Género y medio ambiente

La perspectiva de género es un marco conceptual para analizar, interpretar, explicar y transformar las diversas expresiones, causas y efectos de la subordinación, exclusión y discriminación de las mujeres, sustentada en valoraciones sociales jerarquizadas de lo que supuestamente significa ser hombres o ser mujeres (^{SEMARNAT, 2008}). A través de la categoría género se pueden explicar los usos que mujeres y hombres hacen de los recursos, a causa de los roles, actividades y responsabilidades diferenciadas que la sociedad les asigna según su sexo (^{INMUJERES, 2008}). Desde esta perspectiva, el estudio del medio ambiente y desarrollo sustentable incorpora al análisis el tema de las relaciones sociales y el sistema de poder en el cual las mujeres están insertas, la relación que tienen mujeres y varones en su núcleo familiar, y los patrones en la división de tareas y adopción de decisiones al interior de las unidades domésticas, ya que esto determina el acceso, uso, propiedad y control de los recursos ambientales (^{Rodríguez et al., 2010}). Se debe considerar que mujeres y hombres tienen diferente poder, caracterizado por relaciones de jerarquía y desigualdad (^{INMUJERES, 2008}). Desde una postura feminista, se usan los lentes de género para observar y analizar las realidades sociales, se toma como parte integral del análisis la perspectiva de las mujeres debido a que se encuentran en condiciones y posiciones inferiores, aunque se le da valor, estatus, prestigio y validez a las experiencias de vida y características históricas de hombres y mujeres (^{Warren, 2004}).

¿Por qué se debe considerar el género en el cambio climático y el ciclo de carbono? La evidencia revela que los efectos del cambio climático, por modificaciones del ciclo del carbono, no son neutrales. Mujeres y hombres los experimentan de manera diferente, dependiendo de las capacidades y recursos que tengan. Las desigualdades económicas, sociales y políticas entre regiones, grupos sociales, géneros, edades y grupos socioeconómicos propician que la vulnerabilidad, capacidad de adaptación y los recursos para afrontarlos sea distinta (^{Castañeda et al., 2014}). La vulnerabilidad que enfrentan las mujeres difiere en función de los roles que desempeñan y los espacios donde se desarrollan. A pesar de que las leyes, políticas públicas y presupuestos reconocen que mujeres y hombres tienen roles, derechos, responsabilidades y saberes diferenciados en cuanto a los recursos naturales, aún no se han logrado resolver las fuertes desigualdades existentes que sufren las mujeres respecto a la distribución de los beneficios, la participación política, la toma de decisiones y en el acceso a los recursos, servicios, crédito, tecnología y creación de capacidades (^{Aguilar y Castañeda, 2014}).

Las mujeres, como categoría social, tienen acceso desigual a los recursos y el poder. Estas desigualdades constituyen un gran nudo para lograr la sustentabilidad a nivel micro, toda vez que el desarrollo sustentable no se refiere exclusiva o fundamentalmente a un cierto uso y manejo de los recursos naturales, sino también a una dimensión humana y política, que involucra la calidad de vida de las y los sujetos sociales y el empoderamiento de las mujeres (^{Moser, 1995}; ^{González Montes, 1997}; ^{Siles y Soares, 2003}).

A pesar de que la creación de convenios a nivel internacional ha sido coyuntural para la formulación de estrategias de adaptación y mitigación ante el cambio climático en México, los impactos sobre las vidas de las mujeres no han sido evidentes. Se siguen produciendo y reproduciendo pensamientos patriarcales en donde son minimizadas las desigualdades de género, considerando los problemas de las mujeres como un tema personal o individual, y no se visualizan sus implicaciones sociales, políticas, económicas y ambientales. Por ello es importante resaltar algunas de las principales desigualdades existentes en torno al género, tales como la feminización de la pobreza, el trabajo y acceso desigual a la tierra, dificultades que enfrentan las mujeres debido a la escasez de recursos naturales, políticas públicas mal instrumentadas (por no considerar la perspectiva de género en las políticas y programas, y usan la “perspectiva de género” solo en el discurso político, pero no en la práctica).

Como resultado de los procesos de feminización de la pobreza (las mujeres constituyen 70% de las personas en condiciones de extrema pobreza en el mundo), la feminización de la agricultura (la producción de alimentos para consumo doméstico, así como la pesca y la ganadería en los países subdesarrollados son hechas en 90% por mujeres) y la de las jefaturas de familia (sobre todo debido a la migración masculina, que aumenta sus cargas de trabajo, siendo ellas responsables en 90% del cuidado de las personas mayores y de los niños) (^{Global Soil Forum, 2013}), las responsabilidades ambientales, sociales y económicas de las mujeres han aumentado, sin embargo no se ha logrado un respaldo que garantice el acceso, uso, control y beneficios de los recursos naturales. ^{SEMARNAT (2008)} señala que aunque las mujeres efectúan dos tercios del trabajo del mundo, apenas poseen 1% de sus bienes, y pese a que se han hecho esfuerzos por ampliar el acceso de las mujeres a la educación y al mercado de trabajo, aún están marginadas del proceso de toma de decisiones en todos los ámbitos. Esta exclusión ocurre incluso para aquellas que, debido a la ausencia de los hombres ya sea por migración, separación, enfermedad o muerte, se convierten en proveedoras de los hogares y se ven obligadas a intensificar el trabajo agrícola (Buechler y Zapata, 2000). Hay una preexistente división del trabajo por género. Son las mujeres pobres de las familias campesinas y tribales quienes llevan a cabo la mayor parte de la recolección en productos de los bosques y las tierras comunales, y son las encargadas del acarreo de agua proveniente de manantiales, pozos y ríos hacia sus hogares. Además, muchas de ellas tienen la responsabilidad de sostener a la familia, a menudo son las principales proveedoras económicas y, en el caso de los hogares con jefatura femenina, llegan a ser las únicas (Agrawal, 2004).

