INTRODUCCIÓN

El presente estudio tiene como objetivo identificar las políticas de información de las bibliotecas de los congresos estatales de México, para ello resulta necesario establecer un segundo objetivo, identificar sus áreas, servicios, colecciones y su personal. Se toma como referencia las que se establecen en Directrices para bibliotecas parlamentarias de la Federación Internacional de Asociaciones de Bibliotecarios y Bibliotecas (IFLA). Además, se determina a qué nivel pertenecen: institucional, organizacional o local y de qué tipo: implícitas o explicitas.

El artículo está basado en la tesis de doctorado de ^{Vargas (2021)}, debido a que representa un tema significativo para la investigación bibliotecológica, muestra un primer enfoque respecto a las políticas de información de las bibliotecas de los congresos locales o estatales; por igual, para que se inicie una discusión y se genere inquietud con la intensión de llevar a cabo más estudios y estimar su importante papel de dichas políticas dentro del contexto legislativo y en la esfera de los poderes del estado.

Las políticas afectan a todos, todos los días, se quiera o no. Constituyen instrumentos que ayudan a decidir situaciones o asuntos antes de que se conviertan en problemas, aunque también se llevan a efecto cuando se verifica o soluciona un problema (^{Fernández y Martínez 2006, 421}).

Las políticas de información no son un tema, conforma un campo de estudio dado que se define por los problemas a tratar y los métodos a utilizar para resolverlos. Por ello, resulta necesario entender que los problemas que ellas tratan se encuentran en un macro sistema y, por tanto, se pueden estudiar desde diferentes aspectos y contextos, (^{Sánchez 2012}; ^{Almada 2012}; ^{Rowlands 1996}; y ^{Browne 1997}).

Además, no solo se refieren a las políticas públicas de información: es cierto que se ha centrado su estudio en ello, sobre todo en los Estados Unidos con ^{Sandra Braman (2011)} como su principal exponente; tampoco se refieren de manera específica a las políticas nacionales de información, porque se ha demostrado que existen varias políticas de información nacional: política de telecomunicaciones, de derechos de autor, de acceso a la información, entre otras.

La visión de qué son y para qué sirven las políticas de información se diluye mientras no se tenga claro hacia dónde se encamina la investigación en esta materia (^{Sánchez 2004, 100}); así que se tiene un amplio espectro de investigación en diversas áreas, razón por las que algunos autores han tratado de dividir el espacio de aplicación de dichas políticas para que su estudio no resulte tan complejo.

Así, en cuanto a los temas que estudian las políticas de información (^{Yusof, Basri y Zina 2010, 207}) los clasificaron en seis grupos:

Con relación al área de «biblioteca», dichos autores proponen los siguientes temas para su estudio: acceso a libros y documentos; política de cobro; distribución de contenido; flujo de datos; sistemas de redes de información; uso y distribución de datos; archivo digital; expertos en información; expertos en uso de información; adquisición de publicaciones extranjeras; almacenamiento de información; leyes relativas a libros; repositorios de las bibliotecas; bibliografía nacional; manejo de la información; acceso público; campañas de lectura y cooperación de la información.

Y la investigación que aquí se presenta está centrada en las bibliotecas, en los diferentes instrumentos de políticas de información utilizados en ellas, en particular sobre las políticas de información bibliotecarias de los congresos estatales de México, pero sin referirnos a lo que (^{García 2003}) llama política de información bibliotecaria, pues lo relaciona con una política nacional de información.

Las bibliotecas, al igual que cualquier otra área, están alineadas a objetivos y fines de la institución a la que pertenecen, razón por la que la elaboración de políticas de información en todas sus áreas les ayudan a tomar decisiones para conformar presupuestos, servicios que se ofrecen, actividades administrativas, entre otras acciones, así como para la planificación, la cual les ayuda a cumplir con sus metas.

Entonces, las políticas de información dentro de las bibliotecas conforman las directrices y regulaciones que sirven para controlar y coordinar las actividades de los bibliotecarios para proporcionar los servicios de forma eficaz y oportuna a los usuarios, ayudándolos a tomar mejores decisiones.

Algunos ejemplos de políticas de información bibliotecarias son: política de selección, de adquisición, de descarte, de desarrollo de colecciones, de préstamo, de indización, entre otras. Una política bibliotecaria constituye una formulación formal e informal, vinculada a la atención de la misión de la biblioteca (Cunha y Cavalcanti 2008), citadas por (^{Ludtke y Pereira 2017, 77}).

