La migración forzada

El estudio de las migraciones forzadas desde la perspectiva demográfica presenta grandes retos. Son limitados los análisis que dan cuenta de las implicaciones de corto, mediano y largo plazos del fenómeno de la migración forzada en la dinámica demográfica y económica de una sociedad. Debemos ocuparnos de dicho fenómeno; los movimientos migratorios internos y los que trascienden las fronteras de los países -en los que no interviene la voluntad del migrante- son una realidad que afecta cada vez más las condiciones sociales, económicas, políticas y demográficas de las regiones de origen y de destino de dichos migrantes. Está ligado a los procesos bélicos que afectan muchas regiones del planeta y a los hechos económicos que hablan de la internacionalización económica y “la libre circulación”. Los seres humanos se ven obligados a migrar por la presión de los conflictos armados, por condiciones de tipo económico, por la crisis alimentaria y por otras situaciones que ponen en peligro su sobrevivencia. Los movimientos migratorios que ocasionan estas circunstancias deben considerarse migraciones forzadas.

Para la demografía resulta inaplazable conocer las causas de la migración, pues es allí donde radica la especificidad del movimiento; las particularidades de estas causalidades determinan la dinámica de la migración y sus consecuencias posteriores en términos demográficos, económicos y sociológicos.

Hasta ahora, los resultados científicos del estudio de los motivos para migrar han sido poco satisfactorios. Aunque se ha comprobado que la mayoría de los migrantes se trasladan por motivos económicos, entre los investigadores hay consenso general en el sentido de que esta conclusión es demasiado superficial e incompleta para explicar lo que verdaderamente motiva el cambio de residencia [^{Alberts, 1974}: 7].

Para abordar la interpretación de los movimientos migratorios actuales es necesario concentrar el análisis en la comprensión del concepto de impulso y atracción. Es indispensable conocer y diferenciar los motivos para migrar; es allí donde se complica el estudio de las migraciones y donde podremos consolidar los elementos teóricos que podrán acercarnos a la dinámica social que actúa como motor de dichos movimientos.

La migración forzada está determinada por las fuerzas de expulsión. Las motivaciones más fuertes para migrar están en el lugar de origen y no en los atractivos que puedan ofrecer los sitios de llegada. El carácter forzado de la movilidad poblacional le da una connotación particular frente a otro tipo de migración. No es voluntaria, no está determinada por la oferta de mejores condiciones laborales o sociales, es un desplazamiento forzado por las condiciones de violencia que se desarrollan en el territorio donde se habitaba permanentemente. En este sentido, Elizaga invita a distinguir la migración “forzada” de lo que él denomina la migración “impulsada”; dice que el elemento central en dicha diferenciación es el grado de participación que tiene la voluntad del emigrante: “En la primera no cuenta esta libertad, mientras que en la segunda conserva cierto poder de decisión. El agente activante es siempre el Estado o la institución social que realiza funciones equivalentes. Entre las formas más representativas de la migración forzada están el tráfico de esclavos y el desplazamiento de grupos de población” (^{Elizaga, 1979}: 211).

La migración forzada no es un viaje diario a un lugar cercano, es un movimiento que conlleva una transformación de las condiciones de vida. La distancia entre el lugar de salida y el sitio de llegada es significativa no sólo en términos geográficos sino especialmente en condiciones sociales; el desarraigo y la desarticulación del tejido social que genera el desplazamiento son elementos que ocasionan una ruptura con el entorno donde se habita. En esta forma de movilidad la decisión de migrar está determinada por un entramado complejo de factores altamente negativos.

La migración forzada es una forma violenta de movilidad contemporánea de población, propia de regiones en conflicto que afecta a una cantidad significativa de personas y que en muchos casos corresponde a procesos de concentración de la tierra o de la riqueza o deriva de disputas territoriales, de ahí que resulte fundamental consolidar avances teóricos que orienten la investigación atendiendo a las particularidades que presenta cada región, e introducir en el análisis los efectos del desplazamiento forzado sobre las estructuras poblacionales y con ello su impacto económico y demográfico.

Un elemento fundamental en la construcción teórica de la migración forzada tiene que ver con la discusión acerca de si la pobreza es la causa de las condiciones de violencia y a su vez una variable explicativa del desplazamiento. En ese sentido, es fundamental dejar claro que se caería en posturas reduccionistas si se pensara que la pobreza de una región o de un grupo social es el elemento que desencadena el desplazamiento forzado; pero de la misma manera sería erróneo desconocer que las condiciones de precariedad material de una zona determinada son parte esencial en el análisis de la sucesión de hechos que generan la violencia y los fenómenos que se desprenden de ella (^{Moreno, 2000}).

