INTRODUCCIÓN

Del movimiento armado que inició en 1910, la historiografía reconoce distintas fases acordes con los equilibrios de fuerzas entre jefes armados y Estado. En el desarrollo de la lucha, una de esas fases es el periodo de confrontación entre facciones que culminó con el triunfo de Venustiano Carranza y la promulgación de la Constitución de 1917. La nueva Constitución fue resultado de un debate político, de una contienda armada, pero también del proyecto carrancista que se impuso a las estrategias militares y simpatías sociales de los otros jefes revolucionarios. El diseño de la Constitución fue de avances y retrocesos en diálogo con la guerra y con los comerciantes, campesinos, industriales y obreros, quienes conformaban un sector económico complejo, dinámico, atento a la contienda y a sus efectos en la definición de la política económica. De estos actores interesa analizar a los industriales y su primer congreso celebrado en 1917.

La nueva Constitución recogía las principales demandas de los actores sociales, nuevos acuerdos en materia de derechos entre gobernantes y gobernados y, por lo tanto, la base desde la cual se regularían el resto de las relaciones establecidas entre el Estado y la sociedad. Desde esta perspectiva, este artículo analiza a los industriales en su primer congreso nacional. De este primer encuentro interesan los debates y posturas frente a la nueva política económica sustentada en la Constitución de 1917. El análisis privilegia la lectura hecha por los industriales al proyecto de Carranza en su vertiente fiscal e institucional, en el papel de la federación y los estados en tales materias y las estrategias para negociar dichos temas. Para ello, se pone atención en tres asuntos que suscitaron amplio debate en el Congreso de Industriales (CI): aranceles, proteccionismo y librecambismo. Estos ejes ofrecen elementos para estudiar la posición de los industriales en el debate público y de cómo se estaba definiendo la intervención del Estado en la reconstrucción de una economía en la que los industriales, Carranza y sus ministros reconocieron que el Estado y el mercado no eran excluyentes.

Los industriales, a través de la voz de sus delegados, exigieron participar en la definición de una política económica en el contexto de transformaciones en el mercado nacional e internacional. Una participación en un escenario favorable para la negociación en tanto que los industriales se asumían como parte de la reconstrucción económica y de pacificación gracias a la continuidad de sus inversiones y a la generación de fuentes de trabajo. Desde esta posición, buscaron negociar con el Estado el alcance de la Constitución en materia de industrias, la participación de los gobiernos locales en la política laboral y configurar una política económica diferenciada por ramas. Debe tenerse en cuenta que los participantes en el congreso habían sobrellevado los efectos de la lucha armada de forma diferenciada, por lo que se estuvo lejos de presentar un discurso y posición uniforme frente al Estado.

En la discusión historiográfica, el CI se ha abordado desde la lectura del Estado carrancista y su etapa de reconstrucción económica (^{Lomelí, 2016}; ^{Uhthoff, 1998}) y por sus resultados en la organización de las cámaras industriales (^{Puga, 1976}), o desde la participación del ramo textil (^{Ramírez, 1987}), pero está ausente un análisis en su conjunto del sector participante en el debate de la política económica de reconstrucción, ausencia que puede deberse a que el CI representó sólo un momento de un proyecto económico que distaba de tener condiciones para hacerse realidad o de instrumentos políticos para ejecutarse en el corto plazo. Pero, como ha señalado Albert O. ^{Hirschman (1964)} , puede haber decisiones de política económica que no podamos explicar porque lo limitado del número de observaciones y de participantes impide hacer generalizaciones, pero la importancia del tema lo justifica. El CI es sólo un momento en el contexto de una política económica que aún está en fase de proyecto. Sin embargo, los industriales parecían comprender que los derechos sociales amparados en la nueva Constitución y las nuevas atribuciones que concedía al Estado marcarían el rumbo de la política económica. Si bien los industriales no habían hecho la revolución como los obreros y campesinos, sí tenían derecho a un espacio para hacer valer su voz en el proceso de reconstrucción social. Por ello la importancia de analizar el congreso, no sólo por la respuesta, sino porque los discursos de los delegados muestran la posición de los industriales frente a la nueva Constitución y reclaman que dicha posición sea escuchada por el Estado antes de un cumplimiento irrestricto de la nueva carta. Es decir, hay una intencionalidad política en la convocatoria a un congreso de industriales por su impacto en la legislación reglamentaria que aún estaba por definirse, una intencionalidad de ambas partes. Por último, hay que considerar que además de la promulgación de la Constitución, celebrar un congreso nacional también debe leerse como parte del proceso de restablecimiento de las operaciones en buena parte de las fábricas (^{Haber, 1992}; ^{López, 2018}).

El congreso ofreció una oportunidad para fijar dos posturas, su oposición en los temas legislados en los artículos 27, 123 y la política fiscal, y demandar al Estado un reconocimiento del papel fundamental de los industriales y sus centros de trabajo, para contener o satisfacer las demandas de los obreros. Es decir, este congreso constituyó una expresión de fuerza del sector económico frente al Estado carrancista, pero también dentro de la propia comunidad para hacer evidente la importancia de su organización.

Sin negar el análisis del debate político legislativo (^{Marván, 2017}) y de los funcionarios del periodo que se han realizado para comprender la economía de este periodo (^{Lomelí, 2002}; ^{Uhthoff, 1998}), los efectos de la revolución en la continuidad o disolución de las empresas (^{Gómez-Galvarriato y Parral Duran, 2010}; ^Haber,1992; ^{López, 2018}; ^{Mosk, 1951}), o la trayectoria de la burguesía industrial posrevolucionaria (^{Collado, 1996}, ²⁰⁰⁰; ^{Ramírez, 1987}), analizar la posición de los industriales en su congreso ofrece elementos para comprender la bases de un espacio de interlocución entre la federación y el sector industrial y permite acercarse al arreglo que el gobierno carrancista buscaba gestionar con el capital industrial para generar inversión como fuente de ingresos fiscales para la federación, pero, sobre todo, como espacio de contención social; son estos elementos los puestos en la mesa de discusión por parte de los industriales.

DE LA GUERRA A LA CONSTITUCIÓN

Un momento de inflexión en la confrontación revolucionaria fue el derrocamiento de Victoriano Huerta. La derrota del usurpador significó que el enemigo común desapareciera y diera paso a una nueva etapa de confrontación entre un bando representado por Villa y Zapata, con la legitimidad de la Convención de Aguascalientes, y el otro de Venustiano Carranza, amparado en el Plan de Guadalupe. Desde el puerto de Veracruz, las fuerzas carrancistas se ubicaron en regiones estratégicas donde los efectos de la guerra no habían sido significativos y buena parte de la estructura productiva e industrial continuaba operando.

En diciembre de 1914 se promulgaron las adiciones al Plan de Guadalupe que le dieron amplias facultades legislativas para expedir y poner en vigor una legislación destinada a satisfacer demandas económicas, sociales y políticas. Entre el 25 de diciembre de 1914 y el 29 de enero de 1915 decretó el municipio libre, eliminó la figura del jefe político, estableció facultades legislativas para emitir disposiciones sobre el trabajo y, sin reformar la Constitución, expidió la Ley Agraria del 6 de enero y un día después decretó que, en tanto no se expidieran nuevas leyes, se suspendían todas las obras de las compañías petroleras (^{Lomelí, 2002}; ^{Uhthoff, 1998}). Estas medidas formaban parte de un proyecto político que en lo inmediato fortaleció las acciones militares y de pacificación carrancista e hizo evidente la necesidad de un programa de gobierno capaz de satisfacer a todas las fuerzas de la contienda; sin embargo, no podía sostenerse en la Constitución de 1857, por lo que en septiembre de 1916 se convocó a la integración de un nuevo Congreso Constituyente.