En síntesis, las políticas de información bibliotecarias conforman las diferentes normas, directrices, regulaciones o cualquier otro tipo de lineamientos con que cuenta una biblioteca para el manejo de la información desde su selección y adquisición o elaboración hasta su puesta a disposición para los usuarios, incluyendo su uso y evaluación (^{Vargas 2021, 117}). Ayudan a cumplir de manera eficiente los objetivos y metas de la biblioteca. Pueden ser explicitas o implícitas y se aplican en los niveles institucional, organizacional y local.

Las bibliotecas de los congresos representan un requisito indispensable para el apoyo que prestan los asesores a los legisladores, para el personal que labora en el congreso y para el público en general. Son una herramienta imprescindible en todo congreso, por lo tanto, no sólo debe considerársele como acervo bibliográfico, pues en realidad representa la fuente de información permanente de las cámaras (^{Nava 2004, 54-55}).

En México, los congresos de los estados -al igual que el Congreso Federal- nacen a la par de que se establece su soberanía y la creación de su constitución respectiva. De acuerdo con la información de su sitio Web, la mayoría de los congresos se instalaron junto con su gobierno correspondiente durante el siglo XIX, así se tiene que los más antiguos son: el Congreso de Jalisco (1823), el Congreso de Nuevo León (1824) y el Congreso de Veracruz (1825), le siguen los Congresos de Yucatán (1841), Guerrero (1850) y Coahuila (1867). Durante el Siglo XX se instala el de Baja California (1952). El ejemplo más reciente de creación de un Congreso se tiene en la Ciudad de México (2018), pues con la instauración del Congreso Constituyente el 15 de septiembre de 2016, que se integró con 100 diputadas y diputados, se instituye el Congreso de la Ciudad de México, tomando protesta -para el inicio de la I Legislatura- el 17 de septiembre de 2018.

Los congresos de los estados funcionan de forma semejante al del Congreso Federal, en asamblea y para el conocimiento, análisis y resolución de los asuntos de su competencia, se auxilian de órganos técnicos y administrativos, y se organizan de la siguiente manera:

Los servicios de apoyo técnico realizan actividades dirigidas al soporte de las distintas áreas de los congresos estatales, los que brindan el sustento informativo son los institutos de investigaciones legislativas y las bibliotecas. Para que las bibliotecas de los congresos cumplan con dicho objetivo es necesario que cuenten con políticas de información que determinen las reglas para el uso de las áreas, los servicios, el material documental y las características que debe reunir su personal.

METODOLOGÍA

Es una investigación cuantitativa y de análisis documental, de enfoque exploratorio. Se revisaron las leyes de los congresos estatales, las leyes y decretos del servicio civil de carrera. En un inicio, se pensó realizar entrevistas de manera directa a los responsables de ocho bibliotecas de los congresos de las ciudades más representativas del país. Sin embargo, por motivos del COVID 19, se cambió el método de recolección de datos. Se aplicó una encuesta en línea a los responsables de las bibliotecas durante los meses de noviembre y diciembre de 2020. La muestra total está compuesta por las bibliotecas de los congresos de los 31 estados y de la Ciudad de México. Se trató de contactar a los 32 responsables de las bibliotecas, de los cuales solo se tuvo comunicación con 17. Constituye una muestra representativa, si se observa por regiones geográficas, del Noroeste: Sinaloa, Sonora y Chihuahua; del Noreste: Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas; del Centro: Estado de México y Guerrero; del Occidente: Colima, Guanajuato, Jalisco, Michoacán y Querétaro; y del Sureste: Campeche, Oaxaca, Veracruz y Yucatán.

El cuestionario que se utilizó (véase Anexo 1) se dividió en las siguientes áreas, tomadas de las Directrices para bibliotecas parlamentarias de la IFLA (^{Cuninghame, 2009}):

RESULTADOS

A nivel local se presentaron las áreas y servicios de acuerdo con lo que propone IFLA, así como las políticas de información con las que cuentan:

DISCUSIÓN

Las 17 bibliotecas cuentan con las siguientes áreas y servicios propuestos por IFLA: personal, desarrollo de colecciones y presupuesto, organización documental, servicios de información e infraestructura. En lo que respecta a la cooperación bibliotecaria institucional, solo una proporciona el préstamo interbibliotecario y cuatro pertenecen a redes de cooperación. El personal responsable no dispone de estudios profesionales en bibliotecología o área afín. La cantidad de personal en las bibliotecas resulta poco, con excepción de la del Estado de México.

