Diversas

 

EL traslado fallido del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México a Texcoco

 

Rafael Alfaro Izarraraz*, Francisco Guízar Vázquez Jr.** e Ivonne Vizcarra Bordi***

 

* Licenciado en periodismo por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y maestro en ciencias agropecuarias y recursos naturales por la Facultad de Ciencias Agrícolas y Recursos Naturales, de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMEX).

** Doctor en ciencias sociales en el Área de Estudios Rurales, por El Colegio de Michoacán. Actualmente es profesor de Tiempo completo del Instituto de Ciencias Agropecuarias y Rurales, de la UAEM.

*** Doctora en Antropología social por la Universidad de Lavat. Québec Canadá. Es profesora- Investigadora del Instituto de Ciencias Agropecuarias y rurales (ICAR), de la UAEMEX.

 

Resumen

En este artículo se analizan objetivos, recursos y aprovechamiento del escenario, usados por el gobierno así como por el movimiento social de San Salvador Atenco, como algunas de las causas que explican, en el contexto de la desocialización, el fracaso por reubicar la terminal aérea en la región de Texcoco. El estudio se basa en un enfoque cualitativo. Se observa la incapacidad del gobierno para actuar, en un contexto de grandes transformaciones, que lo orillaron a cancelar el proyecto aeroportuario.

Palabras clave: desocialización, aeropuerto, globalización, expropiación, movimiento.

 

Abstract

This article discusses the objectives, resource and exploitation of the stage, used by government and by social movements in San Salvador Atenco, as some of the causes that explain, in the context of desocialization, the failure to relocate the airport in the Texcoco region. The study is based on a qualitative approach. It notes the government's inability to act in a context of great changes, which drove him to cancel the airport project.

Key words: desocialization, airport, globalization, expropriation, movement.

 

INTRODUCCIÓN

El proyecto para superar el rezago en que se encontraba el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), reubicándolo físicamente en un lugar distinto al de la capital del país, al oriente del Estado de México, que favorecía economía de tiempo y dinero en su construcción, además de una localización estratégica,¹ se empalmó con las transformaciones que ha vivido el país en el ámbito económico, político, social y cultural, por el impacto de la globalización, la aplicación del modelo económico sustentado en el libre comercio,² la reforma política que ha implicado cambios en el ámbito municipal y regional, tanto en el medio urbano como rural,³ y el triunfo del Partido Acción Nacional (PAN) en los comicios federales del 2000, en los que ganó la Presidencia de la República.⁴

La obra que llevaría empleos y derrama económica a la región a la que se trasladaría el AICM, encontró la resistencia de ejidatarios, de los gobiernos de la Ciudad de México y del Ayuntamiento de Texcoco, así como de organizaciones sociales y ecologistas,⁵ lo que llevó a la conformación de un actor colectivo, el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT), el movimiento social de San Salvador Atenco desempeñó un papel clave, lo que permitió la confluencia de una variedad de fuerzas institucionales, políticas y sociales, que llevaron al fracaso la idea gubernamental de la nueva terminal aérea.

La resistencia, en particular de los campesinos de San Salvador Atenco, se explica en que los cálculos hechos por el gobierno sobre el traslado y adecuación de la terminal, se transformaron en un burdo ejercicio financiero en donde no tuvo cabida el sentir de ejidatarios y pobladores, a quienes nunca se les tomó en cuenta.⁶ También que la obra aeroportuaria amenazó la identidad cultural de los pueblos, sobre todo la de los habitantes de Atenco, lo que ocasionó su movilización y organización.⁷ Otros, juzgan la expropiación como un acto autoritario.⁸

Aquí se expone, en un contexto marcado por la desocialización y a sugerencia metodológica de Melucci⁹ para el análisis de la acción colectiva, que el movimiento social de San Salvador Atenco tuvo más claridad que el gobierno federal sobre los objetivos que perseguía, los recursos con que contaba (en su caso), para evitar la expropiación de las tierras ejidales y, asimismo, aprovechó adecuadamente el escenario en que el conflicto se desarrolló. Mientras que el gobierno federal aunque tenía claro el propósito de traslado de la terminal aérea, actuó sin una estrategia hacia los sectores afectados, utilizó instrumentos inadecuados y, finalmente, no supo comprender el escenario en el que intentó llevar el AICM a Texcoco.

Para sustentar este trabajo se realizaron entrevistas con actores del movimiento social de San Salvador Atenco, se revisaron investigaciones sobre el tema, artículos de revistas científicas, así como la cronología de los acontecimientos a partir de medios impresos.

 

LA DESOCIALIZACIÓN

La desocialización se refiere a una sociedad en donde roles, normas y valores que durante décadas coexistieron de manera recíproca al interior del capitalismo, en su fase industrial, hicieron operar a la economía y a la sociedad como un conjunto que actuaba con cierta reciprocidad. Esos roles, valores y normas que servían de reglas han sido modificados una vez que se ha consolidado la etapa posindustrial del capitalismo.¹⁰

En la sociedad industrial entre el sistema económico y la sociedad, existían puntos de equilibrio y ante cualquier ruptura de esos equilibrios el Estado actuaba por medio de las instituciones creadas con ese mismo fin. Actor y sistema social habían construido los instrumentos a partir de los cuales era posible encontrar una respuesta a los desajustes, había una correspondencia entre ambos. "Llamo desocialización a la desaparición de estos roles, normas y valores sociales mediante los cuales se constituía un mundo vivido".¹¹

El concepto desocialización, se acompaña de otros dos intrínsecamente vinculados entre sí: desinstitucionalización y despolitización: se refiere a que el alejamiento del Estado como agente económico con responsabilidad social, deja en manos del mercado las funciones que venía desempeñando a partir de una serie de instituciones sociales que servían de mediadoras sociales con una importante dosis de política: el proceso de desinstitucionalización y despolitización, afirma Touraine,

[...] está construido por dos movimientos opuestos pero complementarios: la liberación del sistema económico de las coacciones de origen no económico que lo asfixian y, en segundo lugar, la reintegración de la actividad de ese ámbito a una lógica política más global. A fines del siglo XIX presenciamos la formación de los movimientos sociales y políticos que exigían el control social de una economía a la que se consideraba salvaje y destructiva; a fines del siglo XX, vivimos el movimiento contrario y por doquier se exige la liberación de la economía y se observa la declinación de todas las formas de intervensionismo económico.¹²

En efecto, lo anterior implica

[...] la ruptura de sistemas sociales, políticos y administrativos, muy o excesivamente integrados, y su reemplazo por una dinámica de liberalización de los intercambios y las condiciones de producción que es también un proceso de desocialización y despolitización, de debilitamiento de las mediaciones políticas y los mecanismos de integración social.¹³

En síntesis, la desocialización contempla el alejamiento del Estado de su responsabilidad social; la desinstitucionalización y la despolitización, es la puesta en manos del mercado del manejo del sistema económico y, acompañando a ésta, la despolitización: la eliminación de instituciones sociales y políticas que servían para cumplir con los fines sociales del Estado, que integraban a la sociedad (en el caso de México, la corporativizaron) y, asimismo, evitaban que todo conflicto se tradujera en un cuestionamiento de la legitimidad del Estado.

