Dossier. Repensar el Estado

 

Entresijos del poder: facticidad y fisuras

 

José Luis Tejeda González

 

Doctor en Ciencia Política por la UNAM. Profesor-investigador titular adscrito al Departamento de Política y Cultura de la Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco. Autor de los libros Las Encrucijadas de la democracia moderna; La Transición y el pantano. Poder, política y elecciones en el México actual, 1997-2003, La Ruta de la ciudadanía, y Latinoamérica fracturada. Identidad, integración y política en América Latina. Es Miembro del Sistema Nacional de Investigadores [joseluis_tejeda@infosel.net.mx].

 

Resumen

El artículo nos presenta una discusión sobre la evolución de los Estados unitarios y concentrados a poderes fisurados y fragmentados; analiza la división clásica de los poderes en Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como la división funcional en poder económico, político e ideológico. Se ve cómo se relaciona la legalidad con los poderes fácticos y cómo inciden en la proliferación de poderes difusos. Se hace una reflexión crítica de cómo el poder fisurado se relaciona con el pluralismo democrático. Asimismo, se considera que los poderes ciudadanos pueden actuar mejor a partir de las fisuras que deja el poder.

Palabras clave: Estado, poderes fácticos, división de poderes, pluralismo, poder fisurado.

 

Abstract

The article presents us a discussion about the evolution of the States unitary and concentrates to a fissured and fragmented powers. Discusses the traditional division of powers among the executive, legislative and judicial as well as the functional division into economic, political and ideological power. One sees as the legality relates to the factitive powers and how they affect the proliferation of diffuse powers. There is done a critical reflection on how fissured power is related to democratic pluralism. It also believes that civil powers can act better from the fissures that the power leaves.

Key words: State, factitive powers, division of powers, Pluralism, fissured power.

 

DEL ESTADO A LOS PODERES DIFUMINADOS

En los estudios clásicos de filosofía y ciencia política, el estudio del Estado ha ocupado siempre un lugar relevante. Es la organización política y territorial que ejerce el poder y la dominación sobre los seres humanos. Los orígenes del Estado se rastrean hasta Mesopotamia, donde se confunde con la formación de la monarquía.¹ Aparece cuando un sector de la población se desprende del resto de la sociedad y asume atributos de mando y autoridad. Se realiza por motivos administrativos, políticos, religiosos o bélicos y establece un orden público donde unos cuantos mandan y la mayoría obedece y acata lo que le ordenan. Ese es el motivo por el que Sartori decía que en la comunidad democrática ateniense no existió el Estado.² No hay pacto de dominación y es una forma de autogobierno en donde no se alcanza a diferenciar un grupo gobernante de la comunidad. Así que el concepto del Estado conlleva la existencia de un orden político y territorial que implica el uso de la fuerza y la coerción, así como las formas consensuales para que un sector de la población se imponga sobre los demás, que se vuelven súbditos o esclavos. El Estado es definido en términos generales como la organización política que cuenta con una autoridad gubernativa, posee una jurisdicción territorial, un componente administrativo, un sistema de códigos y leyes y el aparato coercitivo y represivo.

En realidad, la discusión sobre la naturaleza, los fundamentos y el funcionamiento del Estado es tan antigua como la existencia del mismo. En un primer momento se le asocia con la figura de las ciudades-Estado donde Aristóteles expresa como nadie el modelo natural y familiar.³ En los tiempos medievales, la Iglesia católica no oculta su adhesión y satisfacción por la monarquía con fundamento divino.⁴ En los albores de la modernidad, en los autores contractualistas se reflejan las disparidades en la visión del Estado. Hobbes defiende un Estado absolutista, donde se le considera un ente artificial, necesario para contener las pasiones humanas e impone un orden público sobre la violencia y el temor ante los intereses particulares de gente egoísta, que sólo vive en el conflicto y la discordia.⁵ El Estado liberal, en cambio, es visto como una entidad mínima, reducida a funciones de gendarme, que no debe inmiscuirse más allá de lo indispensable en los asuntos de la libertad individual.⁶ Y los fundamentos del Estado democrático se encuentran en un poder constituyente, dados por el soberano popular que sustituye y ocupa el lugar del monarca soberano a la larga decapitado y destronado.⁷ La imagen corporal que vinculaba al monarca con el Estado y con la autoridad va a rodar por los suelos a partir de las revoluciones políticas y sociales de los últimos tres siglos y medio. El poder se va secularizando y la imagen positiva del Estado se iría invirtiendo a la larga.

Sólo hay que considerar que Hegel hace una de las apologías más sublimes de la condición estatal. Eleva el Estado al momento supremo de la eticidad y de la universalidad.⁸ Le apuesta a la monarquía constitucional y los hegelianos de la derecha se apoyarían en esta imagen estática y conservadora, para defender el orden público por encima de todas las cosas. En Hegel, el culto a lo estatal alcanza su cénit y a la par de la conjunción del sistema hegeliano con el estatismo moderno, sobreviene la imagen inversa. Así como Marx invierte filosóficamente a Hegel, lo hace en lo relativo a lo estatal. El marxismo desacraliza la condición estatal y la reduce a un mundo que expresa los intereses de la clase dominante, en algo más bien parecido a lo que sería la sociedad civil, o el Estado incompleto hegeliano. El marxismo se atreve a concebir un mundo sin Estado y sin autoridad política. Lo hace avalando el socialismo saintsimoniano, de un mundo administrado libremente, apoyado en la ciencia y la tecnología sin necesidad de recurrir al orden coercitivo dominante que acompaña tradicionalmente a la imagen estatal y que los hegelianos habían cubierto bastante bien con su mitificación del ámbito estatal.⁹ El uso del concepto del Estado es propio de la filosofía y la teoría política europea. La desacralización de lo estatal, el auge de lo social y la diferenciación de la sociedad civil, hace que lo estatal vaya perdiendo la centralidad que tuvo en sus mejores momentos. Una sociedad sin Estado, ausente de dominación se vuelve una aspiración de las ideas socialistas y libertarias.¹⁰ Una sociedad con un Estado disminuido se convierte en una aspiración del liberalismo contractualista. La experiencia democrática evolucionaría a la larga, hacia un modelo de sociedad con poderes difuminados, distribuidos y contrapesados entre sí, como veremos más adelante. El estatismo autoritario va a seguir dando de que hablar en sus versiones soviética, nazi, socialdemócrata, nacionalista y populista, sólo que ahora debe justificar su existencia y su razón de ser ante modelos alternativos que apelan al individuo y al ciudadano, al mercado y la sociedad civil, a los poderes intermedios y los contrapesos sociales. Al perder la centralidad que antes poseía se iniciará el proceso de la demolición de lo estatal.

