29 restantes por Ildefonso Gazariain, quien era el maestro azoguero. Los siete faltantes parecen haberse perdido en el ir y venir de los documentos entre la Ciudad de México, Oaxaca y Villa Alta. Sin embargo, por referencias a éstos en el expediente, sabemos que uno de ellos era de la autoría de Echarri y los demás de Loperena y Gazariain. Los mensajes escritos permiten observar la relación establecida entre estos tres pueblos, vecinos del real de Talea, y el coronel Echarri y sus asociados. Como se observa en la figura 3, la cercanía de Tabaá, Yojovi y Solaga a la hacienda Santa Gertrudis es la causa de la constante demanda de indios de estos pueblos por parte de Echarri. En rojo, están los tres pueblos cabeza del pleito contra Echarri; y, en color naranja, el resto de pueblos que, como se verá más adelante, se sumaron al pleito contra este último y que trabajaron, principalmente, en el desagüe de las minas que abastecían la hacienda de beneficio. En azul, aparece el pueblo de Talea, al que asociamos a Echarri y del que ya se hablará más adelante.

Fuente: elaboración propia sobre datos del mapa de la Intendencia de Oaxaca. ^Alcauter, Subdelegados, y subdelegaciones 227.

Figura 3. Mapa de la ubicación de la hacienda Santa Gertrudis y de los pueblos litigantes, 1782 

Volviendo a los mensajes, las fechas de éstos van desde septiembre de 1781 hasta junio de 1782, abarcando un periodo de 10 meses que corresponde a las obras de ampliación de la hacienda Santa Gertrudis. Sobre la veracidad de los datos contenidos en ellos, cabe indicar que tanto Echarri como Gazariain confirmaron ser sus autores.³⁹ Por tanto, fue posible corroborar las acusaciones presentadas por los tres pueblos litigantes y contextualizarlas tanto en el escenario de la actividad minera como en el de la sociabilidad de los grupos autóctonos y las relaciones entre sus pueblos.

En la figura 4, se muestra una tabla con la información sintética del contenido de los referidos escritos, donde lo primero que salta a la vista es que el pueblo de Tabaá fue el que más mensajes recibió (18), después aparece Solaga (10) y en último lugar Yojovi (7). Ello se debía a que San Juan Tabaá era el pueblo cabecera en el que residía un cura y al que estaba sujeto San Juan Yojovi y Solaga.⁴⁰ Salvo en el caso concreto de un barretero de Solaga, los demás operarios eran enviados para el trabajo en el mortero de la hacienda, como peones de albañil, arrieros, cargadores de diversos materiales de construcción y abastecimiento de los materiales necesarios para el beneficio de los metales. Como se puede ver en la figura 4, en la primera semana de abril de 1782, Echarri y Gazariain solicitaron trabajadores a los tres pueblos de manera simultánea, día tras día, llegando a sumar un total de 24 mozos de Yojovi y Tabaá el 4 de abril de ese año. Si sumamos todos los que pidieron entre los días 2 al 5 de abril resulta la cantidad de 59 trabajadores, que representaban alrededor del 14 % de los tributarios que había en las tres localidades.⁴¹ De ahí que los meses de abril y mayo resultan ser los de mayor demanda de trabajadores y de mulas. Cabe destacar que sólo se encuentra una remisión de 14 mulas y siete mozos del 3 de abril de 1782, por parte de Solaga, que sí correspondió con lo solicitado por Gazariain (véase figura 4).