Para ^{Ignacio Marván (2017)} , el proyecto de reformas se alimentó de la experiencia política maderista y de las discusiones de una comunidad de intelectuales entre los que destacaban Emilio Rabasa, Luis Cabrera y Rafael Nieto. En la definición de la política económica, el ejecutivo y el legislativo mantenían preeminencia en el comercio exterior, el mercado interno y la política fiscal, lo que garantizaría la libre concurrencia en la producción, industria, comercio y servicios públicos. Luis Cabrera defendía que se debían sumar voluntades de todos los sectores, aunque no hubiesen participado en la contienda, y que estuvieran dispuestos a aceptar los cambios¹. De acuerdo con ^{Leonardo Lomelí (2016, p. 46)}, Cabrera es el encargado de formular el discurso de la reconstrucción nacional privilegiando el equilibrio entre los múltiples intereses. En este proceso, ^{Lomelí (2016, p. 82)} identifica dos posiciones aparentemente contrarias, por un lado, satisfacer las demandas sociales de los grupos que pelearon en la revolución y, por otro, realizar una reconstrucción que necesitaba de puentes con las elites para recuperar la estabilidad de la economía. Sin duda, Carranza se inclinaba por la segunda opción, pues era consciente de la necesidad de las inversiones y de recuperar la legitimidad en el pago de impuestos tan necesarios para remediar el acuciante déficit en la Hacienda pública federal. De ahí la importancia de la reunión de los industriales, de buscar espacios de interlocución como sector, sin negar por ello que hubo canales individuales de negociación; por ejemplo, con las compañías petroleras. No debe perderse de vista que se está frente a un sector que nació al amparo de la política porfiriana caracterizada por internacionalización de la economía, inversión extranjera, desarrollo de vías férreas y políticas fiscales favorables (^{Cárdenas, Ocampo y Thorp, 2003}; ^{Collado, 2000}; ^{Haber, 1992}; ^{Knight, 2003}; ^{Márquez, 2007}; ^{Riguzzi, 2010}; ^{Rosenzweig, 2014}; ^{Womack, 1992}).

Para ^{Stephen Haber (1992)} , la revolución no alteró las prácticas del empresariado y la organización básica de la industria que confiaba en la protección del gobierno no varió en los años posteriores a la contienda, aunque identifica cambios durante la disputa. De 1910 a 1913, la industria textil mostró pequeñas variaciones en el consumo de algodón; sin embargo, después de este periodo y hasta 1915 los problemas de producción y distribución tuvieron mayor efecto. En la producción de bienes estratégicos como plata, henequén, cobre, hierro, acero y petróleo y los bienes de consumo -como textiles y cerveza- mantuvieron niveles similares al periodo de 1905-1910. Otro factor de inestabilidad fue la amenaza u ocupación de las fábricas por parte de facciones revolucionarias. En un trabajo reciente, ^{Stephen Haber, Armando Razo y Noel Maurer (2015)} argumentan que el artículo 27 de la Constitución causó controversia entre los empresarios por las facultades constituciones para la expropiación, aunque los ejemplos de esta política durante el gobierno de Carranza resultan escasos; en otras partes de su investigación señalan que en su conjunto los intereses de los industriales se mantuvieron sin grandes contratiempos.

^{Adriana López López (2018, p. 51)} explica que, si bien hubo continuidad en la planta productiva, debe reconocerse el derrumbe del sistema financiero y el colapso de la red de ferrocarriles entre 1913 y 1917. A ello habría que sumar el descontento social por el alza de precios, la escasez de alimentos y el rechazo al uso del billete; y en 1916 las huelgas en fábricas que pagaban salarios en billetes. Estas condiciones a nivel de estructura deben ser tomadas en cuenta para comprender el debate en el CI. A nivel de afectaciones en las comunicaciones, ^{López (2018, p. 196)} señala que la desintegración del mercado interno durante los años de la guerra y los problemas en los ferrocarriles obligaron a pequeñas y medianas empresas a concentrarse en el mercado local, lo cual explicaría su continuidad y recuperación después de 1917. Este comportamiento permitió a estas industrias posicionarse, ya que encontraron en sus regiones el mercado y capitales necesarios para la reconstrucción y el despegue de sus establecimientos después de 1920.

^{Aurora Gómez-Galvarriato y Rodrigo Parral (2010, p. 364}) analizan la creación y disolución de empresas para el periodo de 1900 a 1930; encuentran una caída en los registros de nuevas empresas a partir de 1911, pero la tendencia se revierte a partir de 1915 para recuperar niveles similares a los del porfiriato en 1923. Los autores incorporaron al análisis los montos de capital invertidos en las nuevas empresas y, si bien muestra una tendencia negativa a partir de 1912, esta no puede ser generalizada, es más bien resultado de los distintos ramos, pues mientras hay una caída en el sector manufacturero, el minero muestra una trayectoria de expansión hasta 1917.

Desde el análisis por ramas, o bien en su conjunto, la historiografía ha señalado los efectos diferenciados de la guerra, por las necesidades de materia prima y por sus relaciones con el mercado interno e internacional. No obstante las diferencias, un elemento común fue la creciente presión fiscal de los gobiernos estatales o de la federación. Desde 1916, Carranza recurrió al alza de impuestos, la contribución federal aumentó 50%, hubo otros aumentos en tabaco y nació un impuesto al consumo del pulque. ^{Luz María Uhthoff (2005, p. 169)} explica que, para Carranza, la política fiscal también representó una forma de legitimación, pues la recaudación exigió reconocer y consolidar su autoridad entre los distintos sectores de la población. Desde 1913 se perfiló una política fiscal como medida de legitimidad, sin negar por ello medidas que estimularan sectores como el textil o bien la excención de derechos a artículos de primera necesidad. En materia de comercio exterior, el control de las exportaciones también fue prioridad por su importancia para el erario público, especialmente cuando aumentaron en la primera guerra mundial. A finales de 1915 el carrancismo tenía una lista de 93 artículos sujetos a gravámenes a la exportación. Si bien hubo una reducción al año siguiente, se mantuvo la política fiscal y se acentuó en aquellos bienes exportados como materia prima.

Es decir, la movilización social, las inversiones y la política fiscal resultado de la guerra deben tenerse en cuenta al momento de leer la respuesta de los industriales a las nuevas directrices de política económica. Los efectos de la contienda armada eran diferenciados según el ramo o la región, pero había coincidencias en que la carta magna buscaba nuevos acuerdos y redefinía la posición del Estado; por ejemplo en su carácter de árbitro entre empresarios y obreros. Una de las regulaciones constitucionales que generó controversia entre la comunidad de industriales fue la ingerencia de los gobiernos estatales en temas como propiedad de tierras y aguas. El mismo artículo, en su sección referente a las sociedades mercantiles dedicadas a la industria, minas o petróleo, interesadas en adquirir, poseer o administrar terrenos, decía que la extensión podría estar definida por el ejecutivo federal o por los estados. Por último, en materia de utilidad pública, la federación y los estados podían ocupar la propiedad privada.