En términos conceptuales, la ciencia política norteamericana realiza un ajuste de cuentas con el Estado vetusto, considerado una reflexión con reminiscencias metafísicas. El behaviorismo social y el conductalismo norteamericano ansían desprenderse de los giros conceptuales y lingüísticos que le adjudican a la tradición teórica y especulativa europea. La teoría de los sistemas va a ser una de las vertientes académicas que desafía la tradición metafísica europea. El análisis sistémico, con influencias biológicas evidentes, quiere simplificar metodologías, conceptos y herramientas del pensamiento. La utilización del término "sistema político" se vuelve más abarcadora pues supera los marcos estrechos en que se ubicaba lo estatal-gubernamental.¹¹ El sistema político engloba una serie de regularidades políticas que van más allá de lo estatal, incorpora aspectos de los partidos políticos, la opinión pública, las organizaciones sociales y cívicas, así como los procesos electorales entre otros puntos. La carga especulativa del antiguo concepto de lo estatal, se ve sustituida por el uso práctico y maleable del sistema político. Eso es propio de la disputa habitual de las ciencias sociales norteamericanas por alejarse de las teorías sobrecargadas del pensamiento del viejo continente. La evolución del concepto del Estado se va a enfrentar a nuevos desafíos con la experiencia histórica y política del siglo XX. Resulta que del pensamiento de izquierda, marxista y crítico, se trabajó en aras de la superación de la política, del poder y del Estado. La extinción del Estado sería una de las promesas más incumplidas del ideario de las izquierdas. En todos los casos de las revoluciones triunfantes se da lugar a Estados hipertrofiados, todopoderosos, que lejos de acercarse a su disminución y desaparición, cada vez se volvían más fuertes e incontrolables. El Estado devoraría individualidades, comunidades y colectividades, justificando su razón de ser y su comportamiento hasta el infinito.

La crisis del marxismo que llega hasta la caída del socialismo real y que abarca la década de 1980, se ve acompañada por el auge del posestructuralismo y la posmodernidad, en que se habla de la crisis de los proyectos, la ausencia de un futuro mejor y una extensión indefinida del presente. El redescubrimiento que se realiza de la obra de Nietzsche corre a cargo de una vertiente de la filosofía posmoderna, que nos retrae a la omnipresencia del poder. En la obra de Nietzsche, lo humano está atravesado por la voluntad del poder. ¹² En vez del cristianismo que inhibe la voluntad humana por excelencia, porque nos hace voltear hacia los débiles y exaltar la piedad, Nietzsche regresa a dioses vitalistas, que se afirman ante la vida y ante el mundo, lejos de negarla o darle la espalda. Este vitalismo nietzscheano es revisado por Foucault para encontrarse con la omnipotencia y la omnipresencia del poder.¹³ Lejos de la ingenuidad de las izquierdas que intentaron salirse del poder, superarlo y extinguirlo progresivamente, el posmodernismo político se ofrece más bien realista y pesimista. El poder es una relación humana de fuerzas, que lo mismo se da en los vínculos de pareja y en las relaciones sexuales, que en el ejercicio del mando y la autoridad en una sociedad. El marxismo instrumentalista había concebido que la dominación y la opresión respondían al carácter de clase del Estado, así que al suprimirse el mando de la clase opresora se iría volviendo innecesaria la existencia del Estado. Los resultados históricos demostraron que las clases oprimidas y subalternas, lejos de empujar hacia una sociedad sin clases y sin opresión, dieron lugar a nuevas formas de control, opresión y dominación que se reprodujeron y se validaron en sí mismas. La viabilidad y la existencia del poder revolucionario dependía de mantener formas opresivas en la relación política. El dilema de la extinción del Estado se iría metiendo en un callejón sin salida, al grado de que los socialismos triunfantes optaron por mantener viva la revolución, reproduciendo la violencia sobre la sociedad, antes que renunciar al cambio revolucionario. El poder se volvió una especie de monstruo con capacidad para generarse, validarse y reproducirse más allá de las formas históricas y los contenidos políticos que adquiriese.

De ahí viene la relevancia de la obra de Foucault. La estrategia revolucionaria de apoderarse del aparato de Estado, destruirlo y preparar las condiciones para la extinción progresiva, se vacía. El Estado se rehace, como relación social y política, lo cual debilita la identificación de la coacción y la coerción con el carácter de clase. En los socialismos reales se da una sobrepolitización de las relaciones sociales y un redimensionamiento del aparato estatal y gubernamental. Lleva a sus últimas consecuencias, las tendencias que se observan y experimentan en el mundo occidental, con una ampliación de los Estado obesos y autoritarios. El movimiento conceptual que realizan los posmodernos con Foucault por delante es que redescubren detrás de los discursos, las prácticas y las relaciones humanas, los hilos ocultos de un poder que se vuelve omnipresente. La discusión del Estado se va gastando y adquieren relevancia los estudios del poder, de la micropolítica y de las resistencias puntuales. El rol decisivo de los Estados en la vida económica, social y política se revierte en la década de 1980, en aras de una exaltación de la individualidad, el mercado y la sociedad civil. En lo conceptual y en los procesos históricos, lo estatal cede hacia el poder y la política fragmentaria.