El primer mensaje de Ildefonso Gazariain, con fecha del 6 de septiembre de 1781, pedía al pueblo de Tabaá 12 mozos y advertía que “no sea como esta semana que no ha venido en toda ella más que 8”, de no cumplir tomaría medidas. ¿Cuáles serían esas medidas? En la siguiente esquela del 10 de octubre de ese mismo año encontramos la pista, entonces reclamaba a los justicias que no había ido ninguno de los 12 peones solicitados para esa semana, sin importar las órdenes del alcalde mayor. Enfatizó que “de no mandarme todos los demás días los 12 peones comunicará al alcalde mayor su inobediencia para que los castigue”. El castigo infringido fue el apresamiento de las autoridades de los pueblos de indios y el forzarlos a trabajar en la referida hacienda. El hecho más grave ocurrió el 3 de junio del siguiente año, cuando Gazariain había requerido peones para la hacienda Santa Gertrudis a los de Tabaá. El gobernador y otros oficiales de república respondieron que sus paisanos no querían ir temerosos de que “no les acaeciera lo que a otros que murieron por el polvo del mortero”. Acto seguido, Echarri fue a ver al alcalde mayor y éste los mandó llamar. Las autoridades de Tabaá se presentaron ante el juez, quien les quitó las varas y los “puso en la cárcel interin venían los ministros que los llevaran a la hacienda o mina lo que a poco se verificó llevando amarrados al gobernador, el alcalde, el escribano y a otros dos principales de la república, a los cuales se pusieron a trabajar unidos a una cadena”. Mientras tanto, a otro alcalde se le reservó para que “fuese al pueblo a mandar la gente a la mina y que luego se regresara a Villa Alta”. Sin embargo, nadie de los hombres del pueblo quiso ir y dicho alcalde dejó la vara de mando “y huyó con tal de que no le ocurriera lo mismo que a las otras autoridades”.⁴² No sólo el alcalde se ausentó, sino también todos los adultos hombres. Así lo relató Luciano Solano, indio principal del barrio de Analco, quien había sido enviado a Tabaá por el alcalde mayor para hacer la averiguación y al llegar sólo se encontró con las mujeres del pueblo.⁴³

El propio Gazariain daba cuenta de tales hechos en la última esquela dirigida al pueblo de Tabaá con fecha del 5 de junio de 1782, en la que se ordenaba al único alcalde libre que fuera a su pueblo para remitir 10 mozos para el trabajo en la hacienda y con ello se liberaría de la prisión del gobernador y demás justicias de Tabaá. Recalcó el administrador que si se resistían a ir, dicho alcalde tenía la obligación de enviarlos, si era preciso amarrados “al igual que él [el alcalde] llegó de Villa Alta, y aquí les daré yo el castigo que se merecen como el rey manda y tiene dispuesto en las reales ordenanzas”. Además, señaló, en respuesta a la resistencia, para ese momento, ya frontal de las autoridades de Tabaá, que “ante la duda puesta si las minas y hacienda son del rey que vayan a la Villa [Alta] o a México a informarse y allí les darán la respuesta con castigo”.⁴⁴

Por su parte Echarri, un par de semanas antes que Gazariain, el 17 de mayo, también había reclamado a los justicias del pueblo de Solaga su “inobediencia de venir a este real por tres ocasiones que os ha llamado mi administrador don Ildefonso Gazariain, disculpando os con vuestro señor cura”. Con cierta desesperación indicó su sorpresa de que el clérigo “vaya contra las órdenes apretadas del rey y el señor alcalde mayor”. Y recalcó que este último “os tiene intimados y así sin que haya excusa ni pretexto os espero esta tarde o mañana a la madrugada para que acordemos seguir en paz o en su tarde tomaré las providencias contra vosotros que el rey me tiene dictados”. Finalmente, se quejó de que ese día sólo habían asistido 10 mozos de los 17 que se habían prometido, y el día anterior ninguno, cuando le habían asegurado el envío de 12 trabajadores. Fastidiado, les increpó de haberlo engañado y sentenció que los dos mayores provenientes de ese pueblo quedarían “asegurados trabajando”.⁴⁵ Finalmente, indicó que éstos, lejos de confesar la culpa “que les echáis dicen que vosotros sois los que no dan las providencias de surtir las remesas a esta hacienda y que miráis con desprecio los mandamientos”.⁴⁶

Éste fue el momento de ruptura de una relación tensa entre Echarri y los habitantes de Tabaá, Yojovi y Solaga. Si bien las reticencias a cumplir cabalmente las necesidades de mano de obra de la hacienda fueron continuas desde el inicio de su construcción en 1781, ello no implicó el rechazo total a esa actividad, puesto que siempre mandaron algunos de los trabajadores que les pedían. Pero nueve meses después, los justicias y los comunes de los tres pueblos acordaron no aportar más gente a un sistema laboral que, a su modo de ver, consumía una considerable fuerza de trabajo de sus localidades en tanto corporaciones con intereses propios, entre los que no se incluía trabajar en la hacienda bajo las condiciones establecidas por Echarri.

