Introducción

Cuando inicié en 2001 el proyecto: “Protesta social y acciones colectivas en torno de la violencia sexual en Ciudad Juárez, Chihuahua / El Paso, Texas”, no me imaginaba que este fenómeno dejara huellas tan visibles de una crueldad extrema. Los primeros resultados de la investigación mostraron 32 hipótesis enunciadas por diferentes sectores de la ciudadanía sobre los crímenes y desapariciones de mujeres, relacionadas con la misoginia, la impunidad, el crimen organizado, la pornografía sádica, la trata de personas, asesinos seriales y psicópatas, entre otras causas (^{Domínguez y Ravelo, 2003}). Posteriormente exploramos con más detalle ciertos indicios de pornografía sádica encontrados en los registros forenses (^{Ravelo y González, 2007}), lo cual fue profundizado por Rosa María ^{González (2009)}, quien realizó un excelente trabajo de tesis sobre esta forma de asesinato.

Entonces constatamos que las mujeres están permanentemente expuestas al peligro. Su cuerpo y su sexualidad se hallan inmersos en una violencia estructural, donde la misoginia, la moral represiva y los prejuicios sociales fortalecen un sistema económico y político más amplio, como es la globalización.¹ Por ello incorporamos este elemento en el marco contextual de la violencia sexual, pues trasciende las fronteras de lo local nacional y opera a nivel transnacional global. Este sistema abastece a un mercado cada vez más sofisticado, entre cuyas demandas se encuentran las de tipo sexual, con todas las implicaciones que esto conlleva, sobre todo tratándose de migrantes (^{Asakura y Torres, 2012}).

El capital transnacional global ha fomentado la creación de una especie de industria criminal, donde confluyen el tráfico de mujeres, la explotación sexual, el tráfico de indocumentados, el narcotráfico, el tráfico de armas y la violencia. Empezamos a observar este ángulo de la realidad en la frontera norte desde el inicio de la investigación, pero no encontrábamos la manera de explorarlo por los peligros que implica. Sin embargo, con la base de datos que integramos y con las obras reunidas en la exposición pictórica “Más allá del dolor…” -que organizamos en Ciudad Juárez en 2005 para conocer las representaciones de la violencia en el arte fronterizo- hallamos más elementos para profundizar. Nos llamó la atención que en varias de las obras expuestas las imágenes indicaban la presencia de crueldad sádica, expresaban otra dimensión del dolor a partir de marcas, lesiones y mutilaciones en los cuerpos femeninos violentados sexualmente. Tal situación resultaba significativa dado que entre las hipótesis de nuestra investigación era relevante la pornografía sádica -incluidas la trata de personas y la producción de cine snuff-, principalmente enunciada por periodistas, por la comunidad académica e intelectual y por testimonios de la ciudadanía (^{Domínguez y Ravelo, 2003}).

Cabe señalar que, desde que iniciaron estos asesinatos, esta hipótesis fue descartada por las autoridades estatales y municipales de Chihuahua y Ciudad Juárez, quienes han considerado que es producto de “la imaginación de mentes hollywoodenses”, pese a la información de los registros forenses de 444 mujeres asesinadas entre 1993 y 2006, publicados por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (^{CNDH, 2003}) y retomados por Norberto ^{Moreno (2006)}.

De los reportes forenses revisados, seleccionamos 52 que presentaban lesiones como mutilaciones de mama, ojo, vísceras y otros órganos; lesiones dentales, cortes en piel y cortes irregulares del pelo, así como amarres en manos con nudos complicados. Cotejamos este tipo de heridas con imágenes de sexo violento aparecidas en publicaciones pornográficas presentadas en el libro de Diana ^{Russell (1993)} y en algunos sitios en internet, encontrando similitudes impresionantes. De los 52 casos, once presentaban un tipo de lesión dental que se suele ocasionar cuando a la persona se le mantiene amordazada durante muchas horas. Analizamos con más detalle esas marcas de tortura y crueldad en los cuerpos de estas mujeres y niñas, corroborando lo antes dicho e incorporando un elemento adicional: la trata de personas.² Esto obedece a que la mayoría de las marcas dejadas en los cuerpos de niñas y mujeres corresponden a las dejadas por actos de tortura sexual y sexo violento, practicados generalmente por traficantes de mujeres que las raptan y las someten a tales prácticas para obtener ganancias económicas y dominarlas a través del miedo.

