Las tres vertientes históricas del extractivismo: De Brasil a los neoextractivismos

Al revisar la noción de extractivismo y su relevancia en la región estudiada, podemos distinguir tres épocas en su conformación (véase fig. 1): el extractivismo histórico (1970-1990), el extractivismo latino-americano (1995-2010) -también estudiado por autores del norte del hemisferio (^{Turner 1995})- y las recientes denominaciones del fenómeno (^{Gudynas 2013}; ^{Svampa 2015}; ^{McKay 2017}).

Figura 1 El extractivismo en la literatura académica de América Latina y su transformación. 

Lo que denominamos extractivismo histórico se refiere a los orígenes de la aparición del término en el siglo XX y, en particular, a su significado inicial que cambia totalmente en la segunda época. Estrativismo es una noción que surge en Brasil en los años 1970-1980 para referirse a la explotación del caucho por seringueiros -término que se refiere a la técnica de colecta- y a la posterior creación de reservas extractivistas. Esta constituye una estrategia de extracción presentada como sustentable de los recursos de la selva por las poblaciones locales que se convirtió en una política de Estado a raíz de la publicación de una ley en 1990. Así, en sus orígenes, el extractivismo se refiere a una actividad de explotación de los recursos estrechamente articulada con luchas sociales, reconocida por la legalidad estatal, y que se convirtió en un modelo de desarrollo local en la Amazonia brasileña, en manos de los pobladores locales (^{Kauffer 2018}).

En contraposición con su significado inicial, el extractivismo contemporáneo presenta una serie de transformaciones resultantes de procesos, eventos y situaciones ocurridos durante las últimas décadas. De forma general, el uso del término remite ahora a una forma de extracción sustentada en la depredación de los recursos, la cual ha provocado profundos y agudos conflictos sociales (^{Bebbington 2009}; ^{Gudynas 2014}; ^{Omeje 2013}; ^{Raftopoulos 2017}; ^{Svampa 2015}). La noción, a veces poco definida por medios de comunicación y organizaciones sociales, se ha convertido en un término negativo y en una bandera de movilización social en América Latina.

Una parte de los análisis contemporáneos del extractivismo ha centrado su perspectiva en los procesos de acumulación capitalista a escala global en tanto detonador del boom extractivista de las décadas recientes, que se sustenta en las necesidades individuales y colectivas nacionales e internacionales y produce situaciones parecidas en distintos puntos del planeta, caracterizados por riquezas naturales susceptibles de responder a una creciente demanda, no solamente de agua y de petróleo, sino de minerales, arena y tierras para producción agrícola. En esta discusión, ha surgido la noción de «acumulación por desposesión» de ^{Harvey (2004)}, inspirada en una perspectiva marxista que ha provocado acaloradas discusiones académicas (véase ^{Kauffer 2018, 43-44}).

Una definición clásica de extractivismo del periodo posterior a la década de 1990 para el caso latinoamericano evoca «un tipo de extracción de recursos naturales, en gran volumen o alta intensidad, y que están orientados esencialmente a ser exportados como materias primas sin procesar, o con un procesamiento mínimo» (^{Gudynas 2013, 3}).

Esta definición permite evidenciar tres elementos. En primer lugar, destaca los actores del extractivismo. En la medida en que la propuesta considera que este es un fenómeno de exportación de materias primas, permite deducir que hace referencia, principalmente, a los países desarrollados o a las empresas de estos países, por ejemplo, las minerías canadienses. Luego, las características que permiten establecer una clara diferenciación entre la extracción y el extractivismo se refieren a las cantidades y a las magnitudes del fenómeno, siendo extractivistas cuando son considerables, elevadas e intensivas, aunque no siempre precisas en términos cuantitativos y cualitativos: estas constituyen el segundo elemento de la definición. Finalmente, el tercer aspecto pone en evidencia el tipo de recursos que están incluidos en la definición: tradicionalmente, el extractivismo hace referencia a la minería y al petróleo y, en menor medida, al gas natural. En este sentido, aunque todas las actividades extractivistas son extractivas, no todas las acciones extractivas pueden ser consideradas como extractivistas.

La tercera y más reciente época de auge del término extractivismo pone en evidencia nuevas versiones del fenómeno y acuña varias nociones asociadas. En primer lugar, se encuentra el término de neoextractivismo, que presenta dos acepciones. La primera y más simple se refiere al extractivismo asociado a recursos no tradicionales, es decir, aquellos distintos a la minería, el petróleo y el gas, y todas las actividades de extracción que corresponden a la definición latinoamericana antes referida (^{Gudynas 2013}). Entre las actividades nuevas incorporadas a esta noción de neoextractivismo figuran los monocultivos, el gas de esquito, las pesquerías y la colonización forestal (^{Svampa 2015, 66}), además de todas aquellas que usan el agua.

La segunda definición del neoextractivismo se refiere a la reaparición del papel del Estado en esta versión contemporánea que se concreta en el caso de los gobiernos llamados progresistas o de izquierda, como Ecuador, Bolivia y Venezuela: se refiere a la promoción y al acompañamiento del desarrollo del extractivismo, fundamentados en el discurso de las ventajas de este modelo de desarrollo en términos de redistribución de las riquezas hacia los más pobres gracias a políticas sociales financiadas por las rentas obtenidas. El neoextractivismo está articulado ideológicamente con un discurso nacionalista legitimador de estas actividades. La dimensión clave de este discurso consiste en afirmar la soberanía nacional sobre los recursos naturales (^{McKay 2017}) también llamado nacionalismo de los recursos (resource nationalism), el cual justifica la intervención del Estado en el extractivismo en vista de sus bondades para el conjunto de la población. Ambas visiones del neoextractivismo se pueden combinar para hablar de neoextractivismo en un doble sentido, cuando un Estado apoya a un sector no tradicional como la floricultura en Ecuador (^{Zapatta y Vásconez 2013}).