Los tres pueblos asociados buscaron alivio a la presión ejercida por Echarri, para ello, lo más inmediato, era acudir con el alcalde mayor, Francisco Marty. Pero sabían que no obtendrían una respuesta satisfactoria en esa instancia debido a que el juez local respaldaba completamente a Echarri y su empresa minera. Tal situación quedó registrada en varios requerimientos de la Audiencia sobre el caso, a los que Marty respondió que jamás había tenido noticia de “pendencias y desórdenes”, como resultado del buen desempeño del coronel Echarri “y a la distribución y estilo suave y medido que observa en todos asuntos”. Francisco Marty disculpó a los administradores Gazariain y Loperena del tono empleado por éstos en las esquelas enviadas a los pueblos. En su opinión, habían sido redactadas estando “exasperados de ver que les hacían tan continuas fallas en el trabajo”, ocasionando con ello “el perjuicio que les inferían de tener parada la obra de las oficinas que estaban construyendo y pagar por entero a los albañiles sus jornales y otros oficiales que, por falta de peones no podían trabajar”.⁴⁷

Frente a esta circunstancia, las autoridades de los tres pueblos organizaron el acopio de un fondo para costear el litigio mediante un apoderado que los representara ante la Audiencia de México. A decir de Francisco Marty, el dinero para sostener el pleito en la Ciudad de México provino de la manufactura intensiva de mantas por parte de las mujeres de las tres localidades. Varios testimonios de agentes del alcalde mayor y de las propias autoridades litigantes indicaron que se había encargado a cada casado dos, cuatro, seis y ocho mantas.⁴⁸ Seguramente, también contribuyó a ello el contar con bienes de comunidad y con cierto caudal en la cajas de comunidad, aunque de estos datos no se han encontrado los registros documentales.

Como ya se mencionó al inicio de este apartado, el apoderado Tato y Anza de los pueblos denunciantes presentó el 14 de junio los hechos vejatorios ante dicho tribunal a través del procurador Pérez de Tagle. A su vez se entregaron las esquelas de Echarri y Gazariain dirigidas a los pueblos denunciantes como pruebas de los hechos acusatorios. Se le requirió a Echarri un apoderado para seguir el juicio y éste nombró a José María Estrada. El siguiente paso fue el nombramiento de un comisionado para que hiciera las diligencias indagatorias en Villa Alta. Se designó a uno de los alcaldes ordinarios de primer voto de la ciudad de Oaxaca, que fue Mariano Mimiaga. Éste se presentó en Villa Alta ante Francisco Marty, el 29 de julio de 1782, con el fin de notificarle la comisión y que le brindara su apoyo como juez local. Sin embargo, Marty se mostró en desacuerdo y se negó a permitir que Mimiaga procediera a realizar la citación de los testigos. El alcalde mayor argumentó que acababa de realizar otro procedimiento a favor de Echarri, por mandamiento del virrey Martín de Mayorga con fecha del 29 de junio de 1782, en el que se dictaba que los pueblos de indios tenían la obligación de trabajar en las minas cercanas a sus pueblos.⁴⁹ En esas circunstancias, Francisco Marty pidió la suspensión de la comisión de Mimiaga en tanto se consultaba a la Audiencia cómo debía actuar en tal circunstancia, pues, a su parecer, eran contradictorios ambos procesos legales.

Por su parte, Mimiaga insistió en que se debía obedecer el mandato de la Audiencia y que era la obligación del referido alcalde mayor fungir de aval para que cumpliese el objeto de su comisión que consistía en tomar la declaración de testigos nombrado por cada una de las partes. Francisco Marty no se dejó convencer y mantuvo su negativa, después argumentaría que su mayor preocupación fue el percibir un ambiente de mucha tensión entre los pueblos. Expresó que había visto el orgullo que infundió en los indios la llegada del comisionado a la Villa Alta, relató que

Luego que se verificó se cantaban ya los naturales de Tabaá como triunfantes y convocaban a los demás para que se arrimaran a su partido, en desprecio de la justicia y del respeto que deben a mi parte como a su alcalde mayor, de manera que ya celebraban juntas sigilosas y nocturnas y echando derramas como lo justifican las cartas escritas, […] y se habían persuadido a que con la formación y diligencias que iba a practicar el comisionado, quedaban totalmente exonerados del trabajo en dichas minas.⁵⁰

