Introducción

La juventud como objeto de investigación científica se consolida en Argentina hacia fines de la década de los ochenta con el incremento de la violencia económico-social resultado de la implementación del modelo neoliberal y sus políticas de marginación y desempleo (^{Auyero, 1993}; ^{Svampa, 1993}). En este momento también cobró impulso la concepción crítica de la sociología de la cultura que, alejándose de las tendencias biologicistas, acuña el concepto de juventudes para acentuar la existencia de una multiplicidad de modalidades de ser joven vinculadas con rasgos sociales, de género, de pertenencia socioterritorial y de posicionamiento frente al mercado laboral y el sistema educativo (^{Margulis, 1996}).

En este contexto, el debate académico en torno a las juventudes estuvo fuertemente atravesado por la reflexión sobre la cuestión criminal, dando lugar a los estudios sobre el ingreso de los jóvenes de sectores populares a la actividad delictiva a partir de la ruptura con la escuela, con el mundo del trabajo y con la influencia de la lógica del consumo (^{Míguez, 2004}; ^{Kessler, 2004}). Nos hallamos frente a una creciente problematización de la violencia urbana, evidenciada con datos públicos en Argentina, ¹ lo cual marcó la agenda de discusión en torno al fenómeno de la inseguridad (^{Sozzo, 2004}).

Este proceso se asoció estrechamente con el incremento y la transformación de la visibilidad de los hechos delictivos (^{Rincón y Rey, 2008}; ^{Fernández Pedemonte, 2010}; ^{Bahl, 2012}), los cuales se atribuyeron principalmente a los jóvenes de sectores populares (^{Arfuch, 1997}; ^{Da Porta, 2007}; ^{Gentile, 2011}; ^{Fernández, 2012}; ^{Di Nápoli, 2014}; ^{Ariza y Beccaria, 2019}). En estos estudios existe consenso en el hecho de que los medios suelen amplificar el reclamo de la ciudadanía por la seguridad a partir de la instalación en la agenda pública de casos resonantes y de poner en el centro del debate la discusión por la baja en la edad de imputabilidad (^{García Beaudoux y D’Adamo, 2007}; ^{Polola, 2008}; ^{Azaola, 2015}). De aquí que diferentes organismos públicos y privados se pronuncien en torno a la urgencia de realizar monitoreos sobre los procesos de producción informativa y la elaboración de guías de pautas para un tratamiento periodístico respetuoso de los derechos de los niños, niñas y adolescentes (^{Federación Internacional de Periodistas, 2002}; ^{Agencia Global de Noticias, 2008}; ^{Unicef, 2013}, ²⁰¹⁷; ^{Cytrynblum, 2009}; ^{Maurás, 2013}; ^{Dadá, 2014}; ^{Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual de la Nación, 2016}, ²⁰¹⁷).

También se ha estudiado la relación entre los derechos de los y las jóvenes en su vinculación con la policía, aunque en menor medida (^{Zavaleta et al., 2016}), debido al hermetismo de las instituciones de control (^{López, Guemureman y Bouilly, 2012}). Con respecto a esta temática se destacan los trabajos de ^{Gabriel Kessler y Sabina Dimarco (2013)} y ^{María Victoria Pita (2019)} sobre las dinámicas de estigmatización territorial, también denominadas “olfato policial” (^{Rodríguez Alzueta, 2014}), los de ^{Augusto Montero (2013)} y ^{Gabriel Tenembaum (2015)} en torno a las experiencias de detención como hecho social “de riesgo” debido a la ausencia de testigos; los de ^{Eugenia Cozzi (2019)} referentes a los modos en que se producen los intercambios y negociaciones de los y las jóvenes con los agentes policiales, y de ^{Marina Medan (2017)} acerca de los conflictos que emergen en el marco de programas sociales y de prevención social del delito. En este contexto, varios estudios coinciden en afirmar que la legitimidad de la ilegalidad policial no responde a su autonomía sino que requiere de consensos sociales (^{Kessler, 2010}; ^{Galvani et al., 2010}; ^{Perelman y Tufró, 2017}; ^{Ríos, 2019}). Los sentidos, los valores y las subjetividades construidos principalmente hacia el joven varón, morocho y pobre, como la cara más visible del delito urbano (^{Míguez, 2002}), actúan como marcadores de roles, jerarquías, identidades diferenciales y relaciones de poder a partir de los y las cuales se despliegan prácticas sociales específicas y situadas. En este punto, resulta interesante una investigación de ^{Florencia Saintout (2011)} sobre el modo en que las mujeres jóvenes de sectores populares que cometen delitos urbanos son subordinadas en el espacio público, cuyas reglas se rigen por criterios de masculinidad. La subalternización de la identidad femenina impide que aquellas que delinquen junto a varones sean reconocidas como pibas chorras: “Ni siquiera pueden ser partícipes de esa subcultura […], ya que de hacerlo tienen que hacerlo como apéndice, como mala copia de los varones, como no mujeres. Tienen que ser varones” (^{Saintout, 2011: 150}).

El olfato policial no es, entonces, propio de las fuerzas de seguridad sino compartido con vecinos y vecinas que se sienten amenazados por un mismo sujeto de riesgo: el joven varón, morocho y pobre. De aquí que, como sostiene el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), ² muchas veces el problema de la violencia policial es tolerado por las autoridades del Estado y por la ciudadanía en general. De hecho, en la actualidad Argentina no posee un registro oficial de este tipo de acontecimientos, lo cual no sólo dificulta el acceso a la información sino también la elaboración de políticas de prevención y reducción de la violencia. Así, en los informes elaborados por dicho organismo, y para mencionar algunos datos sobre lesiones y muertes producidas por el Estado, podemos subrayar que desde 1996 a la actualidad, la cantidad de personas muertas en hechos de violencia con la participación de las fuerzas de seguridad ³se mantiene relativamente estable.

