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Conflicto y violencia en tiempos de crisis. Salta (Argentina) en las primeras décadas del siglo XIX*

 

Conflict and Violence in Times of Crisis: Salta (Argentina) in the Early Decades of the 19th Century

 

Sara Emilia Mata

 

Fecha de recepción: mayo de 2012;
Fecha de aceptación: enero de 2013.

 

Resumen

Con la muerte de Martín Miguel de Güemes en junio de 1821 y la firma de un armisticio entre las fuerzas realistas comandadas por Antonio de Olañeta y los miembros de la elite opositores a Güemes, se inicia en la provincia de Salta un proceso de extrema conflictividad cuyos principales protagonistas serán los hombres movilizados en la lucha sostenida contra las fuerzas realistas a partir de 1814 en la provincia. Estos años difíciles serán analizados desde una doble perspectiva que atienda tanto a las relaciones políticas y de poder con Buenos Aires y las provincias y estados vecinos, como a las motivaciones de los sectores subalternos y las aspiraciones políticas de los líderes políticos que intermediaban las relaciones de poder entre ellos con la elite salteña.

Palabras clave: Insurgencia; conflicto social; poder; milicias; liderazgos.

 

Abstract

Following the death of Martín Miguel de Güemes in June 1821 and the signing of an armistice between the royalist forces led by Antonio de Olañeta and the members of the elite opposing Güemes, a process of extreme conflict began in the Province of Salta, whose main players were the men mobilized in the region in the protracted struggle against the royalist forces from 1814 onwards. Those difficult years will be analyzed from a double perspective that addresses both the political and power relations with Buenos Aires and the neighboring provinces and states, and the motivations of the subaltern sectors and political aspirations of the political leaders who acted as intermediaries for the power relations between themselves and the Salta elite.

Key words: Insurgency; social conflict; power; militias; leaderships.

 

...la práctica del caudillismo y su relación
con la formación del Estado —en Perú y
en toda América hispana— sólo puede
entenderse a través de un análisis cuida-
doso de la voluntad y los esfuerzos políti-
cos de las clases bajas y de sus relaciones
con los movimientos políticos regionales y
nacionales (Walker, 1999, p. 16).

 

Introducción

La crisis de la monarquía española y la invasión napoleónica a España desencadenó, tanto en la península como en los territorios hispanocoloniales, un proceso político y militar que propició la ruptura del vínculo colonial y la formación a lo largo del siglo XIX de nuevos Estados envueltos en la inestabilidad y la violencia política. En América del Sur, la guerra persistió más de dos décadas, y su finalización inauguró un proceso de extrema conflictividad en la cual sus principales protagonistas serán los hombres movilizados en la lucha sostenida contra las fuerzas realistas.

Estos años difíciles fueron interpretados por la historiografía de fines del siglo XIX como consecuencia lógica del desorden social generado por la guerra y las pasiones políticas de caudillos locales que atentaban contra las posibilidades de lograr la tan ansiada organización "nacional" de los nuevos Estados resultantes de la guerra. Frente a estas interpretaciones canónicas es importante analizar esa conflictividad política observando la participación en ella de amplios sectores sociales y su incidencia en la formación de los Estados nacionales.¹

En esta oportunidad intentaremos abordar la violencia política y social que tuvo lugar en la provincia de Salta al concluir la guerra sostenida contra los realistas entre los años 1812 y 1821. Si bien tanto la historiografía argentina como la boliviana han presentado el proceso de independencia fragmentando la jurisdicción de Charcas de las Provincias Unidas del Río de la Plata, y por ende de la provincia de Salta, es preciso recuperar la unidad de un espacio que no sólo compartía en la colonia fuertes intereses económicos y estrechos lazos familiares, sino que, luego de creada la Junta de Gobierno en Buenos Aires, enfrentó una tenaz resistencia a las fuerzas realistas. La insurrección social y la movilización que animó y sostuvo con éxito esa resistencia en Salta se inscribe con caracteres propios en el contexto de la guerra altoperuana cuyo escenario fue, durante más de una década, además de las jurisdicciones de Salta y Jujuy, las de Tarija, Tupiza, Oruro y Cochabamba.² La guerra en Salta y Jujuy concluyó en 1821, unos años antes de que en el Alto Perú, con la muerte de Martín Miguel de Güemes, gobernador de la provincia y jefe de la resistencia militar a las avanzadas realistas desde 1814. A partir de ese momento las guerrillas altoperuanas perdieron la vinculación que, en tiempos de Güemes, poseían con la provincia de Salta, y se postergó la organización de fuerzas militares para avanzar sobre el Alto Perú con el fin de prestar apoyo a San Martín en Perú (Mata de López, 2008, pp. 200-201).

La paz social, a la que aspiraban quienes propiciaron la muerte de Güemes y la firma del armisticio con los realistas en 1821, sería difícil de alcanzar, ya que no resultaría sencillo desmovilizar a los hombres armados que integraban las milicias, problema este, por otra parte, presente en todos los territorios de la América del Sur pertenecientes a la monarquía española, una vez finalizada la guerra (Lofstron, 1983; Bravo, 2008; Meisel, 2000).

Por el contrario, las milicias serán protagonistas de varias asonadas militares en el contexto de una descarnada lucha por el poder político y militar. Abordar estos momentos de crisis y conflicto presupone indagar en torno a las alianzas, negociaciones y motivaciones de quienes participaron e impulsaron estas asonadas militares a fin de intentar comprender la compleja herencia social y política legada por el proceso de independencia luego de una década de movilización militar. Las disputas facciosas de la elite y sus lineamientos, alianzas y enfrentamientos políticos con los gobernadores de las provincias vecinas enfrentando la pulverización del poder centralizado en Buenos Aires,³ atentarán contra el "orden social" anhelado, ya que una elite enfrentada deberá negociar apoyo militar y político con los hombres movilizados y sus jefes.

Estas negociaciones no se encuentran explicitadas y no existe, sobre el periodo, una literatura que nos advierta acerca de los términos de las mismas. Las fuentes son asimismo parcas en información, y fue preciso recurrir a expedientes judiciales, archivos notariales, papeles de gobierno y correspondencia oficial y privada para intentar reconstruir las redes relacionales y las vinculaciones a diferentes proyectos políticos. Mayor dificultad plantea, sin embargo, interpretar las prácticas políticas de los sectores subalternos⁴ en razón de la opacidad de los datos con los cuales contamos y la diversidad étnica y cultural de los actores involucrados en un territorio extenso y fuertemente diferenciado. Se impone así identificar a quienes detentaban el poder de las milicias, pues de ellos dependerá el éxito o el fracaso de las medidas adoptadas con la finalidad de disciplinarlas.

 

Los hombres se movilizan. La insurrección rural en Salta

Una de las primeras medidas adoptadas por la Junta de Gobierno instalada en Buenos Aires en 1810 fue organizar un ejército destinado a lograr el reconocimiento a su autoridad en aquellas provincias que se manifestaban renuentes o francamente opositoras, tales son los casos de las ciudades del Alto Perú que, al conocer las novedades de Buenos Aires, solicitaron al virrey del Perú retornar a la jurisdicción de dicho virreinato. Ese ejército con el nombre de Auxiliar del Perú se incorporó a las milicias de Buenos Aires, organizadas en ocasión de la reconquista y por ende mejor entrenadas (Halperin Donghi, 1978, p. 141), y en su tránsito hacia el Alto Perú requirió la incorporación de hombres reclutados en las jurisdicciones de las ciudades del interior del virreinato, entre ellas Salta y Jujuy. En Salta, el ejército organizado por Buenos Aires no logró una entusiasta adhesión en la población urbana y rural (Paz, 2000, t. 1, p. 79), más allá de la incorporación de un mayor número de hombres en las milicias regladas ya existentes⁵ y la creación de nuevas milicias urbanas como los Cívicos, integradas por miembros de la elite, y la de Pardos y Morenos.