 

DIVISIÓN Y DISTRIBUCIÓN DEL PODER

La doctrina conservadora, que idealiza y sacraliza lo estatal y gubernamental, ve en ellos la expresión más acabada del orden público y la estabilidad social. El concepto del Estado se liga directamente con el status quo y el establishment, aquello que permite que la sociedad exista organizadamente a partir del poder político y de la autoridad pública. Lo estatal como condición civilizatoria y pacificadora. Es por eso que erróneamente se decía que la sociedad no se podía organizar por sí misma y de hecho ni siquiera existía una sociedad o comunidad antes de o al margen de lo estatal. La moderna sociedad civil iría revirtiendo la predominancia de lo estatal-gubernamental. Lo hacía, en primer término, desde los intereses estrechos de los privados, por lo que Hegel le considera un Estado inmaduro e incompleto.¹⁴ Más adelante sería portadora de intereses consensuales, alejados del mundo de la violencia organizada que el Estado expresa por origen y naturaleza. En los últimos dos siglos se ha dejado de considerar que lo estatal es superior a otras formas de organización social y política y se llega a desconfiar del poder gubernamental, se le limita y se le acota. Hay vertientes modernas del pensamiento político que ofrecen una imagen cautelosa, desconfiada y hasta negativa del Estado. El liberalismo político quiere limitar y contrapesar al poder concentrado. Los demócratas intentan distribuir el poder y promover más equidad política y jurídica. El marxismo y los anarquistas se propusieron simple y llanamente acabar con el Estado y reducir el poder a su mínima expresión. Así que la discusión acerca de la división y distribución de los poderes está lejos de ser reciente.

Ya desde la antigüedad, la democracia ateniense se opuso históricamente a los gobiernos unipersonales y minoritarios. A pesar de ser una democracia excluyente, vista con la mirada de ahora, se daba una participación más amplia de la ciudadanía que en el resto de las comunidades políticas de la época. La tradición democrática va a chocar frontal-mente con el despotismo y el absolutismo en la era de las revoluciones fundadoras de la modernidad política. Sin embargo, en lo referente a la división de los poderes, van a ser los liberales, apoyándose en la experiencia inglesa, quienes empujan en la dirección de la limitación del poder, vía su partición. El liberalismo se deslinda de la monarquía absoluta y va diseñando mecanismos constitucionales y legales, instituciones y procedimientos, que limitan, obstruyen y bloquean el ejercicio de poderes concentrados y arbitrarios. La divisa es que el poder corrompe y el absoluto lo hace por completo. A mayor poder y autoridad, se va elevando el riesgo de que se cometan abusos y atropellos contra los súbditos o los ciudadanos. Un liberal clásico como Locke desconfía del poder y la autoridad y sustenta el contrato político en ciudadanos que preservan el derecho a la resistencia si el poder se volviese absoluto o arbitrario, si violentase el espíritu del contrato público.¹⁵ La protección de los derechos del individuo-ciudadano ante el poder se convierte en uno de los ingredientes centrales en la edificación del Estado liberal. Es bien sabido que la teoría constitucional de la división de poderes es modelada por Montesquieu quien se inspira en el republicanismo romano antiguo y más cercano a su época en el proceso político inglés.¹⁶ El Estado soberano queda dividido en tres poderes constitucionales y formales, que son el poder Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Mucha tinta ha corrido acerca de la relación entre los poderes, su composición y desdoblamiento, sus contrapesos mutuos y otros aspectos que siguen dando de qué hablar. ¿Debe ser preeminente el Ejecutivo sobre el Legislativo?, ¿debe ser más importante el Parlamento?, ¿se debe dividir a su vez el poder Legislativo?, ¿cuáles son los atributos y límites del poder Judicial?, ¿quién y cómo se designan las autoridades judiciales? Son apenas algunas de las interrogantes que mantienen abierta la discusión y resolución acerca de los poderes formales y constituidos. Aquí hablamos de los poderes explícitos, reconocidos y legitimados como tales en las sociedades modernas, que resultan ser sólo la variante formal en la configuración y la mutación del poder.

Las cosas adquieren otra dimensión cuando revisamos el funcionamiento real de los poderes, ¿Cómo ha quedado la división clásica de los poderes? ¿Está funcionando realmente o se dan reconcentraciones subrepticias del poder? ¿Hasta dónde ha alcanzado su propósito de limitar el poder?, ¿es la única división posible y deseable, o se deben realizar nuevas acotaciones?, ¿en qué estado ha quedado la división clásica de los poderes? En primer instancia, hay tendencias fuertes que reclaman una reconcentración del poder, ya sea por la vía de la facticidad, de la ampliación de facultades de los poderes existentes y hasta por la generación de nuevos poderes emergentes que rehacen el entramado institucional. La postura de la que partimos es que el poder debe ser limitado, acotado y distribuido, a la vez que se dan las condiciones para el funcionamiento de un sistema político y social democrático. Las añoranzas por el monarquismo, el aristocratismo, los despotismos o las dictaduras son anacronismos que se montan sobre las debilidades de los regímenes democráticos.¹⁷ En aras de la eficacia y la funcionalidad se coquetea insistentemente con el decisionismo económico y político, que es a todas luces antidemocrático.¹⁸ Como veremos más adelante, esas tendencias a la concentración del mando y la autoridad vienen con más fuerza de los poderes fácticos, en los márgenes de la institucionalidad y la legalidad y más allá de ellas, que proclaman la inutilidad de la división clásica de poderes. Se trata de sobrepoderes relacionales a los que les queda corta la legalidad republicana y que la amenazan desde flancos ideológicos y políticos diferentes. Uno de los ataques iniciales a la división clásica de los poderes proviene de quienes le consideran formal, insuficiente y que obstruyen procesos sociales y políticos dados. Es interesante observar que la izquierda emergente latinoamericana se ha hecho portadora de nuevas fuerzas sociales y políticas que reclaman la reconcentración de un poder social y popular. Vale preguntar si ante la desvencijada división de poderes tradicional, el poder constituyente emergente no encubre una tendencia a la reconcentración del poder que acabaría fatalmente en la implantación de nuevas modalidades de autoritarismo político. En aras de la eficacia y la funcionalidad o en razón de desatar procesos constituyentes se darían reelaboraciones hacia una centralización y concentración del mando de la que veníamos escapando.