Otro ámbito en donde estas mujeres se encuentran en desventaja es el trabajo. Tienen una posición de desventaja sistémica en el mercado de trabajo, cuentan con menos oportunidades de empleo, menor movilidad ocupacional, niveles más bajos de capacitación y una remuneración más baja por el mismo trabajo (Agrawal, 2004). A pesar del progreso en la igualdad de género en el sector del empleo, ellas continúan siendo discriminadas con respecto a remuneración, beneficios, condiciones laborales y acceso a los organismos de toma de decisiones. La crisis económica y financiera global ha empujado a más mujeres al trabajo informal. Muchas de estas oportunidades de empleo informal dependen directa o indirectamente de los recursos naturales, tales como materias primas, energía, tierra y agua (^{Stock, 2012}). Cuando no se tiene acceso a ellos o no se pueden tomar decisiones sobre ellos, las mujeres están en clara desventaja respecto a los varones.

Según la Encuesta Nacional sobre Uso del Tiempo de ^{INEGI (2009)}, en promedio las mujeres emplean 10.5 h más que los hombres en actividades cotidianas. Las actividades a las que dedican más tiempo son: preparación de alimentos, limpieza y cuidado de los integrantes del hogar. Los hombres dedican mayor tiempo al trabajo remunerado y a aspectos relacionados con diversión y deporte. Esta situación es más marcada en las zonas rurales (Cuadro 1).

Cuadro 1 Promedio de horas a la semana que los integrantes del hogar, de 12 y más años, dedican a las actividades cotidianas, por tipo de actividad, lugar de residencia y sexo. 

Fuente: INEGI. Encuesta Nacional sobre Uso del Tiempo 2009. Tabulados básicos.

Otras oportunidades a las que acceden las mujeres son los proyectos productivos y ambientales de programas gubernamentales, sin embargo, son pocas las que realmente se benefician. La organización Desarrollo Rural de Bajas Emisiones, ^{Mujer y Medio Ambiente, A. C. (2010)} señala como indispensable preguntarse si ¿los proyectos para la reducción de emisiones o la fijación de carbono crean empleo? Si es así, ¿a cuántos empleos acceden las mujeres y a cuántos los hombres?, por el contrario, si las inversiones destruyen empleos ¿en qué sectores ocurre esto y quiénes se ven afectados o afectadas? ¿La transferencia de tecnología representa una oportunidad de aprendizaje y empoderamiento para las mujeres o, por el contrario, profundizará la segregación ocupacional y las desigualdades de género? ¿La transferencia de tecnología es o no una oportunidad para la creación de capacidades locales? ¿Cómo se pueden recuperar y proteger los conocimientos y prácticas de las mujeres y los hombres para enfrentar el cambio climático? ¿Hasta qué punto se puede incidir para que el financiamiento fomente la participación equitativa de mujeres y hombres en las estrategias de adaptación, para que se tomen en cuenta los conocimientos de ambos y sean incluidos en los proyectos?, y otras preguntas que den información sobre quién o quiénes se benefician directa o indirectamente de los proyectos.

Otra situación de desventaja para las mujeres es el limitado acceso a la tierra, el recurso productivo más crítico en las economías rurales y la tecnología productiva que se le asocia (Agrawal, 2004). Muchas de las mujeres ejidatarias, al no ser propietarias de la tierra no pueden acceder a programas de equipamiento, infraestructura, créditos, arrendamiento y apoyos económicos por concepto de pago de servicios ambientales, y tampoco están representadas en la toma de decisiones para organizar las actividades agropecuarias (^{Levy, 1999}). Las mujeres se encuentran especialmente afectadas por la distribución desigual de la tierra y el suelo. A nivel mundial producen más de 50% de todos los alimentos, y tal cifra alcanza de 60 a 80% en los llamados países en desarrollo. Sin embargo, las mujeres son propietarias de menos de 2% de la tierra. En Kenia, por ejemplo, las mujeres hacen 70% de todo el trabajo agrícola, pero solo el 1% de ellas cultiva su propia tierra. Se estima que las mujeres podrían aumentar el rendimiento de sus explotaciones agrícolas en 20 o 30% si tuvieran el mismo acceso a los recursos productivos que los hombres (^{Global Soil Forum, 2013}).

Según la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (^{SEMARNAT, 2008}) solamente 23% de las mujeres mexicanas pueden acceder a la toma de decisiones como sujetos agrarios, las cuales han tenido acceso a la tierra a través de cesión de derechos o herencia familiar. Las parcelas que poseen son más pequeñas que las de los varones, pues en promedio miden 2.8 ha, mientras que los hombres poseen de 5 a 10 ha; además, la calidad de la tierra que ellas conservan no es la mejor para la producción. En promedio las mujeres dueñas de la tierra tienen 58 años de edad, 30.4% con más de 65 años y en muchas ocasiones son los hijos varones quienes toman las decisiones correspondientes. Sin el derecho a la tierra y al acceso a medios de producción, las oportunidades económicas de las mujeres se ven severamente limitadas en los proyectos de Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación (REDD+) (^{Aguilar y Castañeda, 2014}). De acuerdo con ^{Levy (1999)}, fomentar la participación de las mujeres y su papel en el acceso, uso, control y manejo de los recursos naturales, y colocarlas como protagonistas en la toma de decisiones para mejorar su posición respecto a la conservación, cuidado y aprovechamiento de los mismos, es indispensable para enfrentar con éxito el reto que plantea el cambio climático. El que ellas no tengan “voz y poder” significa que sus prioridades no son reconocidas, a nivel local y global (^{PNUD, 2008}).