La leva con destino al ejército se ejecutó mayoritariamente sobre aquellos considerados "vagos" o sin ocupación fija, hombres solteros y en la mayoría de los casos considerados potencialmente "peligrosos", al igual que en otras jurisdicciones del ex virreinato (Mata de López, 2009, pp. 283-284). La primera ocupación realista en la ciudad, concretada en agosto de 1812, puso de manifiesto la adhesión a la causa del rey presente en buena parte del vecindario "decente" de la ciudad y la indiferencia de la mayoría de la población rural y de la "plebe"⁶ urbana. La lucha contra la ocupación sólo fue alentada por algunos pocos vecinos y por la elite revolucionaria exiliada en Tucumán, con el apoyo de algunos grupos milicianos de la frontera y el valle de Lerma. Es posible observar en estos meses que duró la ocupación, y especialmente en la colaboración prestada por las milicias, la construcción de liderazgos que luego habrán de gravitar en el proceso insurreccional que protagonizará la población rural a partir de 1814, y en particular desde 1815 con la conducción de Martín Miguel de Güemes.

En efecto, será durante el auxilio prestado al Ejército Auxiliar al mando de Manuel Belgrano y en la posterior batalla librada a las puertas de la ciudad de Salta y favorable a la causa de Buenos Aires en febrero de 1813, cuando surgirán liderazgos políticos y militares que habrán de mantener protagonismo en el transcurso de la guerra y en los años que sucedieron a esta. De cualquier modo, será en 1814, en el transcurso de la segunda ocupación realista, que la estrategia de la guerra de montaña o "guerrilla" se implementará en el territorio salteño por iniciativa y consejo de Manuel Dorrego, en esos momentos oficial del Ejército Auxiliar.⁷ Los responsables de organizarlas serán Martín Miguel de Güemes, oficial del Ejército Auxiliar, y Apolinario Saravia, capitán de milicias, ambos naturales de Salta.

La decisión de organizar el hostigamiento al Ejército Real del Perú implicó simultáneamente la tarea de incitar a través de los jefes de las milicias de Salta la participación de los pobladores rurales, particularmente en el valle de Lerma y en la frontera sureste, próximos a la jurisdicción de Tucumán. El apoyo brindado por los propietarios de tierras será importante para sumar hombres a las milicias, especialmente en la frontera donde se instaló la avanzada del Ejército Auxiliar al mando de Martín Miguel de Güemes. Los hombres fueron reunidos y convocados a partir de vínculos que incluían amistad y compadrazgo así como probablemente también coacción derivada de relaciones asimétricas. Fue sin embargo en el valle de Lerma donde la movilización militar adquiriría mayor relevancia, favorecida por las incursiones realizadas por partidas realistas con la finalidad de obtener ganados y bastimentos para la subsistencia de las tropas que ocupaban la ciudad. Las principales víctimas de este saqueo y confiscación de ganados y víveres fueron arrenderos, agregados y medianos propietarios. Esta circunstancia fue hábilmente aprovechada por algunos jefes de milicias y simpatizantes de la revolución para reunir hombres voluntarios dispuestos a sumarse a las milicias que operaban clandestinamente en el valle de Lerma, enfrentando con éxito a las partidas realistas, recuperando el ganado secuestrado y obligándolas a retornar a la ciudad de Salta. En efecto, los partes militares elevados por el jefe de la milicia que operaba en el sur del valle de Lerma dan cuenta de esta enérgica participación campesina.⁸

El levantamiento de la población rural cercó a la ciudad de Salta impidiendo su abastecimiento. Sin posibilidades para mantenerse, el ejército realista se retiró hacia el Alto Perú, en tanto que Martín Miguel de Güemes, gracias a su habilidad para negociar favores y protección con los referentes locales que hacían posible la movilización militar, construyó las bases de su poder político y militar (Mata de López, 2002, pp. 126-130). Para ello emprendió rápidamente y contrariando las órdenes del general Rondeau, a cargo del Ejército Auxiliar y de las autoridades de Buenos Aires, la organización de las milicias provinciales incluyendo entre sus filas sin ninguna diferenciación a esclavos, mestizos, mulatos e indios. Los Escuadrones Gauchos,⁹ denominación que recibieron estas milicias provinciales, gozaron de fuero militar, y sus integrantes contaron con la protección de Güemes, quien intercedió frente a los propietarios rurales para eximirlos del pago de arriendos y prestaciones de servicio. Se conservaron las comandancias de frontera organizadas en el periodo colonial, con cuyos jefes Güemes mantuvo una relación no exenta de conflictos, a la vez que procedió a organizar cuerpos de línea en los cuales se incorporaron oficiales pertenecientes al Ejército Auxiliar del Perú luego de ser derrotado en noviembre de 1815 en Sipe Sipe.¹⁰

Pero serán precisamente los Escuadrones Gauchos quienes tendrán un papel central en el enfrenamiento y rechazo de las invasiones realistas que se sucederán entre 1816 y 1822, ya que en 1818, sobre un total de 6 610 hombres, tan sólo 551 pertenecían a los cuerpos de línea, mientras que los Escuadrones Gauchos sumaban 4888.¹¹ De ellos, más de la mitad integraban los Escuadrones del Valle de Lerma, lo cual permite suponer que entre ellos se encontraban hombres procedentes de otras jurisdicciones, incluyendo altoperuanos que llegaron con el Ejército Auxiliar en retirada en 1815.

En relación con esta movilización rural, cuya finalidad fue contener y rechazar las frecuentes ocupaciones realistas que hasta 1821 y 1822 sufriera la provincia, hemos sostenido la hipótesis de que la misma expresó expectativas y reivindicaciones sociales y económicas de la población rural, entre ellas el interés por ocupar tierras ignorando el derecho a la propiedad y, por ende, las obligaciones con el propietario. No resultará casual que en el valle de Lerma, donde a fines de la colonia el conflicto en torno a la tierra se manifestó con mayor intensidad, la movilización desatada por la guerra de Independencia derivase luego en una insurrección generalizada (Mata de López, 1999, pp. 155-156). Si bien en diferentes regiones del extenso territorio provincial los intereses pudieron variar, es indudable que la militarización y el goce del fuero militar permanente para los milicianos resultaron para la elite propietaria un abierto desafío al "orden social", agitando el temor a una "plebe" peligrosa que atentaba contra sus prerrogativas y privilegios de clase.

A la importancia que tenía el acceso a la tierra entre las motivaciones que impulsaron la insurrección en el tiempo incorporándola en la guerra de Independencia, es preciso considerar otros aspectos tales como el reconocimiento social, las posibilidades de ascenso social y económico y fundamentalmente la experiencia vital de protagonismo en el destino personal y colectivo. Es conveniente asimismo preguntarse acerca de la relevancia que, en estos movimientos sociales, tuvieron los imaginarios andinos de retorno del Inca al poder, la manifiesta violencia hacia los españoles y criollos identificados como los opresores y el sentimiento de pertenencia a una "patria" de la cual era posible esperar el reconocimiento de derechos en relación con el acceso a recursos (por ejemplo la tierra), el goce de fueros y privilegios o la abolición de impuestos o gabelas considerados injustos. Es decir, aspiraciones sociales y políticas que poco tenían que ver con las declaraciones políticas de la elite revolucionaria, y mucho menos con los postulados liberales de la época.

El proceso revolucionario no sólo ofreció oportunidades individuales a sujetos de diversa extracción social sino que favoreció el planteamiento de reivindicaciones colectivas de los sectores subalternos que llevaron adelante sin enunciarlo, pero sí de manera directa, un proyecto político. En el caso específico de la insurgencia rural en el valle de Lerma, se insinuó una reforma agraria, ya que dejaron de pagar arriendos, de prestar servicios personales y de conchabarse como peones, y ocuparon tierras en las principales propiedades rurales del valle. Los esclavos que integraban los escuadrones gauchos, muchos de ellos incorporados voluntariamente sin autorización de sus amos, abrigaban por su parte otras aspiraciones, y la principal de ellas era la libertad, ya que tal como expresaba uno de ellos en una carta dirigida a Martín Miguel de Güemes, no era posible que un gaucho fuera esclavo cuando luchaba por la libertad de todos sus hermanos.¹² En la medida en que patria y libertad se presentaban para ellos estrechamente unidas e interdependientes, ya que no era posible la patria sin la libertad, es probable que la patria por la que luchaban fuera concebida como un orden social más justo. La prolongación de la guerra, y la permanente invocación a la libertad de la patria, contribuyó de esta manera a configurar un proyecto político que respondía a sus expectativas sociales y económicas.

Nos parece interesante enunciar como hipótesis que es posible encontrar ese proyecto político, con sus matices y diferencias, en las movilizaciones rurales que tuvieron lugar en los años siguientes al finalizar la guerra en Salta, alentadas por las luchas facciosas de la elite. Enfrentamos así dos problemas complejos, los cuales son, por un lado, encontrar evidencias de que esas expectativas continuaban vigentes en las milicias, o en parte de ellas, en los levantamientos que protagonizaron luego de la muerte de Güemes y, por otro, interpretar sus vinculaciones con los proyectos políticos de la elite dirimidos fundamentalmente en torno a la construcción de poder en la provincia y en la relación con Buenos Aires y las provincias alto peruanas.