Es un dilema importante, ya que por un lado hay una necesidad técnica e imperativos sistémicos que empujan hacia el autoritarismo y el decisionismo. En tanto, los reclamos ciudadanos y sociales a una mayor participación en los asuntos públicos, conlleva más difuminación y dispersión de poderes, en la medida que entran más y más actores en el juego de la toma de las decisiones estratégicas. Cómo procesar esto último se vuelve una obsesión para quienes pretenden detener la división y distribución de los poderes. Así se buscan goznes, amarres, arreglos y obstrucciones que permiten más eficacia en la toma de las decisiones. Si lo que se intenta es más velocidad y efectividad en la política pública se insiste en los mecanismos centralizadores que vulneran y lesionan la vida democrática. Los motivos por los que se dio la división de los poderes no han desaparecido y es de suponerse que no lo harán jamás. El poder debiera ser contenido y limitado para promover una equidad económica, política y social mayor. Los impulsos de los poderes fácticos y de los procesos constituyentes van a contrapelo de una expresión decisiva de la modernidad política como ha sido la secularización del poder, por lo que los motivos divinos, celestiales y trascendentales para justificar la autoridad concentrada han caído en desuso y son regresivos en sustancia. Los motivos técnicos a la reconcentración de la autoridad, se vuelven un subterfugio de las nuevas variantes del autoritarismo político.

Es importante lograr mecanismos que sin dañar lo neurálgico de la división de los poderes, permitan una comunicación y entrelazamiento entre los mismos, para elevar la calidad y la eficacia de la democracia. Es muy nociva la imagen que se extiende de asociar los procesos democráticos con debilidad, ineficacia y lentitud. No se debe forzar la deliberación y la discusión pública, en aras de alcanzar acuerdos y arreglos con más rapidez, aunque si es positivo que los regímenes democráticos den muestras de que se toman decisiones y que la ampliación de actores en juego no conduce a la parálisis y la inacción políticas. El propósito original de la división de poderes continúa siendo loable y sería conveniente actualizarlo con la irrupción de nuevos poderes sociales y ciudadanos. La difuminación y distribución de los poderes lleva a una equidad mayor en la sociedad, al establecimiento de contrapesos y equilibrios que ayudan a una acción política más prudente y reflexionada. La necesidad de una articulación y conjunción de los poderes debilitados es algo que deben atender cada vez más los regímenes democráticos, sin recaer en las soluciones dadas en el pasado. La articulación de los poderes distribuidos es difícil e implica otra dimensión de la política democrática, en la cual se obtienen acuerdos y se toman decisiones sin contravenir el meollo de la división de los poderes, que es impedir que alguien o algo con un poder excesivo avasalle y atropelle los derechos de los demás.

Además de la división clásica de los poderes, que ahora resulta rebasada por varios flancos, se ha dado con naturalidad una división de orden analítico para entender los fenómenos del poder. Una división común ha sido aquella que nos habla de la existencia de un poder económico, otro político y uno más de orden ideológico y cultural.¹⁹ En esta versión arquitectónica de lo social, donde se aprecian los diferentes aspectos y modalidades del poder, se habían incorporado otras dimensiones como es lo económico y lo ideológico o cultural, al estudio del poder político por excelencia. Aunque ahora se ve lo anacrónico de la división funcional de los poderes, le da una importancia mayor a poderes más allá de lo político, al que se reducía en sentido estricto la división clásica de los poderes. La teoría constitucional reducía el poder a su expresión formal, institucional y gubernamental. Se identificaba el poder con el monarca, el rey, el aristócrata, el representante y el tribuno del pueblo. Ahora sabemos que existen poderes no formales, extralegales o simplemente fácticos que adquieren tanta o más fuerza que los poderes reglamentarios. Un par de poderes, derivados de lo económico e ideológico, se han vuelto cruciales en la evolución de la sociedad política contemporánea. Tal es el caso del poder económico corporativo y el poder informativo comunicativo. De modo que las relaciones de poderes fácticos, o sea, que se dan al margen de la ley y de la formalidad institucional, o que están más allá del alcance del poder reglamentario nos hace replantear los temas habituales de la división clásica de los poderes.

 

EL PODER Y LA FACTICIDAD

A últimas fechas se oye hablar más de la facticidad en los estudios sociales y políticos.²⁰ El régimen democrático expresaba insuficiencias y deficiencias que obligaban a mejorarlo y perfeccionarlo, no a ponerlo en entredicho. La superioridad que ofrecía ante otras formas de poder y gobierno residía en que era un gobierno de leyes e instituciones, más que de hombres. Se asumía como cosa dada que las normas, los valores y las instituciones funcionaban satisfactoriamente, por lo menos lo necesario para que se defendiese el régimen democrático, ante gobiernos unipersonales, arbitrarios y quizás tiránicos. Esta confluencia natural que se ha dado entre los regímenes democráticos y el republicanismo, como gobierno de la cosa pública y de la virtud pública, impedía atender las fallas y limitaciones de la vida democrática y más específicamente las distorsiones que se han venido sucediendo con el tiempo. Uno de estos asuntos que se vuelve decisivo con el paso de los años es la gestación, el crecimiento y la malformación de macropoderes fácticos, escasamente reglamentados, regulados, contenidos o francamente fuera de todo control social y político. La teoría clásica de la democracia y su complemento en la división de poderes nos enseña que el poder reside en el pueblo, que elige a los representantes y mandatarios, que son controlados por la voluntad popular y, la división de poderes impide la alta concentración del mando y la autoridad en una persona o en una institución. Hasta aquí todo suena muy bien. El asunto se pone complicado cuando resulta que se generan poderes y macropoderes en la sociedad, que influyen en los diferentes ámbitos del poder formal y establecido o que incluso dañan de origen la legitimidad de los Estados democráticos, al convertirse en poderes que manejan, movilizan y utilizan a la opinión pública para intereses y propósitos privados y hasta inconfesables.²¹ Las vertientes de la teoría política democrática realista lo ven como un mal necesario y lo justifican afirmando que mientras esos poderes fácticos jueguen las reglas de la competencia política y electoral, respetando el marco legal, no habría ninguna dificultad.