Fuente: Centro de Estudios Legales y Sociales.

Gráfica 1 Muertes en hechos de violencia con participación de fuerzas de seguridad. Capital Federal y Conurbano Bonaerense 

La institución que históricamente más hechos de violencia letal ha producido es la policía bonaerense, tendencia que se profundizó en el último periodo con la creación de policías locales. Asimismo, en 2016, con el traspaso de efectivos de la Policía Federal a la fuerza policiaca de la ciudad, la cantidad de muertes se repartió entre ambas corporaciones.

Fuente: Centro de Estudios Legales y Sociales.

Gráfica 2 Personas muertas por funcionarios de fuerzas de seguridad según institución de pertenencia 

Con respecto a las características sociodemográficas de las víctimas de la violencia policial, de acuerdo con el CELS, el grupo más afectado corresponde a los jóvenes varones. En el periodo de 1993 a 2020, del total de varones muertos a manos de funcionarios policiales, siete de cada diez tenían entre 15 y 27 años y el 83 por ciento murió en supuestos “enfrentamientos” armados. En el caso de las mujeres, casi la mitad era menor de 28 años y el 40 por ciento de ellas falleció a causa de feminicidios ocasionados mediante la utilización del arma fuera de servicio por parte del agente policial.

Fuente: Centro de Estudios Legales y Sociales.

Gráfica 3 Personas muertas por funcionarios de fuerzas de seguridad según edad 

No obstante, lo que permite que se cometan actos de coerción física hacia los jóvenes de sectores populares es la alterización radical que la policía hace de ellos como enemigos (^{Fassin, 2016}). De aquí que, en nuestras sociedades mediatizadas (^{Verón, 2001}), para entender el modo en que se producen, legitiman y naturalizan las violencias policiales hacia ellos resulte necesario explorar, además de las prácticas y discursos policiales, los discursos y prácticas mediáticos en relación con estas últimas. Los discursos mediáticos en torno a una otredad constituida en términos sociales, étnicos, de género, etarios y de pertenencia geográfica generan sentimientos de repulsión, alarma y condena entre la ciudadanía y contribuyen, de esta manera, a los procesos de estigmatización y legitimación de las violencias (^{Garriga Zucal y Noel, 2010}).

En tal sentido, el presente trabajo se propone articular los aportes teóricos de las investigaciones en ciencias sociales para reflexionar en torno al problema de la violencia policial hacia los jóvenes, considerándolo como un objeto construido socialmente, dotado de un sentido y una legitimidad que entra en disputa y negociación en cada contexto. La actualización de la bibliografía sobre juventud, policía y violencia contribuirá, por un lado, a un campo de conocimiento donde las discusiones sobre juventud y cuestión criminal resultan marginales (^{Calzado, 2013}) y, por otro, a perfeccionar una orientación de los estudios de comunicación y cultura que profundice en el análisis sobre los entramados de los discursos y las prácticas que se articulan en la naturalización, legitimación y coproducción de las violencias.

Procesos de legitimación de las violencias policiales

Partimos de la idea según la cual las formas de comprender y explicar la violencia policial hacia los jóvenes corren por prácticas profesionales y carriles discursivos distintos, en el campo policial y en el campo mediático. Sin embargo, en algunas ocasiones las agencias estatales se entraman con agentes privados y con la opinión pública en la configuración de sus discursos sobre la inseguridad urbana que habilitan la naturalización de dicha violencia. Consideramos que estos discursos se encuentran presentes tanto en el campo policial como en la ciudadanía y en los medios de comunicación como parte de una dinámica destinada a establecer enemigos contra los cuales los miembros de una sociedad se reconocen en la conformación de un conjunto moral (^{Cohen, 1972}; ^{Thompson, 1998}).

De manera que cuando hablamos del campo policial no nos referimos a la expresión de una cultura moralmente encapsulada y socialmente autónoma del resto de la sociedad (^{Frederic, 2008}). El sujeto policial no es una persona de carne y hueso que vigila en una esquina sino un modelo prototípico que encarna mensajes aleccionadores (^{Sirimarco, 2017}). Aquellos sentidos, percepciones y racionalidades que emergen de las prácticas y discursos policiales lo hacen en el marco de una red de relaciones de poder que no se reduce al mundo policial (^{Galvani, 2016}).

Los estereotipos sociales que recaen sobre los jóvenes varones pobres como potenciales delincuentes, tanto en los discursos mediáticos como en los miedos cotidianos de la ciudadanía, resultan patrones socialmente disponibles que definen el trato hacia estos últimos por parte de los y las policías (^{Frederic, 2016}). Dichos estereotipos, que clasifican a los jóvenes como sujetos peligrosos, operan como condición de posibilidad para el ejercicio de prácticas “preventivas” fundamentadas en la mala reputación de los habitantes de los barrios estigmatizados como argumento legitimador de la violencia (^{Kessler y Dimarco, 2013}). En tal sentido, ^{Valeria Plaza-Schaefer (2018)} destaca la importancia de atender el hecho de que para evitar las interacciones violentas con la policía (detenciones,verificaciones de identidad, controles, etcétera), los jóvenes renuncian a elementos centrales de su cultura, tales como el uso de gorra, flequillo, ropa deportiva, entre otros. Interacciones que si bien se presentan como parte de estrategias de prevención del delito, no se encuentran separadas de la represión en las prácticas policiales (^{Sozzo, 2000}).