Dado que los derechos agrarios están muy restringidos para las mujeres, la toma de decisiones también lo es. Las mujeres no pueden votar ni opinar en las asambleas comunitarias (salvo cuando se discuten proyectos o programas para ellas, y los hombres les permiten participar), su espacio de influencia se limita al hogar (ámbito doméstico). Los hombres son quienes deciden sobre el destino y administración de los recursos naturales, y participan activamente en la vida política de la comunidad (ámbito público). Esto los ubica en una posición de poder frente a las mujeres, ya que cualquier iniciativa que busque involucrarlas debe ser aprobada por ellos (^{Fong, 2011}).

El cambio climático también implica escasez de recursos, lo cual afecta profundamente a las mujeres, particularmente en aquellas zonas donde son las principales agricultoras y administradoras de la leña y el agua (^{PNUD, 2008}; ^{Stock, 2012}). En México, las mujeres hacen actividades agroforestales tradicionales, extraen pigmentos, recolectan agua, semillas y leña, llevan comida a los hombres en el bosque, obtienen productos forestales no maderables (medicamentos, forraje y alimentos). Los hombres, por ser en su mayoría los propietarios de la tierra, reciben en mayor medida los subsidios de los programas gubernamentales; organizan eventos ceremoniales, cazan animales (para alimentación y con fines ornamentales), atienden la producción apícola, trabajan en aserraderos, vigilan y controlan las plagas e incendios forestales (^{Aguilar y Castañeda, 2014}). Las diferencias entre los roles y responsabilidades de hombres y mujeres influyen en la capacidad de cada uno(a) de tomar acciones frente a los recursos naturales y el cambio climático. Los usos que mujeres y hombres dan a los recursos naturales también varían. Ellas suelen tener derecho de uso sobre recursos renovables (cultivo de plantas en el suelo, las hojas de los árboles y recolección de leña), mientras que ellos tienen derechos de uso de consumo (madera y otros recursos de los árboles, compra y venta de tierra, y el agua de riego o para otros fines) (^{Rodríguez et al., 2010}).

Las políticas públicas implementadas se han centrado en el mercado internacional de reducción de emisiones, fundamentado en la contabilización certificada de las emisiones de GEI (Gases Efecto Invernadero) evitadas y la comercialización de estos certificados, pero no consideran las diferencias de género. ^{Ulloa (2008)} discurre que estas estrategias pueden ser una oportunidad para confrontar el cambio climático y proteger el medio ambiente, y a su vez una oportunidad económica para generar beneficios sociales; sin embargo, al responder a una lógica primordialmente económica, hay muchas dudas sobre su efectividad para controlar las transformaciones ambientales negativas. Desde el enfoque de género y medio ambiente se postula que “más allá de la ‘incorporación’ de las mujeres a las políticas ambientales, es necesario repensar las acciones para la construcción de la sustentabilidad desde una óptica que reconozca las diferencias de género” (^{INMUJERES, 2008}). Desde la perspectiva de las políticas públicas, el tema central consiste en cómo priorizar áreas de acción temprana para una mejor distribución de los beneficios de los mecanismos REDD+ con miras a una mayor equidad entre mujeres y hombres; es claro que si se deja el acceso de los bonos de carbono (u otros tipos de incentivos) solamente a las fuerzas del mercado internacional, las desigualdades se profundizarán, lo cual significa que el Estado debe asumir plenamente su rol de garante de los derechos de las comunidades sobre las decisiones del manejo de su territorio, así como su obligación de velar por su cumplimiento y generar las condiciones para que la población, y en particular las mujeres, los puedan ejercer. ^{Fong (2012)} aclara que un problema presente -y que es señalado por las mujeres- es el hecho de que algunos beneficiarios varones utilizan el dinero que reciben de REDD+ para alcoholizarse, incluso la autora menciona que un par de personas consideraron que este tipo de subsidios crea una cultura de dependencia y holgazanería entre algunas familias de lacandones, aunque la mayoría de los entrevistados mostraron una opinión positiva acerca del proceso de REDD+.

El enfoque de género en los temas ambientales ha generado una cantidad considerable de estudios e investigaciones sobre diversos campos de conocimiento, al igual que el análisis de los resultados de numerosas experiencias de trabajo en campo. Sin embargo, como lo plantea ^{Mujer y Medio Ambiente, A. C. (2010)}, es necesario analizar hasta qué punto se ha logrado transmitir de manera adecuada, clara y comprensible el marco conceptual y metodológico del enfoque de género; evitar que el término género se utilice como sinónimo de mujeres y se haga uso del enfoque para fines políticos. Para que se tengan resultados reales es necesario mostrar a tomadores y tomadoras de decisiones las ventajas de incluir el enfoque de género en las políticas públicas; subsanar las ideas equivocadas y estereotipadas respecto al feminismo y al género que producen rechazo, pues son un “caldo de cultivo” para los prejuicios. Además, que se modifiquen las estructuras patriarcales en donde los hombres tienen y ejercen mayor poder.