Al carecer del apoyo del alcalde mayor, Mimiaga no realizó las diligencias para disgusto de Tabaá, Yojovi y Solaga. Posteriormente, mandó un informe a la Audiencia en el que manifestó que el alcalde mayor se había opuesto tajantemente a la práctica de las diligencias puesto que creía que ello daría pie a una sublevación. Es probable que el temor de Francisco Marty a un estallido violento estuviese fundado y no fuera sólo un argumento para bloquear la comisión de Mimiaga. Aunque no llegó a ocurrir un evento de esas características, en los meses posteriores a la visita del comisionado sí hubo reacciones violentas en contra de los encargados de suministrar las tandas de repartimientos en otros pueblos. Se tuvo noticia de que en los pueblos de Tiltepec y Jozaá (Yosaá), el mozo enviado por el alcalde mayor para gestionar la asistencia de trabajadores fue amarrado y puesto en la picota. Algo similar le ocurrió al ministro del juzgado de Villa Alta, Antonio Solano, en una visita a San Juan Juquila, para insistir en que mandaran a la gente que por tanda de repartimiento les tocaba aportar a la mina de Talea. Después de una discusión con uno de los alcaldes, que devino en un intercambio de golpes, fue sometido, apresado y puesto en la picota por los justicias frente a todo el común de dicho pueblo. En ambos casos, los enviados del alcalde mayor fueron liberados y lograron regresar a Villa Alta donde brindaron su testimonio.⁵¹ Resultado de la comisión frustrada de Mimiaga, paradójicamente, fue que ocho pueblos, incluidos en el sistema de tandas de repartimiento para el real de Talea, se sumaron al litigio contra Echarri: Tanetze, Juquila, Yagayo, Lachichina, Yaeé, Lalopa, Yotao y Cacalotepec (véase figura 5).⁵²

Fuente: Elaboración propia con datos de ^AGN, Civil, vol. 1607, exp. 6, 1782-1786.

Figura 5. Esquema del litigio de Tabaá, Yojovi y Solaga contra el coronel Juan Fco. Echarri, 1782-1786 

El esquema de la figura 5 nos muestra las partes en conflicto y los escenarios en los que actuaron los involucrados, cada una de ellas se identifica por los colores: el rojo es la parte acusatoria; el azul la parte acusada; y la gris, en tanto sector teóricamente neutral, son los tribunales españoles -integrada por la Audiencia de México y el juez local que sustituyó a Francisco Marty-. La línea punteada de color amarillo divide los dos ámbitos de acción a lo largo del pleito: la sección inferior representa la provincia de Oaxaca y la alcaldía mayor de Villa Alta, la superior alude a la Ciudad de México. En la primera, tuvo lugar el desencuentro de los pueblos con Echarri, con sus asociados y con Fernando Marty. Es el escenario de la confrontación directa entre las partes en conflicto que abarcó desde el juzgado local, los pueblos y su territorio hasta el complejo minero y la ciudad de Oaxaca. Mientas que el segundo plano corresponde al terreno del litigio en la Audiencia de México mediante representantes.

Los pueblos de Tabaá, Solaga y Yojovi ocupan el cuadro rojo situado al centro del esquema por ser quienes iniciaron el litigio, al que se sumaron después Tanetze, Yaeé, Juquila, Yotao, Yagallo, Lalopa y Cacalotepec. Éstos aparecen en el segundo cuadro a la izquierda del primero. Por encima de ellos están colocados los apoderados de los referidos pueblos: en Oaxaca José Antonio de Quero, y en la Ciudad de México José Tato y Anza, además del procurador Mariano Pérez de Tagle. El minero Echarri y sus asociados -Ignacio de Loperena e Ildefonso de Gazariain- están en el cuadro azul ubicado al centro de la figura, a su derecha se ubica Talea como aliado de éstos. No se registró en esa época queja alguna en contra de las inversiones mineras por parte de este pueblo. En cambio, hay constancia de que aportó mano de obra especializada al complejo minero de Echarri. En febrero de 1782, el coronel Echarri había solicitado al juez local la inspección de sus minas para cumplir con las ordenanzas de minería. Para esa tarea, se nombraron tres peritos vecinos de Talea: Benito José Hernández, Ventura Francisco y José de Leyva. Todos se identificaron como barreteros y los dos primeros eran autoridades del pueblo de Talea. José Hernández era el gobernador, mientras que Ventura Francisco, alcalde.⁵³ Por otro lado, en los registros de minas descubiertas, en 1782, por Fernández de Añón, cercanas a Talea, se asentó la participación entusiasta de sus autoridades en el reconocimiento de éstas.⁵⁴ Estos elementos indican una posición favorable a la minería no de todo el pueblo, pero sí por parte de algunas autoridades.⁵⁵