Ahora bien, ¿de qué hablamos cuando nos referimos a la violencia policial? Siguiendo a ^{María Victoria Pita y Sofía Tiscornia (2013)}, la noción de violencia policial constituye un campo de disputa que alude a diferentes matrices de significado. En Argentina, aparece bajo dos formaciones discursivas principales: como violación de los derechos humanos en una democracia y como vinculada al problema de la inseguridad urbana (^{Seghezzo, 2014}). Con respecto a la primera podemos mencionar los trabajos de ^{Tiscornia (2004)}, quien conceptualiza la violencia policial en términos de ejercicio de dominación centrado en la coacción física, y el de ^{Mariana Galvani y Mariana Lorenz (2016)}, quienes vinculan su ejercicio con la reproducción de un orden social desigual. Respecto de la segunda, las investigaciones compiladas por ^{Alcira Daroqui (2009)} atienden la manera en que se silencia el ejercicio de la fuerza legítima del Estado en la eliminación de personas vinculadas a la comisión de hechos “de inseguridad” entre los medios, la policía y la justicia. Así, la preocupación social por este tipo de sucesos actualiza la pregunta sobre la relación entre los medios y la violencia (^{Morales, 2015}).

En tal sentido, ^{Kessler y Dimarco (2013)} advierten dos tipos de violencias policiales: las macro y las micro, señalando que si bien con el incremento de la visibilización del tema de la inseguridad urbana en los medios de comunicación, las múltiples formas de hostigamiento, humillación y ofensa moral han aumentado en los barrios periféricos del país, estas microviolencias parecieran generar menos reprobación entre la ciudadanía que las formas más extremas de actos violentos. En esta misma línea, el antropólogo, sociólogo y médico francés Didier Fassin subraya que las formas de violencia moral ejercidas por las fuerzas policiales han sido menos atendidas tanto en el ámbito legal e institucional como en el campo académico. También entiende a la dimensión moral como “una interacción que afecta la integridad y la dignidad de los individuos -y no sólo su cuerpo y su carne-, que puede ser profunda y no dejarse ver, que implica, en fin, un componente ético y no estrictamente normativo” (^{Fassin, 2016: 189}).

La dimensión moral de la violencia es, asimismo, importante cuando opera como legitimación del discurso policial sobre el ejercicio de la coerción física. Siguiendo a ^{José Luis Garriga Zucal (2016)}, existen “formas de irrespeto” generadas por individuos y grupos juveniles de clase baja (ofensa a la hombría, trato descortés, insulto moral, etcétera) como argumento que permite validar el uso de la violencia del personal policial a modo de “correctivo”, cuyo empleo vendría a restituir la representación laboral de los y las policías en torno a la valentía, la bravura y el sacrificio que poseen de su propio oficio. Si bien no es entendido como violencia por los y las policías sino como una réplica, el correctivo puede consistir en golpes, reacciones corporales o cambios en los tonos del habla como delimitadores de roles y jerarquías.

En este punto, cabe destacar con ^{María Hereñú (2019)} que la policía es una institución que, pese a estar integrada por varones y mujeres, se autopercibe como masculina. Esto es así debido a los procesos de formación en valores antagónicos a la empatía, la cautela y el cuidado por los que atraviesan los agentes desde que ingresan. En ese momento, el personal policial debe transitar por prácticas de degradación moral cuya finalidad es despojarlos de su “civilidad”, entendida como débil y femenina. Cabe señalar, que como quedó plasmado durante la creación del cuerpo de la Policía Femenil en México ( ^{Bailón Vásquez, 2020}), los prejuicios y concepciones tradicionales en torno a lo femenino, como la belleza, la delicadeza y la dulzura, mediante los cuales se concibe a las mujeres que se integran a la intitucion da cuenta de los valores y creencias de quienes se aferran a conservar el orden de género tradicional al interior de una institucion fundamentalmente masculina. En ella, sostiene ^{Mariana Sirimarco (2020)}, el registro de la masculinidad opera como insumo estratégico para la gestión de las relaciones profesionales y las formas de instauración de relaciones de control. Con todo, las mujeres policías no buscan parecerse a los policías hombres y/o poner en escena modalidades de acción asociadas a la masculinidad sino que, más bien, generan estrategias que las habilitan para posicionarse desde su propia feminidad como sujetos con autoridad (^{Calandrón, 2014}). Al respecto, resulta sumamente interesante un estudio de ^{Agustina Ugolini (2014)} sobre los procesos de disciplinamiento que tienen lugar en la escuela bonaerense de policía dentro de los cuales la moral vinculada a la dignidad, el buen gusto en la elección de la vestimenta, la higiene, la presencialidad corporal, etcétera, son tópicos que se enseñan en casi todas las materias por las que atraviesan los cadetes. Siguiendo a la autora, son precisamente esos patrones de normalización los que permiten construir un nosotros policial y diferenciar a los agentes de los otros, “civiles normalmente inferiores” (^{Ugolini, 2014: 388}).

En este punto cabe preguntar, ¿es en estos términos que los y las policías perciben a los jóvenes?, ¿en qué punto el sujeto concebido como moralmente inferior se erige en enemigo?, ¿qué pasa cuando los y las policías, quienes se conciben a sí mismos como “moralmente superiores”, son desafiados por las formas de irrespeto que analiza Garriga Zucal?, ¿cómo esperarían que reaccionen los jóvenes ante ellos? Para reflexionar en torno a la última interrogante podemos retomar el trabajo de ^{Galvani (2008)}, que describe y analiza en detalle la estricta disciplina a la que son sometidos los cadetes del servicio penitenciario bonaerense, incluso para las tareas cotidianas más simples a las que se espera que obedezcan sin reflexividad alguna. La disciplina militar se aplica no sólo a las técnicas de defensa personal que los agentes en formación aprenden, sino además a los hábitos y rutinas ordinarios que implican un sometimiento del cuerpo.