Estas movilizaciones, que entre 1821 y 1822 se expresaron en varios y sucesivos motines y levantamientos, generaron una tensión entre el "orden social", reclamado por la elite, y la negociación que la lucha por el poder imponía a la elite con las milicias y sus líderes. No habría de resultar sencillo restablecer el orden social previo a la revolución y la guerra después de que un porcentaje considerable de la población tomara conciencia del poder adquirido en su lucha contra los realistas. Una de las razones que llevó a la elite de Salta a tramar la destitución primero y luego la muerte de Martín Miguel de Güemes fue la posibilidad de contener ese poder creciente y peligroso de la "plebe armada", con la cual Güemes se veía obligado a negociar mayores beneficios como consecuencia de la prolongación de la guerra y las dificultades económicas para sostenerla. Pero una vez concluida la guerra, gracias a la firma de un armisticio con el general realista Pedro Antonio de Olañeta, comprendieron rápidamente que restablecer el orden alterado no sería una empresa fácil.

La formación de la Junta de Representantes, la elaboración de un reglamento y la implementación de elecciones generales, demostraron aún con mayor claridad las dificultades para restablecer la "paz social" frente a una población urbana y rural organizada militarmente (Marchionni, 2005). La disolución en 1821 del cuerpo militar de línea Los Infernales, creado por Güemes en 1815, y el nuevo Reglamento de Milicias establecido por Arenales en 1824, que reducía el número de milicianos, establecía condiciones para su incorporación y limitaba el fuero militar,¹³ no obtuvieron tampoco mayores resultados, ya que aun cuando contribuyeron al debilitamiento de las milicias, no lograron controlar la movilización rural que se expresaría igualmente por fuera de las estructuras militares.

Contrariamente a lo sostenido hace ya varias décadas por Tulio Halperin Donghi (1980), para quien luego de la muerte de Martín Miguel de Güemes "se afirma la reconciliación entre las grandes familias [gracias a la cual] la aristocracia retoma su predominio sobre una plebe desencantada de los resultados de la experiencia política dirigida por Güemes" (p. 201), nos parece pertinente preguntarnos si la muerte de Güemes significó, en lo inmediato, la derrota de un proyecto político en el cual se conjugaban mayores derechos políticos, económicos y sociales para una "plebe", que al menos por unos años, no parece demasiado "desencantada" de la propuesta política ensayada por ella en tiempos de Güemes.

 

Militarización y orden social

Desde los inicios de la movilización de la población rural y después de las alabanzas vertidas por el Cabildo de Salta ensalzando el valor y heroísmo de los "gauchos" una vez retirados los realistas en octubre de 1814, comenzaron los conflictos entre las milicias y el ejército de Buenos Aires, conflictos de los cuales participaron también algunos miembros de la elite de Salta y el Cabildo de Jujuy, temerosos del poder creciente de Martín Miguel de Güemes y ansiosos por retirar a las milicias el goce del fuero militar permanente, percibido como la fuente de todos los desmanes y abusos cometidos por la "plebe miliciana". Las negociaciones establecidas por Güemes con jefes locales capaces de movilizar, fruto de su habilidad política, resultarían difíciles de conservar a lo largo de los siete años que duró su liderazgo. La falta de recursos y las dificultades para mantener la disciplina entre los hombres armados, condimentada por los rencores albergados por mestizos, indios, mulatos y negros hacia la elite propietaria, fue dando paso al enfrentamiento cada vez más intenso, hacia una "guerra de castas". En estas circunstancias resultó para Güemes cada vez más difícil contener los desmanes de los "valientes gauchos" y conservar las lealtades de las jefaturas intermedias, a la vez que el descontento de la elite con su gestión se agudizaba frente a la presión cada vez mayor ejercida por el gobernador para obtener préstamos de dinero y aprovisionamiento para el ejército.

En 1817 y 1820 Güemes enfrentó sendos atentados contra su gobierno y su vida, en los cuales participaron integrantes de las milicias y de los cuerpos de línea creados por él. En 1821, y luego de un intento frustrado, la conspiración tuvo éxito, aunque para ello fue necesario recurrir a las fuerzas realistas. A finales de mayo de 1821, aprovechando la ausencia de Martín Güemes, en campaña militar contra el gobernador de Tucumán,¹⁴ el Cabildo de Salta lo destituyó.¹⁵ Leyendo con detenimiento el oficio del Cabildo dirigido a Güemes informando la decisión tomada por esa corporación el día anterior y los duros términos en que se dirigen a él, no cabe duda de que más allá del rencor contra su gobierno, evaluaron contar con un apoyo considerable de las milicias y de los cuerpos de línea provinciales. Es por ello que no dudaron en requerirle "a nombre del pueblo, tropas y jefes militares, que suscribieron la expresada acta, el cese total en el mando".¹⁶ ¿Quiénes fueron los jefes militares que firmaron el acta del Cabildo? Imposible saberlo con certeza, ya que sólo constan en ella las firmas de los cabildantes, pero es posible suponerlo a la luz de las alianzas posteriormente evidenciadas.¹⁷ Más importante es analizar primero qué sucedió con las fuerzas militares a las cuales suponían adictas y que defeccionaron antes de enfrentar militarmente a Güemes. Si bien el relato historiográfico local atribuye a su carisma este desenlace, ya que "todo fue escuchar su voz que sentirse aquellos hombres avasallados, desarmados, avergonzados de su actitud presente, para prorrumpir luego enseguida en una aclamación general, y vivándolo con entusiasmo delirante y pasándose todos a sus filas" (Frías, 1973, t. 5, p. 68), es posible suponer otras razones.

En primer lugar es evidente que entre los jefes militares que se comprometieron a apoyar al Cabildo se encontraban aquellos que habían participado en conspiraciones anteriores.¹⁸ otros, pertenecientes al vecindario "decente" se sumaron en esta oportunidad a la conspiración. Es indudable, sin embargo, que la adhesión de estos jefes no garantizó en modo alguno el éxito de la empresa. Es plausible conjeturar que no tenían suficiente poder sobre los sargentos y gauchos que integraban sus milicias y que las negociaciones de estos con Güemes definieron el resultado. Es asimismo importante considerar la lealtad de los cuadros militares que acompañaban al gobernador y que, a pesar de las derrotas sufridas en Tucumán, resultarían suficientes para enfrentarlos y vencerlos y, finalmente, por qué no suponer que esos hombres comprendían que Güemes podía satisfacer mejor sus expectativas y reclamos. La autorización de Güemes a saquear la ciudad fue sin duda una muestra clara de los alcances de la guerra social en la cual se hallaban involucrados. El saqueo, calificado por la elite como demostración de la barbarie que caracterizaba a la plebe entregada a los peores defectos, tenía para los hombres armados que lo ejecutaban otros significados, entre ellos, la justa recompensa por los esfuerzos realizados en la guerra y el merecido castigo hacia quienes eran identificados como enemigos de la "causa" que defendían.

Pocos días después, la oposición, luego de fracasar en el intento de destitución, comprendió que no contaba con fuerzas suficientes para concretarla y acudió entonces al general español Pedro Antonio de Olañeta. El ingreso de una partida realista es una muestra elocuente del apoyo brindado por algunas jefaturas militares, particularmente de las milicias de Jujuy. En primer lugar es preciso tener en cuenta los antiguos enfrentamientos del Cabildo de Jujuy con Güemes (Marchionni, 2008, pp. 222-224) y especialmente el hecho de que si bien Güemes había logrado, merced a las fuerzas militares que lo acompañaban, malograr el proyecto de sus opositores en el Cabildo de Salta, en Jujuy estos habían impuesto a un teniente de gobernador adicto a su causa. Por otra parte y en el plano militar, uno de los jefes militares más importantes y con mayor poder sobre las milicias rurales de Jujuy era un declarado opositor a su gobierno.¹⁹

Con la muerte de Güemes las milicias enfrentaron un necesario y difícil reordenamiento. Muchos de aquellos jefes de milicias y de cuerpos de línea que no habían logrado garantizar el éxito del pronunciamiento del Cabildo del 25 de mayo, tampoco admitieron la designación del general realista Pedro Antonio de Olañeta como gobernador de Salta, ¿prueba quizá de la identificación por parte de los milicianos del orden colonial con un orden social y político contra el cual habían luchado? Es probable que fuera así para muchos, aun cuando no para todos en el mismo sentido.