Es importante hacer referencia al debate pertinente en demografía entre la población y la pobreza. La migración se analiza como un hecho que mitiga las carencias presentes en una región determinada. “La movilidad permite al individuo adaptarse a las limitaciones, escapar del peligro y de la pobreza” (^{Livi Bacci, 1995}: 134). Esta afirmación, como elemento explicativo de las migraciones tradicionalmente determinadas por la oferta y la demanda laboral o por la oportunidad de cambiar positivamente las condiciones de vida, resulta válida de manera relativa, pues en las migraciones contemporáneas el supuesto de libre elección de la movilidad está cuestionado por múltiples elementos, como son las políticas migratorias que restringen el ejercicio de la libre circulación y el mismo desplazamiento forzado. Este autor califica las nuevas condiciones que obstaculizan o alteran las dinámicas migratorias como una “esclerosis progresiva de las migraciones”, que igualmente afecta la movilidad interna. En esta condición se encuentra la migración forzada, lo que limita aún más la tendencia clásica de caracterizar los movimientos migratorios como un instrumento de superación de la pobreza; la particularidad de “ser forzada” se muestra como un obstáculo que niega e imposibilita el equilibrio entre la necesidad de la población y la oferta de recursos materiales, culturales, ambientales y sociales, entre otros.

La migración forzada en Colombia no atenúa las condiciones de pobreza, más bien se comporta de manera inversa. Conviene tener en cuenta que esta inversión de valores es consecuencia de las particularidades que rodean la salida de la población (expropiación de la tierra, pérdida de territorio, del tejido social y de fuentes de ingresos) y las características de las regiones de recepción (las zonas más deprimidas de las grandes ciudades), con lo cual esta forma de movilidad incrementa las condiciones de pobreza y vulnerabilidad de la población afectada e igualmente las de la residente en la zona de recepción.

Respecto al derecho que asiste a toda persona a migrar o no migrar, se puede resumir en estas palabras: “La libre movilidad territorial de los habitantes de un país es un derecho humano básico. Pero librar los movimientos a las decisiones individuales, sin el conocimiento y la información necesaria, puede acentuar problemas regionales y no ser conveniente para el desarrollo” (^{Lattes, 1995}: 255). Este derecho es parte importante del debate de la movilidad forzada y de todos los movimientos contemporáneos de la población.

Los efectos del desplazamiento forzado se aprecian en las personas, en las comunidades y en los territorios que estas poblaciones abandonan y en los que luego ocupan. Conviene fundamentar el tratamiento del tema territorial partiendo de los enfoques que lo definen como el espacio de construcción vital, entender que la población campesina o semirrural que es obligada a desplazarse tiene un ritmo vital atado a las condiciones del entorno; sus pautas de fecundidad y su desempeño laboral, entre otros aspectos, son particularidades que se violentan sin tener en cuenta la voluntad de los individuos. Es allí donde debemos reconocer los efectos demográficos de la migración forzada sobre las estructuras poblacionales y con ello sus consecuencias económicas y sociales.

Contexto colombiano de la migración forzada. Violencia, modernización y urbanización

Sin lugar a dudas el problema del desplazamiento forzado que ha enfrentado Colombia durante las últimas dos décadas hunde sus raíces en los conflictos económicos, políticos, sociales y militares que han acaecido y no se han resuelto durante el siglo XX (^{Fajardo, 2002}). En el momento actual el problema presenta particularidades políticas y económicas. Es innegable la importancia que han alcanzado en la escena política durante el periodo reciente el surgimiento de grupos paramilitares, el fortalecimiento de las guerrillas, el auge del narcotráfico, la militarización de la sociedad y la intervención bélica estadounidense como fenómenos determinantes de la conflagración que vive el país.

Para entender el fenómeno del desplazamiento forzado es preciso reconocer el contradictorio proceso político y económico que lo antecede y lo determina. La comprensión histórica de los procesos de migración forzada de la población colombiana es una referencia ineludible cuando se quiere analizar la condición actual del desplazamiento.

Un breve recorrido histórico

Colombia ha consolidado sus territorios y construido su historia poblacional mediante la dinámica del conflicto interno. Durante su historia como república en los pasados 185 años ha vivido 25 guerras civiles nacionales y alrededor de 60 guerras regionales. Como resultado de esas disputas se generó una gran migración de la población que provocó la ampliación de la frontera agrícola y la incorporación de inmensos terrenos a esta actividad. Algunos estudios al respecto (^{González, 1997}) indican que desde 1865 venían ocurriendo confrontaciones entre los sectores que perseguían un desarrollo sustentado en la acumulación interna del capital industrial y financiero, y los grupos más conservadores, que querían mantener su posición económica mediante la concentración de la propiedad territorial.