Es necesario hacer partícipes a las mujeres, de distintas edades y clases sociales, de sus propios proyectos, dependiendo de sus necesidades reales; que ellas se sientan tomadas en cuenta y construyan propuestas de cambio de las relaciones entre hombres y mujeres. Lo importante es que se evite caer una vez más en proyectos para mujeres que dejan las cosas como están, sin modificarse, sin cambiar las desigualdades, sin que los varones participen en esos cambios. Para aplicar una perspectiva de género a los estudios ambientales es indispensable contar con información para la toma de decisiones, y orientación para la acción acerca de los principales factores que contribuyen a la falta de equidad entre hombres y mujeres; también se requiere considerar la relación género-medio ambiente desde una dimensión sistémica, al igual que aportar elementos para la comprensión de la naturaleza y el funcionamiento de las movilizaciones de carácter medioambiental (^{Bifani, 2003}). Se deben reconocer las desigualdades en que viven las mujeres para proponer acciones acordes a las condiciones de cada una(o), pues no se puede aplicar la misma medida a mujeres y hombres, cuando su realidad es distinta.

Enfoques de género y medio ambiente. El enfoque de género y feminista en los estudios del medio ambiente no es un tema nuevo. Desde mediados de los años setenta, cuando se comienza a visualizar la importante contribución de las mujeres en los sectores productivos de la economía, especialmente en la alimentación, el trabajo doméstico y la agricultura, creció también el interés de la relación de las mujeres con el entorno. Bajo la luz de los problemas económicos globales, el deterioro ambiental y la feminización de la pobreza en los países del sur, fue impulsado el debate sobre los efectos específicos de dichos procesos en las mujeres. Se reconoció cada vez más que las mujeres utilizaban mucho tiempo y energía para obtener combustible, agua y forraje para uso doméstico. Se concluyó que ellas eran las más pobres entre los pobres, incluso se podía decir que tanto las mujeres como los pobres se fundían en un solo grupo y ambos términos podían ser intercambiables (^{Braidotti, 2004}), por lo cual es indispensable llevar a cabo acciones que mejoren su condición y posición.

El enfoque feminista y de género en los estudios del medio ambiente ha tomado diferentes posiciones, dependiendo de la manera en que se enfoca el problema, se conforman y desarrollan los intereses sobre el ambiente, de la perspectiva histórica y política, ubicando los procesos a escala local en el marco de la economía y las instituciones regionales, nacionales e internacionales (^{Vázquez, 1999}; ^{Bifani, 2003}; ^{Rocheleau et al., 2004}). Algunas de las principales posturas que se han desarrollado son el feminismo ecologista, ecofenimismo, la perspectiva de subsistencia, ambientalismo feminista y la ecología política feminista, entre otras.

El feminismo ecologista comprende la importancia de valorar y repensar los ecosistemas, y el compromiso que el feminismo tiene con estas prácticas. Posee un enfoque multicultural porque incluye en sus análisis las relaciones entre las mujeres y la naturaleza, las complejas interconexiones entre todos los sistemas sociales de dominación (racismo, discriminación por clase, edad, etnocentrismo, imperialismo, colonialismo y sexismo, entre otros). Toma en consideración las perspectivas de los pueblos locales, nativos e indígenas, y rechaza aproximaciones universalistas y esencialistas, que suponen “una única solución correcta” para los problemas sociales humanos y ecológicos (^{Warren, 2004}).

El ecofeminismo surgió de varios movimientos sociales de finales de los años setenta y principios de los ochenta: el feminismo, el movimiento pacifista y el movimiento ecologista. Algunos de los argumentos ecofeministas son: 1) Existen conexiones importantes entre la dominación y la opresión de las mujeres, y la dominación y la explotación de la naturaleza. 2) Desde el punto de vista patriarcal, las mujeres son identificadas como más cercanas a la naturaleza y los hombres como más cercanos a la cultura; la naturaleza es considerada inferior a la cultura, y de ahí se desprende que las mujeres sean juzgadas inferiores a los hombres. 3) Debido a que la dominación de las mujeres y la naturaleza se dieron paralelamente, las mujeres tienen un interés especial en ponerle fin a la dominación de la naturaleza. Tanto el movimiento feminista como el ambientalista están a favor de sistemas igualitarios y no jerárquicos (^{Agarwal, 2004}).

Desde la perspectiva de subsistencia se estima que se debe respetar la riqueza y diversidad como una condición previa para la supervivencia de todas las criaturas de este planeta. La naturaleza no debe ser explotada para la mera ganancia, por lo cual debe repararse el daño que el capitalismo le ha causado. Desde esta perspectiva, la dominación de los hombres sobre la naturaleza se relaciona con la de los hombres sobre las mujeres y sobre todos los seres humanos, no se puede establecer una relación de no explotación con la naturaleza sin antes efectuar un cambio en las relaciones humanas, principalmente entre mujeres y hombres. Establece que los distintos sistemas de dominación están interconectados, por tanto, los problemas sociales (relaciones patriarcales, desigualdad, alienación, pobreza) deben resolverse junto con los problemas ecológicos (^{Mies, 2004}).

El ambientalismo feminista considera que las relaciones de las mujeres y hombres con la naturaleza están enraizadas en su realidad material y sus formas específicas de interacción con el medio ambiente. Debido a que existe una división del trabajo, una distribución de la propiedad y del poder basada en género y clase, la interrelación de las personas con la naturaleza y los efectos hacia el cambio ambiental sobre los individuos y sus respuestas hacia él son diferentes para mujeres y hombres. El conocimiento sobre la naturaleza se basa en la experiencia, la división del trabajo, la propiedad y el poder. Desde esta conceptualización se puede considerar que el vínculo entre las mujeres y el medio ambiente está estructurado por género, clase, organización de la producción, reproducción y distribución de los recursos (Agrawal, 2004).