Varias nociones asociadas a los procesos neoextractivistas aparecieron recientemente en la literatura. ^{McKay (2017)} evoca el «extractivismo agrario» como una modalidad específica de neoextractivismo que consiste en la promoción de cosechas de productos flexibles (flex crops), es decir, una agricultura de productos con varios usos (alimentos y biocombustibles), como la caña de azúcar, la palma de aceite y la soya, que se caracterizan por cuatro elementos (203): 1) la intensidad de la extracción de materias primas o escasamente procesadas destinadas a la exportación, 2) la concentración de las cadenas de valor y la desarticulación del sector, 3) los impactos ambientales, y 4) la degradación de las condiciones laborales. En la medida en que se trata de «un modo de acumulación y de apropiación» (200), el extractivismo agrario abarca la doble perspectiva del neoextractivismo: la novedad del producto y la participación del Estado. Cabe subrayar que la definición del extractivismo agrario retoma los principales elementos de la definición tradicional a la cual añade el tema corporativo y laboral.

Alrededor de la noción de neoextractivismo, han aparecido, además, una serie de nociones, las primeras que usan el término como adjetivo y otras, como sustantivo. ^{Svampa (2015)} combina ambas formas y propone hablar de «desarrollo neoextractivista», que se caracteriza por el uso importante de capitales (66-67). La misma autora propone los neologismos de «extractivismo neodesarrollista», «neoliberalismo neodesarrollista» y «progresismo neodesarrollista» (67), haciendo referencia a distintas experiencias latinoamericanas en materia de extractivismo. Destaca en estas últimas propuestas la perspectiva desarrollista, es decir, una visión del desarrollo de los años 1950-1970 que no considera los impactos ambientales; por su parte, en el periodo actual, la perspectiva neodesarrollista presenta ambas opciones ideológicas, sin cambiar el motor central de este modelo de desarrollo: una extracción desmedida carente de consideraciones sociales y ambientales -por ello el prefijo neo-.

Finalmente, existe también la visión de un «extractivismo imperialista» aplicable al caso de Canadá (^{Veltmeyer 2013, 80}), consistente en inversiones extranjeras de capital canadiense que operan a través de empresas de aquel país en América Latina y con el apoyo marcado del gobierno de Canadá. ^{Veltmeyer (2013)} considera que este «nuevo modelo de desarrollo» con tintes del siglo XIX se fundamenta en políticas de extracción de las materias primarias.

El segundo término de aparición reciente es la noción de posextractivismo, que refiere a la puesta de límites al modelo actual de extractivismo y a su crecimiento exponencial, característico de los últimos años con la finalidad de regular las extracciones dentro de ciertos marcos aceptables en términos ambientales y sociales. ^{Gudynas (2013, 165)} enmarca la propuesta del posextractivismo dentro de la noción andina de Buen Vivir, recientemente popularizada por los movimientos sociales después de su adopción en las constituciones de Bolivia y Ecuador. La idea es ir decreciendo el extractivismo a un nivel «sensible» y, posteriormente, «indispensable», a través de una normatividad que considere aspectos ambientales y sociales mediante el control de los precios de las materias primas (175). La transición hacia este nuevo modelo requiere de consensos internacionales y presenta una profunda complejidad en tanto hace referencia a transformaciones culturales y a cambios políticos.

Al revisar el recorrido histórico de la noción de extractivismo, podemos evidenciar que se trata de un fenómeno sociopolítico en la medida en que su surgimiento y su transformación han obedecido a coyunturas políticas particulares en distintas escalas y han provocado reacciones de distintos grupos sociales. Entre el extractivismo histórico de las selvas de Brasil, el extractivismo depredador actual y las propuestas de superarlo para caminar hacia un nuevo modelo, existe un elemento común relacionado con las estrategias de los Estados para su promoción -o control-, las cuales en el momento actual convergen, independientemente de los tipos de regímenes políticos -neoliberal, posliberal o progresista- (^{Veltmeyer 2013}). La fase más reciente de discusiones acerca del extractivismo evidencia que la dimensión política es central en cuanto a las herramientas y a las propuestas asociadas al fenómeno. Finalmente, lo político del extractivismo se encuentra también presente desde la época anterior en las respuestas locales ante sus impactos mediante la protesta, la oposición de las poblaciones locales, así como las reacciones de los actores comprometidos con el extractivismo ante estos posicionamientos que suelen llevar a confrontaciones debido a su carácter violento y violatorio de derechos. Con ello, el extractivismo y, en su versión actual, el neoextractivismo refuerzan la idea de la existencia de una lógica no solamente económica internacional, sino de cambios profundos en los aspectos espaciales y políticos, en las reglas del juego y en las relaciones de poder entre actores: todo ello repercute en las formas y las reglas para acceder a los recursos y, por ende, en fenómenos de resistencia y de defensa. En estas condiciones, surge lo que algunos autores llaman «la política contenciosa o de la disputa» (contentious politics) (^{Dietz y Engels 2017, 8}), que se refiere a las luchas políticas colectivas, pero también a una serie de dinámicas asociadas con las relaciones Estado-sociedad y, más recientemente, con el interés por analizar las dinámicas espaciales del extractivismo visto como un fenómeno político centrado en la disputa o extractivismo contencioso (^{Martín 2017}).

Del extractivismo desde una perspectiva política hacia el hidroextractivismo

Con base en los elementos mencionados en el apartado anterior, proponemos entender el extractivismo en América Latina como un proceso sociopolítico dinámico en relación a los recursos naturales. A partir de ello, el hidroextractivismo hace referencia a las interrelaciones entre la extracción de recursos naturales y el agua en un escenario donde ambos son abundantes en la naturaleza, como es la cuenca del río Usumacinta. En este contexto, consideramos el extractivismo como «la extracción de recursos naturales destinados a su comercialización para el beneficio predominante de actores externos a los espacios intervenidos que produce impactos ambientales, sociales y económicos, propicia reacciones opositoras y desencadena situaciones conflictivas que acarrean violencia» (^{Kauffer 2018, 42}).

