La violencia y el Estado en México

El libro Estado de guerra: de la guerra sucia a la narcoguerra, de Carlos Illades y Teresa Santiago, es una importante contribución a un debate que, por extraño que parezca, ha sido prácticamente inexistente en México. Hay algunos artículos periodísticos¹ y tal vez algún ensayo que valga la pena consultar,² pero lo cierto es que se ha escrito muy poco teóricamente sobre lo que ha sucedido en el país en los últimos años, y aun menos sobre la clase de relación que existe entre lo que nos ha ocurrido ahora y la explosión de la “violencia” proveniente de la narco-guerra, y la conexión que esta tiene con la guerra sucia que el Estado mexicano ha llevado a cabo por más de medio siglo. Por eso pienso que hemos de poner atención a esta contribución singular que nos permite vincular la historia de México con las más recientes interpretaciones políticas con las que estos dos autores nos iluminan sobre el panorama histórico-político de México, y que nos permitirá comprender algunos de los problemas esenciales del país y de sus carencias democráticas, las cuales son estructurales.

El libro parte de una tesis conceptual que busca conectar la aportación de teorías sobre la guerra con el problema mexicano del Estado autoritario. Tal vez por ello convenga primero articular esta reseña sobre la base de cuatro grandes apartados en los que podemos trazar el diseño del diagnóstico que Illades y Santiago han reconstruido a partir de lo que denominan el periodo histórico de la guerra sucia hasta el presente, en que el discurso político ha cambiado la denominación de “guerra sucia” por la de “narcoguerra”, hecha por el gobierno de Calderón. Este esquema puede permitirnos comprender lo que ha pasado en México en más de medio siglo. Sugiero entonces estos cuatro apartados para pensar con ayuda de esta reconstrucción teórica e histórica.

En primer lugar, el Estado autoritario y paternalista, cuyos rangos se ha modificado sólo en la relación del papel que desempeñaba el Estado corporativista y clientelar del PRI con las organizaciones sindicales y con la sociedad civil para controlarlas, en general, pero que básicamente no ha podido ser sustituido con algún nuevo proyecto social y político que tenga un perfil democrático y constitucional.

La segunda dimensión histórica que el relato nos permite vislumbrar es el papel de los movimientos sociales e insurgentes que poseen características precisas y contextuales, pues en México los movimientos guerrilleros no han terminado por obtener mayor repercusión política en la sociedad mexicana, algo que sería necesario para poder transformar al país, como ha ocurrido en otras partes de Latinoamérica. Estos actores sociales configuran varios tipos de movimientos sociales que tienen poco o nada que ver con los grupos y los cárteles de la droga, como ha sido también el caso de otros países, como Colombia, por ejemplo.

El tercer apartado sería la consideración teórica acerca del espacio público y el de los medios de comunicación, los cuales han tenido un papel muy importante en las formas de generación de un “imaginario social” muy particular, que se puede vislumbrar en este relato a partir de la reconstrucción histórica que los autores hacen del uso, por parte del gobierno, de un concepto de violencia que no ha establecido grandes diferencias conceptuales entre el pasado y el presente, lo cual ha permitido que el Estado mexicano manipule a la sociedad civil.

Y en cuarto lugar, el papel mismo de la sociedad civil y de sus carencias al no poder configurarse definitivamente como un verdadero actor político. En efecto, las reacciones políticas o la existencia de compromiso por parte de la sociedad civil y de su posible papel crítico, podría haberse convertido en un mecanismo de fuerza para la exigencia de la rendición de cuentas y para frenar con ello la arbitrariedad con la que el Estado mexicano se ha comportado a lo largo de su historia. El paternalismo autoritario del PRI, que hábilmente manipuló siempre la información y el control de los temas de interés público, permitió, impulsó y promovió la apatía y el inmovilismo de la sociedad civil mexicana. Sin embargo, los gobiernos del PAN no han contribuido en nada a mejorar la situación, al contrario. El PAN perdió todo posible derrotero social al elegir su estrategia de guerra y no resolver los verdaderos problemas sociales del país. Así, uno de los grupos más atacados en esta guerra ha sido la prensa independiente. De hecho, los monopolios televisivos y los medios de comunicación pertenecen a oligarquías que han sido constantemente protegidas por el PRI y PAN. Difícilmente se puede hablar entonces de una esfera pública libre y de medios críticos que no sean o hayan sido perseguidos o amenazados por agentes y grupos del Estado. De ahí que auún los más jóvenes estudiantes de la Ibero sabían lo que significaría la vuelta del PRI con Peña Nieto.