La ecología política feminista juzga que los cambios económicos, políticos y ambientales han afectado tanto a los hombres como a las mujeres, en cuanto son depositarios y depositarias del uso y distribución de los recursos, del manejo ambiental y de las creaciones de normas ambientales de salud y bienestar. Las diferencias de género en la experiencia con el medio ambiente, en las responsabilidades y los intereses relacionados con la ecología política feminista, no tienen sus raíces per se en la biología, más bien derivan de las interpretaciones sociales de la biología y de las construcciones sociales del género, las cuales varían dependiendo de la cultura, clase, raza y el lugar, y están sujetas al cambio individual y social (^{Rocheleau et al., 2004}). Según las autoras, esta perspectiva enfatiza los procesos de toma de decisiones y el contexto económico, político y social que dan forma las políticas y prácticas ambientales. Considera al género como una variable crítica que conforma el acceso de los recursos y su control, al interactuar con la clase, casta, raza, cultura y la etnicidad, para así dar origen a procesos de cambio ecológico, a la lucha de hombres y mujeres para sostener formas de subsistencia ecológicamente viables y a las expectativas que cualquier comunidad tiene de un desarrollo sustentable. De acuerdo con ^{Arellano Montoya (2003)} el proceso de la ecología política feminista requiere la identificación de los múltiples actores que intervienen en la determinación de los usos y valores de los recursos naturales desde las ciencias biológicas que los guían, y de las relaciones físicas y espaciales establecidas entre la gente y su paisaje circundante.

Si bien existen muchas posiciones ideológicas, filosóficas y de activismo, la mayoría de las políticas a nivel nacional se sustentan en posturas más relacionadas con el desarrollo que con el medio ambiente. El enfoque de Género en el Desarrollo (GED) enfatiza la necesidad de integración de la perspectiva de género en el diseño e instrumentación de políticas y programas de desarrollo. En ese sentido, asevera que la meta estratégica de una política ambiental con enfoque de género debe ser asegurar que el acceso y control que mujeres y hombres tengan de los recursos naturales se ha considerando también las capacidades y habilidades de negociación que las mujeres tienen, y no dar por hecho que los hombres las toman. Los postulados esenciales de dicha corriente de pensamiento se refieren a: a) No se trata solo de integrar a las mujeres en los procesos de desarrollo existentes, sino construir alternativas para transformar las relaciones sociales desiguales, hacia una mayor autonomía y empoderamiento de las mujeres; b) la necesidad de analizar las contribuciones de las mujeres dentro y fuera del ámbito doméstico, ya que ellas desarrollan a la par, roles de reproductoras y productoras; c) las mujeres deben ser vistas como agentes de cambio y no ser receptoras pasivas de proyectos de asistencia al desarrollo y; d) hay que promover y consolidar cambios profundos en las estructuras sociales, económicas y políticas prevalecientes, hacia el logro de relaciones de equidad en el marco de un desarrollo sustentable, equitativo y participativo (^{Soares, 2006}). Desde esta perspectiva, las respuestas de las mujeres frente a la degradación de los recursos naturales, especialmente la pérdida de carbono orgánico del suelo por este proceso, sientan las bases para la reconstrucción de las relaciones de género y contribuyen al empoderamiento femenino (^{Priego, 2002}; ^{Velázquez, 2003}).

Como se puede observar, no hay una sola postura “ecofeminista”, de la misma manera que no existe un feminismo. Las posiciones que adopta esta corriente son tan diversas como los feminismos a partir de los cuales obtienen su fuerza y significado (^{Warren, 2004}). Sin embargo, todas las posturas coinciden en que las relaciones de poder en la sociedad están estrechamente vinculadas con el control sobre los recursos tangibles e intangibles, la tierra, equipo y herramientas, el tiempo, la educación y sobre los beneficios que se obtienen como dinero, conocimiento y prestigio político, entre otros aspectos que, por lo general, se encuentran en manos de los hombres. Debido a ello es necesario considerar la situación de las mujeres en la toma de decisiones sobre los recursos naturales en los espacios doméstico, laboral y comunitario, así como también en las estructuras de poder formal y en las instancias e instituciones que instrumentan las políticas ambientales (^{INMUJERES, 2008}).

Género y acciones para revertir el cambio climático: REDD+

A la par del contexto internacional y del teórico, existe una demanda social por la creación de formas de participación que permitan a las mujeres ser parte de la construcción de políticas públicas enfocadas a los temas ambientales, como los proyectos de Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación (REDD+). Bajo este compromiso el país ha iniciado un proceso progresivo, participativo y multisectorial, con el fin de elaborar su Estrategia Nacional para la Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación de los Bosques, conocida por sus siglas como ENAREDD+ (^{CONAFOR, 2013}). Contiene principios que orientan sus acciones en términos de inclusión y equidad (territorial, cultural, social y de género), participación plena y efectiva de las comunidades, respeto a los derechos, conocimientos, formas de organización, consentimiento libre, previo e informado, al igual que el fomento de sus obligaciones. También se establecen como principios la certidumbre y el respeto a las formas de tenencia de la tierra, a los derechos de propiedad de comunidades, ejidos y pueblos indígenas que integran la población rural del país, quienes deberán ser los principales beneficiarios de la ENAREDD+ (^{Aguilar y Castañeda, 2014}).