Esta perspectiva política del extractivismo considera cuatro elementos para su comprensión: 1) los actores, 2) los procesos involucrados, 3) los recursos extraídos y 4) las respuestas locales ante las prácticas extractivistas (^{Kauffer 2018}). En cuanto a los actores, la propuesta amplía el espectro de una perspectiva tradicional del extractivismo a una gama más extendida de agentes que pueden ser empresas nacionales o de países no desarrollados, gobiernos locales o nacionales, grupos o individuos asociados con estos actores cuyos intereses se ven favorecidos a través de las alianzas económicas, políticas o clientelares, sin limitarlos a las empresas y a los gobiernos de países desarrollados. Ello significa que el extractivismo puede estar en manos de élites políticas o económicas nacionales o locales, como en el caso de los monocultivos en la cuenca del río Usumacinta en la parte de Guatemala -en este caso, élites políticas y exmilitares- y con presencia de una empresa costarricense -país menos desarrollado- en el lado mexicano.

A diferencia de una visión que asocia sistemáticamente el extractivismo a cantidades y magnitudes importantes de recursos extraídos, interesa aquí considerar como tales los procesos en sus complejidades. De tal forma que la perspectiva propuesta incluye las múltiples consecuencias observadas en los ámbitos ambientales, pero también sociales y económicos, que no necesariamente corresponden con una elevada magnitud o extensión porque dependen de los contextos particulares en los cuales se realizan, de los recursos y de las tecnologías involucradas. Por ejemplo, la contaminación del manantial que surte a una pequeña localidad como resultado de la instalación de una pequeña empresa con actividades mineras locales a cielo abierto puede presentar un impacto ambiental local profundo que repercute no solamente en la salud de la población, sino en sus condiciones de ingreso y, por ende, de vida. Ello apunta a que si bien el carácter intrínsecamente político del extractivismo se deriva de dimensiones globales (^{Dietz y Engels 2017}), presenta también dinámicas profundamente ancladas en lo local, entendido por ^{Martín (2017, 40)} como «espacio local de excepción».

Un tercer elemento clave de esta perspectiva de comprensión del extractivismo es la incorporación de otras actividades, más allá de las tradicionales asociadas a la minería, el gas, el petróleo y los recursos del subsuelo, que incluyen las dinámicas relacionadas con los bosques, los suelos, la biodiversidad, la producción agricola y, finalmente, el agua. Ello permite considerar los monocultivos, la construcción de obras hidráulicas y la contaminación resultante del extractivismo y de otras actividades, que según la perspectiva propuesta presentan efectos daniños en las escalas locales y responden a acciones de actores externos. En la literatura reciente ^{Arroyo y Boelens (2013, 17)} evocan este tema como el «despojo de agua» o el «despojo hídrico».

Finalmente, en el corazón de esta definición de extractivismo, el componente político hace referencia a las repercusiones locales de las actividades que se manifiestan bajo distintas modalidades a modo de conflictos.

Para entender cómo el extractivismo presenta efectos en el agua, resulta pertinente la noción de hidroextractivismo entendida como «la extracción de recursos naturales destinados a su comercialización para el beneficio predominante de actores externos a los espacios intervenidos que produce impactos ambientales, sociales y económicos en los recursos hídricos y propicia reacciones opositoras además de desencadenar situaciones conflictivas que acarrean violencia» (^{Kauffer 2018, 48}). Esta noción se deriva en una tipología descriptiva propuesta por Kauffer (48-51) que permite identificar cinco tipos de relaciones entre recursos hídricos y extractivismo. Estos contribuyen a evidenciar que el hidroextractivismo presenta una amplia gama de características propias, lo que permite diferenciarlo del extractivismo centrado en otros recursos.

La tabla 1 pone en evidencia seis criterios utilizados para la tipología del hidroextractivismo organizados horizontalmente de la fila 2 a la 7. En las siguientes líneas caracterizamos estos criterios y evidenciamos en cursivas el título de la fila. El primer criterio establece el propósito de la extracción. El segundo componente -actividad in situ- determina las actividades concretas asociadas a los propósitos de la explotación de los recursos. El tercer criterio -impactos en escenarios locales- evidencia los principales impactos en los escenarios locales donde se realiza la extracción. El cuarto elemento enuncia los actores involucrados en las actividades extractivistas. El quinto criterio hace énfasis en las contradicciones observadas en dichas actividades y el sexto aborda la presencia de conflictos asociados a estas.

La combinación de estos seis criterios permite establecer la existencia de seis modalidades de hidroextractivismo en función de las interacciones que las actividades realizadas presentan con el agua. Ello establece una diferencia primordial con los otros recursos tradicionales del extractivismo, los cuales son retirados o sustraídos de su medio para ser usados en escenarios ubicados fuera del lugar de extracción. En el caso del agua, no solamente sus características naturales de fluidez le otorgan una diferencia esencial con otros recursos objetos del extractivismo, sino sus dimensiones polifacéticas en el proceso de extracción complejizan el análisis y evidencian efectos multiformes.

La primera modalidad de hidroextractivismo se refiere al agua como recurso (columna 2) y sus diversos usos para las necesidades humanas. Básicamente, para tener una disponibilidad óptima, se trata de atender, a la vez, la escasez y la abundancia, lo que lleva a acciones a veces contradictorias. Para resolver las necesidades humanas en demanda de agua, la construcción de obras hidráulicas que retienen, desvían y transfieren el agua -o, en otras palabras, operan transformaciones en los escenarios locales a partir de la identificación de un problema- es una solución tradicional de las políticas hídricas. Presas, acueductos, obras de trasvases, protecciones en los cauces de los ríos y en las riberas constituyen algunas de las propuestas técnicas destinadas a controlar los excesos o la falta de agua. Los impactos de estas obras en los escenarios locales pueden ser diversos y, en particular, implicar desplazamientos de poblaciones -cuando se inunda un territorio para construir una presa-, pérdida de los medios de producción (tierras) o modificaciones en los accesos al agua en caso de trasvases o de acueductos. En estos casos, mientras algunos grupos salen privilegiados en sus necesidades, otros conocen afectaciones, en general las ciudades donde se concentra la población tienden a ser más favorecidas en detrimento de las áreas rurales. Ello provoca tensiones, conflictos y acciones de resistencia colectivamente organizadas que constituyen la primera forma de hidroextractivismo propuesta que llamaremos hidroextractivismo hidráulico.