Lo fáctico se ha vuelto tan decisivo cuando las estructuras institucionales, formales y legales quedan condicionadas de imponer su autoridad constitucional, emanada de un mandato popular sobre poderes que les desbordan y sobrepasan. Aún más, hay que ver si los poderes reales y verdaderos están más allá de todo control social y ciudadano. Este es el quid de la cuestión de la facticidad y del futuro de las sociedades democráticas. Al desarrollarse el mundo moderno se vino abriendo una contradicción creciente entre quienes pierden poder aun en posesión del trono y el cetro y quienes lo van adquiriendo sin títulos de nobleza o al margen de las casas reales. El proyecto de la modernidad política diseñó un Estado donde el poder de los reyes, la aristocracia y la Iglesia católica ceden ante el poder popular. La imagen gráfica de la Francia revolucionaria, en donde el Estado llano se erige en Estado nacional no podía ser más ilustrativa. Los representantes sociales y populares encarnan a la nación y no hay más poder que el de la ciudadanía organizada. A la par con eso, la evolución y el crecimiento de los poderes fácticos, del poder económico del capitalista, no sólo no se detiene, sino que se incrementa con el tiempo, agudizando la contradicción de los mismos, con los reductos del poder conservador y con los nacientes e inmaduros poderes sociales, populares y ciudadanos. De ahí que se diera el cuestionamiento a la democracia moderna, como puramente formal y abstracta, encubridora del dominio de una clase dominante. Cuestionamiento en que por cierto convergen inexplicablemente los grupos de los extremos políticos que ven a la democracia como una ficción.

El poder fáctico por excelencia en la sociedad capitalista es el económico. Quien cuenta con el capital, los recursos económicos y financieros se convierte en el poder determinante en una sociedad organizada y regulada por los incentivos materiales, el lucro y el progreso económico. Los estudios centrados en la matriz económica se dan lo mismo con trasfondo liberal que marxista. Los determinismos económicos responden a una realidad abrumadora en que las fuerzas económicas definen el funcionamiento y el rumbo de las sociedades restándoles autonomía y margen de acción al resto de las actividades y de las esferas sociales. Es un nuevo poder concentrador que lo mismo impone agendas nacionales y sociales, que establece un poder de veto ante aquello que claramente le molesta, ofende y lesiona sus intereses. El poder de los corporativos globales es creciente y se vuelve una de las amenazas más persistentes a los sistemas democráticos. ¿Quién o quiénes, qué instancia o instituciones les ponen un alto, les fijan límites y hacen prevalecer el Estado de igualdad jurídica ante fuerzas inmensas, inconmensurables e incontrolables? Más bien, tiende a ocurrir lo contrario, cuando los poderes legales y constitucionales se van postrando y tienden a quedar bien ante el poder fáctico por excelencia, el poder tras el trono del capitalismo y la globalización en marcha.²² Se ha insistido una y otra vez que en un sistema de mercado, los criterios de libertad mercantil y de competencia, bastan para contrarrestar y neutralizar el potencial incontrolable de los consorcios económicos.

Es de temerse que eso queda en buenas intenciones y que todo lo que se ha hecho para contener y debilitar a los complejos monopólicos internacionales se queda corto. Si una de las amenazas más latentes a los regímenes democráticos proviene del poder económico global y regional, cabe esperar que la opción democrática avance en la vía de limitar y contener a grupos económicos superpoderosos que desean estar más allá de cualquier forma de escrutinio público.

Muy asociado al poder económico, incluso considerado como una variante del mismo, está el poder mediático, informativo y comunicativo, que es otro de los poderes fácticos más influyentes y decisivos. En la medida que la política democrática moderna depende cada vez más de los medios masivos de comunicación, éstos reclaman un protagonismo creciente, en el que la mediación comunicativa se va convirtiendo en un activismo interesado de los poderes informativo y comunicativo. Si en algún momento se quiso ligar a los medios de comunicación con el ágora moderna, eso se ha ido evaporando. El espacio público y la asamblea democrática no se reconstruyen en el ámbito mediático o virtual. Hay un mal de origen, dado por la propiedad de los medios y por el uso comercial de la información y la comunicación, lo que se traduce en la existencia de un macropoder interesado que es un mediador del conflicto y la disputa democrática, que está cargado de intenciones, que inclina la balanza en uno u otro sentido. Hasta se convierte o quiere hacerlo, en uno de los factores de poder en última instancia. Sólo hay que recordar que la política electoral y democrática se desenvuelve, en gran medida, en los medios y la capacidad de incidencia y penetración de éstos sobre audiencias y electores, les hace activos mediáticos de la disputa política. Los actores y contendientes políticos se les conoce en gran medida a través de los mass media, por lo que éstos adquieren el poder para hacer y deshacer carreras políticas, servir de contrapeso a otros poderes, desnudar y evidenciar atrocidades que se cometen desde los poderes formales y establecidos o con otros poderes fácticos. El llamado cuarto poder ha ido incrementando su presencia en la vida pública y entrelazado las más de las veces con el poder económico —del que se sería una de las ramificaciones— es capaz de orientar, influir y dirigir los destinos de una nación, de la misma manera en que desinforman, confunden, manejan y hacen lo que les place con la cada vez más confundida y difusa opinión pública.

