Ampliación y multiplicación de las fronteras

Desde la experiencia de FM4 Paso Libre en la ZMG, la ampliación y multiplicación de las fronteras se hace manifiesta a través de la implementación de una política nacional que tiene que ver con el forzamiento del vínculo seguridad nacional-migración, ratificada mediante acuerdos económicos y políticos. Prueba de ello, es el lanzamiento durante el verano del 2014 del denominado Programa Integral Frontera Sur.

Está ampliamente documentado que desde los ataques del 11 de septiembre de 2001, los Estados Unidos incrementaron la vigilancia y militarización de su frontera con México, presionando además a los países del continente para que hicieran lo propio e impidieran el acceso de personas sin documentos a sus respectivas geografías nacionales, so pretexto de la infiltración de terroristas.

Como parte de las estrategias para atacar al crimen organizado, en 2008 se firmó la Iniciativa Mérida, programa que hasta la fecha (con sus respectivas modificaciones) ha servido como un mecanismo de seguridad que considera al tema migratorio como prioritario. Su tercer pilar, “construyendo una frontera para el siglo XXI”, incorporó a la frontera sur de México como un área de interés. Con este programa, Estados Unidos ha aportado $24 millones de dólares en equipo y asistencia técnica, incluyendo kioskos móviles operados por el Instituto Nacional de Migración (INM), equipos caninos y la capacitación de agentes estadounidenses a personal mexicano dedicado a patrullar las fronteras (^{Ribando y Finklea, 2017, p. 22}). Este tipo de acuerdos consolidaron a la migración como un asunto de seguridad nacional, lo que ha desembocado en la criminalización de las personas migrantes en tránsito por nuestro país.

Pese a todas las acciones por contener los flujos migratorios, la política migratoria mexicana se vio fuertemente confrontada en el verano del 2014, cuando se mediatizó la llamada crisis de los menores migrantes. Estados Unidos, hasta julio de ese año, tenía asegurados más de 50 000 indocumentados, muchos eran menores no acompañados y en su mayoría centroamericanos. En este contexto, se dio la presentación del Programa Integral Frontera Sur del Estado mexicano el 7 de julio de 2014, cuya finalidad, afirmó el presidente Enrique Peña Nieto consistía en: proteger a los migrantes que cruzan nuestro país y garantizar la seguridad de la región sur del país y de las vías del tren. Ello a través de la implementación de tres objetivos: a) evitar que los migrantes se pongan en riesgo al usar el tren de carga, b) el desarrollo de estrategias para garantizar la seguridad y la protección de los migrantes y, c) combatir y erradicar a los grupos criminales que asedian y vulneran los derechos de los migrantes.

Estos objetivos irían acompañados, se dijo, de una estrategia de prevención, a través del monitoreo de las vías del tren, garantizando la presencia del Estado para evitar delitos, así como el fortalecimiento de la articulación con consulados de los países centroamericanos. En atención a lo anterior, desde junio de 2014 se comenzaron a expedir tarjetas de visitante regional, pero únicamente para ciudadanos guatemaltecos y beliceños; sin considerar que el mayor flujo migratorio en tránsito en los últimos años ha sido de los hondureños. Se anunció, además, el desarrollo de acciones de inteligencia para desarticular bandas del crimen organizado que dirigen redes de trata, tráfico de personas, extorsión y secuestro hacia migrantes, así como el fortalecimiento de fiscalías de atención a delitos en contra de migrantes, ministerios públicos especializados, la participación de las comisiones estatales de derechos humanos, así como la instalación de albergues operados por la sociedad civil.

Las primeras líneas de acción cubiertas por el Programa Integral Frontera Sur se centraron en la inversión en infraestructura ferroviaria, decantado en medidas de seguridad no para los migrantes, pero sí para los trenes y las mercancías que transportan. Derivado de lo anterior, se han hecho constantes las redadas del INM apoyado por la Policía Federal, el Ejército y la Marina, el resultado: el incremento de la vulnerabilidad, mayor exposición al riesgo, diversificación de rutas, proscribiendo de nuevo a las y los migrantes.