Volviendo al esquema, por encima del recuadro está Francisco Marty, quien fue alcalde mayor de Villa Alta hasta inicios de 1784. Hasta que no fue presentada la denuncia contra Echarri, Marty había delegado completamente a éste y a sus dependientes la gestión de las tandas de repartimiento. Intervino para forzar a los pueblos a cumplir con los requerimientos del trabajo en el complejo minero de Talea. A principios de 1783, cuando se vio superado por la situación y como respuesta a las múltiples quejas de los pueblos, Marty pidió autorización a la Audiencia de México para nombrar un “sujeto que en calidad de juez de las minas entienda en todo cuanto su necesidad, con instrucción y facultades necesarias para su más cabal manejo”.⁵⁶ Con ello, intentó hacerse a un lado de la gestión del conflicto. Finalmente, se ubican los apoderados de Francisco Marty y de Echarri, puesto que la Audiencia estableció su asociación como acusados cada uno presentó el suyo. La línea negra gruesa con rayas transversales significa la confrontación entre los pueblos y el minero Echarri, mientras que las verdes indican la asociación entre los componentes de cada una de las partes. Finalmente, las líneas negras con flechas muestran el vínculo entre los actores locales y sus representantes en la ciudad de Oaxaca y en la Ciudad de México.

El desenlace, la negociación mediante un nuevo alcalde mayor

A finales de diciembre de 1782, la Audiencia de México determinó que Francisco Marty no tenía razón alguna para suspender la comisión a cargo de Mimiaga. Estableció que el despacho librado por el virrey a favor del repartimiento de operarios para las minas y hacienda de Echarri se había dictado un mes después del recurso presentado por los indios. Prueba de ello eran las fechas de los papeles y mandamientos que para esto expidieron Echarri y sus mayordomos y administradores. Tal situación no exculpaba al alcalde mayor de su responsabilidad de haber delegado en Echarri y sus sirvientes la facultad de obligar y apremiar a los indios al trabajo en la hacienda. Se manifestó la sorpresa por la actitud del alcalde mayor “que sin entender, ni ser parte en el asunto […] haya procurado con tanto empeño y ardor impedir la práctica de aquellas diligencias”. La resolución señaló que el propio Echarri no había hecho tantos esfuerzos como el referido Marty, cuando como juez local “debía amparar la justicia, y a los indios como que las leyes ponen también a su cargo la protección y bien de ellos”. Por tan “graves fundamentos” se ordenó llevar a cabo las diligencias mandadas por el auto del 28 de junio de 1782 y se impuso una multa de mil pesos que debían pagar de manera conjunta el coronel Echarri y Francisco Marty por sus excesos aplicados en la forma ordinaria y en las “costas devengadas por el comisionado Mimiaga en el viaje y diligencias que practicó a consecuencia de la referida real provisión”.⁵⁷