En lo referente a la legislación laboral y previsión social, se emitirían acorde con las necesidades de cada región sin contravenir las dictadas por la federación. Estas jurisdicciones compartidas fueron criticadas por los industriales en tanto que las diferencias en las decisiones tomadas por los gobernadores podrían generar competencia desleal en el mismo ramo. El artículo 123 fue explícito respecto a las obligaciones de los empresarios con los trabajadores, el cual, además de las especificaciones respecto al pago de salarios y jornadas, abundaba en obligaciones con la comunidad; por ejemplo destinar recursos para el establecimiento de mercados, edificios para servicios municipales y centros recreativos, a lo que todos los empresarios estaban obligados a cumplir. Otro artículo que representaba un cambio sustancial fue el 28, el cual eliminaba toda política proteccionista de carácter arancelario; prohibía aquellos actos que limitaran la libre concurrencia de producción, industria o comercio en clara referencia a monopolios y a medidas que impidieran la libre importación o exportación de bienes. El proteccionismo parecía no formar parte del nuevo proyecto económico, el cual comprometía a los industriales a destinar recursos de sus utilidades para cumplir con el programa social carrancista. Se debe reconocer que, en respuesta a la contingencia, la fiscalidad durante los años de guerra fue emergente, por lo que puede resultar contradictorio la posición de los constituyentes de abogar por la libre exportación frente a las regulaciones fiscales de 1915 y 1917. Pero son precisamente estas contradicciones, medidas contingentes y proceso de construcción de la política económica condiciones que deben explicar la solicitud del Comité Industrial Mexicano para celebrar un congreso en el que sus representantes fijaran su postura frente a las nuevas regulaciones dictadas en la Constitución.

LOS INDUSTRIALES Y LA RECONSTRUCCIÓN

La celebración de congresos que convocaban a distintas fuerzas sociales era recurrente en la política nacional del periodo; obreros y campesinos participaban de estas reuniones como un recurso político frente al gobierno y para exigir el cumplimiento de sus demandas. Desde 1912, la Dirección del Trabajo convocó a una junta de empresarios para crear un comité para resolver el conflicto de salarios y reglamentos de trabajo. En esta reunión los empresarios aprovecharon para tratar el asunto fiscal, unificar y/o reducir tarifas a la industria textil, un tema de negociación con el gobierno maderista para aceptar las demandas salariales de los obreros. En 1914, Venustiano Carranza buscó una reunión con los industriales textiles, para lo cual se enviaron invitaciones a 90 dueños o sus representantes. Esta convocatoria no tuvo el éxito deseado y para la fecha de celebración sólo se presentaron 22 industriales que representaban los intereses de 45 fábricas. En las ausencias se encontraban importantes propietarios; por ejemplo de la Compañía Industrial Veracruzana, la Compañía Industrial Manufacturera o la Compañía Industrial de Guadalajara. Para ^{Ramírez Rancaño (1987)} , la escasa asistencia puede explicarse por una convocatoria súbita por parte de Carranza recién llegado al poder, pero también porque en ese momento los industriales tenían otros problemas que resolver, por ejemplo el abastecimiento de materias primas o problemas laborales. No obstante, dice el autor, los industriales se cuidaron de que su inasistencia no fuese interpretada como un rechazo o desconocimiento al gobierno carrancista.

La experiencia de 1914 por parte del ramo textil y las tensiones subsecuentes con el gobierno de Carranza, particularmente en materia fiscal, explican que en 1917 el Centro Industrial Mexicano, conformado por textileros, solicitó celebrar un nuevo congreso. Pero, a diferencia de las experiencias de 1912 y 1914, los industriales textileros tomaron la iniciativa en un contexto adverso de movilización obrera y como estrategia para negociar las disposiciones fiscales. La solicitud fue aprobada designándose a la comisión permanente del Congreso de Comerciantes de convocar a los interesados, y a petición de la Secretaría se amplió la convocatoria a otras ramas de la industria. El gobierno definió la agenda a discutirse en el Congreso: 1) organización de Cámaras para la comunicación entre las diversas ramas de la industria y el gobierno²; 2) medios para fomentar el desarrollo industrial en el país, y 3) legislación en relación con las industrias. El 17 de noviembre iniciaron los trabajos con un total de 128 delegados organizados en cinco secciones: minera con 35 representantes, petrolera con quince, textil con 24, industrias varias con 31 y pequeña industria con siete, una muestra de los ramos más poderosos en la industria mexicana.³ Las mesas de trabajo y los delegados se distribuyeron en iniciativas y estudios. Las iniciativas eran las propuestas de los delegados dirigidas al fomento del sector industrial, mientras que los estudios eran respuestas a las directrices ya tomadas por el gobierno carrancista; para los delegados este era el debate más importante, como se demuestra en las reuniones.

Los delegados dividieron el trabajo en 27 sesiones en los siguientes temas: cuatro abordaron la organización de Cámaras, prensa especializada y museos de la industria; una discutió el proyecto de creación de un banco dedicado al fomento de la industria, y dos más discutieron la legislación en relación con la industria: los artículos 27 (propiedad), 123 (trabajo) y el decreto del 27 de septiembre. Es decir, siete comisiones se formaron en respuesta a la agenda del gobierno. Las 20 comisiones restantes se distribuyeron de la siguiente manera: seis abordaron la política fiscal; tres discutieron asuntos laborales; y once abordaron asuntos particulares que los delegados propusieron al Congreso: petróleo, comunicaciones, proteccionismo, sociedades mercantiles y zonas libres de comercio, entre otros.⁴ Es evidente que los delegados ampliaron la discusión y buscaron consensos para lograr una postura común frente a la política económica de Venustiano Carranza.

Alberto J. Pani fue un decidido impulsor de estos congresos, por su capacidad de representar a distintos sectores sociales y económicos y como ejemplo de cooperación entre el gobierno y el pueblo. El secretario fue el encargado del discurso inaugural y fijó la postura del Estado en la economía. De los varios temas tratados en su discurso interesa señalar su posición respecto a la pequeña y gran industria. El secretario presentó un extenso alegato de las condiciones naturales del territorio y de las potencialidades del suelo mexicano para el desarrollo de la industria. El alegato concluía con dos premisas generales en la definición de la política económica. La primera consistía en el fomento a una industria que explotase los recursos naturales existentes en México y que su producción respondiese a las necesidades “primordiales de la vida humana” (^{Pani, 2003, p. 260}). Para ello se debían seleccionar los recursos naturales que representaran el menor esfuerzo para su transformación mecánica. La segunda premisa era que una vez identificadas las industrias que ofrecían menor resistencia para su crecimiento, en vista de que tenían asegurada la materia prima, se eliminaría parcial o totalmente la política de concurrencia económica que hasta ahora se sostenía por derechos arancelarios privilegiados.

El secretario no era ajeno a las reacciones negativas a la postura carrancista de abandonar la política proteccionista. Para sostener su argumento explicó que, al término de la primera guerra mundial, la única opción para la reconstrucción económica era “el poderoso movimiento intelectual a favor de libre cambio” (^{Pani, 2003, p. 47}). En su opinión, el librecambismo era una decisión acorde con los principios y necesidades económicas, mientras que el proteccionismo era de carácter político y sólo beneficiaba a una elite. Antes de concluir su conferencia, el secretario dedicó una breve reflexión a los conflictos entre el capital y el trabajo, con el propósito de reforzar el papel del Estado como garante de la estabilidad social y económica;⁵ y que los industriales reconociesen los derechos sociales que los obreros habían obtenido de la revolución, pero también el papel del Estado como agente rector en los conflictos y garante en conservar las fuerzas de producción.