Este rígido proceso de autocontrol y obediencia se vincula con la competencia del uso coercitivo de la fuerza que recae en la autoridad policial (el cual también implica el uso del arma de fuego) como diferencia principal del resto de la ciudadanía (^{Da Silva Lorenz, 2013}). La utilización de la fuerza coercitiva es la principal función de la policía en tanto personificación del monopolio de la fuerza del Estado (^{Bittner, 2003}). Su poder constituye una técnica de gobierno vinculada a las formas soberanas de ejercicio de la dominación que habilita la coacción, el encierro y el ejercicio de la potestad sobre la vida y la muerte (^{Tiscornia, 2000}). De aquí la importancia de las políticas de seguridad para impedir que la institución policial se reduzca a su función represiva y emerja como una fuerza ilegítima (^{Marteau, 2002}) que resulte en la violación de los derechos humanos (^{Pita, 1998}).

De acuerdo con ^{Egon Bittner (2003)}, el uso de la fuerza resulta legítimo en contextos de autodefensa entre agresores, de detención de determinados públicos y de resguardo al bien colectivo (que exceden situaciones de desahogo o perjuicio personal). Sin embargo, la violencia (utilización inapropiada de la fuerza) no precisamente se halla regulada ni hay sanción a posteriori de la acción: “El uso de la fuerza se abandona a la apreciación de los policías, casi sin que medie una mirada exterior” (^{Bittner, 2003: 188}). De aquí la vinculación entre el Estado policial y la generación de feminicidios. El hecho de que el Estado policial habilite la incorporación del hábito policiaco de utilizar el arma reglamentaria fuera de servicio permite explicar el alto porcentaje de policías que la han activado para asesinar a sus parejas o exparejas (^{Hereñú, 2019}).

Con respecto a la portación y uso del arma, Esteban Rodríguez Alzueta afirma que es un fetiche no sólo de la policía en tanto símbolo de distinción y mando sino también de la sociedad, que la valora positivamente en tanto cree que disuade el delito: “Cuando la sociedad se militariza y el gobierno de la población se organiza en torno a la inseguridad, las armas constituyen, paradójicamente, el emblema de la seguridad” (^{Rodríguez, 2014: 200}). En tal sentido, ^{Sirimarco (2012)} explica que el sujeto policial emerge sobre la base de un distanciamiento discursivamente irreconciliable con la sociedad civil, desde la propia institución policial, que no concibe su labor como una profesión sino como un estado vinculado al desempeño de tareas policiales. De aquí que, si bien no existe distancia entre el origen social de los delincuentes y el de los y las policías, estos últimos se conciban como diferentes en relación con su propia vocación policial institucionalmente construida (^{Galvani, 2016}). El carácter de la labor policial es percibido por los y las policías como sacrificial y heroico en contraposición al mundo civil (^{Garriga Zucal, 2016}). La muerte del policía en cumplimiento de su deber es la representación más acabada de este heroísmo suscitado en el marco de la guerra contra el crimen (^{Sirimarco, 2017}).

En este punto, cobra fundamental importancia la pregunta que se hace ^{Alina Ríos (2014)}: ¿para qué las fuerzas de seguridad?, ¿qué se busca gobernar a través de ellas, en función de qué tipo de gobierno, qué amenazas son concebidas como tales en cada contexto y cómo las maneras de naturalizarlas lleva a ejercer ciertos procedimientos? He aquí la sugerencia de la autora sobre la necesidad de revisar las formas de problematización que venimos manteniendo al referirnos a los fracasos de las reformas de las fuerzas de seguridad, y la propuesta de focalizarnos en la dimensión política de estos procesos.

También ^{Sabina Frederic (2008)} señala que se deben revisar las divisiones entre policías y civiles propias del sentido común, pues impiden vislumbrar los valores morales compartidos que se ponen, asimismo, en juego cuando se decide la definición de políticas de seguridad en el espacio público. La división entre civiles y policías subestima a quienes se hallan legalmente habilitados para portar armas de fuego al tiempo que se sobreestima a las diferencias entre ellos y nosotros. De aquí la necesidad de analizar “el universo empírico de los agentes cuyas prácticas, cuyas percepciones y cuya perspectiva sobre el mundo clasificamos como culturalmente diversas” (^{Frederic, 2008: 61}).

^{Gabriel Constantino (2015)} sostiene que la policía no es una institución de carácter cerrado y autónomo. La implementación de políticas de seguridad se halla condicionada, entre otras cosas, por las campañas electorales (más que por intereses policiales) y, a la vez, estas últimas están influenciadas por el carácter ideológico del gobierno nacional y del electorado medio. En un contexto de “politización” y “electoralización del delito”, la búsqueda de consenso se efectúa mediante la puesta en escena de discursos y estrategias de intervención altamente visibles para la ciudadanía como las políticas de prevención situacional y ambiental que producen efectos en periodos cortos (^{Sozzo, 2000}). De allí que, en alguna medida, nos encontremos ante un posible modo de “gobernar a través del delito” (^{Simon, 2012}).