Sin el liderazgo de Güemes fueron necesarias nuevas negociaciones de las que dan cuenta las alianzas tejidas entre los jefes de los escuadrones gauchos, la disolución de los Infernales y la reglamentación de las milicias provinciales. Los enfrentamientos, los saqueos, las conspiraciones, la violencia política no habrían de cesar. ¿Cuáles eran las razones por las cuales continuaron movilizados?, ¿quiénes fueron los jefes que enfrentaron con mayor decisión a la elite salteña que veía en las milicias y en Güemes una amenaza a sus intereses políticos, sociales y económicos?

Una de las primeras manifestaciones del poder de las milicias fue la imposibilidad de contenerlas y evitar el asalto a la ciudad de Salta concretado el 22 de septiembre de 1821, a tres meses de la muerte de Güemes y a poco más de un mes de que se iniciara el reordenamiento político de la provincia organizándose la Honorable Junta de Representantes,²⁰ que nombró a José Antonino Fernández Cornejo como gobernador intendente. El nombramiento de Fernández Cornejo, comandante de la frontera y acérrimo enemigo de Güemes, y la firma de un armisticio con el general Olañeta fueron el detonante de esta sublevación y, por ende, su resultado fue, además del saqueo al cual fueron sometidos los más notorios enemigos de Güemes, la destitución del gobernador Cornejo.

Lideraron el levantamiento el comandante Pablo Latorre y José Francisco Gorriti. La designación de José Ignacio Gorriti, hermano de José Francisco, fue el resultado de arduas negociaciones con los sectores más radicalizados de la facción adicta a Güemes. ¿Cómo logró Gorriti el consenso necesario para ejercer el poder durante dos años, en el transcurso de los cuales debería enfrentar un nuevo levantamiento militar? No es sencillo responder a esta pregunta. La historiografía local lo atribuye a su condición de jefe militar de confianza de Güemes y, por ende, respetado por los jefes adictos al extinto gobernador. Suponemos que debe haber influido también que era hermano de José Francisco Gorriti, jefe de milicias en la frontera del Rosario y estrechamente vinculado con Latorre.

Los nombres de José Francisco Gorriti y de Pablo Latorre adquirirán a partir de 1821 mayor significación política. ¿Cuál fue la base de su poder? Indudablemente el mismo residía en el mando ejercido sobre las milicias de la frontera chaqueña, donde también ejercía poder militar Juan Antonino Fernández Cornejo, con quien se encontraban enfrentados. Mientras que Fernández Cornejo²¹ era reconocido por su opinión favorable a un gobierno centralizado y de corte liberal, tanto José Francisco Gorriti como Pablo Latorre defendían la autonomía provincial y la organización de un Estado federal.

Una de las variables fundamentales a considerar para estudiar estas movilizaciones, levantamientos y saqueos gira alrededor de las prerrogativas obtenidas por los gauchos gracias al poder adquirido en la guerra contra los realistas. Entre ellas, la de mayor significación, sobre todo para la población rural, será la ocupación de tierras y el no reconocimiento de los arriendos. Dan cuenta de la importancia que reviste el problema de la tierra en la conflictividad rural los intentos realizados, tanto por Güemes como por la elite dirigente después de su muerte, para obligar a los gauchos a desalojar las tierras ocupadas y reiniciar el pago del arriendo.

 

Tierra y conflicto

Cuando en 1816 Martín Miguel de Güemes decidido a enfrentar militarmente a José Rondeau, a la sazón jefe del Ejército Auxiliar del Norte, solicitó al comandante de gauchos Mariano Benavides²² que reuniera a sus hombres prometiéndoles repartirles las tierras de los "pícaros" que apoyaban a Rondeau; estaba completamente persuadido de que esta promesa resultaría atractiva para los gauchos que integraban el escuadrón.²³ Y sin dudas el acceso a la tierra constituía una de las principales aspiraciones de los hombres movilizados, y no tan sólo de peones y arrenderos desposeídos de bienes, sino también de aquellos de diferente condición social que aspiraban a acceder a ella o a incrementar el patrimonio rural que poseían. La guerra les brindaba una oportunidad única para lograrlo.²⁴

Sugestivamente en marzo de 1816, al derrotar a Rondeau, el gobernador Güemes consiguió que los propietarios de tierras accedieran a no "exigir los arriendos ínterin durase la guerra". De este modo complacía a los hombres movilizados que integraban las milicias, quienes sin duda ya resistían el pago de los arriendos y la prestación de servicios (Mata de López, 1999, p. 168).

La movilización sostenida durante los años siguientes agudizó el conflicto, que adquirió asimismo nuevas significaciones políticas y sociales. Los estancieros y los hacendados no sólo dejaron de percibir los arriendos, sino que además debieron enfrentar la falta de mano de obra suficiente para la explotación de sus propiedades, ya que los arrenderos se negaron también a prestar los servicios personales, los peones y milicianos ocuparon las tierras y no fueron pocos los esclavos que se sumaron sin permiso del amo a las milicias provinciales. Enfrentado con la elite por estos y otros motivos, tales como la interrupción del comercio y las constantes contribuciones forzosas, Güemes negociaba con dificultades crecientes su permanencia en el poder, dificultades de las que dan cuenta las conspiraciones contra su gobierno. Su muerte en junio de 1821, propiciada por esa misma elite aliada a algunas de las jefaturas militares, fracturó alianzas previas de las cuales habían participado también jefes milicianos de escasa o nula relevancia social. ¿Cuáles podrían ser las razones por las cuales quienes habían conspirado en anteriores ocasiones contra su gobierno se rebelaran tan abiertamente contra las nuevas autoridades?

No es descabellado suponer que al contemplar en el poder a los realistas, tal como sucedió con la ocupación militar de la ciudad y el breve gobierno de Pedro Antonio de Olañeta posterior a la muerte de Güemes, temieran volver "al antiguo orden", reclamado por la elite, que incluía el pago de arriendos y el desalojo de las tierras que ocupaban. El descontento rural permitió a los jefes de las milicias rurales, y entre ellos a encumbrados sectores de la elite que deseaban fervientemente ocupar el lugar dejado por Güemes en el poder, obligar a Olañeta a firmar un armisticio que, si bien no le permitía conservar el gobierno de Salta, le garantizaba el cese de hostilidades y reabría el comercio de Salta con el Alto Perú, necesario para proveer al ejército realista de ganado y efectos ultramarinos, ante la ocupación de Lima por parte del Ejército de San Martín.

La Honorable Junta de Representantes, compuesta por representantes de todos "los Pueblos libres de la comprensión del Territorio", se adjudicó el carácter de depositaría de la "autoridad soberana de la provincia",²⁵ y en ejercicio de esa soberanía, el 7 de agosto de 1821 los miembros de la Honorable Junta de Representantes propusieron que

los comandantes de la campaña presten ante todas cosas igual juramento de reconocimiento y obediencia a la autoridad soberana de la provincia depositada en esta Honorable Junta, debiendo practicar lo mismo por las ilustres Municipalidades de oran y Jujuy.

Aun cuando esta propuesta fue aprobada por unanimidad, no faltaron algunos reparos, entre ellos el de disponer que dicho juramento se prestara "en sus respectivos departamentos". Finalmente se dispuso que así se hiciera, con excepción de los departamentos más próximos, entre ellos Campo Santo, Rosario de Cerrillos y Chicoana.²⁶ ¿Cuál fue la razón por la cual los comandantes de estos departamentos deberían trasladarse a la ciudad y jurar frente a los miembros de la Junta? Si bien la cercanía podría haber sido una razón, también podemos suponer que se deseaba reafirmar en ellos el compromiso con el nuevo orden político. Los sucesos posteriores darán la razón a quienes desconfiaban del sometimiento de las milicias de Cerrillos y Chicoana a las nuevas autoridades.