La segunda modalidad de hidroextractivismo se refiere al uso del agua para producir otro recurso extraído (columna 3) de un territorio, específicamente a la producción de electricidad a partir del agua: es el hidroextractivismo energético. Aunque este uso del agua es consuntivo, es decir, que los volúmenes no son consumidos sino solamente aprovechados para producir la electricidad, este extractivismo implica una serie de modificaciones de los escenarios locales a través de la construcción de obras hidráulicas -presas, acueductos, trasvases- y de cambios hidrográficos y ambientales -inundaciones, túneles, desviaciones de cauces-.

Ello produce la pérdida de cultivos, la reubicación de pueblos, es decir, un conjunto de efectos sociales. La hidroelectricidad producida tiende a ser destinada de forma preferencial a los centros urbanos, dejando a los lugares de producción con carencia al acceso a este servicio básico.

La tercera modalidad de hidroextractivismo (columna 4) se refiere al uso del agua en una actividad extractivista: tiene efectos en la calidad del líquido y produce contaminación, lo cual es común en actividades como la extracción de petróleo y gas y, muy claramente, en la minería a cielo abierto. Estas actividades no solamente provocan contaminación, sino acaparamiento de fuentes de agua, sobreúso y efectos nocivos en la salud de las poblaciones locales por el contacto y consumo de fuentes contaminadas de agua. Esta categoría de hidroextractivismo que llamaremos tradicional se caracteriza por una diversidad de efectos negativos en aspectos ambientales, económicos y sociales que han producido reclamos, conflictos y movimientos de oposición.

La quinta modalidad de hidroextractivismo se refiere al agua como medio para producir un recurso objeto de extractivismo (columna 5): es el hidroextractivismo agrícola. Está vinculado a uno de los extractivismos evidenciados recientemente, producto de los monocultivos -como la palma de aceite impulsada por el gobierno mexicano para grupos de campesinos o los cultivos de piña donde participa mano de obra local- que usan el agua bajo la modalidad del riego como un elemento necesario del proceso productivo. Los efectos de estas actividades extractivistas se traducen principalmente en la cantidad del agua, que provoca acaparamiento, sobreexplotación y conflictos entre usos, pero también en su calidad debido a sobreúso de químicos en el proceso productivo que afecta los suelos y las aguas.

El quinto tipo de hidroextractivismo (columna 6) puede ser identificado cuando el agua constituye el ecosistema en el cual se realiza la actividad extractivista, como la pesca desmedida, la caza de especies locales o protegidas en medios acuáticos, la extracción de sedimentos a gran escala, el petróleo o el gas en aguas someras. Este hidroextractivismo -que llamaremos acuático y está orientado al deporte, a la alimentación, a la producción de energía o a la construcción- afecta el medio acuático al modificar algunos de sus componentes, introducir tecnología en cuerpos y corrientes de agua, y provocar contaminación.

Finalmente, la sexta modalidad de extractivismo (columna 7) relacionado con el agua engloba los procesos que tienden a convertirla en un bien económico intercambiable, accesible al mejor postor, susceptible de generar ganancias más allá de las necesidades locales. La arena de acción de este hidroextractivismo es el campo jurídico-político y sostiene las políticas ambientales y las acciones en torno a los recursos naturales. El hidroextractivismo legal ha sido un campo altamente conflictivo en los últimos años en la cuenca del río Usumacinta.

Las seis categorías de hidroextractivismo antes evocadas permiten evidenciar que el fenómeno es complejo porque presenta efectos multiformes para los recursos hídricos, entre los cuales podemos mencionar los siguientes puntos en común. Las decisiones que sustentan las actividades del hidroextractivismo son establecidas fuera de los escenarios locales de su concreción, sin consulta con los habitantes que, en su caso, se suman a estas actividades en condiciones de subordinación y con pocas capacidades de negociación.

Entre los actores del hidroextractivismo están los gobiernos, que definen los marcos legales -favorables o restrictivos- y, en ciertos casos, alientan estas actividades, como ha sido el caso en América Latina desde la década de 2000. Como el neoextractivismo lo evidencia, estos constituyen los principales agentes del hidroextractivismo legal. Destacan también las empresas locales, nacionales e internacionales, las élites nacionales y locales, los latifundistas, las agencias financiadoras y las alianzas que estos establecen con grupos locales y la mano de obra local, generalmente campesina.

El hidroextractivismo se manifiesta en una serie de contradicciones que evidencian una visión que excluye los escenarios locales altamente dotados en recursos hídricos: se extrae electricidad de áreas sin conexión a este servicio, se saca oro de zonas con altos índices de pobreza, se producen alimentos con fines alejados de las necesidades locales, bajo un esquema de monocultivos en regiones con carencias alimentarias. La expresión más clara y contundente de estas contradicciones son los conflictos socioambientales producidos por las actividades realizadas que atestiguan el hidroextractivismo como un proceso multifacético y un fenómeno sociopolítico complejo -al implicar el conflicto en tanto esencia de lo político- con expresiones muy diversas. El hidroextractivismo engloba la mayor parte de las actividades extractivistas tradicionales -gas, petróleo, minería- y menos tradicionales -monocultivos, hidroelectricidad, obras hidráulicas- del extractivismo contemporáneo que usan, necesitan y afectan de diversas maneras los recursos hídricos.

El hidroextractivismo en el Usumacinta: ¿Un fenómeno transfronterizo?