 

EL ESCENARIO

El contexto en el que el gobierno federal intentó trasladar el AICM a la zona oriente del Estado de México, estuvo marcado por diversos factores, como el cambio de modelo económico, de sustitución de importaciones al del libre mercado. La peculiaridad del caso mexicano, que fue el mismo para otros países de América Latina, es que la modificación del modelo estuvo precedida por las reformas que la banca mundial le impuso a los gobiernos latinoamericanos, como una condición para incursionar "en el mundo de la globalización".¹⁴

Las características del modelo económico de libre mercado son: menor intervención del Estado en la economía y, en contraparte, creciente papel de los mecanismos de mercado en la asignación de los recursos productivos y en la fijación de los precios; la transferencia de todo tipo de propiedad del sector público al privado; traslado al sector privado de las definiciones respecto del rumbo e intensidad del crecimiento económico; apertura de la economía al comercio internacional y de los capitales del exterior; prioridad a los equilibrios macroeconómicos; tipo de cambio antiinflacionario, importaciones baratas, modernizar la planta productiva interna, que se logra con el dólar sobrevaluado; programas temporales orientados a mitigar la pobreza y no a eliminarla; la reforma del artículo 27 constitucional, con la finalidad de terminar con el reparto agrario, promover la privatización, la destrucción del ejido y la capitalización de la agricultura; el Estado se aleja de la actividad empresarial porque se considera que ese apoyo coloca en desventaja a otras porque crea un mercado ineficiente.¹⁵

Dos años después de la reforma al 27 constitucional, en enero de 1992, se firma el Tratado de Libre Comercio (TLC). Los ganadores de ese acuerdo en México han sido la industria agroalimentaria. Empresas que no consumen bienes y productos generados en el país sino que los importan. La empresa Bimbo adquiere trigo estadounidense a bajos precios, los grupos Pulse y Savia, dedicados a la producción de semillas para frutas y hortalizas. Maseca, que tiene importaciones por 14 millones de toneladas de maíz subsidiado. Las empresas productoras de leche, como LALA con ventas por 40 millones de dólares.¹⁶

Frente a esta situación existen dos millones de productores mexicanos que no tienen acceso al "crédito, tecnología, insumos, semillas mejoradas o asistencia técnica, ni otros apoyos gubernamentales necesarios para elevar la productividad de sus tierras, lo que ha poblado al campo mexicano de seres sumidos en la pobreza, sin más esperanza que la de emigrar a los centros urbanos y, de manera creciente, a los Estados Unidos".¹⁷

El mismo día en que se da a conocer el TLC, hace su aparición el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en el estado mexicano de Chiapas, organización formada principalmente por indígenas chiapanecos. Para el EZLN la situación del campo no ha sido resuelta y las medidas que se han aplicado no apuntan a su solución.¹⁸

A la par de los cambios económicos y sociales, vinieron modificaciones al sistema político-electoral mexicano: se amplía la participación ciudadana en los procesos electorales a nivel municipal, regional, estatal y federal. Surgen nuevas opciones políticas distintas a la tradicional, representadas por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), como opciones de gobierno reales, el PAN y el Partido de la Revolución Democrática (PRD).

Hasta 1997, los habitantes de la Ciudad de México no podían elegir a sus gobernantes. En la década de 1990 se establece que será electo el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México por medio de un proceso de elección popular.¹⁹ La ciudad se había convertido en un centro de apoyo muy importante para los partidos políticos de oposición.²⁰ Lo anterior, presagiaba lo que ocurriría después. La primer elección de un gobernante capitalino fue ganada por la oposición. Cuauhtémoc Cárdenas, como candidato del PRD, gana las elecciones de 1997 con 70% del electorado a su favor.²¹

El triunfo del PRD en la capital del país, modificó el escenario debido a que la Ciudad de México desempeña un rol importante para cualquier tipo de decisión que se pretenda tomar en el país, aún más si algunas medidas afectaban sus intereses, como fue el caso del traslado del AICM a la región oriente. Cuando se emitió el decreto de expropiación de las tierras ejidales para construir ahí la nueva terminal aérea, el gobierno del Distrito Federal de inmediato se opuso a que se llevaran al aeropuerto capitalino a otro lugar.²²

El PAN, que surgió en 1939 y tuvo como resorte principal de su constitución oponerse a las acciones que en aquel entonces llevaba a cabo el presidente de la República, el general Lázaro Cárdenas del Río,²³ después de atravesar por diversas etapas que le generó conflictos internos, la reforma política de 1977 los llevó a convertirse en un partido con vocación de poder. Vicente Fox triunfa en la elección federal presidencial en el 2000. Gana la elección y consigue un hecho histórico, derrotar al PRI que tenía más de 70 años gobernando el país.²⁴ Es Vicente Fox quien toma la decisión de llevar la terminal aérea a Texcoco.²⁵

EL AEROPUERTO Y LA REGIÓN ORIENTE DEL ESTADO DE MÉXICO

El AICIM se creó en 1932; su infraestructura se construyó 20 años después de su fundación, en 1952. A la fecha de redacción del presente trabajo, tiene 58 años de vida activa; ofrece servicios de transporte aéreo a 21 millones de viajeros anualmente, en sus instalaciones se efectúan 340 mil vuelos por año y se ocupan en él aproximadamente 20 mil personas. Ofrece traslados a más de 300 destinos, mediante la operación de ocho aerolíneas nacionales y 23 extranjeras, que conectan con Estados Unidos, Canadá, el sur del continente americano y Europa.²⁶

El crecimiento de la Ciudad de México y las transformaciones de finales del siglo XX en el país, se combinaron con un incremento de la demanda de usuarios del AICM, lo que presionó al gobierno para retomar la idea de crear una nueva terminal aeroportuaria. Según el documento Opciones de localización del nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México, "destaca el año 2000 como punto de saturación en el caso de una tasa alta de crecimiento y el año 2003 para la baja". El documento establece que las posibilidades de ampliación del edificio terminal se encuentran limitadas por la falta de superficie disponible, debido a que se trata de un espacio rodeado de asentamientos urbanos.²⁷

El 22 de octubre de 2001, Fox determinó trasladar el AICM a la zona de Texcoco y utilizar los terrenos federales en donde se ubica el ex Lago de Texcoco, que suman aproximadamente 10 mil hectáreas.²⁸

Desde el punto de vista de la subdivisón regional del Estado de México, en la región III están localizados (Figura 1), San Salvador Atenco, que ocupa el número 011, Texcoco el 099 y Chimalhuacán el 031.