Este elemento -que en sí es otro fenómeno pero encaja estratégicamente en la industria criminal transnacional- no es nuevo: al parecer surge desde los años cuarenta del siglo pasado en México. Sin embargo, en el marco de la globalización se ha modernizado con la tecnología y la informática, creando los consumos sexuales más exóticos que podamos imaginar, los cuales implican desapariciones y crímenes de mujeres y niñas, principalmente, quienes en su mayoría son levantadas con engaños, amenazas y seducción,³ como también se advierte en la narrativa forense aludida (que no vamos a tratar en este artículo).

Las mujeres y niñas que son atrapadas en las redes de traficantes de la frontera norte se caracterizan por vivir en condiciones de pobreza y marginación. Muchas pertenecen a sectores de trabajadoras, principalmente de la maquila, o son empleadas de establecimientos comerciales; otras tantas son migrantes y desconocidas, cuyos cuerpos al aparecer asesinadas y no identificadas -seguramente por no ser originarias de la región- son arrojados en la fosa común.

Desde los orígenes del capitalismo, la explotación y comercialización sexual de las mujeres ha presentado características particulares. De igual manera, la prostitución forzada ha sido desde entonces una práctica mercantil, alcanzando proporciones que aún desconocemos en el mundo globalizado. Ahora se somete a mujeres y niñas a las condiciones específicas de la esclavitud moderna, de la explotación humana y de muerte violenta, propias del tráfico internacional en esta etapa del capitalismo global. Se les inserta en sofisticadas redes que tienen canales eficientes, donde se aprovecha al máximo la inequidad de género, la desigualdad y la pobreza de mujeres mercancía para satisfacer las necesidades del mercado sexual en cualquier parte del mundo (^{Skrobanek, Boonpakdi y Janthakeero, 1997: 9-11}).

Muchas niñas y mujeres jóvenes en la región fronteriza de Ciudad Juárez han sido desaparecidas no sólo por días, sino hasta por semanas, meses, años e incluso siguen desaparecidas, como lo muestran algunos casos de migrantes que llegaron de otros estados de la República mexicana para instalarse en Ciudad Juárez, y que enseguida vamos a presentar. Ellas fueron asesinadas entre 1993 y 1996 en esta ciudad fronteriza; sus cuerpos presentan las marcas que hemos señalado -mutilaciones, violaciones, heridas, etcétera- según los registros forenses publicados por la CNDH en 2003 y retomados por Norberto ^{Moreno (2006)}, de cuya obra hemos transcrito algunos de los casos.

En 1993 y 1994 fueron asesinadas en Ciudad Juárez 19 mujeres, respectivamente; en 1995 aumentaron a 36; y en 1996 fueron 37 (al igual que en 2001). Estas fueron las cifras más altas entre 1993 y 2008, según los datos publicados por la Procuraduría de Justicia del Estado de Chihuahua en el informe “Homicidios de mujeres en Ciudad Juárez. Se hace justicia combatiendo la impunidad”, distribuido a través de la prensa local y nacional en marzo de 2009.

Nos centraremos en el periodo 1993-1996 porque incluye los primeros casos de violencia feminicida documentados, porque los cuerpos de las víctimas ya presentaban huellas de tortura sexual y porque son casos que ya prescribieron; es decir, que dado el tiempo transcurrido desde su comisión estos delitos ya no se van a seguir investigando: “La prescripción es una figura penal que elimina cualquier tipo de responsabilidad y que impide al Ministerio Público continuar con la investigación” (^{Moreno, 2006: 10}). Tampoco existe información sobre estos casos en el Tribunal para Menores, según refiere la Fiscalía Especial para la Investigación de Homicidios de Mujeres en el informe de la ^{CNDH (2003)}. Debido a todo lo anterior, los consideramos casos paradigmáticos. Pensamos que -al contrario de lo que sucede- tendrían que seguir siendo investigados y vinculados con las desapariciones y asesinatos de mujeres durante los últimos años en Ciudad Juárez, ya que presentan características muy similares según las narraciones de sobrevivientes. Tanto en el informe de la ^{CNDH (2003)} como en el libro de Moreno “una jovencita de 17 años denunció el modus operandi de la organización que operaba como una agencia de edecanes y destapó nombres de personajes intocables” (^{Moreno, 2006: 16}). En los años 2011 y 2013 otras víctimas relataron cómo fueron levantadas, enganchadas con falsas ofertas de trabajo desde 2005 y llevadas a un hotel -el Hotel Verde- ubicado en Ciudad Juárez para prostituirlas (^{Turati, 2013}; ^{Mayorga, 2013}). El caso de Idaly Juache Laguna, de 19 años, es ilustrativo: en febrero de 2010 solicitó empleo como modelo y su cuerpo fue encontrado -junto con el de otras once jovencitas- en el Arroyo del Navajo, en el Valle de Juárez, entre ese año y 2011 (^{Mayorga, 2013}; ^{Ortega, 2015}). Son numerosos los casos de menores desconocidas, quienes podrían ser migrantes, que también presentan mutilaciones y heridas perpetradas con mucha crueldad; los incluimos en este artículo.