El reemplazo, los primeros días de agosto de 1821, de Pedro Antonio de Olañeta por José Antonio Fernández Cornejo en el gobierno de Salta y el retiro de los realistas dos semanas después de la firma del armisticio, no tranquilizó a importantes sectores milicianos. Entre las medidas adoptadas por la Junta de Representantes tendentes a evitar la furia de "la fiera multitud", se encontraban el nombramiento del coronel graduado Ángel Mariano Zerda como edecán, y del coronel del Cuerpo de Infernales, José María Lahora, como mayor de plaza, la decisión de reducir el número de tropas que guarnecían la ciudad, y en particular la disposición adoptada el 25 de agosto de no sancionar penalmente a quienes participaron en el saqueo de la ciudad el 31 de mayo de ese año. En relación con las causas seguidas por el alcalde de primer voto,²⁷ se tuvo en consideración la "situación actual de la provincia y lo peligroso que sería perseguir indistintamente a los complicados en el saqueo", y el hecho de que el mismo se perpetró con la licencia otorgada por Güemes. Por ello sólo se decidió solicitar y perseguir la restitución de los bienes saqueados a sus legítimos dueños, buscando individualizar para el castigo a quienes fueran sus caudillos.²⁸

Ninguna de estas providencias alcanzó para apaciguar el malestar de las milicias en el ámbito rural donde, sin duda, operaban jefaturas locales y agitadores que observaban con recelo al gobierno de Cornejo. En una circular destinada a los jefes de las milicias y fechada en Jujuy el 14 de septiembre de 1821, es decir ocho días antes del levantamiento miliciano que obligó a Fernández Cornejo a renunciar al cargo de gobernador, Agustín Dávila, teniente de gobernador de Jujuy, denunciaba que

algunos genios díscolos enemigos de la tranquilidad y amantes de vivir del robo y el desorden, esparcen por la campaña, prevalidos de la sencillez de sus habitantes, que el gobierno actual [...] trata de poner bajo tributo a los beneméritos y distinguidos gauchos, al mismo tiempo que privarlos de regalías que antes disfrutaban sobre terrenos reputados baldíos, induciéndolos a la costumbre de pago de arriendos [cursivas mías].

Luego de desmentir enfáticamente tales intenciones por parte del gobierno del cual formaba parte, dispuso que "todos los oficiales, sargentos y cabos vigilen incesantemente en este asunto hasta lograr saber con realidad quién es el motor de estas voces criminales".²⁹

Todos estos esfuerzos resultaron inútiles. A fines de agosto crecían los rumores acerca de una conspiración incitada por los "enemigos del orden secuaces y facciosos del anterior gobernante don Martín Güemes", de la cual era acusado el coronel Pablo Latorre, quien había resultado electo como representante por Rosario de la Frontera para integrar la Junta de Representantes, la cual, obviamente sin su presencia, ordenó el 7 de septiembre su captura sin que la misma pudiera concretarse.

El 22 de septiembre se produjo el temido levantamiento de la campaña. Las milicias gauchas invadieron la ciudad y la saquearon. La historiografía local, y particularmente Bernardo Frías, describieron a la misma como un ataque provocado por "la gavilla" apoyada por la "plebe" que "se encendía con ira contra los traidores; y en lugar de apoyar al gobierno, rodeaba más bien a los corifeos de la gavilla, deshonra de la patria" (Frías, 1973, t. 5, p. 185). ¿Quiénes integraban la "gavilla"? Según los más destacados opositores de Güemes, que apoyaban al gobernador Cornejo, formaban parte de la misma el coronel Pablo Latorre, jefe militar de las milicias de la frontera del Rosario y los familiares de Güemes.³⁰ En realidad encontraremos diferentes situaciones. El comandante Mariano Morales, quien había participado en todas y cada una de las conspiraciones tramadas contra Güemes, se convirtió luego de su muerte en uno de los hombres de confianza del gobernador Gorriti; en cambio el negro, o el mulato, o el zambo capitán de Infernales Vicente Panana, que había participado en esas conspiraciones (Frías, 1973, t. 5, p. 193; Mata de López, 2010, pp. 128-129), se encontraba entre quienes lideraron el levantamiento de septiembre de 1821. ¿Qué razones tuvo Panana para enfrentar a quienes habían logrado destituir a Güemes?, ¿cuáles fueron los verdaderos motivos por los cuales él y otros como él se distanciaron del fallecido gobernador?, ¿es posible suponer que se sintieron decepcionados por Güemes? Un dato nos parece interesante. En 1820 Güemes había ordenado que se pagaran los arriendos cuando el propietario de la tierra fuera patriota conocido.³¹ Esta orden, sin duda, debe de haber provocado malestar entre los arrenderos que formaban parte de los escuadrones gauchos. Y si nos atrevemos a atribuir a esta medida, que desde luego y a pesar de haberla dispuesto el mismo Güemes no se cumplió, el alejamiento de algunos jefes de las milicias y de los cuerpos de línea, podemos entonces suponer que su apoyo a quienes lideraron el levantamiento rural en septiembre de 1821 fue el resultado de negociaciones en las cuales el pago de los arriendos y el derecho a ocupar tierras se encontrarían presentes, especialmente si tenemos en cuenta el malestar que generaba en los gauchos la posibilidad de ser obligados a pagar arriendos y desalojar las tierras que ocupaban.

Luego del saqueo y de la toma de la ciudad, el gobernador Cornejo renunció. De cualquier modo Pablo Latorre no tuvo posibilidades de acceder al gobierno de la provincia a pesar del triunfo que le dieron las armas. Las fuerzas militares con las que contaba no habrían sido suficientes, y era evidente que carecía de apoyos importantes en la elite de Salta, aun cuando entre ellos hubiera adictos a la facción de Güemes.³² Resulta sugerente suponer la existencia de un límite para esta elite, ligada al extinto gobernador, y que este límite lo constituían las aspiraciones de los gauchos atentatorias contra el derecho de propiedad y, por ende contra el "orden social" que protegía los intereses de los grandes propietarios de tierra. En las deliberaciones mantenidas entre la Junta de Representantes y las jefaturas militares se logró una solución intermedia al designar como gobernador interino en reemplazo de Fernández Cornejo a José Ignacio de Gorriti, propietario de tierras en la frontera y un hombre cercano a Güemes que tenía influencia en la Junta de Representantes en la cual era un miembro importante su hermano, el canónigo Juan Ignacio de Gorriti.

A pesar de la presión ejercida por su propio hermano y por la Junta de Representantes, el gobernador Gorriti se resistió a poner en prisión a Pablo Latorre, pero no dudó en castigar con la pena de muerte a los "cabecillas" de los desmanes, probablemente sargentos y capitanes de los escuadrones gauchos, entre ellos al negro Panana. La amenaza de los males que sobrevendrían si se tensaba la situación con la detención y enjuiciamiento de Latorre le otorgó a Gorriti gobernabilidad, a pesar del descontento de la "plebe insolentada" que, aleccionada con la ejecución de sus jefes más representativos, se manifestaba a través del canto de unos versos anónimos que hacían temer nuevas violencias. Con preocupación, la elite reconocía el peligro que la acechaba por la "existencia de los perversos; tememos su despecho en la casi imposibilidad de realizar sus aspiraciones; tememos a los mulatos que no están contentos con Gorriti".³³

Una expresión vertida en esos versos brinda indicios acerca de una identidad política que tendría diferentes significaciones según la condición social. En ellos exclaman desafiantes: "la Patria Vieja ha y reinar". ¿Qué sentido político esconde esta expresión "patria vieja"? Para los mulatos, los mestizos, los indios y los esclavos que componían los escuadrones gauchos probablemente significara las aspiraciones que albergaban en torno a mayores derechos, reconocimiento social, acceso a la tierra, libertad. Sin embargo, la elite que respondía en ese momento político a la "patria vieja" o que era reconocida por los gauchos descontentos como su representante, alentaba un proyecto político diferente, francamente opuesto a las propuestas políticas liberales y centralistas ensayadas luego por Buenos Aires y con las cuales se identificaban quienes detentaban el gobierno provincial, especialmente la Junta de Representantes. Es así que la más fuerte oposición al gobierno se focalizaba en la frontera sur de la provincia, limítrofe con la provincia de Santiago del Estero, cuyo gobernador se adhería a ideas federales de organización nacional. Pablo Latorre y Francisco Gorriti, líderes militares de Rosario de la Frontera, que alentaban similares aspiraciones políticas, serán por esta razón los protagonistas más destacados de los levantamientos que tendrían lugar en estos años.