Esta región se localiza, de acuerdo con la Memoria Técnica del Prooriente, "al extremo oriente del Estado de México, está conformada por 37 municipios,²⁹ con una superficie cercana a los cuatro mil kilómetros cuadrados que representan 17% de la superficie total de la entidad e incluye 653 localidades, de las cuales 86 son urbanas y 567 rurales". Su industria —sigue diciendo el autor— "conformada por más de once mil establecimientos pequeños y microempresas de baja productividad, administradas en su mayoría a nivel familiar, que son las que generan mayor empleo, representan 33% del total estatal y se encuentran en crisis" Lo anterior debido a que "... dichas empresas han resultado incapaces para enfrentar la competencia internacional, resultado de la apertura económica y la globalización, con la ruptura de importantes cadenas productivas y la pérdida consecuente de numerosos empleos".³⁰

La producción agropecuaria "en la región se encuentra en declive, a pesar de que cuenta con importantes recursos agrológicos y algunos de los centros de investigación, enseñanza y extensión universitaria más importantes a nivel nacional, por las presiones que genera sobre la tierra la urbanización y por la extracción de agua del subsuelo para usos urbanos". Como consecuencia de lo anterior "los niveles de desempleo tienden a incrementarse, pasando el desempleo abierto de 3.4% en 1990 a 7% en 1995, la actividad económica se terciarisa, crece explosivamente la economía informal y un porcentaje creciente de su población se desplaza diariamente a otras regiones de la metrópoli para trabajar".³¹

Ello se traduce "en la disminución progresiva de los niveles de ingreso de la población, en un abatimiento significativo de sus niveles de bienestar, ensanchándose progresivamente la brecha existente entre la región oriente y el Distrito Federal". En síntesis, explica el autor, en "la región oriente se presenta el más intenso proceso de urbanización en el Valle de México, un crecimiento urbano incontrolado, una caótica mezcla de vivienda, industria y servicios, fenómenos masivos de precarismo urbano y creciente destrucción de los recursos naturales".³²

La alternancia partidista en México, entendida como la posibilidad de que un partido distinto al PRI asuma un rol como gobierno, "es un fenómeno relativamente nuevo. Tomando en cuenta el contexto histórico, en el cual el poder se encontraba hegemonizado por el Partido Revolucionario Institucional (PRI)". No obstante, "debido al desarrollo del sistema electoral nacional y local, con el impulso de reglas y procedimientos comiciales más confiables y creíbles, con instituciones autónomas e independientes del gobierno, con el crecimiento de los partidos de oposición, PAN y PRD, principalmente, y el desgaste del —entonces— partido oficial (PRl), los casos de alternancia política en los gobiernos de los ayuntamientos del Estado de México, para los noventa, se presentaría de manera progresiva",³³ como se indica en el Cuadro 1, conformado para explicar la alternancia partidista en la región oriente.

Durante el conflicto por las tierras, ocho municipios de la zona oriente eran gobernados por el PRD, Texcoco entre ellos, y en San Salvador Atenco el PAN ya había ganado una elección.

Los municipios de San Salvador Atenco, Texcoco y Chimalhuacán, tienen una relación geográfica estrecha con la ciudad de México. El municipio de Texcoco es sede judicial y rentística. Por el territorio de estos tres municipios atraviesan arterias viales que comunican a la Ciudad de México con una parte de la región oriente y, a su vez, a la Ciudad de México con entidades como Tlaxcala, Puebla y Veracruz. De Texcoco se desprende la autopista Texcoco-Lechería (que en el tramo de San Salvador Atenco era tierra ejidal), comunica con Ecatepec y el norte y nororiente del área conurbada de la Ciudad de México, y en dirección del centro del país, hacia la autopista México-Querétaro. Esta misma carretera se enlaza con el municipio de Chimalhucán, Los Reyes La Paz y Nezahualcóyotl, hacia la autopista México-Puebla.

La ubicación del aeropuerto en este lugar ejercería una influencia hacia toda la Región Centro (RC) del país, integrada por los estados de México, Morelos, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Querétaro y el Distrito Federal. A éstos se agregarían Guerrero y Michoacán, promoviendo la industria y el sector del comercio y los servicios, propiciando una mayor actividad mediante el enlace de las cadenas productivas, mejorando la calidad de vida y uniendo la estructura productiva a la globalización. La obra influiría en el Valle de México y los municipios que mantienen una relación entre sí, que abarca un total de 189.³⁴

El megaproyecto aeroportuario contempló desarrollos urbanísticos, zonas comerciales, hoteles, construcción de carreteras y mejoramiento de las ya existentes. Se había construido Plaza Las Américas, por la vía que comunica a San Salvador Atenco y Texcoco con Ecatepec, múltiples fraccionamientos en el norponiente de esta demarcación, que a su vez limitan con el municipio de Tecamac y la base militar de Santa Lucía. Ampliación de carriles en la vía que comunica a Texcoco con Veracruz. La creación del Circuito Mexiquense que enlaza a la región norponiente de la zona conurbada con el área en donde se construiría el aeropuerto, que se conectaría con la autopista Texcoco-Ciudad de México, así como el Arco Norte que vincula a varias entidades: Michoacán, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla y el Estado de México.³⁵

En la Figura 2, se puede apreciar el espacio que ocuparía la obra aeroportuaria anunciada por el gobierno federal, en la región de Texcoco.