En este nuevo escenario, las redadas contra las y los migrantes se justificaron bajo un discurso ambiguo de defensa y protección de los derechos humanos de los migrantes. El secretario de Gobernación durante el sexenio anterior, Miguel Ángel Osorio Chong, afirmó semanas después del inicio del programa que el plan no era para agredir o lastimar, sino evitar que los migrantes centroamericanos abordaran “la bestia”,⁷ se buscaba entonces, protegerlos. De hecho y siguiendo la lógica de las autoridades, el éxito del Programa Integral Frontera Sur, se pudo palpar solo unas pocas semanas después de su implementación.

Efectivamente, a través de los constantes operativos implementados en ese contexto el número de migrantes sobre el ferrocarril de carga disminuyó de manera considerable. El asedio por parte de las autoridades migratorias tuvo como escenario no solo las vías del tren, los operativos se expandieron incluso a ciudades y pueblos donde ordinariamente se concentraban los migrantes para esperar movilizarse, además de llevarse a cabo en las inmediaciones de los albergues, comedores y centros de atención humanitaria. Poco a poco los límites de la frontera sur se extendieron hasta prácticamente el centro del país con puntos de verificación migratoria, puestos de inspección militar a lo largo de las rutas carreteras que llegan al centro del país, a fin de detectar a los migrantes que viajan en microbuses, autobuses, coches y tráileres, tal como dan constancia las organizaciones del país que laboran atendiendo a la población migrante en tránsito.

De acuerdo con información de estas organizaciones, el impacto del programa fue tal que en algunos casos la atención que brindaba a los migrantes se redujo hasta en 50% desde su puesta en marcha. Lo cual no significaba que los migrantes estuvieran dejando de internarse en el país, sino como se mencionó anteriormente, comenzaron a buscar nuevas alternativas, la mayoría de ellas, más riesgosas, en razón de la necesidad de ocultarse de los operativos migratorios. Ahora la población migrante está improvisando estrategias, caminando por días y semanas en espacios geográficos inhabitados, con climas extremos, en los que además de la vulnerabilidad natural que suponen estos espacios, se potencia la vulnerabilidad por la impunidad con la que operan grupos delictivos que atacan a las y los migrantes.

Si bien es cierto que en Jalisco no existe una estación migratoria de gran capacidad, se cuenta con una en la que permanecen en detención personas que son aseguradas en el estado de Jalisco, así como en algunos puntos cercanos a esta demarcación geográfica. En este sentido se explica el hecho de que los primeros operativos registrados como parte del Programa Frontera Sur se dieran en este estado, a pesar de no contar con la infraestructura y condiciones suficientes para albergar a las personas migrantes. De acuerdo con testimonios de migrantes en tránsito y otras personas habitando en las vías, durante el verano de 2015, el INM comenzó a realizar hasta dos operativos por semana en la zona de las vías del tren.

Los escenarios descritos en esta sección son reflejo de un incremento de los controles migratorios y de la securitización de la política migratoria, que han derivado no solo en la multiplicación de prácticas migratorias anteriormente confinadas a los límites territoriales de México, sino a pasar por un proceso de externalización (^{Burridge et al., 2017}); es decir, por esfuerzos explícitos para involucrar a más instituciones -en este caso el ejército y la Policía Federal-, y por supuesto para extenderse a lo largo del territorio nacional.

La doble imaginación geográfica

A la ampliación y multiplicación de fronteras, le sigue el carácter selectivo de las fronteras, su función como herramientas para segmentar y diferenciar -no únicamente entre distintas poblaciones-, sino entre los bienes y el capital, y la población migrante en tránsito. Sin embargo, contrario a lo que ocurre con la política nacional de migración, en estos espacios, la autoridad federal es indiferente a la presencia de personas migrantes en la ZMG, excepto cuando representan un obstáculo al libre tránsito de bienes y de capital.