El discurso de Alberto J. Pani dejaba claro un proyecto que daba prioridad a una industria nacional que privilegiara insumos locales y que no necesitara de medidas proteccionistas para la importación de materias primas,⁶ así como el papel del Estado como eje rector en la definición, fomento y desarrollo del sector industrial. En lo que se refiere al alcance del debate y resoluciones del congreso, a propósito de una duda de algunos delegados, Pani explicó que gozaban de todas las garantías que otorgaba la ley y que participaban de una reunión convocada por el Estado para resolver los problemas económicos y sociales de la industria (^{Pani, 2003, pp. 168-169}; ^{Reseña, 1918, pp. 41-48}). No obstante, les recordaba a los participantes que toda reforma o enmienda a la Constitución requería del voto de las dos terceras partes de los diputados y de la aprobación de la mayoría de las legislaturas de los estados. Por último, Pani dijo que pretender que “las recomendaciones o votos” resultado del CI se elevasen a reformas constitucionales o medidas gubernamentales, era poco más que inapropiado en momentos “en que ni siquiera se ha acabado de restablecer el orden legal en toda la República” (^{Reseña, 1918, pp. 41-48}).⁷

Los dos discursos enviaban mensajes contradictorios a los delegados: por un lado, la importancia de los industriales en el proceso de reconstrucción y la necesidad de llegar a consensos con el gobierno y; por otro, que las discusiones y acuerdos que se tomasen en el congreso difícilmente llegarían a modificar el proyecto de política económica de los carrancistas. Ambas posturas deben leerse también en el contexto de la definición de una política económica por parte de Carranza y de sus ministros Luis Cabrera y Rafael Nieto. Desde las discusiones en el constituyente se había hecho patente que el Estado asumiría un papel preponderante en las decisiones de política económica, una estrategia que contaba con un respaldo en el debate público; por ejemplo en los periódicos El Pueblo, El Demócrata y El Universal, aunque también hubo críticos como Excélsior y El Heraldo de México. Destaca El Economista y su papel como principal difusor de la política carrancista.

De acuerdo con ^{Luz María Uhthoff (1998, p. 150)}, el director del periódico, Alfredo N. Acosta, dio respuesta a las opiniones contrarias a las gestiones de Cabrera y Nieto, en especial en materia de intervención del Estado. En los números publicados entre marzo y abril de 1917 se explicaba que la economía moderna proclamaba la intervención del Estado como único medio para una repartición equitativa de la riqueza. Por ello, debían eliminarse los monopolios, privilegios, exenciones, abusos del capital sobre el trabajo y buscar una nueva política económica. ^{Acosta (1917, p. 33)} explicaba que, si bien eran evidentes los inconvenientes económicos durante la guerra, estos habían quedado compensados por la formulación de una política económica “en beneficio del pueblo, dentro de los órdenes moral y político. En la defensa de una política antiproteccionista, ^{Acosta (1917, p. 42)} se preguntaba: “¿Por qué se concedía un privilegio al petróleo y al henequén?, ¿por qué se establecían diferencias odiosas entre las industrias de un mismo país, favoreciendo a unas y gravando a otras?” La crítica es a un proyecto de continuidad del proteccionismo diferencial con intereses políticos, pero también en respuesta a las condiciones del mercado internacional. Acosta era un convencido de eliminar la política proteccionista para la industria y defender la libre competencia, pues era esta la que permitiría perfeccionarse y consolidar este sector económico.⁸ En la misma línea, Luis Cabrera, en su discurso pronunciado en Pensilvania,⁹ recordaba que el papel de la revolución era lograr un régimen económico justo y liberal en el que se desarrollaran el capital y el trabajo.

Es decir, estamos frente a un debate público entre los funcionarios del Estado, pero también en la prensa respecto a las directrices que debía tomar la política económica que aún resultaba imprecisa, cambiante y contingente. El corresponsal de El Universal que participó de las sesiones del CI no dejó de señalar, a propósito del discurso inaugural de J. Pani, que la reunión con los industriales hacía evidente que el gobierno “tal vez comprendiendo que no ha lugar a establecer privilegios en pro de una clase muy digna como lo es la obrera”, celebraba a los industriales interesados en la armonía entre capital y trabajo.¹⁰ Para alcanzar la reconstrucción, se necesitaba el consenso del capital.

Si bien se ha señalado que la postura de Carranza era más bien conservadora, el debate público daba muestras de posturas más radicales que debían ser consideradas por la comunidad de industriales. Es evidente que los industriales no fueron ajenos a las distintas posiciones en materia de política económica. En la intervención del Estado y en la defensa del libre mercado, como señalaba J. Pani, estaban las contradicciones que los industriales podían utilizar para expresar su descontento por las nuevas medidas. La celebración de un congreso podía tender los puentes necesarios entre Estado y capital para definir una política económica según la producción o el mercado, una política que se alejara de la generalización y que reconociera que los acuerdos entre ambos eran tan necesarios como los que se buscaban con campesinos, obreros y comerciantes.

EL RAMO TEXTIL: PROTECCIONISMO EN PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN

El tema más importante para los delegados de la industria textil fueron los cambios en la política arancelaria. En un extenso informe se referían a los efectos nocivos de los decretos del 19 de julio y 15 de agosto de 1917,¹¹ los cuales exentaban de impuestos a la importación de telas similares a las nacionales.¹² En voz de su presidente, J. Rivero Quijano, la iniciativa señalaba que de las 140 fábricas de hilados y tejidos que operaban antes de la revolución, 40 habían dejado de operar, mientras que las que se mantenían sólo podían hacerlo a 30% de su capacidad (^{Reseña, 1918, p. 273}). El delegado explicaba que no obstante las quejas a las autoridades y los estudios presentados en la prensa, el gobierno parecía dispuesto a eliminar el proteccionismo, lo que era confirmado en las declaraciones del ministro de Industria y Comercio, quien “dio a entender” a todos los delegados que la política económica de Venustiano Carranza era el librecambismo. En consecuencia, la iniciativa de la Comisión de textiles proponía al Congreso una lectura del librecambismo en las condiciones de la economía mexicana de 1917 y desde estas tomar una postura común frente a la política carrancista.

Rivero Quijano señalaba que la defensa del proteccionismo por parte de los textileros se sustentaba en: 1) la expansión de la industria debida a un proteccionismo moderado; 2) los altos costos de producción; 3) los efectos nocivos de la revolución; 4) la presión fiscal sobre el ramo, y 5) el mercado internacional. En el primero y segundo puntos, explicaban que la protección que el porfiriato había otorgado a los sectores textil y petróleo permitió la expansión y consolidación de dos fuentes de riqueza nacional. Entre 1900 y 1910 las fábricas habían aumentado su consumo de algodón, producción y maquinaria en 150%, mismo que la revolución había interrumpido. Otro argumento era los altos costos de producción para un ramo donde el pago de los jornales era superior a los pagados en Estados Unidos, no obstante que contrataban obreros escasamente educados (^{Reseña, 1918, p. 267}). Por último, el proceso revolucionario dificultaba una transición a la política librecambista en un contexto con problemas en el transporte, inseguridad en fábricas, reducción de jornadas laborales y aumento de salarios, lo que se esperaba del Estado era apoyo a los industriales, antes que un cambio en la política económica.