 

LOS OBJETIVOS

Sin consultar a los campesinos, y con el fin de contar con suelo apto para la edificación de la obra aeroportuaria, Fox decretó la expropiación de 5 391 hectáreas de tierra pertenecientes a 13 ejidos³⁶ de los municipios de Texcoco (siete ejidos), San Salvador Atenco (cinco ejidos) y Chimalhucán (un ejido), ubicados en el oriente del Estado de México. La Comisión de Avalúos de Bienes Nacionales (Cabin), estableció los valores por hectárea de tierra expropiada. Por la superficie total se pagaría 534 millones 374 mil 391 pesos, que serían entregados a 4 375 ejidatarios. La hectárea de temporal se valoró en 72 mil pesos, y la de riego sería de 250 mil, es decir, 7.20 y 25 pesos por metro cuadrado.³⁷ La acción expropiatoria tomó por sorpresa a los campesinos, esto junto con las cifras en las que se establecieron las indemnizaciones causó enojo, rabia, molestia e impotencia entre la población de San Salvador Atenco. En el mismo tenor se manifestaron otros sectores involucrados por la medida gubernamental.

¿Por qué el gobierno federal no consultó a los afectados? La respuesta no ha sido resuelta por los estudios que se han realizado sobre el tema. Se da como un hecho el desinterés del gobierno por las comunidades, por sus tradiciones y costumbres; asimismo, se considera como consustancial la existencia de un espíritu autoritario del gobierno, ya que el PAN es ubicado a la derecha en el sistema partidista; finalmente, al entonces presidente Fox, se le aprecia como un empresario incapaz de gobernar porque no supo manejar el saldo favorable que logró al derrotar al PRI y su gobierno y que, con el tiempo, se transformó en incertidumbre para la población por la forma banal de ejercer el poder, sustentado en la mercadotecnia y orientado hacia el beneficio personal.³⁸

Por la manera en que se desarrollaron los hechos, éstos indican que el gobierno al diseñar su estrategia de transformación del AICM, consideró: primero, que el gobierno de la Ciudad de México no aceptaría que el aeropuerto se llevara a un lugar distinto, por la confrontación política que existía en aquel entonces entre el PAN y el PRD,³⁹ así como por las razones que dieron a conocer representantes del gobierno capitalino, en el sentido de que el espacio del ex Lago recarga los mantos acuíferos de la Ciudad;⁴⁰ el gobierno de Texcoco, era afín al jefe de Gobierno capitalino porque habían llegado a gobernar por el PRD, además de que el gobierno municipal consideró una amenaza la expansión urbana que traería la obra aeroportuaria;⁴¹ las agrupaciones ecologistas mostraron una postura inflexible⁴² y, finalmente, la élite gubernamental, creyó que los campesinos serían "convencidos" una vez que se anunciara el precio que se ofrecería por sus tierras.⁴³

El gobierno diseñó un plan sustentado en: a) en el respaldo que alcanzó en la elección presidencial;⁴⁴ b) una confianza ciega en que una obra como la del aeropuerto traería beneficios a la región;⁴⁵ c) expropiar las tierras ejidales de manera sorpresiva;⁴⁶ d) presionar a los campesinos para que cobraran de inmediato la indemnización;⁴⁷ e) al mismo tiempo, que las dependencias favorecidas con la expropiación se apoderaran de las tierras;⁴⁸ f) utilizar al aparato gubernamental federal y estatal, como la Comisión Nacional del Agua (Conagua)⁴⁹ así como la Procuraduría General de Justicia del Gobierno del Estado de México (PGJGEM),⁵⁰ respectivamente, para atemorizar a los labriegos y obligarlos a ceder sus tierras; g) que las empresas encargadas de construir la obra aeroportuaria, empezaran a realizar acciones a favor de la misma.⁵¹

El traslado de la terminal aérea dio forma a un conflicto central en donde, por un lado, se ubicó el gobierno federal, el gobierno del Estado de México, el gobierno municipal de San Salvador Atenco e inversionistas locales y foráneos; por el otro, los gobiernos de la Ciudad de México y del municipio de Texcoco, los campesinos expropiados, grupos ecologistas, agrupaciones sociales y políticas de la región y del país.⁵²

Las interpretaciones de los actores son importantes para saber "si el conflicto va a más o si puede ser manejado convencionalmente... ".⁵³ En el caso del conflicto que generó el traslado del AICM, las percepciones de los involucrados expresan la dificultad de encontrar opciones en torno a un manejo adecuado del problema, que pudo haber evitado la violencia y sufrimiento de la población, así como el impacto negativo que tuvo para la imagen gubernamental.⁵⁴ En la idea del gobierno, el aeropuerto permitiría a México enrolarse en el comercio internacional así como llevar empleos y progreso a la zona;⁵⁵ ; mientras que los habitantes de Ateneo, actores emblemáticos del conflicto, no querían desaparecer como comunidad.⁵⁶

 

LOS RECURSOS

El gobierno hizo su propia valoración de cómo lograr que su proyecto de nueva terminal tuviera éxito, pero olvidó que la desocialización es un proceso que, unido a la desinstitucionalización y la despolitización, no obstante que debilita tradiciones y costumbres, crea condiciones a favor de la reconstrucción de los sujetos sociales individuales y colectivos.⁵⁷

Los campesinos del Ejido de San Salvador Atenco reaccionaron con movilizaciones, amparos y controversias constitucionales ante los tribunales, que llevaron a la formación de un movimiento social que, después de 10 meses, logró que se diera marcha atrás en la idea de llevar la nueva terminal a Texcoco. Este movimiento social tomó la forma de lo que Melucci define como acción colectiva que: a) invoca solidaridad, b) manifiesta un conflicto y c) conlleva una ruptura de los límites de compatibilidad del sistema dentro del cual la acción tiene lugar.⁵⁸ La transformación del Ejido de San Salvador Atenco en un movimiento social, llevó a modificar los ritmos del conflicto a favor de los actores que se opusieron al traslado de la terminal aérea.

Los opositores capitalizaron la equivocada estrategia de solución gubernamental, lograron que las vías legales y jurídicas se orientaran a favor de que la terminal aérea no se construyera en la región de Texcoco. El gobierno dijo que la expropiación de las tierras ejidales se llevaría a cabo con propósitos de "utilidad pública", y en el discurso del sistema posrevolucionario esto se entendía que la construcción de la terminal aérea mantendría al Estado como administrador principal, en la lógica de que la entidad estatal es la depositaria de la voluntad ciudadana, de la mayoría de la población.