¿Cuáles son los ejemplos de extracción de recursos naturales destinados a su comercialización para el beneficio predominante de actores externos a la cuenca transfronteriza del río Usumacinta? ¿Cuáles son los impactos ambientales, sociales y económicos en los recursos hídricos y las situaciones conflictivas detectadas que acarrean violencia? ¿Y cómo ello permite visualizar el hidroextractivismo en tanto fenómeno transfronterizo?

Partiendo de la tipología propuesta acerca de las distintas formas de hidroextractivismo y de la información generada por el trabajo de campo en la cuenca del río Usumacinta, se presenta la tabla 2. En esta, cruzamos las seis formas de hidroextractivismo definidas -que aparecen en la primera columna- con tres dimensiones espaciales de la cuenca -que se encuentran en las columnas 2 a 4-. Estas tres últimas columnas permiten visualizar los acontecimientos en materia de hidroextractivismo encontrados en el lado mexicano de la cuenca -columna 2-, en el lado guatemalteco -columna 3- y aquellos que han cruzado la frontera -columna 4-, es decir, cuyos efectos transfronterizos han sido detectables. En algunos casos, los acontecimientos mencionados son muy particulares y aparecen con el detalle de la situación y, en otros, no son específicos porque son numerosos y repetidos.

En la cuenca del río Usumacinta, el hidroextractivismo hidráulico -las regulaciones del agua mediante la hidráulica- se expresa del lado mexicano a través de una serie de obras de control de inundaciones realizadas por la Comisión Nacional del Agua (Conagua), en particular en el cauce principal en Tabasco. En Centla, Tabasco, las obras de control generaron un fuerte conflicto debido a sus impactos locales en la fauna y en los recursos acuáticos provocados por los cambios en la dinámica de los ríos derivados de las obras de protección. Este conflicto opuso al gobierno federal mexicano y la población local organizada en el Consejo de Comunidades Unidas de Centla (CCUC), entre el 2009 y el 2012, a raíz del desarrollo del Plan Hídrico Integral de Tabasco (PHIT), posterior a las inundaciones del año 2007. Este plan, concebido para evitar inundaciones en la planicie, consistió en proteger las áreas urbanas en detrimento de las zonas rurales, con pocas consideraciones ambientales, productivas y sociales, y se inscribía en la tradición de la hidráulica mexicana iniciada desde la década de 1950 y concretada desde el 2003 con el Proyecto Integral de Control de Inundaciones (PICI). Las obras -pensadas como protección de áreas urbanas- provocaron inundaciones en las áreas rurales debido al cerco construido alrededor de las zonas pobladas y al desvío de los grandes ríos hacia el campo. Para hacerse escuchar, las localidades agregadas en la organización -que iniciaron como 20 y rebasaron las 45- bloquearon en 2012 una carretera estatal durante seis días y, posteriormente, una federal, lo que permitió llamar la atención del gobierno y favoreció una negociación. Finalmente, en abril del 2013, se firmó un convenio entre la Conagua y la Sociedad Cooperativa Pesquera Mostal para indemnizar parte de los daños a los pescadores miembros -349 personas-, así como establecer una serie de acuerdos en torno a diversas obras de desazolve en ríos cercanos. Posteriormente, a principios del 2017, el CCUC volvió a movilizarse debido a la falta de cumplimiento de los acuerdos en torno a las obras acordadas por los pobladores en las negociaciones con las autoridades, las cuales estaban destinadas a mitigar los efectos de las obras construidas inicialmente.

Este conflicto, generado por los impactos negativos provocados por la construcción de obras, implicó acciones de movilización concertadas -algunas, incluso, al margen de la ley- que tuvieron como consecuencia amenazas a los líderes de los grupos organizados. El actor de este hidroextractivismo hidráulico fue el gobierno federal mexicano, asesorado por grupos de ingenieros y académicos, y las obras fueron llevadas a ejecución por empresas, sin tomar en cuenta los efectos en los habitantes del área y sin contemplar mecanismos de consulta acerca de las edificaciones destinadas a beneficiar a personas ajenas a los escenarios locales.

Este ejemplo es relevante porque evidencia dos elementos. En primer lugar, la parte baja de la cuenca de Tabasco registra conflictos constantes en torno a las obras de protección porque oponen los intereses productivos, agrarios, sociales y económicos de los habitantes de las riberas de este caudaloso río a las perspectivas externas de los ingenieros y de los gobiernos. Así, a escala local en México, es común observar que las pequeñas obras hidráulicas favorecen a ciertos actores, causando conflictos, mientras que en Guatemala, esta situación es acentuada en particular en distintos puntos de la cuenca donde numerosas consultas comunitarias han sido organizadas para fijar posturas en contra de la multiplicación de obras de derivación de corrientes construidas para abastecer minihidroeléctricas. La presencia de un gran número de ríos en la cuenca del río Usumacinta alienta estos proyectos, los cuales pueden ser de pequeña magnitud, aunque causan impactos considerables en los contextos locales, donde el acceso a los servicios públicos de agua y saneamiento es deficiente. Cabe subrayar que numerosos proyectos -como fue el caso de Centla y muchas obras a lo largo de la cuenca- fueron llevados a cabo sin consulta previa a los pueblos indígenas, como lo establece el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). En segundo lugar, es importante resaltar que las soluciones acordadas al hidroextractivismo hidráulico en Centla, además de ser acompañadas por procesos de indemnización, fueron precisamente hidráulicas, lo cual atestigua un esquema predominante en los distintos actores de esta parte de la cuenca.

El hidroextractivismo energético en la cuenca ha dado lugar a numerosos conflictos locales inter e intracomunitarios, con empresas constructoras y con actores ajenos a los territorios intervenidos, así como situaciones de criminalización de la protesta social (^{Rodríguez-Carmona y De Luis Romero 2016, 69}) y de violaciones a los derechos humanos, principalmente en el caso de Guatemala. En el 2014, 14 de los 36 complejos hidroeléctricos guatemaltecos registraron conflictos (62).