La transversalización de la perspectiva de género en las políticas de cambio climático se sustenta en los compromisos internacionales sobre género y cambio climático signados por México y en el marco legal nacional, reflejados en el Plan Nacional de Desarrollo (PND, 2013-2018), el cual señala como prioridad la inclusión de la perspectiva de género como una de las tres líneas transversales que deben contener los programas sectoriales, institucionales y regionales.

Con el objetivo de mitigar el cambio climático y reducir las emisiones por deforestación y degradación forestal en los países con bosques tropicales, es necesario apoyar el papel de conservación, gestión sostenible de los bosques y aumento de las reservas forestales de carbono mediante la mejora de la gobernanza forestal a nivel nacional, y ofrecer incentivos financieros para detener o revertir la pérdida de los bosques. Para ello fue creado el esquema internacional de Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación (REDD+), en donde el gobierno de México ha expresado su compromiso de reducir las emisiones de los gases de efecto invernadero y ha reconocido la importancia de conservar, manejar y restaurar los ecosistemas forestales, para con ello mantener los invaluables servicios ambientales que ofrecen.

En materia de política ambiental, la iniciativa para la incorporación del enfoque de género estuvo a cargo de la sociedad civil, específicamente de la Red de Género y Medio Ambiente (RGEMA), que logró un esquema de gestión exitoso con resultados significativos, cuando en 1998 la Secretaría del Medio Ambiente Recursos Naturales y Pesca firmó una declaración en la que estableció el compromiso institucional para incorporar el enfoque de género en las políticas ambientales; a partir de entonces la incorporación del enfoque de género se ha instrumentado con distintos ritmos y resultados heterogéneos en las diferentes esferas de actuación de esa dependencia (^{Priego, 2002}).

Como parte de los procesos previos a la construcción de la Estrategia Nacional de Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación se estableció el Plan de Acción para la Transversalización de la Perspectiva de Género en el contexto de REDD+ en México (PAGeREDD+, 2013), cuyo objetivo general es garantizar la incorporación de consideraciones de género en las políticas, programas, arreglos institucionales, actividades financieras y administrativas asociadas a REDD+ en México. El marco conceptual en el cual se basa este plan está sustentado en el enfoque teórico de Género en el Desarrollo (GED), y se menciona que para lograr dichas consideraciones los programas y estrategias REDD+ deberán: 1) Reconocer que hombres y mujeres son actores importantes; 2) identificar el uso, acceso y control diferenciado por género de los recursos forestales, y las inequidades que se presentan en procesos forestales; 3) reconocer que REDD+ puede tener impactos y oportunidades diferentes para mujeres y hombres; 4) identificar consideraciones de género relevantes a REDD+, y 5) adoptar acciones para garantizar que REDD+ incorpore aspectos de género y asegurarse que el programa no solo no haga daño, sino que mejore la condición de vida de las mujeres.

El Plan de Acción para la Transversalización de la Perspectiva de Género en el contexto de REDD+ en México (PAGeREDD+, 2013) se divide en tres fases: I) Desarrollo de capacidades y la ENAREDD+; II) implementación de políticas y medidas; III) pago por resultados. Algunos desafíos a superar son: 1) No existe una armonización legislativa entre los instrumentos legales internacionales y el marco jurídico federal y estatal; 2) es necesario que en el Plan Nacional de Desarrollo (2013-2018) los temas de desarrollo sustentable y género queden claramente identificados y articulados como una prioridad; 3) el Presupuesto de Egresos de la Federación no etiqueta de manera articulada recursos para género y cambio climático; 4) los programas de la CONAFOR no cuentan con reglas de operación con perspectiva de género; 5) el Programa Nacional de Certificación de los Prestadores de Servicios Técnicos Forestales no incluye aspectos sociales, de género o pueblos indígenas; 6) el Programa de Bosques y Cambio Climático no tiene como objetivo trabajar de manera específica con: mujeres, pueblos indígenas o jóvenes; 7) es necesario revisar la Ley General para el Desarrollo Forestal Sustentable para que incluya el enfoque de género; 8) el proceso Strategic Environmental Social Assessment (SESA)-REDD+ está en construcción, sin embargo el componente de género no está claramente identificado en las salvaguardas del Banco Mundial, por consiguiente es difícil que los procesos nacionales de SESA y del Environmental and Social Management Framework (ESMF) tranversalicen género; 9) México tiene armonizando su sistema nacional de salvaguardas para REDD+ (Banco Mundial, Cancún-COP16, y los nacionales), pero es necesario asegurar que se tome en cuenta la dimensión de género en sus principios, criterios e indicadores; 10) no se han retomado los modelos de atención exitosos para dar seguimiento a los apoyos otorgados a los ejidos, comunidades y mujeres; 11) no se considera a las mujeres como actoras importantes, al no ser titulares de tierra; 12) ni el Consejo Nacional Forestal ni los Consejos Estatales Forestales incluyen a las mujeres de forma apropiada. Atendiendo algunas de las observaciones derivadas de este plan, a partir del año 2014 el Programa Especial de Acciones tempranas REDD+, con el objetivo de incorporar la perspectiva de género, comenzó a otorgar puntos adicionales a las mujeres como una acción afirmativa. Con base en los lineamientos de operación del programa de áreas de acción temprana REDD+ de CONAFOR, con el programa se dirigieron apoyos, incentivos y acciones para impulsar el Desarrollo Rural Sustentable, aprovechar integralmente la diversidad de recursos en los ecosistemas forestales y contribuir a la disminución de la deforestación y degradación de bosques y selvas.