Sin embargo, este gobierno no se dirige hacia todo tipo de delitos. Como mantiene ^{Emilio Ayos (2009)}, a partir de la crisis del welfare state, los jóvenes de sectores populares comienzan a ser identificados como potenciales ofensores en tanto “grupo de riesgo”. Esta orientación preventiva de la delincuencia puede resultar criminalizante si se señala como “peligrosos” a los jóvenes de los sectores populares y hacia ellos se dirige la intervención de la política criminal. Dicha intervención “corre el riesgo de reproducir la selectividad de la política penal, al no considerar en sus intervenciones los delitos conocidos como de cuello blanco: económicos, ecológicos, de corrupción; los vinculados a las fuerzas de seguridad y otras agencias estatales; así como también las situaciones de riesgo que viven mujeres y niños en el ámbito doméstico” (^{Ayos, 2009: 17}). De aquí que las principales líneas de indagación sobre este tipo de programas hayan cuestionado la selectividad del sistema penal en la criminalización de los jóvenes. Como sostienen ^{Kessler y Dimarco (2013: 98)}, la diversidad de maltratos y modos de humillación diarios de los agentes policiales hacia los jóvenes se realiza “en nombre de la prevención” bajo sospechas generalmente infundadas y se incrementa en la medida en que el tema de la inseguridad ocupa un lugar privilegiado en la agenda pública.

Relaciones conflictivas entre jóvenes y policías

La relación de desconfianza entre la policía y los jóvenes de los sectores populares se remonta a los inicios de la institución policial, por ser parte central de su función controlar el espacio público y, a la vez, ser éste un lugar elegido por los jóvenes para reunirse (^{Bover y Chaves, 2011}). Una de las principales razones de dicha desconfianza es que éstos son tratados como sospechosos mediante estereotipos vinculados con la edad, la clase social y el lugar de pertenencia socio-territorial. En estas situaciones, ellos son objeto del ejercicio de una violencia moral que consiste en el hecho de ser frecuentemente sujetos a prácticas de verificación de identidad, a un trato agresivo durante las mismas, a prejuicios sobre sus rasgos físicos y su perfil social (^{Fassin, 2016}). Como sostiene Galvani, el capitalismo como forma de gobierno habilita la construcción de un enemigo interno, que varía en cada momento histórico, y de ese modo mantiene la legitimidad de la violencia estatal. De esta manera, a partir de prejuicios sociales, desde el siglo XIX se fue instaurando “una suerte de racismo constitutivo de la fuerza policial que, a partir de la matriz impuesta por el positivismo, clasificará y actuará sobre los construidos como radicalmente otros” (^{Galvani, 2016: 208}).

El sistema penal selecciona y, de este modo, criminaliza a los jóvenes varones, morochos y pobres, de acuerdo con la fenotipia del rostro, por consumir bebidas alcohólicas en el espacio público, merodear en espacios donde la policía regula la ciudad e incluso mediante experiencias de provocación por parte de los uniformados (^{Lerchundi, 2018}). Este mecanismo se ve muy claro en la arbitrariedad de las detenciones que tienen lugar a partir de procesos de etiquetamiento por medio de los cuales se sedimentan ciertas representaciones sociales sobre las cuales se erige el antagonismo entre la policía y los jóvenes: “La paradoja del sistema punitivo pensada desde la teoría del etiquetamiento es que los procedimientos policiales -la reacción social en sí- empujan a los detenidos inocentes a asumir cierta identidad y a actuar en consecuencia” (^{Tenembaum, 2015: 247}). La aprehensión policial habilita que los jóvenes poseedores de ciertos estigmas cristalicen las marcas de la sospecha y se transformen en víctimas recurrentes del acoso policial, lo cual liga la experiencia previa al etiquetamiento con la atribución de peligrosidad (^{Guemureman et al., 2010: 7}).

En relación con este tipo de prácticas de abuso de poder, ^{Pita (2019)} sostiene la productividad de la categoría de hostigamiento para describir aquellos comportamientos policiales que tienen lugar a partir de un marco legal que habilita la detención por averiguación de identidad, ⁴es decir, que no son necesariamente ilegales pero que suelen suponer la comisión de violencia física, maltratos verbales, humillaciones y hostilidades sobre los sujetos detenidos. Al respecto, la autora señala que existe una experiencia de injusticia en los sectores populares respecto de estas rutinas abusivas fundamentada en la dificultad e imposibilidad de vehiculizar la denuncia por la vía judicial. Como lo han estudiado ^{Eugenia Cozzi, Ana Lanzani y Enrique Font (2007}), la mayoría de los imputados por casos de violencia policial llevan su proceso en libertad, las causas son archivadas por legítima defensa y se dictamina el sobreseimiento del personal de las fuerzas de seguridad involucrado. Esta tendencia en torno a la falta de investigación de las causas de la violencia policial obstruye el castigo de los acusados “por razones del sistema jurisdiccional o por la desidia o por la complicidad de sus integrantes (jueces, fiscales, defensores)” (^{Cozzi, Lanzani y Font, 2007: 14}).

El problema de las rutinas policiales abusivas o procesos de hostigamiento que operan en función de las etiquetas socialmente atribuidas a ciertos jóvenes resulta, entonces, relativamente independiente de su comportamiento. Los procesos de sujeción punitiva (^{López, 2017}) a los que son sometidos de manera cotidiana implican la demarcación territorial de los espacios transitables, los insultos, las burlas, las descalificaciones y las amenazas difusas por parte de la policía, la apropiación de objetos, la promoción de delitos, las agresiones físicas y/o psicológicas y el riesgo de morir a manos de la policía como parte constitutiva y normalizada de las biografías juveniles. Con respecto a esta cuestión, ^{Mariana Medan (2017)} sostiene que si bien este tema es conocido por los diferentes agentes que integran los programas de prevención social del delito, la caracterización de la policía como alteridad en paralelo a la formación de los jóvenes en materia de derechos humanos para que al momento de la detención puedan conocer y mostrarse conscientes de sus derechos, impide que estos últimos afronten convenientemente su tarea cotidiana de convivir con la policía. Si se toman en cuenta las diferencias de poder, tanto como los temores permanentes de los jóvenes hacia la policía por haber atravesado por experiencias traumáticas, en forma directa o indirecta, la exposición a un enfrentamiento con los agentes no resulta una estrategia capaz de minimizar los abusos. Así, la autora afirma que los discursos progresistas pueden colaborar con las políticas reaccionarias, “dejando el terreno libre para que éstas se desplieguen con legitimidad” (^{Medan, 2017: 109}).