Vayamos entonces al primer apartado, el del Estado. La originalidad del planteamiento hecho por Illades y Santiago con respecto al tema del Estado radica en que dedican una parte sustantiva de sus argumentos a mostrar qué tipos de estrategias y de medios ha utilizado el Estado, con el uso de formas indiscriminadas de violencia dirigida, en primer lugar, contra grupos y movimientos sociales cuyos objetivos y demandas giran en torno a la injusticia y las desigualdades, las carencias y la pobreza; dichos grupos provenían en gran parte de zonas rurales. Illades y Santiago muestran que tales movimientos y “guerrillas” nunca representaron una verdadera amenaza para el Estado. Sin embargo, la reacción estatal no sólo los combatió con un gran despliegue militar, el cual estuvo acompañado siempre con un “tímido” incremento en el gasto social dirigido a hacer modificaciones más bien puntuales (cosméticas), es decir, sin realmente resolver los problemas de fondo. Por lo tanto, el Estado clientelar por un lado declaraba a estos grupos como “enemigos” internos y con ello justificaba el uso de la fuerza desmedida (Illades y Santiago, 2014, p. 42) y, al mismo tiempo, reconocía que existía algún tipo de legitimidad en sus demandas. El Estado priista propuso resolver el tema de “la insurgencia” de estos movimientos sociales con acciones coyunturales y no con medidas políticas desarrolladas a largo plazo y cuyo objetivo debiera haber sido cristalizar en formas institucionalizadas para solucionar los problemas de fondo. La actual política en México continúa la vieja tradición del presidencialismo y ésta está guiada por sexenios. Cada seis años cambia todo según lo decida el presidente en turno. Por lo tanto, no ha existido nunca una continuidad en programas sociales, ni estabilidad en las medidas que se han tomado frente a la desigualdad y la pobreza.

Quizá lo más sobresaliente en este relato es que ya desde entonces existían las “desapariciones forzadas”, los asesinatos nunca esclarecidos y las víctimas que jamás fueron halladas. En suma, crímenes de todo tipo, los cuales nunca se resolvieron legalmente.

En el apartado que Illades y Santiago denominan “El enemigo externo” se reconstruye la tesis que nos muestra cómo un Estado antidemocrático, autoritario o totalitario (como fue el caso de Alemania en los años 1930) termina siempre construyendo simbólicamente al enemigo interno. Primero generan las denominaciones que tienden a convertir a los movimientos sociales en “abstracciones y generalizaciones”, a deshumanizarlos; en nuestro país caso específico sería el enemigo denominado “la guerrilla”. En seguida se hacen grandes declaraciones públicas acerca del peligro que esta representa para la estabilidad del país, y luego aparece el despliegue real de las estrategias violentas del Estado hacia la “guerra sucia”, con lo cual el libro nos conecta teóricamente con los estudios que han problematizado estos temas en forma sistemática. Así, la conclusión que podemos extraer de este primer apartado es que el papel del Estado priista, corrupto, clientelar y, sobre todo, autoritario, no se transformó en algo mejor con la llegada del PAN; al contrario, Calderón utilizó las claves de la noción de la guerra, como el “estado de excepción”, propio de gobiernos antidemocráticos que han provocado situaciones históricas de gran crueldad y de niveles de autoritarismo peligrosos.