En resumen, los conflictos surgían de la oposición entre quienes pretendían preservar las relaciones económicas de tipo precapitalista y las que ansiaban dar el paso hacia el capitalismo. De esa contradicción surgió la revolución de los artesanos y 35 años más tarde la llamada “guerra de los mil días”, que ocurrió entre 1898 y 1901. En esa ocasión murieron cerca de 60 mil combatientes y las bajas de la población civil en la guerra, según algunos historiadores, oscilaron entre 100 mil y 180 mil personas (^{Villegas y Yunis, 1978}).

Durante los primeros 30 años del siglo XX el país avanzó lentamente en la creación de las bases del desarrollo capitalista, ligado todavía a los valores heredados de la Colonia y guiado por la inversión económica y la influencia política de Estados Unidos; Colombia comenzó entonces un proceso “modernizador”. La modernización del país requería cambios en el régimen político; en 1930, cuando Enrique Olaya Herrera se hizo cargo de la Presidencia, se aceleraron las reformas modernizadoras, que alcanzaron su máximo desarrollo en 1936 durante el gobierno de Alfonso López Pumarejo. En esa administración se crearon o modificaron las legislaciones agraria, laboral, de seguridad social y de organización del Estado (^{González, 1997}); se institucionalizó un ambicioso cambio económico, social y jurídico que posibilitó un salto en la instauración del capitalismo.

Además de los cambios económicos se requería una ampliación de la demanda de bienes y servicios consecuente con el desarrollo del mercado interior. Para lograrlo fue necesario mercantilizar el campo, desarrollar la agroindustria exportadora y acelerar el proceso de urbanización. Mediante la migración forzada y en algunos casos voluntaria de una gran cantidad de pobladores del campo a la ciudad, se consolidó la capa media urbana de la población, principal demandante de bienes y columna vertebral del proceso de modernización. Esto propició grandes cambios en la dinámica política nacional y así surgieron movimientos sociales que se manifestaron principalmente en la década de 1950. El asesinato de Jorge Eliécer Gaitán, el 9 de abril de 1948, fue el detonante de todas las contradicciones que se habían acumulado por más de cuarenta años. Desde ese momento se desataron ciertas condiciones de violencia que, de alguna manera, parecen encontrar correlatos en los conflictos actuales del país.

La migración de las décadas de 1950 y 1960 acrecentó el proceso de urbanización y contribuyó a expandir la frontera agrícola. La urbanización se consideró una de las piedras angulares de la modernización. La Misión Currie, que organizó el Banco Mundial y fue encabezada por el economista canadiense Lauchlin Currie, llegó a Colombia para agilizar la necesaria transición hacia un país predominantemente capitalista, moderno y urbano (^{Kalmanovitz, 1985}). Currie pertenecía a la escuela desarrollista, la cual proclamaba que la eficiencia económica era producto de la disolución de las viejas relaciones que imperaban en las regiones rurales de los países del Tercer Mundo, con el consiguiente desplazamiento masivo de población hacia las ciudades.

La Misión Currie contribuyó a forjar los mecanismos que se utilizaron para disgregar una parte de la pequeña propiedad rural y también a perfilar la denominada modernización nacional. “Las teorías desarrollistas imperantes desde la posguerra y vigentes hasta bien entrada la década de 1970, identificaron crecimiento con desarrollo y progreso, entendidos como procesos unilineales e irreversibles” (^{Corredor, 2001}: 16). Continuando con la misma línea de análisis, la autora explica cómo se produjo el agotamiento de ese modelo en toda la región latinoamericana:

Sin embargo, a partir de los años setenta las cualidades asociadas a la idea de progreso se van revelando como su contrario: la discontinuidad, la reversibilidad y la incertidumbre anuncian el agotamiento del proceso de sustitución de importaciones, fundado en una estrategia desarrollista que privilegió la modernización económica […] La creciente urbanización revela el caos y los problemas cruciales de pobreza, desigualdad social y regional y de heterogeneidad estructural, lejos de haber sido solucionados se muestran más complejos [^{Corredor, 2001}: 16].

Es precisamente a mediados de la década de 1980 cuando entra en crisis el modelo implantado en el país, se agudiza la escalada de violencia, y el desplazamiento forzado se perfila como una de las mayores consecuencias del conflicto que se vive actualmente.