Como parte de las relaciones de los jóvenes que delinquen con la policía, ^{Kessler (2010}) señala que cuando los y las policías los perciben como enemigos, enfrentarse con ellos puede implicar la muerte, a diferencia de cuando los llevan presos e intentan negociar mediante la entrega de parte del botín, aunque obviamente paliza de por medio. Los jóvenes también deben aprender a negociar al momento de ser detenidos por averiguación de identidad, mecanismo a través del cual, explica ^{Rodríguez Alzueta (2014)}, la policía construye estadísticas que buscan exhibir el éxito en la tarea de prevención del delito y, en consecuencia, conseguir promociones y un incremento de presupuesto, pero además recaudar ingresos de manera ilegal. De hecho, la policía no se mueve por fuera de las economías ilegales sino que, por el contrario, muchas veces tiene la función de construir un “ejército lumpen de reserva” (ELR) con el fin de asociar a los jóvenes a las organizaciones criminales, en las que son reclutados para realizar las actividades que más riesgo suponen (venta de drogas en la vía pública, robo de autos, homicidios) y en caso de negarse a hacerlo se activan las rutinas institucionales violentas: “El paseo en patrullero, la demora en las comisarías, la tortura o el armado de causas empiezan casi siempre con una detención por averiguación de identidad” (^{Rodríguez Alzueta, 2014: 223}).

En caso de aceptar, señala ^{Cozzi (2019)} para referirse a los jóvenes que se dedican a la venta de drogas, estas formas de participación funcionan de manera parecida a las experiencias del mercado de trabajo formal: los puestos de mayor ingreso, poder, reconocimiento y prestigio social son de difícil acceso. De aquí que el robo aparezca como una actividad accesible, autónoma, sin patrón y que permite la construcción de reconocimiento dentro del grupo de quienes se encuentran excluidos, a diferencia de lo que ocurre en los diferentes espacios convencionales de la sociedad en los que representan el nivel más bajo de la jerarquía social (la escuela, el ámbito laboral, el barrio, los medios de comunicación, etcétera).

De esta manera, se vislumbra la importancia del problema identitario en la relación entre jóvenes y policías. El perfil del pequeño delincuente que roba en la vía pública coincide con aquella figura que en los medios de comunicación se asocia a los “grupos peligrosos causantes de la inseguridad”, omitiendo informar sobre otras economías ilegales de las que participan actores pertenecientes a los ámbitos político, policial y empresarial. Estos actores no aparecen como generadores de riesgo ni se focalizan en ellos las pocas noticias que muestran casos “exitosos” de actuación policial frente al delito organizado.

Medios de comunicación y coproducción de las violencias

Desde mediados de la década de los noventa, en Argentina emerge el problema de la inseguridad vinculado no sólo con el crecimiento de la violencia urbana sino también con su visibilidad en la agenda mediática. Este proceso también tuvo lugar en América Latina y el Caribe, donde los medios de comunicación comenzaron a difundir noticias sobre el crimen, en simultáneo con la proliferación de datos objetivos y subjetivos del delito que presentaban contradicciones (^{Lagos y Dammert, 2012}). Existe consenso en que el miedo no responde, necesariamente, a la amenaza diferencial del delito (^{Míguez e Isla, 2010}). Los sectores de la clase alta muestran menos posibilidades de ser víctimas de delitos urbanos que los populares; no obstante, presentan mayor miedo a sufrirlos (^{Di Tella, Galiani y Schargrodsky, 2010}).

Según datos de la ^{Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual de la Nación (2018)}, en la actualidad en los noticieros locales de la ciudad de Buenos Aires el tópico de prevalencia informativa suele ser el criminal, por sobre la información general, la política y los deportes. Al mismo tiempo que el tópico juventud se relaciona en un 48.4 por ciento con el tópico “policiales e inseguridad” y, en la mayoría de los casos, el señalamiento de la ubicación geográfica de los jóvenes de los barrios populares criminaliza la pobreza (^{Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual de la Nación, 2016}).

En otros trabajos hemos analizado el modo en que estas construcciones noticiosas naturalizan la inseguridad atribuida, principalmente, a los jóvenes (varones y pobres) como un rasgo central del contexto actual, frente al cual la policía actúa de manera ineficaz en su función de vigilancia y control, pues los robos llegan a suceder muy cerca de las comisarías y de cara a las cámaras de seguridad, dando lugar a que los periodistas y presentadores emitan consejos hacia sus públicos para prevenirse de ser víctimas del delito y garantizar su propia seguridad (^{Calzado et al., 2021}).

Ahora bien, Elena ^{Azaola (2015)} sostiene que los jóvenes no son los únicos ni los principales responsables de la violencia en las ciudades latinoamericanas. De acuerdo con el Reporte mundial de la violencia elaborado por la ^{Organización Mundial de la Salud (OMS) en 2002}, en las tasas de homicidios de ocho países latinoamericanos (Argentina, Chile, Ecuador, El Salvador, México, Nicaragua, Paraguay y Uruguay) no existen diferencias significativas entre la violencia ejercida por los jóvenes de entre 10 y 29 años y los adultos, e “[…] incluso en cinco casos (El Salvador, México, Nicaragua, Paraguay y Uruguay), casi la mitad del total, es menor la violencia cometida por jóvenes. Sólo en cuatro países -Brasil, Colombia, Panamá y Venezuela- la violencia perpetrada por los jóvenes resulta más elevada que la que cometen los adultos” (^{Azaola, 2015: 9}). De aquí se desprende que las afirmaciones en torno al incremento de delitos cometidos por los jóvenes que realizan los medios masivos de comunicación sean discrecionales y tengan como base datos falsos e insuficientes (^{Arfuch, 1997}).