Antes de finalizar 1821, José Ignacio Gorriti había logrado contener a Pablo Latorre, pero encontraba aún resistencias en el valle de Lerma, donde se hallaba el mayor número de milicianos en los escuadrones gauchos. En Cerrillos, a pocas leguas al sur de la ciudad, se estaba organizando un nuevo levantamiento que, de acuerdo con el relato brindado por Bernardo Frías, fue sofocado por la negociación entre Gorriti y Pablo Latorre, logrando el gobernador restar fuerza al movimiento y colocar allí, al frente de las milicias de Cerrillos, a Mariano Morales, hombre de su confianza (Frías, 1973, t. 5, p. 220).

En enero de 1822 la Honorable Junta de Representantes designó a José Ignacio Gorriti gobernador propietario de Salta por el término de dos años. Su designación fue resultado del éxito que coronó las negociaciones entabladas entre los principales líderes del levantamiento militar de septiembre del año anterior y la elite opositora a Güemes que había propiciado su derrocamiento. La amenaza de un nuevo levantamiento de las milicias y el reclamo de los propietarios rurales para retomar el control sobre sus tierras y lograr la obediencia de peones y arrenderos constituirá uno de los desafíos más importantes que deberá enfrentar Gorriti, preocupado por "unir lo desunido", como él mismo dirá repetidamente, al referirse a los enfrentamientos en el seno de la elite y a la necesidad de neutralizar el poder de algunos díscolos jefes de las milicias provinciales y el malestar de los milicianos ante la posibilidad de ser expulsados de las tierras que ocupaban o verse compelidos por los propietarios a pagar arriendos y prestar servicios personales.

Los estancieros y hacendados intensificaron sus reclamos acerca de los derechos que les asistían de cobrar el arriendo y gozar de la prestación de servicios personales, denunciando con amargura que "los gauchos hasta aquí han sido los legítimos y verdaderos dueños de la tierra".³⁴ Solicitaban también autorización para expulsar

a los muchos vagos sin destino, ladrones y malvados [... ] quienes bajo el nombre de gauchos que lo consideran sagrado se creen al cubierto de las penas y persecución de la ley por los atentados que impunemente cometen.³⁵

Un dato se impone inmediatamente. La ocupación de tierras en el valle de Lerma parece haber sido importante. En las tramitaciones seguidas por los propietarios, en defensa de sus derechos a la propiedad, hemos encontrado en una de ellas el listado de aquellos individuos que el patrón acepta reconociéndolos como arrenderos y aquellos que se han instalado sin autorización en las tierras (cuadro 1).

Ante los planteamientos de los propietarios y la gravedad de la situación, Gorriti solicitará en abril de 1822 a

los comandantes de los escuadrones que componen la milicia provincial [... ] que en el perentorio término de ocho días expongan en este gobierno los inconvenientes que les ocurriesen en orden a los indicados abonos de arrendamientos de los gauchos de sus respectivos escuadrones, igualmente en cuanto a los derechos parroquiales que deban satisfacer por ellos o sus familias.

Las respuestas a esta petición permiten comprobar la gravedad del problema y las dificultades y límites existentes para la negociación entre los gauchos, las jefaturas intermedias, los propietarios y el gobierno provincial.

Las respuestas se formalizaron en las primeras semanas del mes de mayo. Mientras algunos comandantes consideraron importante retornar al antiguo orden "bien que siempre consultando su moderación",³⁶ otros alertaron sobre las consecuencias que tendría para la paz social intentar imponer el pago de los arriendos. En opinión del comandante de uno de los escuadrones de Chicoana en el valle de Lerma, de cobrarse los arriendos "redundará un total desabrimiento y que de ella resulten graves males según preveo".³⁷ El comandante del escuadrón de Cachi en el valle Calchaquí aludió a los padecimientos de los gauchos que habían abandonado sus casas y familias para acudir a la guerra, "al paso que el propietario regularmente vive en el descanso y comodidad de su casa".³⁸

Con prudencia, Mariano Morales, precisamente uno de los hombres con los cuales contaba Gorriti para contener a los gauchos en Cerrillos y que había participado en las conspiraciones contra Güemes en 1820 y 1821, alertaba, luego de alabar la valentía y sacrificio de los gauchos, que de cobrarse los arriendos "pudiese suceder que levantaran seducciones y seductores que acusen y acaloren nuestra ingratitud, y que lo poco que se pueda perder en arriendos y derechos de parroquia suceda la fatalidad de que tal vez vengamos a perderlo todo".³⁹ Idéntica respuesta dio Juan Manuel Quirós.⁴⁰ Ambos hablaban sin duda con conocimiento de la situación planteada en el ámbito rural, ya que fue Mariano Morales quien logró abortar el levantamiento de Cerrillos a fines de 1821, mientras que una porción considerable de hombres pertenecientes al escuadrón de Quirós ocupaban tierras sin autorización en la propiedad de Juan Manuel Texada, y el resto del escuadrón se negaba a pagarle arriendos. Serán ellos quienes habrían de proponer "se tome una razón de las propiedades confiscadas a los enemigos emigrados para su distribución entre los gauchos", ofreciendo una posible solución al conflicto. Los seductores a los cuales hacían referencia podían ser tanto Pablo Latorre como algunos de los sargentos y capitanes de los escuadrones gauchos del valle de Lerma.

Sugestivamente, Francisco María Cornejo y José Antonio Fernández Cornejo, comandantes de Campo Santo y Anta, asegurarán que en esos lugares los gauchos no dejaron de pagar arriendos. Finalmente, todos afirmaron que Martín Miguel de Güemes había ordenado a capitanes y sargentos que no se debía cobrar el arriendo a los arrenderos o los derechos parroquiales a los peones para aliviar su condición, "ínterin durase la guerra".

Si bien el gobernador Gorriti elevó esta documentación a la Junta de Representantes, y en su seno se discutieron las medidas a tomar, no se llegó en definitiva a ninguna resolución. El 31 de mayo de 1822 un nuevo levantamiento rural, esta vez liderado por Benjamín Güemes y Dionisio Puch, hermano y cuñado de Martín Miguel de Güemes respectivamente, y propietarios en la frontera del Rosario, invadió la ciudad, produciéndose algunas escaramuzas en las cuales habría de perder la vida Benjamín Güemes.

 

Epílogo

Luego de la muerte del gobernador Martín Miguel de Güemes en junio de 1821 se inició en Salta un periodo de fuerte convulsión política y social que no se agotó en estos dos primeros años, sino que persistió durante toda la década de 1820.

Indudablemente, finalizada la guerra contra los realistas,⁴¹ el orden social y la tranquilidad ansiada por la elite salteña heredera del poder luego de la muerte de Martín Miguel de Güemes estuvieron lejos de conseguirse. Las medidas adoptadas para restablecer el orden y disciplinar a las milicias resultaron insuficientes, y en cada una de ellas será posible observar el enfrentamiento larvado y persistente entre facciones y el accionar de diferentes protagonistas, algunos de ellos de manera permanente durante todos estos años.

Estudiar el grado de conflictividad política presente en la década posterior a la guerra de Independencia requiere, para el caso de la provincia de Salta, comprender que no fue una elite comerciante y propietaria agobiada por las exacciones, perjudicada por la interrupción del comercio con el Alto Perú y atemorizada por la conducta de la "plebe insolentada", la única responsable de la muerte de Güemes. Tanto las conspiraciones anteriores como la que tuvo lugar en 1821 revelan, por un lado, las profundas diferencias existentes entre las jefaturas intermedias y su descarnada lucha por el poder y, por el otro, las alianzas políticas tejidas dentro y fuera de la provincia. No se trata tan sólo del enfrentamiento de Güemes con la elite de Salta, sino de la lucha facciosa en la cual participaba la elite e involucraba a los jefes de milicias y cuerpos de línea, y que con matices regionales expresaban un conjunto de expectativas que superaban el interés meramente personal, aunque también este estuviera ciertamente presente.

Plantear el significado de la muerte de Güemes en torno a las aspiraciones políticas de la "plebe movilizada" proporciona la posibilidad de estudiar, luego de su muerte, el accionar de las milicias y las alianzas establecidas por las jefaturas militares con la elite, y conjeturar sobre los diferentes proyectos políticos que involucran a Buenos Aires, a Bolivia y a las provincias vecinas de Salta. Y fundamentalmente permite evaluar en qué medida la muerte de Güemes significó la derrota de las aspiraciones económicas y sociales de los gauchos movilizados. De modo hipotético aún, nos atrevemos a asegurar que esa derrota fue producto de un lento proceso político que demoró en sofocar estas aspiraciones, otorgando a las movilizaciones rurales de las décadas siguientes otros derroteros políticos. La activa participación de los gauchos, integrantes de las milicias rurales, en estos levantamientos iniciales de la década de 1820, expresa la importancia que para muchos de ellos tenía el acceso a la tierra, desconociendo los derechos de los propietarios, que otorgaba a los jefes locales de esas milicias posibilidades de negociación política en la lucha facciosa por el poder local y regional.