Pautas de distribución poblacional establecidas por las recurrentes migraciones forzadas

El proceso descrito, que ocurrió durante la segunda mitad del siglo pasado, tuvo como una de sus consecuencias la redistribución poblacional originada fundamentalmente en las migraciones internas, que presentaban como común denominador las disputas territoriales, la acumulación de tierras y la violencia. Este fenómeno ha seguido un comportamiento cíclico que va de la mano de las transformaciones estructurales y coyunturales que enfrenta el país (^{Cardona y Simmons, 1977}; ^{Fajardo, 2002}; Sánchez, 1984; ^{Fals Borda, 1975}).

La migración de la decada de los sesenta presenta características importantes que sientan las bases de la redistribución poblacional de la época actual. En primer lugar, la direccionalidad de los flujos de población rural, que conduce a gran parte de los habitantes del campo a la zona urbana; las zonas que se comportaron como las de mayor expulsión fueron aquellas en donde había cultivos tradicionales; al mismo tiempo ocurre un fuerte movimiento migratorio dirigido hacia áreas de terrenos baldíos, donde la explotación de la tierra se ejerce sin que medie el título de propiedad sobre ella; surge con fuerza el fenómeno de la colonización en zonas del alto Caquetá, Putumayo y Arauca, adonde llegaron migrantes forzados procedentes de las áreas centrales del país que provocaron la expansión de la frontera agrícola. Se despejaron y adaptaron a la agricultura amplias zonas selváticas ubicadas especialmente en el sur y oriente del país; sin embrago los migrantes solían preferir la ciudad (^{Fornaguera y Gülh, 1969}).

En la etapa posterior a 1960 se consolidó el proceso de urbanización y “modernización” del país. Dicho proceso no fue muy distinto del que siguieron todos los países de América Latina durante los mismos años (^{Cardona y Simmons, 1977}; ^{Villa, 1997}), la diferencia radicó en que en Colombia la violencia fue el telón de fondo que presionó con gran fuerza la migración interna y el vuelco de lo rural a lo urbano.

Los estudios que analizan la migración interna en Colombia para las décadas de 1950 y 1960 encuentran elementos concluyentes relacionados con las pautas de expulsión y atracción de los departamentos; determinan las zonas atractoras y su relación con los incipientes desarrollos industriales que se perfilaron en el país en esas dos décadas. Advierten la selectividad de la migración interna, que tuvo un gran impacto demográfico sobre las estructuras poblacionales de las ciudades intermedias y grandes.

En esta etapa la migración determinó las tendencias de expansión y crecimiento de prácticamente todos los municipios grandes y medianos, que para la época ya se consolidaban como receptores de grandes contingentes de población provenientes del área rural.

Orlando Fals Borda, en su profundo estudio acerca de la violencia y la concentración de la propiedad, examina las relaciones que se establecieron desde la Colonia, analiza las formas de producción indígena, y estudia la formación originaria del campesinado, la descomposición del mismo y su tránsito hacia la proletarización en los espacios urbanos. Fals, citando a Tobon, afirma que

La Violencia aguda desatada entre 1948 y 1957 también fue elemento desorganizador de la estructura agraria. Promovió una serie de traspasos y ajustes en las propiedades, muchos a la fuerza, que ayudaron a movilizar y a concentrar mucho más la propiedad. Y desarraigó buena parte de la fuerza de trabajo, deprimiendo los jornales y estimulando la migración a las ciudades. No obstante, en muchas regiones afectadas por la Violencia, como la cafetera, la producción agrícola nunca bajó, al quedar en manos de mayordomos comprometidos con las bandas [^{Fals 1975}: 121].

En su estudio acerca de la violencia en Colombia, Guzmán, Fals Borda y Umaña Luna refieren algunas pautas sobre la dirección que siguió la migración interna durante la llamada violencia bipartidista:

Las ciudades que principalmente sirvieron de magnetos fueron en su orden: Bogotá, Cali, Ibagué, Medellín, Pereira, Armenia, Cartago, Palmira, Chaparral, Neiva, Líbano y Girardot […] En estas ciudades los exilados llegan especialmente a casas de amigos o parientes. Pero muy pronto la economía familiar se resiente y se inicia el éxodo hacia las barriadas de chozas donde se albergan el resentimiento, la miseria, la promiscuidad y el hambre, que son tremendos generantes de violencia. Muchas personas se desadaptan y enloquecen; la mendicidad infantil cobra auge trágico; la prostitución prolifera; y la estadística de robos y hurtos asciende vertiginosamente [^{Guzmán, Fals, Umaña, 1988}: 296].