Marcas dejadas en los cuerpos (1993-1996)

La primera víctima documentada en enero de 1993 -Alma Mireya Chavarría Favila, averiguación previa (AP) 1498/93- era una niña migrante originaria de Durango, aunque en los registros no viene señalada su edad. No presentó mutilación alguna, pero fue golpeada, estrangulada, violada por dos conductos y su cadáver fue escondido detrás de un arbusto (^{Moreno, 2006: 17}).

Ese mismo año fue encontrada otra menor de trece años, estudiante de secundaria y originaria de Guerrero -Esmeralda Leyva Guerrero, AP 23878/93-: también fue estrangulada, violada por vías anal y vaginal, y tenía atadas las manos con una cinta de su zapato (^{Moreno, 2006: 39}).

Al siguiente año, en 1994, María del Rocío Cordero Esquivel, de once años de edad (AP 4577/94), fue estrangulada y violada vías anal y vaginal. Se encontró en un tubo de desagüe por la carretera a Casas Grandes. No se sabe de donde era originaria (^{Moreno, 2006: 48}).

Ese mismo año fue hallado el cuerpo de Janeth Fierro Vargas, de doce años (AP 08520/94-503). Era migrante del mismo estado, Chihuahua. Fue raptada al salir de la secundaria, la violaron y estrangularon. Su cuerpo se localizó en la carretera Juárez-Porvenir: “El cuerpo estaba en forma de cruz y las extremidades inferiores separadas en forma de ‘V’ ” (^{Moreno, 2006: 55}).

Otra chica desconocida, de dieciséis años, fue estrangulada (AP 19906/94-603). Su cuerpo se encontró en Libramiento Aeropuerto, su cadáver estaba dentro de una bolsa de plástico y tenía la cabeza en otra. Presentó ausencia de piel en el tórax, en cuyo interior no se encontraron vísceras. Al revisar los genitales se observó ausencia de tejidos y órganos pélvicos.

Ese mismo año (1994), se encontró en Guadalupe, Distrito Bravos, a una menor de quince años, quien había sido violada e incinerada. Era obrera (^{Moreno, 2006: 70}).

En 1995 se localizó una osamenta desconocida en el Ejido el Sauzal, carretera Juárez-Porvenir (AP 539/95). Los restos correspondían a una persona del sexo femenino de entre catorce y diecisiete años. No se pudo determinar la causa del fallecimiento (^{Moreno, 2006: 73}).

En ese año fue localizada Míriam Arlem Velázquez Mendoza, de catorce años, originaria de Sinaloa (AP 3598/101). Fue acuchillada, violada y abandonada en el Eje Juan Gabriel. Su cuerpo se encontró en el interior de una excavación tipo zanja, propiedad de una empresa. Presentó cuatro heridas de navaja en la región torácica y cuatro más en la abdominal. Trabajaba en la maquiladora AMSA (^{Moreno, 2006: 78}).

También fue hallado en 1995 el cuerpo de la menor de trece años Alejandra Viezcas Castro, originaria de Sinaloa y estudiante (AP 5457/95). Presentó heridas en el tórax, producidas por proyectiles de arma de fuego (^{Moreno, 2006: 79}).

Otra migrante de diecinueve años -Aracely Esmeralda Martínez Montañez (AP 12703/95)-, nacida en Durango, fue estrangulada y su cuerpo se encontró en la Granja Santa Elena, en la carretera a Casas Grandes (^{Moreno, 2006: 86}).

Por otro lado, la joven Erika García Moreno (AP 13516/95-501), de la misma edad y cuyo origen no se menciona, fue encontrada -al igual que otras- “en una posición decúbito dorsal, con los brazos extendidos en forma de cruz [...]; como huellas de violencia externa se le apreció equimosis⁴ por succión” (^{Moreno, 2006: 87}).