La mencionada comisión no se efectuó hasta septiembre de 1784 debido a varios factores. El primero fue por las recusaciones que hicieron ambas partes de los comisionados sugeridos. Echarri recurrió el nombramiento de Mimiaga con el argumento que este último no era imparcial al ser familiar de un contrincante suyo en otro pleito sobre el derecho de otras minas en el mismo real de Talea. Por su parte Tabaá, Yojovi y Solaga se opusieron a que participara de esa comisión el alcalde mayor de Teotitlán del Valle, Juan Antonio Goitia, por ser un socio de Echarri en varios negocios. A ello se sumó que en 1783 terminó el periodo de Marty como alcalde mayor. Una vez que se nombró al nuevo juez, Pablo de Ortega, éste retomó el caso y procedió a realizar las averiguaciones él mismo sin requerirse para entonces a un comisionado externo. Se dio por hecho la neutralidad del nuevo juez local. Declararon ante Ortega un total de 12 testigos, todos indios, aportados por la parte de Tabaá, Yojovi y Solaga. Para entonces, los referidos pueblos se quejaron, ante tal dilación del proceso judicial, que se les habían terminado sus fondos para sostener el litigio. Ortega dejó constancia de que con el fin de ayudar a concluir el caso, no cobraría por efectuar las averiguaciones y pondría de su bolsillo el costo del papel. Finalmente, en octubre de 1784, la Audiencia estableció un nuevo repartimiento de acuerdo a las ordenanzas vigentes. Se regularon las cantidades de mozos que debían aportar los pueblos respecto a su número de tributarios, que no debía pasar del 4 %. Además, se estableció que se les debía de pagar dos reales por los trayectos de cinco leguas que tuviesen que realizar desde sus pueblos hasta el real de Talea.⁵⁸

En la figura 6 se muestra una tabla con el número de tributarios por pueblo y la distancia que había desde los distintos pueblos al real de Talea. Éstos estaban divididos en dos grupos: uno de 19 localidades, encargado de aportar mozos a las minas; y otro de 15, dedicado a enviar operarios a la hacienda de beneficio Santa Gertrudis. El alcalde mayor, Pablo Ortega, quien recopiló y organizó los datos de la tabla, informó que para el año de 1784, se había reducido del 4 % al 2 % de tributarios por “no necesitarse más”.⁵⁹ Ello se tradujo, en ese momento, en una disminución en el real de Talea de 137 a 69 operarios, es decir, un poco más de la mitad de los años anteriores.

Resulta complicado saber con precisión cuántos trabajadores aportaban todos los pueblos involucrados en la actividad minera antes y después del litigio iniciado por Tabaá, Yojovi y Solaga. Sólo es posible tener más detalles respecto el flujo de trabajadores por parte de estos tres pueblos. Los datos de la tabla de la figura 4 muestran que el requerimiento de indios y de mulas varió según las necesidades no sólo de Echarri y Gazariain, sino también de los propios pueblos. El periodo que comprende desde la primera esquela hasta la última es un lapso de tiempo extraordinario. Cabe indicar que fueron unos meses de intensa actividad en la hacienda debido a las obras de consolidación de sus infraestructuras. Recordemos que, en promedio, hasta junio de 1782, llegaron a enviar 12 mozos en un día, sin incluir las mulas. Después del litigio, esa cantidad se redujo a tres o cinco trabajadores para Tabaá, dos o tres para Yojovi y de cuatro a ocho para Solaga.

Es de suponer que la premura por terminar las obras en la hacienda de beneficio correspondía no solamente a la avidez por obtener riquezas, sino también a la cercanía de la temporada de lluvias. Este factor influyó de igual forma en la necesidad de operarios para las minas que trabajaran día y noche en el desagüe de las diferentes catas. De ello dejó constancia Gazariain, quien había manifestado al alcalde mayor que las persistentes ausencias de los indios tanto en los turnos de día como de noche provocaban que se detuvieran “los desagües de las precitadas minas, y en esta hacienda [la] lavada de metales estando ya aptos para ello, si los hombres que habían de ejecutarlo de noche, no remudan a los de día o al contrario, es de grave prejuicio para el dueño de las minas, pues con solo una noche o día que se falte al desagüe de ellas, en mucho tiempo no se podrán sacar los metales de sus labores”.⁶⁰ Tal era la perspectiva de la parte de Echarri, donde se reflejaba el grado de incertidumbre y riesgo que caracterizó las explotaciones mineras en Oaxaca. Aunado a lo anterior, estaba presente también la idea de progreso y del beneficio económico para la Corona. De igual forma, se pretendía activar mediante las inversiones mineras a ese sector de la población originaria que, a ojos de los comerciantes españoles de Oaxaca, estaba en la “ociosidad”. Sacarlos de ese estado justificaba moralmente obligarlos a trabajar bajo condiciones de riesgo y de explotación sistemática.