En lo que se suponía que sería la transición histórica hacia a la democracia, el gobierno de Fox se comprometió a crear una comisión de la verdad para que se pudiera dar una rendición de cuentas sobre toda la violencia y las desapariciones forzadas, así como de asesinatos perpetrados por los gobiernos priistas (sin que pudiera jamás comprobárseles nada). Dicha promesa quedó solamente en una débil “declaración de intenciones” de un Estado que había perdido -entre otras cosas- toda referencia con el aparato corporativo-social, lo que terminó dejando un hueco institucional en el gasto social cuyos programas específicos eran orquestados por el pri para acallar el descontento social. Los gobiernos del PAN conservaron los peores rasgos del Estado autoritario, el centralismo y la corrupción, y su desinterés por la desigualdad quedó evidenciada en cómo se gastó el dinero. El radical abandono de las zonas de pobreza, como en el caso del estado de Guerrero, es una causa más de por qué es ahí donde de nuevo ha ocurrido lo peor (Ayotzinapa). No hubo construcción alguna de nuevas entidades democráticas que pudieran sustituir al viejo presidencialismo (p. 43).

Así, el Estado que heredó el PAN no construyó alternativa alguna al viejo Estado autoritario del PRI aunque le quitó la máscara de “Estado social”. Cuando Fox llegó al gobierno, sin ninguna experiencia política y sin capacidad de articulación de un proyecto social más inclusivo, el aparato corporativista y clientelar dirigido a establecer medidas sociales quedó prácticamente arrumbado, al tiempo que la violencia y la falta de rendición de cuentas siguieron el curso trazado por sus antecesores priistas. Sin embargo, el Estado panista de Calderón reutilizó la excusa del “enemigo”, el cual ahora se convirtió en un ambiguo enemigo interno y externo a la vez: los cárteles. Aquí los autores nos permiten valorar la información histórica con la que conectan las iniciativas anteriores del Estado mexicano que estuvieron en consonancia con los viejos intereses estadunidenses (y, particularmente, los del periodo histórico proveniente de la política exterior del gobierno de Richard Nixon). Mientras el priismo lidió con este problema haciéndose de la “vista gorda” frente al crecimiento del narcotráfico y el consumo de drogas en México, el gobierno de Calderón consideraba que México había logrado sustituir a Colombia y que no habría mejor posibilidad que desatar una guerra abierta contra estos grupos. Así, cuando Calderón llegó al poder, con su legitimidad cuestionada, su gobierno decidió enfrentar el problema del narcotráfico con la intención de “matar dos pájaros de un tiro”: convertirse en un presidente legítimo, al tiempo que su gobierno lanzaba una “cruzada” contra “los enemigos públicos” encarnados en estos grupos diversos asociados con el crimen organizado. En este caso se trató de una guerra frontal contra el narcotráfico y con los enemigos del Estado sin que existiera realmente ningún conocimiento preciso acerca de qué estrategias posibles valorar y a qué tipo de problemas se tendrían que enfrentar dentro de las instituciones militares y policiales claramente corruptas.

Aquí conviene entrar en el tercer apartado de mi reseña y aclarar algunas conclusiones importantes que se derivan de esta interpretación de la obra de Illades y Santiago: lo primero es que la estrategia del Estado mexicano siempre ha sido ambigua en su forma de procesar o de presentar las referencias hechas públicas sobre los cárteles, sus líderes y las diversas organizaciones y suborganizaciones que los componen. Aunque después me referiré a ello con más detalle, es importante aclarar que esta es una cuestión de suma importancia porque la idea de “enemigo” que planteó el gobierno de Calderón era una mezcla de muchas cosas diversas, y su gobierno construyó un concepto de violencia muy específico, asociado con dicha estrategia. En el imaginario social de los mexicanos, y con la supuesta transición democrática del panismo, se halla un grave problema relacionado con el concepto de violencia utilizado por el gobierno y en cómo lo vive la ciudadanía mexicana. La violencia asociada al crimen generalizado está más relacionada con un Estado débil y fallido que con la aparición cada vez más pública del narcotráfico en los medios de comunicación. Illades y Santiago permitirán con su trabajo mostrar que este problema será fundamental para ver por qué la apatía o la preocupación de la sociedad civil han sido hábilmente manipuladas con el tema de la “violencia”, que es ambiguo y ha impulsado la pasividad y el temor, lo cual merecería una mayor atención por parte de los estudiosos, ya que es indudable que este problema está asociado con la manipulación informativa y con la política de Calderón, lo que ha dejado en evidencia la fallida transición democrática.