De hecho, según el informe de la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual de la Nación ya mencionado, los y las jóvenes no se sienten representados por las maneras estigmatizantes en las que los medios los y las construyen, principalmente como jóvenes delincuentes y como jóvenes caritativos que realizan acciones solidarias, lo cual pone en escena la necesidad de reconocer la complejidad de la juventud como grupo social, trascendiendo las etiquetas simplificadoras, y de habilitar la legitimidad de perspectivas propias: “Ser hablantes antes que hablados. Ser actores antes que objetos. Ser sujetos de derechos antes que objetos de tutela” (^{Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual de la Nación, 2018: 12}). Pese a que coexisten diversas formas de vivir la juventud, los y las jóvenes de los sectores populares son interpelados desde los discursos hegemónicos como un problema social porque no se ajustan al orden establecido y al modelo de juventud al cual los convoca el capitalismo en su versión latinoamericana, mientras que quienes se ajustan a dicho modelo son concebidos como “el futuro” (^{Di Napoli, 2014}).

Los medios de comunicación no sólo construyen relatos sobre la “impunidad” con la que sucederían los acontecimientos criminales producidos por jóvenes sino que también emiten noticias en torno a la inseguridad que legitiman la generación de acciones violentas hacia ellos, ya sea por parte de las fuerzas de seguridad o de la ciudadanía (^{Fernández, 2020a}.). Lo hacen mediante la selección, jerarquización y enfatización de elementos de la realidad que, de ninguna manera, la representan “objetivamente”, sino a partir de una perspectiva mediada por la lógica económica y por la política (^{Fernández, 2020b}.). La lógica económica, por hallarse la mayor parte de los medios en manos del sector privado, el cual prioriza la primicia como factor de rentabilidad y la demanda de información de la audiencia (^{Carrión, 2008}), y la lógica política, por utilizarse los casos de inseguridad con el fin de reclamar al Estado condenas firmes y mayores penas (^{Calzado, 2015}).

Para referirse a estos procesos de construcción espectacular y sensacionalista de la violencia urbana ^{Mariano Gutiérrez (2011)} utiliza el término “populismo punitivo”. Dicho proceso se caracteriza para Fernando ^{Carrión (2008)} por la exacerbación del componente violento de un hecho delictivo, la jerarquización mediática de la posición de la víctima, la estigmatización del victimario y el componente de la sobrerrepresentación de la prisión y el castigo. Tales procesos de elaboración informativa contribuyen a producir y legitimar socialmente casos de “gatillo fácil”, al no registrarlos salvo que sucedan en situaciones excepcionales, la discrecionalidad del poder policial sea inocultable o por su espectacularidad, y en caso de hacerlo los construyen en términos de enfrentamiento entre policías y delincuentes (^{Motto, 2009: 25}). Enfrentamientos que resultan en la muerte de personas que el Poder Judicial no investiga salvo que se trate de casos mediatizados y públicamente ineludibles, los cuales suelen ser concebidos por los operadores judiciales desde la perspectiva policial; situaciones que los medios reproducen mediante la jerarquización del hecho previo al homicidio, la caracterización de la víctima como delincuente y del policía como defensor de la ciudadanía.

Como sostienen ^{Gabriela Rodríguez y Gabriela Seghezzo (2010)}, el discurso bélico de una pretendida “guerra contra el delito” aparece en los medios de comunicación en resguardo de la propiedad privada por sobre la vida de los individuos. De aquí que la muerte de ciertos sujetos no logre convertirse en un problema público y, en caso de ser cubierta mediáticamente, no cause conmoción. Como sostienen Sandra Gayol y Gabriel Kessler, lo que gravita en el impacto de las muertes es la clase, la edad, el género, el proceso de victimización, el grado de inocencia atribuida y la movilización social generada: “La recurrencia de la muerte violenta produce su naturalización en la sociedad y la consiguiente pérdida de estremecimiento y de capacidad de indignación. Sólo ocasionalmente alguna muerte violenta logra concentrar la atención nacional y aglutinar renovadas demandas sobre el fin de las violencias” (^{Gayol y Kessler, 2018: 225}).

Si bien resulta fundamental poner en crisis las prácticas policiales, despolitizar y profesionalizar las fuerzas de seguridad, para contribuir a la consolidación de una seguridad democrática, también es necesario, además, desnaturalizar el imaginario social que legitima “las rutinas policiales violentas afincadas en la vida cotidiana de la institución, los modos de pensar, sentir y actuar de la policía, autorizados por la demagogia punitiva, el descontrol judicial y la intolerancia social” (^{Rodríguez Alzueta, 2014: 199}). Una seguridad capaz de concebir al delito y a la violencia urbana como fenómenos multicausales, dinámicos e históricos, que involucran a diferentes actores de la sociedad con intereses en pugna, incluyendo aquellos referidos a los medios de comunicación masiva.