En México, la cuenca del río Usumacinta no tiene presa construida, tampoco ninguna central hidroeléctrica, aunque existen dos casos de proyectos que han sido detenidos. El primero, que resulta emblemático, fue concebido durante la década de 1950 como parte de las acciones de la Comisión del Río Grijalva -que incluía a la cuenca del Usumacinta- y contemplaba un enorme complejo con una obra principal en el Cañón del Usumacinta en Tabasco, hoy en día área de protección de fauna y flora, bajo administración de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP). Los trabajos de construcción iniciaron a principios de la década de 1980 para ser interrumpidos debido a la movilización social mexicana y guatemalteca: el vecino país iba a tener importantes afectaciones en su territorio, en particular en áreas hoy protegidas del departamento del Petén. A partir de esta primera interrupción, el proyecto de la presa de Boca del Cerro, rebautizada en años recientes como presa Tenosique, se convirtió en un «conflicto crónico» que vuelve a surgir periódicamente cuando el gobierno federal mexicano o estatal de Tabasco mencionan la construcción, generando movilización social hasta que se disminuye la tensión (^{Kauffer 2013}). Cabe subrayar que este proyecto ha congregado en los últimos quince años una movilización transfronteriza entre organizaciones de base y no gubernamentales de ambos países que han consolidado una alianza entre opositores a varios proyectos entre México y Guatemala en contra del hidroextractivismo energético, además de haberse ganado una opinión muy negativa en Guatemala.

Muy recientemente, en la parte alta de la cuenca en México un proyecto hidroeléctrico ha sido planteado por una empresa chilena en el río Santo Domingo, en un área ecoturística colindante con la Reserva de la Biósfera de Montes Azules en Chiapas. Además de recibir un dictamen de impacto ambiental negativo por parte de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), en julio de 2017, las condiciones agrarias locales de los predios seleccionados dificultaron el inicio de la obra, a lo cual se puede añadir una importante movilización social de los ejidos, las organizaciones locales, los grupos ambientalistas y la sociedad civil en contra de la construcción planeada, que, finalmente, fue cancelada.

En la parte guatemalteca de la cuenca, han sido numerosas las expresiones del hidroextractivismo energético, pues existen numerosos proyectos realizados, en construcción y en fase de diseño. El saldo ambiental, social y político de las plantas hidroeléctricas es considerable en Guatemala si tomamos en cuenta los conflictos, las violencias y las violaciones a los derechos humanos fundamentales. El impacto más alto para las poblaciones fue la construcción de la represa Chixoy en 1982, en el río del mismo nombre, principalmente en número de vidas humanas y en efectos múltiples todavía no superados por los sobrevivientes, después de casi cuatro décadas, como lo evidencian varios estudios ( ^{Johnston 2005}). Esta presa, todavía hoy la más importante del país en generación de hidroelectricidad, fue construida durante la dictadura militar en los inicios del conflicto armado interno y terminada en 1983: el desplazamiento forzado de poblaciones, las masacres y las desapariciones fueron las herramientas utilizadas por el Estado guatemalteco para imponer la obra. Una de las acciones más violentas ocurrió en 1982, en la aldea de Río Negro, donde 444 personas fueron asesinadas -entre ellas 70 mujeres y 107 niños de un total de 771 habitantes ( ^{Johnston 2005})- por el ejército y las patrullas de autodefensa civil (PAC). La política de reparación reconoció en el 2009 las consecuencias en cuanto a violaciones a los derechos humanos de las poblaciones desplazadas y asesinadas que vivían en un polígono de 1500 km2 en el cual desaparecieron 23 localidades. Esta política pública incluye medidas de reparación, de satisfacción y no repetición, de conocimiento y divulgación del caso, de dignificación de las víctimas, de rehabilitación, de restitución, de reposición y de resarcimiento en los ámbitos agrícolas, agrarios, ambientales, jurídicos, en la construcción de servicios, en la dotación de infraestructuras, en aspectos de justicia y en materia económica (^{Gobierno de Guatemala 2009}).

En este marco, el reconocimiento de los daños ocasionados por la construcción de la presa fue oficializado por el Acuerdo Gubernativo 378-2014 mediante el cual se establecen el listado de 33 localidades de los departamentos de Alta Verapaz, Baja Verapaz y Quiché que recibirán reparaciones entre 2015 y 2029 (^{Agencia Guatemalteca de Noticias 2014}).

Entre los múltiples conflictos registrados en la parte guatemalteca de la cuenca figuran, en la actualidad, las dos centrales iniciadas en el río Pojom, entre las cuales el conflicto sociopolítico en la localidad de Ixquisis (Yich’ Xisis) destaca por su extensión en el tiempo y su saldo de violencia. Cabe subrayar que este proyecto no solamente opone las localidades guatemaltecas a las empresas y al gobierno central, sino que ha creado conflictos intercomunitarios, además de temores en ciertas localidades mexicanas, por su exposición a la violencia proveniente del otro lado de una frontera en gran medida imaginaria y por las posibles repercusiones de la construcción de la obra en México, debido a su ubicación cuenca abajo. Amenazas, criminalización de la protesta, encarcelamientos y asesinatos han marcado el desarrollo de esta obra que, por su ubicación en un río fronterizo y transfronterizo a poca distancia de la línea de división internacional, es susceptible de impactar no solamente a escala local y nacional, sino internacional.