El cuerpo de una migrante de Zacatecas, Elizabeth Castro García, de diecisiete años (expediente 16142/95-1101) fue hallado en la carretera a Casas Grandes. Estudiaba computación. Fue atacada sexualmente y muerta por estrangulamiento. Se trata del único caso por el que se responsabilizó al egipcio Abdel Latif Sharif, quien en marzo de 2003 recibió una sentencia condenatoria de treinta años de prisión, a la cual apeló. Fue sentenciado de nuevo y murió antes de cumplir su sentencia (^{Moreno, 2006: 91-93}).

Una menor no identificada de dieciséis o diecisiete años (expediente 123/95) fue mutilada y estrangulada. Su cuerpo se localizó en la carretera a Casas Grandes (^{Moreno, 2006: 97}).

Por otra parte, el cadáver de una joven desconocida de entre veinte y veinticuatro años (AP 17364/95) fue recuperado en Zacate Blanco, en la carretera Libramiento Aeropuerto. Sus manos estaban atadas con una correa de bolsa de mujer. Fue desnucada. Presentó amputación por mordida de seno derecho y pezón izquierdo. Tenía ausencia parcial de cabello: junto al cuerpo se encontró una peluca color castaño. Respecto de las arcadas dentales, había ausencia de incisivos centrales y del tercer molar (^{Moreno, 2006: 97}).

En el mismo predio fue localizado el cuerpo de una mujer desconocida (AP 17711/95-1103), de aproximadamente dieciocho años, quien recibió heridas producidas por arma blanca en cuello y tórax (^{Moreno: 103}).

Una menor de quince años oriunda de Durango, Adriana Torres Márquez (AP 21210/95-1103), quien trabajaba en una zapatería, desapareció del centro de la ciudad. Su cuerpo fue descubierto en Lote Bravo. Fue desnucada, cercenados el seno derecho y a mordidas el pezón izquierdo (^{Moreno, 2006: 105}).

Los restos de una joven originaria de Saltillo, Coahuila -Cecilia Covarrubias Aguilar, de dieciocho años (AP 22024/95-1102)- fueron hallados en el poblado de Loma Blanca, en Valle de Juárez. Había desparecido mientras llevaba a su hija de veinticuatro días de nacida a consulta. Su cuerpo tenía dos balazos en la espalda y la menor le fue robada (^{Moreno, 2006: 107}).

En 1996, los casos de niñas y jóvenes migrantes alcanzaron una proporción mayor. Varios cadáveres fueron encontrados en Lomas de Poleo, al poniente de Ciudad Juárez. En la AP 4720/96-1102 se registra la osamenta de una niña que no fue identificada, de aproximadamente diez años de edad, con ocho heridas generadas por armas punzocortantes. Fue encontrada en la carretera Casas Grandes en Lomas de Poleo. Presentó ausencia de cejas y globos oculares (^{Moreno, 2006: 122}).

Una desconocida (expediente 05396/96-1102), de aproximadamente dieciséis o diecisiete años, se localizó igualmente en Lomas de Poleo. Fue estrangulada y los médicos forenses encontraron esperma en su vagina (^{Moreno, 2006: 123}).

El cuerpo de otra víctima anónima, de entre quince y dieciséis años, fue localizado al sur de la presa La Pistola, en la zona de Anapra, mismo sector de Lomas de Poleo (AP 5040/96). Fue estrangulada; junto a su cadáver había una bolsa de hule con unos zapatos negros, sin cintas, y tenía una banda de hule sobre el dedo medio izquierdo (^{Moreno, 2006: 125}).

Los restos anónimos localizados en marzo de 1996 en Anapra (AP 5396/96) correspondían a una mujer de quince o dieciséis años de edad. Fue herida con arma punzocortopenetrante en el abdomen (^{Moreno: 129}).

Una joven desconocida de dieciséis años fue acuchillada, estrangulada y mutilada (expediente 5712/96-1101). Su cadáver fue hallado en la presa de la zona de Anapra, en Lomas de Poleo. Se observó una pequeña erosión en su región mamaria y mutilación en la parte izquierda. Tenía las manos atadas con una cinta negra (^{Moreno, 2006: 131}).