Respecto al punto cuatro, señalaron que no existía justicia ni buen gobierno cuando la presión fiscal que se ejercía sobre la industria colocaba a los nacionales en condiciones de inferioridad frente a los industriales extranjeros. Los impuestos federales y estatales eran “el verdadero fardo”, debido a que por cada peso que se pagaba al obrero, el gobierno obtenía 68.60 centavos en impuestos.¹³ Y en lo que atañe al mercado internacional, contrarios a la opinión de Alberto J. Pani, los textileros señalaban que el resultado de la guerra mundial era de tendencias nacionalistas, por lo que el proteccionismo y los intereses particulares sería la política a seguir en los países europeos y por Estados Unidos. Los delegados no fueron ajenos a sus interlocutores, por lo que no dudaron en señalar que, de no mostrar su apoyo al ramo textil, estas políticas se extenderían “a todas las industrias esenciales que ya tenemos implantadas: calzado, muebles y otros” (^{Reseña, 1918, p. 279}). El sector textil contrató los servicios del abogado Joaquín Ibañez para defenderse de las obligaciones del artículo 123. Reducción de la jornada laboral, salario, descanso obligatorio durante el embarazo de las obreras, límites a la jornada laboral para los menores de 16 años, imposición de las juntas de conciliación y arbitraje, entre otros temas, fueron ampliamente objetados por el abogado (^{Reseña, 1918, pp. 474-477}). De acuerdo con ^{Ramírez Rancaño (1987, p. 244)} , los argumentos del abogado Ibañez reflejan muy bien la oposición de los textileros a la política carrancista de favorecer a los obreros; postura que al interior del Congreso fue de las más radicales.¹⁴

La propuesta de los delegados textileros al sistema fiscal fue secundada por la iniciativa de José de la Macorra para crear una comisión permanente de aranceles. Macorra señalaba que resultaba imposible estudiar las necesidades de “todas y cada una de las industrias”, por lo que una solución sería lograr una comisión de carácter informativo y consultivo, misma que debía ser escuchada antes de cualquier reforma a los aranceles. Y señaló un punto fundamental en el debate de los delegados, el papel del arancel en la industria y la agricultura. En opinión del delegado, el arancel debía ser parte de una política de protección “no excesiva ni deficiente” y al mismo tiempo capaz de armonizar los intereses de varios ramos que pudiesen en algún momento estar en oposición (^{Reseña, 1918, pp. 214-216}). El CI también daba cuenta del desequilibrio entre los intereses de los ramos que integraban la industria. La propuesta del delegado Macorra era una clara referencia a la definición de las leyes reglamentarias que se debatirían en el Congreso de la Unión. Otro objetivo de la comisión bien pudo ser la formación de un espacio de negociación permanente, un lobby formal de los industriales para participar de la política arancelaria del Estado posrevolucionario.

MINEROS Y PETROLEROS

El papel del Estado en el control de la industria y los aranceles en ramos como el minero y petrolero fueron motivo de amplia discusión en el congreso. El ramo minero fijó su posición frente a las medidas que limitaban la exportación de metales en pasta y la política arancelaria a la explotación minera. El decreto del 27 de septiembre de 1917 restringía la exportación de oro en moneda y barra, mientras que, en el caso de la plata exportada con una ley mayor de 50 gramos por tonelada, se les obligaba a reimportar en oro el 25% del valor.¹⁵ A decir de los delegados, la medida produjo un cese en las exportaciones con efectos negativos en los industriales, pero también en el Estado al no percibir los impuestos de dichas operaciones.¹⁶ En un contexto donde Estados Unidos mantenía alta la demanda de cobre, plomo, petróleo, henequén, entre otros, una restricción al sector minero tendría repercusiones a otras ramas de la economía, las cuales ya presentaban problemas de acceso al crédito, escasez de insumos, problemas laborales o dificultades para abastecer los mercados. Los delegados proponían al Estado como única opción ofrecer garantías para mantener en operación un ramo que en el periodo de 1912-1913 constituía 70% del valor de las exportaciones. Destaca el hecho de que los delegados buscaban explicar cada una de las ramas interconectadas y que las restricciones a una tendría efectos negativos en otras.

Por la importancia de la producción minera para la economía mexicana, los delegados presentaron dos estudios acerca de los efectos negativos de la política fiscal.¹⁷ Para el caso de los productores de zinc en los estados fronterizos, la explotación minera se había mantenido sin grandes sobresaltos a causa de la guerra. Sin embargo, el estado bonancible se había interrumpido por la caída de los precios en el mercado internacional y por el aumento en los costos de producción: salarios, disminución de la jornada laboral, alza de precios en artículos para las minas como acero, cemento, explosivos y combustibles. Es decir, efectos negativos en cadena para la producción de otros bienes. Los delegados señalaban que, si bien “las circunstancias que han afectado tan hondamente las finanzas nacionales” requería aumentar los impuestos, estos no debían “aniquilar la industria o ramo de industrias sobre los cuales gravita” (^{Reseña, 1918, p. 242}).

Los delegados mineros dejaron clara su posición respecto a la participación del Estado en la economía. Con claras diferencias frente a la posición de los textileros, reconocían que había “factores económicos que siguiendo leyes naturales son de imposible modificación” y en consecuencia dichas leyes eran las que actuaban en el comportamiento de uno u otro sector. Pero existían factores que no podían escapar “a la acción del gobierno como impuestos y fletes de ferrocarriles que pudieran admitir modificación favorable a la industria minera” (^{Reseña, 1918, p. 243}). En ese sentido, las conclusiones de ambos estudios era que el Estado definiera una política fiscal como instrumento para el desarrollo de la economía y modificara el monto y aplicación del impuesto minero. Los mineros, por su parte, asumirían su responsabilidad de continuar con la producción y, en consecuencia, proporcionar trabajo a un gran número de obreros, que de otro modo serían un peligro para la tranquilidad pública (^{Reseña, 1918, p. 243}). Este último argumento ya expresado por los textileros le recordaba al Estado que los centros de trabajo eran espacios de contención de cualquier protesta social que afectara al gobierno carrancista. Además de que eran las leyes del mercado de la oferta y la demanda las que debían prevalecer en el desarrollo de la economía y el Estado actuar como el garante de las mismas.

El ramo petrolero formó una sección con quince delegados.¹⁸ Los representantes sometieron a la discusión del CI dos estudios, el primero referente a la política fiscal del gobierno federal, y el segundo a las pretensiones fiscales del gobierno de Veracruz.¹⁹ La posición de los delegados no debe obviar el debate político que las compañías petroleras también realizaban con sus respectivos gobiernos, principalmente en Estados Unidos, y el desarrollo de la guerra mundial en la cual los petróleos mexicano y estadunidense eran fundamentales en la campaña con los aliados (^{Garner, 2013}). En este contexto, los delegados representantes de San Luis Potosí hicieron varias propuestas. De la política federal, recordaron la importancia de la reunión para establecer un diálogo con el Estado y presentar las medidas para el desarrollo del país (^{Reseña, 1918, p. 247}). Así, los delegados mostraban su apoyo a los argumentos ya esbozados por parte del ramo textil respecto a las condiciones estructurales de ambos ramos en 1917 y las posibilidades de su fortalecimiento en el mediano plazo, solo si el Estado otorgaba las condiciones necesarias para el mismo.