Con respecto al hidroextractivismo tradicional como la minería, el gas y el petróleo en la cuenca estudiada, su uso en la extracción de hidrocarburos se refleja en ambos lados de la frontera. En los Pantanos de Centla, hoy reserva de la biósfera en Tabasco, México, se pueden observar viejos pozos petroleros abandonados en zonas de humedales, ríos y otros cuerpos de agua, lo cual representa un riesgo de contaminación. Asimismo, la mayor explotación petrolera de Centroamérica se encuentra en otra área protegida, La Laguna del Tigre en el Petén guatemalteco, donde 47 pozos y la existencia de un oleoducto que atraviesa el río San Pedro Mártir representan una amenaza real: denuncias y conflictos abundan en torno al campo Chan. En este último caso, los daños ambientales directos e indirectos son cuantiosos para la biodiversidad, no solamente en materia de contaminación de los recursos hídricos -amenaza directa-, sino a través del hecho de que partes inaccesibles de la cuenca en ambos países han empezado a ser colonizadas a raíz de la presencia de caminos abiertos por las compañías petroleras desde la década de 1950. De la misma forma, en Tabasco, la explotación petrolera en la cuenca ha llevado a modificaciones del medio acuático al abrir accesos artificiales como canales para llegar a los pozos. El sitio de Rubelsanto, en la parte alta de la cuenca en Guatemala, es otro escenario de hidroextractivismo tradicional caracterizado por conflictos vinculados a esta actividad y a otros extractivismos en esta área: el Usumacinta, en su carácter de cuenca transfronteriza y petrolera del sur de México y de Centroamérica, incrementa la potencialidad de contaminación transfronteriza de los recursos hídricos.

A diferencia de la cuenca vecina del río Grijalva, la única minería metálica que el trabajo de campo ha permitido detectar en la cuenca del río Usumacinta es la explotación de níquel ubicada en la parte alta en Guatemala, gracias a los registros de contaminación de sedimentos por níquel que un grupo de colegas han encontrado en la parte baja de la cuenca en Tabasco (^{Djeran-Maigre y Levacher 2020, 20}), lo cual evidencia los efectos transfronterizos del hidroextractivismo tradicional asociado a la minería.

Por su parte, el hidroextractivismo agrícola, que ha consistido en un desarrollo intensivo de monocultivos, lleva al acaparamiento y a la contaminación de fuentes de agua, en particular cuando está asociado con la palma de aceite, cultivo en auge en ambos países desde el año 2000. El derrame sufrido en el río La Pasión, en Guatemala, en julio del 2015, donde se produjo una catástrofe ambiental con mortandad de peces y efectos en la salud de los pobladores motivó una intensa movilización social con represión y asesinatos de líderes. Aunque los efectos potencialmente transfronterizos de este accidente fueron denunciados por académicos de distintas disciplinas científicas de ambos países, la Semarnat de México afirmó que la contaminación no había atravesado la línea de demarcación internacional. De la misma forma, el trabajo de campo ha evidenciado la mención de contaminaciones locales de ríos vinculadas a la instalación de plantas procesadoras de palma en diversos puntos de la cuenca en ambos países, lo cual permite evidenciar que este fenómeno rebasa la frontera internacional.

En la cuenca del río Usumacinta, el hidroextractivismo acuático ha podido ser documentado con ejemplos de extracción industrial de sedimentos y un caso particular que llevó al asesinato de un líder ambiental que denunció su extracción ilegal en junio del 2019 en Tabasco. Ello se relaciona con el recién llamado internacional a la toma de consciencia frente a la gravedad de la problemática en un contexto de incremento de conflictos y violencias derivado del hecho de que la arena es el segundo recurso natural más explotado en el mundo después del agua (^{UNEP 2019}). En Guatemala, hemos detectado algunos conflictos puntuales en torno al hidroextractivismo acuático -de arena de río- en las subcuencas de los ríos Xacbal y Salinas. Asimismo, en el curso internacional del río Usumacinta, tensiones en torno a la extracción con maquinarias del lado de Guatemala han sido mencionadas debido al desbalance que producen en las condiciones de navegación cuando el caudal está muy bajo. Cabe mencionar que esta actividad se realiza a lo largo y ancho de la cuenca, donde existen depósitos de arena cuya dimensión extractivista depende de las tecnologías utilizadas: el análisis debe entonces tomar en cuenta que existe una multitud de formas de extraer sedimentos, entre las cuales se convierten en extractivistas aquellas que presentan una dimensión industrial y que están llevadas a cabo por empresas, frente a otras destinadas a necesidades locales que se realizan con herramientas artesanales.

Finalmente, el hidroextractivismo legal subraya la importancia de la legislación que facilita, incentiva o, incluso, prohíbe ciertas actividades que afectan el recurso, las poblaciones y su entorno, y comprometen las condiciones de convivencia en los escenarios de extracción. En este aspecto, la cuenca transfronteriza del río Usumacinta se encuentra en una serie de encrucijadas entre las tensiones en torno a la aprobación de una nueva ley general de aguas en México derivada de la reforma constitucional del 2012, que incluyó el derecho humano al agua y al saneamiento (DHAS) y debería haberse concretado en una nueva ley. Sin embargo, esta se convirtió en un tema muy debatido que generó una extensa movilización social, de tal forma que la propuesta de ley Korenfeld, aunque aprobada en el 2015, nunca fue publicada y, posteriormente, y hasta julio de 2021, se convirtió en un campo de conflicto a escala nacional.

Del lado guatemalteco de la cuenca, no existe ninguna legislación específica en materia de agua, sino una agregación de leyes que atienden desde una visión sectorial aspectos separados de la problemática hídrica en el país con décadas de intentos fallidos de aprobar una ley de aguas debido a los intereses económicos de las élites -principalmente grandes propietarios, que en algunos casos acaparan ríos- y a los derechos ancestrales y al pluralismo legal de los pueblos indígenas que están en juego. En el año 2005, una propuesta de ley congregó una fuerte oposición de estos dos grupos de actores, de tal forma que hasta el momento, y a pesar de las varias decenas de propuestas impulsadas por distintos sectores en los últimos años, el tema del agua en Guatemala sigue, desde el punto de vista legal y de las instituciones gubernamentales, atendido de forma fragmentada, sin perspectiva integral, lo cual da lugar a prácticas contradictorias, que incluyen el acaparamiento de los recursos por grupos de poder y una conflictividad importante. La extensión de la cuenca y la abundancia superficial de aguas favorecen la multiplicación de estas situaciones a escala local y, como hemos visto en los ejemplos anteriormente expuestos, con potencialidades de tener impactos negativos no solo localmente, sino en México.