Por ley, la Policía Federal no puede detener a migrantes en tránsito a menos que cometan un delito. Por consiguiente, el papel de la Policía Federal en la ZMG en relación con las personas migrantes en tránsito se ha basado en las frecuentes extorsiones y agresiones, y en proteger el libre tránsito de los bienes que son transportados a través de las vías ferroviarias.

En la ZMG, el tren entra por el municipio de El Salto, y hasta Las Juntas en Tlaquepaque, la policía federal baja a los migrantes del tren para que este ingrese a los patios de entrada. Pero a lo largo de ese trayecto se pueden observar, con frecuencia, patrullas de la Policía Federal a las orillas de las vías, escondidas entre los matorrales. Un mayordomo de uno de los trenes que va entrando a la ZMG asegura que a la Policía Federal en realidad no le interesan los migrantes que viajan en el tren: “Bueno… casi no los bajan, sólo cuando la carga del tren es valiosa (...) Ellos tienen que cuidar la `mercancía`, los migrantes no les importan, excepto cuando les pueden sacar algo. Los bajan para proteger al tren” (^{Mayordomo, 2014}).⁸

Esta misma lógica con la que opera la Policía Federal es replicada por Ferromex, la empresa dueña de la ruta ferroviaria más grande de México y que cruza por Guadalajara. Esta empresa ha contratado seguridad privada para patrullar las vías del tren a lo largo de su trayecto por México.

En la ZMG, un habitante de la comunidad de El Verde en el municipio de El Salto, por donde entra el tren, afirma:

Los del grupo Eulen pasan seguido por aquí. El otro día, tres migrantes estaban afuera de mi casa esperando a que les trajera agua, y cuando salí ya los estaban molestando, pero como les dije que venían a mi casa se tuvieron que ir (^{habitante de El verde, 2014}).

Ambas instituciones, la Policía Federal y Ferromex configuran un escenario en el que los migrantes son convertidos en una amenaza para los bienes que circulan a través del país. En el sistema capitalista, no hay fronteras para los bienes, estos son transportados a otras partes del país y de Estados Unidos como símbolos del progreso y el crecimiento económico. El movimiento de los migrantes, por otro lado, es visto como una amenaza a la seguridad. Doreen ^{Massey (2005)} ha llamado a esta lógica aparentemente contradictoria, una “doble imaginación geográfica” donde uno está marcado por la movilidad y boderlessness mientras el otro está determinado por una férrea disciplina fronteriza. Una doble imaginación que trabaja en favor de los que ya son de por sí poderosos. En el tren de carga, los bienes viajan libremente protegidos por la Policía Federal y por la seguridad privada de Ferromex. La lógica capitalista legitima, respaldada en el Estado, el derecho y poder de las empresas para mover sus bienes de un lugar a otro con relativa facilidad. Sin embargo, el trayecto de los migrantes que viajan en el tren tiene que ser clandestino, y expuesto a mayores peligros sin protección del Estado que en lugar de asumir su responsabilidad de garantizar los derechos humanos y la dignidad de quienes se encuentran en su territorio, los expone a una mayor vulnerabilidad.

La (in)gubernamentalidad de los migrantes en tránsito

El fortalecimiento de las tendencias de refronterización, se sirve como hemos visto, de acciones y estrategias que suceden en el espacio físico (no circunscrito necesariamente a los límites territoriales de un Estado) pero que no acaban en él, pues tienen un fuerte componente de carácter simbólico que da cuenta, a su vez, de las lógicas en las que el Estado ejerce su poder sobre las personas.