Los grupos de migrantes fueron heterogéneos en cuanto a su condición económica; se desplazaron campesinos ricos, medios y pobres. La condición socioeconómica de la población que llegó a la ciudad determinó igualmente su ubicación en el espacio urbano. Se consolidaron zonas urbanas con ingresos medios: surgieron las urbanizaciones y barrios estructurados para la llamada clase media, que expandieron de esta manera el área urbana de la ciudad. Los migrantes pobres provenían fundamentalmente de las áreas rurales, se ubicaron en las zonas marginales y constituyeron de esta manera los llamados cinturones de miseria. Se configura así un modelo de ciudad de alta segregación socioespacial en la que subsisten y coexisten fuertes contrastes sociales y económicos que evidencian las profundas inequidades y fragmentaciones sociales que han gestado la naturaleza misma del sistema capitalista.

Esta situación se da en prácticamente todas las ciudades grandes e intermedias del país y presenta una pauta similar en el proceso actual de migración forzada.

La concentración urbana, consecuencia de la masiva migración que ocurrió durante las décadas de 1950 a 1970, fue muy significativa para el país. Tal proceso fue similar al que se desarrolló en todos los países de América Latina, con algunas diferencias en los tiempos pero con consecuencias semejantes.

En 1938 la población colombiana era fundamentalmente rural. Se encontraba en el campo 69.1% de los habitantes y 30.9% en las áreas urbanas. En las ciudades de más de 100 000 habitantes se concentraba 20.1% de la población. Ya para 1951 el total del país se había incrementado en 2 850 000 habitantes, con un crecimiento en el periodo de 32.7%, al pasar de 8 700 000 a 11 550 000 habitantes.

El sector que acaparó el crecimiento fue el urbano, que alcanzó un alza de 66% al incrementarse de 2 692 000 habitantes a 4 468 000, mientras el rural únicamente creció 17.8%. Aun así, el país seguía siendo básicamente rural. En las áreas agrícolas se concentraba 61.3% de sus habitantes, mientras 38.7% ya estaba en las ciudades, y de ellos 18.5% vivía en municipios con más de 100 000 habitantes. Se registró la disminución de este último segmento, contraviniendo las aspiraciones de los modernizadores, quienes pretendían centralizar las mayorías en un número limitado de urbes.

La concentración de población en el área urbana registrada entre 1938 y 1951 no alimentaba la metropolización que se buscaba y más bien hacía crecer los municipios medianos y pequeños. Tal tendencia habría de cambiar en el periodo de la llamada “violencia”. Se presentaron altas tasas de crecimiento demográfico: el número de habitantes creció 51.4%; los habitantes del campo se incrementaron en sólo 18.5% y su participación en el total de la población se redujo a 48 por ciento.

Fuente: Elaboración propia con datos censales DANE.

Gráfica 1 Evolución de la población urbana y rural; Colombia, 1938-2005 

La concentración urbana en el periodo examinado fue muy significativa si se tiene en cuenta que el segmento con mayor aumento fue el de los municipios de más de 100 000 habitantes, con tasas que alcanzaron 124.8%, superando de esa manera la tasa global de crecimiento urbano. Ahora participaban con 27.4%, un poco más de la cuarta parte del total de habitantes del país.

Así pues, el proceso de urbanización en Colombia presenta notables particularidades. Ya para 1964 la modernización se había concluido en lo básico como resultado del acelerado proceso de transformación; después de la década de 1970 se evidenció una concentración de población de tal magnitud que 60% de la misma ya vivía en las zonas urbanas; esa proporción llegó en 2005 a 75% (censo de 2005). En 1993 las cuatro grandes ciudades -Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla- concentraban 27% de la población total del país (censo de 1993). Una de las consecuencias más notables de tal concentración ha sido que la oferta de servicios en las ciudades es cada vez más inadecuada para el número de pobladores. Se han extendido los llamados cordones de miseria, constituidos en lo fundamental por personas provenientes de las zonas rurales y por expulsados del centro de la ciudad; surgieron así grandes aglomeraciones marginales que inicialmente se asentaron en esas cuatro grandes ciudades -décadas de 1970 y 1980- y posteriormente en todas las capitales de departamento.

Fuente: Elaboración propia con datos censales DANE.

Gráfica 2 Evolución de la población rural y urbana concentrada en ciudades de más de 100 000 habitantes; Colombia, 1938-2005 

En ese momento la migración interna dibujó un nuevo mapa poblacional que fue determinado en buena parte por el ejercicio de la violencia. No asistimos ahora al surgimiento de un nuevo fenómeno para el país, sino que el proceso del desplazamiento se repite, con diversos actores y nuevos escenarios en cada periodo.