En relación con las colecciones, se cumple con lo propuesto por IFLA; pues se cuenta con libros de temáticas generales y especializados, publicaciones oficiales, material de consulta e incluso colecciones especiales, aunque las colecciones son pequeñas la que menos tiene es Campeche, 4 100 volúmenes, y la que más corresponde a la de Michoacán, cerca de 22 000 volúmenes. De igual forma se satisface lo referente a servicios, pues se ofrece el servicio de préstamo del acervo, servicios y estudios de información, consultas como servicios en línea para complementar.

CONCLUSIONES

Se identificaron el personal, las colecciones, las áreas, los servicios y las políticas de información con las que cuentan estas unidades de información. Las 17 bibliotecas encuestadas cuentan con personal, desarrollo de colecciones, servicios de información, organización documental e infraestructura, áreas y servicios que propone IFLA. En lo que corresponde a la cooperación bibliotecaria solo se proporciona el servicio en Coahuila, Oaxaca, Tamaulipas y Yucatán. Se recuerda que IFLA solo hace recomendaciones, no obliga a las bibliotecas a cumplir con sus directrices, así que se puede afirmar que estas unidades de información cumplen de manera satisfactoria con lo propuesto por dicha institución internacional.

Se identificaron sus políticas de información en los tres niveles: en lo que corresponde al organizacional e institucional se destaca que son explícitas, pues están por escrito, autorizadas y publicadas. En tanto que a las de nivel local -se indicaron de manera general al contestar el cuestionario- se puede decir que son explícitas, aunque falta comprobar si están por escrito, autorizadas y publicadas.

En lo relativo a políticas de información sobre el personal, solo cuatro Congresos, el 23,5 %, tienen una política de información explícita a nivel institucional en lo que respcta a servicio civil de carrera, el cual establece que los responsables de las áreas deben ser especialistas. Con relación al presupuesto, tres bibliotecas mencionaron contar con una cantidad asignada durante el año de la encuesta, eso limita a las que no consideran un presupuesto en el desarrollo de sus áreas, sobre todo la compra de materiales bibliohemerográficos, la capacitación del personal y la creación de nuevos servicios.

El área de organización documental es la que cuenta con más políticas de información en las bibliotecas, quizá se deba a que hay mayor normativa escrita al respecto en el área de la bibliotecología. En cambio, en cuanto al presupuesto solamente una biblioteca menciona tener un documento que le indica cuánto dinero se debe asignar.

El documento de ^{Nava (2004)} describe la ausencia de normas para establecer la existencia institucional de los organismos de apoyo parlamentario, entre ellos, las bibliotecas; menciona que es indispensable que toda biblioteca cuente con reglamentación interna. Así, 24 de 32 (75 %) se mencionan en sus leyes orgánicas; 15 de 32 (46 %) tienen regulado su servicio civil de carrera. En este estudio, 14 de 17 (82 %) son mencionadas en sus leyes orgánicas y cuatro de 17 (23 %) cuentan con una Ley o decreto de servicio civil de carrera. Este último punto no se preguntó en el cuestionario, se revisaron las leyes o decretos en los sitios Web de los Congresos.

Se propone a los responsables de las bibliotecas de los congresos estatales que consideren las políticas de información como herramientas indispensables para la operación de sus áreas y servicios. Ya que contar con este tipo de instrumentos normativos permite identificar los requerimientos necesarios en cuanto a: personal, colecciones, áreas y servicios, con el objetivo de brindar una mejor atención a sus usuarios, alcanzar las metas y los objetivos de la institución. Las políticas de información bibliotecarias proporcionan además directrices y regulaciones que ayudan en la toma de decisiones del personal, pues en dichos documentos se establecen claramente sus responsabilidades y actividades a desarrollar.

Se pretende que este estudio contribuya a la discusión de las políticas de información bibliotecarias y de las bibliotecas de los congresos; ya que, como se mencionó con anterioridad, es un primer contacto con este tipo de unidades de información y sus instrumentos normativos, por lo que se espera favorezca su interés y debate.