En ese sentido, en Society must be defended: lectures at the Collège de France, 1975-76, Foucault argumenta que durante la segunda mitad del siglo XVIII emergió una nueva tecnología regulatoria del poder, ya no dirigida al cuerpo, sino a la raza humana. En ese sentido, la biopolítica trata con la población como un “problema político para quien mecanismos reguladores deben establecerse para imponer un equilibrio” (^{Foucault, [1976] 2003}). La consecuencia directa de este proceso ha sido la gubermentalización del Estado, en donde la relación que se establece entre el gobierno y las poblaciones está basada en políticas asistencialistas, y no en la participación. Como consecuencia, este

[…] régimen asegura su legitimidad no en la participación de los ciudadanos en los asuntos de Estado, pero en proclamarse como el proveedor de bienestar a la población. Este modo de razonamiento no es de apertura deliberada, sino de una noción instrumental costo-beneficio (^{Foucault, [1976] 2003, p. 34}).

Siguiendo a Foucault, este Estado es intrínsecamente racista, es decir, un Estado en el que las amenazas, ya sean internas o externas a la población y por la población son creadas y justificadas, y el “imperativo de matar es aceptable sólo si resulta no en la victoria sobre los adversarios políticos, sino en la eliminación de la amenaza biológica” (^{Foucault, [1976] 2003, p. 256}). Esta eliminación, aclara Foucault, no significa solamente “el asesinato como tal, sino el incrementar el riesgo de muerte para ciertos grupos, o simplemente, la muerte política, la expulsión, el rechazo, entre otros”. Este es el poder del Estado que puede “hacer vivir, o dejar morir” (^{Foucault, [1976] 2003, p. 257}).

Como resultado, el tipo de relación política que el Estado establece con la población es de una naturaleza diferente a aquella que establece con los ciudadanos. Tal como lo señala ^{Chatterjee (2004)}, muchos habitantes son “solo ambigua y contextualmente ciudadanos en el sentido imaginado por la Constitución. No son, por tanto, miembros - propios- de la sociedad civil” (^{Chatterjee, 2004, p. 38}). Pero, y en esto Chatterjee es enfático, como poblaciones, tienen que ser controlados y manejadas por las agencias gubernamentales, y la relación que el Estado establece con ellas es siempre contextual y temporal.

Los argumentos de ^{Foucault ([1976] 2003)} y ^{Chatterjee’s (2004)} presentan puntos útiles para el análisis del caso de la migración en tránsito por la ZMG. Primero, las autoridades locales, enfrentadas a la presencia de los migrantes en tránsito en la ciudad, se resisten a reconocer el carácter de los sujetos que atraviesan la ciudad como sujetos de derecho y no solo de asistencia. Los migrantes en tránsito viajando en el tren de carga, ya sea con documentos o sin documentos, viajan en “los márgenes” en medios de transporte clandestinos y trayectorias inciertas, y por tanto, resisten y escapan a los esfuerzos de las autoridades por contarlos, categorizarlos, y estabilizarlos en ciertos lugares. Lo que es más, su casi siempre temporal estancia en la ciudad hace su clasificación y control más difícil para las autoridades. Segundo, las autoridades locales niegan cualquier responsabilidad con las vidas de las personas migrantes en tránsito, y el tipo de relaciones que establecen con estas -cuando lo hacen- se basan en políticas asistencialistas frágiles y coyunturales. Tercero, a través de logísticas racistas, como las explicadas por Foucault, las autoridades locales han enmarcado a las personas migrantes en tránsito como una amenaza de salud para los ciudadanos, es decir, como una amenaza biológica.

En entrevistas realizadas con los alcaldes de los municipios de Zapopan y Guadalajara durante el verano de 2014,⁹ se pudo identificar que para las autoridades locales el problema de los migrantes en tránsito se encuentra en no poder saber quiénes son, dónde están, de dónde vienen, y dónde van. Cuando al presidente municipal de Zapopan se le preguntó si pensaba que tenía responsabilidad sobre los migrantes en tránsito por su municipio, contestó: “Focalizar la atención al migrante se hace muy difícil, en primer lugar porque no sabes quiénes son. Pues sí, son caras pero no son nombres ni son apellidos [… ] ni los tienes ubicados físicamente en algún espacio” (^{alcalde de Zapopan, 2014}). En este sentido, desde la perspectiva de la autoridad local, el control y la categorización resultan indispensables para la provisión de servicios.