No fue así. El proyecto aeroportuario sería financiado por la iniciativa privada, 75%, y el resto lo pondría el gobierno, se permitiría la inversión extranjera en 49% en forma directa y, de manera adicional con autorización en 100%.⁵⁹ El concepto de "utilidad pública" que justificaba la expropiación no lo pudo acreditar, ya que era evidente el hecho de que perdería los juicios que promovieron algunos municipios en contra del decreto expropiatorio.⁶⁰

El valor del suelo se incrementaría sustancialmente con la obra aeroportuaria, y mientras a un ejidatario le pagarían entre 70 o 250 mil pesos por hectárea, ya con la terminal aérea el precio por hectárea se ofertaría, aproximadamente, en un millón de pesos.⁶¹ Esta desestimación del valor de las tierras provocó que la resistencia se ampliara a la mayoría de los ejidos afectados, en un escenario en el que los campesinos que deseaban negociar sus tierras, no lo hicieron porque el precio les pareció por debajo del valor real.⁶² Esto fue, aunque tardíamente, comprendido por la clase política y el gobierno del Estado de México, que estuvo a favor de la propuesta gubernamental de traslado del AICM a la región de Texcoco.⁶³

Un estudio sobre los precios del suelo realizado entre 1997 y 2000, señalaba: "los precios de terrenos ejidales con superficies entre 20 y 50 hectáreas llegan a venderse legalmente por los ejidatarios a precios del orden de 10 dls/m². El precio de 7 a 10 dls/ m² es una constante nacional que resulta del precio que puede pagar el desarrollador de vivienda...".⁶⁴ En 2001, el tipo de cambio del peso frente al dólar era de 9.1478 pesos la compra y la venta de 9.0513 pesos.⁶⁵

El enojo que causó la valoración de las tierras efectuada por la Cabin, se combinó con el hecho de que el ejido que era parte del tejido institucional del régimen surgido de la Revolución y de las reglas del juego establecidas socialmente y, junto con otras instituciones, el que nutría al sistema,⁶⁶ se ve modificado por las reformas constitucionales que transformaron la manera en que las dependencias del sector público agropecuario participan en la vida de los ejidos y comunidades,⁶⁷ aunque sin la creación de mecanismos novedosos que permitieran la participación de la sociedad en la toma de decisiones,⁶⁸ ya que ni el Programa Nacional de Solidaridad (Pronasol) ni el Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solaresw (Procede), se orientan a ese propósito. Este último, más bien es un instrumento para promover la reconcentración de la tierra en el campo.⁶⁹ Igualmente, como ya se ha indicado, sí existe una reorganización social en el campo, por medio de incorporar al sector privado como actor central, así como a los campesinos que logren insertarse en la nueva lógica que ahora impone el libre mercado.⁷⁰

Cuando Fox emite el decreto de expropiación, los campesinos ya no tenían una relación de dependencia política con respecto al Estado y, por ende, con ningún tipo de gobierno, debido a que las reformas les transformaron en propietarios de sus tierras, por lo que dejaron de ser simples poseedores de una o más hectáreas que controlaba una institución colectiva como el ejido creado por el Estado.⁷¹ Los mecanismos de control que utilizaba el gobierno para comprometer el respaldo de los campesinos a sus políticas se debilitaron, creando un escenario favorable para que los agricultores reaccionaran de manera distinta a la tradicional. Los ejidatarios al resistirse a la expropiación defendieron su tierra y el derecho que les había otorgado el Estado de poseerla de manera privada.⁷²

El Ejido al desprenderse del Estado adquiere personalidad jurídica propia y el derecho de defender sus intereses por la vía legal. El abogado Ignacio Burgoa Orihuela representó al ejido de San Salvador Atenco, quien sustentó la controversia constitucional, que presentó ante juzgados, en que la utilidad pública (fundamento de la expropiación) no se fundamentó los suficiente, porque serían empresas privadas, extranjeras, las beneficiadas con la obra aeroportuaria. La Procuraduría Agraria (PA) representa a 11 ejidos ante los tribunales y cuestiona el avalúo de los terrenos hechos por la Cabin; los municipios de Texcoco, Tezoyuca y Acolman, interponen juicio por violación de la autonomía municipal.⁷³

Estaban rotos los hilos del poder con los que se manejaba a los poderes de las entidades y los municipios. En el pasado el presidente tomaba una decisión que más tarde era aprobada por los poderes considerados de menor rango a la investidura presidencial: en los estados el gobernador le daba el visto bueno y, de ahí, a los municipios. En ambos espacios se reproducía el poder presidencial a partir de los gobiernos estatales y de los municipales.⁷⁴ A pesar de que el gobierno del Estado de México, encabezado por Arturo Montiel (1999-2005) apoyó la medida presidencial de construir la terminal aérea en la región oriente de la entidad,⁷⁵ se habían roto las redes de poder que en el pasado se eslabonaban y servían de correa de transmisión de una decisión y el cumplimiento de la misma.

Si bien es cierto lo que dice Mohar en el trabajo de Llambí y Lindermann, en términos de que las reformas hacia el campo carecen de reglas que permitan la participación de la sociedad en la toma de decisiones, en el caso de México la actuación social en la esfera política, con la reforma al sistema de partidos, se amplió a los ámbitos municipal, estatal, de la Ciudad de México y al mismo gobierno federal.⁷⁶ En la región oriente el PRI llegó a perder el poder en los municipios de esa región a favor del Partido de la Revolución Democrática.⁷⁷

El gobierno federal y el del Estado de México tenían desarticuladas las redes que los vinculaban al poder municipal, y nada pudieron hacer cuando necesitaron el respaldo de la autoridad municipal. En la región oriente del Estado de México, antes de que se decidiera que Texcoco sería el lugar para la nueva terminal aérea, la mayoría de los municipios eran gobernados por el PRD.⁷⁸ El mismo municipio de San Salvador Atenco, en donde ganó la elección el PRI en los comicios del 2000, su alcalde, Margarito Yánez, fue apoyado por la organización denominada Habitantes Unidos de San Salvador Atenco (HAUSSA), antecedente del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT), al que pertenecía el mismo alcalde y otros líderes del movimiento social. Unos años antes, lo había gobernado el PAN, a través del ahora ex alcalde Salvador Sánchez (1994-1996).⁷⁹

El presidente de la República no tomó en cuenta lo siguiente: la legislación agraria había convertido al municipio en un órgano independiente del Ejido, de tal suerte que para los campesinos el Ayuntamiento no figuraba como autoridad. Sin embargo, la reforma del 115, en 1983, le otorgó al municipio el poder para ordenar el crecimiento urbano. Con las reformas al 115 constitucional, corresponde al municipio, resolver acerca de los usos del suelo en el marco de los planes de crecimiento urbano, incluido por supuesto el suelo agrícola que se incorpore a urbano.⁸⁰ Los municipios de Texcoco, Tezoyuca y Acolman, interpusieron juicios por violación a la autonomía municipal,⁸¹ en contra del gobierno federal porque el presidente se adjudicó un derecho que corresponde a los ayuntamientos.