 

Fuentes consultadas

Lista de referencias

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Otras fuentes

Archivos

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AGN Archivo General de la Nación, Buenos Aires, Argentina.         [ Links ]

 

Notas

* Esta investigación forma parte del Proyecto PIP CONICET 0227 y CIUNSA 1893. Una versión preliminar fue presentada en el VIII Congreso de Etnohistoria. La Etnohistoria más allá de las Etnias, celebrado en Sucre (Bolivia) en el mes de Junio de 2011. Agradezco los comentarios realizados en esa oportunidad por Rossana Barragán, Ana Inés Punta y Sinclair Thompson y a los efectuados luego por los evaluadores anónimos de la revista.

¹ En el área andina los estudios sobre la conflictividad política han analizado preferentemente la difícil relación entre las comunidades indígenas y las nuevas fuerzas políticas que buscaban consolidar un poder estatal. La bibliografía sobre esta problemática es muy amplia, entre ella merecen señalarse los aportes de Fisher (2004); Aguirre y Walker (1990); Platt (1990); Larson (2002); Pérez (2003); Irurozqui (2003); Irurozqui (2000); Méndez (2005); Escobar Ohmstede y Falcón (2002). Florencia Mallon ha realizado un interesante estudio comparativo entre México y Perú (Mallon, 2003). En la argentina los estudios sobre las luchas políticas y la participación en ella de amplios sectores sociales han revisado el concepto de caudillo como categoría analítica y su aplicación en la conflictividad política del siglo XIX, entre los últimos y más importantes trabajos publicados podemos mencionar a Goldman y Salvatore (1998); Fuente (2007); Fradkin (2006); Di Meglio (2009) y Zubizarrieta (2011).

² A los clásicos trabajos sobre las guerrillas alto-peruanas de Arnade (1964), Roca (1984) y Arze Aguirre (1979) se han sumado, desde nuevas perspectivas teóricas, los importantes aportes de Soux (2010).

³ La crisis del Directorio en Buenos Aires, luego de la sanción de la Constitución de 1819 que establecía un gobierno fuertemente centralizado y habilitaba la posibilidad de una monarquía para las Provincias Unidas del Río de la Plata, tuvo como detonante a la sublevación del Ejercito Auxiliar del Norte en Arequito, provincia de Santa Fe, desplazado desde Tucumán por orden del director supremo José Rondeau para enfrentar a Artigas y a las provincias del litoral que resistían la invasión portuguesa en la Banda Oriental del Uruguay con la finalidad de aplastar la rebeldía de estas provincias a la autoridad de Buenos Aires (Halperin Donghi, 1980, pp. 199-200).

⁴ Entendemos por subalternos a todos aquellos sectores sociales que se encuentran excluidos de los grupos de poder "expresado en términos de clase, casta, edad, género, ocupación o en cualquier otra forma", los cuales poseen conciencia política y cuyo accionar se inscribe en la dinámica política de la sociedad en su conjunto. Tal como propone Ranajait Guha, interesa que la "subalternidad funcione como medida de valoración objetiva del papel de la elite así como de crítica a las interpretaciones elitistas de ese papel" (Guha, 1997, p. 24).

⁵ Las milicias regladas se establecieron en Salta en 1803 de acuerdo al "Real Reglamento de Milicias Disciplinadas de Infantería y Caballería del Virreinato de Buenos Aires", sancionado en Buenos Aires en 1801. El art. 8 establecía para la provincia de Salta un Regimiento de Caballería con "cuatro escuadrones para la defensa de su frontera, compuesto de la capital y ciudad de Jujui con sus poblaciones dependientes y su fuerza será de mil doscientas plazas, con el nombre de Voluntarios de Caballería de Salta". Estaban sujetos a su incorporación los hombres desde la edad de 16 hasta 45 años, exceptuándose a los dependientes de comercio y artesanos con el fin de no perjudicar la actividad económica local. Los milicianos gozaban de fuero militar mientras estuvieran de servicio activo.

⁶ El término "plebe" será empleado en el artículo recuperando la denominación utilizada en las fuentes para referirse principalmente a las castas y en menor medida a los indios y mestizos sin ocupaciones fijas y potencialmente peligrosas para el orden social. Si bien en la colonia se refería particularmente a la población urbana, fue también utilizada para descalificar a los milicianos rurales al organizarse las milicias regladas en 1803. De allí la mención despectiva de "plebe miliciana", "plebe armada" o "plebe insolente" a la cual hacen referencia los miembros de la elite al denunciar los atropellos y excesos cometidos por estos hombres armados y protegidos por sus jefes y el fuero militar.

⁷ oficio de José de San Martín a Manuel Dorrego y oficio de Manuel Dorrego a José de San Martín. Ejército Auxiliar del Perú, 1814. Sala X-3.10.7. Archivo General de la Nación (AGN), Argentina. Sostenía Dorrego la inutilidad y riesgo que significaría avanzar el Ejército Auxiliar en territorio salteño. Por el contrario consideraba más útil organizar con unos pocos milicianos a los paisanos de la campaña salteña y sorprender a las partidas realistas que se desplazaban en búsqueda de ganado y bastimentos. De esta manera propuso una estrategia similar a la que estaban llevando a cabo las guerrillas en el Alto Perú.

⁸ Oficio de Apolinario Saravia a San Martín, Guachipas, marzo 25 de 1814; Parte de Güemes a San Martín, Campamento del Campo de Velarde y marzo 29 de 1814; oficio de San Martín al Director Supremo, Tucumán y abril 1 de 1814 (Güemes, 1979, t. 2, pp. 91-95).

⁹ Los "paisanos en armas" fueron nombrados "gauchos" por José de San Martín al iniciarse la resistencia a las partidas realistas, probablemente por compararlos con los gauchos del litoral con quienes compartían las mismas habilidades ecuestres.

¹⁰ Las fuerzas militares organizadas por Güemes estaban compuestas por cuerpos militares propiamente dichos, a saber, el de artillería y el de caballería (Regimiento de Infernales, Partidas Veteranas, Coraceros, Partidas Auxiliares, Granaderos) y los escuadrones de gauchos pertenecientes a la jurisdicción de Salta, de la Frontera del Rosario, del Valle de Cachi, de Jujuy, de la Quebrada de Humahuaca, y en un solo escuadrón los gauchos de Orán, Santa Victoria, San Andrés y la Puna.

¹¹ Milicias de Salta al mando del general Güemes (Güemes, 1979, t. 8, pp. 22-43).

¹² Solicitud de Tiburcio Tineo y de Silvestre del mismo apelativo. Enero 29 de 1821. Fondo de Gobierno. Caja 42, carpeta 1552. Archivo y Biblioteca Históricos de Salta (ABHS), Argentina.

¹³ En relación con el impacto del Reglamento de Milicias en la jurisdicción de Jujuy véase Paz (2008, pp. 217-219).

¹⁴ A instancias de San Martín, Güemes comenzó a prepararse militarmente para avanzar sobre el Alto Perú. Ante la ausencia de un poder central que asumiera los costos de la expedición o brindara ayuda para sumar hombres y pertrechos, solicitó colaboración a las provincias vecinas. El conflicto latente desde hacía tiempo con Tucumán, se agudizó y llevó a un enfrentamiento militar con el gobernador Bernabé Aráoz. Entre quienes enfrentaron a Güemes aliados con el gobernador tucumano se encontraba Manuel Eduardo Arias, un importante e influyente jefe de las milicias salteñas, comandante en Orán y en Humahuaca.

¹⁵ Los Cabildos de Salta y de Jujuy habían mantenido una relación tensa con el gobernador Güemes, particularmente por la extensión del fuero militar a los milicianos y los constantes empréstitos y confiscaciones a los cuales sometía a los principales propietarios y comerciantes de la provincia. Institución colonial y centro del poder local, con la revolución adquirió, en algunas circunstancias, atribuciones políticas inéditas. En 1815 fue el Cabildo de Salta quien en un acto de autonomía respecto a Buenos Aires, designó a Martín Miguel de Güemes gobernador de la provincia, designación que fue resistida por el Cabildo de Jujuy, quien sintió avasallados sus derechos. Desde el momento mismo de la revolución fue el Cabildo la institución que se esforzó por conservar atribuciones políticas y fiscales frente a los jefes militares porteños, inaugurando así el enfrentamiento entre el poder local con las autoridades de Buenos Aires.