El fenómeno del desplazamiento forzado actual, que se agudizó desde principios de los noventa, se perfila como una nueva tragedia humanitaria de graves consecuencias para la vida nacional. Quienes se ven obligados a desplazarse de sus lugares habituales de vivienda enfrentan la desestructuración familiar, abandonan y pierden la tierra, soportan la destrucción de sus lazos sociales y se ven obligados a transformar de manera radical e inesperada sus espacios de vida, de trabajo y su entorno en general. Los espacios de donde salen se ven afectados por la pérdida de población, mientras a las regiones de acogida se les imponen grandes desafíos en materia de recursos e infraestructura. Las características económicas y sociales de dicha población, determinadas por la marginalidad y la pobreza, incrementan el nivel de pobreza urbana.

El sitio hacia donde se dirige gran parte de la población tiene relación con los orígenes de la población misma; es decir, los lazos familiares y culturales que subsisten en otras regiones del país, producto de viejas migraciones, actúan como imanes y hacen visibles las redes migratorias. Las pautas de distribución de la población siguen tendencias recurrentes sobre las ciudades y los territorios que históricamente han sido origen y destino de los migrantes internos. Las zonas expulsoras han estado ligadas durante mucho tiempo a procesos de expropiación de tierras, a ordenamientos estructurales y a disputas de territorios que son estratégicos para los intereses políticos y económicos de algunos grupos de poder (^{Fajardo, 2002}; ^{Machado, 2003}; ^{Mondragón, 2001}).

Las zonas de mayor expulsión no son las más pobres del país, como sostuvieron algunos estudios anteriores; las regiones de mayor incidencia del desplazamiento forzado corresponden a las zonas en donde hay abundantes recursos naturales, en donde es factible la explotación minera o petrolera, y en los territorios donde es mayor la presencia de cultivos ilícitos (^{Sarmiento, 1999}; ^{Pérez, 2001}).

Se ha generado una redistribución de la población pobre proveniente fundamentalmente de las áreas rurales, que se distribuye en las zonas urbanas de las grandes y medianas ciudades.

Se determinó que son preferiblemente las poblaciones pequeñas y las zonas rurales de los municipios de menos de 50 000 habitantes los sitios donde se origina el mayor número de desplazados; de estos sitios sale 68% de la población que migra de manera forzada; en cuanto a la dirección de los flujos migratorios se identifican tres características centrales. En primer lugar, son movimientos que se dirigen preferiblemente a las grandes y medianas ciudades; 52% de los migrantes llega a ellas. En segundo lugar, dicha población establece su lugar de residencia en las zonas más deprimidas de estos centros urbanos. Y en tercer lugar, son las cabeceras urbanas de los mismos municipios las grandes receptoras de población proveniente del área rural; 32% de los desplazados se dirige allí [^{Ruiz, 2008}: 186].

De esa manera, la tendencia territorial de la recepción de quienes migran por desplazamiento forzado en la etapa más reciente mantiene algunas de las preferencias territoriales que determinaron los estudios previos sobre la migración interna -metrópolis y departamentos de mayor desarrollo económico y social-, que han definido esos polos de atracción. La migración forzada amplía el espectro de ciudades receptoras en el momento actual, pues se expande la llegada de volúmenes significativos de pobladores a todas las ciudades capitales de departamento y a las poblaciones de tamaño medio, preferiblemente a las ubicadas en las zonas de influencia de dichas capitales.

La propiedad de la tierra rural, principal consecuencia del desplazamiento

La evolución de la acumulación de la propiedad de la tierra coincide con la intensificación del desplazamiento forzado. Es posible afirmar que la reducción de la pequeña propiedad y de los pequeños propietarios obedece en parte al desplazamiento. Según datos de la encuesta de la Conferencia para los Derechos Humanos (Codhes),¹ del total de población desplazada 76% manifiesta haber sido propietaria; igualmente, la encuesta realizada por la Red de Solidaridad² muestra que 78% de los desplazados declara haber tenido que abandonar sus bienes raíces a causa del desplazamiento. Como se observa en la gráfica 3, en 1984 del total de la tierra productiva 32.7% estaba en manos de 0.5% de los propietarios, mientras que para 2001 del total de la misma 61.2% lo poseía apenas 0.4% de los propietarios. Igualmente, hay una disminución significativa de los pequeños propietarios, que generalmente son campesinos pobres; los datos muestran que para el mismo 1984 los predios menores o iguales a 5 hectáreas, que representaban 5% de la superficie cultivable del país, estaban en manos de 65.7% de los propietarios; ya para 2001 esta proporción de propietarios había disminuido a 57.3% y su superficie significaba únicamente 1.7% de la tierra cultivable. La acumulación es evidente, como se observa en la gráfica 3.

Fuente: Elaboración propia con datos del Instituto Geográfico Agustín Codazzi IGAC, y Corpoica, 2002.