Cabe decir que en el tiempo que duró el proceso judicial en la Audiencia de México, se intuye que los trabajos en la hacienda de beneficio si no se detuvieron completamente, sí se ralentizaron considerablemente por la total ausencia de trabajadores que los tres pueblos litigantes aportaban. Por otro lado, cuando los pueblos que trabajaban en las minas se sumaron al pleito en 1782, el trabajo continuó a marchas forzadas, y algunos de los barreteros traídos desde Real del Monte tuvieron que hacer las labores de desagüe de las vetas. Echarri y sus asociados se quejaron de que se veían obligados a pagar más por ese trabajo a los barreteros que a los indios. Lo que significaba un gasto mayor y además había provocado que un par de ellos se volvieran a su lugar de origen. Todo ello habría provocado una disminución en la producción de las vetas.⁶¹

No es posible tener una idea de qué tanto se alivió la carga laboral después del pleito para los 35 pueblos. Sin embargo, Tabaá, Yojovi y Solaga sí lograron disminuir el número de hombres ocupados en la hacienda. Estas cifras reflejan un ajuste en el número de trabajadores de acuerdo al tamaño de su población. Como bien señaló Chance, los referidos pueblos no lograron su mayor objetivo que era librarse del trabajo en la hacienda,⁶² pero sí lograron aligerar la carga de trabajo. Además de la acción legal, ello pudo deberse también al agotamiento de las vetas, a la demora en el hallazgo de nuevas y a la falta de azogue y de otros insumos.⁶³ El propio alcalde mayor, Pablo de Ortega, señaló, en su informe de 1784, sobre las nuevas tandas de repartimiento esta disminución de trabajadores, aunque no dio una explicación de ello.⁶⁴

Von Mentz aporta un panorama sobre la relación entre los pueblos cercanos a las minas y los propietarios de éstas en el siglo XVIII, al que se inscribe el caso aquí tratado. La autora indica que ante las múltiples quejas de las autoridades indias, los tribunales españoles trataron de menguar los malos tratamientos, pero matiza que sólo algunos pueblos lograron librarse del trabajo en las minas. Señaló que “el descontento popular creció mucho, los gobernadores se vieron enfrentados a sus vecinos y se resintió profundamente en esos pueblos esta nueva disposición que consideraban injusta por nueva y porque nunca había sido tan numeroso el reclutamiento”.⁶⁵ Lo que sucedía en un real de minas afectaba de una manera directa a las localidades cercanas. Para el distrito de Villa Alta, una de las consecuencias más notables fueron las divisiones en el seno de los pueblos a raíz del trabajo en las minas y haciendas de beneficio. Veamos dos ejemplos.

A inicios de 1784, tuvieron lugar las elecciones para nuevas autoridades en el pueblo de Tabaá. El gobernador y dos alcaldes electos se opusieron a continuar con el pleito contra Echarri, no siguiendo los deseos de una facción del común del pueblo. En consecuencia, se les destituyó del cargo y se procedió a nombrar a otros oficiales de república. Sin embargo, éstos no fueron reconocidos por el alcalde mayor quien, ante la queja de los destituidos, los reinstaló en sus oficios.⁶⁶ Como señalamos antes, el costo por mantener el litigo en la Audiencia de México era elevado y generaba una presión extra para los habitantes de Tabaá. Es por ello que una parte de sus vecinos, después de dos años de conflicto, ya no querían seguir costeando un procedimiento legal sin lograr que se obtuviera una sentencia que los librara por completo del trabajo en el real de Talea.