El cuestionamiento legal se fortaleció con las acciones de carácter político. El movimiento social que se formó en San Salvador Atenco le dio estructura a diversas organizaciones que finalmente terminaron en la formación del FPDT. Sirvieron de antecedentes al frente: el Grupo Emiliano Zapata (GEZ) y el Frente Unidos de Comunidades Contra el Aeropuerto (FUCCA). En el caso del GEZ es antecedente del Frente, según Aniceto Rodríguez; el FUCCA fue un intento de agrupar a todas las comunidades y grupos sociales opositoras al aeropuerto.

Llevaron a cabo bloqueos de la carretera Texcoco-Lechería, para ejercer presión hacia los gobiernos federal y estatal, y ser escuchados; manifestaciones públicas en el municipio, la región y la Ciudad de México; enfrentamientos con la policía, como el 11 de julio de 2002, cuando quisieron reclamar al gobernador del Estado de México, las razones por las que ofrecía sus tierras a inversionistas. Igual ocurrió con el Ayuntamiento de Texcoco, pues una vez iniciado el conflicto realizaron, ejidatarios y autoridades, manifestaciones conjuntas en la Ciudad de México y en la misma región. El movimiento hizo acuerdos con agrupaciones políticas identificadas con partidos, como el PRD, o bien de la izquierda no electoral (Arteaga, 2003).

El movimiento aprovechó que el gobierno de la Ciudad de México se oponía al decreto y esa ciudad se convirtió en referencia para sensibilizar a la opinión pública, mediante la realización de manifestaciones.

 

LA ANULACIÓN DEL DECRETO

El 6 de agosto de 2002 el Diario Oficial de la Federación dio a conocer el decreto mediante el cual el gobierno del presidente Vicente Fox, cancela el proyecto de construir la terminal aérea en la región de Texcoco. Dice el artículo primero que

[...] se abrogan de manera total, lisa y llana, los decretos de fecha 21 de octubre de 2001, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 22 del mismo mes y año [...] mediante los cuales se expropian diversas superficies a favor del gobierno federal para continuar el restablecimiento del balance hidrológico del Valle de México, el control de la contaminación de las aguas superficiales, los mantos acuíferos en las zonas expropiadas.⁸²

 

CONCLUSIONES

El AICM se encontraba en una situación de obsolescencia y se requería construir una nueva terminal aérea, que estuviera en condiciones de satisfacer las necesidades que demandan usuarios, empresas de navegación aérea así como la condición en que se encuentra el país sumergido en la era de la globalización.

Para trasladar la terminal aérea a la región oriente del Estado de México se requería que el gobierno federal contara con una estrategia que implicara que la población entendiera la creación de una nueva terminal como si fuera también parte de sus propósitos o que, por lo menos, no se resistieran. El gobierno requería de una estrategia en la que se reconociera el rezago en que se encontraba el AICM, pero también hacer partícipe de los beneficios a las fuerzas políticas, sociales y locales, que de alguna manera serían afectadas por la medida gubernamental.

Como el objetivo del gobierno no era ese, utilizó recursos del pasado y se olvidó del escenario. Expropió las tierras ejidales haciendo uso de recursos que formaban parte del anterior sistema político. Trató a los campesinos como antiguos ejidatarios, como si no se hubiese llevado a cabo las reformas del 27 constitucional, que le otorgó a los ejidos personalidad jurídica propia. No quiso reconocer que los gobiernos de Texcoco así como otros municipios de la región, gobernados por el PRD, son una fuerza institucional que, al ver afectados sus intereses, se apoyaron en los nuevos derechos políticos y jurídicos que les otorgan las reformas del 115 constitucional, que concedió a los gobiernos municipales autoridad para decidir sobre el cambio en los usos del suelo.

Olvidó el escenario, el traslado de la terminal a la región de Texcoco debió realizarse a partir de considerar que el poder político se encuentra diseminado en municipios, regiones, entidades, la Ciudad de México. Que existen nuevos actores sociales que participan por fuera del sistema político tradicional, y la región de Texcoco, entre otras, es un ejemplo de su existencia, pero no son los únicos. Se debe destacar a los grupos ecologistas cuya postura resulta indispensable considerar en el México de estos tiempos. No se debe olvidar a los profesionales y académicos, como es el caso del abogado Ignacio Burgoa Orihuela.

La desocialización al impactar formas de propiedad de la tierra, de dominación política así como cultura y tradiciones de los pueblos, ha creado condiciones para la rearticulación de los actores sociales, con capacidad de sacar ventajas de los errores gubernamentales. Los campesinos de San Salvador Atenco, que desempeñaron un papel central durante el conflicto, pertenecen a una comunidad cuya vida se encuentra estrechamente ligada a la tierra, a costumbres y creencias ancestrales, pero también a la Ciudad de México, a la que generaciones de atenquenses acuden diariamente como estudiantes, empleados y usuarios de diversos servicios.

Haber logrado que la terminal aérea no se trasladara a la región de Texcoco es un triunfo de los actores que reaccionaron en contra, y una lección para que el gobierno realice una lectura apropiada de la desocialización, de los objetivos que persigue al tomar una medida, los recursos utilizados y el escenario en que se pretende ejecutar cualquier acción.

 

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ENTREVISTA

Entrevista con David Pájaro, realizada el 29 de enero de 2008.

Entrevista con José Elías Martínez, realizada el 6 de febrero de 2009.

Entrevistas con Margarito Yánez, realizada el 15 de mayo de 2009.

 

NOTAS

¹ Proinfra, ICA, Alternativa caracol. Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, Proinfra/ ICA, México, s/f.

² Edel Cadena, "El neoliberalismo en México: saldos económicos y sociales", Quivera, núm. 1, 2005.

³ Javier Delgadillo et al., El desarrollo regional de México en el vértice de dos milenios, IIES-UNAM/ Miguel Ángel Porrúa, México, 2001.

⁴ Rafael Cedillo, "La alternancia política en los municipios del Estado de México", Espacios Públicos, núm. 18, UAEMEX, México, pp. 122-151.