La noción de facticidad suele referirse a poderes que están poco o nada reglamentados y en ocasiones adquieren un poder desproporcionado, más allá de lo que les permite el marco legal. Así se puede usar el término para hablar de poderes que están en condiciones de influir decisivamente sobre las orientaciones de los poderes formales y establecidos. Un sindicato muy poderoso, más aún si está fuera de los controles de sus agremiados y del resto de la población, sería propicio para ser ubicado como un poder fáctico. Lo que ocurre con las expresiones sindicales, sociales y populares es que la elasticidad del término nos llevaría a pensar en las protestas sociales y en los movimientos sociales como otros factores que introducen presión, facticidad y relaciones de fuerza en la toma de las decisiones estratégicas y gubernamentales. De hecho, el movimiento social y la protesta social y política irrumpen más bien como una respuesta a lo que se considera una distorsión del juego institucional y una réplica desde la calle y de la presión social y popular a lo que se percibe como una presencia abrumadora de macropoderes que están más allá de controles sociales y populares. Vivimos en sociedades democráticas y no hay que perder de vista que los gobiernos se deben a los pueblos y a los ciudadanos y si éstos deciden protestar y reclamar sobre lo que se ve como decisiones ilegítimas y lesivas, no se les puede considerar al mismo nivel de lo que sería la facticidad de grupos poderosos más allá de los controles de la sociedad. Así que un sindicato mafioso o poco representivo sería sin duda alguna otro más de los poderes fácticos que obstruyen y obstaculizan la toma de las decisiones, mientras que el sindicalismo representativo y democrático no hace sino expresar los intereses de un sector de la sociedad y la población. Así que la idea de los poderes fácticos se vincula con un cierto grado de obstrucción de los intereses sociales y ciudadanos, con una distorsión del mandato democrático de las mayorías.

De hecho, uno de los poderes fácticos que se ha vuelto descomunal y amenazante es el poder mafioso. Aún más peligroso que el poder económico y corporativo, es un macropoder que no sólo escapa a todo control social y político, sino que empuja a la descomposición de las sociedades y establece un orden impuesto con sus códigos y conductas propias al margen de la ley y en contra de la misma.²³ A los macropoderes económicos y corporativos resulta cada vez más difícil ganarles la partida, neutralizarles y hacer disminuir su influencia en la vida económica, social y política. Existen, como quiera que sea, una serie de mecanismos que advierten sobre los abusos y excesos de las empresas y compañías contra los trabajadores, los clientes y los competidores, difíciles de aplicar y más complicado de que se les doblegue, pero existe un espacio para la respuesta de los afectados. La aplicación de la ley falla con regularidad cuando se trata de castigar o penalizar a un grupo o persona con poder económico. Eso se agrava en el caso de las mafias, ya que viven de la transgresión de la ley, de la explotación abierta de lo ilícito y de la difusión de la criminalidad como las herramientas que les permite reproducir su poder al margen de la ley. Nos llevan a un mundo de facticidad pura y de relaciones de fuerza, lo cual significa poner en entredicho la formulación clásica del gobierno de las leyes. Nadie al margen de la ley y nadie por encima de la misma, nos repite la fórmula clásica de los Estados jurídicos. La facticidad de las mafias nos arroja a un mundo en el que nadie se somete a la ley, no sirve para nada y las relaciones humanas se dan bajo los parámetros que las mafias establecen. Existe como pura y desnuda facticidad, por lo que es una de las amenazas más fuertes no sólo a los sistemas democráticos, sino a las formas de la convivencia civilizada.

Finalmente, cuando hablamos de la facticidad eludimos hacerlo en lo relativo a poderes formales e institucionales sobredimensionados o descontrolados. De la entrañas del ejercicio del poder físico y violento, o sea, de los cuerpos represivos y de las áreas encargadas de la seguridad pública y nacional, es muy común encontrar tendencias a la invasión de ámbitos y por la secrecía de sus actividades escapan a todo control social y ciudadano. Desde las áreas de "inteligencia" hasta las que emplean el uso de la fuerza y la coerción contra la delincuencia y los enemigos del Estado, se extiende un manto de secrecía, impunidad y falta de transparencia que se presta por naturaleza para la reproducción de una facticidad política, en que las leyes les estorban, salen sobrando o se vuelven innecesarias. Es uno de los sectores que desde dentro del aparato de Estado empuja a éste a la ilegalidad, la excepcionalidad y la transgresión de la norma. Es otra variante de la facticidad, porque si bien actúan con nombramiento y placa y lo hacen al amparo del Estado y la legalidad, en ocasiones, por la lógica misma de sus acciones y comportamiento, acaban justificando y actuando en los márgenes de la ley y más allá de la misma. Estas áreas deben ceñirse más que nadie a lo que disponen las normas legales si no queremos que se conviertan en uno de los factores legales e institucionales que bordean los límites de la facticidad y la incorporan al centro de las actividades estatales y gubernamentales. Ya podemos imaginarnos lo que estas áreas gubernamentales que operan en los linderos de la facticidad arman con los poderes que actúan al margen de la ley o con bajo control reglamentario.

 

EL PODER FISURADO

La imagen más acabada y corpórea del poder la ofrecía el soberano monarca, con su trono, su cetro, su indumentaria, sus protocolos, sus atributos, sus títulos o medallas. En un solo cuerpo, en una sola persona se encarnaba el poder por excelencia.²⁴ Los reyes que se confundían con los dioses en la mitología y en la historia, eran la expresión corporal del último y decisivo poder, por eso les llamaban soberanos, es decir, no había un poder más allá de ellos. Si acaso Dios les disputaba ese poder y lo resolvían al gobernar en su nombre o porque eran su representante en la tierra. Jamás se pensaría que el poder estuviera quebrado o fracturado, o diese muestras de una debilidad corpórea o material. El poder era fuerza y ejercicio máximo y pleno de la misma. La historia plagada de violencia, pasiones, sangre, traiciones y conspiraciones iría domesticando al poder y nos enseñaría a las generaciones actuales que tales imágenes corpóreas del poder son proyecciones de la debilidad, la postración y la obediencia de miles y miles de súbditos y siervos ante hombres elevados a condiciones plenipotenciarias.