Gráfica 3 Evolución de la propiedad de la tierra rural; Colombia, 1984-2001 

En el estudio que desarrolló el Banco Mundial en 2004 se afirma que “el desplazamiento ha puesto en marcha una contrarreforma agraria de proporción masiva y es posible que favorezca una concentración significativa e improductiva de tierra en algunas regiones” (^{Banco Mundial, 2004}: 7); se estima el coeficiente Gini de propiedad rural en 0.85 y se le califica como el más alto del mundo en comparación con los estándares internacionales (Corea con 0.35 o Japón con 0.38) (^{Banco Mundial, 2004}: 6).

La estrategia para la mayor concentración de la propiedad rural ha sido el desplazamiento forzado. El abandono forzado de la tierra por parte de la población está determinado por las fuerzas de expulsión; así, las mayores motivaciones para desplazarse están en el lugar de origen y no en los atractivos que pudieran ofrecer los sitios de llegada.

La expropiación de tierras afecta a los sectores económicos y sociales más vulnerables y favorece la concentración del capital. Dicho incremento ha llevado a Colombia al tercer lugar de América Latina, después de Brasil y Guatemala, y al decimotercero del mundo -después de los pequeños países de África central- con mayor desproporción en la distribución de la riqueza nacional.

Las políticas macroeconómicas delineadas conforme al modelo neoliberal determinan para el sector agropecuario, al igual que para los demás sectores de la economía, la regulación a partir del mercado y la competitividad, tanto internacional como nacional (^{Machado, 1998}). Este modelo relega las desigualdades históricas, la carencia de recursos de los pequeños propietarios, la inequidad en la estructura de la propiedad de la tierra y otras características particulares de este sector que colocan en desventaja a los más pobres. En esta lucha por la competencia triunfan los más fuertes y dejan en el camino a una gran capa de población que no encuentra otra alternativa que migrar. Absalón Machado formula una síntesis del problema agrario actual en Colombia:

podría afirmarse que la cuestión agraria consiste en que el país, al seguir un modelo de desarrollo excluyente, no ha definido una opción por lo rural y un modelo de desarrollo propio, ni ha considerado al sector rural como estratégico. Por tanto, no ha constituido una institucionalidad para su desarrollo y su articulación equitativa a la sociedad mayor. El problema es entonces de carácter más político e institucional que económico, sin olvidar que lo social tiene un lugar destacado en su configuración [^{Machado, 1998}: 31].

Las condiciones que impone el modelo neoliberal determinan en la práctica la vida de los migrantes forzados en Colombia con la desestructuración de la economía agraria, la concentración de los procesos agroindustriales en las compañías transnacionales, la eliminación de la pequeña propiedad y del pequeño productor agrícola, acompañado todo esto de la ausencia de un desarrollo industrial que pudiera ofrecer oportunidades de trabajo en el área urbana.

La migración forzada es el fenómeno social que entrega un mayor volumen de población a la economía informal y a las áreas marginales de las grandes ciudades, consolidándose así una gran franja de población que vive en condiciones precarias. En el proceso reciente de migración forzada se advierte un aumento significativo de las áreas más deprimidas de las ciudades receptoras. El crecimiento de los cinturones de miseria y la ubicación de las corrientes migratorias en los espacios urbanos marginales son una constante que incrementa la segregación socioespacial de la población y la ciudad.

En el momento actual especialmente a partir de 1990, con la exacerbación del conflicto armado y con el auge del fenómeno paramilitar y mafioso, que se ha extendido en todas las esferas nacionales, especialmente entre la clase política y las elites militares, se ha configurado un país en donde la trashumancia de millones de personas desde sus zonas rurales hasta las medianas y grandes ciudades es un hecho cotidiano y casi pasa inadvertido en el conjunto de la sociedad.

La existencia de millones de desterrados, la muerte indiscriminada de pobladores, particularmente de los varones jóvenes y adultos, y la acumulación de grandes extensiones de tierras productivas, son hechos reconocidos e irrefutables en el territorio nacional.

Ésta es la expresión de un modelo de desarrollo que, independientemente del costo humano y social, prioriza la explotación de los productos primarios para la exportación (palma, petróleo, carbón, níquel, materias primas) y la acumulación de grandes extensiones de tierra para la expansión de cultivos extensivos. Esta condición se sustenta en múltiples formas de violencia y tiene como consecuencia más visible la expulsión de grandes grupos humanos que habitaban en las zonas que ahora destinan a la explotación agrícola y minera las grandes empresas multinacionales y unos pocos capitales nacionales.