¹⁶ Oficio del Cabildo de Salta. Salta, mayo 25 de 1821. Sala VII. Colección Ernesto Celesia. Doc. 2480. AGN, Argentina.

¹⁷ El acta consultada se encuentra inserta (Frías, 1973, t. 5, pp. 667-669).

¹⁸ Es plausible suponer que también en esta oportunidad estaban presentes entre otros Mariano Morales y Mariano Benavides, capitanes ambos de escuadrones gauchos.

¹⁹ Manuel Eduardo Arias, comandante de Orán, Santa Victoria y la Puna, apoyó a Bernabé Aráoz en Tucumán.

²⁰ La Honorable Junta de Representantes se instituyó en agosto de 1821 con carácter constituyente, legislativo y electoral. Integraban la misma los miembros de la elite salto-jujeña opositora de Güemes. Entre sus atribuciones la más importante fue el ejercicio de la soberanía provincial que delegaba en la Junta la elección del gobernador intendente, reemplazando así en esta función al Cabildo, que en el transcurso de la revolución había asumido la representación política local. La designación de Güemes como gobernador en 1815 y el intento sin éxito de destituirlo en 1821, así como su participación en el nombramiento del general realista Pedro Antonio de Olañeta como gobernador intendente, dan cuenta del papel político adquirido por el Cabildo de Salta en el transcurso de la década de 1810, fundamentalmente a partir de la crisis de la autoridad del Directorio en Buenos Aires en 1815.

²¹ A fines de la colonia, Cornejo se encontraba totalmente alineado con las autoridades borbónicas, y una vez pronunciada la revolución no dudó en apoyar a los representantes del poder central de Buenos Aires, enfrentando a Martín Miguel de Güemes cuando este se distanció de la conducción del Ejército Auxiliar del Perú en 1815.

²² En 1815 Mariano Benavídez es nombrado Juez Pedáneo de Río Negro en la frontera con el Chaco. "Acta del Cabildo de Jujuy del 17 de Junio de 1815" (Güemes, 1979, t. 2, p. 432); en 1816 Martín Miguel de Güemes lo designa capitán graduado (Güemes, 1979, t. 4, p. 12).

²³ Carta de Martín Miguel de Güemes a Mariano Benavidez. Marzo de 1816. Sala X- 4.1.3. AGN, Argentina.

²⁴ Fueron numerosas las solicitudes de tierras, en especial las pertenecientes a las reducciones de indios en la frontera, y entre quienes solicitaron comprarlas se encontraban importantes propietarios de tierras y miembros de la elite salteña como José Antonio Moldes y José María Saravia, entre otros.

²⁵ Actas de Sesiones de la Honorable Junta de Representantes. 5 y 6 de agosto de 1821. Copiador 338, fs. 2v y 3. ABHS, Argentina.

²⁶ Actas de Sesiones de la Honorable Junta de Representantes. 7 de agosto de 1821. Copiador 338, fs. 3-3v. ABHS, Argentina.

²⁷ A pesar de mantener el Cabildo funciones judiciales a través del alcalde de primer voto, solicitó opinión a la Junta de Representantes reconociéndole así autoridad en materia judicial, especialmente en un caso de claro perfil político.

²⁸ Actas de Sesiones de la Honorable Junta de Representantes. 25 de agosto de 1821. Copiador 338, fs.22v-23. ABHS, Argentina.

²⁹ "Oficio de Agustín Dávila a Eustaquio Medina, Jujuy 14 de septiembre de 1821" (Güemes, 1986, t. 11, pp. 467-468).

³⁰ "Carta de Facundo de Zuviría a Benjamín Zorrilla, Salta 18 de diciembre de 1821" (Frías, 1973, t. 5, p. 186).

³¹ Arrendamientos de gauchos. Armario Gris. ABHS, Argentina. En 1820 el presbítero José Gabriel González de Hoyos —capellán de la estancia de la Alemania situada en el curato de Guachipas, valle de Lerma— solicitó a Martín Miguel de Güemes ordenase el pago de los arriendos a los gauchos instalados en sus tierras y le autorizase la expulsión de quienes se habían instalado allí sin su autorización. Güemes dispuso el pago de los arriendos y la expulsión de los intrusos "perturbadores del orden", afirmando no haber dado "orden alguna para que no se paguen arriendos a los propietarios de terrenos cuando son patriotas conocidos".

³² Actas de Sesiones de la Honorable Junta de Representantes. 10 de diciembre de 1821. Carpeta 36, f. 5. ABHS, Argentina. Las actas legislativas muestran claramente el liderazgo de Pablo Latorre y su ingerencia en el levantamiento. De hecho ejerció el poder los días posteriores al mismo.

³³ "Carta de Facundo de Zuviría a Marcos Zorrilla, Salta, diciembre 9 de 1821" que transcribe los versos cantados por "los perversos" (Frías, 1973, t. V, p. 218).

³⁴ Arrendamientos de gauchos. Presbítero D. Juan Manuel Texada. Salta abril 12 de 1822. Armario Gris, f. 7. ABHS, Argentina.

³⁵ Arrendamientos de gauchos. Presbítero D. Juan Manuel Texada. Salta, abril 12 de 1822. Armario Gris, f. 8. ABHS, Argentina.

³⁶ Arrendamientos de gauchos. Presbítero D. Juan Manuel Texada. Salta, abril 12 de 1822. Armario Gris, f. 13. ABHS, Argentina.

³⁷ Arrendamientos de gauchos. Presbítero D. Juan Manuel Texada. Salta, abril 12 de 1822. Armario Gris, f. 24. ABHS, Argentina.

³⁸ Arrendamientos de gauchos. Presbítero D. Juan Manuel Texada. Salta, abril 12 de 1822. Armario Gris, f. 28v. ABHS, Argentina.

³⁹ Arrendamientos de gauchos. Presbítero D. Juan Manuel Texada. Salta, abril 12 de 1822. Armario Gris f. 26v. ABHS, Argentina.

⁴⁰ Arrendamientos de gauchos. Presbítero D. Juan Manuel Texada. Salta, abril 12 de 1822. Armario Gris fs. 14 a 16v. ABHS, Argentina. Ambos textos son idénticos y seguramente escritos por Quirós, un comerciante relativamente próspero, en tanto Mariano Morales sería un mestizo cuyos orígenes se desconocen.

⁴¹ En 1822 existieron otras incursiones realistas que no llegaron hasta la ciudad de Salta.

 

INFORMACIÓN SOBRE LA AUTORA:

Sara Emilia Mata. Doctora en Historia por la Universidad Nacional de La Plata. Investigadora independiente del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet). Directora del Centro Promocional de Investigaciones en Historia y Antropología (CEPIHA); directora de la revista ANDES: Antropología e Historia y profesora titular de Historia argentina en la Universidad Nacional de Salta. Ha compilado varios libros y ha publicado numerosos artículos científicos en libros y revistas sobre historia colonial y los últimos años sobre la revolución y la guerra de Independencia en Salta y el Alto Perú. Autora, entre otros títulos, de Tierra y poder en Salta. El noroeste argentino en vísperas de la independencia, Diputación de Sevilla, 2000, y Los gauchos de Güemes. Guerra de Independencia y conflicto social, Sudamericana, Buenos Aires, 2008.

 

ABOUT THE AUTHOR:

Sara Emilia Mata. Doctorate in History from the Universidad Nacional de La Plata. She is an independent researcher at the Conicet. She is also the director of the Centro Promocional de Investigaciones en Historia y Antropología (CEPIHA) and the director of the journal ANDES: Antropología e Historia, and a tenured professor of Argentinian History at the Universidad Nacional de Salta. Mata has compiled several books and published numerous scientific articles in books and journals on colonial history, and in recent years on the revolution and the war of independence in Salta and Alto Peru, now Bolivia. She is the author, among other works, Tierra y poder en Salta. El noroeste argentino en vísperas de la independencia, Diputación de Sevilla, 2000 and Los gauchos de Güemes. Guerra de Independencia y conflicto social, Sudamericana, Buenos Aires, 2008.