El poder ahora luce fisurado. En los Estados nacionales el poder último se ha diluido y es una suma y un juego de poderes complejo lo que lleva a la toma de las decisiones de las instancias Ejecutiva, Legislativa y Judicial. La añoranza por el poder compacto es común en los tiempos contemporáneos. Al igual que ocurre con poderes fácticos no reglamentados en que las relaciones de poder se imponen desde los más fuertes, se idealiza al poder compacto, que desciende a los sectores sociales y populares como ocurría en los tiempos medievales y en muchas sociedades premodernas. Los factores de poder, arreglaban y negociaban con el factor último del poder, que era el soberano rey. Eso daba lugar a un poder vertical y descendente, desde el que emanaban las decisiones, el mando y las órdenes. La muerte física y sobre todo simbólica de la realeza tornaría imposible esos descensos verticales, en donde un poder compacto disciplina, arregla y negocia en las alturas sin la anuencia de los pueblos y las sociedades. Teóricamente, el poder democrático emana del pueblo, está desprovisto de trascendencia, está secularizado y por lo mismo al alcance de cualquiera.²⁵ Es un poder móvil que lo ocupa sucesivamente quien cuenta con la anuencia mayoritaria de la población y los votantes. A nadie se le impide aspirar, en principio, a ocupar un cargo de representación popular y las alturas no pueden estar reservadas para élites, grupos de iniciados o privilegiados. En realidad, tendencias del pasado, poderes fácticos, grupos de presión y hasta sectores sociales y populares vuelven más complejo el proceso de la toma de las decisiones. Los mecanismos verticales y horizontales intervienen por igual, se requiere aceptación social y popular y un cierto grado de entrelazamiento con los intereses de las élites y de la clase política para ascender en la escala del poder. Así que la imagen corpórea y compacta del poder se ha desvanecido a favor de poderes fisurados y difuminados que muchos ven como una desgracia, mientras que la teoría democrática ha evolucionado al ver en esa distribución de los poderes, una de las claves del pluralismo democrático actual.

A la división clásica de los poderes se suman la existencia y proliferación de poderes fácticos y de grupos de presión, poderes sociales y populares, que actúan por su cuenta, defendiendo intereses propios y específicos. Este cuadro da un mal aspecto a los regímenes pluralistas y democráticos, ya que quienes se han acostumbrado a poderes unitarios y concentrados no se hacen a la idea de que el poder sea difuminado y ofrezca fisuras. Se le adjudica de inmediato una debilidad e ineficacia inherentes, con la añoranza respectiva de los tiempos idos. En los procesos constituyentes, en los regímenes de facto y en aquellas políticas asociadas con la excepcionalidad se dan nuevas concentraciones de poder en manos de jefes máximos y caudillos que contradicen y niegan el trasfondo democrático actual. Lo cierto es que la tendencia a la división y difuminación de los poderes es casi irreversible en las sociedades modernas, al reflejar el hecho de que no existen poderes últimos y definitivos que concentran el mando y la autoridad o que ofrecen una imagen única acerca de la verdad y la dirección de la sociedad. El poder se presenta fisurado porque expresa la diversidad y la complejidad del mundo moderno. La clave está en aprender a vivir, procesar y resolver la conflictividad inherente a las sociedades democráticas. El arte de la política se mueve de la habilidad para hacerse temer, respetar y obedecer a la de encausar procesos decisorios más complejos, que implican la articulación de intereses, la deliberación democrática y el involucramiento en la toma de las decisiones públicas.²⁶ Una de las interpretaciones pluralistas más extendidas es la de Dahl, quien sugiere incluso nombrar a las democracias actuales como poliarquías, ya que si bien es cierto que en un sentido estricto no son democracias en cuanto gobiernos emanados y controlados por los pueblos, si estamos hablando de poderes no autárquicos, y por lo mismo el poder se reparte entre diferentes instancias, instituciones, actores y sujetos económicos, sociales, políticos y culturales.²⁷ El modelo pluralista de Dahl se apoya en la experiencia del sistema político norteamericano y otras democracias maduras. A las divisiones clásicas y funcionales en la estructuración de los poderes, se agregan nuevas presencias y reclamos que amplían el abanico de los actores participantes en la toma de las decisiones relevantes y estratégicas. El poder cultural por ejemplo, puede disputar y contrarrestar malas influencias o efectos distorsionadores emanados del poder religioso o eclesiástico y sobre todo de los medios de comunicación masiva. Se antoja una empresa difícil y a contracorriente, pero es preferible que existan esas opciones de contrarrestar a los poderes existentes, a que se anularan otros poderes desafiantes y sólo quedara el mando de las verdades oficiales e institucionales.

Viene al caso con más razón si se trata de los poderes ciudadanos. Acostumbrados a observar pasivamente como descendían las órdenes y las decisiones para ser acatadas y obedecidas por el súbdito o el cliente, ahora el ciudadano está en condiciones de madurar un punto de vista propio, dialogarlo, confrontarlo y hacerlo coincidir con otras posiciones personales o grupales. Actuamos en las fisuras y aprendemos a vivir con las mismas. La ausencia de poderes absolutos y últimos, nos obliga a desarrollarnos y crecer personalmente. Las respuestas acabadas no existen y menos nos las van a dar desde arriba como ocurría antaño. Amplios sectores de las sociedades modernas y democráticas seguirán moviéndose y actuando como si las verdades absolutas y eternas existieran, acatando lo que dictan los poderes ya establecidos en el mundo.²⁸ Ser una extensión de los intereses de los poderes constituidos es una vía para la ciudadanía más pasiva y obediente. Cabe esperar que la ciudadanía más activa y consciente, dispuesta a desarrollar un punto de vista que vea más allá de los intereses dominantes y prevalecientes le ofrezca otra perspectiva a la vida pública. El poder fisurado está ahí, desdoblado y con intersticios, irreversible en la medida que la pluralidad y la diversidad prevalezcan. Se le podrá enmendar por momentos, lo coserán y llegarán a los arreglos institucionales y políticos. La reconstrucción de viejos poderes se vuelve imposible y ante los intentos por imponer poderes absolutos y altamente concentrados, la resistencia y el rechazo social, la emergencia e irrupción de actores y sujetos sociales y políticos nuevos, nos conduce a un poder fragmentado y fisurado, con el que debemos aprender a existir en vez de quejarnos lastimeramente. Estamos lejos, muy lejos ya de lo que en algún tiempo sería la imagen del Estado fuerte y unitario.

 

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NOTAS

¹ Susan Wise Bauer, Historia del mundo antiguo. Desde el origen de las civilizaciones hasta la caída deRoma, Barcelona, Paidós, 2008, pp. 25-27.