El cuerpo de Guadalupe Verónica Castro Pando (AP 5462/96) fue descubierto el mismo día que desapareció. Tenía la manos colocadas por encima de la cara, atadas con un cordón negro, al parecer cinta de zapato (^{Moreno, 2006: 131}). Junto a él se halló el cadáver de una mujer desconocida (AP 6086/96, acumulada a la anterior), de aproximadamente dieciocho años de edad, también atada con el cinto de sus zapatos, acuchillada y mutilada.

Los restos de Rosario García Leal (AP 23458/95), de dieciocho años y nacida en Madera, mostraron huellas de haber sido golpeada a puñetazos y a patadas en todo el cuerpo, acuchillada, mutilada y violada. Era trabajadora de la maquiladora Phillips; había desaparecido en 1995 (^{Moreno, 2006: 139}).

El cuerpo de una chica no identificada, de 17 años (AP 11057/96-1104), fue encontrado en la carretera a Casas Grandes. Tenía dos orificios producidos por arma punzocortante. Sus miembros estaban dispersos. Presentaba pérdida de piezas dentales y un perforación frontal y posterior, al parecer producida por un cartucho percutido calibre 25 (^{Moreno, 2006: 147}).

El cadáver de una mujer de veintiún años, asesinada por su marido, presentó veintiuna cuchilladas. (^{Moreno, 2006: 148})

La menor María Celia de Jesús Navarrete Reyes (AP 127837/96), estudiante de trece años, fue encontrada sin vida. Su muerte obedeció a traumatismo craneoencefálico (^{Moreno, 2006: 149}).

Otro caso es el de Sandra Luz Juárez Vázquez (AP 13259/96), de diecisiete años, cuyo cadáver fue arrojado al Río Bravo; hacía cinco días había llegado de Zacatecas y tenía una cita en una maquiladora. Murió por estrangulamiento (^{Moreno, 2006: 150}).

Una menor desconocida (AP 13150/96), de entre quince y dieciséis años, se encontró desnuda en Lote Bravo. La probable causa de su muerte fue traumatismo craneoencefálico, aunque se observaron tres heridas punzocortantes en el tórax. No se apreciaron tejidos blandos en vagina, himen ni recto. También faltaba su pulmón derecho (^{Moreno, 2006:153}).

Asimismo, el cuerpo de Sonia Ivette Sánchez Ramírez (expediente 96/15533-0), de trece años, fue localizado a cinco metros de las vías del tren. Presentó heridas en el rostro hechas con un arma punzocortante y había sido salvajemente golpeada: tenía fracturas, excoriaciones en todo el cuerpo y hematomas por succión en región mamaria (^{Moreno, 2006: 155}).

Alma Patricia o Leticia Palafox Zamora (expediente 96/16032/2-09), de diecisiete años, fue apuñalada. Su deceso fue provocado por un shock hipovolémico por herida de objeto punzocortante en el cuello (^{Moreno, 2006: 155}).

Otra adolescente desconocida de la misma edad (expediente 96/16243) fue apuñalada y degollada. Se halló atrás del rastro municipal. Tenía tres heridas de arma punzocortante en el cuello y otra cerca de la aurícula. Fue violada y enviada a la fosa común (^{Moreno, 2006: 157}).

Igualmente, una joven anónima de entre diecinueve y veinticinco años (AP 212836) fue estrangulada y recibió heridas producidas por arma blanca. Fue localizada entre matorrales en un camino de terracería en el poblado El Sauzal, a unos metros de la carretera Juárez-Porvenir (^{Moreno, 2006: 162}).

Brenda Lizeth Nájera (expediente 24252/96-1102) desapareció a los quince años de edad y fue encontrada junto con Susana Flores Flores, de trece, con un par de balazos en la cabeza, en una finca ubicada en la esquina del Infonavit Tecnológico. Brenda tenía además dos heridas cortantes en el cuello, cuatro con arma punzocortante en la espalda y la mano izquierda. Susana sufrió cuatro infartos mientras era torturada y violada. Ambas desaparecieron cuando se dirigían a la escuela. Se cree que el asesino es el novio de Brenda, quien probablemente huyó a Estados Unidos (^{Moreno, 2006: 164}).

Varios de estos cuerpos fueron encontrados con las manos atadas con cintas de zapatos, lo cual podría ser un recurso de los traficantes para inmovilizar a las niñas y jóvenes. Algunas presentaron también lesiones dentales que -como ya se aclaró- pueden ser provocadas por estar amordazadas durante la tortura.