Dentro de la gubernamentalización del Estado, el ser una cara, un ser humano, no es condición suficiente para acceder a servicios, o incluso ser reconocido como sujeto de derecho porque además, se necesita tener un nombre, una identidad que el Estado pueda comprobar. Durante la misma entrevista, se le preguntó al alcalde su opinión acerca de la opción de establecer una visa de migrante en tránsito para que pudieran cruzar por México. Su respuesta fue:

Eso ayudaría mucho, a contar con un padrón, a tener una visión más clara de dónde están y qué haciendo y a poderlos sumar, o poderlos subir al marco jurídico, al marco legal… además de alguna manera ya cuentas con registro de quiénes son, a dónde van, de cuáles son sus proyectos (^{alcalde de Zapopan, 2014}).

Las personas migrantes en tránsito generan ansiedad entre las autoridades locales porque no pueden ser reconocidas con sus instrumentos estadísticos, necesarios para la provisión de bienestar y servicios, lo que supone, frente a todo el clasificarlos en determinadas categorías y espacios. Justamente en esa dirección, en el año 2016 FM4 Paso Libre en colaboración con el diputado independiente Pedro Kumamoto presentaron al Congreso de Jalisco una iniciativa de ley denominada Ley de Hospitalidad (^{El Informador, 2016}). Dicha iniciativa fue puesta en discusión con otra presentada por la diputada Juana Ceballos del Partido Revolucionario Institucional (PRI), denominada Ley de Protección y Atención a los Migrantes en el Estado (^{Aquino, 2016}). Uno de los puntos más controversiales en esta última ley mencionada fue la aprobación del artículo cuarto que establecía como derecho de los migrantes mostrar la documentación que acredite su identidad cuando le sea requerida por las autoridades competentes, así como proporcionar tanto información como datos personales que las instituciones del estado le soliciten. El argumento esgrimido por quien realizó la propuesta fue precisamente poder generar mecanismos de identificación, control y requisito para que los servicios del estado pudieran ser accesibles a las personas migrantes.

De manera interesante, fue la propia Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) quien a un mes después de la aprobación de dicha ley en octubre de 2017, se promulgó por una acción de inconstitucionalidad porque el artículo señalado violaba los derechos de la población migrante, de manera puntual los referidos a la libertad de tránsito, la integridad personal, la seguridad personal, la intimidad y la protección de datos personales.

La percepción de ilegalidad, vinculada a la necesidad de vigilar y controlar mediante diferentes instrumentos incrementa la vulnerabilidad de las personas migrantes en situación irregular que se encuentran en la ciudad. Para el alcalde de Guadalajara en funciones en ese momento (2012-2015), el estatus legal de los migrantes es una preocupación fundamental: “Porque el generar una serie de programas oficiales es tanto como aceptar o alentar el fenómeno de la migración” (^{alcande de Guadalajara, 2014}). De esta manera el carácter racista del Estado se manifiesta en la identificación de una amenaza externa que no debe ser fomentada, o que debe de ser contenida.

El carácter racista del Estado también se evidencia en la caracterización que las autoridades locales hacen de los migrantes en tránsito, no solo como una amenaza de seguridad, sino como una de salud. En marzo de 2013, una regidora del Ayuntamiento de Zapopan¹⁰ presentó una iniciativa para que se abriera un albergue para migrantes en el municipio. De acuerdo con la propuesta presentada en el pleno del ayuntamiento, el objetivo del albergue sería el de brindar asistencia humanitaria a los migrantes en tránsito: un lugar para descansar, comer y tomar un baño. Sin embargo, en el cuerpo de la iniciativa se hacía notar una preocupación adicional. De acuerdo con la regidora, cuando estaba elaborando la iniciativa, la Secretaría de Salud de Jalisco le advirtió que las personas migrantes en tránsito provenientes de Centroamérica representaban un foco de infección como portadoras de enfermedades que ya habían sido erradicadas en México, pero no en esos países. Las personas migrantes en tránsito se convirtieron entonces también en una amenaza biológica que debía ser debidamente contenida y controlada. Cuando se entrevistó a la regidora, señaló: “Necesitamos una casa en la cual sepamos cuáles están entrando, cuáles están saliendo, cuáles ya vacunamos, cuáles no. Y nosotros vemos el fondo de por la gente que está alrededor” (^{regidora de Ayuntamiento de Zapopan, 2014}). Entonces tal como describía Foucault, el racismo del Estado opera creando una amenaza externa representada por los cuerpos de los migrantes en tránsito, cuerpos de los que los ciudadanos que viven en las áreas cercanas a las vías del tren tienen que ser protegidos. Es así como se dibuja una frontera simbólica, basada en una supuesta amenaza biológica, entre aquellos que pertenecen y los que no.