En este sentido, el gran reto es la participación ciudadana, que obliga a la re-conceptuación de lo que significa participación pública tanto en el sentido horizontal (entre diferentes sectores de la sociedad civil), como vertical (entre usuarios y los diferentes niveles de gobierno) (^{Castelán, 2001}).

Como puede observarse, en México existen políticas de mitigación al cambio climático; sin embargo, deben ser reformuladas a la par de otras como las de conservación de suelo, reforestación, manejo agrícola sustentable e impactos sociales que promuevan la participación equitativa. Los compromisos que México ha asumido para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y adaptarse al cambio climático representan una oportunidad para que las visiones productivistas y ambientalistas coincidan en sus objetivos (^{De León et al., 2015}). Es necesario avanzar en una legislación que de manera específica aborde el problema de lucha contra la degradación y se proponga la conservación de los suelos, siempre incluyendo la perspectiva de género.

Para comprender de qué manera pueden abrirse espacios de gestión de los bienes y servicios ambientales (ecosistémicos) del bosque (suelo, agua, carbono, sistemas agroforestales, belleza escénica, etcétera) y biodiversidad con equidad para las mujeres y que puedan incidir en la formulación de políticas públicas, es necesario analizar el actual panorama jurídico en torno a las estrategias de adaptación y mitigación al cambio climático nivel internacional, y aterrizarlo al ámbito local a través del análisis de gestión que se lleva a cabo en México a través de los Consejos Técnicos Consultivos, nacional y estatales, para la Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación (CTC REDD+). Cotejar estos datos permitirá verificar si efectivamente existe una convergencia político-metodológica que promueva una mayor participación ciudadana, sobre todo de las mujeres (^{Torgerson, 1998}).

Lo anterior conlleva a una reflexión teórica en la que se discute de qué manera se puede dialogar con el Estado y sus políticas, que en su visión más amplia están profundamente masculinizadas. Una de las propuestas de parte de las feministas es la relacionada con el establecimiento de cuotas de participación femenina en las instancias de toma de decisiones, como un mecanismo que ha probado ser eficiente en otros ámbitos de acción.

Así, se propone efectuar una revisión de la legislación ambiental en la materia desde una perspectiva de género, en particular la Ley de Cambio Climático y la Estrategia Nacional de Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación, para la incidencia en la política pública ambiental, la cual podrá incluir, entre otras medidas, el establecimiento de cuotas de participación por sexo en los Comités Técnicos Consultivos y en los Programas de Acción Temprana REDD+. De acuerdo con el Fondo Mexicano para la Conservación de la Naturaleza (FMCN), las cuestiones género mejorarían la eficiencia de los programas REDD+ y, por tanto, la estrategia sería más exitosa y sostenible (PaGeREDD+, 2013).

A pesar de que la participación de las mujeres ha recibido atención en los programas REDD+, sigue siendo un tema difícil de implementar debido a que se requieren cambios no solo en la política, sino en la visión de quienes las ponen en práctica. No consideran las desigualdades existentes y la diversidad de las mujeres, con frecuencia añaden el tema de género al final de la discusión, en vez de ser tema central de esta. El gran reto es que, para que los planteamientos de las Organizaciones Civiles se conviertan en políticas públicas, sus acciones tendrían que dejar de ser demasiado puntuales y aisladas, y el Estado debería dejar a un lado la resistencia para abrir espacios de participación social en la definición, orientación, implementación y evaluación de las políticas públicas. Mientras algo de lo anterior sucede, son necesarias las propuestas de participación ciudadana que se conviertan en una especie de coalición social para los temas ambientales, y que propugnen una relación más justa y equitativa para las mujeres.

¿Cómo se está implementando la perspectiva de género en los proyectos de la alianza REDD+ México?

Con el propósito de apoyar la transversalización de género en su accionar, la Alianza México para la Reducción de Emisiones de Carbono por Deforestación y Degradación (Alianza MREDD+) -conformada por el Fondo Mexicano para la Conservación de la Naturaleza (FMCN), Rainforest Alliance, el Centro de Investigación Woods Hole y The Nature Conservancy (TNC)-, como líder de la iniciativa firmó un convenio de colaboración con la Oficina Mundial de Género de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN). La Alianza México REDD+ es una iniciativa de cinco años (2011-2016) financiada por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, por sus siglas en inglés), que prestará apoyo al proceso de preparación a REDD+ de México mediante el establecimiento y fortalecimiento de la capacidad política, institucional, técnica y financiera, al igual que otros aspectos básicos necesarios para asegurar la exitosa implementación de REDD+ en México.

A pesar de que la perspectiva de género en los estudios del medio ambiente y cambio climático ha estado presente desde mediados de los años setenta y las políticas ambientales en México datan de los años noventa, a la fecha no se ha logrado incorporar de manera efectiva en los proyectos de la Alianza REDD+ México. La introducción de nuevas metodologías que beneficien de manera real a las mujeres está en sus inicios, todavía no se podría hacer una evaluación del impacto en la vida de las mujeres; sin embargo, sí se pueden conocer algunas de las fortalezas y debilidades identificadas por quienes están implementando el enfoque de género.

Como resultado del taller titulado “Género y Desarrollo Rural de bajas Emisiones” que organizó la Alianza REDD+ México y se efectuó en el Centro de Capacitación Moxviquil en la ciudad de San Cristóbal de Las Casas del 27 al 29 de abril de 2015, donde participaron 17 mujeres y 6 hombres, se elaboró un ejercicio para identificar algunas fortalezas y debilidades de la incorporación de la perspectiva de género en los proyectos que implementan los socios de la Alianza REDD+ México en algunas comunidades de tres estados de la República: Chiapas, Oaxaca y Chihuahua.