Con esto llegamos al apartado de lo público y de su relación con el imaginario social. Hace un tiempo publiqué un libro al que titulé Narrar el mal,³ cuyo objetivo esta teorizar sobre formas institucionales y estructuras simbólicas que contribuían a dimensionar el sentido y la semántica de los actos de crueldad y de violencia, muchas veces generados por el Estado, y que a su vez creaban un vocabulario propio acerca de dichas formas de violencia históricas y contextuales. Así, cuando utilizamos términos con los que describimos actos de enorme violencia y estos pasan a formar parte del léxico teórico de los especialistas, podemos decir que los conceptos han emergido en el imaginario social porque permiten capturar los rasgos fundamentales de prácticas políticas y de formas violentas específicas. De acuerdo con esta tesis, el libro de Santiago e Illades permite ilustrar esta dimensión con los términos utilizados por ellos del lenguaje ordinario acerca de la violencia en México y que ya forman parte de un vocabulario teórico cargado de una semántica que es esclarecedora de la situación mexicana. El vocabulario con el que los medios de comunicación narran la violencia estatal utiliza términos como “levantados”, “guerra sucia”, “Estados paralelos”, “narco-Estado”, etc. Dicho vocabulario nos permite comprender qué tipos de violencia son inherentes a una cierta forma de gobierno y qué clase de estrategias públicas han permitido mantener el control de la sociedad civil, la cual no ha podido construirse como una contraparte “ciudadana” frente a la violencia estatal ni ha podido convertirse en verdadero actor social. Así, lo que ha sido el lento pero imparable movimiento de las diversas formas de violencias (en plural) permite a Illades y Santiago ilustrar cómo se construyó un Estado autoritario y una sociedad apática, lo cual revela también la absoluta falta de imaginación de los gobiernos panistas, que carecieron de un verdadero proyecto político alternativo al del pasado, al tiempo que la sociedad civil, desencantada con este nuevo gobierno, también se desentendía de sus responsabilidades ciudadanas.

Con la estrategia de la guerra total contra los narcos, el Estado ha promovido que sean los propios cárteles los que se beneficien de las acciones militares en contra de sus enemigos y, con ello, se ha facilitado la competencia violenta entre dichos grupos. He aquí la verdadera tragedia mexicana. El término “guerra” ha sido crucial para cercar aún más a la “comunidad política”, que hoy está secuestrada entre un Estado impotente y la ambición de los grupos narcos por sustituirlos. La sociedad civil, invadida por el miedo y la apatía, terminó “secuestrada”, como profetizara hace algunos años Sergio Zermeño.⁴ Hoy, esa misma sociedad civil mira con sorpresa hasta dónde ha dejado que el Estado y las oligarquías la dirijan y la destruyan, y de cómo se han hecho trizas los posibles proyectos sobre “un futuro” distinto, lo que efectivamente ha terminado con toda esperanza de una posible transición democrática.

Es por todas estas razones que pienso que este libro es de una importancia especial. Escrito casi como “milagrosamente” vigente, nos permite adentrarnos en la reciente tragedia de Ayotzinapa con mejores armas teóricas para comprender lo que allí ha ocurrido, al tiempo que genera un marco conceptual acerca de la guerra que esclarece por qué este Estado fallido no puede resolver los problemas estructurales, imponiéndose aún con más violencia e ignorando la pobreza y la desigualdad