Las zonas de mayor expulsión y las causas de ésta

El análisis municipal de las tasas de población desplazada mediante una matriz migratoria de doble entrada permitió identificar la conformación de las 10 regiones con mayor tasa de desplazamiento; dicha tasa se obtuvo como resultado de la ecuación entre el volumen total de la población desplazada sobre el volumen de la población media en el periodo analizado.

En el mapa 2 se advierte que las regiones emergentes son las de mayor expulsión de población. Se observa así que otra de las pautas del compotamiento de la migración a causa del desplazamiento forzado es que rompe los límites político administrativos de los municipios y se expande por regiones extensas que comparten sus características económicas, sociales o geográficas.

Fuente: Elaboración propia datos del Registro ünico de Población Desplazada (RUPD).

Mapa 2 Regiones emergentes de más altas tasas de expulsión en los municipios de Colombia, 2000-2009 

Tras conocer las regiones más expulsoras se procuró identificar los hechos que mejor explican la migración forzada y se estableció la correlación entre las tasas de migración forzada y los índices de violencia,⁵ y entre dichas tasas y el índice de acumulación de tierras rurales productivas de Gini.⁶ Se determinaron de manera particular los coeficientes de correlación correspondientes a los grupos de municipios que integran las regiones emergentes identificadas como las de mayores tasas de expulsión (mapa 2).

Los factores que explican el desplazamiento forzado son fundamentalmente los elementos expulsores, conocidos como factores push, que determinan el hecho mismo del desplazamiento y su impacto en la dinámica económica y poblacional de las áreas urbana y rural. Así, el análisis se centra en las variables que actúan en el lugar de expulsión, es decir, en los hechos de violencia y en el proceso de acumulación de la propiedad rural.

El análisis del comportamiento particular de cada variable dejó ver la importancia de la desagregación territorial; Colombia es un país de grandes contrastes y grandes diferencias regionales, de ahí que en la relevancia de cada variable como factor explicativo de la migración forzada influyan las diferencias territoriales. Si bien la violencia y la acumulación de tierras productivas tienen una existencia paralela y están presentes en todo el territorio nacional, la primacía de cada una como variable explicativa del desplazamiento forzado se particularizó determinando qué variable es la que mejor explica la migración forzada en cada una de las regiones de mayor expulsión de población.

Se analizaron para todo el país, y especialmente para las áreas de mayor expulsión, el índice de violencia y el índice Gini de acumulación de la propiedad de la tierra rural.

La relación entre los índices de violencia, el índice Gini de concentración de la tierra productiva y las tasas de expulsión en las regiones con mayores tasas de desplazamiento se determinó en todos los municipios del país estableciendo los coeficientes por departamento. Posteriormente se obtuvieron los coeficientes de correlación correspondientes a los grupos de municipios que integran las regiones con mayores tasas de expulsión.

En el cuadro 1 se presentan los resultados de las correlaciones particulares realizadas para cada una de las regiones emergentes.

Cuadro 1 Índice de violencia, índice Gini y su correlación con la tasa promedio anual de expulsión por región; Colombia, 2000-2004 

Fuente: Elaboración propia con datos PNUD de los índices de violencia; datos del índice Gini construidos por el Banco Mundial y datos de expulsión de población del Registro Único de Población Desplazada (RUPD).

Es evidente que la violencia es uno de los motores relevantes en el desplazamiento forzado en algunas regiones del país. La región andina central (0.45) y la de los Montes de María (0.41) son las que presentan mayor correlación entre la expulsión de población y los hechos violentos en todos los municipios.

Conviene advertir que esta misma variable es la que mejor explica el desplazamiento en las regiones del Pacífico Sur y el Pacífico Central, y en la zona de Frontera con Ecuador, lo cual resulta significativo porque su cercanía geográfica las ubica entre las regiones estratégicas del país.

La alta significancia estadística del coeficiente de correlación entre el índice de violencia y la tasa de expulsión en algunas regiones confirma que quienes abandonan su lugar habitual de vivienda lo hacen como reacción ante los hechos de violencia que amenazan la sobrevivencia de su hogar.

Los coeficientes de correlación para el vínculo entre la concentración de la propiedad rural y la expulsión de población en las regiones de mayor emigración se mueve entre 0.07 en la región Pacífico Sur y 0.70 en la de Urabá.

En las zonas Urabá y Bananera tiene mayor peso la concentración de tierras motivada por la expulsión de población, con coeficientes de correlación de 0.70 y 0.67 respectivamente, y coeficiente de correlación con el índice de violencia de 0.23 y 0.22. Otras zonas para las cuales el índice de concentración de Gini se encuentra prácticamente en equilibrio con la variable violencia son la Frontera con Venezuela y el Piedemonte Llanero; ahí la acumulación de tierras superó por algunas décimas a la variable violencia.