⁵ Cristina Alcayaga, Atenco, el peso del poder y el contrapeso de la resistencia civil, Miguel Ángel Porrúa, México, 2002.

⁶ Idem.

⁷ Damián Camacho, "Atenco arma su historia", tesis de maestría, UAM-Xochimilco, México, 2008.

⁸ José Zúñiga, "La expropiación de bienes ejidales y comunales en México. El caso de San Salvador Atenco", tesis de maestría, UNAM-Acatlán, México, 2005.

⁹ Albert Melucci, Acción colectiva, vida cotidiana y democracia, El Colegio de México, México, 1999.

¹⁰ Alain Touraine, ¿Podremos vivir juntos? , Fondo de Cultura Económica, México, 2003.

¹¹ Ibid., p. 48.

¹² Ibid., pp. 35-36.

¹³ Ibid., p. 35.

¹⁴ Rubén Kaztman, "Convergencias y divergencias: exploración sobre los efectos de las nuevas modalidades de crecimento sobre la estructura social de cuatro áreas metropolitanas en América Latina", en Rubén Kaztman y Guillermo Wormald (coords.), en Trabajo y ciudadanía. Los cambiantes rostros de la integración y exclusión social en cuatro áreas metropolitanas de América Latina, Fernando Errandonea (ed.), Cebra comunicación visual, s.l.e., 2002, p. 19.

¹⁵ Jaime Ornelas, El siglo XX mexicano. Economía y sociedad III, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), Puebla, México, 2005, pp. 37-38.

¹⁶ Jaime Ornelas, "El Tratado de Libre Comercio de América del Norte y la crisis del campo mexicano", en Aportes VIII, 2003, pp. 35-59 [www.redalyc.uaemex.mx].

¹⁷ Ibid., pp. 42-43.

¹⁸ Roberto Bermúdez, Teoría y práctica de la cuestión agraria, UNAM, México, 2000.

¹⁹ Elisur Arteaga, "El Distrito Federal: un caso", Crónica Legislativa, núm. 10, 1996, pp. 67-84.

²⁰ Jacqueline Peschard, "Las elecciones en el Distrito Federal (1946-1970)", Revista Mexicana de Sociología, núm. 3, 1988, pp. 229-246.

²¹ Arturo Alvarado y Diane Davis, "Participación democrática y gobernabilidad en la Ciudad de México: el reto del PRD en la transición política", Estudios sociológicos, núm. 1, 2003, pp. 135-165 [www.redalyc.uaemex.mx].

²² Teresa Ramírez,, "Exige el gobierno capitalino revocar la decisión de constuir el nuevo aeropuerto en Texcoco", La Jornada, 23 de octubre de 2001, p. 23.

²³ María Marván, "El Partido Acción Nacional (1949-1962)", Revista Mexicana de Sociología, núm. 3, IIS-UNAM, México, 1988, pp. 189-199.

²⁴ Martha Nateras, "Origen y desarrollo del Partido Acción Nacional. Su institucionalización y cambio organizacional", Espacios Públicos, núm. 16, 2005, pp. 262-274 [www.redalyc.uaemex.mx].

²⁵ Alejandra Lajous, Vicente Fox. El presidente que no supo gobernar, Océano, México, 2007.

²⁶ [aicim.com.mx], fecha de consulta: 8 de mayo de 2010.

²⁷ Humberto Parra et al., Opciones de localización del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México. Análisis urbano-territorial, COPLA-Consultores, p. 8, s/f.

²⁸ Gobierno del Estado de México-Secretaría de Ecología, Proyecto ambiental nuevo Texcoco. Económicamente productivo. Ambientalmente sustentable, México, 2001.

²⁹ Veintiséis para el Gobierno del Estado de México.

³⁰ Alberto Rébora, ¿Hacia un nuevo paradigma de la planeación de los asentamientos humanos? Políticas e instrumentos de suelo para un desarrollo urbano sostenible, incluyente y sustentable, el caso de la región oriente en el Valle de México, Porrúa, México, 2000, pp. 37-39.

³¹ Idem.

³² Idem.

³³ Rafael Cedillo, "La alternancia política en los municipios del Estado de México", op. cit., pp. 127-128.

³⁴ Gobierno del Estado de México-Secretaría de Ecología, "Índice", Proyecto ambiental nuevo...,op. cit.

³⁵ Complementada con información de Germán Salazar, "El movimiento social en San Salvador Atenco, Estado de México", tesis de doctorado, El Colegio de Postgraduados, Texcoco, México, 2007.

³⁶ Ejido. Núcleo de población conformado por las tierras ejidales y por los hombres y mujeres titulares de derechos ejidales. Fuente: INEGI, 2006: Núcleos Agrarios. Tabulados básicos por municipio. Procede (abr-2002/abr-2006).

³⁷ Javier Hernández, "El movimiento de San Salvador Atenco contra el proyecto del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México 2001-2002", tesis de licenciatura, UNAM, México, 2004.

³⁸ Alejandra Lajous, Vicente Fox. El presidente que no supo gobernar, op. cit.

³⁹ Cuauhtémoc Cárdenas, líder del PRD y ex jefe de gobierno de la Ciudad de México, dijo: "Ni Tizayuca ni Texcoco", en relación con el lugar al que se debería trasladar la terminal. véase Víctor Cardoso, "La decisión sobre el nuevo aeropuerto, tras enfrentamientos, cabildeos y especulaciones", La Jornada, 23 de octubre de 2001, p. 21.

⁴⁰ José Ortiz, "No al aeropuerto en Texcoco. Los porqués", La Jornada, 28 de octubre de 2001, p. 31; Bertha Ramírez, "Exige el gobierno capitalino revocar la decisión de construir el nuevo aeropuerto en Texcoco", La Jornada, 23 de octubre de 2001, p. 23.

⁴¹ Marco Davalos, "Ejidatarios no cederán tierras para el nuevo aeropuerto. El alcalde Duarte prepara controversia constitucional", La Jornada, 24 de octubre de 2001, p. 20.

⁴² Angélica Enciso y Matilde Pérez, "Grupos ambientalistas exigen que se den a conocer los criterios de la decisión", La Jornada, 23 de octubre de 2001, p. 24.

⁴³ Gobierno del Estado de México-Secretaría de Ecología, "Índice", Proyecto ambiental..., op. cit.

⁴⁴ Alejandra Lajous, Vicente Fox. El Presidente que no supo gobernar, op. cit.

⁴⁵ Juan Venegas, "Lotería a los habitantes de Texcoco: Fox", La Jornada, 4 de noviembre de 2001, p. 22.