Los facilitadores del taller dividieron a los participantes en tres equipos, donde fueron revisadas tres experiencias diferentes, según la percepción de las y los técnicos(as) de proyectos de la Alianza REDD+ México. El objetivo fue conocer cuáles han sido las principales fortalezas y debilidades identificadas en la incorporación de la perspectiva de género. Los proyectos analizados fueron los siguientes:1) Programa de Áreas de Acción Temprana REDD+ en la Selva Lacandona, Chiapas; 2) Proyecto de Sistemas Silvopastoriles en comunidades de Oaxaca y Chihuahua; 3) Proyecto Agricultura Climáticamente Inteligente en la Reserva de la Biosfera “El Triunfo” en Chiapas.

Respecto a las fortalezas, primero es necesario aclarar que el impacto social y ambiental de género depende del lugar en donde se pongan en práctica los proyectos, la forma de organización, el tamaño de las propiedades de tierra y el sexo del propietario(a), entre otros factores que favorecen o no los resultados positivos para hombres y mujeres.

Las principales fortalezas identificadas por los(as) técnicos(as) para implementar la perspectiva de género en el Proyecto de Acciones Tempranas REDD+ en la Selva Lacandona, en el estado de Chiapas son:

En el proyecto Agricultura Climáticamente Inteligente que se lleva a cabo en comunidades ubicadas en la zona de amortiguamiento de la Reserva de la Biosfera “El Triunfo”, en el estado de Chiapas, las y los técnicos(as) participantes del taller identificaron las siguientes fortalezas:

En el caso del proyecto Sistemas Silvopastoriles que se implementa en las comunidades de Oaxaca y Chihuahua, se identificaron como fortalezas:

Las principales debilidades identificadas por los(as) técnicos(as) para implementar la perspectiva de género en el proyecto de acciones tempranas REDD+ en la Selva Lacandona en el estado de Chiapas son:

En el proyecto Agricultura Climáticamente Inteligente que se efectúa en la Reserva de la Biosfera “El Triunfo”, en el Estado de Chiapas, se identificaron como debilidades:

Las principales debilidades identificadas por los(as) técnicos(as) para implementar la perspectiva de género en el proyecto Sistemas Silvopastoriles en las comunidades de Oaxaca y Chihuahua son:

Las limitantes que se presentan en todos los casos están relacionadas con los roles y estereotipos de género, tanto a nivel cultural y social como familiar y personal. Es por ello tan importante incorporar la perspectiva de género en proyectos de medio ambiente, recursos naturales y mitigación del cambio climático, por ejemplo los mecanismos de Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación, entre otros.

Las problemáticas señaladas han sido planteadas desde los primeros movimientos ecofeministas, se han puesto muchas veces sobre la mesa. Quienes toman las decisiones son quienes poseen los medios; sigue existiendo de manera muy marcada una jerarquía de poder a nivel económico, social y familiar en donde las mujeres no acceden a la tierra ni a la capacitación ni a la gestión. Se siguen reproduciendo los roles tradicionales de género, en donde los hombres son seres del ámbito “público” y las mujeres del “privado”.

Al igual que en la experiencia de la Selva Lacandona, la participación de las mujeres en el aprovechamiento y cuidado de los recursos naturales y el medio ambiente, es poco reconocida. No se permite que ellas demuestren y desarrollen sus capacidades y habilidades en el manejo de los recursos naturales.

Es necesario insistir en que incorporar la perspectiva de género en políticas, programas, proyectos y acciones en cualquier nivel implica un compromiso con la equidad en las relaciones entre hombres y mujeres, y con la naturaleza. No se trata solo de incorporar la palabra “género” en los discursos, sino de hacer un estudio sobre las situaciones, condiciones y posiciones en que se encuentran mujeres y hombres en una región específica, la forma como se apropian de la naturaleza, la visión que tienen del medio ambiente, incluso acerca de la “espiritualidad” y “cosmovisión” que conlleva el reconocimiento de la “madre tierra”.

Se debe tener especial cuidado con los sistemas de cuota pues, aunque pueden ser un incentivo para incorporar a más mujeres, no significa que se reestructuren las relaciones de género en las organizaciones y en la vida cotidiana, porque muchas veces se utiliza “la perspectiva de género” para lograr que a los proyectos se les proporcionen mayores recursos económicos, pero la participación de las mujeres es marginal y no se logra un empoderamiento femenino.

No por el hecho de que las mujeres participan se está incluyendo la perspectiva de género, ya que si no se logra que ellas puedan decidir sobre los recursos, tener voz y voto, mayor capacidad de negociación y por consiguiente mayores beneficios para ellas y su familia, lejos de beneficiarlas se estaría continuando con un sistema de explotación patriarcal, reproduciendo y produciendo dobles o triples jornadas de trabajo. De igual forma que en las relaciones familiares, cuando ellas no son las dueñas de la tierra, el padre, esposo e hijos varones son quienes toman las decisiones sobre los productos, el comercio y dinero obtenido. Es por ello que uno de los principales errores al “incorporar la perspectiva de género” es creer que porque hay mujeres ya se cumple el objetivo.

Es necesario estimular la participación de las mujeres en puestos de decisión, donde puedan desarrollar sus capacidades y aplicar sus conocimientos sobre recursos naturales, suelo, bosque, medio ambiente, etcétera. Un problema especial es cuando el esposo o pareja migra, pues ellas solas se tienen que hacer cargo de las actividades productivas y reproductivas, incluyendo el uso y aprovechamiento de la tierra.