A partir de los distintos hallazgos de campo que permiten evidenciar cómo las distintas formas de hidroextractivismo antes detectadas operan en la cuenca transfronteriza del río Usumacinta, es posible poner en evidencia tres expresiones del carácter transfronterizo del hidroextractivismo.

En primer lugar, podemos observar un hidroextractivismo transfronterizo que funciona como un espejo, es decir, que permite evidenciar la existencia de los mismos procesos y fenómenos de ambos lados de la frontera. La explotación de recursos del suelo y del subsuelo -como el petróleo-, la hidroelectricidad y el auge de la palma de aceite presentan una continuidad más allá de la línea debido a la inserción de ambos países en las dinámicas internacionales de los mercados, a las características compartidas de los ecosistemas y de la geología, y a las relaciones de poder existentes a escala local.

En segundo lugar, las múltiples transfronteridades hídricas entendidas como el conjunto de las dinámicas transfronterizas ecológicas, físicas y sociopolíticas (^{Kauffer 2018}) determinan el carácter profundamente transfronterizo del hidroextractivismo, debido a varios elementos. La hidrografía y la fluidez del recurso que no conoce fronteras favorece la fluidez de las problemáticas, como la contaminación y la cantidad de agua. La magnitud -el río más caudaloso de México y de Centroamérica- y la multitud de los recursos hídricos superficiales contribuyen a formar una frontera de aguas y favorecen una dinámica de cuenca marcada por intercambios naturales, relaciones entre pobladores locales e interacciones exentas de la anuencia de los Estados.

Finalmente, el papel del agua en la delimitación de las fronteras políticas es fundamental si tomamos en cuenta que el Usumacinta forma una frontera fluvial que se extiende en 386 km en la corriente principal. Además, presenta la particularidad de otra corriente -conocida como el río Santo Domingo en México- que fluye de Guatemala para entrar a México, marca un pequeño fragmento de la frontera, sale a Guatemala y vuelve a adentrarse a México. En el cauce principal del Usumacinta, el río-frontera plantea ciertas problemáticas de recursos compartidos desde el espacio fluvial compartido -teóricamente definido por el tratado de límites de 1882-, sus recursos pesqueros, sus sedimentos y sus recursos naturales ubicados en ambas riberas. En la realidad de las interacciones cotidianas, los términos del tratado de límites se reinterpretan y se proyectan en el espejo de agua de forma distinta según las estaciones del año porque es una corriente con importantes fluctuaciones en sus volúmenes de agua y variaciones en su caudal, de tal forma que la frontera se mueve, se negocia: la frontera es negada, pero a la vez afirmada, antes de todo, como una línea imaginaria que define las interacciones locales.

Un fenómeno transfronterizo determinado por una frontera política

En tanto fenómeno sociopolítico, el hidroextractivismo presenta la doble particularidad de tener expresiones transfronterizas, pero a la vez de obedecer a la presencia de una frontera política que marca una separación entre un acá y un allá, con un arriba principalmente guatemalteco y un abajo mexicano. Así, en paralelo con su dimensión transfronteriza, el hidroextractivismo está anclado en realidades locales y nacionales específicas en cuanto a sus actores, sus impactos y sus expresiones. Ello significa que, a pesar de su porosidad y de su carácter imaginario, la frontera política entre México y Guatemala establece diferencias notables entre el hidroextractivismo mexicano del Usumacinta y aquel que podemos observar en Guatemala.

El primer elemento clave del hidroextractivismo condicionado por la frontera internacional se refiere a la presencia diferenciada de un actor clave, el Estado, asociado con diversos elementos que contribuyen a procesos de regulación. Un primer elemento de diferenciación entre México y Guatemala son las situaciones contrastantes en cuanto al marco legal sobre agua que convierte el hidroextractivismo legal en realidades distintas en función del país.

El segundo elemento relevante es la actuación del Estado ante los conflictos, que producen respuestas muy distintas. Guatemala se caracteriza por la mayor violencia, imposición y fuerza represiva debido a la historia política de la segunda parte del siglo XX y un conflicto armado de 36 años. La violencia represiva del Estado guatemalteco y el uso de la violencia en los conflictos socioambientales ha sido una realidad diacrónica que surge en ciertos momentos. Así, si ponemos en perspectiva ejemplos del hidroextractivismo energético en la historia (presa Chixoy versus Boca del Cerro) y en la actualidad (Ixquisis versus Santo Domingo), observamos que la imposición violenta y el conflicto con pérdidas humanas caracteriza a Guatemala, mientras que, en México, la oposición ha llevado a la suspensión de los proyectos emblemáticos del hidroextractivismo energético.

En tercer lugar, en el caso del hidroextractivismo agrícola, el Estado mexicano ha sido un actor clave en la promoción de estas actividades a través del financiamiento otorgado -en particular a la palma, en Chiapas y Tabasco- y de su relativa presencia en el territorio. El desarrollo de la palma de aceite en Guatemala fue promovido por el gremio de los palmicultores organizados y las élites asociadas en distintas organizaciones empresariales. Así, la frontera marca una diferencia entre los actores principales de dos fenómenos paralelos de hidroextractivismo agrícola.

Finalmente, aunque existe un paralelismo entre la política contenciosa del hidroextractivismo en ambos lados de la frontera y las alianzas transfronterizas, México evidencia una mayor capacidad de presión de los actores locales para frenar, contener o parar actividades nuevas de hidroextractivismo, que atestigua una influencia más notable sobre las acciones e impactos de los distintos hidroextractivismos que en Guatemala. En este sentido, la separación política que establece la frontera condiciona de cierta manera el éxito de las estrategias de resistencia al hidroextractivismo, el cual, si bien presenta características compartidas en ambos fragmentos del Usumacinta y problemáticas paralelas, se establece a partir de modalidades propias en cada territorio nacional.