² Sartori afirma que el uso del concepto del Estado se da con cierta consistencia hasta los siglos XVI-XVII y antes se hablaba de ciudad, reino, soberanía, entre otros términos. Con menos razón se aplica el uso de la idea del Estado a la comunidad ateniense. Giovanni Sartori, Teoría de la democracia 2. Los problemas clásicos, Madrid, Alianza, pp. 344-345.

³ Si bien Aristóteles pretende cuestionar a quienes igualan al Estado con las familias y le ven como una gran familia, dice que el Estado es una asociación natural superior a la actividad individual y el hombre un ser sociable por naturaleza. Aristóteles, La Política, Madrid, Espasa-Calpe, 1980, pp. 21-24.

⁴ Tomás de Aquino, La monarquía, Madrid, Tecnos, 1995, pp. 39-40.

⁵ Hobbes, Thomas, Leviatán o la materia, forma y poder de una república, eclesiástica y civil, México, Fondo de Cultura Económica, 1980.

⁶ La razón última de la sociedad civil o política en Locke es la protección de la sociedad y la defensa del derecho de propiedad. John Locke, Ensayo sobre el gobierno civil, Madrid, Aguilar, 1979, pp. 62-65.

⁷ Es Rousseau quien sienta las bases conceptuales de la democracia moderna con la idea de la soberanía popular. Jean Jacques Rousseau, "Del contrato social", en Del contrato social. Discurso sobre las ciencias y las artes. Discurso sobre el origen y los fundamentos de la desigualdad entre los hombres, Madrid, Alianza, 1980, pp. 24-26.

⁸ G.W.F. Hegel, Filosofía del derecho (Nuestros Clásicos), México, Universidad Nacional Autónoma de México, 1985, pp. 142-144.

⁹ Henri de Saint-Simon, El sistema industrial, Madrid, Ediciones de la Revista de Trabajo, 1975, pp. 101-103.

¹⁰ Federico Engels, "El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado", en Carlos Marx y Federico Engels, Obras escogidas, t. III, Moscú, Progreso/Ediciones de Cultura Popular, 1980, pp. 347-348.

¹¹ Uno de los autores sistémicos como Easton, vincula los avances de la investigación empírica, el conductalismo social y la teoría sistémica. David Easton, Esquema para el análisis político, Buenos Aires, Amorrortu, 1969, pp. 38-45.

¹² Friedrich Nietzsche, El Anticristo. Maldición sobre el cristianismo, México, Alianza, 1974, pp. 33-34.

¹³ Michel Foucault, Microfísica del poder, Madrid, Ediciones de la Piqueta, 1978, pp. 170-171.

¹⁴ Más específicamente le llama Estado externo. G.W.F. Hegel, op. cit., p. 192.

¹⁵ John Locke, op. cit., pp. 161-186.

¹⁶ Montesquieu liga la división de poderes con la tipología clásica de las formas de gobierno porque dice que la constitución romana era monárquica, aristocrática y popular refiriéndose a los momentos en que dichos poderes se manifestaban. Charles-Louis de Secondat, Barón de Montesquieu, Del Espíritu de las leyes, Madrid, Tecnos, 1995, pp. 117-118.

¹⁷ En los teóricos de la excepcionalidad como Agamben se analiza cómo el poder monárquico divino era unitario y a los padres fundadores del monarquismo les preocupaba las implicaciones pluralistas y politeístas que tendría la trinidad religiosa. Giorgio Agamben, El Reino y la Gloria. Una genealogía teológica de la economía y del gobierno, Homo sacer II, 2, Buenos Aires, Adriana Hidalgo Editora, 2008, pp. 99-100.

¹⁸ Schmitt es uno de los autores más importantes del decisionismo. Lo que llama reagrupamiento humano decisivo bajo el parámetro del amigo-enemigo, facilita la toma de las decisiones por el grupo gobernante. Carl Schmitt, El concepto de lo político. Teoría del partisano. Notas complementarias al concepto de lo "político", México, Folios Ediciones, 1985, p. 35.

¹⁹ Nicos Poulantzas, Poder político y clases sociales en el Estado capitalista, México, Siglo XXI Editores, 1979, pp. 7-10.

²⁰ Habermas dice que la teoría de la política y del derecho cada vez están más escindidas entre la validez y la facticidad. Jürgen Habermas, Facticidad y validez. Sobre el derecho y el Estado democrático de derecho en términos de teoría del discurso, Madrid, Trotta, 2008, p. 68.

²¹ El debate acerca del poder es muy amplio y hay corrientes que le identifican con el consenso y la persuasión. El poder en términos coercitivos se entiende como imposición por el que una persona obliga a otra hacer algo en contra su voluntad. Steven Lukes, El poder. Un enfoque radical, Madrid, Siglo XXI Editores, 1985, pp. 41-42.

²² Noreena Hertz, El poder en la sombra. La globalización y la muerte de la democracia, México, Planeta, 2002, pp. 19-20.

²³ Sapelli liga la corrupción con el espíritu de facción que carcome el Estado de derecho. Giulio Sapelli, Cleptocracia. El "mecanismo único" de la corrupción entre economía y política, Buenos Aires, Losada, 1998, pp. 17-24.

²⁴ Ulrich Rödel, Günter Frankenberg y Helmut Dubiel, La cuestión democrática, Madrid, Huerga & Fierro Editores, 1997, pp. 79-80.

²⁵ Claude Lefort, La invención democrática, Buenos Aires, Ediciones Nueva Visión, 1990, pp. 41-43.

²⁶ Cuando se habla de la complejidad democrática es porque se ha superado el esquema unilineal y unidireccional. Danilo Zolo, La Democracia difícil, México, Alianza Editorial, 1994, p. 34.

²⁷ Robert Dahl, La Poliarquía. Participación y oposición, Madrid, Tecnos, 1989, pp. 13-19.

²⁸ Kelsen decía que la democratismo se identifica con el racionalismo, mientras que la autocracia se apoya en ideologías místicas y religiosas, que justifican el autoritarismo. Hans Kelsen, Esencia y valor de la democracia, México, 1992, Colofón, pp. 143-147.