En materia de política económica, explicaron que los impuestos eran una demanda legítima del Estado a los productores de la riqueza nacional, en tanto que constituían parte indispensable para el sostenimiento de las finanzas públicas. Pero estos debían ajustarse a medidas económicas que fueran aceptadas para satisfacer tanto las necesidades de recursos del Estado como las de la industria, en clara alusión a lo señalado en la Constitución de 1917, la cual obligaba a los industriales a destinar recursos para obra social. En estas condiciones, debía reconocerse que toda industria necesitaba la ayuda y protección del Estado para su consolidación y expansión.

El argumento de los delegados petroleros se apoyaba en las políticas fiscales seguidas en Estados Unidos, Canadá, Perú, Argentina y Rusia, quienes habían definido una carga fiscal que estimulaba la producción. Los delegados reconocían la necesidad de medidas proteccionistas por parte del Estado mexicano, pero no en los términos solicitados por el ramo textil, sino en el contexto de las políticas fiscales internacionales. Es decir, el Estado mexicano debía diseñar una fiscalidad que ofreciera condiciones favorables para fortalecer la participación del petróleo mexicano en el mercado externo. La aclaración de los delegados resulta pertinente como crítica a la política fiscal desarrollada por la federación en respuesta a las condiciones de la guerra y al estado de emergencia de las finanzas. El decreto del 17 de abril de 1917, el cual gravaba el petróleo crudo y el combustible que se exportaba con el 10% ad valorem, generaba una condición de competencia desigual en el mercado exterior. En su opinión, el Estado no había considerado las condiciones internacionales del mercado, las políticas fiscales que los gobernadores buscaban imponer y las necesidades estructurales de la industria en México. En el último caso, los empresarios debían asumir los altos costos en transportes, por la adquisición de maquinaria y por el “estado social de la República”, condiciones todas que no se habían tomado en cuenta para definir un nuevo gravamen (^{Reseña, 1918, p. 249}).

En cuanto a los mecanismos usados por el Estado para definir gravámenes en los puertos de embarque, el producto exportado o la propiedad rústica, los delegados señalaron que estos aumentaban los costos de producción, disminuían la competencia internacional y desincentivaban futuras inversiones. En el tema de los precios del crudo, solicitaban que se fijasen en el lugar de su exportación, deducidos los gastos de transporte desde el lugar de producción. De lo contrario, gravar por el valor en lugar del embarque representaba fiscalizar el empleo de otros capitales, por ejemplo transporte y mano de obra. Además, se pronunciaban en contra de tomar la plaza de Nueva York como indicador de precios, pues significaba fiscalizar el valor del producto sin descontar el importe del flete y gastos de transporte (^{Reseña, 1918, p. 250}). Pero si estas medidas se encontraban en competencia de la federación, los delegados señalaron que los estados tenían injerencia al gravar la propiedad raíz rústica, gravamen que se cotizaba en terrenos con “supuesta o conocida de valores minerales”. En tanto que el impuesto era facultad de los estados, elevaban el valor catastral de los predios con destino a la búsqueda de petróleo. Para los delegados, el incremento resultaba vicioso al quedar en manos de los gobernadores y las legislaturas locales la decisión del impuesto y en consecuencia el control sobre la base de la explotación petrolera.

Otra de las inconformidades fue por los nuevos requerimientos administrativos y laborales exigidos a los pozos petroleros y refinerías: “rémoras para el desarrollo de la industria, la cual por su índole requiere tanta libertad de acción como tiene el comercio”, como estaba signado en el artículo 4º constitucional (^{Reseña, 1918, p. 253}). Los petroleros solicitaban que la inspección sólo verificara el cumplimiento de los derechos laborales y evitara perjuicios a terceros. En la defensa de sus derechos como dueños del capital, los delegados manifestaron su desacuerdo en las obligaciones que se les imponían de contratar un número determinado de empleados mexicanos cuando era evidente que no tenían los conocimientos técnicos para realizar los trabajos de perforación y refinación. La sección petrolera sostenía que el papel del Estado debía estar en los marcos institucionales con el control de gravámenes y otorgar las facilidades y libertad de acción a los empresarios.

En esta misma línea, Roberto Ipiña y Ciro Méndez, representantes de la industria petrolera de San Luis Potosí, realizaron siete propuestas para modificar la política fiscal carrancista al sector petrolero. El punto principal de la propuesta de Piña y Méndez era una reglamentación del artículo 27 de la Constitución atendiendo a las necesidades de un sector con amplias posibilidades de expansión, pero con problemas de acceso a capital y falta de confianza en el mercado interno amenazado por los focos rebeldes en distintas regiones. Los delegados solicitaban que la federación fiscalizara a los propietarios y arrendadores de terrenos sujetos a explotación petrolera con 10% del producto total de petróleo extraído.²⁰ Con ello se fiscalizaba la propiedad o usufructo del terreno hasta el momento de su producción. En este sentido, argumentaron las necesidades de una industria de naturaleza extractiva sin certeza del lugar exacto a explotar, ya que necesitaba poseer grandes extensiones de terrenos, aunque no se obtuviera beneficio de todo. Por ello, consideraban que gravar toda la propiedad en iguales condiciones que se hacía con la minera constituía “una de las rémoras al desarrollo y al acrecimiento de las fortunas privadas, y en consecuencia al de la riqueza pública, ya que esta depende de aquellas” (^{Reseña, 1918, p. 309}).

Los argumentos de oposición a las políticas de la federación y sus márgenes de acción en detrimento del sector petrolero fueron ampliados en un segundo estudio, el cual analizaba los efectos nocivos de la política veracruzana al desarrollo petrolero. El gobernador veracruzano pretendía incorporar la producción petrolera al régimen fiscal de contribuyentes por derecho de patente.²¹ El decreto del 7 de marzo de 1915 fiscalizaba la producción con un gravamen de dos centavos por barril, aunque no se tenía constancia de que los industriales lo hubiesen pagado. En el contexto de la nueva carta constitucional, los delegados señalaban que el estado veracruzano carecía de legitimidad para imponerlo por las facultades fiscales que en materia de petróleo la nueva Constitución otorgaba de manera exclusiva a la federación. De ahí que todo esfuerzo de la federación por “encauzar racionalmente” la política fiscal resultaría infructuoso frente a estados como Veracruz, estado que buscaba hacer válidos impuestos locales al petróleo (^{Reseña, 1918, p. 255}).

La posición de los delegados representantes del ramo petrolero coincidía con lo ya expresado por otros representantes, escasez de moneda, problemas de inestabilidad en algunas regiones y situación adversa de los mercados interno y externo, condiciones todas que debían considerarse en un nuevo proyecto de reforma fiscal. En un proceso de reconstrucción económica, los representantes del ramo petrolero demandaban del Estado condiciones necesarias para que la industria fuese parte de tal reconstrucción. Sin embargo, una política fiscal limitante y un proyecto constitucional que no atendía las condiciones estructurales del ramo y de su mercado externo poco aportaban al proceso de reconstrucción. Y es que, para los delegados, el ramo debía leerse en clave internacional pues, como ha señalado ^{Paolo Riguzzi (2010, p. 398)} , la guerra mundial impulsó un boom exportador de metales, petróleo, fibras, entre otros. En este contexto, los ramos de minería y petróleo hacían explícitas sus condiciones para participar en la reconstrucción económica.