Reflexiones finales

Consideramos estar ante un sistema que establece formas de control de cuerpos, caracterizado por el binomio del goce y el miedo, que comprende la constitución de los cuerpos (sexuados) del mundo globalizado como el resultado de la integración de estos dos factores. Es decir, los cuerpos son articulados -entre otros aspectos- a partir de sus temores, goces y prejuicios, en un orden simbólico donde las asignaciones de género aluden a la producción y reproducción de símbolos represores, discriminatorios y excluyentes, tanto entre gozadores/as como entre atemorizados/as.⁵

Este orden simbólico se inscribe en un contexto, en una realidad particular donde se conjuga una serie de referentes históricos, económicos, políticos y culturales. En el caso de la frontera norte las asignaciones de género, la constitución de los cuerpos y de la sexualidad se articulan en un mundo de significaciones biculturales y multiculturales, globalizadas y transfronterizas. La frontera como territorio acotado en términos económicos, políticos y culturales, está delimitada también en el espacio geográfico (^{Ravelo y Domínguez, 2006}).

Según sostienen Michael ^{Hardt y Antonio Negri (2000: 22-25)}, son las formas internalizadas de control -que interpretamos como el influjo del miedo y el goce- las que regulan a la sociedad globalizada. Se trata de una normatividad generada en la zona donde las acciones físicas son también acciones simbólicas, en una especie de somatización de los signos. Concebir el cuerpo como una construcción simbólica nos lleva a despsicologizar los actos de violencia y comprenderlos entonces como manifestaciones políticas y económicas.

En el caso de Ciudad Juárez, al igual que en las sociedades más afectadas por el proceso globalizador, el cuerpo se erige como espacio de lo político. Esto es, mientras las instituciones del Estado, los marcos legales y las voluntades democráticas existen la mayoría de las veces como prédicas y ceremonias, los procesos sociales se caracterizan por su corporeidad, la cual se expresa en el mercado de la ilegalidad y, en general, en los espacios públicos, a través de asignaciones genéricas y sexuales donde las acciones de gozar y atemorizar juegan un papel vinculante. Ese solo hecho obliga a incorporar políticas sociales capaces de enfrentar al sistema de redes de tráficos ilegales, como los de mujeres, drogas y armas, que buscan generar y mantener una política del miedo y una cultura del terror, vinculadas con el goce y el placer (^{Ravelo y Domínguez, 2006}). Nuestro uso de los conceptos de miedo y goce está delimitado por una interpretación política. Como sugiere ^{Rotker (2002)}, el miedo es un sistema de control caracterizado por la inmovilización de las voluntades políticas y el silenciamiento de los discursos críticos que cunden en las diversas conductas cotidianas; el goce, de acuerdo con ^{Zizek (1994)}, consiste en la práctica de la posesión de los cuerpos vulnerables por fuerzas que actúan encima de los parámetros legales, morales o éticos, y que ostentan una posición de dominio, generando una política del miedo, como sucede en las redes de traficantes de mujeres.

En consecuencia, para hablar de tal política del miedo hemos de referirnos tanto a las estrategias de inmovilización social como a las formas de coerción ejercidas en nombre de la ley, pero en violación del derecho. También es preciso analizar las prácticas de ilegalidad que han legitimado el tráfico de mujeres, sin importar los derechos que como ciudadanas tienen.

Los registros forenses muestran las marcas dejadas intencionalmente en los cuerpos de niñas y mujeres, en general, y de las migrantes en particular. Todas las mutilaciones encontradas, de acuerdo con Diana ^{Russell (1993)}, corresponden a las imágenes de la pornografía sádica y la misoginia terrorífica investigadas por ella y encontradas en internet; es decir: el sufrimiento y la muerte con tortura sexual de niñas y mujeres representa para los espectadores o participantes un gozo sádico.

La violencia sexual implica un sufrimiento latente y un miedo significativo para las mujeres cotidianamente violentadas y para las que lo experimentan antes de ser asesinadas, por las huellas y estigmas marcados en los cuerpos y la sexualidad; implica también muchas heridas en la memoria, la subjetividad y las emociones de las familias de las desparecidas y asesinadas. Por ello, tenemos que incorporar nuevos marcos teóricos y explicativos inter y transdisciplinarios, así como la producción artística y cultural emanada de los contextos fronterizos, para analizar todas sus dimensiones y vinculaciones en esta etapa de globalización, contribuir con propuestas de solución, enriquecer los acervos sobre la problemática y aportar otros elementos a este campo de conocimiento.