No son pocas las iniciativas gubernamentales en los municipios de Guadalajara y Zapopan para la construcción de albergues para migrantes en la ZMG. De hecho, la construcción de albergues han sido las únicas propuestas que los gobiernos municipales han presentado es relación con la migración en tránsito por la región. Los albergues resultan fundamentales para las autoridades locales porque les brindan la oportunidad de controlar y estabilizar los cuerpos de la población migrante en un lugar determinado. De fondo no importa realmente la necesidad de apoyo humanitario integral frente al abandono y riesgo al que se exponen las personas migrantes en tránsito por México, sino garantizar espacios que no rompan con los imaginarios sociales establecidos, y preservar a la ciudad de los cuerpos no autorizados.

Estas propuestas, como la de los albergues públicos para migrantes, son frágiles (ninguna se ha consolidado) dado que para las autoridades locales, la atención a los migrantes solo puede estar basada en un modelo asistencialista. Para el Alcalde de Guadalajara: “La participación de la autoridad municipal podría ser solo de carácter humanitario, y tiene que ver con el establecimiento de algunas medidas de apoyo a quienes están en esta situación, pero solo podrían ser asistencialistas” (^{alcalde de Guadalajara, 2014}). Esta declaración pone en evidencia el carácter frágil, coyuntural y temporal de cualquier participación del gobierno local relacionado con la migración en tránsito.

A la fecha, ni las legislaciones estatales, ni los reglamentos municipales han emprendido las acciones necesarias para armonizar sus marcos normativos con lo establecido en la Ley de Migración 2011 y el Programa Especial de Migración de 2014-2018, tampoco han establecido programas o proyectos que de manera institucional puedan cumplir con lo mandatado en la Constitución. De acuerdo con el presidente municipal de Zapopan, “[ …] pues no quisiera una llamarlo una desatención, pero sí una indiferencia tal vez del INM. Nunca la Federación ha bajado los programas a los municipios” (^{alcalde de Zapopan, 2014}). Es precisamente a través de esta indiferencia institucional que las autoridades en todos sus niveles, ejerciendo el poder soberano al que se refiere Foucault, deciden ignorar a las personas migrantes como sujetos políticos, negándoles una existencia política y delineando una frontera simbólica entre los ciudadanos y los otros. Como consecuencia, las autoridades no asumen responsabilidad alguna sobre la migración en tránsito, lo que trabaja en favor de su invisibilización.

En ese sentido, las prácticas del Estado a nivel local han estado basadas no en la persecución de las personas migrantes o del establecimiento de mayores controles migratorios, sino en esfuerzos por categorizar, nombrar e identificar a la población migrante, por mantenerla y ubicarle en un espacio específico. Por tanto, las prácticas del Estado, su gubernamentalización se traduce en tácticas para hacerlos visibles, lo que de acuerdo con ^{Tazzioli y Walters (2016)}, son técnicas para el control y detección de los movimientos de las personas migrantes. Es decir, a nivel local, el despliegue de las instituciones del Estado se ha centrado en visibilizar, categorizar y estabilizar a la población migrante con el objetivo de tener un control sobre la misma, además de poder -en su caso- eliminar las amenazas biológicas que se argumenta, podrían llegar a representar.