LA PEQUEÑA INDUSTRIA Y EL NECESARIO PROTECCIONISMO

La naturaleza nacional y pública de la convocatoria al Congreso de Industriales permitió que aquellos ramos con una participación menor en la economía nacional, y con escasa posibilidad de interlocución en otros espacios, lograran representación en el debate sobre la política industrial. La sección de industrias varias y pequeñas presentaron al congreso una propuesta con medidas de carácter público y privado en beneficio de sus representados. En voz de Abraham Franco, se explicó el papel de la pequeña industria y la necesidad de una política económica para los pequeños productores. En esta categoría participaban “ese inmenso ejército de obreros” que trabajaban con el hierro, cantera, barro, pieles, maderas, telas, entre otros (^{Reseña, 1918, p. 299}). Unidades productivas sostenidas principalmente por la familia y aprendices que podían llegar a un máximo de diez obreros. Por estas y otras partes del discurso, el corresponsal del periódico El Universal lo definió como “adornado con figuras retóricas y citas literarias, impregnado de un fuerte espíritu nacionalista”, y los congresistas “unas veces sonreían irónicamente y otras mostraban gustos de aprobación”.²²

Sin negar el contexto del debate y el poder de sus interlocutores, Abraham Franco solicitó a los miembros reconocer como principio que tanto la gran industria como la pequeña debían ser beneficiarias de una política de fomento al sector; por ejemplo de la exención de impuestos y acceso al crédito. El delegado buscaba consensos en el congreso, por lo que, si bien sus representados no tenían un peso económico comparable con los de los sectores textil o petrolero, si lo tenían en términos sociales. Eran condiciones que debían cultivarse para que, en el mediano plazo y con el apoyo de propietarios, industriales y el Estado, la pequeña industria lograra el capital necesario para consolidar su importancia económica (^{Reseña, 1918, pp. 300-301}). El delegado proponía que una vez clasificados a quienes integraban la pequeña industria, se debían diseñar instrumentos para su protección, pero que no representaran un conflicto con la gran industria, en clara referencia a lo discutido en las otras comisiones.

En la misma línea de discusión de Abraham Franco, el delegado por San Luis Potosí, Esteban S. Castorena, encargado de la iniciativa para promover medidas protectoras a la industria de fósforos, cerillos y velas, explicó que el Estado debía actuar como una influencia estimuladora y generar las condiciones necesarias para el desarrollo de esta rama. Castorena defendió una política proteccionista para el ramo apelando a tres condiciones esenciales: a) continuidad de los centros de trabajo; b) condición de excepcionalidad del ramo después de un periodo de guerra; c) y por su aportación al fisco, la cual resultaba mayor a la recaudada por importación. El delegado reconocía que desde 1897 la industria nacional se había desarrollado en un marco de protección fiscal, mismo que disminuía por el aumento de cuotas a la importación de materias primas, por los impuestos a la producción nacional y por los costos de transporte.²³ En tales condiciones, el único recurso que quedaba a los pequeños industriales era la intervención del Estado para generar condiciones equitativas de competencia con la producción extranjera que, en vista de las ventajas fiscales con las que contaba, los comerciantes preferían la importación de tales géneros. Era de esperar que, en las iniciativas y estudios referentes a la pequeña industria, el papel de los comerciantes en la distribución de los bienes locales sería un tema de discusión. Los delegados Franco y Castorena, tomando en cuenta que el presidente del Congreso de Industriales era el presidente de la Comisión Permanente del Comercio, hicieron evidente la necesidad de acuerdos entre las dos ramas para mejorar el acceso al crédito para los pequeños productores y la distribución de sus productos.

LAS RESOLUCIONES DEL CONGRESO

Las iniciativas realizadas por los delegados en las distintas mesas fueron discutidas en una segunda etapa por las comisiones integradas por tres delegados que no hubiesen participado en la discusión previa. Dichas comisiones evaluaron las propuestas resultado de las secciones y emitieron su dictamen para que finalmente la Mesa General del Congreso tomara una postura y fuese presentada a la Secretaría de Industria y Comercio.²⁴ De los temas aquí expuestos, los dictámenes y las resoluciones tomadas por parte del congreso muestran dos tendencias en la búsqueda de una política favorable al sector industrial. La primera fue la defensa de la política arancelaria proteccionista a la producción manufacturera, pequeña y gran industria y su oposición a cualquier proyecto de zona libre que se quisiese ejecutar en el territorio nacional (^{Reseña, 1918, pp. 353-354}).

En el caso de la pequeña industria se proponían varias medidas para su desarrollo con talleres familiares y el restablecimiento de fábricas que habían visto mermada su capacidad de producción y comercialización por la revolución o por los cambios en la legislación laboral. De las propuestas destaca el aumento a los derechos de importación para productos de consumo básico y generalizado, por ejemplo en velas, jabón y cerillos, y la fundación de sociedades mutualistas, sociedades cooperativas y almacenes de venta que apoyaran con la difusión de maquinaria, créditos y comercialización de los productos. Para resolver el problema de la distribución de mercancías se esperaba que los almacenes de venta que se establecieran en las capitales de los estados resolvieran el problema. En esta primera tendencia lo que están reclamando los industriales es la participación del Estado en la producción para la continuidad de los puestos de trabajo e incentivar el consumo.

La segunda tendencia se observa en la definición de una política fiscal para el ramo minero y petrolero donde el Estado debe intervenir con incentivos fiscales en la producción, pero se limita su intervención en la distribución y el consumo, pues en este caso son de competencia del mercado. En este tema, la Comisión estuvo de acuerdo en el beneficio de la explotación para la economía del país y que la inversión era alta y la recuperación lenta. Por lo tanto, la política del Estado debía atender las características de dicha explotación y mantener un gravamen menor a cinco pesos durante los primeros tres años. En lo que se refiere a la solicitud de un impuesto progresivo, la Comisión negó la solicitud argumentando que este tipo de impuesto significaría equiparar la superficie destinada a la explotación minera con la del cultivo agrícola. Con ello, la Comisión participaba de la extensa controversia generada por el artículo 27, especialmente para los delegados petroleros. En el caso de los mineros, la Comisión manifestó que un gravamen progresivo a las tierras destinadas al sector minero inhibía la llegada de nuevos capitales, formación de compañías y en general para la reactivación del ramo. No obstante, reconocía que frente a un impuesto tan bajo podría generarse el efecto contrario y que hubiese competencia desleal pagando un mismo impuesto los que tuvieran una propiedad frente a los que tuvieran diez. En ese sentido, propusieron establecer tres categorías de propietarios para el pago de los impuestos respectivos. En el caso del petróleo, la Comisión señalo que se veían en la necesidad de “disentir de la Sección”, pues practicamente pedían una casi total exención de impuestos”. Una solicitud que no podía atenderse en un contexto donde el gobierno había encontrado en la explotación petrolera “una fuente de recursos para el erario, que de una manera tan perentoria y urgente los necesita”. Igualmente rechazó la prohibición de inspeccionar los campos petroleros (^{Reseña, 1918, pp. 356-361}).