⁴⁶ José Elías Martínez, Presidente del Comisariado Ejidal de San Salvador Atenco (2001-2003), entrevista realizada, el 06 de febrero de 2009; Pérez, Matilde, "Anuncian expropiación de 5 millones (mil) hectáreas. Personal de la Reforma Agraria entregó notificaciones a ejidatarios por la afectación", La Jornada, 23 de octubre de 2001, p. 22.

⁴⁷ Patricia Muñoz, "Indemnizaciones por 800 millones se prevén pagar en Texcoco: Dychter", La Jornada, 24 de octubre de 2001, p. 36.

⁴⁸ Patricia Muñoz " Se construirá en Texcoco el nuevo aeropuerto", La jornada 23 de octubre de 2001, p.20

⁴⁹ El visitador de Conagua, José Luis Ramos, dijo a ejidatarios que deberían preparar documentos que acrediten propiedad de las tierras, porque los pozos de agua estaban dentro del área expropiada. De los corresponsales de la Jornada,24 de octubre de 2001.p, 12

⁵⁰ De los corresponsales" violenta protesta de ejidatarios expropiados, advierten que no permitirán la entrada de maquinaria para construir el nuevo aeropuerto" , La Jornada 23 de octubre de 2001. p.28; Rene Álvarado y Javier Salinas, "300 ejidatarios

⁵¹ Delos corresponsales, "Violenta protesta de ejidatarios expropiados...", op. cit.

⁵² Nelson Nelson, "Dramatizar la violencia: desarticulación institucional y movilización social. El caso del movimiento de San Salvador Atenco", en José Antonio Trejo (ed.), Seminario: poderes locales y nuevas ciudadanías: estudios desde la sociología y la comunicación, UAEM/UNAM/El Colegio de México/El Colegio Mexiquense, Toluca, México, 2003.

⁵³ Marc Marc, La cultura del conflicto, Paidós, Barcelona, 1995, p. 20.

⁵⁴ Mario Velázquez, "La violencia y los movimientos sociales en el gobierno de Vicente Fox, 2001-2002", Región y sociedad, núm. 29, México, 2004.

⁵⁵ Alejandra Lajous, Vicente Fox. El presidente que no supo gobernar, op. cit.

⁵⁶ David Pájaro, "La tierra no se vende, se quiere y se defiende", Textual, núm. 40, México, 2002.

⁵⁷ Anthony Giddens, La tercera vía, Taurus, México, 1999.

⁵⁸ Alberto Olvera, "El concepto de movimientos sociales: un balance inicial sobre su empleo en México (1970-1996), en Durand Jorge (comp.), Movimientos sociales. Desafíos teóricos y metodológicos, Universidad de Guadalajara, México, 1999.

⁵⁹ Javier Hernández, "El movimiento de San Salvador Atenco...", op. cit

⁶⁰ Alberto Ruiz, "Controversia constitucional. El caso del Aeropuerto de Texcoco", Estudios Políticos, núm. 33, FCPyS-UNAM, México, 2003, pp. 201-216.

⁶¹ Javier Hernández, "El movimiento de San Salvador Atenco...", op. cit.

⁶² Humberto Padgett, "Descartan campesinos negociar sus tierras", Reforma, 22 de julio, p. 12-A.

⁶³ Alonso Urrutia, "Camacho Quiroz califica de ridicula la suma que se pretende pagar a campesinos de Atenco", La Jornada, 31 de octubre de 2001, p. 25.

⁶⁴ Sin autor (s/a), "Análisis del avalúo para determinar la indemnización por la expropiación de tierras ejidales destinadas a la construcción del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, en el lago de Texcoco", México, 2001.

⁶⁵ Tipos de cambio del peso mexicano respecto al dólar de los Estados Unidos [www.doctstoc.com], fecha de consulta: 6 de octubre de 2010.

⁶⁶ Douglas North, Instituciones, cambio institucional y desempeño económico, Fondo de Cultura Económica, México, 1993.

⁶⁷ Secretaría de Desarrollo Social, Nueva legislación agraria, op. cit.

⁶⁸ Véase opinión de Mohar, en Luis Llambí y Tomas Lindermann, "Reformas del Estado y descentralización del sector público rural y agrícola", mimeo, Roma-Caracas, 2000.

⁶⁹ David Chacón, "Estructura jurídica y modernización del campo", El Cotidiano, núm. 61, UAM-Iztapalapa, México, 1994, pp. 58-64.

⁷⁰ Jaime Ornelas, "El Tratado de Libre Comercio de América del Norte y la crisis del campo mexicano", en Aportes, VIII, 2003, pp. 35-59 [www.redalyc.uaemex.mx].

⁷¹ Secretaría de Desarrollo Social, Nueva legislación agraria, op. cit.

⁷² La certificación de los derechos ejidales del Ejido de San Salvador Ateneo, se llevó a cabo durante la gestión del presidente del Comisariado Ejidal, Zeveriano Hernández (1998-2001). Entrevista con David Pájaro, 29 de enero de 2008.

⁷³ Ayuntamiento de Texcoco, "Sinopsis de la controversia constitucional de Texcoco 2001-2002", Textual, núm. 47, pp. 277-289.

⁷⁴ Daniel Villegas, El sistema político mexicano, Joaquín Mortiz, México, 1982.

⁷⁵ Gobierno del Estado de México, "Por un aeropuerto sustentable", Toluca, México, 2001.

⁷⁶ Javier Delgadillo et al., El desarrollo regional de México en el vértice de dos milenios, IIES-UNAM/ Miguel Ángel Porrúa, México, 2001.

⁷⁷ Rafael Cedillo, "La alternancia política en los municipios del Estado de México", op. cit., pp. 122-151.

⁷⁸ Idem.

⁷⁹ Entrevistas con Margarito Yánez, 15 de mayo de 2009; David Pájaro, 29 de enero de 2008; Martín Sánchez, Atenco, monografía municipal, Toluca, México, 1999.

⁸⁰ Guillermo Olivera, "Reforma municipal y agraria, expansión urbano-regional y gestión del suelo urbano en México", Economía, sociedad y territorio, núm. 17, El Colegio Mexiquense, México, 2005, pp. 121-159.

⁸¹ Ayuntamiento de Texcoco, "Sinopsis de la controversia constitucional...", op. cit.

⁸² De la Redacción, "Abrogan proyecto", Reforma, 7 de agosto de 2002, p. 8.