Reflexiones finales

El presente artículo buscó realizar una revisión teórica sobre los procesos de legitimación de la violencia policial hacia los jóvenes de sectores vulnerables. Creemos que dicho problema no puede abordarse en un solo campo (el mediático, el policial, el judicial), como si las relaciones de poder que lo estructuraron tanto como la lógica interna que lo rige pudieran explorarse de manera independiente del resto de los campos con los que se entrama (^{Bourdieu, 2010}). Nuestro supuesto de partida es que en cada uno de estos campos se configura la identidad de jóvenes varones pertenecientes a sectores populares en términos de alteridad radical, y es ello lo que habilita la violencia física, moral y psicológica que caracteriza la relación entre ellos y los policías.

Es en ese sentido que hablamos de coproducción de las violencias. Aunque no queremos decir con ello que los medios tengan la misma responsabilidad que los agentes de seguridad que utilizan la fuerza letal y no letal en contra de los jóvenes, sino más bien argumentar que el ejercicio de esa violencia no sería posible sin cierta dosis de consenso social en torno a los jóvenes pobres que delinquen como enemigos de la sociedad. Son los discursos hegemónicos (estigmatizantes, selectivos y racistas) hacia éstos, y no las meras personas de carne y hueso, los que posibilitan el ejercicio de la violencia policial. Son estos discursos que operan mediante la identificación de culpables, el establecimiento de chivos expiatorios y la desresponsabilización de la actuación policial los que, en diferentes campos de la sociedad, encuadran los acontecimientos de tal forma hasta volverlos tolerables para la ciudadanía. Discursos que no son más que la expresión de una “arbitrariedad cultural interiorizada” (^{Bourdieu, 1990: 47}) y que, por lo tanto, reproducen relaciones de poder y desigualdad.

Tales relaciones tienen su correlato en la segregación socioespacial que relega a los jóvenes de sectores populares a geografías periféricas y apartadas de los centros comerciales, allí donde la policía concentra sus prácticas de vigilancia y control con el fin de resguardar la propiedad por sobre la vida de individuos y de grupos “excedentes” del sistema social, en términos de Alessandro ^{Di Giorgi (2009)}. Estas prácticas muchas veces implican detenciones por averiguación de identidad fundadas en la sospecha de peligrosidad, las cuales se multiplican luego del primer arresto y continúan en aumento a lo largo de sus vidas. Aunque dicen no tenerles miedo como actitud moral (^{Gentile, 2015}), la relación con la policía acaba por volverse un verdadero trauma para los jóvenes en sus maneras de transitar por los espacios públicos. Sobre todo al vivir de cerca el asesinato de un amigo o un familiar a manos de la policía y sentir la impotencia de comprobar cotidianamente que el “verdugueo” al cual son sometidos no tiene que ver con sus prácticas sino con su vestimenta, sus compañías, su modo de hablar, etcétera (^{Fernández, 2020c}.).

De aquí que los sentimientos de desconfianza, miedo y hostilidad de los jóvenes hacia los y las policías no sean fáciles de suprimir o acaso simular en las interacciones cotidianas que estos últimos se ven obligados a mantener (^{Medan, 2017}) y, ante lo cual, muchas veces emplean estrategias securitarias (^{Rodríguez Alzueta, 2016}), no para intentar enfrentar al personal policial sino para evitar o aminorar los conflictos. Como vimos con ^{Cozzi, Lanzati y Font (2007}), las negociaciones generadas entre jóvenes y policías se producen desde situaciones de poder desiguales, pero como revisamos con ^{Plaza-Schaefer (2018)} no por ello libres de utilizaciones estratégicas de la ropa, el peinado, etcétera. Como sostienen Luciana Ghiberto y María Victoria Puyol, los jóvenes son conscientes de su posición de inferioridad, la mayoría ha perdido algún conocido y/o familiar en hechos de violencia policial, y es por ello que no desafían abiertamente a los uniformados: “Los gestos de microrresistencia se ensayan y se evalúa su efectividad. De este modo, dentro de estos marcos, los jóvenes saben que las actitudes de resistencia frontal acarrean riesgos mucho más altos” (^{Ghiberto y Puyol, 2019: 234}). Miden y leen cada situación conflictiva que deben atravesar con la policía para habitar el espacio público sin que ello implique desconocer la posición de subordinación en la que se encuentran y/o conformarse con ella.

Con todo, creemos que en tanto la institución policial se sustente en formas excluyentes de sentir y de pensar en torno a estos jóvenes, en conjunto con otros actores de nuestra sociedad, la criminalización juvenil de sectores urbanos empobrecidos persistirá. Sectores de los que, muchas veces, forma parte el personal policial, pero que desde su ingreso a las fuerzas de seguridad buscarán dejar de pertenecer. La configuración de una moral “superior” sobre la base del deseo de enaltecer su identidad incompleta, así como la instalación de la imagen de los jóvenes de sectores populares como enemigos al interior de las fuerzas de seguridad, legitima las discriminaciones, las arbitrariedades y las violencias que descansan y se activan sobre la base de visiones compartidas en la sociedad.

Esos sentidos socialmente cristalizados producen efectos de frontera (^{Hall, 2003}) y emociones criminalizantes que refuerzan la posición subalterna de los jóvenes mediante el señalamiento de una diferencia irreconciliable entre nosotros y ellos. Una diferencia que legitima el ejercicio de la violencia letal hacia ellos en un acto que, como señala Walter Benjamin en su célebre Crítica de la violencia, crea derecho y, a la vez, lo conserva, pues “en el poder de vida y muerte, el derecho se confirma más que en cualquier otro acto jurídico” (^{Benjamin, 2010: 99}). Creemos que si en nuestro imaginario estuviera instalado que los verdaderos delincuentes son aquellos que cometen delitos “de cuello blanco” con complicidad de los sectores político, judicial y policial, la figura del “pibe chorro” perdería legitimidad. Estos procesos de criminalización juvenil disminuirían si encontráramos otro rostro al retrato de la alteridad radical.