Otro caso es el de Lalopa, que junto con otras localidades se sumó al pleito con Echarri en agosto de 1782. En 1787, el común y naturales de ese pueblo, quienes llevaban desde 1777 trabajando para Echarri, presentaron una denuncia ante el alcalde mayor en contra del grupo de principales y oficiales de república por haberse evadido en los últimos años del trabajo en las minas, con el argumento de que ellos no estaban obligados a realizar esas tareas.⁶⁷ Llama la atención el testimonio aportado por los macehuales de Lalopa sobre cómo fue cambiando la dinámica laboral en torno a las minas durante la década de 1780. Señalaron que al principio habían concurrido todos los hombres del pueblo, pero al paso del tiempo empezaron a poner pretextos de estar enfermos para no ir a las minas aquellos que tenían un cargo en el cabildo. El resto tuvo que pagar a los llamados “valientes”, una suerte de trabajadores que suplían a los imposibilitados en las tandas de repartimiento a cambio de un pago de seis a ocho reales.⁶⁸ Se podría hablar, en este caso, de una especialización del trabajo para ese grupo de indios mineros. También es notoria la existencia de barreteros de Talea. Este dato, junto con el papel desempeñado por sus autoridades durante el litigio a favor de Echarri, indica que hubo pueblos que siguieron la estrategia de incorporarse activamente a la minería aprendiendo ciertos oficios requeridos.

Comentarios finales

La explotación minera del coronel Echarri y sus asociados provocó divisiones dentro de los pueblos entre los que acudían de manera voluntaria a trabajar, los que se oponían y aquellos que, aprovechándose de su estatus social elevado, evadían esa obligación. Por otro lado, encontramos dos posiciones contrapuestas en relación con la presencia de los mineros españoles: una asociada al pueblo de Talea que se mostró dispuesta a colaborar con éstos, y otra que se manifestó reticente a participar en el trabajo de sus vetas y haciendas, encabezada por Tabaá. Esta dicotomía podría enmarcarse en un juego de alianzas y rivalidades entre pueblos vecinos. A finales del siglo XVII, Talea intentó separarse de la doctrina de Yaeé y, a mediados del siglo XVIII, tuvo un pleito por tierras con sus vecinos de Yatoni y Tabaá.⁶⁹ Se observa por parte de Talea una lucha para posicionarse de manera independiente tanto en el ámbito espiritual como en el terrenal en las décadas previas al impulso minero borbónico.

Por su parte Tabaá, como cabeza de doctrina, estaba interesado en mantener su jerarquía en relación con sus pueblos sujetos de Yojovi y Solaga y a su vecino Talea con el que había tenido una disputa territorial. Ello podría explicar su postura de abierta confrontación con Echarri, sus asociados y el alcalde mayor Francisco Marty. El litigio le brindaba una oportunidad de cohesionar tanto a su vecindario como a sus localidades subordinadas en torno a un problema externo. A ello se sumaría que la posibilidad de ganar el pleito a Echarri, asociado a Talea, se habría traducido en ganarse el prestigio regional de una corporación política que sabía defender sus intereses con determinación y efectividad. En este escenario, Echarri y su complejo minero se insertaron en una dinámica de conflictos locales preexistente, marcada por las tensiones entre grupos de poder emergentes dentro de los cabildos indios y la separación de pueblos sujetos de sus cabeceras. Respecto al impacto social de la minería en términos de descontento, éste se mantuvo a lo largo del pleito, pero, a partir de 1784, se transformó en una discordia al interior del pueblo cabecera de Tabaá. Ello restó intensidad al conflicto hacia fuera, en contra de Echarri y otros mineros, y tiempo después volvió a aflorar con fuerza en otras localidades de forma recurrente.⁷⁰

En términos regionales, sugiero que el pleito de Tabaá, Yojovi y Solaga en contra de Echarri marcó el inicio de una transformación socioeconómica. Echarri representó la primera ola de inversores en la minería a partir de la puesta en marcha de las Reformas Borbónicas, que pretendieron acabar con el sistema de repartimientos de mercancías y favorecer el libre comercio. La alcaldía mayor de Villa Alta y las jurisdicciones colindantes hasta entonces se habían distinguido por ser núcleos dedicados mayormente a la producción de grana cochinilla y mantas. En el último tercio del siglo XVIII, se incrementaron los enclaves mineros en estos territorios, que fomentaron el trabajo asalariado forzoso y la llegada de población no india procedente de lugares remotos. Mestizos de los reales ubicados en el actual estado de Guerrero, mulatos de la ciudad de Oaxaca, alemanes y españoles de diversas regiones llegaron a la Sierra Norte de Oaxaca entre 1780 y 1800 para dedicarse a la minería. Las huellas de todos ellos y de la actividad a la que se dedicaron se encuentran en los archivos y en las ruinas de las minas y sus haciendas de beneficio.