La Comisión mostró apoyo a los delegados petroleros para rechazar la fiscalización veracruzana y los cambios a la naturaleza jurídica de la propiedad para la explotación del petróleo (^{Reseña, 1918, pp. 361-366}). La posición de la Comisión frente al artículo 27 fue reclamar la importancia de un estudio acorde a las necesidades de la industria nacional. Los delegados no habían olvidado el discurso del secretario en lo relativo a la celebración de un congreso de industriales para “hacer obra de cooperación y coordinación con el gobierno”. Y en ese espíritu, la base para el desarrollo y progreso de la industria nacional era el respeto a la propiedad privada. En conclusión, el dictamen de la Comisión y aceptado en la resolución que el Congreso de Industriales dirigió al secretario de Industria fue “la imperiosa necesidad” que el artículo 27 se modificase de acuerdo con los intereses materiales, económicos y sociales de las industrias del país, pues todas las industrias directa o indirectamente se verían afectadas por el citado artículo (^{Reseña, 1918, pp. 443-447, p. 573})

Por último, el apoyo a una política federal en la regulación de la industria fue evidente en varias de las resoluciones del CI, particularmente en los debates en materia laboral. Una posición resultado de las muchas movilizaciones en tal materia que se habían presentado desde el periodo maderista. El corresponsal de El Universal que siguió los debates y resoluciones opinaba que la federalización parecía el único recurso en un contexto donde, de permitirse un código por cada Estado, “variarían de manera notable las horas de labor, los jornales, las disposiciones higiénicas en las fábricas y talleres, produciendo un desnivel y una falta de cohesión que entorpecerían a la industria”.²⁵ La preeminencia de la federación parecía tomar forma y fuerza en la etapa de reconstrucción de la economía. No obstante la clausura de las sesiones del CI el 26 de diciembre, los ánimos de Alberto J. Pani se habían desvanecido, escasos delegados se presentaron a la cena y, según el corresponsal de El Universal, “fríamente terminó sus trabajos el citado congreso”.²⁶

CONCLUSIONES

La promulgación de la Constitución concedía legitimidad política a Carranza y reafirmaba su papel de un hombre de leyes e instituciones. La celebración de congresos en los que se convocó a comerciantes e industriales fue una estrategia política y un recurso para fortalecer mecanismos institucionales con representantes y delegados, escuchar sus opiniones, inconformidades y desacuerdos con el proyecto carrancista. Una estrategia que buscaba convencer a los sectores sociales que la lucha armada estaba concluida y debía iniciarse la etapa de reconstrucción acorde a los derechos y obligaciones signados en la carta magna. En este contexto debe leerse la posición de los industriales y sus delegados. En conjunto, las propuestas de todos los ramos representados en el Congreso no revelan nada extraordinario de actores económicos, promotores y beneficiarios del desarrollo capitalista que entablan nexos con el Estado (^{Palacios, 2015, p. 11}). No obstante, es de señalar la importancia del congreso para generar consensos internos. Es decir, sin negar la importancia de los debates y sus propuestas para formular una política económica favorable a la industria, el congreso ofreció a los industriales una oportunidad para presentarse como un sector que exigía ser reconocido como único interlocutor, sin por ello desdeñar otros canales de comunicación y negociación como fue el caso de los petroleros, en la defensa de sus derechos y capitales invertidos en el contexto de inestabilidad. Un elemento común en las posiciones de los delegados fue reconocer a la federación como un interlocutor privilegiado excluyendo a los gobernadores y las legislaturas locales, particularmente en la reglamentación del artículo 123.

El CI ofrece elementos para entender la interlocución entre la federación e industriales en el contexto de reconstrucción que perfiló una relación en la que el Estado y el mercado no podían considerarse como esferas inconexas. La heterogeneidad de las demandas del sector y, sobre todo, el consenso en términos que el gobierno debía incidir son muestra de ello. Hay sectores como los textileros y la pequeña industria que reclaman una política comercial proteccionista a favor del mercado interno, pero también industriales como los mineros que reconocían leyes de mercado que no podían modificarse a voluntad del Estado, pero que al mismo tiempo solicitaban modificaciones al impuesto minero. En la misma tesitura, se puede ubicar a los petroleros en tanto que exigían una política fiscal (que evidentemente dependía del gobierno y que pasaba por un problema no resuelto en términos de distribución de facultades tributarias entre la federación y las Haciendas locales) que favoreciera su participación en el mercado internacional. En este sentido, para los industriales resultó prioritario señalar al Estado que la organización del sistema económico, producción, circulación y consumo también se construía en función de arreglos sociales en contextos específicos, por ello la insistencia de considerar los efectos de la guerra, la movilización obrera y el mercado internacional en la definición de una política económica. Y que sin dejar de reconocer al Estado, su política económica debía aceptar las diferencias en el grado de intervención y en los espacios requeridos por cada rama de la industria.

En este sentido, proteccionismo y librecambismo fueron vistas en el CI como políticas sujetas al contexto social y político en la que se insertaba la economía mexicana. De esta manera, para el sector textilero el proteccionismo debía ejercerse en las etapas de producción y distribución, pues ellos producían para un mercado interno desarrollado desde el periodo porfiriano y que la guerra y la movilización obrera habían interrumpido. Por lo tanto, la intervención del Estado debía restablecer las condiciones proteccionistas que habían permitido la consolidación del ramo. El proteccionismo también era reclamado por la pequeña industria, pero en este caso sus condiciones requerían la intervención del Estado en las tres etapas de la actividad económica: producción, distribución y consumo. Para este ramo, las condiciones adversas de la economía, la escasez de insumos y la inflación impedían mantener la producción o su acceso al mercado local, una pequeña industria que decía cumplir con el compromiso social del empleo. Por último, el sector minero y petrolero reclamaban la intervención del Estado con incentivos fiscales a la producción, mientras que la distribución y el consumo debían estar en manos del libre cambio. Esta posición era en respuesta a las condiciones de un mercado internacional que ofrecía condiciones por lo más favorables para mineros y petroleros y hacía innecesaria la participación del Estado. Es decir, las demandas heterogéneas se explican a la luz de la esfera local, nacional o internacional en la que se desarrolla el mercado.

En efecto, era de esperarse que la posición de los delegados fuese buscar mecanismos para que la política económica porfiriana de negociación, exenciones fiscales diferenciadas y preeminencia del ejecutivo en los incentivos para el desarrollo del sector industrial no sufriera cambios significativos en el proceso de reconstrucción encabezado por Venustiano Carranza. Sin embargo, el sector industrial reconocía que la movilización armada y la formulación de una Constitución que reflejaba buena parte de las demandas sociales de los grupos participantes en el movimiento alteraría las dinámicas de producción y participación en el mercado nacional e internacional. Pero dicho reconocimiento no desdeñaba el hecho que la reconstrucción y pacificación social necesitaba de los industriales, como en buena parte de las sesiones no dejaron de insistir los delegados. Es decir, el CI ofreció un espacio político para negociar colectivamente los equilibrios entre el proyecto de un estado que necesitaba a las industrias en operación para el pago de impuestos y como centros de trabajo. No obstante el discurso enarbolado por Alberto J. Pani, los recursos para la reconstrucción eran escasos, se había acentuado la carestía de alimentos y la huelga era un poderoso instrumento de los obreros para presionar a los industriales, pero también al Estado. El problema en 1917 era que la reconstrucción se sostenía sólo como discurso porque la movilización armada aún mantenía bajo su control regiones estratégicas para la recuperación de la economía, mientras que los poderes regionales no siempre estaban dispuestos al ejercicio del poder federal. En este sentido era prioritario para los participantes del CI hacer evidente que la política económica carrancista aún estaba en debate y, por lo tanto, los industriales tenían mucho que decir al Estado en dicha materia. En 1918, con la fundación de la Confederación de las Cámaras Industriales (CONCAMIN), industriales y gobierno buscaban avanzar en formas institucionales de negociación en materia de política industrial. Y fue esta la encargada de organizar los suscesivos congresos industriales.